Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00098-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-00098-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-00098-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 08001 23 33 000 2015 00098 01 (0432-2019)
Demandante: ARACELLI JUDITH MERIÑO GARIZA BALO
Demandado: MUNI CIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTI CO
Tema: Sanción por mora en la consignación de las
cesantías anualizadas . Afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA . LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 27 de julio de 2018 , por medio
de la cual el Tribunal Adminis tra tivo del Atlántic o negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
La señora Aracelli Judith Meriño Garizabalo , en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló en síntesis las
siguientes:
1.1. Pretensiones
Declarar la nulida d del acto ficto o presunto producto del silencio
del Municip io de S oledad ante la petición administrativa elevada el
27 de noviembre de 2014, mediante la cual solicitó el pago de la
1
Folios 22 a 31
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Demandante: ARACELLI JUDITH MERIÑO GARIZABALO
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías
correspondientes a los años 2003 a 2010 .
Como consecuencia de lo anterior y , a título de restablecimiento del
derecho, pidió, se condene al municipio de Soledad a (i) reconocer
la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996,
correspondiente a los años 2003 a 2010; (ii) indexar las sumas
adeudadas; (iii) re parar integralmente los perjuicios afrontados, de
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y (iv) cumpli r la
sentencia.
1.2. Fundamentos fácticos
La actora relató q ue (i) presta sus servicios en el Municipio de
Soledad (Atlántico ), en el cargo de Auxiliar Administ rativo de la
Secretaría de Educación; (ii) el 27 de noviembre de 2014 reclamó
del ente demandado el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago incompleto de las cesantías causadas en los
años 2003 a 2010 y (iii) no obtuvo re spuesta alguna por parte de la
administración .
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La demandante i nvocó como disposiciones vulneradas las
siguientes: los art ículos 1, 13, 29, 53 , 80, 90, 209 y 211 de la
Constitución Política; 138, 152, 162, 166 y siguientes del CPACA ;
13 de la Ley 1385 de 2009 y 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 ;
la Ley 344 de 1996 ; el Decreto Reglamentario 1716 de 2009 y el
Decreto 2582 de 1998.
Al desarrollar el c oncepto de la viol ación afirmó que el municipio
de Soledad (Atlántico ) incurrió en mora por el pago parcial de las
cesantías causadas desde el 14 de febrero de 2004 y hasta que se
verifique el pago de lo que fue reconocido a través de la Resolución
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355 de 2014 . De ahí que tiene derecho a la sanción moratoria
generada en cada uno de los per íodos en los que se consignó de
manera parcial las cesantías correspondientes a los años 2003 a
2010.
Que el desconocimiento de la entidad de las normas
constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia y el
no pago de la sanción moratoria, vulneran derechos adquiridos y
principios que salvaguardan prerrogativas irrenunciables .
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2
El municipio de Soledad se opuso a las pretensio nes de la
demanda por considerar que cumplió con el deber legal de afiliarla
al fondo de cesantías desde el momento de su ingreso, por lo que
es esa entidad la que debe responder por la obligación que reclama.
Adicionalmen te manifestó que no le es dable reclamar la sanción
moratoria «en la forma establecida en el artículo 90 de la Ley 50 de
1990, y en el eventual caso de que se ordene el pago de [esa
penalidad] , deberá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 88 de la Ley 1328 de 2009 ».
En su defensa propuso las excepciones de: (i) caducidad ; (ii)
prescripción; (iii) fatal y/o indebido agotamiento de la vía
gubernativa e (iv) inaplicabilidad del artículo 99 de la Ley 50 de
1990.
3. AUDIENCI A INI CIAL 3
El 3 de mayo de 2016 , el Tribunal Administrativo del Atlántico
celebró audiencia inicial en la que (i) evidenció que no existe
2
Folios 69 a 72.
3
Folios 123 a 128. CD a folio 110.
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ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere nulidad,
(ii) decla ró no pro badas las excepciones de caducidad e indebido
agotamiento de la vía gubernativa ; (iii) precisó que los restantes
medios exceptivos serán estudiados en la sentencia y (i v) delimitó
el litigio, en los sig uientes términos :
«( …) se cir cunscr ibe ahor a det erm inar si hay lugar o no a declar ar
la nuli dad del act o f ict o o pr esunt o por el silenci o negat iv o a la
pet ición pr esent ad a ant e el m unici pio de soledad e l 25 de nov iem br e
de 2014 por la s eñor a ARAC ELLI JUDI T H M ERI ÑO G ARI ZABALO , y
si de haber m ér it o par a la anulació n del m ism o ést a t iene der echo
o no al r econocim ie nt o y pago de la san ción m or at or ia cont em plada
en la Ley 344 de 19 96, por la no consig nación de las cesa nt í as con
f or m e a la r eliquid ación que r esult ar í a por “ valor es r et roact ivos
dent r o de la hom ologación y nivelac ión de car gos desde 2003 hast a
juni o de 2010 ” que s e est ableció e n la R esoluc ión 0355 de 2 014 de l
m unicip io de soleda d . ( sic) »
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 4
Mediante sentencia del 27 de julio de 2018, el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda , así:
Con fundamento en la sentencia del 12 de diciembre de 2017,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección
A, C.P. William He rnández Gómez, es claro que la ley no consagró
sanción moratoria en favor del servidor público que se encuentre
afiliado al FNA , ya que para ellos se estableció el derecho a c obrar
a las entidades empleadoras intereses moratorios mensuales ,
equivalentes al doble del interés bancario corriente cert ificado por
la Superintendencia Financiera sobre las sumas respectivas para
todo el tiempo de retraso.
Como quiera que la actora en el pe ríodo que reclama se e ncontraba
afiliada al FNA, está cobijada por el régimen consagrado en la Ley
432 de 1998 y , por ende, no le asiste derecho a la sanción por mora
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
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Folios 219 a 233.
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5. EL RECURSO DE APELACIÓN 5
La demandante so licitó que se revoque la decisión del a quo y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda , en la medida
en que tiene pleno derecho al pago de la sanción moratoria
deprecada por (i) ser se rvidora pú blica con posterio ridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 ; (ii) encontrarse
vinculada a un Fondo de cesantías y (iii) afrontar el pago de sus
cesantías por fuera de los términos de ley.
Adujo que el FNA , al igual que los demás fondos privados, tiene la
función de administrar las cesantías .
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa, según se
constata en el aplicativo SAMAI.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia.
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 7 del Código
5
Folios 228 a 238.
6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impu gnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…] »
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
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General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por l a apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el objeto del recurso de apelación, le corresponde
a la Sala determinar :
➢ ¿si la señora Aracelli Judith Meriño Garizabalo tiene derecho
al reconocimiento de la sanción moratoria producto de la
inoportuna consignación de las cesantías causadas durante
los años 2003 a 201 0, en el Fondo Nacional de Ahorro al que
se encuentra afiliada?
Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: marco normativo y análisis del caso concreto.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. Del régimen de cesantías anualizadas y sanción por mora .
El auxilio de cesantías en principio fue contemplado como un
derecho en favor de los trabajadores del sector privado a través de
la Ley 10 de 1934, otorgándole un carácter indemnizatorio que
operaba por el despido que no fuere originado en mala conducta o
por incumplimi ento del contrato; y en virtud de la Ley 6 de 1945, se
extendió a los empleados y obreros nacionales de carácter
permanen te.
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dicta n algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflicto s
En el trámite de la apelación no se podrán promover inci dentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
6
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colectivos y jurisd icción especial de trabajo», en el artículo 12,
literal f ), estableció , a favor de los trabajadores oficiales, el derecho
al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año
de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el
artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se
reconocería con destino a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su
artículo 6, señaló que para l iquidar las cesantías se toma como
base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el
tiempo servido, si fuere menor a es e lapso.
Ahora bien, el De creto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de
Ahorro, y dentro de los objetivos p ara la administración de sus
recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de
cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales» 8, y
«proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 9; con tales
finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superin tendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales
del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo,
en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 d e diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales
afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el
llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías»,
8
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
9
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
7
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pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los
empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y
la liquidación defin itiva por la porción de tiempo laborada durante
el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales
del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el
saldo que figure a favor de cada empleado.
El Decreto 432 de 1998 « por el cual se reorganiza el Fondo
Nacional de Ahorro , se transforma su naturaleza jurídica y se dictan
otras disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera
eficiente, las cesa ntías 10, y, dentro de sus funciones, las de recaudo
y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección
contra la pérdida de su valor adquisitivo 11. Además, en los artículos
11 y 12 ibidem, fijó a favor de sus afiliados un monto por concepto
de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder
adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesa ntías.
En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término
de ley, las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro,
el artículo 6º ibidem estableció lo siguiente:
«Art í cul o 6º 12. - Tr asfer encia de ces ant í as de ser vi dor es
públ icos. En l a f echa est abl ecida para ef ect uar l as
consi gnaci ones d e l os aport es a los si st emas general de
pensi ones y de seguri dad soci al en sal ud, l as enti dades
públ i cas empl eado ras deberán t ransf eri r al Fondo Naci onal de
Ahorro una do ceav a part e de l os f act ores de sal ari os qu e sean
base para l i qui dar l as cesant í as, devengado s en el mes
i nmedi at ament e ant eri or para l os servi dores públ i cos af i li ados.
El i ncumpl i mi ent o de l a obl i gaci ón aquí est abl eci da dará
derecho al Fond o para cobrar a su f avor i nt eres es morat ori os
mensual es, equi val ent es al dobl e i nt erés bancari o corri ent e
cert i f i cado por l a Superi nt endenci a Bancari a, sobre l as sumas
respect i vas para t odo el t i empo de l a mora.
10
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
11
Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
12
La norma en cita fue modificada por el artículo 193 del Decreto 019 de 2012; no obstante,
tal disposición es posterior a los años en que se causaron a favor del demandante las
cesantías que fueron consignadas tardíamente, por lo que no procede su aplicaci ón.
8
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Mensua lm ent e, las ent idades pública s em pleador as enviar án al
Fondo Nac iona l de Ahor r o una cer t if icación que cont enga el valo r
t ot al de los f act or es salar ia les qu e cons t it uyan base par a li quidar
cesant í as, devengados en el m es inm ediat am ent e ant er ior .
Los f uncionar ios com pet ent es de las ent idades públ icas
em pleador as, que sin just a causa no hagan opor t unam ent e las
consignac iones de l os apor t es m ensuale s o el enví o de los repor t es
anuales de cesant í as debidam ent e dil igenc iados, incur r ir án en
causal de m ala co nduct a que ser á sancionad a con ar r eglo a l
r égim en discip li nar i o vigent e. » ( Se r esalt a) .
En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual
se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público,
se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras
disposiciones», dio un paso adicional encaminado a ampliar la
cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías
para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su
artículo 13, lo siguiente:
«Art í cul o 13. - Sin per juic io de los der echos convenciona le s, y lo
est ipulad o en la L ey 91 de 1989, a part i r de l a publ i caci ón de l a
present e Ley, l as personas que se v i ncul en a l os Ó rganos y
Ent i dades del Est ado t endrán el si gui ent e régi men de
cesant í as :
a) El 31 de di ciem bre de cada año se har á la liquid ación de f init iv a
de cesant í as por la anual idad o por la f r acción cor r espondi e nt e, sin
per juic io de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación de la r el ación lab or al;
b) Les serán apl i cabl es l as demás normas l egal es v i gent es
sobre cesant í as, cor r espondient es al ór gano o ent idad al cual se
vincul en que no sean cont rari as a l o dispuest o en el li t eral a) del
present e art í cul o. » ( negr illa de l a Sala) .
La norma vigente a la fecha de expedición de la previamente citada,
que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de
1990, en cuyo artículo 99 consagró:
«Art í cul o 99. - El nuevo r égim en especial de auxilio de cesant í a,
t endr á las siguie nt es car act er í st icas:
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1. El 31 de dici em br e de cada año se har á la liq uidac ión de f init iv a
de cesant í a, por la anual idad o por la f r acción cor r espondie n t e, sin
per juic io de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación del cont r at o de t r abajo.
2. El em plead or cancelar á a l t r abajado r los int er eses l ega les de l
12% anual o pr opor ciona les por f r acción, en los t érm inos de las
nor m as vigent es sobr e el r égim en t r adicio nal de cesant í a, con
r espect o a la sum a causada en el añ o o en la f r acción que se l iqui de
def init ivam ent e.
3. El valor l iqu idado por concept o de ce sant í a se consignar á ant es
del 15 d e f ebr er o de l año s igu ient e, en c uent a ind ivid ual a n om br e
del t r abajador en el f ondo de cesant í a que el m ism o eli ja. El
em pleador que incu m pla el plazo seña l ado deber á pagar un dí a de
salar io por cada r et ar do.
4. Si al t ér m ino de la r elación labor al ex ist ier en saldos de cesant í a
a f avor del t r abajad or que no hayan sid o ent r egados al Fon do, el
em pleador se los pagar á dir ect am ent e con los int er eses lega les
r espect ivos. »
Finalmente, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998
reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432
de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto
de la liquidación an ual del auxilio de cesantías de q uienes se afilien
a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y
104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional
de Ahorro, la Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y siguientes. Así
lo determinó:
«Art í cul o 1º .- El Régim en de liqu idac ión y pago de las cesant í as de
los ser vidor es públ i cos del nivel t er r it or ial y vincu lados a par t ir del
31 de diciem br e de 1996 que se af il ie n a los f ondos pr iv ados de
cesant í as, ser á el pr evist o en los ar t í culos 99, 102, 104 y de m ás
nor m as concor dant es de la Ley 50 de 1990; y el de l os servidores
públ i cos del mi smo ni vel que se af ili en al Fondo Naci onal de
Ahorro será el establ eci do en el artícul o 5 y demás normas
pert i nent es de l a Ley 432 de 1998. » (Se r esalt a) .
No obstante, para aquellos empleados que venían con una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a
regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el
régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en
normas ante riores 13.
13
Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto
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4. Caso concreto
4.1 De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se
puede establecer lo siguiente:
a. La demandante presta sus servicios como Auxiliar
Administrativo adscrita a la Secretaría de Educación Municipal de
Soledad (Atlántico) 14, cargo en el cual fue designada por Decreto
138 de 11 de mayo de 1998 15 y del cual tomó posesión el 21 de
mayo de 1998 16
b. Mediante la Resolución 355 de 30 de julio de 2014 17, el
Municipio de Sole dad (Atlántico ) ord enó el reconocimiento y pago
de valores retroact ivos por concepto de homologación y nivelación
salarial del person al educativo.
c. De acuerdo con la respuesta enviada por el Fondo Na cional
del Ahorro 18, se consolidaron aportes de cesantías por parte de la
Secretaría de Educación del Municipio de Soledad, registrada
desde 2004 . Igualmente, a llegó el extracto individual
correspondiente a las vigencias fiscales 2003 a 2015 19 en las
cuantías y fechas señaladas en el mismo , «en los cuales se puede
evidenciar en de talle el movimie nto de las mismas, como
consolidación, pago intereses, pago del factor de protección, retiros
[…] y traslado de vigencias anteriores.»
De acuerdo con el extracto adosado por el FNA se observa lo
siguiente respecto al pago de las cesantías:
FECHA DESCRIPCIÓN AÑO ABONO
REPORTE
04/16/2007 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2004 636.573
2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
14
De acuerdo con la certificación obrante a f olio 13
15
Folio 153
16
Folio 151.
17
Folios 35 a 40.
18
Folio 156.
19
Folios a 159 y Vto.
11
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Demandante: ARACELLI JUDITH MERIÑO GARIZABALO
04/16/2007 INTERESES 2004 22.616
05/12/2007 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2005 823.629
05/12/2007 INTERESES 2005 25.510
08/22/2008 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2006 722.556
08/22/2008 PAGO INTERESES 2006 19.790
12/18/2008 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2007 759.264
12/18/2008 PAGO INTERESES 2007 25.335
12/30/2009 PAGO CESANTÍA 2008 867.117
04/25/2011 CONSOLIDACIÓN CESANTÍAS 2010 1.083.205
04/25/2011 PAGO INTERESES 2010 17.269
d. El 27 de noviembre de 2014 20, la accionante formuló
reclamación ante el Alcalde Municipal de Soledad (Atlántico), en la
que solicitó el pago de la indemnización o sanción moratoria por el
no giro oportuno de la totalidad de las cesantías correspondientes
a los años 2003 a 2008, en el fondo al cual se encuentra afiliada,
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 344 de 1996 ya que « dichas
cesantías solamente fueron giradas en su totalidad y reconocidas
las diferencia s a través de la Resolución 0355 de julio 30 de 2014
(…)».
e. La entidad demandada no se pronunció respecto de la
solicitud incoada , por lo que se configuró el silencio administrativo
ficto de que trata el artículo 83 del CPACA.
f. Según comprobante de egreso 0071511004 21, la Alcaldía
Municipal de Soled ad, Atlántico giró al Fondo Nacional del Ahorro
la suma de $110.326.109 por concepto de cesantías por
restructuración de pasivos, homologación cesantías Ley 550.
Municipio de Soledad y a folio 147 se estab lece que a la
demandante le correspondió la suma de $339.748
4.2. Análisis sustancial
¿La señora Aracelli Judith Meriño Garizabalo tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria producto de la
inoportuna consignación de las cesantías causadas durante los
años 2003 a 2010, en el Fondo Na cional de Ahorro al que se
encuentra afiliada?
20
Folio 33.
21
Folio 146
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El primer aspecto a abordar, consist e en determinar el régimen de
cesantías que cobija a la demandante y de acuerdo con las pruebas
que obran en el expedien te y que se aludieron en un capítulo
anterior, se concluye que pertenece al régimen a nualizado,
teniendo en consideración la fecha en que inició su relación legal y
reglamentaria con la entidad demandada fue el 21 de mayo de
1998.
Ahora bien, a efecto de verificar si le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la indemnización por mora en la
consignación de sus cesantía s. Para establecer lo anterior, es
necesario manifestar que la jurisprudencia de esta Corporación ha
distinguido tres regíme nes para la liquidación de las cesa ntías, así:
(i) e l de liquidació n con retroactivida d; (ii) el de liquida ción anual;
y (iii) el de los afiliados al Fondo Na cional del Ahorro. En torno a
estos últimos ha sostenido 22:
«Conf or m e a lo ant er ior , se t iene que f ue el m ism o decr et o el que
est ableció un r égim en dif er enciador de liquidac ión y pago del auxili o
de cesant í as de l os f uncionar ios qu e se af il ian a los f ondos
pr ivados, r espect o de los em plea dos p úblic os que se vinc ulen a l
Fondo Nac iona l d el Ahor r o, dif er en cia ést a que se just if ica
pr ecisam ent e por la f or m a en que se causa el der echo, así com o,
se cancela la pr est a ción por par t e de la ent idad em plead or a.
Fondo Naci onal del Ahorro:
➢ De conf or m idad con lo dispuest o en e l ar t í culo 6 de la Ley
432 de 1998, las ent idades públic as em pleador as deber án t r ansf er ir
m ensualm ent e al F ondo Nac iona l del Ahor r o, por concept o de
apor t es una doceava par t e de los f act or es de salar io que sean base
par a liqu idar las ce sant í as, r ecibidos e n el m es inm ediat am ent e
ant er ior , devengado s por los ser vid or es públ icos af i liad os. Dicho s
apor t es se t om a com o una pr ovisión de or den legal par a el pago de
las cesant í as de sus ser vidor es.
➢ Par a que se con vier t an en cesant í as deben haber se
causado, lo que oc ur r e a 31 de dicie m br e de cada año, o a la
t er m inación de la r elaci ón labor a l, f echa par a la cual el Fondo
pr ocede a tr asladar a las cuent as indivi duales de cada uno de los
em pleados púb l icos af ili ados, los d iner os apor t ados y r epor t ados
por est os conce pt os por part e de las ent idades públic a s, y a
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de julio de 2014, M.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), radicación número: 66001-23-33-000-2012-00127-
01(3764-13).
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r econocer y abonar en las cuent as los in t er eses sobr e las ce sant í as
y la pr ot ecció n cont r a la pér d ida d el va lo r adquis it ivo de la m oneda
que las m ism as hayan gener ado.
➢ El incum pl im ient o de la consignació n m ensual de los apor t es
cor r espondient es a las doceavas par t es de los f act or es de salar io,
gener a int er eses m or at or ios m ensuales equiva lent es al do ble de l
int er és bancar io cor r ient e.
➢ La sanción p ecuni ar ia por m or a es a f avor del Fondo
Nacion al de l Ahor r o.
( …)
Teniend o en cuent a lo ant er ior , es evident e que exist en dos
r egí m enes con dist int os objet iv os soci ales, con una nat u r aleza
jur í dica d iver sa, est o es, pr ivada y Est at al, así com o un r égim en
lega l que los hace d if e r ent es.
Com o se señaló e n consider ac iones pr ecedent es, f ue el cit ado
Decr et o 1582 el que expr esam ent e excluyó la aplicaci ón del ar t í culo
99 de la Ley 50 de 1 990 a los af il iados a l Fondo Nac iona l de l Ahor r o,
y solo consagr ó el benef icio ind em ni zat or io par a quienes se
vincul en a los f ondo s pr ivados.
Al r espect o, consider a la Sala que dicho ar gum ent o no se
com padece con la reali dad t eniendo en cuent a las cir cunstancias
que r odean cada u no de los r egí m enes señalados, est o es, el
anual izado de los f o ndos pr iv ados cons a gr ado en la Ley 50 d e 1990,
y el de l Fondo Naci o nal de l Ahor r o cont e nido en la Ley 432 d e 1998,
com o se explicó en consider ac iones pr e cedent es.
Adic iona lm ent e, no exist e ningun a viol a ción al der echo a la i gualdad
com o lo af ir m a la r ecur r ent e, y que const it uye la t esis de l r ecur so,
t eniendo en c uent a que dicha v ulner a ción se pr esent a c uando a
diver sas per sonas que se encuent r en en sit uaciones sim il a r es se
les ot or ga un t r at o dif er ent e o discr im in at or io, hipót esis que no se
pr esent an en el sub - lit e . »
En el expediente está demostrado que la demandante es
beneficiaria del régimen de liquidación de cesantías previsto en la
Ley 432 de 1998, esto es, el que rige para los afiliados al F NA,
comoquiera que ese es el fondo que administra la prestación de la
señora Aracelli Ju dith Meriño Gariza balo .
Bajo el anterior argumento, es forzoso concluir que no tiene
derecho al recon ocimiento y pago de la sanción moratoria
consagrada el numeral 3, del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
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aplicable por remisión expresa del artículo 13 de la Ley 344 de
1996, pues en caso de tardanza en la consignación de las cesantías
para quienes están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro el
legislador previó que lo que surge es el derecho a favor del fondo,
de cobrar al empleador los interese s moratorios de que trata el
inciso 2º del artículo 6º de la Ley 432 de 1998. 23
Valga señalar que la previsión relativa al reconocimie nto de los
intereses moratorios aludidos fue objeto de estudio de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 24, en relación
con la sanción moratoria establecida para el régimen anualizado, a
la luz del derecho a la igualdad y al respecto, concluyó:
«El dem andant e co nsider a que est os ar t í culos consagr an una
sit uación que desf a vor ece a los af iliad os del Fondo Nacio nal de
Ahor r o f r ent e a las sociedades a dm i nist r ador as de f ondos de
cesant í a, pues, m ient r as, en est e últ im o caso, la sanción por m or a
en que incur r e el em pleador a l consig nar t ar dí am ent e las cesant í as
de su em pleado, cor r esponde a un dí a de salar io a f av or del
t r abajador , en el caso de los af iliados al Fondo Nacion al de A hor r o,
la sanci ón es el do b le del int er és banca r io cor r ient e, y se causa a
f avor del Fondo y no del t r abajador .
La Co r t e consider a que el pr esent e exam en de const it ucionalid ad,
debe avocar se no so br e las cir cunst anci as secundar ias de l a sunt o,
sino sobr e lo que const it uye su nú cleo esenc ia l, es decir ,
det er m inar si las consecuenci as del m ism o hecho gener ador ,
pr esent a dif er encias sust anciales o no.
Par a t al ef ect o, se t iene que el hecho gener ador consist e en el
incum pl im ient o del em pleador de consignar opor t unam ent e las
cesant í as de sus t r abajador es.
En la ley 432 y en el Est at ut o Or gánico del Sist em a Financ i er o se
est ab lecen sancio ne s dr ást icas par a dicho incum plim ie nt o, con el
pr opósit o de desest i m ular t al om isión.
La dif er encia se e nc uent r a en el m ont o de la sanc ión, es de cir , en
el aspect o pecuniar i o del t em a. Est e aspect o, no sólo cor r esponde
a un asunt o adjet ivo, sobr e el que no exist en elem ent os que le
per m it a a la Cor t e d et er m inar cuál m ont o es m ayor o m enor , sino
que l a expl i caci ón de l a di f erenci a radi ca en que se e st á en
presenci a de dos regí menes l egal es di f erent es. En el caso de
23
En el mismo sentido la sentencia de 22 de febrero de 2018, radicado 27001 23 33 000 2013
00283-01 (3124-14), Actor: Carmen Mercedes Córdoba Córdoba, Demandado: Departamento
del Chocó. C.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ V ARGAS.
24
Sentencia C-625 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
15
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l as admi ni st radoras de cesa nt í as, l a sanci ón se ri ge por el
Est at ut o O rgáni co del Si st ema Fi nanci ero y para el Fondo, en
l a l egi sl aci ón que le es propi a, l a Ley 432 de 1998.
En consecuenc ia, p or est e aspect o, no exist e la vu lner aci ón del
pr incip io de igua lda d que m anif iest a e l dem and ant e, pues a nt e el
m ism o hecho gener ador de la sanción, es decir , el incum pli m ient o
en la cons ignac ión opor t una del va lor d e las cesant í as l iqu i dadas
al af il iado, se im pone sanción de car áct er pecuniar io, si bien es
ver dad que a f avor del Fondo en e l caso de sus af iliados, o del
t r abajador , en el de las adm inist r ador as, di sti nci ón que se
j ust i f i ca, en vi rt ud de l os di sti nt os obj et i vos soci al es y de
régi men l egal que ti enen cada uno. » ( Resalt a la Sa la) .
5. Conclusión.
Las consideraciones anteriores son suficientes para concluir que la
demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
indemnización moratoria pretendida, pues está afiliada al Fondo
Nacional de Ahorro y, por ende, no le son aplicables las normas
previstas para el rég imen de liquidación anual de cesantías, razón
por la cual se deberá confirmar la sentencia de primera instancia .
6. Condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del pro ceso y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superio r
en caso de apelación.
Atendiendo esa or ientación y de conformidad con lo previsto en los
numerales 1 y 8 d el artículo 365 del Código General d el Proceso,
en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas de
segunda instancia, pues aunque el recurso de apelación no fue
favorable, no hubo ninguna gestión por parte de la entidad
demandada en esta instancia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia del 27 de julio de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la señora ARACELLI JUDI TH MERI ÑO
GARIZABALO contra el MUNICIPIO DE SOLEDAD (Atlántico), de
conformidad con las consideraciones expuestas en la presente
sentencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA E N COS TAS de segunda instancia de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia DEV OLVER el
expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
correspondientes en el programa «SAMAI» .
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
17
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