Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05047-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05047-00
Accionante: MARGUI ESTELA CASTELLAR DE ROJAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. La accionante pretende reabrir el debate probatorio y jurídico
atendido por el juez natural respecto de la naturaleza de su vinculación laboral como
docente, utilizando este mecanismo constitucional como una tercera instancia para
modificar la decisión que le fue desfavorable.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 1° de julio de 2026, la señora Margui Estela Castellar de Rojas, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de vida digna, de seguridad
social, de igualdad, de acceso efectivo a la administración de justicia y de protección
reforzada como persona adulta mayor1, los cuales considera vulnerados por la sentencia
del 16 de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-
000-2015-00499-01, que revocó el fallo apelado.
Hechos relevantes
3. La señora Castellar de Rojas prestó sus servicios como docente desde el 22 de marzo
de 1979 hasta el 29 de septiembre de 2016, mediante tres vinculaciones: i) Decreto 289
de 1979, del 22 de marzo de 1979 al 23 de septiembre de 1980; ii) Resolución 14777 de
1980, del 24 de septiembre de 1980 al 7 de mayo de 1987; y iii) Resolución 02785 de
1987, del 8 de mayo de 1987 al 29 de septiembre de 2016.
1 También consideró vulnerados los principios de buena fe y confianza legítima.
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4. Por lo anterior, en el 2002 solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL)
el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, la entidad se negó tras considerar
que no demostró el tiempo de servicio de 20 años de docencia. Ante ello, presentó acción
de tutela y, mediante fallo del 24 de febrero de 2005, el Juzgado Séptimo Laboral de
Cartagena amparó sus derechos fundamentales y ordenó a CAJANAL expedir los actos
administrativos de reconocimiento de dicha pensión, así como el pago del retroactivo
pensional con sus respectivos intereses moratorios. En consecuencia, CAJANAL expidió
la Resolución 16208 del 10 de abril de 2006.
5. En el 2015, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante UGPP) solicitó la nulidad de
dicha resolución con el argumento de que la vinculación de la señora Margui Estela
Castellar de Rojas era de carácter nacional, por lo que no se debió reconocer dicha
pensión, además solicitó el reintegro de las sumas de dinero canceladas. La demanda se
repartió al Tribunal Administrativo del Atlántico bajo el radicado 08001-23-33-000-2015-
00499-00.
6. A través de sentencia del 24 de febrero de 2023, se negaron las pretensiones de la
demanda porque la señora Castellar de Rojas laboró como docente al servicio del
Departamento de Magdalena y del Distrito de Barranquilla por veintinueve años, seis
meses y veintiún días, con vinculaciones de carácter departamental y distrital – situado
fiscal2, por lo que cumplió los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia.
7. La UGPP apeló. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
revocó el fallo y, en su lugar, declaró la nulidad de la Resolución dado que no se cumplió
el requisito de los 20 años de servicio en plazas territoriales y nacionalizadas; no
obstante, determinó que no había lugar a ordenar la devolución de las sumas pagadas
ya que no se acreditó que la señora Castellar de Rojas las hubiera obtenido de mala fe.
Pretensiones
8. La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales, dejar sin
efectos la sentencia del 16 de abril de 2026 y ordenar al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que dicte una nueva decisión de reemplazo en la que valore
integralmente el acervo probatorio y aplique el precedente constitucional y contencioso
administrativo, especialmente en lo relacionado a la naturaleza de la plaza docente
ocupada.
Fundamentos de la demanda de tutela
9. Luego de referir que la acción de tutela cumple todos los requisitos generales de
procedibilidad para efectos de cuestionar una providencia judicial, señaló que la
sentencia del 16 de abril de 2026 adolece de los siguientes defectos:
2 El Tribunal determinó que la única vinculación de carácter estrictamente nacional correspondió al periodo
comprendido entre el 24 de septiembre de 1980 y el 7 de mayo de 1987. Asimismo, concluyó que la
vinculación desarrollada entre el 22 de marzo de 1979 y 23 de septiembre de 1980 tuvo naturaleza
territorial, mientras que la comprendida entre el 8 de mayo de 1987 y el 29 de septiembre de 2016
correspondió a una vinculación nacional financiada con recursos del situado fiscal. Respecto a esta última,
precisó que, al tratarse de una vinculación territorial cofinanciada, conserva su naturaleza territorial para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
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10. Fáctico. Valoró indebidamente las pruebas allegadas sobre la naturaleza de la
vinculación de la docente, pues le dio un valor determinante a la autoridad que expidió
los actos de nombramiento y las certificaciones que la calificaban como nacional, sin
analizar la naturaleza real de la plaza (nacional o territorial).
11. Sustantivo. Aplicó de manera incompleta y formalista la Ley 91 de 1989 porque no
basta con analizar si el acto administrativo fue proferido por el Ministerio, sino que se
debió identificar si se trataba de una plaza nacional o nacionalizada.
12. Desconocimiento del precedente. En dos aspectos. Primero, respecto de la SUJ-
11-S2 de 21 de junio de 2018 del Consejo de Estado pues, si bien fue citada, no fue
aplicada dado que no es correcto inferir que el docente territorial o nacionalizado se
convierte en nacional únicamente porque el acto administrativo de vinculación intervino
el Ministerio de Educación, por el origen nacional de los recursos o por la forma de
financiación del sector educativo; más bien se debe acreditar la naturaleza de la plaza
ocupada.
13. Segundo, en cuanto a la SU-014 de 2020 de la Corte Constitucional, la cual advirtió
la necesidad de valorar integralmente el régimen jurídico de la educación oficial, la historia
laboral del docente y la naturaleza de la plaza, especialmente cuando la decisión puede
afectar derechos fundamentales de una prestación pensional.
14. Violación directa de la Constitución. Por vulnerar las siguientes garantías
constitucionales: i) al debido proceso, pues no valoró integralmente el acervo probatorio
ni aplicó adecuadamente las reglas jurisprudenciales sobre pensión gracia, ii) a la
seguridad social, al privar a una persona mayor de una prestación periódica reconocida
desde 2006; iii) al mínimo vital y a la vida digna, ya que la sentencia tiene efectos directos
sobre la subsistencia de la accionante; iv) a la confianza legítima y a la buena fe, dado
que la Resolución declarada nula fue expedida en cumplimiento de un fallo de tutela, se
pagó durante años y la propia sentencia reconoció que no hubo mala fe de la accionante;
y v) de acceso a la administración de justicia, al citar un precedente que no aplicó, lo que
frustró la protección real de sus derechos fundamentales.
15. Finalmente, indicó que la accionante es una adulta mayor que ha construido su
estabilidad económica alrededor de una prestación económica previamente reconocida
por el Estado.
Trámite en primera instancia
16. Mediante auto del 7 de julio de 2026, el despacho sustanciador del proceso admitió
la acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 3 y
vinculó en calidad de tercero con interés, a la UGPP, y ordenó notificar, en calidad de
vinculados, al Tribunal Administrativo del Atlántico, al Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional (FOPEP), al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), al Ministerio de Educación Nacional, a la Secretaría de Educación Distrital de
Barranquilla y a la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena.
3 SAMAI, índice 4 del expediente.
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Intervenciones
17. El Consorcio FOPEP 20224 solicitó su desvinculación a la acción de tutela dado que
no hizo parte de los procesos en los que participó la accionante.
18. La Fiduciaria La Previsora S.A.5 indicó que no existe nexo de causalidad entre la
entidad y la omisión, acción o amenaza de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo que la solicitud de amparo es improcedente por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
19. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado6, a través de la
magistrada ponente de la decisión cuestionada, adujo que el mecanismo constitucional
no está encaminado a corregir una actuación arbitraria o una omisión judicial, sino que
pretende reabrir un debate probatorio resuelto, así que el amparo se convertiría en una
tercera instancia. Además, explicó que la sentencia recurrida analizó de manera
diferenciada y singular los tres periodos en que la accionante prestó sus servicios como
docente y no adolece de ninguno de los defectos descritos.
20. Finalmente, indicó que el hecho de que el acto administrativo que reconoció la
pensión gracia se profirió en virtud de una acción de tutela no significa que el juez natural
de la causa este impedido de revisar su legalidad.
21. La UGPP7 pidió que se declare la improcedencia del amparo al no cumplir el requisito
de perjuicio irremediable ni los de inmediatez y subsidiariedad; respecto de este último,
señaló que la accionante puede ejercer el recurso extraordinario de revisión. A su vez,
no se configuró una vía de hecho, en tanto la sentencia está ajustada a derecho.
22. La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico8 allegó copia
digitalizada del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-
23-33-000-2015-00449-00.
23. El Ministerio de Educación9 indicó que la controversia es de naturaleza
estrictamente económica, lo cual excede la competencia del juez de tutela por carecer de
relevancia constitucional. Además, no se evidenció vulneración alguna de derechos
fundamentales.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
24. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de
4 SAMAI, índice 9 del expediente.
5 SAMAI, índice 10 del expediente. Documento con certificado 92EE2C45FB2D123F 2C8EBFEE31264200
E01B88994731555C E3112AF0DBFECDE7.
6 SAMAI, índice 11 del expediente.
7 SAMAI, índice 12 del expediente. Documento con certificado 3705F90EABD0CC57 89C653952B2398BF
E01EE9BB9D0A916F 7EFCEBD982BD4106.
8 SAMAI, índice 13 del expediente.
9 SAMAI, índices 15 y 16 del expediente.
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Accionante: Margui Estela Castellar de Rojas
la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 201910.
Problema jurídico y metodología de la decisión
25. La Sala establecerá si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, se determinará si la
autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados y si, por consiguiente,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de vida digna, de
seguridad social, de igualdad, de acceso efectivo a la administración de justicia y de
protección reforzada como persona adulta mayor de la señora Margui Estela Castellar de
Rojas.
Análisis de la Sala
26. Legitimación en la causa. La señora Margui Estela Castellar de Rojas. se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, al ser la titular de los derechos que
considera vulnerados, en su condición de demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 08001-23-33-000-2015-00449-00/01, en el marco del cual
se adoptó la decisión cuestionada.
27. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue la autoridad judicial que
profirió la sentencia del 16 de abril de 2026, a la que la parte actora atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales.
28. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda vez que
la providencia cuestionada fue proferida el 16 de abril de 2026 y notificada el 5 de mayo
del mismo año, y la solicitud de amparo se presentó el 1° de julio de 2026, término
razonable.
29. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.
30. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado, pues
se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.
31. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional para
discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces
naturales11. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la
arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos entre las
secciones”.
11 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional tiene
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos
fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
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32. Los argumentos expuestos por la actora no evidencian la vulneración de una garantía
fundamental, sino su inconformidad con las conclusiones fácticas y jurídicas a las que
arribó la autoridad judicial demandada.
33. Insiste en que la accionada incurrió en un defecto fáctico por realizar una valoración
probatoria indebida; sustantivo al aplicar la Ley 91 de 1989 de manera formalista,
desconocimiento del precedente fijado en la SUJ-11-S2 de 2018 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la SU-014 de 2020 de la Corte Constitucional; y violación directa
de la Constitución.
34. Sin embargo, la Sala considera que el razonamiento realizado por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado no es caprichoso ni arbitrario, y el solo
hecho de que la interesada no comparta la tesis acogida en la sentencia censurada no
la invalida.
35. En la sentencia cuestionada, la Subsección explicó con claridad que, conforme a la
jurisprudencia, especialmente la sentencia unificadora SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018,
se determinó que los recursos transferidos por la Nación a los fondos educativos
regionales, al ingresar a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales de modo que la intervención en el nombramiento de delegado del Ministerio
de Educación no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado otorgado por la
ley. Además, la prueba de la calidad del docente territorial se extrae de los actos
administrativos donde coste dicho vínculo y se pueda establecer que la plaza a ocupar
sea la que el legislador ha previsto como territorial o, en su defecto, se puede acreditar
con la respectiva certificación de la autoridad nominadora.
36. Al realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiaria
de la pensión de gracia indicó que, si bien la señora Castellar de Rojas cumplía con la
edad ya que obtuvo 50 años el 6 de septiembre de 2001, no cumplía con la naturaleza
territorial de la vinculación, dado que, de conformidad con las pruebas allegadas al
proceso, prestó sus servicios durante la mayor parte de su vida laboral por
nombramientos efectuados por el Ministerio de Educación, es decir, por designación del
gobierno nacional, por lo que su vinculación fue del mismo orden. Por ende, no cuenta
con los 20 años de servicio en la docencia con carácter territorial o nacionalizado exigido
por la ley.
37. Ello se demostró con las pruebas documentales allegadas al proceso. En primer
lugar, la señora Margui Castellar de Rojas fue nombrada directora seccional de la Escuela
Anexa a la Normal de Señoritas de Santa Marta por parte de una autoridad territorial
(gobernador del departamento del Magdalena), lo cual se ratifica con la constancia del
29 de octubre de 2001, expedida por la Secretaría de Gestión Administrativa Integral del
departamento de Magdalena. Así pues, dicha vinculación se catalogó como territorial.
38. En segundo lugar, el acta de posesión del 24 de septiembre de 1980 consignó que
se presentó ese día al despacho del jefe de personal del departamento del Magdalena a
fin de tomar posesión del cargo de maestra de práctica docente en la Escuela Anexa a la
Normal de Señoritas, en razón a su nombramiento mediante la Resolución 14777 del 22
de agosto de 1980 dictada por El Ministerio de Educación Nacional; por ende, dicha
vinculación fue de carácter nacional.
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39. Finalmente, el 8 de mayo de 1987 se posesionó como docente en propiedad en
audiencia pública ante el alcalde municipal de Barranquilla y el secretario de gobierno.
Dicho nombramiento también emanó del Ministerio de Educación Nacional (Resolución
02785 del 14 de abril de 1987), por lo que esa vinculación también fue de carácter
nacional. Ello lo confirmó la certificación del 27 de septiembre de 2001, proferida por el
jefe de división administrativa de personal docente de la Secretaría Distrital de Educación,
Cultura y Deporte de Barranquilla, pues en dicho documento se indicó expresamente el
carácter nacional del nombramiento.
40. Asimismo, el certificado de historia laboral emitido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla
el 8 de septiembre de 2017, indicó que la accionante laboró con vinculación del orden
nacional desde el 8 de mayo de 1987 hasta el 8 de septiembre de 2017 (fecha en la que
expidió el certificado).
41. A su vez, otro certificado de historia laboral proferido por el FOMAG – Secretaría
Distrital de Educación de Barranquilla el 3 de abril de 2018 determinó que la accionante
prestó sus servicios de forma continua (desde el 24 de septiembre de 1980 hasta el 7 de
mayo de 1987 y del 8 de mayo de 1987 hasta el 29 de septiembre de 2016), nombrada
mediante resoluciones del Ministerio de Educación.
42. De conformidad con dichos documentos, para la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no hubo duda de que los nombramientos de la señora
Castellar de Rojas fueron, en su mayor parte, efectuados por el Ministerio de Educación,
lo que indica que su vinculación pertenecía a ese mismo orden.
43. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, el juez natural efectuó un
análisis integral y razonado del acervo probatorio, así como de la normativa y la
jurisprudencia aplicable. En efecto, la autoridad judicial accionada explicó de manera
acertada las razones por las cuales se encontró probado el carácter nacional de gran
parte de su vinculación, de modo que no cumplía con los 20 años en la docencia de
orden territorial o nacionalizado.
44. Finalmente, indicó la accionante que es una persona adulta mayor – sujeto de
especial protección constitucional – que construyó su estabilidad económica alrededor
de una prestación reconocida por el Estado. Sin embargo, no se demostró la afectación
del mínimo vital de la accionante, por el contrario, dentro del material probatorio del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se constató que la señora Castellar
de Rojas es beneficiaria de la pensión de jubilación12, motivo por el cual no es de recibo
dicho argumento, para considerar la intervención del juez constitucional.
45. En suma, la controversia planteada por la señora Margui Estela Castellar de Rojas,
con fundamento en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, busca en realidad convertir la tutela en una tercera
instancia. La discusión se reduce a un simple desacuerdo sobre la valoración probatoria
12 Resolución 01950 de 2018, la cual dispuso la reliquidación pensional a su favor a partir del 29 de noviembre de
2016.
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Accionante: Margui Estela Castellar de Rojas
y jurídica que realizó la Subsección demandada, por lo que el caso carece de relevancia
constitucional e impide al juez de tutela intervenir en lo que es propio de la autonomía
judicial.
46. Conforme a lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la señora Margui Estela Castellar de Rojas, por incumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la
señora Margui Estela Castellar de Rojas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
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