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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90106-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90106-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia del 20 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora JA NNETT VIRGINIA ARTUZ DE SIADO contra el MUNICIPIO DE SOL EDAD (Atlántico ). SEGUNDO: SIN CONDENA E N COS TAS de segunda instancia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecut oriada esta provide ncia devolver e l expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-90106-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veint idós (2022).

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 08001233300020159010601 (3821 -2021)
Demandante: JANNETT VIRGI NI A ARTUZ DE SIAD O
Demandado: MUNI CIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTI CO

Tema: Sanción por mora en la consignación de las
cesantías anualizadas. Afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro. Intereses moratorios.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA . LEY 1437 DE 2011.

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 20 de noviembre de 2020 , por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

La señora Jannett Virginia Artuz de Siado , en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las
siguientes:

1 Folios 22 a 31 y escrito de subsanación 50 a 53.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001233300020159010601 (3821-2021)
Demandante: JANNETT VIRGINIA ARTUZ DE SIADO

Pretensiones

Declarar la nulida d del acto ficto o presunto producto del silencio
del Municip io de S oledad ante la petición administrativa elevada el
27 de noviembre de 2015, mediante la cual solicitó el pago de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesant ías
correspondientes a los años 2003 a 2010.

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, pidió se condene al Municipio de Soledad a (i) reconocer
la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996,
correspondiente a los años 2003 a 2010; (ii) indexar las sumas
adeudadas; (iii) re parar integralmente los perjuicios afrontados, de
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 ;(iv) actualizar el
valor de la condena con base en el I PC de acuerdo con el artícu lo
187 del CPACA y, (v) cumplir la sentencia.

1.2. Fundamentos fácticos relevantes

La actora relató q ue (i) presta sus servicios en el Municipio de
Soledad (Atlántico), en el cargo de secretaria adscrita a la
Secretaría de Educación Municipal; (ii) el 27 de noviembre de 201 5,
reclamó del ente demandado el reconocimiento y pago de la sanc ión
moratoria por el pago incompleto de las cesantías causadas en los
años 2003 a 2010 y (iii) no obtuvo re spuesta alguna por parte de la
administración.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La demandante invocó como disposiciones vulneradas las
siguientes: los art ículos 1, 13, 29, 53, 80, 90, 209 y 211 de la
Constitución Política; 138, 152, 162, 166 y siguientes del CPACA;
13 de la Ley 1385 de 2009 y 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990;
la Ley 344 de 1996; el Decreto Reglamentario 1 716 de 2009 y el
Decreto 2582 de 1998 .

–CPACA–

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Demandante: JANNETT VIRGINIA ARTUZ DE SIADO

Al desarrollar el c oncepto de la viol ación afirmó que el municipio
de Soledad (Atlántico) incurrió en mora por el pago parcial de las
cesantías causadas desde el 14 de febrero de 2004 y hasta que se
verifique el pago de lo que fue reconocido a través de la Resolución
451 de 2014. De ahí que tiene derecho a la sanción moratoria
generada en cada uno de los períodos en los que se consignó de
manera parcial las cesantías correspondientes a los años 2003 a
2010.

Que el (i) desconocimiento de la entidad de las normas
constitucionales y legales, y la jurisp rudencia rectora y , (ii) el no
pago de la sanción moratoria, vulneran sus derechos adquiridos y
los principios que salvaguardan prerrogativas irrenuncia bles.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Municipio Soled ad no contestó la demandada según consta en el
informe secretarial obrante a folio 75.

3. AUDIENCI A INI CIAL 3

El 16 de febrero de 2016 , el Tribunal Administrativo del Atlántico
celebró audiencia inicial en la que evidenció que (i) no existe
ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere nulidad,
(ii) no hay excepciones previas pendientes por resolver y (iii) e l
litigio se puede delimitar , en los siguientes términos:

«[ …] va dir igido a det er m inar si hay lugar o no a declar ar la nulida d
del act o f ict o o pr esunt o por la no r espuest a a la pet ición pr ese nt ada
ant e el M unicipio de Soleda d , y si de haber m ér it o par a la anulació n
del m is m o la señor a Jannet t Vir ginia Ar t uz de Siado t iene der echo
al r econoc im ient o y pago de la sanc ión m or at or ia cont em plada en
la Ley 344 de 199 6, por la no cons i gnación com p let a de sus
cesant í as r eliqu ida d as al f ondo a dm inist r a dor en que se enc ont r ar e
af ili ada, cor r espondi ent es a los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010. »

3 Folios 85 a 87.

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SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 4

Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2020 , el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda, así:

Encontró probado que la accionante se encuentra afilia da al Fondo
Nacional del Ahorro (FNA ), por lo que es beneficiaria d el régimen
de liquidación de cesantías previsto en la L ey 432 de 1998 .

Con fundamento en ello, concluyó que no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , aplicable por remisión expresa del
artículo 13 de la Ley 344 de 1996 . Puntualizó que en caso de
tardanza en la consignación d e las cesantías para quienes están
afiliados al FNA, e l legislador previó que lo que surge es el derecho
a favor del fondo de cobrar al empleador los intereses moratorios
de que trata el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.

Adicionalmente , señaló que no se encuentra prevista en norma
alguna, la sanción moratoria por pagos tardíos en la nivelación
salarial.

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 5

La demandante solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, en la medida
en que tiene pleno derecho al pago de la sanción moratoria
deprecada por (i) ser se rvidora pú blica con posterio ridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996; (ii) encontrarse
vinculada a un fondo de cesantías y (iii) afrontar e l p ago de sus
cesantías por fuera de los términos de ley.

Adujo que el FNA, al igual que los demás fondos privados, tiene la

4 Folios 174 a 178 Vto.
5 Folios 188 a 196.

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función de administrar las cesantías ; de ahí que el fondo es uno sin
importar en cual se afilie el empleado y así lo indicó e l De creto 1252
de 2000.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defe nsa
Jurídica del Estado , guardaron silencio según se verifica en el
aplicativo SAMAI .

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 7 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por l a apelante.

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…] »
7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El j uez de segunda

instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sen tencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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2. Problema jurídico

De acuerdo con el objeto del recurso de apelación, le corresponde
a la Sala determinar:

➢ ¿si la señora Jannett Virginia Artuz de Siado tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria producto de la
inoportuna consignación de las cesantías causadas durante
los años 2003 a 2010, en el Fondo Nacional de Ahorro al que
se encue ntra afiliada?

Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: i) Del régimen de cesantías anualizadas y sanción
por mora y, ii) análisis del caso concreto.

3. Marco normativ o y jurisprudenci al

3.1. Del régimen de cesantías anualizadas y sanción por mora .

El auxilio de cesantías en principio fue contemplado como un
derecho en favor de los trabajadores del sector privado a través de
la Ley 10 de 1934, otorgándole un carácter indemnizatorio que
operaba por el despido que no fuere originado en mala conducta o
por incumplimiento del contrato; y en virtud de la Ley 6 de 1945, se
extendió a los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente.

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dicta n algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisd icción especial de trabajo», en el artículo 12,
literal f ), estableció , a favor de los trabajadores oficiales, el derecho
al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año
de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el
artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se
reconocería con destino a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.

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El Decre to 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su
artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como
base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo d evengado en los últimos 12 meses o en todo el
tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de
Ahorro –FNA–, y dentro de los objetivos para la administración de
sus recursos, fijó los siguientes: « pagar oportunamente el auxilio
de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales »8, y
«proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria »9; con tales
finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y tra bajadores oficiales al servicio de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superin tendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales
del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo,
en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales
afiliados a ella.

Con lo previsto e n los artículos 27 , 28 y 33 ibidem , empezó el
llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías»,
pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los
empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y
la liquidación defin itiva por la porción de tiempo laborada durante
el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales
del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el
saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 « por el cual se reorganiza el Fondo
Nacional de Ahorro , se transforma su naturaleza jurídica y se dictan

8 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
9 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

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otras disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera
eficiente, las cesa ntías 10, y, dentro de sus funciones, las de recaudo
y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual qu e la protección
contra la pérdida de su valor adquisitivo 11. Además, en los artículos
11 y 12 ibidem, fijó a favor de sus afiliados un monto por concepto
de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder
adquisitivo del auxilio de cesantías dep ositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.

En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término
de ley, las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro,
el artículo 6º ibidem estableció lo siguiente:

«Art í cul o 6 12. - Tr asf er encia de ces ant í as de ser vi dor es
públ icos. En la f echa est abl ecida para ef ect uar l as
consi gnaci ones d e l os aport es a los si st emas general de
pensi ones y de seguri dad soci al en sal ud, l as enti dades
públ i cas empl eado ras deberán t ransf eri r al Fondo N aci onal de
Ahorro una do ceav a part e de l os f act ores de sal ari os qu e sean
base para l i qui dar l as cesant í as, devengado s en el mes
i nmedi at ament e ant eri or para l os servi dores públ i cos af i li ados.
El i ncumpl i mi ent o de la obl i gaci ón aquí est abl eci da dará
derecho al Fond o para cobrar a su f avor i nt ereses morat ori os
mensual es, equi val ent es al dobl e i nt erés bancari o corri ent e
cert i f i cado por l a Superi nt endenci a Bancari a, sobre l as sumas
respect i vas para t odo el t i empo de l a mora.

Mensua lm ent e, las ent idades pública s em pleador as enviar án al
Fondo Nac iona l de Ahor r o una cer t if icación que cont enga el valo r
t ot al de los f act or es salar ia les qu e cons t it uyan base par a li quidar
cesant í as, devengados en el m es inm ediat am ent e ant er ior .

10 A r t í c u l o
2 del Decreto 432 de 1998.
11 A r t í c u l o
3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
12 L a n o r m a e n c i t a f u e m o d i f i c a d a p o r e l a r t í c u l o 1 9 3 d e l D e c r e t o 0 1 9 d e 2 0 1 2 ;

no obstante, tal disposición es posterior a los años en que se causaron a favor
del demandante las cesantías que fueron consignadas tardíamente, por lo que
no procede su aplicación.

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Los f uncionar ios com pet ent es de las ent i dades públ icas
em pleador as, que sin just a causa no hagan opor t unam ent e las
consignac iones de l os apor t es m ensuale s o el enví o de los repor t es
anuales de cesant í as debidam ent e dil igenc iados, incur r ir án en
causal de m ala co nduct a que ser á sancionad a con ar r e glo a l
r égim en discip li nar i o vigent e. » ( Se r esalt a) .

En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual
se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público,
se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras
disposiciones», dio un paso adicional encaminado a ampliar la
cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías
para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su
artículo 13, lo siguiente:

«Art í cul o 13. - Sin per juic io de los der echos convenciona le s, y lo
est ipulad o en la L ey 91 de 1989, a part i r de l a publ i caci ón de l a
present e Ley, l as personas que se v i ncul en a l os Ó rganos y
Ent i dades del Est ado t endrán el si gui ent e régi men de
cesant í as :
a) El 31 de di ciem bre de cada año se har á la liquid ación de f init iv a
de cesant í as por la anual idad o por la f r acción cor r espondi e nt e, sin
per juic io de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación de la r el ación lab or al;
b) Les serán apl i cabl es l as demás n ormas l egal es v i gent es
sobre cesant í as, cor r espondient es al ór gano o ent idad al cual se
vincul en que no sean cont rari as a l o dispuest o en el li t eral a) del
present e art í cul o. » ( negr ill a de la Sa la) .

La norma vigente a la fecha de expedición de la previam ente citada,
que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de
1990, en cuyo artículo 99 consagró:

«Art í cul o 99. - El nuevo r égim en especial de auxilio de cesant í a,
t endr á las siguie nt es car act er í st icas:
1. El 31 de dici em br e de cada año se har á la liq uidac ión de f init iv a
de cesant í a, por la anual idad o por la f r acción cor r espondie n t e, sin

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per juic io de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación del cont r at o de t r abajo.
2. El em plead or canc elar á a l t r abajado r los int er eses l ega les de l
12% anual o pr opor ciona les por f r acción, en los t érm inos de las
nor m as vigent es sobr e el r égim en t r adicio nal de cesant í a, con
r espect o a la sum a causada en el añ o o en la f r acción que se l iqui de
def init ivam ent e .
3. El valor l iqu idado por concept o de ce sant í a se consignar á ant es
del 15 d e f ebr er o de l año s igu ient e, en c uent a ind ivid ual a n om br e
del t r abajador en el f ondo de cesant í a que el m ism o eli ja. El
em pleador que incu m pla el plazo seña l ado deber á pagar un dí a de
salar io por cada r et ar do.
4. Si al t ér m ino de la r elación labor al ex ist ier en saldos de cesant í a
a f avor del t r abajad or que no hayan sid o ent r egados al Fon do, el
em pleador se los pagar á dir ect am ent e con los int er eses lega les
r espect ivos. »

Finalmen te, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998
reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432
de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto
de la liquidación an ual del auxilio de cesantías de quienes se afili en
a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y
104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional
de Ahorro, la Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y siguientes. Así
lo determinó:

«A rt í cul o 1º . - El Régim en de liqu idac ión y pago de las cesant í as de
los ser vidor es públ i cos del nivel t er r it or ial y vincu lados a par t ir del
31 de diciem br e de 1996 que se af il ie n a los f ondos pr iv ados de
cesant í as, ser á el pr evist o en los ar t í culos 99, 102, 104 y dem ás
nor m as concor dant es de la Ley 50 de 1990; y el de l os servidores
públ i cos del mi smo ni vel que se af ili en al Fondo Naci onal de
A horro será el establ eci do en el artícul o 5 y demás normas
pert i nent es de l a Ley 432 de 1998. » (Se r esalt a) .

No obstante, para aquellos empleados que venían con una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a

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regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el
régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en
normas a nteriores 13.

4. Caso concreto

4.1 De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se
puede establecer lo siguiente:

a. La demandante presta sus servicios como secretaria adscrita
a la Secretaría de Educación Municipal de Soledad
(Atlántico) 14, cargo en el cual fue designada «Mediante
Resolución 0990 del 4 de julio de 1970 , posesionada el 0 1 de
mayo de 1970 (sic)»

b. Mediante la Resolución 451 de 30 de julio de 2014 15, el
Municipio de Soledad (Atlántico) ordenó el reconocimiento y
pago de valores retroactivos por concepto de homologación y
nivelación salaria l del personal educativo.

c. De acuerdo con la respuesta enviada por el Fondo Nacional
del Ahorro 16, se consolidaron aportes de cesantías por parte
de la Secretarí a de Educación del Municipio de Soledad,
registrada desde 1999. Igualmente, allegó el extracto
individual corresp ondiente a las vigencias fiscales 1999 a
2016 en las cuantías y fechas señaladas en el mismo, «en los
cuales se puede evidenciar en detalle el movimiento de las
mismas, como consolidación, pago in tereses, pago del factor
de protección, retiros […] y traslado d e vigencias anteriores.»

De acuerdo con el extracto adosado por el FNA se observa lo
siguiente respecto al pago de las cesantías:

13 E s d e c i r , e l s i s t e m a d e l i q u i d a c i ó n r e t r o a c t i v a , c o n s a g r a d o e n
Ley 6 de 1945,
el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
14 F o l i o 1 3 e n c o n c o r d a n c i a c o n e l 1 0 6 .
15 F o l i o s 1 4 a 1 9 .
16 F o l i o s 1 3 1 a 1 3 7 .

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: JANNETT VIRGINIA ARTUZ DE SIADO

FECHA DESCRIPCIÓN AÑO REPORTE ABONO
20/03/2007 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2003 576.390
20/03/2007 PAGO DE INTERESES 2003 597.573
16/04/2007 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2004 765.065
16/04/2007 PAGO DE INTERESES 2004 27.182
28/08/2007 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2005 876.818
05/12/2007 PAGO DE INTERESES 2005 27.158
22/08/2008 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2006 940.164
22/08/2008 PAGO DE INTERESES 2006 25.750
18/12/2008 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2007 983.424
18/12/2008 PAGO DE INTERESES 2007 32.815
25/09/2008 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2008 940.164
24/06/2010 TRASLADO DE VIGENCIAS 2010 (sic) 1.881.147
ANTERIORES
25/06/2010 TRASLADO DE VIGENCIAS 2010 (sic) 280.149
ANTERIORES
25/04/2011 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2010 1.389.323
25/04/2011 PAGO DE INTERESES 2010 22.149

d. El 27 de noviembre de 2015 17, la accionante formuló
reclamación ante el Alcalde Municipal de Soledad (Atlántico),
en la que solicitó el pago de la in demnización o sanción
moratoria por el no giro oportuno de la totalidad de las
cesantías correspondientes a los años 2003 a 20 10, en el
fondo al cual se encuentra afiliada, de acuerdo con lo
estipulado en la Ley 344 de 1996 , ya que « dichas cesantías
solamente fueron giradas en su totalidad y reconocid as las
diferencias a t ravés de la Resolución 0451 de julio 30 de 2014
[… ]».

e. La entidad demandada no se pronunció respecto de la
solicitud incoada, por lo que se configuró el silencio
administrativo ficto de que trata el artículo 83 del CPACA.

f. Según comprobante de egreso 0071511004 18, la Alcaldía
Municipal de Soledad, Atlántico giró al Fondo Nacional del
Ahorro la suma de $110.326.109 por concepto de

17 F o l i o 12.
18 F o l i o 119.

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Demandante: JANNETT VIRGINIA ARTUZ DE SIADO

«RESTRUCTURA CIÓN DE PASIVOS. HOMOLOGACIÓN
CESANTÍAS LEY 5 50 MUNI CIPIO DE SOLEDAD» y a folio 118
se constata que a la demandante le corre spondió la suma de
$810.628 .

4.2. Análisis sustancial

4.2.1 ¿La señora Jannett Virginia Artuz De Siado tiene derecho
al reconocimiento de la sanción moratoria producto de la
inoportuna consignación de las cesantías causadas durante los
años 2003 a 2010, en el Fondo Nacional de Ahorro al que se
encuentra afiliada?

Ahora bien, a efecto de verificar si le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la indemnización por mora en la
consignación de sus cesantía s. Para establecer lo anterior, es
necesario manifestar que la jurisprudencia de esta Corporación ha
distinguido tres regímenes para la liquidación de las cesa ntías, así:
(i) e l de liquidació n con retroactivida d; (ii) el de liquida ción anual;
y (iii) el de los afiliados al Fondo Na cional del Ahorro. En torno a
estos últimos ha sostenido 19:

«Conf or m e a lo ant er ior , se t iene que f ue el m ism o decr et o el que
est ableció un r égim en dif er enciador de liquidac ión y pago del auxili o
de cesant í as de l os f uncionar ios qu e se af il ian a los f ondos
pr ivados, r espect o de los em plea dos p úblic os que se vinc ulen a l
Fondo Nac iona l d el Ahor r o, dif er en cia ést a que se just if ica
pr ecisam ent e por la f or m a en que se causa el der echo, así com o,
se cancela la pr est a ción por par t e de la ent idad em plead or a.

Fondo Naci onal del Ahorro:

➢ De conf or m idad con lo dispuest o en el ar t í culo 6 de la Ley
432 de 1998, las ent idades públic as em pleador as deber án t r ansf er ir

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de
julio de 2014, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), radicación número:
66001-23-33-000-2012-00127-01(3764-13).

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m ensualm ent e al F ondo Nac iona l del Ahor r o, por concept o de
apor t es una doceava par t e de los f act or es de salar io que sean base
par a liqu idar las ce sant í as, r ecibidos en el m es inm ediat am ent e
ant er ior , devengado s por los ser vid or es públ icos af i liad os. Dicho s
apor t es se t om a com o una pr ovisión de or den legal par a el pago de
las cesant í as de sus ser vidor es.

➢ Par a que se con vier t an en ces ant í as deben haber se
causado, lo que oc ur r e a 31 de dicie m br e de cada año, o a la
t er m inación de la r elaci ón labor a l, f echa par a la cual el Fondo
pr ocede a tr asladar a las cuent as indivi duales de cada uno de los
em pleados púb l icos af ili ados, los d iner os ap or t ados y r epor t ados
por est os concept os por part e de las ent idades públic a s, y a
r econocer y abonar en las cuent as los in t er eses sobr e las ce sant í as
y la pr ot ecció n cont r a la pér d ida d el va lo r adquis it ivo de la m oneda
que las m ism as hayan gener ado.

➢ El incum pl im ient o de la consignación m ensual de los apor t es
cor r espondient es a las doceavas par t es de los f act or es de salar io,
gener a int er eses m or at or ios m ensuales equiva lent es al do ble de l
int er és bancar io cor r ient e.

➢ La sanción pec uni ar ia por m or a es a f av or del Fondo
Nacion al de l Ahor r o.
[ …]
Teniend o en cuent a lo ant er ior , es evident e que exist en dos
r egí m enes con dist int os objet iv os soci ales, con una nat u r aleza
jur í dica d iver sa, est o es, pr ivada y Est at al, así com o un r égim en
lega l que los hace d if er ent es.
Com o se señaló e n consider ac iones pr ecedent es, f ue el cit ado
Decr et o 1582 el que expr esam ent e excluyó la aplicaci ón del ar t í culo
99 de la Ley 50 de 1 990 a los af il iados a l Fondo Nac iona l de l Ahor r o,
y solo consagr ó el benef icio ind em ni zat or io par a quienes se
vincul en a los f ondo s pr ivados.
Al r espect o, consider a la Sala que dicho ar gum ent o no se
com padece con la reali dad t eniendo en cuent a las cir cunstancias
que r odean cada u no de los r egí m enes señalados, est o es, el
anual izado de los f o ndos pr ivados cons a gr ado en la Ley 50 d e 1990,

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y el d e l Fondo Naci o nal de l Ahor r o cont e nido en la Ley 432 d e 1998,
com o se explicó en consider ac iones pr e cedent es.
Adic iona lm ent e, no exist e ningun a viol a ción al der echo a la i gualdad
com o lo af ir m a la r ecur r ent e, y que const it uye la t esis de l r ecur so,
t eniend o en c uent a que dicha v ulner a ción se pr esent a c uando a
diver sas per sonas que se encuent r en en sit uaciones sim il a r es se
les ot or ga un t r at o dif er ent e o discr im in at or io, hipót esis que no se
pr esent an en el sub - lit e. »

En el expediente está demostrado que la demandante es
beneficiaria del régimen de liquidación de cesantías previsto en la
Ley 432 de 1998, esto es, el que rige para los afiliados al FNA,
comoquiera que es ese el fondo que administra la prestación de la
accionante .

Bajo el anterior argumento, es forzoso concluir que no tiene
derecho al recon ocimiento y pago de la sanción moratoria
consagrada en el numeral 3, del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
aplicable por remisión expresa del artículo 13 de la Ley 344 de
1996, pues en caso de tar danza en la consignación de las cesantías
para quienes están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro , el
legislador previó que lo que surge es el derecho a favor del fondo,
de cobrar al empleador los interese s moratorios de que trata el
inciso 2º del artícu lo 6º de la Ley 432 de 1998. 20

Valga señalar que la previsión relativa al reconocimie nto de los
intereses moratorios aludidos fue objeto de estudio de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 21, en relación
con la sanción moratoria establecida para el régimen anualizado, a
la luz del derecho a la igualdad y al respecto, concluyó:

20 E n el mismo sentido la sentencia de 22 de febrero de 2018, radicado 27001
23 33 000 2013 00283-01 (3124-14), Actor: Carmen Mercedes Córdoba
Córdoba, Demandado: Departamento del Chocó. C.P. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS; sentencia de 24 de febrero de 2022, radicado
08001233300020150009801 (0432-2019), Accionante: Aracelli Judith Meriño
Garizabalo, Demandado: Municipio de Soledad – Atlántico. C.P. GABRIEL
VALBUENA HERNANDEZ.
21 S e n t e n c i a C - 6 2 5 d e 1 9 9 8 . M . P . A l f r e d o B e l t r á n S i e r r a .

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«El dem andant e co nsider a que est os ar t í culos consagr an una
sit uación que desf a vor ece a los af iliad os del Fondo Nacio na l de
Ahor r o f r ent e a las sociedades a dm i nist r ador as de f ondos de
cesant í a, pues, m ient r as, en est e últ im o caso, la sanción por m or a
en que incur r e el em pleador a l consig nar t ar dí am ent e las cesant í as
de su em pleado, cor r esponde a un dí a de salar io a f av or d el
t r abajador , en el caso de los af iliados al Fondo Nacion al de A hor r o,
la sanci ón es el do b le del int er és banca r io cor r ient e, y se causa a
f avor del Fondo y no del t r abajador .

La Cor t e consider a que el pr esent e exam en de const it ucionalid ad,
debe avocar se no so br e las cir cunst anci as secundar ias de l a sunt o,
sino sobr e lo que const it uye su nú cleo esenc ia l, es decir ,
det er m inar si las consecuenci as del m ism o hecho gener ador ,
pr esent a dif er encias sust anciales o no.

Par a t al ef ect o, se t iene que el hecho gener ador consist e en el
incum pl im ient o del em pleador de consignar opor t unam ent e las
cesant í as de sus t r abajador es.

En la ley 432 y en el Est at ut o Or gánico del Sist em a Financ i er o se
est ablecen sancio ne s dr ást icas par a dicho incum plim ie nt o, con el
pr opósit o de desest i m ular t al om isión.

La dif er encia se e nc uent r a en el m ont o de la sanc ión, es de cir , en
el aspect o pecuniar i o del t em a. Est e aspect o, no sólo cor r esponde
a un asunt o adjet ivo, sobr e el que no exist en elem ent os que le
per m it a a la Cor t e d et er m inar cuál m ont o es m ayor o m enor , sino
que l a expl i caci ón de l a di f erenci a radi ca en que se e st á en
presenci a de dos regí menes l egal es di f erent es. En el caso de
l as admi ni st radoras de c esa nt í as, l a sanci ón se ri ge por el
Est at ut o O rgáni co del Si st ema Fi nanci ero y para el Fondo, en
l a l egi sl aci ón que le es propi a, l a Ley 432 de 1998.

En consecuenc ia, p or est e aspect o, no exist e la vu lner aci ón del
pr incip io de igua lda d que m anif iest a e l d em andant e, pues a nt e el
m ism o hecho gener ador de la sanción, es decir , el incum pli m ient o
en la cons ignac ión opor t una del va lor d e las cesant í as l iqu i dadas

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al af il iado, se im pone sanción de car áct er pecuniar io, si bien es
ver dad que a f avor del Fondo en e l caso de sus af iliados, o del
t r abajador , en el de las adm inist r ador as, di sti nci ón que se
j ust i f i ca, en vi rt ud de l os di sti nt os obj et i vos soci al es y de
régi men l egal que ti enen cada uno. » ( Resalt a la Sa la) .

Adicionalmente agrega la Sala que, en todo caso, la sanción
moratoria tampoco resulta procedente teniendo en cuenta que lo
que se reclama es la mora en la consignación de las cesantías en
virtud de la reliquidación de las mismas , en este caso, producto de
la homologación y nivelación salar ia l.

5. Conclusión

Las consideraciones anteriores son suficientes para concluir que la
demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
indemnización moratoria pretendida, pues está afiliad a al Fondo
Nacional de Ahorro y, por ende, no le son aplicables las normas
previstas para el régimen de liquidación anual de cesantías, razón
por la cual se deberá confirmar la sentencia de primera instancia.

6. Condena en costas

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código d e Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y d e secuestres, transporte de expediente al superio r
en caso de apelación.

Atendiendo esa orientación y de conformidad con lo previsto en los
numerales 1 y 8 d el artículo 365 del Código General d el Proceso,

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en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas de
segunda instancia, pues , aunque el recurso de apelación no f ue
favorable, no hubo ninguna gestión por parte de la entidad
demandada en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la Repúb lica y por autoridad
de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia del 20 de noviembre de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la señora JA NNETT VIRGINIA ARTUZ DE
SIADO contra el MUNICIPIO DE SOL EDAD (Atlántico ).

SEGUNDO: SIN CONDENA E N COS TAS de segunda instancia de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecut oriada esta provide ncia devolver e l expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI» .

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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