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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00276-01

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00276-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR al Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente a pagar las costas de ambas instancias, en favor del Departamento del Atlántico, para lo cual se procede a: Fijar por concepto de agencias en derecho de la primera instancia la suma de $2.696.873 a la fecha de ejecutoria de este fallo. Fijar como agencias en derecho de la segunda instancia la suma de $2.696.873, a la fecha de ejecutoria de este fallo. Las costas se liquidarán de forma concentrada por el Tribunal a quo. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace 64 Las pretensiones de la demanda ascienden a $539.374.674, como consecuencia del lucro cesante y el daño emergente reclamados. 38 Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349) Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente Demandado: Departamento del Atlántico Medio de control: Controversias contractuales https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.a spx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2016-00276-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)

Demandantes: CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO CENTRO DE IDIOMAS SOY
BILINGÜE NATURALMENTE

Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL. Fuente del daño / IURA NOVIT
CURIA. No reemplaza el derecho de acción. No permite cambiar la causa petendi de
la demanda. No permite introducir pretensiones. / CONTROVERSIA CONTRACTUAL.
Las pretensiones tienen como origen un contrato. / ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA
CAUSA. La reclamación no tiene una causa contractual. Fuente autónoma de
obligaciones. / CONTRATO ESTATAL. El perfeccionamiento del contrato estatal está
regulado por normas de orden público. El contrato no puede regular hechos previos a
su existencia. El contrato es ley para las partes. / OBJETO DEL CONTRATO
ESTATAL. Prestación de servicios. Su alcance se delimita por la voluntad de las partes
conforme a las condiciones de tiempo, modo y lugar. El tiempo como elemento
transversal del alcance y precio del contrato. / LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Balance
técnico, financiero y administrativo. Los pagos parciales no impiden verificar el
cumplimiento del contrato estatal y su alcance en la liquidación contractual.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 22 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico1, en la cual se resolvió:

Primero: Declárase la nulidad de la Resolución No. 01603 del 12 de mayo
de 2014, expedida por el Secretario de Educación del Departamento del
Atlántico, mediante la cual liquidó unilateralmente un contrato.

Segundo: Declarar que existió un enriquecimiento sin causa, en beneficio
del patrimonio del Departamento del Atlántico y en detrimento del Centro
de Educación Soy Bilingüe, de conformidad con las razones que
anteceden.

En consecuencia, se condena al Departamento del Atlántico a reconocer y
pagar al Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

1
Cuaderno Principal. Fls.639 y ss.

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente, la suma de $233.022.719,
a título de compensación por los servicios prestados en las instituciones
educativas de los municipios no certificados de esa entidad territorial
durante el año lectivo 2011, la cual deberá indexarse.

Tercero: Denegar las restantes súplicas de la demanda.

Cuarto: Sin costas (Numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso).

Quinto: La entidad demandada deberá cumplir esta decisión en los
términos de los artículos 194 a 195 del C.P.A.C.A.

Sexto: Notifíquese personalmente el presente fallo a la correspondiente
Procuraduría Judicial Delegada ante este Tribunal”.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO CENTRO DE IDIOMAS SOY BILINGÜE NATURALMENTE (en
adelante, el Centro de idiomas, o el contratista) y el DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTICO (Departamento, entidad territorial, entidad pública, o contratante),
celebraron el contrato 0107*2011*000041 el 13 de junio de 2011, cuyo objeto
fue la “Capacitación a los profesores de las instituciones educativas de los
municipios no certificados del Departamento del Atlántico en la metodología
‘Soy Bilingüe’ para la enseñanza del idioma inglés”, con un plazo de 9 meses,
sin exceder el 31 de diciembre de 2011. La entidad territorial liquidó
unilateralmente el contrato, ejercicio en el que consideró que sólo se prestó el
servicio por 6 meses y, en consecuencia, determinó que el contratista debía
reembolsar recursos de los pagos ya efectuados, a favor del departamento. El
Centro de idiomas señaló que prestó el servicio durante el plazo contractual e
inclusive durante todo el año lectivo, razón por la cual solicitó que se decrete la
nulidad de la liquidación unilateral y se reconozca el saldo adeudado, en el cual
se incurrió en falsa motivación, desviación de poder y un enriquecimiento para
el departamento, derivado del incumplimiento contractual.

II. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 30 de marzo de 20162, el CENTRO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO CENTRO DE IDIOMAS SOY BILINGÜE
NATURALMENTE presentó demanda, en ejercicio del medio de control de

2
Cuaderno ppal. Fls. 1-19.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

controversias contractuales, en contra del DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO, con las siguientes pretensiones, que se transcriben literalmente:

1. Que se declare la nulidad del Acta de Liquidación Unilateral expedida
por la administración en Resolución No. 01603 de 2014, confirmada en
todas sus partes por la Resolución No. 02094 de 2014, y a consecuencia
de la declaratoria de nulidad de estos actos administrativos se reconozca
el cumplimiento total del contrato No. 0107*2011-000041 del día 13 de
junio de 2011 suscrito entre el Departamento de Atlántico Secretaría de
Educación, y CENTRO DE IDIOMAS SOY BILINGÜE NATURALMENTE.

2. Se reconozca y pague el saldo adeudado por la entidad demandada
equivalente a la suma de $233.022.719, para cumplir con el valor acordado
por las partes dentro del contrato estatal celebrado por un valor total de
$998.668.797.00.

3. Se reconozca y paguen las sumas mencionadas debidamente
indexadas, que se reconozca y pague el daño emergente que le ha sido
ocasionado a consecuencia de la decisión de la administración. Así como
que se reconozca y paguen los respectivos intereses moratorios causados
hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

4. Que se le reconozca y pague a mi representada la suma de 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por todos los
daños antijurídicos ocasionados por el incumplimiento del contrato por el
ente territorial, así como los perjuicios causados a su buen nombre
comercial ‘Good will’, reconociendo perjuicios morales a su favor.

5. Se condene en costas a la parte demandada, tal como lo establece el
artículo 188 del Código de procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo y el numeral 1 del artículo 365 de la ley 1564 de 2012.

1.1 Fundamentos de hecho

Entre los años 2008 y 2010, el Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
suscribió contratos con el departamento del Atlántico, Secretaría de Educación,
con el fin de brindar capacitación a los profesores de las instituciones
educativas de los municipios no certificados de la entidad territorial en la
metodología Soy Bilingüe para la enseñanza del idioma inglés.

El demandante afirmó que, en enero del año 2011, la entidad territorial le
informó que ya tenía listo el certificado de disponibilidad presupuestal -CDP-
para la celebración del negocio y, en febrero de la misma anualidad,
proyectaron la minuta del contrato. Se indicó que, por la necesidad del servicio,
el Centro de idiomas inició con las prestaciones del contrato desde el comienzo
del año lectivo en los colegios con sala de bilingüismo con la instalación del
software "soy bilingüe", la entrega a los estudiantes y profesores de los libros

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

de apoyo y el acompañamiento académico y técnico requerido. Sin embargo,
por razones imputables al Departamento, durante el primer semestre del año
2011, el contrato no se legalizó.

El Centro de idiomas y el departamento del Atlántico firmaron el Contrato
0107*2011*000041 el día 13 de junio de 2011, por $998’668.797 y un plazo de
9 meses, contados desde la ejecutoria de la aprobación de las pólizas exigidas,
sin superar el 31 de diciembre de 2011. El día 16 de junio de 2011 suscribieron
el acta de inicio, con pleno conocimiento por parte de la Secretaría de
Educación y la interventoría de que el servicio se venía prestando desde el
inicio del año, con fundamento en los informes semanales y la supervisión de
las actividades.

Las partes suscribieron y pagaron las actas parciales, y en diciembre del 2011
se levantó el acta final que ratifica el avance, resultados y cumplimiento del
contrato. Por lo anterior, el Centro de idiomas emitió la factura de venta 0037,
correspondiente al cobro de la última cuota del contrato por valor de
$332’889.599, la cual no fue cancelada durante el año 2011, a pesar de haberse
expedido la orden de pago No. 31070347.

El demandante señaló que, en el año 2012, ante el inicio de una nueva
administración departamental, el contratista esperó el trámite pertinente para
recibir el pago y el gobernador, mediante el Decreto 0068 de marzo de 2012,
así lo ordenó, pero este no se efectuó porque el secretario de educación lo
bloqueó injustificadamente. El día 11 de mayo de 2012, el Centro de Idiomas
presentó petición de información sobre el pago y recibió respuesta con
consideraciones alejadas de la realidad, que insinuaban irregularidades del
contrato.

Ante el fracaso de la gestión para una liquidación bilateral, el departamento del
Atlántico la efectuó unilateralmente, mediante la Resolución 01603 de 2014, en
la cual ordenó al contratista la devolución de $100’532.658. Esta decisión fue
recurrida y la entidad territorial la ratificó mediante Resolución 02094 de 2014.

Finalmente, el Centro de Idiomas reiteró que dio cumplimiento a las
obligaciones contractuales, y que el supuesto incumplimiento atribuido por la

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Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
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Demandado: Departamento del Atlántico
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entidad territorial constituía una justificación arbitraria para negar el pago final
del contrato.

1.2 Fundamentos de derecho

El accionante fundamentó su demanda en los artículos 141 y 164 de la Ley
1437 de 2011 y en la Ley 80 de 1993. Alegó la vulneración de los principios de
buena fe y confianza legítima, así como la existencia de falsa motivación y
desviación de poder en los actos administrativos, por afirmarse un
incumplimiento en la ejecución del contrato, por no haberse prestado el servicio
durante 9 meses. Reprochó haberse procedido a la liquidación unilateral, sin
considerar la respuesta del interventor, quien señaló que el expediente
reposaba en la Secretaría de Educación. Finalmente, sostuvo que la decisión
respondió a una persecución política y al desconocimiento de documentos que
respaldaban el pago inicialmente ordenado, pero después se impidió su
materialización.

2. Actuaciones procesales de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico inadmitió la demanda el 8 de julio de
20163 y luego de su subsanación y la aceptación de un impedimento, la admitió
por auto del 23 de noviembre de 20174, que dispuso la notificación personal de
la parte demandada y del Ministerio Público.

El departamento del Atlántico contestó la demanda5 y se opuso a sus
pretensiones; afirmó que no vulneró las normas que rigen la contratación
estatal, no incumplió las obligaciones contractuales ni causó un
daño antijurídico al demandante; en cambio, señaló que la entidad territorial se
ha ceñido a los principios de la función y contratación pública. Propuso como
excepciones: i) improcedencia material y formal para legalizar prestaciones de
servicio ejecutadas antes del perfeccionamiento del negocio jurídico; ii)
improcedencia material y formal para declarar un reconocimiento económico al
demandante por concepto de incumplimiento del contrato por prestaciones
ejecutadas al margen de la existencia de un contrato debidamente celebrado;

3
Cuaderno Ppal. Fl. 415.
4
Cuaderno Ppal. Fl. 439.
5
Cuaderno Ppal. Fl. 461.

5

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iii) carencia de las condiciones de existencia de los perjuicios demandados; y
iv) falta de demostración de los perjuicios cuya indemnización se reclama.

El Tribunal Administrativo de Atlántico, por auto del 19 de julio de 2018, señaló
fecha para realizar la audiencia inicial, conforme al artículo 180 del CPACA6, la
cual se celebró el 1 de agosto del mismo año; además, fijó el litigio y decretó
las pruebas del proceso7. El día 15 de agosto, el a quo realizó la audiencia de
pruebas8; por auto del 6 de septiembre, puso en conocimiento los documentos
aportados9 y mediante el auto del 24 de octubre de 2018, dio traslado a las
partes y al Ministerio Público para presentar los alegatos de conclusión y rendir
concepto10.

3. Alegatos de conclusión

El 14 de noviembre de 2018, las partes allegaron sus alegatos de conclusión.
La parte demandante11 reiteró los argumentos y pretensiones de la demanda.
Además, hizo énfasis en que, con las pruebas documentales aportadas, quedó
acreditada la existencia de la orden emitida en el año 2011, por la Secretaría
de Educación y el interventor para iniciar trabajos y ejecutar las prestaciones,
sin haber suscrito el contrato. Añadió que esa orden fue expedida por la
funcionaria con competencias para comprometer a la entidad, con lo cual se
evidencia que la ejecución del contrato fue de 10 meses, de febrero a diciembre
de 2011, por lo que se produjo un enriquecimiento sin causa para el
departamento.

El Departamento alegó de conclusión12 y reiteró los argumentos de la
contestación. Destacó las formalidades requeridas para el perfeccionamiento
del contrato estatal y la improcedencia de reconocer hechos cumplidos por
fuera del marco contractual. Sostuvo que la cláusula relativa al plazo y al valor
del contrato eran ineficaces, ya que al momento de su suscripción no era
posible pactar una vigencia de 9 meses sin exceder el 31 de diciembre de ese

6
Cuaderno Ppal. Fl. 495.
7
Cuaderno Ppal. Fl. 505.
8
Cuaderno Ppal. Fl. 516
9
Cuaderno Ppal. Fl. 541.
10
Cuaderno Ppal. Fl. 551.
11
Cuaderno Ppal. Fl. 577.
12
Cuaderno Ppal. Fl. 560.

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Medio de control: Controversias contractuales

año. Además, indicó que en los estudios previos presupuestó una ejecución de
9 meses, y no de 7.

Afirmó que los cargos por falsa motivación y desviación de poder carecen de
sustento, y que la pretensión del actor es declarar un incumplimiento atribuible
al Departamento, pese a no existir un contrato válidamente celebrado. En
consecuencia, concluyó que se trata de hechos cumplidos que deben ser
discutidos mediante la actio in rem verso, propia de una acción compensatoria,
y no indemnizatoria.

El Ministerio Público no emitió concepto.

4. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Atlántico dictó sentencia el día 22 de marzo de
201913, en la cual declaró la nulidad de la Resolución 01603 del 12 de mayo de
2014, que liquidó unilateralmente el contrato 0107*2011*000041; declaró la
existencia de un enriquecimiento sin causa en detrimento de la demandante, y
ordenó al departamento del Atlántico reconocer la suma de $233’022.719, a
título de compensación por los servicios prestados en las instituciones
educativas de los municipios no certificados, durante el año lectivo 2011.

El a quo en su motivación reiteró el alcance de la sentencia de unificación de la
Sección Tercera del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012 (Exp.
24.897), sobre los supuestos en los que resulta posible reconocer el
enriquecimiento sin causa con ocasión de la prestación de un servicio sin
mediar un contrato escrito y precisó que en la litis se configuró el supuesto de
ejercicio del poder de imperio por parte del ente departamental sobre el Centro
de Idiomas. Además, el Departamento suscitó, sin equívocos, la confianza
legítima de prestar el servicio educativo. Esta conclusión se apoyó en los
testimonios de la funcionaria que ocupó el cargo de Secretaria de Educación,
el interventor y un docente de la época, así como de uno de los rectores de las
instituciones beneficiarias.

En estos términos, precisó que el enriquecimiento sin causa es esencialmente
compensatorio, por lo cual el demandante sólo tenía derecho al monto del

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Cuaderno Ppal. Fl. 639.

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enriquecimiento, el cual estimó en $233.022.719, y negó los intereses
moratorios e indicó que se aplicarían los del artículo 195 de la Ley 1437 de
2011.

5. Recurso de apelación

El 24 de mayo de 2019, el departamento de Atlántico interpuso el recurso de
apelación14, en el cual solicitó la revocatoria total del fallo, argumentando falta
de pruebas y sustento jurídico para acceder a las pretensiones de la demanda.
Señaló como motivos de inconformidad que no se demostró constreñimiento
en la prestación del servicio; que no puede invocarse la buena fe del
demandante por desconocer normas sobre el perfeccionamiento contractual, y
que se desconoció el carácter compensatorio de la actio in rem verso, al incluir
en la condena conceptos como el lucro cesante.

Además, alegó la acreditación de las excepciones formuladas en la
contestación de la demanda como la improcedencia de reconocer prestaciones
ejecutadas antes del perfeccionamiento del contrato y de declarar un
reconocimiento económico por concepto de incumplimiento contractual
sustentado en prestaciones ejecutadas al margen de la existencia del negocio
debidamente celebrado, y la ausencia de prueba sobre los perjuicios
reclamados. Entre sus argumentos, insistió en que no se desvirtuó la
presunción de legalidad del acto demandado y en el argumento de la ineficacia
de la cláusula del plazo pactado por las partes.

6. Trámite en segunda instancia

El a quo concedió el recurso de apelación mediante auto del 24 de septiembre
de 201915; esta Corporación lo admitió por proveído del 6 de diciembre
siguiente16, el cual se notificó a las partes por estado y al Ministerio Público
personalmente. Por auto del 17 de enero de 202017, se dio traslado a las partes
para presentar los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para emitir
concepto, quienes se pronunciaron dentro de la oportunidad legal.

14
Cuaderno Ppal. Fl. 664.
15
Cuaderno Ppal. Fl. 704.
16
Cuaderno Ppal. Fl. 740.
17
Cuaderno Ppal. Fl. 743.

8

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
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La parte demandante reiteró los hechos de la demanda y refutó cada uno de
los elementos de la apelación18. En sus alegatos, sostuvo que: i) la ejecución
del contrato contó con la orden e imposición de la autoridad competente —
Secretaría de Educación e interventor— y con el respectivo CDP; ii) se
cumplieron todos los requisitos para la procedencia de la actio in rem verso,
actuando siempre de buena fe; iii) el fallo de primera instancia tiene carácter
compensatorio; y iv) las excepciones fueron desvirtuadas. Reiteró que el
proceso tenía CDP, desde enero; existía orden de inicio y no era aplicable la
ineficacia prevista en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 respecto
al plazo y valor del contrato. Finalmente, solicitó confirmar la sentencia y
condenar al ente territorial al pago de costas en ambas instancias.

La parte demandada reiteró los hechos y argumentos de la apelación 19, solicitó
declarar probadas las excepciones de mérito planteadas en la contestación de
la demanda y que se revoque el fallo de primera instancia por carecer de
respaldo probatorio y jurídico.

El Ministerio Público presentó concepto orientado a confirmar la providencia
recurrida20, realizó una síntesis de los presupuestos de la actio in rem verso, en
los cuales precisó que, más que una acción autónoma, se trata de una
pretensión que puede surgir en el medio de controversias contractuales.
Asimismo, tras destacar el carácter solemne de los contratos y la sentencia de
unificación del 19 de noviembre de 2012, concluyó que en esta litis se configuró
el enriquecimiento sin causa por la causal de constreñimiento e imposición al
particular, ya que se acreditaron sus presupuestos y las prestaciones
ejecutadas.

En estos términos, concluyó que procede la nulidad de las resoluciones
impugnadas, que debe realizarse la liquidación del contrato y reconocerse la
totalidad del valor pactado, ya que dicho monto se reconoció en el acta final del
contrato con la correspondiente orden de pago. Además, resaltó que este
reconocimiento busca garantizar el equilibrio en las relaciones patrimoniales.

18
Cuaderno Ppal. Fl. 759-768.
19
Cuaderno Ppal. Fl. 769-781.
20
Cuaderno Ppal. Fl. 782-798.

9

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CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado, procede la Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis.

1. Objeto de la apelación y problema jurídico

Esta Corporación ha precisado que el marco fundamental de competencia del
juez de segunda instancia está delimitado por los argumentos fácticos y
jurídicos que el recurrente expone al controvertir la decisión de primera
instancia, de modo que, en principio, los aspectos no cuestionados por el
apelante deben quedar excluidos del ámbito del debate en la alzada 21. Esta
regla no es absoluta, dado que debe aplicarse junto a las excepciones
derivadas de: i) los preceptos constitucionales; ii) los compromisos vinculantes
asumidos por el Estado derivados de la ratificación de los tratados
internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario
ratificados por el Estado; y (iii) las normas legales imperativas, incluidas
aquellas disposiciones procesales que el juez debe aplicar de oficio, aun
cuando no hayan sido alegadas por la parte recurrente -verbigracia, la
caducidad de la acción-.

Con el fin de resolver los cargos de la apelación, la Sala encuentra pertinente
definir en forma previa el medio de control por el cual se deben decidir las
pretensiones de esta demanda, atendiendo a si el petitum se origina en el
contrato o en el enriquecimiento sin causa. Lo anterior, porque los argumentos
de la apelación controvierten la configuración del enriquecimiento sin causa, se
sustentan en la presunción de legalidad e improcedencia de la responsabilidad
contractual.

Definido el medio de control, se verificará si se debió declarar la nulidad de la
Resolución 01603 de 2014 que liquidó unilateralmente el contrato y la
Resolución 02094 de 2014 que la confirmó, para lo cual se analizarán los
cargos de la apelación que alegan una indebida valoración probatoria de los

21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6
de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 13 de agosto de 2024, exp. 70470, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Medio de control: Controversias contractuales

requisitos del enriquecimiento sin causa y la improcedencia del incumplimiento
contractual sustentado en prestaciones ejecutadas en forma previa al
perfeccionamiento del contrato de la controversia.

En esta medida se abordará: i) el medio de control procedente, ii) presupuestos
procesales de la demanda en forma y iii) los argumentos de la apelación
conforme al régimen de responsabilidad aplicable.

2. Medio de control procedente

En primer lugar, la parte demandante presentó la demanda en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales dispuesto en el artículo 141 de
la Ley 1437 de 2011, solicitando la declaratoria de nulidad de la liquidación
unilateral del contrato 0107*2011*000041 el día 13 de junio de 2011, por falsa
motivación y desviación de poder. Consecuencialmente, solicitó que se
reconozca y pague el saldo adeudado derivado del contrato estatal y se paguen
perjuicios por el incumplimiento contractual del Departamento.

La parte demandante fundamentó sus pretensiones en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, la presentación del informe final de actividades con
visto bueno de la interventoría y la inclusión del saldo pendiente en las cuentas
por pagar para el año 2012. Sin embargo, señaló que la entidad territorial no
realizó el pago correspondiente y liquidó unilateralmente el contrato,
desconociendo los valores adeudados con base en un supuesto incumplimiento
del plazo pactado. Además, sostuvo que prestó los servicios contratados desde
el principio del año 2011 y durante todo el año lectivo.

En apoyo de su posición, señaló que el desconocimiento del contrato configura
un enriquecimiento en favor de la entidad pública. Adicionalmente, afirmó que
venía suscribiendo un contrato similar en los años 2008, 2009 y 2010, presentó
oferta en febrero del 2011 y prestó los servicios al Departamento por orden de
la Secretaría de Educación antes de la suscripción del contrato, el cual se
suscribió el 13 de junio de 2011.

El Tribunal a quo estudió la controversia desde el enriquecimiento sin justa
causa con apoyo en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, afirmando la existencia de
11

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una prestación de un servicio sin mediar un contrato escrito, bajo la causal de
constreñimiento. Así, declaró la existencia de un enriquecimiento sin causa en
detrimento de la demandante, y ordenó el reconocimiento de una suma de
dinero a título de compensación. Por su parte, el recurso de apelación
controvierte el fallo en su totalidad, por aducir la carencia de fundamento
jurídico y fáctico de las pretensiones, y controvertir la responsabilidad derivada
tanto del enriquecimiento sin justa causa como de la responsabilidad
contractual.

Sobre el particular, corresponde a la Sala definir cuál es el medio de control
procedente en el sub examine, si concierne al principio que prohíbe que nadie
pueda enriquecerse a costa de otro sin causa justa, o si el petitum se eleva en
el marco del contrato referenciado, pues el medio de control lo define la causa
del reclamo y perjuicio alegado. Esta Corporación ha indicado que la fuente del
daño determina el medio de control procedente, en consecuencia, la técnica
apropiada para la formulación de las pretensiones y el estudio de los
presupuestos procesales para acudir a la vía jurisdiccional22.

En este sentido, si bien el juez cuenta con el deber de dar el trámite
correspondiente aunque se haya indicado una vía procesal inadecuada -
artículo 171 del CPACA- y conforme al derecho de acceso a la administración
de justicia rigen los principios “dame los hechos que yo te daré el derecho” -da
mihi factum, dabo tibi ius- e iura novit curia -el juez conoce el derecho-, no
puede perderse de vista que esta jurisdicción es de carácter rogado. En
consecuencia, las manifestaciones y pretensiones formuladas por las partes
resultan vinculantes y deben prevalecer frente a cualquier actuación oficiosa
orientada a adecuar la demanda, máxime cuando es procedente un
pronunciamiento de fondo, se respetan las normas procesales y se garantiza el
derecho de acceso efectivo a la administración de justicia.

El principio iura novit curia surgió en Roma para dividir el trabajo, reservándose
al juez el derecho y a las partes los hechos. En esta medida, está asociado al
derecho de acceso a la administración de justicia, al principio de legalidad en

22
Entre otras, Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 09 de abril de 2021,
Exp. 50371 C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. De la misma Subsección, sentencia del 13 de agosto
de 2024, Exp. 70470, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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su dimensión procesal conforme al artículo 230 de la Constitución Política 23 y
al deber inexcusable del juez de resolver de mérito los asuntos sometidos a su
conocimiento previsto en el artículo 42 del Código General del Proceso, que
prescribe:

Artículo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez: […]
6. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido,
o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que
regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina
constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del
derecho sustancial y procesal.

Por tanto, el iura novit curia garantiza la efectividad del acceso a la
administración de justicia, en la medida que exige que el juez resuelva de fondo
un asunto según el ordenamiento que conoce, a pesar de que las partes hayan
errado en su formulación jurídica. Este principio implica la presunción de que el
operador jurídico conoce el ordenamiento jurídico, el deber de investigar el
derecho aplicable y de emplearlo al proceso de oficio.

Esta facultad de identificar el derecho aplicable al caso debe distinguirse de las
cargas procesales y obligaciones que competen exclusivamente a las partes,
las cuales no pueden ser desplazadas hacia el juez sin desvirtuar el sentido de
tales conceptos jurídicos y del principio de imparcialidad. De hecho, algunas
normas procesales exigen que sean las partes las que acudan a la correcta
invocación de los fundamentos jurídicos, como el artículo 162 del CPACA, que
prescribe que tratándose de la impugnación de actos administrativos se
indiquen las normas violadas y el concepto de violación24.

Conforme a lo anterior, esta Corporación ha establecido que el principio iura
novit curia no permite modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda.
En consecuencia, tampoco permite la introducción de pretensiones que no
fueron instauradas por las partes, así:

Finalmente, si bien en aplicación del principio iura novit curia corresponde
al juez, frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante,
definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso, ello no puede ni
debe confundirse con la modificación de la causa petendi y menos aún del

23
Art. 230. Constitución Política. “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la
ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.”
24
Art. 162. CPACA. “Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente
y contendrá: […] Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación
de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.”

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petitum, es decir, variar los hechos que se enuncian en la demanda como
fundamento de la pretensión, o de las pretensiones mismas.25

Estos límites al iura novit curia evidencian que su aplicación debe guardar
armonía con el principio de congruencia y el respeto de la pretensión procesal,
garantizando la prevalencia de la manifestación de las partes prevista en los
hechos de la demanda y las peticiones que sustentaron el ejercicio de su
derecho de acción.

En atención a que el fallo de primera instancia se sustentó en el enriquecimiento
sin justa causa, debe precisarse que esta institución corresponde a una fuente
autónoma y subsidiaria de las obligaciones -cuando no media otra causa
jurídica- que se presenta como fundamento de una pretensión sustancial de
corrección del traslado patrimonial. Los lineamientos de la Corte Suprema de
Justicia y esta Corporación para su procedencia, exigen que se deben reunir
los siguientes requisitos26: i) la existencia de un enriquecimiento, entendido
como la obtención de una ventaja patrimonial, que puede ser positiva o negativa
-evitar el menoscabo del patrimonio-; ii) el empobrecimiento correlativo, lo cual
significa que la ventaja obtenida por el enriquecido representa
consecuentemente una disminución patrimonial para quien demanda; iii) la
ausencia de causa jurídica que justifique el enriquecimiento del beneficiado
como consecuencia del empobrecimiento del afectado, lo cual lo convierte en
injusto, iv) la inexistencia de otra acción a disposición del demandante para
recuperar el bien, originada por la ley, un contrato, un cuasi-contrato, delito, un
cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos; y, v) la actio in rem
verso -acción de enriquecimiento sin causa- no es procedente cuando se
pretende soslayar una disposición imperativa de la ley.

Esta Corporación ha reconocido la procedencia subsidiaria y excepcional de
esta figura para proteger la buena fe de las partes y limitar el desconocimiento
de las normas de orden público. Al respecto, la Sección Tercera ha emitido dos
pronunciamientos de unificación para precisar su carácter excepcional y los
supuestos de aplicación, correspondientes a las sentencias del 19 de

25
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 70470,
C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
26
Corte Suprema de Justicia, sentencias de casación del 6 de septiembre de 1935 y 19 de noviembre de
1936. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2020. Exp.
46361. C.P. María Adriana Marín.

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noviembre de 2012 (Exp. 24.897) y del 31 de julio de 2025 (Exp. 57.464)27. En
ambas providencias, se reafirma el carácter extraordinario de su procedencia
frente al petitum sustentado en actividades, suministro de bienes o servicios
por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo, para
aquellas entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (EGCAP).

Así, el primer fallo respondió a la disconformidad existente, hasta ese momento,
en torno a los elementos que debían ser acreditados ante el contencioso-
administrativo para solicitar el restablecimiento derivado de un enriquecimiento
sin justa causa, mientras el segundo esclarece y rectifica la jurisprudencia en
el sentido de que (i) la procedencia de esta figura no se limita a una lista taxativa
y (ii) el primer evento plasmado en la sentencia de unificación del año 2012
(supuesto de constreñimiento) se trata de una hipótesis de falla del servicio.
Adicionalmente, en la sentencia de unificación del 31 de julio de 2025, se
retoman los elementos que permiten su configuración y los presupuestos que
debe estudiar el juez.

Sobre los supuestos para su procedencia, la sentencia de unificación del 19 de
noviembre de 201228, señaló: “[…] la Sala admite hipótesis en las que resultaría
procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno, pero, se
insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de
interpretación y aplicación restrictiva […]”. De manera puntual, referenció los
siguientes eventos a título enunciativo:

Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés
público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de
la Sala, serían entre otros los siguientes:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que
fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del
particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o
de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de
prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera
del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

27
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012. Rad.
73001-23-31-000-2000-03075-01(24897), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; De la misma
Corporación, Sentencia de unificación del 31 de julio de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01
(57464), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
28
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012. Rad.
73001-23-31-000-2000-03075-01(24897), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios,
suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una
amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud,
derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida
y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de
manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad
absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas,
así como de la celebración de los correspondientes contratos,
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso
contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero
general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia,
es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración
frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y
la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a
tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia
manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la
ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin
contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del
legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41
inciso 4º de la Ley 80 de 1993 […]”.

Ante estos supuestos, la sentencia de unificación del 31 de julio de 2025 ratificó
su carácter no taxativo y frente al primer evento, precisó:

En ese sentido, la Sala rectifica la postura jurisprudencial plasmada en la
sentencia de unificación del 19 de noviembre del 2012, para dejar sentado
que aquellos eventos en los que la entidad pública (o particular en ejercicio
de funciones administrativas) coaccione, constriña o imponga a un
particular (o a un servidor público) la prestación de un servicio o la entrega
de un bien, o -en general- la ejecución de una actividad, la eventual
indemnización de los perjuicios causados por dicha situación debe
estudiarse como un evento de falla del servicio y no de enriquecimiento sin
justa causa. En tal sentido, la reparación llamada a ser reconocida no se
limita a la compensación propia del último instituto señalado, sino que
habilita la indemnización plena e integral de los perjuicios generados por
la conducta irregular.29

En relación con el medio de control aplicable, esta Corporación ratificó el
análisis bajo los requisitos procesales de la reparación directa y, en tal sentido,
reiteró en la unificación del 31 de julio de 2025, que “la pretensión debe
formularse cumpliendo los presupuestos procesales de la reparación directa,
bien sea ante la inexistencia de contrato -sea porque se reclama una actividad
producto de un acuerdo verbal o porque no existe pacto en absoluto- o ante el
desarrollo de actividades con posterioridad al agotamiento del objeto de un
contrato celebrado previamente”30. Asimismo, reafirmó el principio iura novit

29
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 31 de julio de 2025. Rad. 08001-23-
33-000-2014-00442-01 (57464), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
30
Ibidem.

16

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curia al precisar que “La indicación formal de un medio de control diferente al
de reparación directa, o la ausencia de mención del mismo, no puede ser
empleado como un aspecto que impida dar trámite al conocimiento de la
pretensión, de reunirse la totalidad de los presupuestos procesales para ello”31
(subrayado fuera del texto).

En estos términos, el instituto del enriquecimiento sin causa resulta aplicable
de manera excepcional en aquellos supuestos en los que se hayan ejecutado
prestaciones sin mediar una causa jurídica, como sería un vínculo contractual
debidamente perfeccionado, en la forma definida por la jurisprudencia32 y con
fundamento jurídico en la prohibición de que una persona se beneficie
patrimonialmente a expensas de otra sin una justificación jurídica.

Además, con independencia del medio de control instaurado formalmente,
procede el estudio de dicho petitum según la forma de presentación en la
demanda -verbigratia por acumulación de pretensiones, o, en forma subsidiaria-
e incluso aplicando el principio iura novit curia, siempre que de la demanda se
derive una petición y causa petendi que tenga por objeto y fin la restauración
patrimonial derivada del enriquecimiento sin justa causa, y esta cumpla con los
presupuestos procesales para un pronunciamiento de fondo por parte de la
Jurisdicción. Ante su ausencia, el juez encuentra limitado su ámbito de acción,
pues aún en el marco del iura novit curia, no es posible variar los hechos ni las
pretensiones33 y, en consecuencia, tampoco la introducción de un nuevo
petitum ni su reformulación.

Bajo estas condiciones, la Sala encuentra que cuando las pretensiones tienen
una causa contractual, la controversia debe juzgarse conforme a las reglas del
negocio suscrito, con prelación sobre cualquier análisis relacionado con
reconocimientos económicos derivados del enriquecimiento sin causa. Esta
conclusión también se sustenta en que todo pronunciamiento de la jurisdicción
debe respetar el principio de congruencia, el cual exige coherencia con las

31
Ibidem.
32
Además de los supuestos reconocidos a título enunciativo en la Sentencia de unificación del 19 de
noviembre de 2012, en algunas oportunidades esta Subsección ha reconocido la procedencia del
enriquecimiento sin causa en los eventos en los que se ha prestado el servicio educativo por periodos en
los que no se suscribió contrato estatal. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 06 de febrero de 2020, exp. 46361, C.P.: María Adriana Marín
33
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 70470,
C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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pretensiones y los hechos expuestos en la demanda. En el sub judice, se
destaca que el pedido es la nulidad de la liquidación unilateral, el
reconocimiento económico “[…] para cumplir con el valor acordado por las
partes dentro del contrato estatal celebrado”34 y la solicitud de indemnización
de perjuicios por el alegado incumplimiento atribuido a la entidad
departamental.

En estos términos, las pretensiones instauradas tienen una causa petendi
exclusivamente contractual y el hecho principal que la sustenta reside en la
celebración del contrato 0107*2011*000041 de 2011, las condiciones pactadas
para su ejecución, el alegado cumplimiento de las prestaciones y su liquidación
unilateral. La referencia a la ejecución de prestaciones previas al
perfeccionamiento del contrato, solo se presenta como un argumento fáctico
para alegar la responsabilidad contractual, que justifica la parte demandante en
la demora para la suscripción del contrato por motivos administrativos

Así, ante el alegado incumplimiento contractual, la controversia debe analizarse
según el régimen del negocio celebrado, el cual proporciona el marco normativo
específico que reconoce derechos, impone obligaciones y establece
mecanismos de satisfacción según las estipulaciones de las partes y lo
dispuesto por la ley.

Además, el artículo 1602 del Código Civil prescribe que “todo contrato
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, en
consecuencia, las cláusulas contractuales son de obligatorio cumplimiento para
las partes. Por ello, invocar en los hechos de la demanda prestaciones previas
al perfeccionamiento del negocio para pedir su cumplimiento, implica una
contradicción del usuario de la administración de justicia que alega una
responsabilidad contractual, la cual se puede predicar únicamente después del
perfeccionamiento de este vínculo negocial.

En el sub examine, la Subsección estima desacertada la decisión de primera
instancia que, desconociendo que el petitum exigía abordar la responsabilidad
contractual, resolvió el caso exclusivamente bajo los postulados del

34
Pretensiones de la demanda. Cuaderno Ppal. Fl.5-6.

18

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enriquecimiento sin causa a pesar de que la demanda no elevó ninguna
pretensión relacionada con este instituto -ni como principal, ni subsidiaria, ni
con fundamento en la acumulación de pretensiones- ni se estableció dicha
figura como fundamento de derecho de la reclamación; contrario sensu, lo
solicitado es la nulidad de la liquidación del contrato, el incumplimiento por el
no pago del precio del contrato junto con la reclamación de los saldos
adeudados en el negocio jurídico.

Si bien la aplicación del principio iura novit curia permite al juez determinar cuál
es el derecho aplicable a una controversia, no habilita a la instancia judicial a
introducir ni reformular las pretensiones de la demanda. En esa medida, es
improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta
controversia y carece de objeto cualquier análisis de los argumentos de
apelación dirigidos a desvirtuar la aplicación de esta figura. En consecuencia,
el presente litigio se debe resolver por el medio de controversias contractuales
atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes,
conforme a sus presupuestos procesales.

3. Presupuestos procesales de la demanda en forma

3.1. Jurisdicción y competencia

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en
la actividad contractual de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el
departamento del Atlántico.

También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente
asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del
artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.35

35
En el año 2016, momento en que se presentó la demanda, el salario mínimo correspondía a $689.455
y la estimación de la cuantía en la demanda asciende a $539.374.674, equivalentes a 782,3 salarios
mínimos mensuales legales vigentes del año 2016.

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3.2. Oportunidad del medio de control

El artículo 164, numeral 2, literal j, del CPACA, establece que la oportunidad
para presentar la demanda, tratándose de contratos sometidos a liquidación,
es de dos años, contados desde diferentes momentos, atendiendo al
agotamiento del plazo contractual o legal para liquidar el contrato, o desde que
ésta se efectúa. En los casos donde se realiza la liquidación unilateral,
prescribe:

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años
que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho
o de derecho que les sirvan de fundamento. [….] En los siguientes contratos, el
término de dos (2) años se contará así: (...)

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por
la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo
que la apruebe […]”.

Esta instancia encuentra que el departamento del Atlántico liquidó
unilateralmente el contrato de la litis mediante la Resolución No. 01603 del 12
de mayo de 2014, confirmada en todas sus partes por la Resolución No. 02094
del 24 de julio de 2014, notificada personalmente el día 5 de agosto de 2014,
por tanto, el acto adquirió firmeza el 6 de agosto de 2014, según lo consignado
en el artículo 87, numeral 2, del CPACA.

Es así como el término de 2 años para acudir a esta jurisdicción vencía, en
principio, el 6 de agosto de 2016 y como el contratista presentó la demanda el
día 30 de marzo de 201636, se concluye que acudió a la jurisdicción dentro de
la oportunidad legal, aun sin necesidad de contabilizar los términos de
suspensión para el trámite de la conciliación prejudicial.

3.3. Legitimación en la causa

Frente a las pretensiones de carácter contractual se encuentra que el Centro
de Idiomas está debidamente legitimado para actuar en el proceso en su
calidad de contratista del contrato 0107*2011*000041 el 13 de junio de 2011 y,
por la parte pasiva, el departamento del Atlántico, entidad territorial que

36
Cuaderno Ppal. Fls. 1-19. También se acreditó el cumplimiento del requisito de la conciliación prejudicial
con la constancia emitida el 18 de febrero de 2016. Cuaderno Ppal. Fl. 409.

20

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suscribió el contrato referenciado y quien expidió la liquidación unilateral
demandada, razones que acreditan su legitimación en la causa por pasiva.

4. Sobre la legalidad de la liquidación unilateral y pretensiones
consecuenciales.

A esta Subsección le corresponde determinar si se configuran los motivos de
inconformidad planteados en el recurso de apelación frente a la declaratoria de
nulidad de la liquidación unilateral del contrato.

Para el efecto, se abordará: i) el alcance de la liquidación unilateral; ii) la
suscripción, perfeccionamiento y condiciones del contrato 0107*2011*000041;
y iii) el análisis del caso concreto frente a los cargos de la apelación.

4.1. Alcance de la liquidación unilateral

El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007 -
normativa aplicable a esta controversia por tratarse de un contrato suscrito y
terminado en el año 2011- establece la obligación de liquidar el contrato estatal
en algunos eventos y su contenido. Así, la obligación de liquidar bajo dicho
régimen normativo está prevista para: i) los contratos de tracto sucesivo; ii) los
contratos cuya ejecución se prolongue en el tiempo; y iii) los que los requieran.
Su finalidad es establecer el cierre contractual, para lo cual habilita la inclusión
de los acuerdos, conciliaciones o reconocimientos a que haya lugar para lograr
este fin. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
consagra expresamente las oportunidades para proceder con una liquidación
bilateral, unilateral y judicial.

Así, para esta Corporación “la liquidación del contrato es una actuación
administrativa posterior a su terminación normal o anormal, cuyo objeto es el
de definir si existen prestaciones, obligaciones o derecho a cargo de las partes,
hacer un balance de las cuentas y proceder a las reclamaciones, ajustes y
reconocimientos a que haya lugar, para así dar finiquito y paz y salvo a la
relación negocial”37.

37
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre de 2007. Rad. 68001-23-15-000-
1995-01233-01 (16370). C.P.: Ruth Stella Correa Palacio.

21

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Por tanto, la liquidación constituye un balance final o ajuste de cuentas
económico, técnico y jurídico, entre la administración contratante y el particular
contratista, con la finalidad de finiquitar su relación contractual, razón por la cual
se plasma y formaliza la situación financiera y jurídica al término de la relación
contractual. Si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la
potestad para liquidar unilateralmente un contrato no conlleva la competencia
para declarar incumplimientos y tasar perjuicios38, también ha definido que la
suscripción del acta final o recibo a satisfacción no constituye una declaración
definitiva de su cumplimiento y, en consecuencia, no limita la obligación de
verificar en la liquidación la existencia de obligaciones pendientes y determinar
la forma en que estas deben ejecutarse o satisfacerse39.

En efecto, el acta de recibo final del contrato como las actas parciales, son
elementos accidentales del contrato, que se han dejado al libre acuerdo de
voluntad de las partes contratantes. Esta Corporación concibe el acta de recibo
final como “medio de verificación de la ejecución del objeto contractual, para
determinar si el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las
especificaciones pactadas en el contrato […] puesto que a través de ella se
constata cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de las prestaciones a
cargo del contratista como paso previo para efectuar el respectivo corte de
cuentas que implica la liquidación del contrato”40. Sin embargo, también se ha
establecido que el acta de recibo no es una prueba irrefutable del cumplimiento.

Por tanto, aunque representan expresiones relevantes para provocar el pago
del contrato, pueden ser desvirtuadas si no se apoyan en pruebas reales del
cumplimiento o si ante información sobreviniente se evidencia el
incumplimiento41. En este sentido, se ha previsto que el acta final o recibo a
satisfacción no constituye una declaración definitiva de su cumplimiento y, en
consecuencia, no limitan la obligación de verificar en la liquidación la existencia

38
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 01 de julio de 2025. Rad. 25000-
23-36-000-2021-00617-01 (72021). C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
39
Ibídem.
40
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de febrero de 2013. Exp. 25199. C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
41
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 1 de junio de 2020. Exp. 48945.M.P.:
Jaime Enrique Rodríguez Navas.

22

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de obligaciones pendientes y determinar la forma en que estas deben
ejecutarse o satisfacerse42.

4.2. Suscripción, perfeccionamiento y condiciones del contrato
0107*2011*000041

Conforme al acervo probatorio se acredita que el 13 de junio de 2011, el
Departamento del Atlántico y el Centro de idiomas suscribieron el contrato
0107*2011*000041 de prestación de servicios bajo la modalidad de
contratación directa, conforme al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública43. Este negocio se rige por la normativa dispuesta en
los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, que reconocen la capacidad
dispositiva de la autonomía de la voluntad, la aplicación de las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas en dicha ley.

El Estatuto General de Contratación de la Administrativa Pública prescribe que
“Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito […]” (art. 41 de la Ley 80
de 1993) y el artículo 1500 del Código Civil dispone que “Los contratos son
consensuales, reales o solemnes. El contrato es solemne cuando está sujeto a
la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no
produce ningún efecto civil”, por tanto, el contrato estatal nace a la vida jurídica
únicamente cuando concurren esas condiciones, incluyendo la forma de
perfeccionamiento.

Estas normas son de orden público porque imponen un requisito esencial e
inderogable para la existencia de los contratos estatales, prevalecen sobre
cualquier pacto en contrario y se alza como garantía de transparencia,
legalidad, protección del interés general y de los recursos públicos.

Por tanto, salvo precisas excepciones relativas a la contratación en condiciones
de urgencia manifiesta, no es posible aducir la existencia de un contrato estatal
sometido a la Ley 80 de 1993 en forma previa a las condiciones dispuestas en

42
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 01 de julio de 2025. Rad. 25000-
23-36-000-2021-00617-01 (72021). C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
43
Cuaderno Ppal. Fl. 37 y el expediente contractual obra en el cuaderno de pruebas.

23

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estas disposiciones y cualquier reclamación que pretenda desconocerlas
carece de soporte legal, e incluso tiene vocación de infringir normas de orden
público. Así, en el sub judice el Contrato 0107*2011*000041 nació a la vida
jurídica el día 13 de junio de 2011.

Las partes estipularon el objeto contractual en la cláusula primera, así:
"Capacitación a los profesores de las instituciones educativas de los municipios
no certificados en el departamento del Atlántico en la metodología "Soy
Bilingüe" para la enseñanza del idioma inglés. Lo anterior de conformidad con
su oferta, la cual se anexa al presente contrato y hace parte integral del mismo
para todos los efectos legales”. Acordaron su duración en la cláusula quinta, de
este modo: “PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de las obligaciones
de EL CONTRATISTA es de nueve (09) meses, contados a partir del día
siguiente a la ejecutoria del acto aprobatorio de la póliza de garantía y sin que
supere el 31 de diciembre de 2011” y su valor se pactó en novecientos noventa
y ocho millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y siete
pesos ($998.668.797), incluido el IVA.

Aun cuando el objeto del contrato referencia actividades de capacitación en la
metodología "Soy Bilingüe" para la enseñanza del idioma inglés, su alcance se
estructuró conforme a las especificaciones de la oferta presentada por el Centro
de Idiomas, que según la cláusula primera “[…] se anexa al presente contrato
y hace parte integral del mismo”. En esta medida, es claro que el alcance del
objeto contractual y sus prestaciones se delimita por la voluntad de las partes
conforme a las condiciones de tiempo, modo y lugar expresamente
establecidas.

En el plenario se encuentra la propuesta presentada el 7 de febrero de 2011
por el Centro de Idiomas a la Secretaría de Educación del departamento del
Atlántico, acompañada de la cotización respectiva por valor de $998.668.80044.
Esta propuesta es relevante dado que los estudios previos y la minuta no
detallaron en forma expresa las especificaciones y alcance del objeto
contractual, por ende, su inclusión como parte del contrato precisa las
obligaciones del contratista. La oferta corresponde a una cotización y oficio
denominado propuesta, ambos del día 7 de febrero de 2011 y suscritos por el

44
Cuaderno Ppal. Fls. 97 y 98.

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representante legal del Centro de Idiomas. En la cotización se indican las
actividades a cargo del Centro de idiomas, en los siguientes términos:

Le cotizamos la capacitación de los docentes de inglés de 28 colegios
departamentales seleccionados, para que formen los estudiantes de estos
colegios, de los grados 8, 9, 10 y 11 por un valor total de NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($988.800.000).

La propuesta incluye entrega de libros guía para los docentes y
estudiantes, en forma gratuita, para ellos, el entrenamiento de los
profesores de inglés de los 28 colegios seleccionados en el método de
enseñanza ‘soy Bilingüe’, la instalación del software MÓDULO II de la
metodología ‘Soy Bilingüe’ y el acompañamiento, coordinación y
seguimiento del proceso durante El año lectivo 2.011.45 (Subrayas del
Despacho)

Adicionalmente, el oficio “Propuesta” incluye el objeto, la descripción de los
bienes y servicios, así como sus valores, determinando el precio total que se
tuvo en cuenta en el contrato:

La propuesta es para capacitar los profesores y estudiantes de los 28
colegios departamentales que ya realizaron El módulo I, para enseñarles
inglés, con la metodología ‘SOY BILINGÜE’, MÓDULO II.

La propuesta incluye la instalación del software, en su segundo módulo
para el uso de los profesores y estudiantes, la entrega de los libros, en
forma gratuita para ellos, la capacitación y acompañamiento de los
profesores que se convierten en multiplicadores del método y el
permanente acompañamiento académico y tecnológico, durante el período
contratado.

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALOR MESES TOTAL
DEL BIEN O UNITAR
SERVICIOS IO
SOFTWARE 560 900.000 504.000.000
LIBRO DE 14.000 30.000 420.000.000
ESTUDIANTES
LIBRO DE 48 30.000 1.440.000
PROFESOR
GASTOS DE 2 1.830.900 10 36.618.000
COORDINADO
RES
TÉCNICOS
(MANTENIMIE
NTO Y
SOPORTE
TÉCNICO)
GASTOS DE 2 1.830.540 10 36.610.800
COORDINADO
RES
ACADÉMICOS
TOTAL 998.668.800

45
Cuaderno Ppal. Fls. 97 y 98.

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SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($998.668.800).

Conforme a la terminología empleada en la propuesta, que aludía a servicios
“durante el año lectivo 2.011”, “período contratado”, o la única referencia de
meses “10”, se puede concluir, que la cotización se presentó para atender la
enseñanza del idioma inglés durante el calendario escolar del año 2011.
Aunque no se indica en la propuesta, esta instancia judicial encuentra que la
Ley 115 de 1994 consagra en el artículo 86 que el calendario escolar tiene
“períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20
semanas mínimo”, por tanto, es razonable que para atender la necesidad
durante todo el año escolar se estableciera un presupuesto correspondiente a
9 meses, teniendo en cuenta que se radicó la oferta cuando ya empezaba el
año escolar y que se trata de una interpretación armónica de la oferta con los
estudios previos y la suscripción del contrato por ese plazo.

Ahora bien, el objeto contractual se concreta en la prestación de un servicio de
capacitación orientado al aprendizaje del inglés, mediante la metodología “Soy
Bilingüe” y el uso de un software instalado y puesto a disposición de los
docentes y estudiantes. El contrato no tenía por finalidad la venta de licencias
para libre disposición institucional, sino la ejecución de un proceso formativo
apoyado en una plataforma informática diseñada para dicho propósito.

Por esta razón, el objeto no se circunscribía a un proceso de formación para
los docentes, sino que la capacitación implicaba poner a disposición de los
estudiantes una herramienta informática para aprender inglés, con el
acompañamiento técnico, académico e instrucción previa de los profesores,
quienes desarrollarían un rol de agentes multiplicadores. Esta enseñanza se
desarrollaría durante la jornada escolar conforme al calendario académico.

En estos términos, a partir de una interpretación sistemática del contrato -art.
1622 del Código Civil- que recoge el objeto contractual y su alcance, los
estudios previos y la oferta presentada, se encuentra que el precio del contrato
remunera la prestación del servicio por 9 meses. Adicionalmente, esta posición
es aceptada por las partes del contrato, según se deriva para el ente
departamental del acta de liquidación y, para la parte demandante, quien
muestra su posición desde los hechos de la demanda, con los cuales busca

26

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acreditar la ejecución por un lapso de 9 meses, como soporte de la pretensión
contractual del pago total del precio.

Sobre las condiciones contractuales, las partes estipularon en la cláusula
octava: “FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA,
el valor del presente contrato, así: a) Un anticipo del treinta por ciento (30%) a
la legalización del mismo. b) El saldo, es decir, el setenta por ciento (70%) del
valor del contrato se cancelará en tres actas parciales iguales de ejecución,
previa amortización del anticipo, y acta final de ejecución la cual será suscrita
por el contratista e interventor, a su entera satisfacción”.

Además, en el expediente administrativo allegado se encuentran como
soportes presupuestales, el certificado de disponibilidad presupuestal emitido
el día 4 de febrero de 2011 y su respectivo registro presupuestal46. En estos
términos, se concluye que el perfeccionamiento del contrato
0107*2011*000041 se concretó el día 13 de junio de 2011 con su suscripción
en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y que el inicio del plazo
contractual se presentó el día 16 de junio 201147, luego de acreditarse la
aprobación de las garantías que se surtió el mismo día.

Por lo anterior, en el contrato 0107*2011*000041 del 2011 no existió el
reconocimiento de prestaciones previas, dado que no existe remisión expresa
a ellas y el inicio del plazo se condicionó expresamente a la firma del acta de
inicio. Además, las partes firmaron esta acta señalando como principio del plazo
contractual el día 16 de junio de 2011 y sobre esta actuación no se estableció
ninguna salvedad ni se elevó pretensión orientada a desvirtuar su legalidad o
veracidad.

4.3. Análisis del caso concreto

En el sub judice, se encuentra acreditado que el Secretario de Educación
Departamental del Atlántico expidió la Resolución 01603 del 12 de mayo de
201448, por medio de la cual efectuó la liquidación unilateral del contrato 0107-
2011*000041. Su contenido referencia que la ejecución fue del 66,6% del

46
Cuaderno Ppal. Fls. 105-106.
47
Cuaderno de pruebas. Fl. 94.
48
Cuaderno Ppal. Fl. 21.

27

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tiempo estipulado en el contrato y, por ende, atendiendo los pagos parciales
efectuados, estableció un saldo a favor del departamento por $100.532.658 y
requirió al representante legal de Centro de Idiomas la devolución de estos
recursos. Este acto fue recurrido y confirmado mediante la Resolución 02094
del 24 de julio de 201449.

En la motivación de la Resolución 01603 señaló que, de acuerdo con el acta de
inicio y terminación, el tiempo real de ejecución fue de 5 meses y 26 días, que
aproximó a 6 meses, y que no se contaba con los soportes para “concluir el
cumplimiento total de las obligaciones generadas en el mismo, proyectadas
para cumplir en nueve (9) meses”. Además, sobre la ejecución parcial del
negocio y balance financiero del negocio, señaló:

Revisados los documentos pertinentes al Contrato No. 0107*2011*000041,
suscrito entre el Departamento del Atlántico y el Centro de Idiomas Soy
Bilingüe Naturalmente con fecha junio 13 de 2011, independientemente de
las irregularidades señaladas por el Organismo Control Interno, en cuanto
a su ejecución es imposible señalar el porcentaje de cumplimiento y el
costo total derivado del valor unitario por capacitación ofrecida a docentes
como lo reza el objeto del contrato o a profesores y estudiantes como lo
señala la propuesta toda vez que en los soportes solicitados inclusive por
el Señor secretario de Educación al interventor del contrato, no reposan en
la Carpeta del citado contrato.

Por otra parte, se encuentra, que el contrato prevé ejecutar la formación en
un tiempo de nueve (9) meses, tiempo que según el inicio (Junio 16 de
2011) y la finalización (Diciembre 12 de 2011), solo fue de
aproximadamente seis meses.

En cuanto al tema del valor total del contrato $998.668.793,00 y los pagos
parciales realizados, se deduce que el contratista recibió un desembolso
por SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($765.646.077,00)
M/L, sumatoria resultante de tres pagos parciales, así:

Julio 16 de 2011: $299.600.639.
Agosto 8 de 2011: $233.022.719.
Septiembre 15 de 2011: $233.022.719.

De lo anterior se deduce, que el Departamento aún le faltaría por cancelar
$233.022.720.

La única variable que puede medir el porcentaje de cumplimiento del
Contrato es el tiempo, que se evidencia [sic] en los cuales están soportados
seis de los nueve meses pactados, equivalente al 66,6% del tiempo
estipulado en el contrato.

Hipotéticamente se puede establecer una equivalencia entre tiempo
ejecutado (Seis meses aproximadamente. Del 16 de junio al 12 de

49
Cuaderno de pruebas. Fl. 40.

28

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diciembre de 2011 equivalente a cinco meses 28 días) y costo por
porcentaje de tiempo ejecutado (66.6% de $998.668.793 = $665.113.416),
de donde se deduce que el Departamento del Atlántico habría cancelado
un excedente de $765.646.077 -$665.113.416= $100.532.658”.
(Subrayado fuera de texto)

En relación con los argumentos expuestos, cabe destacar que se allegó el
expediente contractual con la oferta, que referenció el precio del contrato -la
cual se transcribió en forma previa-. Sin embargo, en la misma no se discriminó
un valor unitario del servicio de capacitación por persona (docente o estudiante)
y en el componente central derivado de la instalación y disponibilidad del
software, y solo se estableció un monto global. Por su parte, los estudios
previos establecieron el valor total del contrato por remisión a la propuesta
presentada por el Centro de Idiomas50.

Esta instancia judicial encuentra que el plazo fue pactado en 9 meses, contados
desde el acta de inicio, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2011, aun cuando
al momento de presentarse la propuesta y realizarse los estudios previos no se
contempló este límite temporal, incluyendo únicamente el término de 9 meses.
Este contrato no fue modificado porque no se suscribieron prórrogas ni otrosíes
y existe consenso entre las partes en que se prestó el servicio por lo menos
desde el acta de inicio suscrita el 16 de junio de 2011, máxime que no se
demandó la legalidad de esta acta.

En efecto, el Departamento, en la liquidación reconoció la prestación del
servicio a partir de esa fecha, hasta diciembre, por el término de 6 meses, y la
parte demandante asiente la ejecución de este tiempo -al no elevar motivo de
reproche sobre este componente-, de modo que, la litis se presenta frente a la
ejecución de las prestaciones por ese término faltante de 3 meses para
completar el plazo de 9 meses presupuestado referenciado en el alcance de la
prestación previsto en la oferta y que hace parte integral del contrato, por
remisión expresa de la cláusula del objeto contractual. Dicho término es el que
soporta las decisiones de la liquidación unilateral, correspondientes a dar por
ejecutado el contrato en un 66,6% y pagar únicamente estos servicios.

Esta Sala, conforme a la naturaleza del servicio y el alcance temporal del
contrato, infiere que la intensidad horaria de las prestaciones está mediada por

50
Cuaderno de pruebas. Fl. 329.

29

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el calendario escolar -como se indicó en forma previa- y, puntualmente, durante
la jornada escolar, atendiendo la programación de la materia de inglés dentro
del plan de estudios regular como espacio que materializaría la formación
contratada, por supuesto, previa instrucción de los profesores que actuarían
como agentes multiplicadores. Esto permite concluir que la ejecución del
contrato con un objeto proyectado en 9 meses para la enseñanza del inglés
también se podía desarrollar por el Centro de idiomas en 6 meses, por ejemplo,
asumiendo previo acuerdo de las partes del contrato, una mayor intensidad
horaria con los estudiantes según la programación excepcional o extracurricular
que se realizara con las instituciones educativas con el fin de ejecutar en debida
forma el alcance de la prestación contractual. Sin embargo, en el sub judice no
se acredita ninguna prestación excepcional o mayor intensidad horaria en la
prestación del servicio para completar el término ofertado.

Al respecto, los argumentos de la parte demandante que se enfocaron en
señalar que prestó el servicio por los nueve meses pactados, incluyendo
prestaciones ejecutadas en forma previa al perfeccionamiento del contrato
carece de soporte contractual para desvirtuar la presunción de legalidad de la
liquidación unilateral. En efecto, como afirmó el departamento del Atlántico no
es jurídicamente válido reconocer pagos por prestaciones previas al vínculo
contractual -hechos cumplidos-, sin contrato escrito y perfeccionado, ya que
ello vulnera normas de orden público como los requisitos legales para el
perfeccionamiento del contrato estatal -artículo 41 de la Ley 80 de 1993- y el
principio de legalidad del gasto público, además, de la afectación a los
principios de la contratación estatal y gestión fiscal.

En consecuencia, esta instancia judicial encuentra que autorizar tales pagos
con cargo al contrato implicaría avalar actuaciones irregulares y
extracontractuales, ya que dichas prestaciones no tendrían como causa el
contrato -el cual sería inexistente antes de su perfeccionamiento-. Esto no
significa, que el Centro de Idiomas se viera impedido para solicitar la
responsabilidad patrimonial derivada de la prestación de esos servicios, toda
vez que podía efectuar las reclamaciones correspondientes o acudir a la
administración de justicia, pero debía hacerlo respetando los presupuestos
procesales, incluyendo la oportunidad legal prevista para el efecto.

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Por tanto, se acredita el motivo propuesto en la apelación frente a la
improcedencia para declarar un reconocimiento económico por concepto de
incumplimiento contractual sustentado en prestaciones ejecutadas al margen
de la existencia del negocio debidamente celebrado. Desde luego, la liquidación
efectuada por el Departamento respeta el alcance del objeto contractual, los
estudios previos y la oferta presentada. Dado el carácter de las prestaciones -
disponibilidad del software, acompañamiento tecnológico y académico-, la
intensidad que se deriva de la naturaleza de la prestación y modo de ejecución,
es claro que el derecho a recibir la totalidad del precio se causa con la
prestación del servicio por nueve meses. En consecuencia, una prestación
material por un periodo inferior implica una ejecución parcial y el derecho a un
pago proporcional.

Adicionalmente, se acredita el motivo de la apelación que señala falta de
sustento jurídico de la pretensión del pago de la totalidad del precio que
defiende la legalidad de la liquidación unilateral. De hecho, en este contexto es
jurídicamente razonable la conclusión de la entidad departamental al establecer
que el contrato se ejecutó en un 66,6%, conforme al tiempo efectivo de
prestación del servicio. Aunque dicha estimación se planteó en términos
hipotéticos, esta jurisdicción constata que, dada la naturaleza del servicio
contratado y su forma de ejecución, no se desvirtuó por el contratista la
ejecución parcial, lo que justifica el pago proporcional del precio pactado.

Así, la equivalencia entre el tiempo y la ejecución de las prestaciones no solo
es razonable, es absolutamente necesaria y encuentra respaldo contractual en
el objeto del negocio y la propuesta del Centro de Idiomas, que cotizó un
servicio por 9 meses. En este sentido, el contratista y el Departamento tenían
pleno conocimiento de las condiciones de prestación del servicio y la fijación de
un plazo de ejecución menor, asociado al límite de la vigencia fiscal -31 de
diciembre de 2011- y a la culminación del año lectivo, en ningún caso modificó
el objeto contractual ni el alcance y el precio de la prestación.

En el sub judice eran necesarias actuaciones de ejecución que permitieran
cumplir con el objeto de la cotización y, al no acreditarse en el expediente -
mayor intensidad de la prestación-, es lícito señalar que solo debía pagarse el
servicio prestado y acreditado, pues la aplicación de una interpretación que
habilitara el pago del 100% del servicio conllevaría una modificación irregular
31

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del contrato -sin las debidas formalidades- al reconocer hechos previos al
perfeccionamiento del contrato o cambiar el valor del contrato aumentando
injustificadamente el precio del servicio -cobrando por seis meses el valor
proyectado para 9 meses-.

Aunque la parte demandante señaló que prestó el servicio y se acreditó el
seguimiento con las actas parciales y final, estas y los pagos parciales no tienen
la vocación de modificar las cláusulas del negocio, su objeto y alcance. En esta
medida, la remuneración que excedió la prestación fue un pago no debido
contractualmente y la liquidación unilateral constituía el escenario apropiado
para establecer el balance económico y financiero del contrato.

Ahora bien, aun cuando la forma de pago estableció un anticipo y “tres actas
parciales iguales de ejecución”, precisando que el acta final sería suscrita “a su
entera satisfacción”, en el seguimiento contractual debía tenerse en cuenta el
avance en función del alcance de la prestación. Sobre este tópico, el acta de
liquidación señaló expresamente los pagos realizados: i) anticipo por
$299.600.639 correspondiente al 30% del valor del contrato51; y ii) actas
parciales del 8 de agosto y 15 de septiembre de 2011 por $233’022.719, cada
una52. En total, se pagó al contratista un valor de $765’.646.077, quedando
pendiente el saldo del acta final que se suscribió el día 12 de diciembre de 2011,
por valor de $332’889.599, que con la amortización del anticipo equivalía a un
monto pendiente de $233’022.720.

Las actas parciales y final de ejecución fueron suscritas por el Centro de
idiomas y el interventor del contrato. Sin embargo, esta Sala encuentra que
ninguna de las actas señaló expresamente el porcentaje de ejecución y, aunque
se incluyó un balance financiero y se indicó que el Centro de idiomas estaba al
día en las actas parciales del 8 de agosto y 15 de septiembre53 y que “Se está
al día con las actividades a corte 12 de diciembre de 2011”, en el acta final54,
tales afirmaciones no guardan coherencia con el alcance contractual y los
términos en que se pactó el precio, porque no referenciaron la prestación por 9

51
Cuaderno de pruebas. Fl. 94 y 107.
52
Cuaderno de pruebas. Fls. 90-94, 107-110 y 265-274.
53
Cuaderno de pruebas. Fls. 90-94, 107-110.
54
Cuaderno de pruebas. Fls. 265-274.

32

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meses o una ejecución superior del servicio contratado, previo acuerdo de las
partes, para cumplir debidamente el negocio.

Si bien los pagos parciales podrían generar confianza sobre la debida ejecución
del negocio, se confirma desde el expediente contractual que el Centro de
Idiomas como estructurador de la propuesta, tenía absoluta claridad en que el
precio del contrato correspondía a un servicio previsto para nueve meses y
también es conocido por las partes que a un contrato estatal no se le pueden
imputar ejecuciones previas.

Esta instancia reitera que el contrato es ley para las partes y no puede ser
invalidado sino por causas legales o por el consentimiento mutuo -art. 1612 del
Código Civil-, pero en el sub judice no se acreditó ninguna modificación del
contrato. El seguimiento contractual y los pagos parciales no tienen la vocación
de alterar el alcance de la prestación, ni impiden a la entidad contratante realizar
el ajuste técnico, administrativo y financiero en la liquidación contractual. Por
tanto, en el sub judice la liquidación del ente departamental guarda
correspondencia con la naturaleza del servicio contratado y su ejecución.

En el proceso también se aportan algunos informes (seguimiento al proceso de
bilingüismo en el período 2008 a 2011 suscrito por el interventor del contrato
vinculado a la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico 55 e
informe final de actividades presentado por el Centro de Idiomas al interventor
del contrato56) y soportes de la ejecución contractual -entrega de libros para los
estudiantes-57. Sin embargo, tales pruebas documentales no acreditan el
cumplimiento de la totalidad de la prestación por el término de 9 meses,
después de la suscripción del acta de inicio del contrato 0107-2011*000041, en
la medida, en que ninguno de los informes prueba una fecha de terminación
diferente a la ya prevista en el acta de pago final -incluso la parte demandante
reconoce en los hechos de la demanda que el contrato culminó en diciembre
de 2011- y las constancias de entrega de libros antes de su inicio que se
pretenden imputar a este negocio jurídico no le son atribuibles porque
precisamente el vínculo contractual no había nacido a la vida jurídica.

55
Cuaderno de pruebas. Fl.218 a 224.
56
Cuaderno de pruebas. Fls. 226 y ss.
57
Cuaderno Ppal. Fls. 78-96 y 171-226.

33

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

Si bien, la parte demandante también apoyó su pretensión en la inclusión del
saldo final del contrato en las cuentas por pagar previsto en el Decreto No 0068
de 2012 por valor de $233.022.72058, tal actuación no restringe la obligación de
la entidad estatal de efectuar la liquidación del contrato y realizar la revisión de
toda la ejecución contractual. Por tanto, este Decreto no modificó el contrato
suscrito por las partes ni constituye una prueba del cumplimiento de la totalidad
del servicio.

La prueba testimonial se enfocó a acreditar prestaciones previas al
perfeccionamiento del contrato como fundamento de las pretensiones
contractuales59; sin embargo, tales hechos no tienen vocación de prosperidad
para desvirtuar la presunción de legalidad de la liquidación unilateral que se
discute en esta controversia. Aun cuando tales circunstancias podrían soportar
jurídicamente una pretensión extracontractual o una eventual actio in rem
verso, no se elevó un petitum en este sentido y el juez, aun en aplicación del
principio iura novit curia, no puede introducir pretensiones a la demanda.

La valoración conjunta del acervo probatorio permite concluir que le asiste
razón a la parte demandante cuando alega que la parte demandante no
desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral ante la
improcedencia de reconocer prestaciones ejecutadas en forma previa al
perfeccionamiento del contrato estatal previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de
1993, que consagra el carácter solemne de los contratos estatales sometidos
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Además, el contratista ya había tenido relaciones contractuales con el Estado
para prestar servicios similares en años anteriores -como se indicó en la
demanda-, de modo que tenía pleno conocimiento de las exigencias legales
para el perfeccionamiento del vínculo contractual, resultando improcedente la
configuración de los vicios de falsa motivación o desviación de poder de la
liquidación efectuada por el departamento del Atlántico, amparados en el
principio de buena fe, con soporte en prestaciones previas a la ejecución del
contrato.

58
Cuaderno Ppal. Fl. 49.
59
Audiencia de Pruebas. Cuaderno Ppal. Fl. 516

34

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

Por otro lado, el ente departamental, en el recurso de apelación, alegó la
ineficacia de la cláusula del plazo frente a la limitación prevista al contabilizar
los 9 meses correspondiente a “sin que supere el 31 de diciembre de 2011” e
incluso del valor del contrato señalando que “siendo que el contrato se
suscribió el día 13 de junio de 2011, es evidente que las actividades no podrían
ejecutarse en nueve (9) meses por la sencilla razón que para la fecha de
suscripción del contrato faltaban siente (7) meses para finalizar el año 2011,
tornándose imposible su cumplimiento en nueve (9) meses, además de que el
valor pactado por el servicio se definió desde el estudio previo para una
ejecución del objeto contractual en nueve meses, no de menos de siete meses
como en realidad sucedió, en tal virtud, fue preciso reajustar el valor del contrato
tal como se motivó en los actos administrativos de liquidación unilateral del
contrato y su confirmatorio”60.

Esta instancia judicial considera que, aunque la parte demandante se opuso en
el traslado afirmando que no era aplicable, le asiste la razón a la parte apelante.
La ineficacia de pleno derecho de las estipulaciones de los pliegos de
condiciones o cláusulas contractuales se establece en el inciso final del numeral
5 del artículo 24 de la Ley 80 de 199361, que establece esta figura con un
carácter restrictivo, cuando se violen las reglas previstas en este numeral,
incluyendo las siguientes exigencias “se definirán con precisión las condiciones
de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución
del objeto del contrato” y “no se incluirán condiciones y exigencias de imposible
cumplimiento […]”.

60
Apelación. Cuaderno Ppal. Fl. 680.
61
Artículo 24 de la Ley 80 de 1993 (Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007)
“Principio de transparencia. En virtud de este principio: […]
5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia:
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de
selección.
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos
de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación
o concurso.
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios
para la ejecución del objeto del contrato.
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad.
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su
objeto, naturaleza y cuantía.
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los
contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la
ocurrencia de los hechos aquí enunciados”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

En este sentido, es claro que es ineficaz la disposición del plazo como
modificación -incremento- del valor del servicio por la aparente reducción del
tiempo de prestación, en la medida que el objeto contractual estableció un
servicio por 9 meses y el precio guarda correspondencia con este alcance. Por
tanto, la estipulación de que el límite del plazo, de no sobrepasar el 31 de
diciembre de la anualidad, implicó una modificación de las cláusulas del objeto
y remuneración del contrato es ineficaz al desconocer la exigencia de precisión
de las condiciones de costo y calidad de servicios contratados y que no se
incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento -literales c y d del
numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993-.

En efecto, sería imposible la ejecución del objeto que expresamente incluyó un
servicio por 9 meses con un plazo limitado hasta el 31 de diciembre, cuando el
contrato se suscribió el 13 de junio de 2011, la naturaleza de las prestaciones
para su cumplimiento pleno dependía del tiempo y que el valor pactado por el
servicio se definió desde el estudio previo para una actividad de nueve meses.
Además, es claro que las partes dieron su asentimiento a que la prestación del
servicio debía realizarse por los 9 meses, en la medida que los argumentos de
la parte demandante se enfocaron a probar que existió una ejecución por este
término, aun cuando se resolvió desfavorablemente ese argumento ante la
improcedencia de reconocer prestaciones previas al perfeccionamiento del
contrato.

Ahora bien, esta instancia judicial no puede pasar por alto que los motivos de
la parte demandante para oponerse a la ineficacia y controvertir la legalidad de
la liquidación se sustentan en conservar el plazo y valor del contrato para
atribuir prestaciones previas al negocio jurídico. Tales razones resultan
censurables por pretender conservar la eficacia de disposiciones contractuales
de imposible cumplimiento con el fin de blindar de legalidad hechos que
carecen de soporte contractual, violando normas de orden público como el
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Por tanto, la oposición del Centro de Idiomas
no tiene respaldo legal y, en su lugar, resulta aplicable la ineficacia alegada con
fundamento en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que al operar
de pleno derecho y no requerir de declaratoria judicial, constituye un
presupuesto de la actuación del Departamento.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

Conforme a lo anterior, no se desvirtuó la presunción de legalidad de la
liquidación unilateral porque no se acreditaron los vicios de falsa motivación y
la desviación de poder, fundamentados en la existencia de motivos falsos y
móviles políticos atribuibles a la administración que asumió funciones en 2012.
En efecto, estos argumentos no están llamados a prosperar porque se ha
acreditado que la liquidación unilateral es acorde con el alcance del objeto, las
prestaciones establecidas por las partes y la propuesta del Centro de Idiomas,
razones suficientes para revocar el fallo del a quo y negar las pretensiones de
la demanda.

5. Condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que “[…] la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”. De esta manera, con independencia de la
buena fe con que las partes hubieran obrado en el presente recurso, por regla
general, debe ser condenado en costas el extremo vencido o al que se le
resuelva desfavorablemente el recurso, con apego a los dictados del artículo
365 del Código General del Proceso -CGP-.

Por tanto, según lo dispuesto en el artículo 365, numeral 4 del CGP 62, se
condenará en costas de ambas instancias a la parte demandante, Centro de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy
Bilingüe Naturalmente. Respecto a las agencias en derecho, en la medida que
la parte demandada ejerció su defensa a través de la designación de apoderado
judicial, que debió vigilar el proceso en sede de apelación, y que el Acuerdo
1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, normativa vigente para la
fecha en que se presentó la demanda estableció la fijación de las agencias en
un porcentaje del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia63, esta Corporación fijará como agencias de la primera instancia la

62
Art. 365. “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas
de ambas instancias.”
63
Acuerdo 1887 de 2003. “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho". “III.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.2. Primera instancia. […] Con cuantía:
Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. […]
3.1.3. Segunda instancia. […]Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

suma del 0,5% sobre el valor del petitum64 correspondiente a $2.696.873 y de
segunda instancia otra suma del 0,5%, equivalente al mismo monto, a la fecha
de ejecutoria del fallo. Las costas serán liquidadas por el Tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de marzo de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B y, en su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR al Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente a pagar las
costas de ambas instancias, en favor del Departamento del Atlántico, para lo
cual se procede a:

Fijar por concepto de agencias en derecho de la primera instancia la suma de
$2.696.873 a la fecha de ejecutoria de este fallo.

Fijar como agencias en derecho de la segunda instancia la suma de
$2.696.873, a la fecha de ejecutoria de este fallo.

Las costas se liquidarán de forma concentrada por el Tribunal a quo.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para
lo de su competencia.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace

64
Las pretensiones de la demanda ascienden a $539.374.674, como consecuencia del lucro cesante y
el daño emergente reclamados.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00276-01 (65349)
Demandante: Centro de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano Centro de Idiomas Soy Bilingüe Naturalmente
Demandado: Departamento del Atlántico
Medio de control: Controversias contractuales

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.a
spx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

39

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