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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00842-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00842-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor JOHNATAN ENRIQUE BERMÚDEZ HERNÁ NDEZ contra el MUNI CIPIO DE PUERTO COLOMBIA (Atlántico), y en su lugar, negar las pretensiones, de conformidad con las consideraciones exp uestas en la presente sentencia. SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecut oriada esta provide ncia devolver e l expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-00842-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veint idós (2022).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicado: 08001 23 33 000 2016 00842 01 ( 0933-2020)
Demandante: JOHNATAN E NRIQ UE BERMÚDEZ HE RNÁNDE Z
Demandado: MUNI CIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLÁNTICO

Tema: Sanción por mora en la consignación de las
cesantías anualizadas. Afiliación al Fondo
Nacional del Ahorro. Intereses moratorios.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA . LEY 1437 DE 2011.

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación interpuesto por ambas partes
contra la sentencia del 3 de mayo de 2019 , por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialm ente a las
pretensiones de la dema nda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

El señor Johnatan Enrique Bermúdez Hernández, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las
siguientes:

Pretensiones

1 Folios 1 a 9.
2Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–CPACA–

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2016 00842 01 (0933-2020)
Demandante: JOHNATAN ENRIQUE BERMÚDEZ HERNÁNDEZ

La nulidad de los Oficios RL:2015 -05-25-070 del 25 de mayo y
JR.2015-06-17-86 del 17 de junio de 2015 , por medio de los cuales
la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia determinó que los
intereses a las cesantías correspondientes a los años 2009 a 2011
se encontraban prescrit os, se pronunció respecto de la dotación de
uniformes y resolvió el recurso de reposición interpuesto,
confirmando la decisión .

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho solicitó que se ordene a la demandada :

(i) reconocer y pagar los estimatorios correspondientes a las
prestaciones sociales y la sanción moratoria por concepto de auxilio
de cesantías no pagadas oportunamente así:

TOTALES
CESANTIAS CAUSADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 0
CESANTIAS CAUSADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 -
CESANTIAS CAUSADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 0
CESANTIAS CAUSADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 0
INTERES SOBRE CESANTIAS 2009 (12%) $ 71.701
INTERES SOBRE CESANTIAS 2010 (12%) $ 85.845
INTERES SOBRE CESANTIAS 2011 (12%) $ 89.220
INTERES SOBRE CESANTIAS 2012 (12%) -
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 2009 (12 X $ 59.300) $ 711.600
SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2009 (12 X 40.000) $ 480.000
DOTACION UNIFORMES Y CALZADO 2009
DOTACION UNIFORMES Y CALZADO 2010
DOTACION UNIFORMES Y CALZADO 2011
DOTACION UNIFORMES Y CALZADO 2012
MORATORIA DE CESANTIAS CAUSADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 $ 32.867.280
MORATORIA DE CESANTIAS CAUSADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 $ 26.989.773
MORATORIA DE CESANTIAS CAUSADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 15.203.173
MORATORIA DE CESANTIAS CAUSADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 $ 1.350.240
TOTAL $ 77.848.832

(ii) Actualizar o indexar la condena.

1.2. Fundamentos fácticos relevantes

El demandante relató que (i) presta sus servicios en el Municipio de
Puerto Colombia - Atlántico desde el 7 de enero de 2009 y hasta la
presentación de la demanda, en el cargo de Secretario ; (ii) no le

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ha sido reconocida la sanción moratoria por el no pago oportuno del
auxilio de cesantías correspondientes a l año 2008; (iii) a l cierre de
las vigencias fiscales 2009 a 2012, no le fue consign ado, en
oportunidad, e l auxilio de cesantías , ya que tal transacción se
efectuó el 21 de marzo de 2013, sin reconocer los intereses
respectivos; (iv) la administración municipal no le entregó la
dotación a que tenía derecho e n el período comprendido entre el
2009 y el 2011; (v) e l 12 de mayo de 2015 , solicitó de la demandada
el reconocimiento de la sanción moratoria por la no co nsignación
oportuna de las cesantías del interreg no comprendido entre e l 2009
y el 2012, así como la dotación de uniforme y calzado
correspondiente al referenciado lapso y (vi) a través de los Oficios
RL:2015-05-25-070 de l 25 de mayo y JR. 2015 -06-17-86 de l 17 de
junio de 2015, el municipio accionado aceptó que si bien es cierto
no había pagado la prestación anual ni los intereses
correspondiente s, también lo es que lo reclamado se encuentra
prescrito y afirmó que la dotación pedida sería entregada de forma
paulatina.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

El actor invocó como disposiciones vulneradas las siguientes : el
preámbulo y los artículos 1 y 25 de la Constitución Política ; 98 y
99 de la Ley 50 de 1990; 2 de la Ley 244 de 1995 y la Ley 344 de
1996.

Al desarrollar el c oncepto de la violación aseveró que la entidad
demandada incurrió en mora en l a consignación de sus cesantías
anuales, razón por la cual se en cuentra en la obligación de
reconocer una penalidad equivalente a un día de salario por cada
día de retraso y al 12% de interés legal anual, en virtud de lo
previsto en las Leyes 344 de 1988 y 50 de 1990.

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2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3

El Municipio de Puerto Colombia se opuso a todas las pretensiones
de la demanda y en su defensa propuso las excep ciones que
denominó :

i) Improcedencia de reclamar unos derechos establecidos en la
ley sin antes cumplir los requisitos de esa ley, o excepción de
obligación no cumplida : toda vez que, de acuerdo con el numeral
3 del artículo 99 d e la Ley 50 de 1990 , corresponde al trabajador
elegir el fondo de cesantías al que se quiere afilia r y el empleador
debe consignar en ese fondo las cesantías respectivas , pero ello
no fue acatado por el accionante ya que no definió administradora
alguna, lo cual impidió efectuar la transacción que le c ompetía al
municipio. Lo anterior, máxime cuando existe una prohibición de
consignar las cesantías directamente al empleado y este último no
puede pretender beneficiarse de su propio err or, aduciendo
incumplimiento .

ii). Improcedencia de reclamar unos derechos no establecidos
en la ley : como el demandante se encuentra afiliado al Fondo
Nacional del Ahorro , no es procedente la sanción moratoria que
reclama, pues su situación está gobernada por l o disp uesto en el
artículo 6 de la Le y 432 de 1998 y no por la normativa invocada -
Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990 -.

iii). Prescripción extintiva de la obligación : que en caso de que
se llegara a estimar lo contrario, no se puede soslayar que l o pedido
se encuentra prescrit o, en la medida en que el agotamiento de la
vía gubernativa , respecto de los años 2009 a 2012, se efectuó el 12
de mayo de 2015, cuando habían transcurrido más de 3 años
después de ha berse hecho exigibles l os emolumentos reclamad os,
según lo dispuesto en l os artículo s 4 1 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969.

3 Folios 188 a 205.

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iv) Prescripción frente al reclamo de calzado y vestido de labor :
se fundó en los mismos argumentos expuestos en la excepción que
antecede.

3. AUDIENCI A INI CIAL 4

El 6 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico
celebró audiencia inicial en la que evidenció (i) que no existe
ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere nulidad,
(ii) las excepciones propuestas se encuentran relacionadas con el
fondo del asunt o, por lo que deberán analizarse al momento de
proferir sentencia y (iii) el litigio puede delimitarse en los siguientes
términos:

«( …) se cir cunscr ibe a det er m inar si h ay lugar o no a dec lar ar la
nuli dad del O f icio RL: 2015 - 05- 25- 070 de 25 de m ayo de 2015 y
O f icio JR. 2015 - 06- 17- 86 de 17 de j uni o de 2015, expe dido s por la
Alca ldí a M unici pal d e Puer t o Colom b ia. As í m ism o, se det erm inar á
si de haber m ér it o par a la anulación de los m encionados actos hay
lugar o no al r econocim ient o y pago de las pr est aciones sociales de
cesant í as, int er eses de cesant í as, dot ación de unif or m e por los
años 2009, 2010, 2011 y 2012, subsidio alim ent aci ón y subsidio de
t r anspor t e por el año 2009 y la sa nción m or at or ia de que t r at a la
Ley 344 de 1996 por el no pago opor t uno de las cesant í as
cor r espondient es a l as anuali dades 2009 , 2010, 2011 y 2012. »

SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 5

Mediante sentencia del 3 de mayo de 2019 , el Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró la nulidad parcial de los Oficios
RL 2015-05-25-070 de l 25 de mayo y JR. 2015 -06-17-86 de l 17 de
junio de 2015 y condenó al Municipio de Puerto Colombia al pago
de intereses sobre las cesantías correspondien tes a las
anualidades 2009, 2010 y 2011, sumas que deberán ser
actualizadas.

4 Folios 265 a 272.
5 Folios 381 a 419

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Respecto de las excepciones, d eclaró probada la de prescripción
de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías y la obligación de suministr o calzado y vestido de labor ,
respecto de los años 2009, 2010 y 2011. De oficio, declaró probada
la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad respecto del
año 2012.

Como sustento de l o expuesto , mostró que en el escrito presentado
ante el municipio el 12 de mayo de 2015, así como en el
correspondiente recurso de reposición interpuesto el 1 de junio del
mismo año, el demandante solicitó las cesantías, los inte reses a las
cesantías, la dotación de uniforme y ca lzado y la sanción moratoria
correspondiente a los años 2009 a 2011 ; sin embargo, en sede
judicial adicionó el año 2012 e incluyó el reconocimiento del
subsidio de transporte y alimentación , lo cual no puede ser tenido
en cuenta por cuanto la administración no tuvo la oportu nidad de
revisar sus p ropias actuaciones u omisiones .

Respecto del auxilio de cesantías y la sanción moratoria, estableció
que al actor, por su fecha de vinculación -7 de enero de 2009 -, le
es aplicable el régimen anualizado, el cual prevé una sanción por
mora, que consiste en un día de salario por cada día de retardo en
la consignación del auxilio .

En ese orden , dado que la entidad consignó las cesantías
correspondientes a l as anualidades 2009 a 2011 , el 21 de marzo de
2013, debe ría accederse al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria ; empero, esta penalidad se encuentra prescrita si se
atiende que la reclamación se radicó el 12 de mayo de 2015, tres
años después de que el auxilio se hizo exigible .

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, los intereses por ser
accesorios no son pasibles de ser afectados por la prescripción , de

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ahí que ordenó su pago, debidamente actualizado, atendiendo la
fórmula establecida por el Consejo de Estado.

Por último, precisó que para tener derecho a la dotación de calzado
y vestido de labor se deben cumplir con los s iguientes
presupuestos : a) haber laborado en la entidad por lo menos tres (3)
meses de forma ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro
y, b) devengar una asignación básica mensual inferior a 2 veces el
salario mínimo legal mensual vigente. Agregó que, en este caso, la
administración aceptó que el actor acreditó lo anterior y no recibió
lo que en derecho le correspondía, de ahí que se comprometió a
entregar los aludidos insumos de forma paulatina, sin tener en
cuenta que también se encontraban prescritos .

4. LOS RECURSO S DE APELACIÓ N

4.1 La parte demandante manifestó que estaba de acuerdo con la
anterior decisión respecto de la dotación de la dotación y el calzado
de labor, pero se opuso a (i) la declaratoria de prescripción de la
sanción moratoria y de los intereses moratorios corresp ondiente a
las anualidades 2009 a 2011 y, (ii) la declaratoria de falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad del año 2012 en sede
administrativa.

Respecto de lo primero no presentó argumentos de fondo y, sobre
el año 2012, manifestó que pudo ocurrir un lapsus calami al
presentar la reclamación administrativa, pero que la pretensión es
clara en la demanda y adicionalmente, fue «consignad a ante la
Procuraduría delegada para asuntos administrativos al agotar la
conciliación extra jurídica », razón por la cual se debe dar aplicación
a la figura in dubio pro operario y la norma que resulte más
ventajosa al trabajador y posibilit e el reconocimiento de las
pretensiones.

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4.2. La entidad accionada 6 pidió que se nieguen las pretensiones
de la demanda . Afirmó que los intereses no son accesori os del
auxilio de cesantías , son una prestación autónoma y, en ese orden,
también se encuentran prescritos y n o son objeto de la sentencia
de unificación aplicada por el a quo.

Precisó que , conforme lo indicado en el artícu lo 1 de la Ley 52 de
1975, existen tres plazos para el pago de los intereses de
cesantías: uno que es anual, otro que ocurre cuando hay una
liquidación parcial y el último que tiene lugar cuando se termina el
vínculo laboral .

Que la liquidación anual se debe hacer cada 31 de diciem bre y el
pago de los intereses sobre este auxilio se debe efectuar a más
tardar el 31 de enero siguiente , de lo contrario se sanciona el
incumplimiento con un valor adicional en los términos del numeral
2 del artículo 1 de la Ley 52 de 1975 .

De acuerdo con lo anterior, los i ntereses no se encuentran atados
al pago de las cesantías, ya que al ser exigible cada 31 de enero,
se constituye n en una prestación autónoma , diferente al aludido
auxilio.

Agregó que los intereses sobre las cesantía s -así la vinculación se
encuentre vigente -, no se consignan en el fondo donde esté afiliado
el empleado, sino que se pagan directamente a éste; de modo que
este rédito debe ser declarado prescrito, toda vez que, desde el 31
de enero de 2012, –fecha máxima de pago exigible de la última
prestación –, y el 8 de abril de 2016 –fecha en la que la reclamó –,
transcurrie ron más de 3 años.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

De acuerdo con el informe secretarial obrante a folio 475, las

6 Folios 442 a 448.

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partes, el Min isterio Público y la A gencia Nacional de Defe nsa
Jurídica del Estado , guardaron silencio.

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 8 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos e xpuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia,
el superior resolverá sin restricciones.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los recursos de apelación interpuestos , le
corresponde a la Sala determinar:

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…] »
8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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➢ ¿si el señor Johnatan Enrique Bermúdez Hernández tiene
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en
las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
así como al pago de los intereses sobre las cesantía s
causados durante los años 2009 a 2012 , por la inoportuna
consignación de este auxilio en el Fondo Nacional del Ahorro?

➢ ¿Si hay lugar a l re conocimiento y pago de la dotación que
se dejó de entregar , correspondiente a las vigencias 2009 a
2011?

Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: i) Del régimen de cesantías anualizadas y sanción
por mora y, ii) análisis del caso concreto.

3. Marco normativ o y jurispru denci al

3.1. Del régimen de cesantías anualizadas y sanción por mora .

El auxilio de cesantías en principio fue contemplado como un
derecho en favor de los trabajadores del sector privado a través de
la Ley 10 de 1934, otorgándole un carácter indemnizatorio que
operaba por el despido que no fuere originado en mala conducta o
por incumplimiento del contrato; y en virtud de la Ley 6 de 1945, se
extendió a los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente.

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dicta n algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisd icción especial de trabajo», en el artículo 12,
literal f ), estableció , a favor de los trabajadores oficiales, el derecho
al auxilio de c esantías a razón de un mes de sueldo por cada año
de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el
artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se
reconocería con destino a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter perm anente.

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El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su
artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como
base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el
tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de
Ahorro –FNA–, y dentro de los objetivos para la administración de
sus recursos, fijó los siguientes: « pagar oportunamente el auxilio
de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales »9, y
«proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria »10; con tales
finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superin tendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales
del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; as imismo,
en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales
afiliados a ella.

Con lo previsto e n los artículos 27 , 2 8 y 33 ibidem , empezó el
llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías»,
pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los
empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y
la liquidación defin itiva por la porc ión de tiempo laborada durante
el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales
del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el
saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 « por el cual se reorgani za el Fondo

9 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
10 A r t í c u l o 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

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Nacional de Ahorro , se transforma su naturaleza jurídica y se dictan
otras disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera
eficiente, las cesa ntías 11, y, dentro de sus funciones, las de recaudo
y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección
contra la pérdida de su valor adquisitivo 12. Además, en los artículos
11 y 12 ibidem, fijó a favor de sus afiliados un monto por concepto
de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder
adquisitivo del au xilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.

En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término
de ley, las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro,
el artículo 6º ibidem estableció lo siguiente:

«Art í cul o 6 13. - Tr asf er encia de ces ant í as de ser vi dor es
públ icos. En la f echa est abl ecida para ef ect uar l as
consi gnaci ones d e l os aport es a los si st emas general de
pensi ones y de seguri dad soci al en sal ud, l as enti dades
públ i cas empl eado ras deberán t ransf eri r al Fondo Naci onal de
Ahorro una do ceav a part e de l os f act ores de sal ari os qu e sean
base para l i qui dar l as cesant í as, devengado s en el mes
i nmedi at ament e ant eri or para l os servi dores públ i cos af i li ados.

El i ncumpl i mi ent o de l a obl i gaci ón aquí est abl eci da dará
derecho al Fond o para cobrar a su f avor i nt ereses morat ori os
mensual es, equi val ent es al dobl e i nt erés bancari o corri ent e
cert i f i cado por l a Superi nt endenci a Bancari a, sobre l as sumas
respect i vas para t odo el t i empo de l a m ora.

Mensua lm ent e, las ent idades pública s em pleador as enviar án al
Fondo Nac iona l de Ahor r o una cer t if icación que cont enga el valo r
t ot al de los f act or es salar ia les qu e cons t it uyan base par a li quidar
cesant í as, devengados en el m es inm ediat am ent e ant er ior .

Los f uncionar ios com pet ent es de las ent idades públ icas
em pleador as, que sin just a causa no hagan opor t unam ent e las

11 A r t í c u l o 2 del Decreto 432 de 1998.
12 A r t í c u l o 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
13 L a n o r m a e n c i t a f u e m o d i f i c a d a p o r
el artículo 193 del Decreto 019 de 2012;
no obstante, tal disposición es posterior a los años en que se causaron a favor
del demandante las cesantías que fueron consignadas tar díamente, por lo que
no procede su aplicación.

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consignac iones de l os apor t es m ensuale s o el enví o de los repor t es
anuales de cesant í as debidam ent e dil igenc iados, incur r ir án en
causal de m ala co nduct a que ser á sancionad a con ar r eglo a l
r égim en discip li nar i o vigent e. » ( Se r esalt a) .

En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual
se dictan normas tendientes a la racionalización del ga sto público,
se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras
disposiciones», dio un paso adicional encaminado a ampliar la
cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías
para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su
artículo 13, lo siguiente:

«Art í cul o 13. - Sin per juic io de los der echos convenciona le s, y lo
est ipulad o en la L ey 91 de 1989, a part i r de l a publ i caci ón de l a
present e Ley, l as personas que se v i ncul en a l os Ó rganos y
Ent i dades del Est ado t endrán el si gui ent e régi men de
cesant í as :

a) El 31 de diciem bre de cada año se har á la liquid ación de f init iv a
de cesant í as por la anual idad o por la f r acción cor r espondi e nt e, sin
per juic io de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación de la r el ación lab or al;

b) Les serán apl i cabl es l as demás normas l egal es v i gent es
sobre cesant í as, cor r espondient es al ór gano o ent idad al cual se
vincul en que no sean cont rari as a l o dispuest o en el li t eral a) del
present e art í cul o. » ( negr illa de l a Sala) .

La norma vigente a la fecha de expedición de la previamente citada,
que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de
1990, en cuyo artículo 99 consagró:

«Art í cul o 99. - El nuevo r égim en especial de auxilio de cesant í a,
t endr á las siguie nt es car act er í st icas:

1. El 31 de dici em br e de cada año se har á la liq uidac ión de f init iv a
de cesant í a, por la anual idad o por la f r acción cor r espondie n t e, sin
per juic io de la que deba ef ect uar se en f echa dif er ent e por la
t er m inación del c ont r at o de t r abajo.

2. El em plead or cancelar á a l t r abajado r los int er eses l ega les de l
12% anual o pr opor ciona les por f r acción, en los t érm inos de las
nor m as vigent es sobr e el r égim en t r adicio nal de cesant í a, con
r espect o a la sum a causada en el añ o o en la f r acción que se l iqui de
def init ivam ent e.

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3. El valor l iqu idado por concept o de ce sant í a se consignar á ant es
del 15 d e f ebr er o de l año s igu ient e, en c uent a ind ivid ual a n om br e
del t r abajador en el f ondo de cesant í a que el m ism o eli ja. El
em pleador que incu m pla el plazo seña l ado deber á pagar un dí a de
salar io por cada r et ar do.

4. Si al t ér m ino de la r elación labor al ex ist ier en saldos de cesant í a
a f avor del t r abajad or que no hayan sid o ent r egados al Fon do, el
em pleador se los pagar á dir ect am ent e con los int er eses lega les
r espect ivos. »

Finalmente, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998
reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432
de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto
de la liquidación an ual del auxilio de cesantías de quienes se afilien
a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y
104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional
de Ahorro, la Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y siguientes. Así
lo determinó:

«Art í cul o 1º . - El Régim en de liqu idac ión y pago de las cesant í as de
los ser vidor es públ i cos del nivel t er r it or ial y vincu lados a par t ir del
31 de diciem br e de 1996 que se af il ie n a los f ondos pr iv ados de
cesant í as, ser á el pr evist o en los ar t í culos 99, 102, 104 y dem ás
nor m as concor dant es de la Ley 50 de 1990; y el de l os servidores
públ i cos del mi smo ni vel que se af ili en al Fondo Naci onal de
Ahorro será el establ eci do en el artícul o 5 y demás normas
pert i nent es de l a Ley 432 de 1998. » (Se r esalt a) .

No obstante, para aquellos empleados que venían con una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a
regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el
régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en
normas anteriores 14.

4. Caso concreto

4.1 De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se
puede establecer lo siguiente:

14 E s d e c i r , e l s i s t e m a d e l i q u i d a c i ó n r e t r o a c t i v a , c o n s a g r a d o e n
Ley 6 de 1945,
el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

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a. Según certificación expedida el 3 de diciembre de 2018 ,
emanada de la Oficina de Relaciones Laborales de la Alcaldía de
Puerto Colombia 15, el demandante laboró en calidad de Secretario,
cargo en el que fue nombrado mediante Decreto 0012 de 7 de enero
de 2009 16 y del cu al tomó posesión el 7 de enero de la misma
anualidad 17.

Presentó renuncia al aludido empleo, la cual fue aceptada por
Decreto 2017 -07-07-001 y se hizo efectiva el 3 de agosto de 2017.
b. Conforme con la constancia emitida por la Alcaldía de la
Oficina de Relaciones Laborales de la Alcaldía de Puerto
Colombia 18, inició proceso de afiliación a los empleados a partir del
año 2012 . La inscripción del actor se realizó el 5 de mayo de 2012
y la primera consignación global al FNA correspondiente a las
vigencias 1990 -2012 se realizó el 14 de febrero de 2013 .

En dicha oportunidad, al actor le fue consignada la suma de
$4.840.915, correspondientes al per íodo comprendido entre el 1 de
julio de 2009 y el 31 de enero de 2013 .

La anterior información se encuentra corroborada , mediante la
constancia de 1 de abril de 2013, emitida por el FNA 19 en la que se
indicó que el demandante es afiliado desde hace 1 mes con las
siguientes entidades:

«ALCAL DÍ A M UNI CI PAL DE PU ERTO CO LO M BI A ( ACT APO RTANTE )
$4. 851. 690
( …) »

La anterior suma se encuentra reflejada en el Extracto de Cuenta

15 F o l i o 297
16 F o l i o s 13 y 14.
17 F o l i o 15.
18 F o l i o 211.
19 F o l i o 298.

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Individual del Fondo Nacional del Ahorro 20 bajo el ítem denominado
«TRASLADO VIGENCIAS ANTERIORES», con fecha de
«21/03/2013» , por valor de $4.840.915 (fl. 214).

c. Mediante derecho de petición radicado el 12 de mayo de 2015,
el actor solicitó la entrega de los actos administrativos de
reconocimiento de : las cesantías causadas a 31 de diciembre de
cada anualidad, la dotación de uniforme y el calzado de labor y los
intereses de l aludido a uxilio (12% anual), correspondiente s a los
años 2009 a 2011.

Adicionalmente solicitó f ij ar fecha d e pago de las mencionada s
acreencias con las respectivas sanciones moratorias de que tratan
las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y 244 de 1995, junto con las
actualizaciones o debida indexación.

d. Por Oficio RL:2015 -05-25-070 del 25 de mayo de 2015 21, la
Alcaldía Municipal de Puerto Colombia le contestó al demandante :
(i) respecto a la s cesantías , que le es aplicable el régimen
anualizado previsto en las Leyes 344 de 1996 y 50 del 90 y que
aunque aún no las ha reconocido , no se puede soslayar que las
anteriores al año 2011 se e ncuentran prescrita s. Afirmó que solo le
reconocerá los último s 3 años (2014, 2013 y 2012) de interés a las
cesantías y (ii) e n cuanto a la dotación, encontró ajustada a
derecho la solicitu d y advirtió que «(…) la administración del Dr.
CARLOS ALBERTO ALTAHONA ARRAUT , ha venido entregando la
dotación de uniforme, en cuanto a los años anteriores, procederá
en forma paulatina a la entrega de uniforme que solo es en especie
según la norma .» (mayúsculas del texto original)

e. El accionante interpuso recurso de reposición, el cual fue
desatado negativamente a tr avés del Oficio JR. 215 -06-17-86 de 17

20 F o l i o s 212 a 214, generado el 30 de agosto de 2017.
21 F o l i o s 21 a 25.

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de junio de 2015 , para el efecto adujo los mismo s argumentos
previamente expuestos y allegó extractos de jurisprudencia
emanada del Consejo de Estado que le permitió concluir que en el
caso del señor Bermúdez Hernández , operó el fenómeno de la
prescripción respecto de las cesantías y los intereses sobre las
mismas.

En relación con la dotación de uniforme, reiteró idéntico argumento
al expuesto en el oficio recurrido.

4.2. Análisis sustancial

4.2.1 ¿el señor Johnatan E nrique Bermúdez Hernández tiene
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en
las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
así como al pago de los intereses sobre las cesantías causados
durante los años 2 009 a 2012, por la inoportuna consignación
de este auxilio en el Fondo Naciona l del Ahorro?

Previo a resolver, es necesario determinar que de acuerdo a la
reclamación elevada mediante derecho de petición 22, se observa
que las mismas se encuentran circunscritas al período comprendido
entre el año 2009 y el 2011, por lo que no es posible acceder en
sede judicial a atender lo relativo al año 2012, toda vez que la
administración se pronunció respecto a los que fueron reclamados
y por lo tanto, no resulta via ble presentar ahora nuevas
pretensiones, pues se atentaría en contra del debido proceso de la
demandada quien habría perdido la oportunidad de pronunciarse en
sede administrativa, y en ese sentido, n o habrá lugar a que se
profiera alguna decisión respecto del año 2012 en esta instancia .

Ahora bien, respecto del problema jurídico planteado, el primer
aspecto por abordar consiste en determinar el régimen de cesantías

22 F o l i o s 18 a 20.

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que cobija al demandante y , de acuerdo con las pruebas que obran
en el expediente, se concluye que pertenece al régimen anualizado,
teniendo en consideración la fecha en que inició su relación legal y
reglamentaria con la entidad demandada , esto es, el 7 de enero de
2009.

Ahora bien, a efecto de verificar si le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la indemnización por mora en la
consignación de sus cesantía s. Para establecer lo anterior, es
necesario manifestar que la jurisprudencia de esta Corporación ha
distinguido tres regímenes para la liquidación de las cesa ntías, así:
(i) e l de liquidació n con retroactivida d; (ii) el de liquida ción anual;
y (iii) el de los afiliados al Fondo Na cional del Ahorro. En torno a
estos últimos ha sostenido 23:

«Conf or m e a lo ant er ior , se t iene que f ue el m ism o decr et o el que
est ableció un r égim en dif er enciador de liquidac ión y pago del auxili o
de cesant í as de l os f uncionar ios qu e se af il ian a los f ondos
pr ivados, r espect o de los em plea dos p úblic os que se vinc ulen a l
Fondo Nac iona l d el Ahor r o, dif er en cia ést a que se just if ica
pr ecisam ent e por la f or m a en que se causa el der echo, así com o,
se cancela la pr est a ción por par t e de la ent idad em plead or a.

Fondo Naci onal del Ahorro:

➢ De conf or m idad con lo dispuest o en el ar t í culo 6 de la Ley
432 de 1998, las ent idades públic as em pleador as deber án t r ansf er ir
m ensualm ent e al F ondo Nac iona l del Ahor r o, por concept o de
apor t es una doceava par t e de los f act or es de salar io que sean base
par a liqu idar las ce sant í as, r ecibidos en el m es inm ediat am ent e
ant er ior , devengado s por los ser vid or es públ icos af i liad os. Dicho s
apor t es se t om a com o una pr ovisión de or den legal par a el pago de
las cesant í as de sus ser vidor es.

➢ Par a que se con vier t an en ces ant í as deben haber se
causado, lo que oc ur r e a 31 de dicie m br e de cada año, o a la
t er m inación de la r elaci ón labor a l, f echa par a la cual el Fondo
pr ocede a tr asladar a las cuent as indivi duales de cada uno de los
em pleados púb l icos af ili ados, los d iner os ap or t ados y r epor t ados

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de
julio de 2014, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E), radicación número:
66001-23-33-000-2012-00127-01(3764-13).

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por est os concept os por part e de las ent idades públic a s, y a
r econocer y abonar en las cuent as los in t er eses sobr e las ce sant í as
y la pr ot ecció n cont r a la pér d ida d el va lo r adquis it ivo de la m oneda
que las m ism as hayan gener ado.

➢ El incum pl im ient o de la consignación m ensual de los apor t es
cor r espondient es a las doceavas par t es de los f act or es de salar io,
gener a int er eses m or at or ios m ensuales equiva lent es al do ble de l
int er és bancar io cor r ient e.

➢ La sanción pec uni ar ia por m or a es a f av or del Fondo
Nacion al de l Ahor r o.

( …)

Teniend o en cuent a lo ant er ior , es evident e que exist en dos
r egí m enes con dist int os objet iv os soci ales, con una nat u r aleza
jur í dica d iver sa, est o es, pr ivada y Est at al, así com o un r égim en
lega l que los hace d if er ent es.

Com o se señaló e n consider ac iones pr ecedent es, f ue el cit ado
Decr et o 1582 el que expr esam ent e excluyó la aplicaci ón del ar t í culo
99 de la Ley 50 de 1 990 a los af il iados a l Fondo Nac iona l de l Ahor r o,
y solo consagr ó el benef icio ind em ni zat or io par a quienes se
vincul en a los f ondo s pr ivados.

Al r espect o, consider a la Sala que dicho ar gum ent o no se
com padece con la reali dad t eniendo en cuent a las cir cunstancias
que r odean cada u no de los r egí m enes señalados, est o es, el
anual izado de los f o ndos pr ivados cons a gr ado en la Ley 50 d e 1990,
y el de l Fondo Naci o nal de l Ahor r o cont e nido en la Ley 432 d e 1998,
com o se explicó en consider ac iones pr e cedent es.

Adic iona lm ent e, no exist e ningun a viol a ción al der echo a la i gualdad
com o lo af ir m a la r ecur r ent e, y que const i t uye la t esis de l r ecur so,
t eniendo en c uent a que dicha v ulner a ción se pr esent a c uando a
diver sas per sonas que se encuent r en en sit uaciones sim il a r es se
les ot or ga un t r at o dif er ent e o discr im in at or io, hipót esis que no se
pr esent an en el sub - lit e. »

En el expediente está demostrado que el demandante es
beneficiario del régimen de liquidación de cesantías previsto en la
Ley 432 de 1998, esto es, el que rige para los afiliados al FNA,
comoquiera que es ese el fondo que administra la prestación del
señor Johnatan Enrique Bermúdez Hernández .

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Bajo el anterior argumento, es forzoso concluir que no tiene
derecho al recon ocimiento y pago de la sanción moratoria
consagrada el numeral 3, del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
aplicable por remisión expresa del artículo 13 de la Ley 344 de
1996, pues en caso de tardanza en la consignación de las c esantías
para quienes están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro el
legislador previó que lo que surge es el derecho a favor del fondo,
de cobrar al empleador los interese s moratorios de que trata el
inciso 2º del artículo 6º de la Ley 432 de 1998. 24

De otro lado, la previsión relativa al re conocimiento de los intereses
moratorios aludidos fue objeto de estudio de constitucio nalidad por
parte de la Corte Constitucional 25, en relación con la sanción
moratoria establecida para el régim en anualizado, a la luz del
derecho a la igualdad y al respecto, concluyó:

«El dem andant e co nsider a que est os ar t í culos consagr an una
sit uación que desf a vor ece a los af iliad os del Fondo Nacio n al de
Ahor r o f r ent e a las sociedades a dm i nist r ador as de f ondos de
cesant í a, pues, m ient r as, en est e últ im o caso, la sanción por m or a
en que incur r e el em pleador a l consig nar t ar dí am ent e las cesant í as
de su em pleado, cor r esponde a un dí a de salar io a f av or del
t r abajador , en el caso de los af iliados al Fondo Nacion al de A hor r o,
la sanci ón es el do b le del int er és banca r io cor r ient e, y se causa a
f avor del Fondo y no del t r abajador .

La Cor t e consider a que el pr esent e exam en de const it ucionalid ad,
debe avocar s e no so br e las cir cunst anci as secundar ias de l a sunt o,
sino sobr e lo que const it uye su nú cleo esenc ia l, es decir ,
det er m inar si las consecuenci as del m ism o hecho gener ador ,
pr esent a dif er encias sust anciales o no.

Par a t al ef ect o, se t iene que el hecho gener ador consist e en el
incum pl im ient o del em pleador de consignar opor t unam ent e las
cesant í as de sus t r abajador es.

24 E n
el mismo sentido la sentencia de 22 de febrero de 2018, radicado 27001
23 33 000 2013 00283-01 (3124-14), Actor: Carmen Mercedes Córdoba
Córdoba, Demandado: Departamento del Chocó. C.P. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS; sentencia de 24 de febrero de 2022, radicado
08001233300020150009801 (0432-2019), Accionante: Aracelli Judith Meriño
Garizabalo, Demandado: Municipio de Soledad – Atlántico. C.P. GABRIEL
VALBUENA HERNANDEZ.
25 S e n t e n c i a C-625 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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En la ley 432 y en el Est at ut o Or gánico del Sist em a Financ i er o se
est ablecen sancio ne s dr ást icas par a dicho incum plim ie nt o, con el
pr opósit o de desest i m ular t al om isión.

La dif er encia se e nc uent r a en el m ont o de la sanc ión, es de cir , en
el aspect o pecuniar i o del t em a. Est e aspect o, no sólo cor r esponde
a un asunt o adjet ivo, sobr e el que no exist en elem ent os que le
per m it a a la Cor t e d et er m ina r cuál m ont o es m ayor o m enor , sino
que l a expl i caci ón de l a di f erenci a radi ca en que se e st á en
presenci a de dos regí menes l egal es di f erent es. En el caso de
l as admi ni st radoras de cesa nt í as, l a sanci ón se ri ge por el
Est at ut o O rgáni co del Si st ema Fi nanci e ro y para el Fondo, en
l a l egi sl aci ón que le es propi a, l a Ley 432 de 1998.

En consecuenc ia, p or est e aspect o, no exist e la vu lner aci ón del
pr incip io de igua lda d que m anif iest a e l dem andant e, pues a nt e el
m ism o hecho gener ador de la sanción, es decir , el incum pli m ient o
en la cons ignac ión opor t una del va lor d e las cesant í as l iqu i dadas
al af il iado, se im pone sanción de car áct er pecuniar io, si bien es
ver dad que a f avor del Fondo en e l caso de sus af iliados, o del
t r abajador , en el de las adm inist r ador as, di sti nci ón que se
j ust i f i ca, en vi rt ud de l os di sti nt os obj et i vos soci al es y de
régi men l egal que ti enen cada uno. » ( Resalt a la Sa la) .

Las consideraciones anteriores son suficientes para concluir que el
demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la
indemnización moratoria pretendida, pues está afiliad o al Fondo
Nacional de Ahorro y, por ende, no le son aplicables las normas
previstas para el régimen de liquidación anual de cesantías, razón
por la cual se deberá confirmar la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, el segundo aspecto tiene que ver con los intereses
moratorios, para lo cual es necesario hacer remisión al concepto
emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 26,
en el que se estableció que los servidores públicos a filiados al
Fondo Nacional del Ahorro tienen derecho al reconocimiento de
intereses a las cesantías en los término s del artículo 12 de la Ley
432 de 1998, así:

«Ar t í culo 12. I NTERESES SO BR E CESA NTÍ AS. A par t ir del 1o. de
ener o de 1998 el Fondo Naci onal de A horro reconocerá y abonará

26 R a d i c a d o 20136000071581 de 10 de mayo de 2013.

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Demandante: JOHNATAN ENRIQUE BERMÚDEZ HERNÁNDEZ

en la cuent a de cesant í as de cada ser vidor público af i lia do, un
int er és equiva lent e al sesent a por cient o (60%) de la var iación anua l
del Í ndice de Pr ecios al Consum idor , I PC , sobr e las cesant í as
liqu idad as por la ent idad nom inador a cor r espondie nt es al año
inm ediat am ent e ant er ior o pr opor cional por la fr acción de año que
se liqu ide def in it iva m ent e.

Par a ef ect os de la pr esent e ley, la var iació n anual de l Í nd ice de
Pr ecios al Consum idor , I PC, ser á la últ im a cer t if icada por el
Depar t am ent o Adm inist r at ivo Naciona l de Est adí st ica, DANE, par a
los m eses de novie m br e - noviem br e, par a em pleados m edio s.

ARTÍ CULO 13. RE SPO NSABI LI D AD D EL FO NDO NACI O NAL DE
AHO RRO . La r esponsabi lida d del Fond o Naciona l de Ahor r o en el
pago de cesant í as a los af i liad os se l im it ar á al m ont o de los apor t es
de cesant í as ef ect ivam ent e consignad os, los int er eses sobr e las
cesant í as y el por ce nt aj e de que t r at a el ar t í culo 11 . ( . . .) » (Negr it a
y subr ayado f uer a del t ext o) .

En cuant o a la pér d i da del v alor ad quis it i vo de la m oneda, el ar t í culo
11 de la m ism a disposici ón est ablece que “ a par t ir del 31 de
diciem br e de 1997 y anualm ent e cada 31 de d iciem br e, el Fondo
Naci onal de A horro reconocerá y a bon ará en la c uent a in di vidua l
de cesant í as de cad a af il iado, com o m í nim o un int er és eq uiv alent e
a la var ia ción anua l del Í ndic e de Pr ec io s al Cons um idor , I PC, sobr e
su saldo acum ulado de cesant í as a 31 de diciem br e del año
inm ediat am ent e ant er ior , y pr opor cional por la f r acción de añ o que
cor r esponda al m om ent o de r et ir o, sobr e el m ont o parcial o
def init ivo de la cesa nt í a pagada. ” ( Se subr aya)

De est a f or m a, los em pleados públ icos a f ilia dos al Fondo Na ciona l
del Ahor r o siem pr e han t enido der echo a la liq uidac ión de un i nt er és
sobr e las cesant í as, de acuer do con las nor m as que han r egulado
la m at er ia. Com o puede obser var se, act ualm ent e el r espons able de
la li quid ación y ab ono de int er eses por devaluaci ón e in t er eses
sobr e las cesant í as de los diner os que r eposen en el Fondo
Nacion al de l Ahor r o es el m ism o f ondo y no el em pleador . »

De acuerdo con lo señalado, no es del caso ordenar a la demandada
el reconocimiento y pago de los intereses que se reclama n, en tanto
que los mismos corresponden directamente al FNA quien, como se
estableció, tiene a su cargo el reconocimiento y abono de los
mismos y quien no se encuentra vinculada al presente proceso.

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4.2.2. ¿Hay lugar al reconocimiento y pago de la dotació n que
se dejó de entre gar, correspondie nte a las vigencias 2009 a
2011?

La Ley 70 de 1988, estableció el derecho de los empleados del
sector oficial al servicio de los ministerios, dep artamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos público s,
unidades administrativas especiales, empresas industriales y
comerciales de tipo oficial y socie dades de economía mixta de
recibir, cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos
y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensua l
fuera interior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.
Posteriormente, este beneficio fue extendido a los empleados del
nivel territorial me diante Decreto 1978 de 1989, así:

«( …) ARTÍ CULO 1o. Los tr abaj ador es per m anent es vinculados
m ediant e r elaci ón le gal y r eglam ent ar ia o por cont r at o de t rabaj o,
al ser vici o de los M inist er ios, depar t am ent os adm inist r at ivos,
super int endenc ias, est ablecim i ent o s públ icos, u nidades
adm inist r at ivas espe ciales, em pr esas ind ust r iales o com er ciales de
t ipo of icial y socie dades de econom í a m ixt a t ant o en el or den
naciona l com o en las ent idades t er r it or iales; t endr án der echo a que
la r espect iva e nt ida d les sum in ist r e en f or m a gr at uit a, cada cuat r o
m eses, un par de zapa t os y un vest ido de t r abaj o. ”
( …)

“ ARTÍ CULO 3o. Par a t ener der echo a la dot ación a que se r ef ier e
est e Decr et o, el tr abaj ador debe haber labor ado par a la r espect iv a
ent idad por lo m enos t r es ( 3) m eses en for m a inint er r um pida, ant es
de la f echa de cada su m inist r o, y devengar una r em uner ación
m ensual inf er ior a dos ( 2) veces el salar io m í nim o legal vigent e
( …) ».

Por último, el Decreto 1919 de 2002 27, extendió el derecho a la
dotación de calzado y vestido de trabajo a los empleados vinculados

27«ARTÍCULO 1.- A partir de la vigencia del presente Decreto todos los
empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel
central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental,
Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos
Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías
Distritales y Municipales, a las Veedur ías, así como el personal administrativo
de empleados públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las
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a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama
Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las
Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y
Municipales, a la s Contralorías territoria les, a las P ersonerías
Distritales y Mu nicipales, a las Veedurías, así como el personal
administrativo de empleados públicos de las Juntas
Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación
Superior, de las In stituciones de Educación Primaria, S ecundaria y
media vocacional.

Del acervo probatorio allegado, se desprende que el demandante sí
tendría derecho al reconocimiento y pago de la dotación de vestido
y calzado de labor prevista en la Ley 70 de 1988, la cual se hizo
extensiva a los empleados del nivel t erritorial mediante el Decreto
1978 de 1989, teniendo en cuenta que se vinculó desde el 7 de
enero de 2009 de manera ininterrumpida , y conforme al certificado
suscrito por el Municipio de Puerto Co lombia, durante los años 2009
a 2011 devengó salarios que no superaban los dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes para dichas anualidades .

Adicionalmente, se constata que no le fue suministrada la dotación
anual de calzado y vestido de labor, toda vez que así lo reconoció
la entidad demandada en los oficios objeto de demanda, cuando
negó el reconocimiento y pago de dicho emolumento, aduciendo que
«encontró ajustada la petición [y] se procederá en forma paulatina
a la entrega de uniforme .»

En este orden de ideas, para su liquidación, deberá tenerse en
cuenta el término prescriptivo previsto en el artículo 102 del
Decreto Ley 1848 de 1969 , reglamentario del Decreto 3135 de 1968
de tres (3 ) años, contados a partir de la fecha en que la obligac ión

Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación
Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones
sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional.
Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas
con base en los factores para ellas establecidas».

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se hizo exigible, y el cual se interrumpe una vez presentada la
petición a la entidad.

En este caso, como quiera que a través de l derecho de petición de
radicado el 12 de mayo de 2015 , el demandante solicitó a la entidad
el pago de dicho concepto, se concluye que la obligación se
encuentra prescrita toda vez que dejó transcurrir más de tres (3)
años para su reclamación.

Vale anotar que esta decisión coincide con lo resuelto en primera
instancia y que fue aceptada por la parte demandante de manera
expresa en el recurso de apelación.

6. Condena en costas

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencio so Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superi o r
en caso de apelación.

Atendiendo esa orientación y de conformidad con lo previsto e n el
numeral 4º del artículo 365 del Código General del Proceso , se
estableció que «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar
las costas de ambas instancias» , por lo que se condenará en costas
a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administra ndo justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
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FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de mayo de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el señor JOHNATAN
ENRIQUE BERMÚDEZ HERNÁ NDEZ contra el MUNI CIPIO DE
PUERTO COLOMBIA (Atlántico), y en su lugar, negar las
pretensiones, de conformidad con las consideraciones exp uestas
en la presente sentencia.

SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte
demandante de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: Ejecut oriada esta provide ncia devolver e l expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI» .

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el veinticuatro (24) de marzo de dos mil veint idós
(2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON PERMISO

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