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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00491-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00491-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho respecto a la sanción moratoria, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00491-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado :
08001-2333-000-2015-00491-01 (5580-2019)
Demandante :
Esmeralda Inés Reyes García
Demandado :
Nación-Ministerio de Educación Nacional Fondo
:
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
Departamento del Atlántico y otro
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Reconocimiento de cesantías anualizadas (1995 a
2002) y sanción moratoria
Decisión : Sentencia segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
declaró probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda.

1.1. Pretensiones1.

La señora Esmeralda Inés Reyes García, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio
2015EE061358 de 17 junio de 2015, por medio del cual, el Ministerio de
Educación Nacional “no emite un pronunciamiento de fondo sino, que remite la petición
(…) a la Secretaria de Educación del Atlántico” ; (ii) Oficio 1986 de 5 de junio de 2015

de la Secretaria de Educación del departamento del Atlántico; (iii) Resolución
0289 de 25 de mayo de 2015 y Oficio del 27 de mayo de 2015, expedidos por

1
Índice 00009 expediente Samai demanda anexos.

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Interno: 5580-2019
Demandante: Nancy Cecilia Fonseca Rodríguez
Demandado: Nación- FOMAG y otros

la alcaldía municipal de Sabanalarga, mediante los cuales se niega el pago de
las cesantías, los intereses y la sanción moratoria.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a los
demandados al: (i) pago de las cesantías, los intereses a las cesantías
“consagrados en la Ley 91 de 1989, Ley 344 de 1996 artículo 13, reglamentado por el decreto
1582 de 1998 y la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 (…) desde la omisión
de la consignación correspondiente a la anualidad 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
y 2002”; (ii) ajustar la condena tomando como base el índice de precios al

consumidor conforme lo dispone el artículo 188 CPACA; (iii) ordenar el pago
de los intereses moratorios conforme lo previsto en los artículos 192 y 195 de
la ley 1437 de 2011 y (iv) condenar en costas a la parte demandada.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante manifestó que, fue nombrada como docente de la planta del
municipio de Sabanalarga, posesionada el 30 de diciembre de 1994 y, en virtud
de la Ley 715 de 2001, fue asumida por el departamento del Atlántico.

Aseguró que, durante los periodos de 1995 a 2002 las demandadas no la
afiliaron al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como
tampoco, le realizaron las consignaciones de las cesantías durante esas
anualidades.

Precisa que, el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el Departamento del Atlántico y la Secretaria de
Educación son solidariamente responsables del pago de las prestaciones
sociales que reclama.

Indicó que, presentó reclamaciones administrativas ante las entidades
demandadas el 14, 19 y 25 de mayo de 2015, por medio de las cuales, les
solicito; (i) el pago de las cesantías periodos 1995 a 2002 y (ii) el pago de la
sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990. En respuesta a dichas
solicitudes, se profirieron los actos administrativos que hoy se controvierten a
través del presente medio de control.

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Interno: 5580-2019
Demandante: Nancy Cecilia Fonseca Rodríguez
Demandado: Nación- FOMAG y otros

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículos 13, 29, 53 y 209; Ley 91 de 1989 artículo 13;
Ley 50 de 1990, artículo 99; Ley 344 de 1996, artículo 13; Decreto 1063 de
1991; Decreto 1582 de 1998.

Expuso que, las personas que se vinculan con posterioridad al 1 de diciembre
de 1990, las cesantías deben consignarse a más tardar el 14 de febrero del
año siguiente al que le fueron causadas en el fondo administrador de
cesantías.

Consideró que, las demandadas vulneran las disposiciones contenidas en la
ley 91 de 1989, Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
por no realizar oportunamente las consignaciones de las cesantías, en el
respectivo fondo y en el término establecido, siendo esta una conducta omisiva
que atenta contra sus derechos laborales y violatoria de nulidad de los actos
administrativos expedidos por el municipio de Sabanalarga, el Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y el departamento del Atlántico.

2. Contestación de la demanda.

Municipio de Sabanalarga2. Se opone a las pretensiones de la demanda. Toda
vez que, no tiene certeza de lo reclamado por la demandante sobre las cesantías
e intereses que reclama durante los periodos de 1995 a 2002 y la sanción
moratoria por la no consignación, en consideración a que la entidad territorial se
encuentra en proceso de restructuración de pasivos y no encuentra relacionado
las acreencias reclamadas en el convenio de restructuración suscrito con los
acreedores. Además, considera que la entidad legitimada para el pago de lo
pedido por la actora corresponde al FOMAG entidad que debió encontrar
satisfecho el traslado de la docente con el respectivo pago de sus acreencias
laborales, entre ellas las cesantías, entonces es de suponer que si esa entidad

2
Índice 00009 expediente Samai contestación municipio.

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Demandante: Nancy Cecilia Fonseca Rodríguez
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aceptó al docente es porque se había cumplido con ese requisito, por ello el
Municipio de Sabanalarga no estaría obligado a responder por lo que se reclama.
Finalmente, propuso excepciones de: inaplicabilidad de la Ley 344 de 1996;
prescripción; imposibilidad de cancelar cesantías e indemnización moratoria
debido a que dichas acreencias no fueron presentadas en el contexto de la
admisión de la promoción de un acuerdo de restructuración de pasivos Ley 550
de 1999 del municipio de Sabanalarga e inaplicabilidad del artículo 99 de la ley
50 de 1990.

Departamento del Atlántico, Secretaría Educación Departamental3. Se
contrapone a las declaraciones y condenas, en razón a que, no está legitimada
en la causa por pasiva, por cuanto, los actos administrativos de reconocimiento
de las prestaciones sociales de los docentes corresponden al Fondo del
Magisterio.

Propuso excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva;
inaplicabilidad del régimen de cesantías previsto en las normas generales de
la ley 50 de 1990, 344 de 1999 y el decreto 1582 de 1998, a los docentes del
sector oficial, por contar estos con una normatividad especial de cesantías
contemplado en la ley 91 de 1989; inexistencia de responsabilidad del
departamento del Atlántico respecto del reconocimiento y pago de las
cesantías e intereses de las cesantías.

Propone excepción de falta de legitimación en la causa. Argumenta que, la
discusión corresponde al pago tardío de unas cesantías retroactivas y su
correspondiente sanción moratoria, manifestando que, la docente estaba
vinculada como docente municipal de la Institución educativa Nuestra Señora de
la Candelaria, entidad que en ese momento tenía la carga prestacional o en su
defecto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La Nación, Ministerio De Educación Nacional Fondo de Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio4. Se opone a las súplicas de la
demanda, por carecer éstas de sustento fáctico y jurídico. Además, precisa

3
Índice 00009 expediente Samai contestación departamento.
4
Índice 00009 expediente Samai contestación Ministerio.

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que, la entidad actuó conforme a las políticas expuestas por la misma
legislación de carácter especial que regula las prestaciones sociales de los
docentes oficiales.

Finalmente, propone excepciones de inexistencia del derecho por errónea
interpretación de la norma; cobro de lo no debido; pago; buena fe; prescripción
del derecho y compensación.

3. La sentencia de primera instancia5.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección “B”,
mediante sentencia del 31 de mayo de 2019, accedió parcialmente a las
pretensiones; (i) declaró probada la excepción de prescripción de la sanción
moratoria propuesta por el municipio de Sabanalarga, por la no consignación
oportuna de los periodos correspondientes a los periodos de 1995 a 2002; (ii)
declaró la nulidad parcial de Oficio de 17 de junio de 2015 del Ministerio de
Educación Nacional; Oficio 1986 de 5 de junio de 2015 del departamento del
Atlántico; Resolución 0289 del 25 y Oficio 27 ambos del mes de mayo de
2015, proferidos por el municipio de Sabanalarga y a título de restablecimiento
del derecho condenó al Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento del auxilio de
cesantías periodos 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 (sin
condena en costas).

Precisó que, la sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016, estableció que,
la sanción moratoria es una obligación autónoma y un derecho que está sujeto
a prescripción. Por lo tanto, la reclamación de dicha sanción debe realizarse
dentro de los tres años siguientes a que la obligación se vuelve exigible; de no
hacerse así, el derecho se extingue por prescripción.

Enfatizó que, el término para la prescripción comienza a contarse desde la
fecha en que la obligación es exigible y que la interrupción del término de
prescripción se puede dar por la reclamación escrita del interesado ante la
autoridad competente, específicamente para empleados públicos. Este

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Índice 00009 expediente Samai sentencia

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reclamo puede interrumpir la prescripción por un lapso igual al término
prescriptivo.

Expuso que, uno de los puntos en disputa era la aplicación de las leyes 50 de
1994 y 344 de 1996 a los docentes; sin embargo, independientemente de este
debate, tiene claro que, la sanción moratoria que se reclama se encuentra
prescrita en su totalidad. Esto implica que, para hacer valer el derecho al pago
de sanción moratoria, la parte interesada debía reclamarlo dentro de los tres
(3) años siguientes a la fecha en que se generó el derecho. De no hacerlo en
ese término, el derecho se extingue por prescripción, como sucedió en este
caso, razón por la cual el tribunal declara probada la excepción de
prescripción.

Seguidamente, estudió sobre el pago del auxilio de cesantías y los intereses
sobre aquél, por los años 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 los
cuales, la demandante afirmó, no habían sido reconocidos ni cancelados.

Señaló que, el auxilio de cesantías es una prestación social de creación legal
que el empleador debe pagar al trabajador por los servicios prestados en caso
de que quede cesante, con el propósito de atender sus necesidades básicas
(cesantías definitivas). También se puede realizar de forma parcial durante la
vigencia del vínculo laboral, siempre que se cumplan ciertos requisitos
relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda (cesantías
parciales).

Destacó que, en el expediente se acredita, mediante certificados expedidos
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento del Atlántico, que dichas entidades realizaron el reporte anual
de cesantías correspondiente a los años 2003 a 2011, pero, no existe prueba
indicativa que, el FOMAG haya efectuado el reconocimiento de las cesantías
de la accionante durante los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
y 2002, motivo por el cual ordenó el reconocimiento de esta prestación y los
intereses sobre aquellos, conforme a la competencia establecida en la ley 91
de 1989.

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Finalmente, aclaro que, la orden impartida no implica el pago del referido
auxilio y los respectivos intereses, toda vez que, la erogación está sujeta a los
requisitos legales para su retiro de forma parcial o definitiva.

4. El recurso de apelación6.

La demandante. Solicita revocar parcialmente la sentencia de primera,
especialmente, en la negativa del reconocimiento de la sanción moratoria, por
ello, enfatiza que, el auxilio de cesantías es una prestación laboral de vital
relevancia, considerada como un derecho irrenunciable de los trabajadores,
que permite sustento económico durante periodos de cesantes, además de
facilitar acceso a vivienda y educación.

Se refiere a la línea jurisprudencial de la prescripción en materia de cesantías
y sanción moratoria. Por ello, citó las sentencias de unificación CE-SUJO04 de
2016 y sentencia del 12 de julio de 2018, que establecen que mientras persista
el vínculo laboral vigente, no se aplica la prescripción en las cesantías
anualizadas. Por lo tanto, considera que, el derecho a la sanción moratoria por
la mora en la consignación del auxilio de cesantía por las anualidades
reclamadas se encuentra prescrita solo en ciertos casos específicos, cuando
ya no existe relación laboral.

Expone que, la decisión de primera instancia, al negar la sanción moratoria
aplicó de manera incorrecta la prescripción e incurrió en un error de derecho
desconociendo el precedente judicial, por cuanto, mientras exista el vínculo
laboral vigente, no opera la prescripción de las cesantías a menos que hayan
sido consignadas y en la obligación del empleador de asumir la sanción
moratoria por mora en el pago que, debe ser reconocida y pagada de sus
propios recursos, conforme a ley.

5. Trámite del recurso segunda instancia7.

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Índice 00009 expediente Samai recurso de apelación.
7
Índice 00007 expediente Samai

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En auto del 28 de junio de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA.

6. Alegatos de conclusión8.

Con auto del 15 de marzo de 2024, se corrió traslado a las partes para
presentar los alegatos de conclusión, en la oportunidad procesal, las partes
demandadas presentaron escrito de alegaciones el municipio de
Sabanalarga9, en igual sentido, lo realizaron el departamento del Atlántico10,
el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio11 y finalmente, la parte actora12.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 13, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación parcial interpuesto por la parte
demandante, la Sala debe decidir si hay lugar al reconocimiento de la sanción

8
Índice 00018 expediente Samai
9
Índice 00022 expediente Samai
10
Índice 00023 expediente Samai
11
Índice 00024 expediente Samai
12
Índice 00025 expediente Samai
13
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»

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moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías de los periodos de
1995 a 2002 o si por el contrario esta penalidad se encuentra prescrita como
lo indicó el Tribunal de primera instancia.

Para el efecto, se analizará si se configura el fenómeno de la prescripción
extintiva del derecho respecto del reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990, por la no
consignación de las cesantías correspondientes a los años 2000 a 2003, a
pesar de que la accionante continúa vinculada como docente del
Departamento del Atlántico.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria de
cesantías anualizadas de docente oficial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso
concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria de
cesantías anualizadas de docente oficial.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales
se benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los
parámetros establecidos por el artículo 15 numeral 3 de la Ley 91 de 1989,
norma que distingue entre los que se benefician del régimen de cesantías
retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías anualizadas
con pago de intereses y sin retroactividad, así:

3. Cesantías:

Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés

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anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.

Según lo anterior, corresponde al FOMAG liquidar y reconocer el auxilio de
cesantías parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad
que, en virtud de la “prestación descentralizada de los servicios” consagrada
en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de la delegación de que trata el artículo
9 ibidem, desarrolla a través de las secretarías de educación de los entes
territoriales. Mientras que el pago de la prestación debe ser efectuado a través
de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del fondo, que en la
actualidad es la Fiduprevisora SA.

En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de las
cesantías del personal docente no afiliado al FOMAG, situación que en
términos del artículo 7 del Decreto 196 de 1995, la hacía responsable del pago
de las prestaciones sociales de los docentes departamentales, distritales o
municipales causadas antes de su incorporación al Fondo. Más adelante, el
Decreto 3752 de 2003 dispuso que los docentes del servicio público educativo
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberían ser
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma a
partir de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y
definitivas estuvo concentrado en esa entidad.

En todo caso, se tiene que los docentes vinculados a partir del 1°. de enero de
1990 gozan del régimen de cesantías anualizadas; no obstante, en armonía
con los criterios fijados por la Corte Constitucional, en fallos SU-098 de 2018
y SU-573 de 2019, y la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 202314, el sistema
especial de administración de cesantías de los docentes afiliados al FOMAG

14 C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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es incompatible con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En efecto, en esta
última providencia se fijó la siguiente regla:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

La precitada regla de unificación de la jurisprudencia encuentra sustento en
las siguientes consideraciones:

En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 amplió la
aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad,
de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989». Esto se traduce
en que lo allí dispuesto no incluyó al personal docente, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en la sentencia C-928 de 2006, en la cual estudió la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto 1252 de 2000
al disponer que los empleados públicos tienen derecho «al pago de las cesantías
en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998,
según el caso […]», aun cuando exista un «régimen especial» que los regule. Lo
anterior, por cuanto este último contiene la precisa referencia al pago de la
prestación, que es tan solo uno de los elementos que integran el régimen
anualizado, lo cual, en efecto se cumple, pues los eventos en los que hay lugar a
aquel son comunes en cada uno de los sistemas especiales cuyo rigor se mantiene,
de acuerdo con el inciso señalado.

149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252 de
2000, se deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados
públicos quedaran sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por regla
general es el regulado por la Ley 50 de 1990, sin que ello implicara que todos
quedaran cobijados por dicho sistema de administración. Esta conclusión es
coherente con la mención de la Ley 432 de 1998, cuyos destinatarios conservaron
las reglas a las que se encontraban sometidos y no a la Ley 50 de 1990. En
consecuencia, la falta de precisión frente a la Ley 91 de 1989 en modo alguno podía
conllevar la modificación de la normativa que los gobernaba, sino que se acompasa
con la disposición del 2000, puesto que el personal docente ya estaba regulado por
un régimen anualizado de cesantías.
[…]

2.2.4. Regla jurisprudencial

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a
los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso,
es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación
tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que
establece unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de

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la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria
derivada del incumplimiento del empleador.

De conformidad con lo anterior, a los docentes estatales que se encuentren
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
no le serán aplicables las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, en particular lo atinente a la sanción moratoria, por resultar
incompatible con el sistema de administración de cesantías establecido en la
Ley 91 de 1989, toda vez que, en el FOMAG se requiere de la disponibilidad
de recursos para el pago de las prestaciones sociales exigibles en cada
anualidad, por lo que si bien paga intereses sobre las cesantías, la forma de
realizar dicho cálculo y el plazo no es igual al establecido en la Ley 50 de 1990.

No obstante, en caso de que el maestro no haya sido afiliado al FOMAG por
parte de la entidad territorial correspondiente, en solo este evento será
aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que prevé la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías anuales, así:

Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo. […]

Nótese que, el régimen de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de
1990 dispone la realización de la liquidación anual de dicha prestación social
con pago de intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo
de cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, so pena de que el
empleador sea sancionado con el pago de un día de salario por cada uno de
retardo. Empero, en lo concerniente a la prescripción de tal sanción moratoria,
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 25

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de agosto de 201615, precisó:

1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías
definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la
mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en
que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió
realizar el pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio.

5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que
devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando
concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener
en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo
periodo de mora, en los términos previamente descritos.

No obstante, en auto de 7 de noviembre de 201916, esta Sección consideró
necesario aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas
inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en relación con el cómputo
del término prescriptivo de la sanción moratoria y la solución dada al caso allí
tratado, por lo que seleccionó el expediente con fines de unificar
jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022 de 6
de agosto de 202017, por medio de la que fijó las siguientes reglas:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los
tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por
cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15
de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por
la anualidad correspondiente, so pena de su extinción.

15
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
16
Expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
17
Consejo de Estado (sección segunda), expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16), C. P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.

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En consecuencia, el término de prescripción de que trata el artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la sanción
por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe computarse
desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de manera que si la
exigibilidad de aquella sanción se origina el 15 de febrero frente a las cesantías
correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior, la respectiva
reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. Así mismo, en el
caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año.

2.2. Hechos probados.

i) Certificación de salarios de la docente Esmeralda Inés Reyes García,
expedido por el Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio de
factores salariales del primer semestre año 201518.

ii) Formato único de certificado de historia laboral expedido por el Fondo
Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio, de la docente Esmeralda
Inés Reyes García, tipo de vinculación territorial del orden municipal prestando
en el servicio en la institución educativa técnica industrial de Sabanalarga, con
Decreto de nombramiento 214 del 30 de octubre de 1994 y tomo posesión el
30 de diciembre de ese mismo año, demostrando la vinculación hasta el 13 de
mayo de 201519.

iii) Reclamación administrativa del 14 de mayo de 2015, presentada por la
actora en el departamento del Atlántico20.

iv) Escrito del 19 de mayo de 2015, a través de la cual, la señora Esmeralda
Inés Reyes García, elevó reclamación administrativa ante el Municipio de
Sabanalarga21.

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Índice 00009 expediente Samai demanda anexos.
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Índice 00009 expediente Samai demanda anexos.
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v) Memorial del 25 de mayo de 2015, mediante el cual la demandante elevó
reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio22.

vi) Resolución 0289 del 25 de mayo de 2015, por medio del cual el municipio
de Sabanalarga resuelve de manera desfavorable el reconocimiento y pago de
cesantías e intereses de estas a la docente Esmeralda Inés Reyes García 23.

vii) Oficio 1986 de 5 de junio de 2015, expedido por el departamento del
Atlántico, por medio de la cual, resuelve la solicitud presentada por la actora24.

viii) Oficio del 17 de junio de 2015, por medio de la cual, el Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, remite la
reclamación de la demandante a la Secretaría departamental de educación del
Departamento del Atlántico25.

2.3. Caso concreto.

Esmeralda Inés Reyes García, acudió en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la
anulación de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento de las cesantías y sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de esta prestación social durante los periodos de 1995
a 2002.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia, accedió
parcialmente a las pretensiones y (i) declaró probada la excepción de
prescripción de la sanción moratoria propuesta por el municipio de
Sabanalarga, por la no consignación oportuna de los periodos
correspondientes a los periodos de 1995 a 2002; (ii) declaró la nulidad parcial
de Oficio de 17 de junio de 2015 del Ministerio de Educación Nacional; Oficio
1986 de 5 de junio de 2015 del departamento del Atlántico; Resolución 0289

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Índice 00009 expediente Samai demanda anexos.
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del 25 y Oficio 27 ambos del mes de mayo de 2015, proferidos por el municipio
de Sabanalarga y ordenó el reconocimiento de las cesantías durante los
periodos 1995 a 2002.

La actora inconforme parcialmente con la decisión, presento recurso de
apelación, especialmente, en la negativa de la sanción moratoria que, en su
sentir fue incorrecta, toda vez que, mientras exista el vínculo laboral vigente
no opera la figura extintiva de esta penalidad la cual debe ser reconocida y
pagada por el empleador con recursos propios.

Lo primero que ha de advertirse es que la demandante ha prestado sus
servicios al Estado como docente oficial para el municipio de Sabanalarga,
asimilada por el Departamento del Atlántico en el año 2003 (inscrita en el
escalafón territorial) desde el 30 de diciembre de 1990 hasta la fecha de
presentación de la demanda; y, por ende, goza del régimen de cesantías
anualizadas previsto en la Ley 91 de 1989.

De conformidad con la regla fijada en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 de 11 de octubre de 2023, a los docentes estatales que se encuentren
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)
no le serán aplicables las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, por resultar incompatible con el sistema de administración de
cesantías establecido en la Ley 91 de 1989, pero en caso de que el maestro
no haya sido afiliado al FOMAG por parte de la entidad territorial
correspondiente, será aplicable el aludido artículo, que prevé la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías anuales.

En este orden de ideas, comoquiera que no se acreditó que la parte
demandante estuviera afiliada al Fomag por los años correspondientes al
reclamo de las cesantías 1995 a 2002, tenía derecho a requerir la sanción
moratoria con fundamento en la Ley 50 de 1990.

Sin embargo, dicha sanción resulta exigible desde el 15 de febrero de cada
año respecto de las cesantías causadas en el año inmediatamente anterior y
debe ser reclamada, de acuerdo con las reglas adoptadas en la sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-022 de 6 de agosto de 2020, dentro de

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los tres años siguientes, so pena de la ocurrencia de la prescripción extintiva
de ese derecho.

En ese orden, del material probatorio avizorado en el plenario se encuentra
acreditado que la actora elevó petición de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria a las entidades demandadas el 14, 19 y 25 mayo de 2015, es decir,
cuando ya había transcurrido el término trienal previsto en el artículo 151 CPT
para la reclamación de la sanción causada por la mora en la consignación del
auxilio de cesantías de los años 1995 a 2002, tal como a continuación se
constata:

Anualida Fecha a partir de Tiempo trascurrido entre
Exigibilidad Fecha de la
d de las la cual opera la la fecha de exigibilidad y la
de la sanción reclamación
cesantías prescripción petición de sanción
1995 15/02/1996 15/02/1999 19/05/2015 16 años, 3 meses y 4 días
1996 15/02/1997 15/02/2000 19/05/2015 15 años, 11 meses y 5 días
1997 15/02/1998 15/02/2001 19/05/2015 14 años, 11 meses y 5 días
1998 15/02/1999 15/02/2002 19/05/2015 13 años, 11 meses y 5 días
1999 15/02/2000 15/02/2003 19/05/2015 12 años, 11 meses y 5 días
2000 15/02/2001 15/02/2004 19/05/2015 11 años, 11 meses y 5 días
2001 15/02/2002 15/02/2005 19/05/2015 10 años, 11 meses y 5 días
2002 15/02/2003 15/02/2006 19/05/2015 9 años, 11 meses y 5 días

Siendo así las cosas, y como la solicitud de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la demora en la consignación anual del auxilio de
cesantías del último año reclamado se efectuó ante la entidad departamental
cuando ya habían transcurrido 9 años, 11 meses y 5 días desde la exigibilidad
de dicha sanción frente a la anualidad de 2002, y de conformidad con lo
señalado en los precedentes jurisprudenciales citados en párrafos anteriores,
la Sala considera que, respecto a aquel periodo y los causados con
anterioridad, operó la prescripción del derecho, razón por la cual, se debe
declarar la excepción de prescripción extintiva del derecho, como así lo
dispuso el A -quo.

En consecuencia, y aunque es cierto que respecto de las cesantías cuya
sanción moratoria se reclama en el presente asunto resulta aplicable lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en atención a que la entidad
territorial no afilió a la demandante al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, lo cierto es que dicha sanción no puede reconocerse,
habida cuenta de que operó la prescripción extintiva del derecho en

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relación con cada una de las anualidades cuya protección se solicita (1995 a
2002), por cuanto la reclamación administrativa fue formulada fuera del
término legal de tres (3) años.

Por lo anterior, se impone confirmar la sentencia apelada.

Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, por lo que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho
de la sanción moratoria.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de prescripción
extintiva del derecho respecto a la sanción moratoria, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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