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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00499-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-00499-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

Tema: pensión gracia - demanda contra acto de reconocimiento. Subtema 1.
Requisito del tiempo laborado en plazas del orden departamental, municipal o distrital.
Subtema 2. Presunción de buena fe. Devolución de sumas de dinero. Subtema
3. Condena en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 24 de
febrero de 2023, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La UGPP solicita la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la
extinta Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) le reconoció una
pensión gracia a Margui Estela Castellar de Rojas, toda vez que, contrario a lo indicado
por estos, no prestó sus servicios en calidad de docente territorial - nacionalizado por
más de 20 años. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó lo solicitado, por lo que
la demandante apeló la decisión con fundamento en que las pruebas dan cuenta de
que el tiempo laborado obedeció a vinculaciones del orden nacional. La Sala revoca la
decisión de primera instancia, en la medida en que se encuentra acreditado que la
mayor parte del tiempo de servicio docente se desarrolló en virtud de una vinculación
nacional.

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

2. Antecedentes
2.1. La demanda

1. La UGPP, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho el 9 de octubre de 20151, en contra
de Margui Estela Castellar de Rojas, con las siguientes pretensiones:

a. Se declare la nulidad de la Resolución 16208 del 10 de abril de 2006,
por medio de la cual CAJANAL reconoció una pensión gracia.

b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
demandada reintegrar a favor de la demandante, todas las sumas de dinero
canceladas de manera indebida desde que recibió la primera mesada hasta la
fecha de la sentencia que ponga fin al proceso.

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La accionante indicó que consta en el expediente administrativo que Margui
Estela Castellar de Rojas nació el 6 de septiembre de 1951 y que prestó sus servicios
docentes, así:

(a) Desde el 22 de marzo de 1979 hasta el 3 de octubre de 1980, en virtud
del nombramiento que le hiciera la Gobernación del Magdalena, mediante el
Decreto 289 del 9 de marzo de 1979.

(b) Del 24 de septiembre de 1980 hasta el 7 de mayo de 1987, por
nombramiento que se hiciera a través del Decreto 14777 del 22 de agosto de
1980, expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

(c) A partir del 8 de mayo de 1987 al 27 de noviembre de 2001, en virtud del
nombramiento realizado mediante la Resolución 2785 del 14 de abril de 1987 del
Ministerio de Educación Nacional.

4. La señora Castellar de Rojas solicitó el reconocimiento de la pensión gracia
ante CAJANAL, quien negó la petición, mediante la Resolución 13178 del 31 de mayo
de 2002, al no tener por demostrado el tiempo de servicio de 20 años en la docencia
oficial del orden distrital, municipal, departamental o nacionalizado, decisión que fue
confirmada a través de las resoluciones 30854 del 31 de octubre de 2002 y 00914 del
10 de febrero de 2004, que resolvieron los recursos de reposición y de apelación,
respectivamente, según las cuales los cargos desempeñados por la recurrente a partir
del 24 de septiembre de 1980, fueron por designación nacional.

1 Samai, Tribunal, índice 0001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, RADICACIONYREPARTO.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

5. En cumplimiento del fallo de tutela del 24 de febrero de 2005, expedido por el
Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena, que tuteló los derechos fundamentales al
debido proceso y la igualdad de Margui Castellar, CAJANAL, mediante la Resolución
16208 del 10 de abril de 2006, reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia a favor
de la mencionada ciudadana en una cuantía de $1.107.428.96, efectiva a partir del 6
de septiembre de 2001.

6. Indicó que si bien se controvierte la validez de una resolución que dio
cumplimiento a una orden de tutela, la misma fue impartida con violación a la
Constitución y la ley, motivo por el cual es dable el estudio de legalidad del acto a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 91 de 1989.
• Decreto 2277 de 1979.

8. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
sostener que CAJANAL reconoció la pensión a la demandada como producto de un
fallo de tutela y no por la manifestación libre y espontánea de la voluntad de la
administración, quien insistió en que si bien la peticionaria fue vinculada a la docencia
oficial antes del 31 de diciembre de 1980, esto es, desde el 22 de marzo de 1979
hasta el 3 de octubre de 1980, con vinculación departamental; posteriormente, del 24
de septiembre de 1980 hasta el 7 de mayo de 1987 y del 8 de mayo de 1987 al 27 de
noviembre de 2001, lo fue con vinculación de carácter nacional, por lo que no se debió
reconocer el derecho.

2.2. Contestación de la demanda

9. La parte demandada se pronunció frente a las pretensiones de la demanda. Al
respecto, sostuvo que se debe mantener incólume el acto administrativo que le
reconoció una pensión gracia, puesto que cumple con los requisitos legales
establecidos para el efecto, como haber estado vinculada como docente antes del 31
de diciembre de 1980, haber prestado sus servicios en calidad de maestra territorial y
nacionalizada por más de 20 años, cumplir con la edad de 50 años y desempeñar el
cargo con honradez, consagración y buena conducta2.

2 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE, pp.204 -
2012.
3

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia del 24 de febrero de
20233, negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

11. Indicó que en relación con el tiempo de servicio laborado por la accionada en
el departamento de Magdalena, comprendido entre el 22 de marzo de 1979 y el 23 de
septiembre de 1980, no existía controversia entre las partes en cuanto a que la
vinculación docente fue del orden territorial. Por el contrario, de los hechos y
pretensiones de la demanda, la controversia se contraía a los tiempos laborados con
posterioridad a esa fecha en el departamento del Atlántico, porque, según la
demandante, el tipo de vinculación fue del orden nacional.

12. Frente a lo anterior, sostuvo el fallador de primera instancia que las diferentes
certificaciones allegadas al proceso daban cuenta de que Castellar de Rojas laboró
como docente al servicio del departamento del Magdalena y al distrito de Barranquilla,
adscrita a instituciones educativas, durante 29 años, 6 meses y 21 días, con
vinculaciones del orden territorial y distrital. En consecuencia, el acto demandado no
estaba viciado de nulidad.

13. Agregó que aun cuando los dineros para el pago de los salarios provenían del
situado fiscal, ello no era impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia,
conforme a la sentencia del 21 de junio del 2018 dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado dentro del expediente con número de radicado 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).

14. En consecuencia, ordenó a la accionante reintegrar las mesadas pensionales
suspendidas a la accionada desde el mes de abril de 2016, según daba cuenta el
oficio del 18 de marzo de 2022 del FOPEP, con número de radicado S2022004818,
en el que consta que la UGPP reportó la suspensión de la mesada pensional, bajo la
causal suspensión por aclaratoria o auto, a partir de la referida fecha. Además,
determinó que las mesadas debían indexarse conforme al IPC, en aplicación del
artículo 187 del CPACA, bajo la siguiente fórmula:

Ra = R.H X ÍNDICE FINAL
ÍNDICE INICIAL

15. Finalmente, no condenó en costas.

2.4. Recursos de apelación

16. La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para
que se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes

3 Samai, Tribunal, índice 00031, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 31, 27_SENTENCIA.
4 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36, 31_RECURSODEAPELACION.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

razonamientos:

17. Que para establecer el carácter territorial o nacional de los nombramientos
docentes se deben analizar los actos de nombramiento, la autoridad que los profirió,
la plaza docente y de dónde proceden los pagos laborales respectivos, mas no la
ubicación del plantel.

18. En este caso, resulta indispensable tener en cuenta la procedencia de los
recursos para el pago del salario de la docente, toda vez que si los servicios fueron
sufragados con dineros provenientes del situado fiscal o del Sistema General de
Participaciones, aquellos no pueden tenerse como válidos para reclamar el derecho a
la pensión gracia, error en el que incurrió el fallador de primera instancia al computar
tiempos pagados con dichos recursos.

19. En esa medida, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se proceda a declarar la nulidad del acto demandado y el consecuente
restablecimiento del derecho, específicamente la devolución de las sumas pagadas
por concepto de pensión gracia. Además, que se condene en costas.

20. Sostuvo que es procedente el reintegro de los dineros indebidamente pagados,
en garantía del interés general, la protección del erario y la sostenibilidad financiera
del Sistema General de Pensiones.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

21. Mediante auto del 7 de marzo de 20255, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación según el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones
3.1. Competencia

22. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón de la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 6 del

5 Samai, índice 00007, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 7, 7_AUTOQUEADMITE.
6
CGP, artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
5

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

24. ¿La demandada cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia?

25. De ser negativa la respuesta al anterior interrogante, ¿hay lugar a la devolución
de los dineros pagados con ocasión de la pensión gracia que le fue reconocida a la
demandada?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

26. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 7,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

27. La Ley 116 de 19288 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

28. Posteriormente, la Ley 37 de 19339 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

29. Por su parte, la Ley 91 de 198910, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en

fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
7 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

6

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

30. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1011 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

31. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199712,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

11
“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
7

Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

32. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201813,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.

33. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
14 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal15; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].

34. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

35. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:

• Edad

36. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Margui Estela Castellar de Rojas nació el 6 de
septiembre de 1951, según copia de su cédula de ciudadanía16, en consecuencia,
cumplió la edad de 50 años el 6 de septiembre de 2001.

• Vinculación docente

37. La copia del Decreto 289 de 197917 da cuenta de que el gobernador del
departamento del Magdalena, en uso de sus facultades legales, nombró a Margui
Castellar de Rojas como directora seccional de la Escuela Anexa a la Normal de
Señoritas.

38. Según el acta del 22 de marzo de 197918, la señora Margui Estela Castellar de
Rojas compareció al despacho del jefe de personal del departamento del Magdalena
para tomar posesión del cargo de directora seccional de la Escuela Anexa a la Normal
de Señoritas de Santa Marta, para el que había sido designada por el Decreto 289 del

15 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
16 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE, pp.163.
17 Samai, Tribunal, índice 00038, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 38, 33_AGREGAMEMORIAL_009, pp. 7.
18 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE_009, pp. 110.

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

9 de marzo de 1979, expedido por la Gobernación del Magdalena.
39. La copia de la constancia del 29 de octubre de 200119, expedida por la
Secretaría de Gestión Administrativa Integral del departamento del Magdalena, indica
que la señora Margui Estela Castellar de Rojas prestó sus servicios a ese
departamento en el ramo de la educación como directora seccional de la Escuela
Anexa a la Normal de Señoritas de Santa Marta, en virtud del Decreto 289 del 9 de
marzo de 1979 de la Gobernación del Magdalena, desde el 22 de marzo de 1979 hasta
el 3 de octubre de 1980, cuando por Decreto 655 de 1980 le fue aceptada su renuncia.
También consta que el nombramiento fue de «CARÁCTER DEPARTAMENTAL».

40. Según copia del acta de posesión20, Castellar de Rojas se presentó el 24 de
septiembre de 1980 al despacho del jefe de personal del departamento del Magdalena
a fin de tomar posesión del cargo de maestra de práctica docente en la «Anexa a la
Normal Nal. de Señoritas de Santa Marta, nombrada por Resolución 14777 del 22 de
agosto de 1980 dictada por El Ministerio de Educ. Nal.».

41. Da cuenta el acta del 8 de mayo de 1987 que el alcalde municipal de
Barranquilla con el secretario de gobierno posesionó a Margui Estela Castellar de
Rojas en el cargo de maestra práctica docente para el que fue nombrada en propiedad
mediante la Resolución 02785 del 14 de abril de 1987 del Ministerio de Educación
Nacional.

42. La copia de la certificación del 27 de septiembre de 2001, suscrita por el jefe
de división administrativa de personal docente de la Secretaría Distrital de Educación
Cultura y Deporte de Barranquilla, da cuenta de que Margui Estela fue nombrada
maestra de práctica docente a través de la Resolución 02785 del 14 de abril de 1987
del Ministerio de Educación Nacional, según el acta de posesión del 8 de mayo de
1987. Dicha certificación tiene una nota que indica que «el nombramiento es de
carácter NACIONAL».

43. Obra la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla del 8 de septiembre de 201721, según
el cual la accionante laboró en calidad de docente en provisionalidad, con vinculación
del orden nacional en virtud de la Resolución 02785 del 14 de abril de 1987, en la
Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla desde el 8 de mayo de 1987 hasta
el 8 de septiembre de 2017, fecha de expedición de ese certificado, para un total de
29 años, 22 días y 4 meses.

44. Existe copia de la sentencia del 24 de febrero de 200522, dictada por el Juzgado
Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante la cual se resolvió amparar los

19
Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE, pp.166.
20 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE, pp.214.
21 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE_009, pp.25

a 26.
22 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE, pp.138 a

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-00449-01 (4349-2025)
Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de Margui Estela Castellar de
Rojas y, en consecuencia, ordenó a CAJANAL que, en el término de 48 horas,
expidiera los actos administrativos de reconocimiento de la pensión gracia y el pago
del retroactivo pensional con sus respectivos intereses moratorios.

45. Se encuentra la copia de la Resolución 13105 de 201623, «por medio de la cual
se retira del servicio por edad de retiro forzoso a un educador que pertenece a la
planta de cargos docentes y directivos docentes del distrito de Barranquilla, financiada
con recursos pertenecientes al Sistema General de Participación y se dictan otras
disposiciones», que resolvió retirar del servicio a Margui Estela Castellar de Rojas por
haber cumplido la edad de retiro forzoso, del cargo de docente de aula de la planta de
cargos docente del Distrito de Barranquilla.

46. En la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla del 3 de abril de 2018 24, consta que
la demandada laboró en calidad de docente nacional en propiedad, durante los
siguientes periodos:

(a) Por medio de la Resolución 14777 del 22 de agosto de 1980, desde el 24 de
septiembre de 1980 hasta el 7 de mayo de 1987, en la Anexa a la Normal
Nacional de Señoritas del departamento del Magdalena, para un total de 8
años, 7 meses y 14 días.

(b) A través de la Resolución 2785 del 14 de abril 1987, fue trasladada a la Normal
Nacional para Varones del departamento del Atlántico, a partir del 8 de mayo
de 1987 hasta el 29 de septiembre de 2016, para un total de 29 años, 4 meses
y 22 días.

(c) Mediante la Resolución 08117 del 10 de junio de 2016, se le concede renuncia
no remunerada entre el 11 de julio de 2016 y el 29 de julio de 2016.

(d) Por medio de la Resolución 013105 del 20 de septiembre de 2016, se procede
a su retiro forzoso.

• Actos que reconocieron la pensión

47. Se encuentra la Resolución 16208 del 10 de abril de 200625, «por la cual se da
cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito
de Cartagena de Indias» y se reconoce la pensión gracia a favor de la señora Castellar
de Rojas Margui Estela.

23 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE_009, pp.34

a 35.
24 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE_009, pp.66

a 67.
25 Samai, Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 18, 16_INCORPORAEXPEDIENTE, pp.151 a

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Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

3.5. Caso concreto

48. La Sala procede a verificar si el acto administrativo demandado es ilegal, por
cuanto la accionada no prestó el servicio docente por más de 20 años en entidades del
orden territorial – nacionalizado.

3.5.1. Vinculación docente y tiempo de servicio

49. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se recuerda que para
demostrar la calidad de docente, de acuerdo con la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de
junio de 2018, se requiere: a) la copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales; o b) también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.

50. En ese orden de ideas, para la Sala los documentos relacionados con los actos
de nombramiento, así como las certificaciones expedidas por la autoridad nominadora
tienen pleno valor probatorio para acreditar la vinculación del docente, en este caso,
la de la señora Margui Estela Castellar de Rojas.

51. Además, el artículo 246 del Código General del Proceso dispuso que las copias
tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Y, según
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado26, las copias simples tienen el mismo
valor probatorio que el original si no son tachadas de falsas por la contraparte.

52. En ese orden, como no se evidencia normativa alguna que exija, para el
reconocimiento de una pensión gracia, la presentación en original de los actos de
nombramiento ni de las certificaciones que dan cuenta del tipo de vinculación docente,
y tampoco se tacharon de falsas las documentales aportadas en copia simple por la
demandante a este proceso, es válido darles valor probatorio a los documentos
referidos párrafos atrás.

53. Pues bien, de acuerdo con lo expuesto párrafos atrás, la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en especial la sentencia unificadora del 21 de junio de 2018 CE-
SUJ-SII-11-2018, han dejado claro que en materia de pensión gracia, la naturaleza de
la vinculación docente depende de la connotación de la autoridad nominadora y de la
plaza a ocupar, esto es, que sea territorial o nacionalizada, al margen del origen de
los recursos que financien el servicio educativo.

54. En este caso, se tiene probado con el Decreto 289 de 1979 que la señora

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, sentencia SU de 30 de septiembre de 2014.

exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

Margui Castellar de Rojas fue nombrada como directora seccional de la Escuela
Anexa a la Normal de Señoritas, por parte de una autoridad territorial, esto es, el
gobernador del departamento del Magdalena, en uso de sus facultades legales.

55. Lo anterior se ratifica con la copia de la constancia del 29 de octubre de 2001,
expedida por la Secretaría de Gestión Administrativa Integral del departamento del
Magdalena, según la cual la señora Castellar de Rojas prestó sus servicios a ese
departamento como directora seccional de la escuela anexa a la Normal de Señoritas
de Santa Marta, en virtud del Decreto 289 del 9 de marzo de 1979, y que el
nombramiento fue de «CARÁCTER DEPARTAMENTAL».

56. En relación con lo anterior, conforme a los hechos y pretensiones de la
demanda, así como el fallo de primera instancia, tal vinculación fue del orden territorial
y, por tanto, la discusión gira en torno a los nombramientos posteriores.

57. Frente a lo anterior, la copia del acta de posesión del 24 de septiembre de 1980
es clara en indicar que Castellar de Rojas se presentó ese día al despacho del jefe de
personal del departamento del Magdalena a fin de tomar posesión del cargo de
maestra de práctica docente en la «Anexa a la Normal Nal. de señoritas de Santa
Marta, nombrada por Resolución 14777 del 22 de agosto de 1980 dictada por El
Ministerio de Educ. Nal.», lo cual evidencia la vinculación nacional que ostentaba la
accionada.

58. Por otra parte, se tiene probado que, en audiencia pública celebrada el 8 de
mayo de 1987, el alcalde municipal de Barranquilla con el secretario de gobierno
posesionó a Margui Estela Castellar de Rojas en el cargo de maestra práctica docente
para el que fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 02785 del 14 de abril
de 1987, emanada del Ministerio de Educación Nacional, es decir, dicha vinculación
también fue de carácter nacional.

59. Lo anterior cobra mayor fuerza con lo señalado en la certificación del 27 de
septiembre de 2001 del jefe de división administrativa de personal docente de la
Secretaría Distrital de Educación Cultura y Deporte de Barranquilla, según la cual
Margui Estela fue nombrada maestra de práctica docente a través de la Resolución
02785 del 14 de abril de 1987. En ese documento se indicó que «el nombramiento es
de carácter NACIONAL».

60. En la misma línea se encuentra el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla del 8 de septiembre
de 2017, según el cual la accionante laboró en calidad de docente en provisionalidad,
con vinculación del orden nacional, en virtud de la Resolución 02785 del 14 de abril
de 1987 en la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, desde el 8 de mayo
de 1987 hasta el 8 de septiembre de 2017, fecha de expedición de ese certificado,
para un total de 29 años, 22 días y 4 meses.

61. Ahora, según el formato único para la expedición de certificado de historia
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laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla del 3 de abril de 2018, la parte
accionada prestó sus servicios de forma continua, así: desde el 24 de septiembre de
1980 hasta el 7 de mayo de 1987, en virtud de la Resolución 14777 del 22 de agosto
de 1980 -que la nombró maestra en la Anexa a la Normal Nacional de Señoritas del
departamento del Magdalena, y del 8 de mayo de 1987 hasta el 29 de septiembre de
2016, por mandato de la Resolución 2785 del 14 de abril 1987 -a través de la cual fue
trasladada a la Normal Nacional para Varones del departamento del Atlántico-, dichas
resoluciones emanadas, como se vio párrafos atrás, por el Ministerio de Educación
Nacional.

62. En ese orden, para la Sala no hay duda que, en este caso, la demandada
prácticamente prestó sus servicios durante la mayor parte de su vida laboral por
nombramientos efectuados por el Ministerio de Educación Nacional, es decir, por
designación del gobierno Nacional, conforme al artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, lo
que indica que su vinculación fue del mismo orden, lo que lleva a concluir que no
contaba con 20 años de servicio en la docencia con carácter territorial o nacionalizado,
como lo exigen las normas que rigen la pensión gracia para poder tener derecho a
ella.

63. En consecuencia, para la Sala es claro que el acto acusado, por medio del cual
se dio cumplimiento a un fallo de tutela, no está acorde con el ordenamiento jurídico,
razón por la que se revocará la sentencia de primera instancia.

64. De otra parte, tratándose de casos donde se discuten prestaciones periódicas,
y, principalmente, cuando la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la
devolución de sumas de dineros pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de
cualificar la manera en que ello es posible.

65. Al respecto, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 201127,
dispone que:

«La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
(…).»

66. Expresamente, consagra el legislador que en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe; ello guardando correspondencia con lo que se
había dispuesto en el artículo 136 del Decreto 01 de 198428, y principalmente con la

27 CPACA.
28 CCA

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presunción contenida en el artículo 83 de la Constitución Política.
67. Así las cosas, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y
de las autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio del derecho de petición para
solicitar un derecho de naturaleza prestacional, e inclusive la presentación de la
acción de tutela en defensa de un derecho fundamental, aun cuando para la
controversia estén previstos los mecanismos ordinarios, pues en todo caso, será el
juez constitucional quien determine su procedencia, su idoneidad y la protección
definitiva o transitoria de los derechos vulnerados.

68. En tal virtud, en orden de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad
pública demandante debe centrar su esfuerzo procesal en demostrar no solo la
ilegalidad de la reliquidación pensional ordenada por el juez de tutela, sino también,
que la obtención de tal derecho por parte de la accionada se hizo con desconocimiento
de los postulados de la buena fe, que como hemos precisado son presumibles.

69. En otros términos, tratándose del ejercicio del referido medio de control contra
actos que versan sobre prestaciones periódicas, no opera de forma automática el
consecuencial restablecimiento del derecho, que permite retrotraer las cosas al estado
anterior, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe en cuanto a la
consecución del derecho inicialmente obtenido.

70. Descendiendo al caso concreto y valorando los medios de prueba que fueron
aducidos de manera regular al proceso, no encuentra la Sala que la accionada en
ejercicio del derecho de acción, que es legítimo, haya actuado de mala fe frente a
CAJANAL para el reconocimiento de la pensión gracia.

71. En este contexto, llama la atención de la Sala la ausencia de elementos
indicativos provenientes del extremo pasivo de la litis, que permitan inferir o al menos
suponer que, en efecto, la administrada actuó de mala fe en el curso del proceso
administrativo para hacerse al derecho pensional o en el trámite de la acción de tutela.

72. Con fundamento en lo anterior, se negará el restablecimiento del derecho.

3.5.2. De la condena en costas

73. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario29 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
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Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

3.6. Conclusión

74. La Sala concluye que el acto acusado no está acorde con el ordenamiento
jurídico, pues el requisito de los 20 años de servicio en plazas territoriales y
nacionalizadas no se cumplió. No obstante, no hay lugar a ordenar la devolución de
las sumas pagadas con ocasión de aquellos, en la medida que no se acreditó que la
demandada las haya obtenido de mala fe. Finalmente, tampoco se advierte del
análisis de la conducta de la parte vencida, razón alguna para condenarla en costas.

75. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el
24 de febrero de 2023, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se
dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 16208 del 10 de abril de 2006, por
medio de la cual CAJANAL reconoció la pensión gracia en favor de la señora Margui
Estela Castellar de Rojas.

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. Sin condena en costas.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandante: UGPP
Demandada: Margui Estela Castellar de Rojas

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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