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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2014-00442-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2014-00442-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en torno a la procedencia del enriquecimiento sin justa causa cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de un contrato, en favor de entidades que -en su gestión- deben aplicar el Estatuto General de Contratación Pública (EGCAP), en los términos de lo consagrado en el capítulo de consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en este proveído, y, en su lugar, TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por Delthac 1 Seguridad Ltda. en contra del municipio de Soledad. CUARTO: CONDENAR en costas de primera y de segunda instancia a la parte demandante, Delthac 1 Seguridad Ltda., que se liquidarán de forma concentrada por el Tribunal a quo. Como agencias en derecho se fija, por cada instancia, la suma de $ 9.120.000, para un total de $ 18.240.000, en favor del municipio de Soledad. QUINTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2014-00442-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA PLENA

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 2025CE-SUJ-3-001________________________

Temas: UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – La procedencia excepcional del
enriquecimiento sin justa causa no se encuentra sometida a una lista de casos
taxativamente enunciados / ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA – Elementos
configurativos / CARGA DE LA PRUEBA - Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. La accionante
no demostró la prestación de los servicios de vigilancia sobre los que fundamentó su
solicitud de compensación, con lo cual no acreditó el enriquecimiento de la demandada a
costa de un correlativo empobrecimiento de la empresa.

1. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, constituida en Sala Plena, se dispone a unificar la jurisprudencia en punto
de la procedencia de la pretensión compensatoria derivada del enriquecimiento
sin justa causa cuando se han ejecutado actividades, sin el respaldo de un
contrato, en favor de entidades que -en su gestión- deben aplicar el Estatuto
General de Contratación Pública (EGCAP) y, con ello, resolver el recurso de
apelación interpuesto por la accionada en contra de la sentencia del 28 de
septiembre de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio
de la cual se declaró que el municipio de Soledad se enriqueció sin justa causa
a expensas de la sociedad demandante, y ordenó la compensación del monto del
acrecimiento patrimonial en favor de esta última.

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

2. Las partes suscribieron un contrato que tuvo por objeto la prestación del servicio
de vigilancia y seguridad privada en instituciones educativas de la entidad
territorial, para el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2011. Según se
adujo, por solicitud verbal del alcalde municipal, realizada el 1 de enero de 2012,
la excontratista continuó prestando sus servicios entre esa fecha y el 31 de enero
siguiente, pese a no mediar un contrato para ello. Dichas actividades no fueron
pagadas por la entidad a la demandante, por lo que ésta reclamó su
reconocimiento a título de enriquecimiento sin justa causa. Aunque las partes
arribaron a un acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría, el Tribunal
Administrativo del Atlántico lo improbó debido a que en el poder que otorgó el
municipio no se confirieron facultades expresas al abogado para conciliar.

1

Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 19 de mayo de 20141, la sociedad Delthac 1 Seguridad Ltda. (en adelante, la
parte demandante, la excontratista o la actora) formuló demanda2 en contra del
municipio de Soledad, Atlántico (el municipio, la entidad o la demandada), en la
que invocó el medio de control de reparación directa, para obtener
pronunciamiento favorable respecto de las siguientes pretensiones (se transcribe
de forma literal, con sus propios énfasis y posibles errores):

“Primera: Que se declare que el Municipio de Soledad, departamento del
Atlántico, representado por su señor Alcalde, se enriqueció injustamente y por
tanto es responsable por el pago a la compañía DELTHAC 1 SEGURIDAD
LTDA de los servicios de vigilancia y seguridad privada que se prestaron del 1
al 31 de enero de 2012, en las distintas instituciones educativas del Municipio,
periodo durante el cual no existió entre las partes contrato estatal.

Segunda: Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene al
Municipio de Soledad (Atlántico) a efectuar el pago a favor de la compañía
DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA, del valor de los servicios de vigilancia y
seguridad privada prestados del 1 al 31 de enero de 2012, en las instituciones
educativas del municipio de Soledad, una cantidad dineraria que asciende a la
suma de NOVECIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($912.000.000,00).

Tercera: Condenar al Municipio de Soledad, departamento del Atlántico, a pagar
sobre la suma determinada en el numeral anterior, la respectiva indexación con
base en la variación del índice de precios al consumidor señalado por el DANE
y los intereses moratorios equivalentes al doble civil como lo estipula la Ley 80
de 1993; para el efecto anterior, tómese en cuenta el periodo que corre desde el
31 de enero de 2012, fecha en la cual concluyo la prestación de los servicios de
vigilancia y seguridad privada, y el momento en el que se de efectivo
cumplimiento a la providencia con la que se concluya el respectivo proceso, así
como las agencias en derecho que se fijen por parte de ese Honorable Tribunal
y si ha bien lo tiene fijar las costas en contra de la entidad demandada.

Cuarta: Solicito se ordene al municipio demandado, a dar cumplimiento a la
sentencia que se profiera en el presente proceso”.

4. Como fundamento de sus pedimentos, señaló que, el 22 de marzo de 2011, con
el municipio de Soledad, celebró el contrato de prestación de servicios No. SG-
LP-001-2011, cuyo objeto fue “la prestación del servicio diario de vigilancia y
seguridad privada en las instituciones educativas públicas del municipio de
Soledad en el departamento del Atlántico, vigencia 2011, bajo las condiciones y
precios presentadas por el contratista en la propuesta la cual se detallan en el
anexo 1 del presente contrato”3. El acta de inicio se suscribió el 1 de abril de
2011.

1 F. 18 del c. principal.
2 Folios 1-19, cuaderno 1.
3 En el anexo en cuestión se detalló un total de 118 puestos de vigilancia distribuidos en 36 planteles educativos

(F. 122-128 del c. 1).

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

5. Indicó que, en el negocio, se acordó un plazo de ejecución de 9 meses, o hasta
el agotamiento de los recursos, contados a partir del perfeccionamiento del acta
de inicio.

6. El 26 de diciembre de 2011, las partes celebraron el contrato adicional no. 001 al
negocio4, con el que se incrementó el valor en $859’000.000.

7. La parte actora aseveró que, “por solicitud verbal del señor Alcalde del municipio
de Soledad al inicio del mes de enero de 2012 (01 de enero) se requirió a la
compañía prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada de conformidad
con los lineamientos del contrato que se venía desarrollando (…) por el tiempo
necesario para realizar la nueva contratación; por lo anterior y toda vez que el
contratante o solicitante invocó razones de interés público y el carácter urgente
de la situación (…) la compañía continuó sus labores en cada uno de los puestos
de trabajo asignados”.

8. Mediante comunicación del 30 de enero de 2012, la secretaria general del
municipio le informó a la empresa que hasta esa fecha se debían prestar servicios
por parte de la sociedad.

9. Según la actora, el municipio “no le ha cancelado a la compañía la suma de
$912’000.000 correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad privada” por
la prestación del servicio durante el mes de enero de 2012.

10. La demandante sostuvo que la falta de perfeccionamiento del contrato no podía
ser una fuente de enriquecimiento del patrimonio del Estado en detrimento suyo,
y argumentó que se cumplen los requisitos jurisprudenciales exigidos para la
compensación respectiva.

11. El 9 de octubre de 2013, la sociedad presentó solicitud de conciliación
extrajudicial en torno a este asunto. Luego de que se reuniera el comité de
conciliación de la entidad, el cual dispuso que a ésta “le asiste ánimo conciliatorio,
y aprueba la celebración del contrato de Transacción (sic)”5, las partes llegaron
a un acuerdo conciliatorio a instancias de la Procuraduría General de la Nación.
No obstante, éste fue improbado por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante providencia del 26 de febrero de 2014, debido a que al apoderado de
la entidad territorial no se le otorgó la facultad legal para conciliar.

12. Según la empresa demandante, la solicitud que le hizo la entidad fue
“prácticamente una imposición”, lo que, a su juicio, permite ubicarla en las
causales previstas en la jurisprudencia de esta Corporación para reconocer el
valor de la actividad a título de enriquecimiento sin justa causa.

4 El mismo se celebró “con ocasión del incremento de la ola criminal (…) con ocasión de las fiestas navideñas,

de fin de año y eventos de concentración y celebración masiva”, lo que motivó que la Secretaría de Educación
Municipal solicitara que se “reforzara el número de vigilantes en las Instituciones Educativas”.
5 F. 167 del c. principal.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

Trámite relevante en primera instancia

13. El municipio de Soledad no contestó la demanda, ni acudió a la audiencia inicial,
a pesar de haber sido notificado en debida forma. En la señalada diligencia, se
fijó el litigio en torno al siguiente interrogante: “Determinar si el Municipio de
Soledad, Atlántico debe pagar a la parte actora Delthac 1 Seguridad la suma de
novecientos doce millones (912.000.000), debidamente indexada, por concepto
de los servicios de vigilancia y seguridad privada que segunda la parte actora se
prestaron del 1 al 31 de enero de 2012, en las distintas instituciones educativas
de ese Municipio, periodo durante el cual no existió contrato entre las partes”.

14. Acto seguido, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión,
actuación que solo fue adelantada por la parte demandante. La empresa reiteró
los hechos de su libelo y enfatizó en la aprobación del acuerdo conciliatorio por
parte de la demandada, pese a su improbación en sede judicial, de lo que dedujo
la probanza de la ejecución de las actividades y de su valor correspondiente.
Llamó la atención en la falta de contestación por parte del municipio, de la que
infirió una “aceptación tácita de los hechos”, tras lo cual se ratificó en la
configuración de los elementos generales configurativos del enriquecimiento sin
justa causa, aunado a la imposición que, según su dicho, realizó la entidad para
que continuase prestando el servicio de vigilancia6.

Sentencia de primera instancia

15. En fallo7 del 28 de septiembre de 2015, el Tribunal resolvió lo siguiente (se
transcribe de forma literal, con sus propios énfasis y errores):

“1.- DECLARASE que el Municipio de Soledad, Atlántico se enriqueció sin justa
causa a expensas del contratista Sociedad Delthac1 Seguridad. En
consecuencia:

2.1.- ORDENASE la compensación del monto del enriquecimiento, por valor de
novecientos doce millones de pesos ($ 912.000.000.oo), que corresponde a los
servicios de vigilancia y seguridad privada que se prestaron del 1º al 31 de enero
de 2012, en las distintas instituciones educativas del Municipio de Soledad,
Atlántico, que fueron asumidos por la Sociedad Delthac1 Seguridad, conforme
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Como se trata de un restablecimiento patrimonial, debe compensarse la pérdida
de poder adquisitivo del dinero, razón por la cual el valor indicado en el numeral
anterior deberá ser traído a valor presente, indexado por el índice de inflación.
De este valor el Municipio de Soledad, Atlántico, debe deducir los mismos
impuestos, tasas u otros conceptos que normalmente se le descontaban a las
cuentas de cobro o facturas que presentaba el contratista durante la ejecución
del contrato inicial.

3.- NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4.- Sin costas (…)”.

6 F. 433-449 del c. principal.
7 F. 450-464 del c. del Consejo de Estado.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

16. Según el a quo, no se aportó prueba de la solicitud verbal del alcalde de Soledad
de continuar con la prestación del servicio de vigilancia y seguridad. Pese a lo
anterior, dedujo que, con el material probatorio aportado, en especial, el acta de la
sesión celebrada por el comité de conciliación de la entidad (conformado, entre
otros, por el mismo alcalde municipal), se probó que los servicios sí fueron
requeridos y que, efectivamente, se llevaron a cabo. Indicó que esta realidad
también se evidenció al revisar los comprobantes de pago de la planta de personal
y de las planillas de aportes a seguridad social de la sociedad demandante,
documentos que no fueron tachados de falsos u objetados por la entidad.

17. El tribunal de primera instancia advirtió que en el acta del comité de conciliación
del municipio se indicó que, “ante la imposibilidad de contratar de forma directa a
una empresa que prestara estos servicios de vigilancia y protección y seguridad a
los establecimientos oficiales del municipio de soledad, la administración Municipal
aceptó que la empresa que hasta el 31 de diciembre de 2011 venía cumpliendo
con este objeto, lo hiciera por el mes de Enero (sic) de 2012”.

18. Reforzó las anteriores consideraciones con fundamento en la comunicación del 30
de enero de 2012, emitida por la secretaria general del municipio, en la que -según
el a quo- le “notificó a la sociedad demandante que hasta esa fecha se prestarían
los servicios de vigilancia y seguridad y los instó a dirigirse a su despacho para
realizar el reconocimiento y pago de los servicios prestados”, lo que demostró, a
su juicio, el conocimiento y beneplácito de la entidad respecto de las labores
ejecutadas, así como la imposición por parte de la misma de un límite temporal
para la prestación del servicio. El Tribunal concluyó que la administración solicitó
y aceptó que la sociedad demandante continuara con la actividad, “apoyados en
las pruebas documentales allegadas a la actuación, que se insiste no fueron
tachadas de falsas y objetadas por la parte demandada”.

19. Estimó que los hechos narrados se ajustaron a los supuestos de la sentencia de
unificación del 19 de noviembre de 2012 proferida por esta Sección. En línea con
ello, consideró que no existió una “culpa del contratista”, quien se había limitado a
“ayudar en el grave problema que tenía el Municipio de Soledad, respecto la
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, el cual pudo haber colapsado
sin la presencia de los empleados de la Sociedad Delthac 1 Seguridad”. Para el a
quo, también se debió considerar la “pasividad” del municipio, quien no contestó la
demanda ni compareció a las diligencias programadas, a pesar de haber sido
notificado en debida forma.

20. Como consecuencia de lo anterior, ordenó la compensación del empobrecimiento
que encontró acreditado, por el valor reclamado de $912.000.000 en favor de la
demandante, por concepto de los servicios de vigilancia prestados en el interregno
debatido, acogiendo para ello las tarifas aprobadas por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad que, a su vez, fueron tenidas en cuenta por las partes en el
acta de conciliación improbada. Dispuso igualmente que, de este valor, deberán
descontarse los impuestos, tasas u otros conceptos que normalmente se
dedujeron, en su momento, a la contratista en el curso de la relación convenida.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

21. La entidad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia8. Sostuvo que se debían negar las pretensiones por la
“culpa exclusiva del demandante”, quien había decidido, “de forma unilateral (…)
sin la autorización expresa, ni mucho menos el consentimiento del ente
territorial”, continuar con la prestación del servicio. Afirmó que las pruebas que
obran en el expediente, relacionadas en el fallo impugnado, no son suficientes
para proferir condena en contra de la entidad, y que no se practicó ninguna
prueba técnica para acreditar el valor cuya compensación se solicitó. Así,
puntualizó que no se aportaron elementos demostrativos del enriquecimiento sin
justa causa alegado ni del valor del mismo.

22. Agregó que había operado la caducidad de la acción, porque, mientras que el
periodo que habría comprendido la prestación del servicio se debía comenzar a
contar desde el 1 de enero de 2012, la solicitud de conciliación fue presentada
el “22 de octubre de 2013” (sin mayor desarrollo sobre el particular). Finalizó
trayendo a colación una cita jurisprudencial en torno a los requisitos del
enriquecimiento sin justa causa reconocidos por la Corte Suprema de Justicia.

23. Previo agotamiento de la audiencia de conciliación consagrada en el inciso
cuarto del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), se concedió el recurso
de apelación ante esta Corporación9. La alzada fue repartida el 5 de julio de 2016
al despacho del consejero Ramiro Pazos Guerrero, y admitida por éste mediante
auto del 26 de agosto siguiente10.

24. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante se pronunció en
contra de los argumentos presentados por la entidad referidos a la caducidad e
insistió en sus argumentos expuestos en el proceso11. La parte demandada, por
su parte, indicó que no procede la declaratoria del enriquecimiento sin justa
causa cuando “se solicita la compensación de servicios prestados sin la
solemnidad del contrato estatal”. Agregó que no se cumplen los presupuestos
del enriquecimiento sin justa causa, por cuanto no se configuró ninguna de las
causales enunciadas en la sentencia de unificación del 19 de noviembre de
201212.

25. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

26. El 3 de septiembre de 2021, se registró el cambio de ponente por la posesión
del magistrado Fredy Ibarra Martínez como nuevo titular13. La ponencia
registrada por dicho despacho fue derrotada, motivo por el cual, mediante auto

8 F. 473-476 del c. del Consejo de Estado. Por haber sido instaurado el 27 de octubre de 2015, no le son

aplicables las reformas introducidas por medio de la ley 2080 de 2021.
9 F. 530-533 del c. del Consejo de Estado.
10 F. 537-539 del c. del Consejo de Estado.
11 F. 550-571 del c. del Consejo de Estado.
12 F. 572-575 del c. del Consejo de Estado.
13 Anotación 17 del expediente digital SAMAI.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

del 26 de enero de 2023, se ordenó remitir el expediente al despacho del
consejero Alberto Montaña Plata, siguiente en turno14.

27. Por auto del 4 de mayo de 2023, la Sala Plena de la Sección Tercera resolvió
avocar conocimiento del presente asunto con fines de unificación jurisprudencial,
en torno a la configuración y procedencia del enriquecimiento sin justa causa
cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de un contrato estatal, para
las entidades cuyo régimen de contratación sea la Ley 80 de 199315.

28. El 26 de junio de 2023, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE) solicitó ser reconocida como interviniente en el proceso16, a lo que se
accedió por auto del 26 de septiembre de 2023, bajo la precisión de que “el
alcance de su intervención se contrae a que eventualmente realice los actos
procesales que sean procedentes con posterioridad al fallo, ya que, como se
dejó señalado anteriormente, aquella no supone la reapertura de las etapas ya
superadas”17. La ANDJE interpuso recurso de reposición contra la anterior
decisión18, al estar en desacuerdo con las limitaciones en cita y que, en su
criterio, “conducen a que su intervención no sea tenida en cuenta y que
solamente pueda hacerlo con posterioridad al fallo”, el cual fue desestimado a
través de auto del 19 de octubre siguiente19.

29. El proyecto de sentencia presentado por el despacho del consejero Alberto
Montaña Plata fue derrotado en Sala Plena20, motivo por el cual, con auto del 23
de agosto de 2024, se ordenó remitir el proceso al magistrado Fernando Alexei
Pardo Flórez para su sustanciación21.

CONSIDERACIONES

Jurisdicción, medio de control y competencia22

30. El artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) señala aquellos asuntos cuyo conocimiento es
competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Concretamente, establece que ésta se encuentra instituida para conocer “de las
controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas
las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”,
y, puntualmente, detalla que ha de examinar aquellos procesos “relativos a la

14 Anotación 19 del expediente digital SAMAI.
15 Anotación 25 del expediente digital SAMAI.
16 Anotación 32 del expediente digital SAMAI.
17 En atención a lo resuelto por la Sala Plena de la Sección Tercera, en el auto de 14 de septiembre de 2023

(Exp. 53962). Anotación 36 SAMAI.
18 Anotación 40 del expediente digital SAMAI.
19 Anotación 46 del expediente digital SAMAI.
20 En sesión del 22 de agosto de 2024.
21 Anotación 61 del expediente digital SAMAI.
22 La demanda fue presentada el 19 de mayo de 2014. En ese sentido, resultan aplicables las reglas del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) sin la reforma que dispuso la Ley
2080 de 2021, porque, de acuerdo con el artículo 86 de esta última norma, “los recursos interpuestos (…) se
regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos”, y la alzada se interpuso de manera previa
a la expedición de dicha ley.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que
sea el régimen aplicable” (numeral 1).

31. El objeto de esta jurisdicción, a su vez, se ve reflejado en los distintos medios de
control contemplados en el CPACA, a partir del origen concreto de la
controversia que se ventila con la presentación de la demanda. Dicha fuente del
conflicto determina la causa que motiva al actor a elevar sus pretensiones en
sede judicial, así como las características que adquiere el derecho de acción en
función de ello y los requisitos que deben ser cumplidos para dar trámite al
conocimiento de dichos pedimentos.

32. En los casos en los que la fuente del conflicto se deriva de un acuerdo de
voluntades debidamente perfeccionado, y particularmente del cumplimiento de
su objeto, la controversia tendrá naturaleza contractual y se regirá por las
características de ese medio de control. Si, por el contrario, lo que se alega tiene
fuente en una actuación del Estado que corresponda en la causación de un daño
antijurídico, al margen de una relación de carácter contractual, el litigio será
extracontractual y deberá tramitarse bajo las reglas de la reparación directa. Solo
en aquellos casos en los que, de manera excepcional y subsidiaria, se encuentre
que la afectación del interesado no encuentre causa en ninguno de aquellos
eventos (carece, pues, de razón jurídica), es que el instituto del enriquecimiento
sin justa causa puede ser invocado para corregir el desplazamiento que se
alega.

33. En todo caso, las solicitudes de compensación patrimonial en este tipo de
eventos, puntualmente, para el reconocimiento de una actividad ejecutada en
favor de una entidad pública sin que medie un contrato estatal, esta Sección
señaló, mediante sentencia de unificación del 19 de noviembre de 201223, que a
esta pretensión “le corresponde la vía de la acción de reparación directa (…)
puesto que esta acción está prevista precisamente para poder demandar
directamente la reparación del daño cuando provenga, entre otros eventos, de
un hecho de la administración”24.

34. La Sala acoge y reitera dicha pauta, para enfatizar que, en materia contencioso-
administrativa, la reparación directa es el medio de control por medio del cual se
debe ventilar la pretensión de compensación en aquellos casos en los que se
alegue la configuración de un enriquecimiento sin justa causa25, tal y como se
invocó desde el libelo introductorio en este litigio. Esta premisa adquiere
relevancia para efectos de la calificación de los presupuestos procesales para

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala Plena. Rad. 73001-23-31-

000-2000-03075-01(24.897). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
24 La doctrina nacional comparte la premisa de que “el enriquecimiento sin causa entra en la categoría del hecho

jurídico, por cuanto la obligación a cargo del que se ha enriquecido no proviene de acto ejecutado por este con
la intención reflexiva y directa de obligarse, pues, aun en el caso de que el enriquecimiento provenga de un
hecho voluntario suyo, como el de recibir el pago de lo no debido, mal puede decirse que al hacerlo haya tenido
la intención de obligarse a restituir. De suerte que el acto en cuestión es un hecho jurídico respecto de la
obligación que genera” (Ospina Fernández, Guillermo. “Régimen General de las Obligaciones”, Ed. Temis,
Bogotá, Pág. 42 y 43).
25 Aunado al hecho de que el CPACA no previó características especiales para el derecho de acción cuando se

eleva esta pretensión, lo que exige recurrir a la reparación directa como medio de control extracontractual (en
eventos en los que no se discute la legalidad de un acto administrativo).

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

dicho pedimento, entre otras, en cuanto al ejercicio oportuno del derecho de
acción26, la legitimación de las partes contendientes27 y la competencia en razón
de la cuantía28. Se precisa, en todo caso, que aun cuando el artículo 140 del
CPACA indica, para este escenario, que “la persona interesada podrá demandar
directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado”, la finalidad del instituto que se analiza es
corregir un traslado patrimonial injustificado, como se desarrollará más adelante.

35. Asimismo, dado que dicho fallo adoptó la óptica propia del derogado Código
Contencioso Administrativo, en el que formalmente se relacionó una
multiplicidad de “acciones”, la Sala precisa que, en vigencia del CPACA, debe
entenderse que la señalada pretensión ha de ventilarse a través del medio de
control de reparación directa, que parte de reconocer que el derecho de acción
es único en abstracto, pero adquiere características puntuales en su ejercicio,
con ocasión de la causa que motiva al interesado a acudir a la justicia 29, y que
es viable que se ejerza siempre que se satisfagan los presupuestos procesales
para ello. Destaca la Sala, igualmente, que la sentencia de unificación
previamente referida aceptó que “la actio de in rem verso, más que una propia y
verdadera acción, es una pretensión restitutoria de un enriquecimiento
incausado (sic)”.

36. Como se indicó, el medio de control procedente (que imprime de rasgos
distintivos al ejercicio del derecho de acción) depende de la fuente de la
controversia que se ventila. Ello quiere decir que el primer y más evidente evento
de procedencia de esta reclamación sea la ejecución de actividades sin el
respaldo de un contrato estatal30, esto es, cuando éste no existe, sea porque no
se elevó a escrito o porque no se entabló un acuerdo de voluntades en absoluto.
En efecto -a contrario sensu-, en el evento en el que el acrecimiento patrimonial,
y su correlativo empobrecimiento, tengan como fuente una estipulación entre las
partes debidamente perfeccionada, y ello guarde identidad con el objeto
pactado, las reclamaciones derivadas de dicha fuente de obligaciones deben
tramitarse por el medio de control de controversias contractuales, cumpliendo
con los presupuestos que adquiere el derecho de acción para ello, pues aquel
negocio será la causa del actor para acudir a la jurisdicción (no se trataría,
entonces, de un evento de enriquecimiento sin justa causa).

26 Detallada en el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA: “Cuando se pretenda la reparación directa, la

demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia”.
27 Según el artículo 140 del CPACA, “En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado. || De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando
la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad
pública”.
28 Distribuida, para el conocimiento del asunto en primera instancia, entre los juzgados y tribunales

administrativos, dependiendo de la cuantía de la pretensión (si excede, o no, los 1.000 SMMLV, en vigencia de
la Ley 2080 de 2021).
29 Al respecto, vid. Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de agosto de 2024,

Exp. 70.247. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
30 De conformidad con el alcance del auto por el que la Sala avocó conocimiento de este asunto.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

37. A pesar de la claridad de esta diferenciación, conviene distinguir ciertas hipótesis
que, aunque aparentemente configuren controversias de origen contractual,
realmente corresponden a eventos de enriquecimiento sin justa causa o,
propiamente, de responsabilidad extracontractual (comoquiera que las
particularidades del caso lo exigen). A título de ejemplo, el solo hecho de que
entre las partes contendientes se haya entablado una relación negocial en el
pasado (debidamente perfeccionada por escrito31) no necesariamente determina
que la controversia suscitada tenga naturaleza contractual. Como ocurre en el
presente caso, aun cuando Delthac 1 Seguridad Ltda. y el municipio de Soledad
suscribieron un contrato para la vigilancia de las instituciones educativas de la
entidad, la causa que motivó a la sociedad a acudir a la jurisdicción no proviene
de ese negocio, sino del despliegue de actividades en un momento en el que el
objeto, cuya ejecución se extendía en el tiempo, ya se había agotado, dado que
el plazo venció el 31 de diciembre de 2011 (según se reconoció desde la
demanda, porque la entonces contratista no se comprometió a prestar sus
servicios más allá de esa fecha), lo cual implicó la extinción de la obligación y la
terminación del contrato. Ante la inexistencia de un contrato -como fuente de
obligaciones- que les diese sustento a esas labores durante el mes de enero de
2012, la solicitud de su remuneración no tiene fuente en ese acuerdo de
voluntades, aun cuando se hubiese perfeccionado uno con anterioridad32.

38. En sentido contrario, no toda pretensión de pago de una actividad cumplida por
fuera del plazo convenido tiene fuente extracontractual. Si pasada la fecha
estipulada no se ha agotado el objeto del contrato, la pretensión de pago de la
prestación sigue teniendo fuente en ese acuerdo de voluntades y, por ende, no
puede tramitarse como un evento de enriquecimiento sin justa causa 33. Así, lo
convenido por las partes es lo que motiva al reclamante a acudir a la
administración de justicia, de forma que se trata de una controversia contractual
en la que el juzgador deberá guiar su decisión con base en las reglas pactadas
por las partes y las normas de orden público aplicables al arreglo34.

31 En contraposición a un acuerdo verbal, caso en el cual el negocio no puede reputarse existente, dada la

solemnidad exigida por los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 898 del
Código de Comercio.
32 Vid. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Auto del 23

de septiembre de 2015. Exp. 53507. C.P. Hernán Andrade Rincón (E). Para un caso relacionado con servicios
de educación, la corporación discurrió de la siguiente manera: “Como se desprende de lo anterior, la vigencia
del contrato era de un año, es decir que el plazo contractual venció el 24 de abril de 2009, sin que las partes
hubieren prorrogado en forma expresa y por escrito el plazo contractual, motivo por el cual, la Sala estima que
en relación con los servicios de educación prestados con posterioridad a la vigencia del convenio, no se trata
de un asunto de índole contractual, dado que tal servicio se prestó después de terminado el contrato. (…) Con
base en lo expuesto, la Subsección estima que el no pago de la prestación de los servicios educativos a partir
del vencimiento del plazo contractual no puede analizarse desde la óptica de un incumplimiento del contrato y,
por ende, por la vía del medio de control de controversias contractuales, dado que la prestación del servicio en
esas condiciones –por fuera de la vigencia del contrato– no puede, ni debe considerarse como una situación
normal y ordinaria, inherente a la ejecución del contrato, pues evidentemente se trató de una actuación
presentada por fuera del convenio, es decir, de una actividad autónoma, por la sencilla pero suficiente razón de
que el vencimiento del plazo contractual ya se había producido”.
33 Como ejemplo, piénsese en un contrato en el que se acuerda la ejecución de una construcción en un plazo

de seis (6) meses. Si el contratista entrega la obra en el mes 7 -esto es, de forma extemporánea-, la reclamación
de su pago tiene fuente en el contrato, porque el vencimiento del término no extingue las obligaciones, y el
objeto, para ese momento, tampoco se ha agotado. Esta hipótesis se contrapone al caso que se estudia en el
presente asunto, porque en éste el plazo ponía fin a los derechos y obligaciones surgidos del contrato, dado
que, finalizado el mes de diciembre de 2011, cesaba la obligación de prestar el servicio de vigilancia (y,
correlativamente, de pagar por él más allá de ese momento).
34 Frente a ello, esta corporación ha señalado que “si un contratista cumple con sus obligaciones contractuales

por fuera del plazo de ejecución, y la entidad decide recibir la prestación que se le adeuda, resulta lógico que el

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Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

39. Ahora bien, de manera transversal, la verificación de los presupuestos
procesales debe efectuarse en función de la relación entre el objeto contractual
y la actividad cuyo pago se solicita. De no existir ese vínculo, por no resultar
necesario para su cumplimiento, la reclamación tendrá fuente extracontractual
y, por ende, las características del derecho de acción serán aquellas propias de
la reparación directa. Dicha valoración debe ser efectuada por el juzgador en
aplicación del principio iura novit curia, de forma que se dé prelación al acceso
a la administración de justicia del demandante en función de la causa petendi, y
se garantice el derecho de defensa de la parte pasiva del litigio35.

40. Ahora bien, dado el carácter excepcional de la pretensión compensatoria por
enriquecimiento sin justa causa, su procedencia tampoco debe confundirse con
eventos en los que existe responsabilidad extracontractual del ente público. Si,
en efecto, el menoscabo del actor se debe a una actuación irregular del Estado,
constitutiva de un verdadero daño antijurídico, lo pertinente será la
indemnización plena de los perjuicios irrogados por dicha conducta (cuya
reclamación corresponde, igualmente, a la reparación directa como escenario
propio de discusiones no negociales36). Dada la subsidiariedad del instituto, es
necesario evaluar que, en efecto, no existan otras fuentes obligacionales en las
que el actor pueda sustentar su pedimento.

41. Todo lo anterior, por supuesto, no excluye la posibilidad de que el actor acumule
pretensiones de orden contractual y extracontractual, siempre que se cumpla
con los requisitos previstos en los artículos 165 del CPACA y 88 del CGP.

42. De otra parte, en atención a la naturaleza directa de la reparación que se pueda
perseguir, ante la inexistencia de respaldo contractual, no es necesario que el
interesado provoque un pronunciamiento de parte de la administración, por
medio de un acto administrativo, en torno al reconocimiento de la prestación que
se alega como dejada de pagar -o su denegatoria-, dado que la configuración
del enriquecimiento (y el correlativo empobrecimiento) no depende de que se
emita una manifestación de la voluntad en tal sentido.

43. En línea con lo expuesto, una enunciación diferente del nombre del medio de
control (o el hecho de no mencionarlo en absoluto) por parte del accionante no
puede ser empleada como una barrera para el estudio de las pretensiones
correspondientes, siempre que la causa que se promueve sea clara y se
cumplan con los presupuestos procesales para dar trámite al derecho de acción
ejercido37.

contratista tenga el derecho de recibir la contraprestación de las prestaciones ejecutadas y recibidas a
satisfacción”, con fundamento en el postulado de buena fe que rige la conducta de las autoridades y de sus
colaboradores. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021.
Exp. 61641, C.P. Alberto Montaña Plata. Postura reiterada en sentencia del 19 de febrero de 2024 de la
Subsección A, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 62023.
35 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de marzo de 2016. Exp. 35458. C.P.

Hernán Andrade Rincón.
36 Por este motivo, más adelante esta Sala se referirá al primero de los supuestos ejemplificativos de

enriquecimiento sin justa causa de la sentencia 24897 de 2012 (constreñimiento de la entidad), para precisar
por qué, en realidad, se trata de un evento de falla del servicio.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Exp. 70.247, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

44. Bajo los anteriores parámetros, la controversia suscitada en el presente caso
corresponde a esta especialidad judicial, en función del medio de reparación
directa, puesto que -según lo anunciado- lo reclamado por la actora tiene
fundamento en la supuesta ejecución de actividades al margen de un contrato
estatal debidamente perfeccionado (yendo más allá del objeto del acuerdo
previamente celebrado y separándose del mismo), al invocar la configuración de
un enriquecimiento sin justa causa. En atención a la cuantía detallada en la
demanda y al lugar de los hechos, su conocimiento en primera instancia
correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, por tratarse de un asunto
en el que se persiguió el pago de una suma superior a los quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes38, motivo por el cual atañe al
Consejo de Estado resolver la apelación presentada en contra de la sentencia
dictada por la mencionada corporación39.

45. Con esas precisiones, la Sala se detendrá enseguida en el examen de los
presupuestos procesales de la acción judicial en el presente caso, en función del
reproche formulado contra la entidad territorial demandada vía reparación
directa, bajo el instituto del enriquecimiento sin justa causa.

Ejercicio oportuno del derecho de acción y satisfacción de los demás
requisitos de procedibilidad

46. El demandado señala que la acción está caducada pues la prestación del
servicio inició el 1 de enero de 2012. La Sala verifica que, aun tomada esta fecha
como punto de partida del cómputo, el precitado bienio se extendió hasta el 2 de
enero de 2014. Dicho lapso quedó suspendido con la presentación de la solicitud
de conciliación prejudicial radicada el 9 de octubre de 201340 -lo cual da cuenta
del agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en
derecho -, cuando restaban 2 meses y 24 días para la operancia de la caducidad,
y se reanudó el 25 de marzo de 2014, día hábil siguiente a la ejecutoria del auto
proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico por medio del cual se
improbó el acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes41.

47. Dado que la demanda fue presentada el 19 de mayo de 2014 42, se evidencia
que se presentó en término, por lo cual este motivo de la impugnación no está
llamado a prosperar.

38 Conforme al criterio consagrado en el numeral 6 del artículo 152 del CPACA, previo a la reforma introducida

por la Ley 2080 de 2021, norma no vigente a la presentación de la demanda.
39 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de

lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.
40 F. 149-157 y 173 del c. principal.
41 Conforme al parágrafo 2° del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, “Cuando se exija cumplir el requisito de

procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el Juez
o Magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se
reanudará a partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente”. Dado que el auto
del 26 de febrero de 2014, por el cual se improbó el acuerdo conciliatorio, fue notificado mediante estado del 18
de marzo siguiente (F. 178-184 vto. del c. principal), su ejecutoria corrió hasta el día 21 del mismo mes y año,
inclusive.
42 F. 18 del c. principal.

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Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

Legitimación en la causa

48. De acuerdo con lo preceptuado por el inciso primero del artículo 140 del
CPACA43, las partes están legitimadas tanto por activa como por pasiva en el
presente litigio. En efecto, a la demandante le asiste interés para reclamar la
reparación por lo que se haya podido producir ante el impago de las actividades
que, según aduce, ejecutó del 1° al 31 de enero de 2012, en favor del municipio
de Soledad como entidad demandada. A su vez, el libelo formulado cumple con
los requisitos previstos en el artículo 161 del CPACA para concluir que la
demanda fue presentada en forma.

La procedencia del enriquecimiento sin justa causa y la compensación

49. Según lo anunciado, este asunto fue seleccionado con el fin de pronunciarse
sobre “la configuración y procedencia del enriquecimiento sin causa cuando se
han ejecutado prestaciones sin el respaldo de un contrato estatal, para las
entidades cuyo régimen de contratación sea la Ley 80 de 1993” y, a propósito
de ello, frente a los parámetros que fueron decantados por esta Sección, en Sala
Plena, en la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012 44, para
reconocer la procedencia del pedimento compensatorio soportado en el
mandato que prohíbe el enriquecimiento sin justa causa45. Puntualmente, la
finalidad de esta consolidación es precisar46 (i) la vía procesal para el trámite de
esta pretensión; (ii) los elementos que determinan su configuración; (iii) la
excepcionalidad que la caracteriza; (iv) si los casos enunciados en dicho fallo
son taxativos o si, por el contrario, constituyen solo una relación enunciativa de
eventos en los que es viable ordenar la compensación47 del empobrecimiento
injustamente configurado, en situaciones en las que se ejecutan actividades en
favor de una entidad pública sin respaldo contractual (como se alegó con la
demanda del presente proceso); además de (v) la necesidad de probar tales
circunstancias fácticas.

50. El ya mencionado fallo de unificación del 19 de noviembre de 2012 respondió a
la disconformidad existente, hasta ese momento, en torno a los elementos que
debían ser acreditados ante el contencioso-administrativo para solicitar el
restablecimiento derivado de un enriquecimiento sin justa causa. Puntualmente,

43 “Artículo 140. Reparación Directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado”.
44 Radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
45 Principio general del derecho del que se nutre el ordenamiento jurídico colombiano, a su vez positivizado en

el artículo 831 del Código de Comercio (“Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”).
46 Conforme al artículo 270 del CPACA, “Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de

unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o
resolver las divergencias en su interpretación y aplicación (…)” (subrayado fuera del original).
47 Se resalta que, en lo sucesivo, se empleará el concepto de “compensación” como forma de hacer referencia

al restablecimiento patrimonial derivado del desequilibrio causado por el enriquecimiento sin justa causa, en
contraposición a una “indemnización”. Lo anterior se deriva de la subregla decantada en la jurisprudencia según
la cual el objeto de esta pretensión es el de corregir un traslado patrimonial injustificado, pero no el de indemnizar
un daño, pues, sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no se puede condenar sino hasta
la porción en que efectivamente se enriqueció el demandado. En tal sentido, dicha expresión no debe
confundirse con el instituto de la compensación como modo de extinguir las obligaciones previsto en los arts.
1714 y ss. del Código Civil.

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Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

dicho pronunciamiento se refirió a la viabilidad de dicha compensación en
aquellos eventos de traslados patrimoniales derivados de la realización de
actividades, o el suministro de bienes o servicios, por fuera del marco de un
contrato estatal o con prescindencia del mismo, para aquellas entidades regidas
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)48,
enfatizando que ese reconocimiento solo es viable de forma absolutamente
extraordinaria y bajo los parámetros sobre los que más adelante se pronunciará
esta colegiatura.

51. En dicha providencia se enunciaron una serie de hipótesis en las que, “de
manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría
procedente la actio de in rem verso”. Se recalca que, en esa oportunidad, la Sala
indicó que dichos casos “serían entre otros los siguientes [subrayado fuera del
original]:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular
afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un
contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios,
suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una
amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este
que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad
personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y
manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y
adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de
los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente
acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda
de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente
providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración
frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más
razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal
determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia
manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la
ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato
escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no
esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80
de 1993”.

52. Al emplear la expresión “entre otros”, se evidencia que los eventos previamente
citados49 se exteriorizaron a título meramente ilustrativo, lo cual quiere decir que
los mismos no compendiaron de manera taxativa las circunstancias que
válidamente pueden dar lugar a reconocer una compensación por
enriquecimiento sin justa causa, específicamente, en el marco de actividades
ejecutadas al margen de un contrato estatal debidamente perfeccionado, como

48 Este aspecto excluye del marco de análisis la procedencia de este instituto para entidades exceptuadas del

EGCAP, o regidas por las normas de derecho civil y mercantil.
49 Con la observación ya señalada en torno al evento del constreñimiento, el cual, según lo indicado, no

constituye un supuesto de enriquecimiento sin justa causa.

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en aquellos eventos en que ocurren acuerdos verbales (no elevados por escrito)
o con prescindencia del mismo.

53. Aun cuando se indicó que “estas posibilidades son de carácter excepcional y por
consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva”, ello no se refiere a la lista
previamente referida, sino al fundamento de la procedencia de la actio de in rem
verso sin que medie contrato alguno, previa verificación de las reglas generales
para la prosperidad de esa pretensión.

54. En todo caso, se reitera que, con independencia de esas hipótesis, dicho
reconocimiento sigue siendo excepcional, con lo cual no puede ser empleado
como herramienta para el reconocimiento o reclamación de desembolsos por el
cumplimiento de actividades no acordadas mediante un contrato por escrito por
cualquier circunstancia. Así, tal pedimento se debe fundamentar en la reunión
de los atributos comunes que caracterizan los eventos en los que procede la
correspondiente compensación, a la luz de la inexistencia de otro tipo de fuente
obligacional (de índole contractual o derivada de título de imputación alguno
sobre la entidad) que permita ventilar la pretensión en sede judicial, y de la
existencia de circunstancias extraordinarias que hayan impedido la suscripción
material del negocio.

55. Pese a lo anterior, con posterioridad al fallo de unificación, esta Sección Tercera
(a través de sus diferentes subsecciones) ha emitido pronunciamientos judiciales
que parten de premisas opuestas: por un lado, se ha reconocido la existencia de
eventos distintos a los previamente mencionados50; pero, por otro, se ha
restringido la aplicación del instituto del enriquecimiento sin justa causa a la
verificación de tales casos puntuales, para negarla en caso de no hallar
demostrado ninguno de ellos51.

56. En vista de este estado de cosas, la presente sentencia de unificación tiene por
objeto ratificar la premisa de la que partió la sentencia del 19 de noviembre de
2012, al reconocer la admisibilidad excepcional de la actio in rem verso en
eventos en los que no medie contrato alguno entre las partes, pues, ante la
trascendencia de la misma, su núcleo ha de mantenerse. Sin embargo,
seguidamente, se procederá a esclarecer que la configuración de un
enriquecimiento sin justa causa y la procedencia de su compensación no se

50 Entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 de

febrero de 2020, Exp. 46361; Sentencia de 7 de septiembre de 2015, Exp. 36318; Sentencia de 3 de marzo de
2014, Exp. 28570; Sentencia de 3 de agosto de 2020, Exp. 52405. De manera reciente, la Subsección B de la
Sección Tercera, en Sentencia de 14 de septiembre de 2022, Exp. 49140, indicó (se trascribe): “Aunque en la
Sentencia de Unificación de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, esta Corporación estableció 3 causales
específicas, en las cuales, “de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría
procedente la actio de in rem verso”, la realidad de los acontecimientos y el estudio caso a caso ha dado la
razón a las inquietudes que en su momento fueron presentadas en los salvamentos de voto a la providencia de
unificación y en posteriores posiciones jurisprudenciales, al punto que, recientemente, se dio aplicación a la
prohibición del enriquecimiento sin causa en un asunto en el que se consideró que estaba en juego otro derecho
fundamental distinto a la salud, como lo es la educación”.
51 Entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31

de mayo de 2016, Exp. 24894; Sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27532; Sentencia de 9 de marzo de
2016, Exp. 35458; Sentencia de 29 de julio de 2015, Exp. 35554, Sentencia de 25 de junio de 2015, Exp. 34408
y Sentencia de 14 de mayo de 2014, Exp. 29211.

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Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

limitan a un catálogo taxativo o predeterminado de hipótesis52 como el que se
consignó en dicho fallo, así como fijar las reglas de procedencia de este
pedimento en función de las diversas hipótesis que pueden presentarse. De igual
forma, con el presente fallo se busca rectificar la jurisprudencia de esta Sección
en torno al primer evento plasmado en la sentencia de unificación del año 2012,
para señalar que, en estricto sentido, se trata de una hipótesis de falla del
servicio53. El carácter excepcional de esta declaratoria, cuando se han efectuado
actividades sin el respaldo de un contrato estatal, implica tener presente que el
papel del juez consiste en verificar la concurrencia de sus elementos
estructurantes, que deben ser debidamente acreditados por el demandante en
el proceso, para determinar si procede, o no, el reconocimiento de dicho
desbalance patrimonial, sin que ello se circunscriba a una relación
predeterminada de sucesos, pero escrutando que no se origina en una
circunstancia fáctica cualquiera.

57. Así las cosas, sea esta la oportunidad para pronunciarse, de manera unificada,
sobre aquellos presupuestos que el juzgador contencioso-administrativo debe
verificar para deducir la configuración y procedencia del enriquecimiento sin justa
causa cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de un contrato
estatal, para las entidades cuyo régimen de contratación sea la Ley 80 de 1993.
Se advierte que esta unificación no se extenderá al análisis del señalado instituto
a eventos en los que se involucren negocios cuyo régimen sustantivo esté
exceptuado de la señalada Ley, por ser ajeno al alcance fijado en el auto del 4
de mayo de 2023 dictado por esta Sección.

58. En ese contexto, la Sala comienza por retomar los siguientes elementos que han
sido reconocidos en la jurisprudencia civil y contencioso-administrativa como
configurativos del enriquecimiento sin justa causa como fuente autónoma de
obligaciones54:

“Cinco son los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, sin cuya
reunión no puede existir aquél, a saber:

1º) Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una
ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no solo en el
sentido de adición de algo, sino también en el de evitar el menoscabo de un
patrimonio.

52 Esta postura ya había sido acogida con anterioridad, al sostener que: “Esta tesis o regla general –la
imposibilidad de reconocer los “hechos cumplidos”- no es absoluta, porque la misma providencia precisó que
hay eventos en los cuales es posible y además justo remunerar el enriquecimiento sin causa que se produzca,
pese a la falta de contrato con las formalidades que exige la ley. Se trata de varios supuestos: i) tres identificados
o nominados por la providencia y ii) otras situaciones que compartan las características de los enunciados antes”
(subrayado añadido; sentencia del 8 de febrero de 2017, Exp. 37958, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico).
53 En los términos del artículo 270 del CPACA.
54 Reconocidos en la ya mencionada sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012. En esta providencia

se trajo a colación la enunciación indicada en sentencia del 7 de junio de 2007 (Exp. 14669), que, a su vez,
incorporó los componentes desarrollados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, “entre
otras, [en] sentencias de 6 de septiembre de 1935; 6 de septiembre de 1940, M.P. Hernán Salamanca; 10 de
diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; 11 de enero de 2000, M.P. Manuel Ardila Velásquez;
10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo”.

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Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

2º) Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja
obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a
expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento.
Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja
del empobrecido, o a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de
aquél.

Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una
prestación dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es
susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio.

El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe
relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de
enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la
ganancia y la pérdida sea una y sea la misma.

3º) Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia
del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio
entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica.

En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la
ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el
sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a
otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un
cuasi-delito, como tampoco por una disposición expresa de la ley.[55]

4º) Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que
el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción
originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que
brotan de los derechos absolutos.

Por lo tanto, carece igualmente de la acción de in rem verso el demandante que
por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. El (sic)
debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia.

5º) La acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar
una disposición imperativa de la ley.

El objeto del enriquecimiento sin causa es el de reparar un daño, pero no el de
indemnizarlo. Sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no
se puede condenar sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el
demandado”56.

59. Precisamente el quinto elemento enunciado, relativo a la improcedencia de esta
pretensión “cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de
la ley”57, fue el que motivó la discusión sobre la aplicabilidad de este instituto en
sede contencioso-administrativa, principalmente a raíz de la ejecución de
actividades en favor de una entidad estatal sin que medie un contrato escrito

55 La regla aquí establecida responde a que el enriquecimiento sin justa causa no se identifica con ninguna de

las fuentes de las obligaciones allí relacionadas, que corresponden a las tradicionalmente consignadas en el
artículo 1494 del Código Civil.
56 Cita traída de la sentencia del 19 de noviembre de 1936, M.P. Juan Francisco Mujica (Gaceta Judicial No.

XLIV, pág. 474 y ss.). Estos elementos, al día de hoy, siguen siendo aplicados por la corporación; vid. sentencia
del 16 de noviembre de 2023, Rad. 2016-00048 (SC428-2023), M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
57 Fundamentado, como se reconoció en la sentencia del 19 de noviembre de 2012, en el mandato contenido

en el artículo 1525 del Código Civil, según el cual “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un
objeto o causa ilícita a sabiendas”, así como en el principio general de legalidad que irradia todo el ordenamiento
sustantivo y procesal.

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entre esta y el ejecutor (como se recapituló en la sentencia de unificación de
2012). En efecto, al partir de la premisa normativa contenida en el artículo 41 de
la Ley 80 de 1993, según la cual: “Los contratos del Estado se perfeccionan
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a
escrito”58, se tornó necesario dilucidar la forma de armonizar esta solemnidad
con la aplicabilidad del enriquecimiento sin justa causa, por tratarse de una
norma de orden público, imperativa e inderogable por la voluntad de los sujetos
involucrados.

60. A propósito de la mencionada regla contenida en la Ley 80 de 1993, esta
Corporación ha enfatizado que dicha solemnidad constituye un requisito de
existencia del contrato estatal, comoquiera que, de no elevarse por escrito, dicho
instrumento no puede entenderse como nacido a la vida jurídica (salvo en
aquellas situaciones de urgencia manifiesta reguladas por el artículo 42
ejusdem). Ante la ausencia del escrito, el contrato ha de reputarse como
inexistente y carente de la potestad para fungir como fuente de derechos y
obligaciones (contrario a la lógica aplicable en materia privada, en la que la
consensualidad es la regla)59.

61. Así lo consideró la Sala en la sentencia de unificación del año 2012 al resolver
el caso concreto, de la siguiente forma:

“En este asunto el demandante ha apoyado sus pretensiones en el hecho de
haber celebrado con la administración varios contratos verbales y con
fundamento en estos construye sus reclamaciones económicas.

Este petitum así aducido y con tales fundamentos ya lo hacen impróspero puesto
que en términos sencillos el demandante reclama derechos económicos
derivados de contratos que nunca existieron por haberse omitido la solemnidad
que la ley imperativamente exige para su formación o perfeccionamiento, lo que
en otros términos significa que si no existieron los contratos tampoco se
produjeron los efectos que les serían propios y por ende nada puede reclamarse
con base en lo inexistente.

Pero además el enriquecimiento sin causa no puede ser admitido en este caso
porque se trata de un evento en que con él se está pretendiendo desconocer el
cumplimiento de una norma imperativa como lo es aquella que exige que los
contratos estatales se celebren por escrito, agotando desde luego los
procedimientos de selección previstos en la ley”.

62. Al amparo de esta lógica, la solución decantada en el fallo del 19 de noviembre
de 2012 consistió en indicar que “la Sala admite hipótesis en las que resultaría
procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se
insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de
interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de
encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos

58 Concordante con su artículo 39, según el cual “Los contratos que celebren las entidades estatales constarán

por escrito”.
59 Cfr., entre otras, Subsección C, sentencia del 11 de septiembre de 2024, Exp. 69.042, C.P. Fredy Ibarra

Martínez: “En efecto, de acuerdo con lo dispuesto expresa y puntualmente en el artículo 41 de la Ley 80 de
1993, para la Sala es claro que los contratos estatales se perfeccionan cuando en ellos converjan los elementos
esenciales que determinan su existencia, el acuerdo de voluntades se limita al objeto y la contraprestación, y
siempre que conste por escrito el negocio jurídico existe (…)”.

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que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes
se mencionó” (se subraya). La regla a la que se alude enseña que “la actio de in
rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que
se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen
de este, eludiendo así el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato
estatal es solemne porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando
previamente los procedimientos señalados por el legislador”, de manera que
éste es el paradigma que debe ser priorizado en todo momento, elemento
transversal que se reitera en el presente fallo de unificación.

63. Sin embargo, no se debe dejar de enfatizar en otro aspecto común identificado
en la sentencia de unificación, consistente en “el deber de proteger la buena fe
del contratista (sic) que fue inducido o motivado por la administración a la
ejecución de la actividad en esas circunstancias”, esto es, sin que medie un
contrato entre la entidad estatal y el ejecutor. Como se reconoció en la línea
jurisprudencial elaborada en dicha ocasión, “si bien el particular no es ajeno a la
órbita legal y reglamentaria que sistematiza la contratación estatal, no es posible
atribuir un disvalor al comportamiento del sujeto de derecho privado que, movido
por una conducta previa de la administración pública, lo dirige a realizar una obra
o a prestar un servicio, sin que exista contrato estatal de por medio”60.

64. Dicho de otro modo, se consideró que “en una clara ponderación entre el
principio constitucional de buena fe (art. 83 C.P.) y los postulados de legalidad
contenidos en los estatutos de contratación pública, se prefirió proteger el
primero y ordenar el restablecimiento patrimonial desencadenado con el
enriquecimiento injustificado de la administración estatal”61.

65. En tal sentido, el último de los cinco elementos configurativos del
enriquecimiento sin justa causa debe analizarse en función de la conducta de
las partes en contienda, toda vez que “la protección constitucional al principio de
buena fe genera que se proteja, sin restricción alguna, al particular en aquellas
circunstancias en las cuales la confianza de la administración, así como su
voluntad y comportamiento es el que genera la prestación de un bien o servicio
sin el respectivo soporte o basamento contractual”62.

66. Así, en asuntos en los que se resuelve la realización de obras o la prestación de
servicios sin respaldo contractual, los principales retos del juicio propio del
enriquecimiento sin justa causa se centran en la valoración de la conducta de
las partes, de manera que, de encontrarse demostrada la intención de generar
fraude a la ley, la consecuencia de ello debe ser la denegatoria de la
compensación que se persigue, la cual ha de aplicarse, igualmente, cuando no
se demuestra la ejecución de la actividad ni circunstancia excepcional alguna
para haber omitido la solemnidad del negocio. En efecto, la buena fe del
particular es el factor fundamental para solventar este tipo de escenarios, por
cuanto, de lo contrario, toda hipótesis de prestación sin contrato contravendría

60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, Exp. 35026, C.P. Enrique Gil Botero.
61 Ibid.
62 Ibid.

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la ley. Dicha apreciación será determinante para establecer la procedencia de la
compensación de tal desequilibrio, por lo que su estudio siempre será medular
en el ejercicio de ponderación que realiza el juez, a partir de los elementos
probatorios allegados al proceso y que corresponde acreditar al accionante a la
luz de la carga probatoria en cabeza suya63.

67. A su vez, el juzgador debe analizar la gravedad y urgencia en la continuidad de
un servicio que, en principio, solo debía prestarse hasta una determinada fecha
según lo estipulado en un contrato previo. Por un lado, la urgencia debe ser
entendida como la necesidad inmediata de continuar con la prestación del
servicio; por otro, la gravedad se refiere a valoración de las implicaciones que
tendría suspender dicha prestación, aun en ausencia de un contrato que
respalde el desarrollo de la actividad. Asimismo, debe escrutarse el grado de
conexidad y necesidad que la actividad haya tenido con ese negocio anterior, en
aquellos eventos en los que haya sido perfeccionado, pero las labores excedan
su alcance o plazo convenido. Como se ha reconocido en la jurisprudencia de
esta Sección, el instituto del enriquecimiento sin justa causa no puede ser
empleado para encubrir la ejecución de actividades ajenas a la finalidad que se
buscó satisfacer con el negocio perfeccionado de forma regular, y que, en la
realidad, correspondan a un objeto autónomo desligado de la intención
primigenia de las partes64, y aun cuando ello responda a circunstancias de
interés público o general, es un escenario excepcional que debe ser acreditado
por el accionante.

68. Por esta misma razón, tanto la entidad pública beneficiada como el sujeto
ejecutor deben tener en cuenta que la excepcionalidad a la que aquí se hace
referencia no puede ser empleada como excusa para el desconocimiento de las
normas que rigen la solemnidad de los contratos y su celebración bajo los
requisitos planteados en el EGCAP, ni puede ser invocada para hacer ver que
el mismo existe aún a pesar de no elevarse a escrito. De igual forma, este
instituto tampoco puede ser empleado como un vehículo para subsanar la
indebida gestión contractual de la entidad pública, cuando debiendo advertir la
necesidad de modificar un contrato o celebrar uno, deja de hacerlo contando con
tal posibilidad. La consecuencia de esta vulneración, sin la justificación debida,
no solo se reduce a la denegatoria de cualquier pretensión patrimonial derivada
de ella, sino que se extiende al imperativo de investigar posibles conductas
fraudulentas constitutivas de faltas disciplinarias, fiscales o incluso de ilícitos
penales. Esta circunstancia también debe ser tenida en cuenta en sede judicial,
y conlleva a que el juzgador, en caso de advertir la posible comisión de alguna
de tales irregularidades, debe compulsar y remitir copias a las autoridades

63 Consignada, en el ordenamiento procesal actual, en el artículo 167 del CGP, según el cual “Incumbe a las

partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
64 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 4

de junio de 2015. Exp. 28400. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. En este proveído se señaló para el caso
concreto: “se observa con claridad que la mayor cantidad de registros topográficos ejecutada por el demandante
corresponden a una zona de la ciudad no afectada por la construcción de la avenida longitudinal de occidente;
de manera que no se está ante la mayor ejecución de una actividad propia y necesaria de la inicialmente
pactada; para encubrir más bien un objeto contractual autónomo, que requería su propio proceso de selección.
De esta manera, no es posible indemnizar eventos como este”.

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competentes con el fin de que sean investigadas, mandato que ya había sido
reconocido desde la sentencia de unificación del año 201265.

69. Una vez precisado el alcance de la unificación jurisprudencial, se debe recordar
que la labor del contencioso-administrativo en la resolución de pretensiones
relacionadas con el enriquecimiento sin justa causa consiste en examinar la
configuración y procedencia de sus elementos estructurantes, para determinar
si procede o no la declaratoria de dicha situación. Se insiste en que ese ejercicio
debe consistir en una ponderación de las circunstancias del caso y tomando en
consideración la procedencia excepcional de este instituto cuando se trata de
reconocer realizaciones de obras o prestación de servicios sin el respaldo de un
contrato, aun cuando existía la obligación de atender una solemnidad 66. Dicha
circunstancia extraordinaria debe entenderse como aquel estado objetivo de
cosas que, de forma determinante, le impida a la entidad pública acudir a los
mecanismos disponibles en la ley para adelantar su actividad contractual de
manera normal, esto es, la ejecución de procedimientos de selección, la
celebración de un contrato por escrito (o prórrogas u otrosíes para negocios ya
perfeccionados) o la utilización de la contratación directa por urgencia
manifiesta.

70. Así, se enfatiza en la necesidad de que el demandante, más allá de alegar la
mera existencia de una hipótesis prevista en una lista predeterminada,
demuestre que sus supuestos de hecho se configuraron en realidad, pues, como
lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sección, “por mandato del artículo
1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que
alega aquéllas o ésta, al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del
Estado”67. Ahora bien, ello no significa que las hipótesis planteadas en la
sentencia del 19 de noviembre de 2012 no puedan ser esgrimidas para soportar
la configuración de un enriquecimiento sin justa causa -salvo aquellos eventos
de constreñimiento ejercido por parte de la entidad, a los cuales la Sala se
referirá en el acápite siguiente-, sino que las mismas no son las únicas que
pueden ser invocadas para la prosperidad de la pretensión. Dicho de otro modo,
aquellos supuestos “en los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar
servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar
una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud” y “en
los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras,
prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno” (en
palabras de la parte motiva del citado fallo) bien pueden configurar eventos de
traslado patrimonial injustificado (siempre que se advierta la excepcionalidad
previamente descrita), pero no son los únicos pasibles de ser examinados bajo
la lógica de este instituto.

65 “Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma
providencia que resuelva el asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para las respectivas
investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales”.
66 Comoquiera que el enriquecimiento sin justa causa, como fuente autónoma de las obligaciones, no se

circunscribe a este supuesto.
67 Sentencia del 29 de julio de 2015, Exp. 35554. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

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71. Como aspecto final, la Sala enfatiza en los efectos que tiene la declaratoria del
enriquecimiento sin justa causa en estos eventos, que no son otros que la
consecuente orden de restablecer el desequilibrio patrimonial causado por
medio de la respectiva compensación del empobrecimiento advertido. Como ya
se había explicado en la providencia del 19 de noviembre de 2012, dicho
restablecimiento difiere de la plena indemnización de los perjuicios que pudieren
causarse a raíz del acrecimiento injustificado obtenido por la entidad pública,
pues solo tiene por finalidad reintegrar la igualdad que quedó mermada con la
ejecución de las actividades y, por ende, implica que la compensación pertinente
solo puede ascender hasta el monto del enriquecimiento que se haya probado.
Ello se contrapone a la concesión de una indemnización plena del
empobrecimiento que se haya podido generar, puesto que la actio in rem verso
no está instituida como forma de reparar perjuicios superiores al quantum del
desplazamiento entre patrimonios que se detecte.

72. La consecuencia de lo anterior, como se reconoció en oportunidades previas, es
que “el acreedor no tiene derecho a los frutos civiles que hubiere producido el
capital pagado en forma tardía y si esto es así, nunca tendría la posibilidad de
que hicieran parte de su patrimonio, el cual jamás podría considerarse
empobrecido por su no reconocimiento y pago. Igual razonamiento cabe hacer
en relación con el patrimonio del deudor, puesto que al no proceder el pago de
los intereses en favor del acreedor, su patrimonio no podría verse beneficiado
por la no erogación de dichos emolumentos, sencillamente porque jamás estaría
obligado a pagarlos cuando se adelantara una acción por enriquecimiento sin
causa”68.

Rectificación en torno a la primera hipótesis consignada en la sentencia del
19 de noviembre de 2012 – El constreñimiento como evento de falla del
servicio

73. Una vez decantado que las hipótesis planteadas en la sentencia de del 19 de
noviembre del 2012 no son eventos taxativos de procedencia de la
compensación por enriquecimiento sin justa causa, la Sala debe efectuar una
rectificación en torno al primero de los escenarios allí enunciados, esto es “a)
Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular
afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un
contrato estatal o con prescindencia del mismo”. Este análisis se justifica en el
presente caso, puesto que, como se recapituló, la demandante sostuvo que la
solicitud que habría efectuado el alcalde municipal para continuar la prestación
del servicio fue “prácticamente una imposición”, lo que impone pronunciarse
sobre esta hipótesis en concreto.

68 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, Exp. 15662, C.P. Myriam Guerrero

de Escobar; a su vez citada en la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012.

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74. Una vez examinado dicho literal, se encuentra que esta eventualidad
corresponde a la configuración de responsabilidad extracontractual del Estado,
comoquiera que implica un alejamiento evidente entre la acción esperada por el
ordenamiento jurídico y la conducta efectivamente desplegada por el sujeto de
derecho público. En efecto, siguiendo las palabras de la citada providencia de
unificación, el ejercicio de un constreñimiento o imposición a un particular (o,
incluso, a un servidor público), en ejercicio de la supremacía o autoridad de la
entidad, no puede calificarse de manera distinta a una circunstancia
configurativa de una falla del servicio, por tratarse de un actuar separado de la
ley y de la vocación de servicio a la que están llamadas las autoridades en
Colombia.

75. Rememórese que, conforme al mandato superior contenido en el artículo 2°
constitucional, hacen parte de los fines esenciales del Estado “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. A su vez, el
artículo 90 superior establece que aquél “responderá patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión
de las autoridades públicas”. A partir de estas previsiones, la jurisprudencia de
esta Corporación ha desarrollado el régimen subjetivo69 de responsabilidad
estatal derivado de la denominada falla del servicio, título de imputación que ha
sido empleado para enmarcar todas aquellas hipótesis en las que un sujeto sufre
un daño por la actuación irregular de las entidades públicas conforme al régimen
normativo que están llamadas a acatar.

76. Pues bien, se evidencia que la hipótesis contemplada en el primer literal de la
sentencia de unificación del 2012 corresponde, realmente, a un evento de falla
del servicio, y no a un caso de enriquecimiento sin justa causa. Según lo
reseñado ut supra, este último instituto supone que el desplazamiento
patrimonial que se detecte no tenga su causa en ninguna de las fuentes
obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico (como lo son las indicadas en
el artículo 1494 del Código Civil), esto es, un acuerdo de voluntades o una
conducta constitutiva de responsabilidad civil extracontractual (sea culposa o
dolosa), de manera que, de detectarse que la merma en cuestión proviene de
una conducta jurídicamente reprochable, será esta la fuente de la disminución
que se estudie, con sus propias implicaciones y características.

77. Al amparo de la anterior lógica, aquellos eventos en los que una entidad pública
coacciona a un particular a la ejecución de una determinada actividad, tal
eventualidad debe ser analizada por el juzgador contencioso-administrativo
como un evento configurativo de responsabilidad extracontractual, bajo la égida
de la falla del servicio, y no como un evento de enriquecimiento incausado (sin
perjuicio de las eventuales consecuencias penales que dicha conducta pueda

69 Se habla de un régimen subjetivo en oposición a uno de carácter objetivo, comoquiera que supone la
verificación de que la conducta reprochada, a la que se atribuye la causación del daño, se haya separado de
las normas de carácter constitucional, legal y reglamentario a las que la entidad (o particular en ejercicio de
funciones públicas) debe someterse. Un alejamiento de esta índole supone una indebida prestación del servicio
que está llamada a proveer, constituyendo así la falla que ha dado lugar a la estructuración de este régimen de
responsabilidad.

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constituir70). A título ejemplificativo, tales hipótesis pueden ocurrir cuando el
sujeto de derecho público amenaza con ejercer una prerrogativa que se
encuentra en su poder en perjuicio del afectado, o con dejar de reconocerle una
prestación a la que tiene derecho, en caso de que no acceda a llevar a cabo el
trabajo o entregar el bien que se le requiere de esa forma. Aunado a la falla que
se pueda detectar, el interesado debe, igualmente, demostrar la relación de
causalidad entre la misma y el daño que alega, estructurando el juicio de
imputación según las reglas decantadas de vieja data por esta Corporación.
Todo lo anterior debe analizarse en cada caso concreto conforme a las
particularidades de los hechos puestos en discusión, y con el respaldo probatorio
pertinente para su demostración.

78. Las circunstancias de “constreñimiento” que vienen de desarrollarse tampoco
deben confundirse con aquellos casos en los que el consentimiento del ejecutor,
realmente, se encuentra viciado por virtud de una circunstancia de fuerza, como
causal de nulidad relativa de los negocios jurídicos (art. 1508 del Código Civil).
En tales eventos, lo predicable es la existencia de un acuerdo de voluntades,
aunque con afectación de uno de sus elementos esenciales, de manera que las
reclamaciones en torno al mismo deben ventilarse conforme a esa relación y no
en virtud del instituto del enriquecimiento sin justa causa.

79. En ese sentido, la Sala rectifica la postura jurisprudencial plasmada en la
sentencia de unificación del 19 de noviembre del 2012, para dejar sentado que
aquellos eventos en los que la entidad pública (o particular en ejercicio de
funciones administrativas) coaccione, constriña o imponga a un particular (o a
un servidor público) la prestación de un servicio o la entrega de un bien, o -en
general- la ejecución de una actividad, la eventual indemnización de los
perjuicios causados por dicha situación debe estudiarse como un evento de falla
del servicio y no de enriquecimiento sin justa causa. En tal sentido, la reparación
llamada a ser reconocida no se limita a la compensación propia del último
instituto señalado, sino que habilita la indemnización plena e integral de los
perjuicios generados por la conducta irregular.

Las reglas de unificación en torno a la procedencia del enriquecimiento sin
justa causa y la compensación

80. Al amparo de las anteriores consideraciones, la Sala unificará su jurisprudencia
en torno a la configuración y procedencia del enriquecimiento sin justa causa
cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de un contrato, en favor de
entidades que -en su gestión- deben aplicar el Estatuto General de Contratación
Pública (EGCAP), bajo las siguientes reglas:

81. Comoquiera que el instituto analizado no tiene lugar en escenarios
contractuales, la pretensión debe formularse cumpliendo los presupuestos
procesales de la reparación directa, bien sea ante la inexistencia de
contrato -sea porque se reclama una actividad producto de un acuerdo verbal o

70 Esta circunstancia ya había sido advertida en el salvamento de voto formulado por la consejera Stella Conto

Díaz del Castillo a la sentencia del 19 de noviembre de 2012.

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porque no existe pacto en absoluto- o ante el desarrollo de actividades con
posterioridad al agotamiento del objeto de un contrato celebrado previamente.
Si lo que se reclama tiene fuente y respaldo en actividades propias del objeto de
un acuerdo de voluntades, aunque se extienda en el tiempo, que se consumaron
luego del periodo de ejecución, corresponderá a un juicio de controversias
contractuales. Además de excluir la existencia de una relación negocial que dé
sustento a la reclamación, se debe verificar que la fuente del menoscabo no sea
una conducta constitutiva de responsabilidad extracontractual del Estado (como
un constreñimiento o falla del servicio), dada la subsidiariedad del
enriquecimiento sin justa causa. En ese sentido, como metodología para
determinar la procedencia de este mandato, por su carácter subsidiario, se debe
verificar: (i) que no exista un acuerdo de voluntades que fundamente la merma
patrimonial que se atribuye (responsabilidad contractual); y (ii) que ese
menoscabo no haya ocurrido en virtud de un hecho u omisión doloso o culposo
causante de un daño antijurídico (responsabilidad extracontractual).

82. La indicación formal de un medio de control diferente al de reparación directa, o
la ausencia de mención del mismo, no puede ser empleado como un aspecto
que impida dar trámite al conocimiento de la pretensión, de reunirse la totalidad
de los presupuestos procesales para ello. En estos requisitos, no se circunscribe
que previamente se haya provocado una decisión por parte de la administración
contenida en un acto administrativo. Por este motivo, como garantía del derecho
de acceso a la administración de justicia, el juzgador de este tipo de
controversias, en relación con las demandas presentadas antes de la ejecutoria
de esta providencia, la resolverá de fondo, aunque no se haya mencionado
formalmente el medio de control correspondiente, en el marco del régimen
jurídico aplicable a este tipo de litigios.

83. Las pretensiones de reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa, y su
consecuente compensación, presuponen la ausencia de una fuente de
obligación que las amparen. Por esta razón, su procedencia es absolutamente
excepcional y depende de la demostración por parte del interesado del
acaecimiento de una circunstancia extraordinaria, sustentada en razones de
interés general que exigiesen la entrega del bien o la prestación del servicio, y
que ameriten valorarla en favor del ejecutor para reconocer la actividad
desarrollada al margen de dicho instrumento. Esta excepcionalidad estará
presente únicamente en aquellas situaciones en la cuales resulte probado que
no era posible acudir a los mecanismos que la ley regula para escoger un
contratista y celebrar un contrato, incluidas las hipótesis de urgencia manifiesta.
Dicha valoración deberá soportarse en el comportamiento de las partes, dando
prevalencia a la conducta de buena fe de cara a la actividad ejecutada y la
confianza que pueda haber generado la administración sobre el interesado, así
como la gravedad y urgencia en la continuación de la prestación de un servicio,
el grado de conexidad que la actividad haya tenido con un contrato entre las
partes y la necesidad de ello.

84. Ese reconocimiento, además, está supeditado a que se reúnan los siguientes
elementos: (i) la existencia de una ventaja patrimonial en beneficio de la entidad

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Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
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Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

demandada; (ii) un empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante, el
cual pueda atribuirse al acrecimiento mencionado; (iii) la ausencia de causa
jurídica en el desequilibrio producido, en cuanto a que no haya sido generada
por un hecho o un acto jurídico, como tampoco por una disposición expresa de
la ley; (iv) que el demandante carezca de cualquier otro mecanismo para
reclamar la compensación, lo que pone en evidencia su subsidiariedad; y (v) la
compensación no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición
imperativa de la ley.

85. El objeto es el de corregir un traslado patrimonial injustificado, pero no el de
indemnizar un daño, de manera que, sobre la base del empobrecimiento sufrido
por el demandante, no se puede condenar sino hasta la porción en que
efectivamente se enriqueció el demandado.

86. La compensación del enriquecimiento no depende de que se subsuman los
hechos alegados en una lista de hipótesis fácticas previa y taxativamente
definida, sino que corresponde al juez, en virtud de los elementos sustantivos
mencionados y la evaluación de la conducta de las partes, determinar la
viabilidad de ordenar que se corrija el traslado patrimonial injustificado. Ello se
encuentra supeditado a que la parte interesada demuestre plenamente la
concurrencia de los presupuestos enunciados, incluyendo la prueba de la
actividad, junto con la circunstancia excepcional que se invoca. Esta
interpretación deberá ser aplicada a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, en todo proceso en el que se ventilen pretensiones de
compensación por enriquecimiento sin causa, de forma que no se podrá dejar
de conceder lo pedido por el solo hecho de que el caso no se enmarque en los
eventos ejemplificativos indicados en la sentencia del 19 de noviembre de 2012
(Rad. 73001-23-31-000-2000-03075-01(24.897).

87. Cuando se acredite que la ejecución de una actividad (como la prestación de un
servicio, la entrega de un bien o la construcción de una obra), sin que medie
contrato, obedeció a un constreñimiento o imposición, como acto de supremacía,
autoridad o imperio, que no esté determinado por la necesidad de atender
imperativamente una necesidad pública sin que sea posible acudir a los
mecanismos determinados por la ley para su contratación, dicha circunstancia
deberá ser analizada bajo la lógica de la responsabilidad extracontractual del
Estado, y no como un evento de enriquecimiento sin justa causa.

Naturaleza de la actuación objeto del litigio y problemas jurídicos a resolver:
Estudio del desplazamiento patrimonial atribuido a la entidad

88. A la luz de la unificación que viene de realizarse, la Sala deberá referirse a los
reparos concretos presentados en el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la
competencia del ad quem para ventilar la controversia, por lo que los demás
aspectos, diferentes a los planteados por el recurrente, están llamados a
excluirse del debate, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de

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Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

manera oficiosa71. Como lo ha enfatizado la jurisprudencia de esta Sección, la
competencia del juzgador de segunda instancia se encuentra enmarcada por los
cargos que el apelante interpone en contra de la decisión recurrida, teniendo en
cuenta lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)72,
los cuales han de encontrarse debidamente sustentados para efectos de
tenerlos como verdaderos motivos de reproche que permitan deducir el
desacierto del fallo del inferior jerárquico73.

89. A partir de este derrotero, y en línea con lo plasmado en el recurso de apelación
instaurado por el municipio, corresponde resolver, como problemas jurídicos
concretos, si existió una indebida valoración probatoria por parte del a quo, por
no estar probado el enriquecimiento sin justa causa alegado, ni su valor,
sustentado en la aparente prestación de los servicios de seguridad y vigilancia
al municipio de Soledad que, según la demandante Delthac 1 Seguridad Ltda.,
ocurrió entre el 1° y el 31 de enero de 2012 y, en caso afirmativo, si hay lugar a
revocar la compensación económica reconocida a ese título.

90. Para ello, corresponde en primera medida aplicar la metodología excluyente y
sucesiva previamente expuesta, con el fin de validar que el presente asunto, en
efecto, deba estudiarse como un juicio derivado de un enriquecimiento sin justa
causa, descartando que: (i) la merma patrimonial se haya derivado del
cumplimiento de una obligación contractual; y (ii) la misma haya sido fruto de
una actuación antijurídica desplegada por la entidad pública demandada. Este
ejercicio, según lo explicado, pondrá en evidencia el carácter subsidiario del
instituto que se estudia.

91. Los hechos reseñados en la demanda, en suma, fueron aducidos por la
demandante para señalar a la entidad demandada de haber incurrido en un
enriquecimiento sin justa causa, al alegar que llevó a cabo una actividad durante
un mes sin que existiese respaldo contractual para reconocer su ejecución y
pago. Conforme a lo expresado en los anteriores apartados, el caso puesto en
consideración corresponde a una supuesta prestación de carácter uniforme que
se extendió en el tiempo, consistente en el servicio de vigilancia, y que se alega
que se desarrolló más allá del plazo resolutorio fijado por las partes, esto es, una
vez agotado el objeto contractual (el mismo se previó únicamente hasta el 31 de
diciembre de 2011), sin un negocio adicional que lo respaldara. Ello descarta el
primer escenario esbozado, esto es, que este asunto se trate de una
controversia contractual.

71 Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación del 6 de

abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para
revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción,
aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada”. Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
72 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el

apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin
embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.”
73 Vid. sentencia del 12 de julio de 2024. Exp. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70.692), C.P. Fernando Alexei

Pardo Flórez.

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92. Seguidamente, corresponde verificar que lo reclamado no responda a la
causación de un daño antijurídico derivado de una conducta dolosa o culposa
por parte de la entidad pública demandada. Frente a ello, la Sala no encuentra
demostrado un hecho u omisión que pueda calificarse de esa forma, pues,
aunque la demandante insistió en que el municipio ejerció una “imposición”
tendiente a obligarle a continuar con la prestación del servicio de vigilancia, no
existe medio demostrativo en el expediente que permita acreditar la existencia
de alguna orden o constreñimiento ejercido por la entidad sobre la empresa, que
le hubiese impedido a ésta sustraerse del cumplimiento de la actividad (que
tampoco demostró haber ejecutado), tal y como lo sostuvo la entidad territorial
en su recurso al negar cualquier tipo de determinación emitida en ese sentido.

93. Al respecto, la ya aludida solicitud verbal del alcalde municipal sobre este
aspecto no pasa de ser una mera afirmación del demandante, la cual carece de
prueba alguna que permita deducir una circunstancia habilitante para la
ejecución de actividades al margen de un contrato. Sea esta la oportunidad para
reiterar, como se indicó en anteriores acápites, que dicho evento
(constreñimiento por parte de la entidad), realmente, es pasible de ser ubicado
dentro de la responsabilidad extracontractual del Estado, como una conducta
configurativa de una falla del servicio. En cualquier caso, el anterior análisis
permite excluir que este caso corresponda a un evento de tales características
(segundo escenario de la metodología planteada), lo que da lugar a analizar los
elementos que caracterizan el enriquecimiento sin justa causa como instituto de
carácter subsidiario.

94. Con fundamento en los parámetros unificados en este fallo, la Sala procederá a
estudiar la solución al caso concreto.

95. Como pasará a exponerse, en esta oportunidad se revocará la sentencia de
primer grado que accedió a las pretensiones de la demanda, dado que, contrario
a lo valorado por el tribunal, y conforme a lo advertido en el recurso de apelación,
las pruebas obrantes en el expediente no permiten tener por acreditada la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del 1 al 31 de enero de
2012 en favor del municipio de Soledad, como tampoco se probó la configuración
de una circunstancia excepcional que permitiese prescindir de la solemnidad del
negocio ni de determinación alguna proveniente de la entidad dirigida a ordenar
que se continuara ejecutando dicha actividad.

96. Para efectos de analizar esta problemática, cabe recordar que, como
fundamento de la condena adoptada en primera instancia, el a quo partió por
reconocer que no hay evidencia de la solicitud verbal que habría efectuado el
alcalde del municipio para que la compañía continuara prestando el servicio en
enero de 2012. No obstante, a renglón seguido, señaló que ese requerimiento
se desprende “del material probatorio allegado al plenario y en especial el Acta
de Conciliación No. 024 del año 2013 suscrita por el Comité de Conciliación del
Municipio de Soledad, la cual se encuentra suscrita por el Alcalde Municipal, el
Secretario de Hacienda Municipal y el Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica”,
de la cual dedujo “que los servicios que se afirman fueron requeridos de forma

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Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

verbal, efectivamente se prestaron por la entidad demandante, con el
beneplácito de la administración”.

97. Una vez revisado este documento74, se encuentra que tal valoración fue
inadecuada, como se advirtió en el recurso de apelación, puesto que, aunque en
el acta del comité de conciliación previamente referida se dejaron consignadas
las consideraciones en cita, ello no es un medio probatorio que permita tener por
demostrada la prestación del servicio por parte de la demandante en el periodo
objeto de estudio. Bajo el reconocimiento de que no existe tarifa legal frente a
este aspecto, la mención de tales actividades en ese instrumento no da cuenta
de que Delthac 1 Ltda. haya ejecutado la misma actividad convenida en el
contrato No. SG-LP-001-2011 durante el mes de enero de 2012, pues
únicamente recoge las manifestaciones realizadas por los integrantes del comité
sobre el presunto desarrollo de esas labores, pero no constituye prueba directa
o suficiente de su ejecución material.

98. Aunado a lo anterior, el acta aducida por la demandante carece de idoneidad
probatoria, a la luz de lo indicado en el artículo 76 de la Ley 23 de 199175, según
el cual: “La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella participen
deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se
propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste tenga
lugar”. Bajo este parámetro, el criterio del comité de conciliación de la entidad no
podía ser esgrimido como prueba en favor de las pretensiones formuladas,
aspecto igualmente omitido por el a quo en la valoración de este instrumento.

99. Seguidamente, el Tribunal razonó que la prestación de la actividad “se
desprende de las nóminas y comprobantes de pago del mes de enero de 2012,
en los que se relacionan los nombres, cédula, sueldo, extras y recargos,
subsidio, transporte, aportes a seguridad social, anticipos, embargos judiciales,
entre otros aspectos de los trabajadores que conformaron la planta de personal
(…). Asimismo, de las planillas integrales de Autoliquidación de Aportes, donde
se observa como aportantes la Sociedad DELTHAC 1 SEGURIDAD, para el
pago de las cotizaciones a salud y pensión por el mes de enero de 2012, de los
trabajadores de esa empresa que prestaban servicios de vigilancia y aseo”.

100. En función del cargo formulado en el recurso de apelación, relativo a la
indebida apreciación de las pruebas, se puede concluir que de éstas tampoco
se evidencia la prestación del servicio tantas veces aludido. En primera medida,
en cuanto a las planillas de aportes a seguridad social76, se observa que éstas
mencionan que el “Periodo Cotización” correspondió al “201201”, y que el

74 F. 159-167 del c. principal.
75 “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras

disposiciones”. Aun cuando el señalado artículo fue derogado por la Ley 2220 de 2022, esta última norma no
se encontraba vigente para el momento de la conciliación. Esta ley, en el artículo 4 prevé: “Principios. La
conciliación se guiará, entre otros, por los siguientes principios:
(…)
4. Confidencialidad. El conciliador, las partes y quienes asistan a la audiencia, mantendrán y garantizarán el
carácter confidencial de todos los asuntos relacionados con la conciliación, incluyendo las fórmulas de acuerdo
que se propongan y los datos sensibles de las partes, los cuales no podrán utilizarse como pruebas en el
proceso subsiguiente cuando este tenga lugar”.
76 F. 189-367 del c. principal.

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aportante, en calidad de empleador, fue la sociedad “Delthac 1 Seguridad”, datos
que solo permiten deducir la relación laboral que habría existido entre dicha
empresa y cada uno de los trabajadores relacionados en estos certificados, pero
no dan cuenta de las actividades para las que dichos sujetos fueron contratados,
ni mucho menos que éstos hayan prestado el servicio de vigilancia en el
municipio de Soledad, puntualmente en las instalaciones educativas
relacionadas en la demanda. Ello tampoco se desprende de los comprobantes
de pago de salarios y prestaciones identificados con el logotipo de la sociedad77,
con lo cual se concluye que no se aportó ningún elemento probatorio que permita
inferir que los beneficiarios de esos pagos desempeñaron la actividad referida.

101. Así, pese a que el Tribunal arguyó que lo analizado “se circunscribe a
determinar (…) si la demandante efectivamente vinculó al personal para que
prestaran los servicios de vigilancia y seguridad privada que según la parte
actora se prestaron del 1° al 31 de enero de 2012”, lo cierto es que la ejecución
de estas labores no se desprende de las pruebas previamente referidas. No es
suficiente la vinculación laboral de una determinada cantidad de trabajadores
dentro de la planta de personal de la empresa demandante para probar el tipo
de actividad que éstos hayan prestado (o que la hayan ejercido en absoluto), ni
mucho menos su extensión en el tiempo, que son los presupuestos básicos
necesarios que debieron acreditarse en el caso concreto.

102. Si bien es cierto que los señalados comprobantes de pago no fueron
tachados de falsos ni objetados por la entidad demandada, con los mismos solo
se acredita que la demandante asumió el pago de determinados montos por
concepto de salarios y seguridad social, pero no evidencia que los trabajadores
allí relacionados hubiesen sido contratados para prestar servicios de seguridad
y vigilancia, o que hayan desempeñado esas labores específicamente, máxime
cuando el certificado de existencia y representación legal de la sociedad incluye
otras actividades en su objeto social78.

103. Ahora bien, aunque el Tribunal también soportó su conclusión en las
bitácoras aportadas por el demandante, referenciadas por éste como “las
minutas de cada uno de los puestos de trabajo en los que se registra a diario
todos los movimientos y novedades comprendidos en los periodos 01 al 31 de
enero de 2012”, estos documentos no dan fe de que el servicio de vigilancia al
que se alude haya sido prestado en las instituciones educativas del municipio de
Soledad y, de hecho -como se explicará a continuación-, demuestran
circunstancias de tiempo, modo y lugar diferentes a las invocadas.

104. A ello se ve ligada la circunstancia de que en ninguna de las bitácoras
allegadas se menciona a cuál de las instituciones o puestos de vigilancia
correspondería cada rango temporal de anotaciones, conforme al listado
allegado en el acápite “detalle de las pretensiones” de la demanda, lo cual impide
realizar el cotejo respectivo. Aunado a este hallazgo, no es cierto que la

77 F. 368-397 del c. principal.
78 Como lo son la capacitación en seguridad y la prestación del servicio de telecomunicaciones.

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accionante haya allegado “las minutas de cada uno de los puestos de trabajo”,
toda vez que solo se logran identificar seis (6) rangos diferenciados por fechas
de puestos de vigilancia diferentes (con fotocopias repetidas en algunas
ocasiones), varios de los cuales -incluso- no se extienden del 1° al 31 de enero
de 2012, sino que comprenden periodos inferiores, lo que permite inferir que no
se allegó prueba de las 37 ubicaciones a las que se hace referencia en la
demanda, ni por la totalidad del lapso alegado. En tal sentido, esta colegiatura
encuentra razón a lo alegado en el recurso de apelación, en el que se indicó que
las pruebas de las que se valió el fallo de primer grado no soportaban la condena
al municipio.

105. De forma aún más gravosa, una vez revisadas las anotaciones realizadas de
forma manuscrita en las bitácoras (cuyo contenido, en buena parte, es ilegible),
se observa que solo en uno de los rangos se mencionan actividades ligadas a la
vigilancia de lo que sería un establecimiento educativo79, al hacer referencia -
entre otros- a la inspección de un parque didáctico y a la entrada y salida de
profesores y alumnos, pero, nuevamente, sin identificar la institución en la que
ello habría ocurrido. En los demás grupos de observaciones, extrañamente se
hace referencia a la entrega y recepción de puestos “del DAMAB”80, del “hospital
la manga”81, “de tesorería”, “oficinas de sistemas”, “oficinas de contabilidad” y
“atención al ciudadano”; se reportan ingresos con destino a “la ventanilla de
espacio público” y a “las oficinas del Secretario de Hacienda Raúl Lacouture”,
además de movimientos relacionados con la recarga y mantenimiento de cajeros
automáticos82. En las anotaciones de otro de los puestos de vigilancia se
menciona el “comedor Santa María” y las oficinas de “movilidad Prado”, así como
ingresos de personal “de Davivienda” y de “Transvalores Atlas”83. Lo anterior
puede sintetizarse de la siguiente forma:

Rango de
Expediente84 Observaciones
fechas
F. 29-39 vto., 31 de Se incluyen múltiples registros en los que se anota la entrega
99-105 vto. y diciembre de (“E/”) y recibo (“R/”) del puesto “del DAMAB” y “revista a las
108-117 vto. 2011 al 31 de instalaciones del DAMAB”.
enero de 2012 Parte del rango se encuentra duplicado y fraccionado.
F. 40-65 vto. 31 de Se menciona la entrega del puesto “parque didáctico No. 2” y
diciembre de el ingreso de profesores con grupos de alumnos. Se registra
2011 al 1° de también la entrada y salida de estudiantes de “la Universidad
febrero de del Atlántico”.
2012 No se detalla a qué plantel corresponde.
Múltiples folios de la bitácora están duplicados.
F. 66-71 29 de Se menciona la entrega y recibo del “puesto de tesorería”, y
diciembre de cierre de “atención al ciudadano”.
2011 al 2 de Se registra la entrada de “la señorita Milena Villafañe de
espacio público”, de “la dra. Adelaida Ortiz Corficolombiana a

79 Vid. F. 40-65 del c. principal.
80 Vid. F. 29-39, 99-105 y 108-117 del c. principal. Que correspondería al Departamento Técnico Administrativo

del Medio Ambiente de Barranquilla.
81 Vid. F. 72-77 del c. principal.
82 Vid. F. 66-71 del c. principal.
83 Vid. F. 78-98 del c. principal.
84 Aunque el orden de la foliatura aportada es deficiente, se agrupan los rangos de fechas que guardan similitud

en cuanto a sus anotaciones.

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febrero de las oficinas del secretario de Hacienda Raul Lacouture”, el
2012 ingreso de implementos para “la ventanilla de espacio público”,
la llegada de “dos señores de la Brinks a recargar el cajero
ATH” y de “dos señores de AVillas (sic) a hacerle
mantenimiento al cajero de ATH”.
No hay registro de la prestación del servicio los días 1°, 7, 8, 9,
14, 15, 21, 22, 28 y 29 de enero.
F. 72-77 vto. 20 de enero El rango se encuentra incompleto (solo va desde el 20 de enero
de 2012 al 1° de 2012).
de febrero de Se menciona la revista “de las instalaciones del hospital la
2012 manga” y la entrega de dicho puesto.
F. 78-81 vto. 27 de enero al La primera página del rango no detalla el día en el que
1° de febrero comienza. En todo caso, solo aparece desde el 27 de enero de
de 2012 2012.
Se menciona el “puesto del comedor Santa María”, la entrada
de “educadoras” y “colaboradoras”, la entrada y salida de niños
“a almorzar” y la “entrega de desayunos a los niños”, sin
detallar a qué plantel o institución pertenecen.
F. 82-98 vto. 1° al 19 de Se menciona la entrega y recibo del puesto de “Movilidad
y 106 enero de 2012 Prado” y la entrada de personal de “Transvalores Atlas (…) a
la Sec. Movilidad” y de “Davivienda”.
Se registró la siguiente nota: “por orden de la Dra. Ivón de León
ningún funcionario se puede quedar en las oficinas después de
la 530 pm (sic)”.
El rango solo va hasta el 19 de enero.

106. Así, no solo son inidóneas las señaladas bitácoras para demostrar la
supuesta ejecución del servicio en las fechas aludidas, sino que son indicativas
de su eventual prestación en instalaciones completamente ajenas a las
instituciones educativas del municipio de Soledad. Sorprendentemente, nada de
lo anterior fue advertido por el Tribunal a quo al momento de valorar este acervo
documental, pues en la sentencia impugnada solo señaló que las planillas
“tampoco fueron tachadas de falsa (sic) por el Municipio de Soledad”,
circunstancia que, para la Sala, no era impedimento para que se realizara la
debida apreciación del contenido de la prueba allegada, ni lo constituye en esta
oportunidad procesal, a propósito de la impugnación.

107. Seguidamente, el Tribunal arguyó que la prestación del servicio también
puede deducirse del acta No. 024 de 2013 suscrita por el comité de conciliación
del municipio, en cuyo numeral 6 se señaló que: “Ante la imposibilidad de
Contratar de forma directa a una empresa que prestara estos servicios de
vigilancia y protección y seguridad a los establecimientos oficiales del municipio
de soledad, la administración Municipal aceptó que la empresa que hasta el 31
de diciembre de 2011 venía cumpliendo con este objeto, lo hiciera por el mes de
Enero (sic) de 2012”85. No obstante, este instrumento tampoco es demostrativo
de la efectiva ejecución de la actividad que se alega, ni que ello hubiese ocurrido
con aquiescencia de la administración, en tanto (i) como se indicó previamente,
goza de la confidencialidad que le otorga el artículo 76 de la Ley 23 de 1991, y
no contaba con la idoneidad para ser empleado como prueba en este proceso
por expresa disposición de dicha norma; y (ii) en todo caso, el mismo solo

85 F. 159-167 del c. principal.

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Demandado: Municipio de Soledad
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consigna las consideraciones del comité reunido para evaluar la viabilidad de
llegar a un acuerdo con la aquí demandante. A su vez, no es viable predicar la
existencia de una confesión con este documento, por estar ésta prohibida para
los representantes de las entidades públicas (artículos 217 del CPACA y 195 del
CGP) y, se reitera, dada la reserva que le asistía a lo allí contenido.

108. Además, si en gracia de discusión fuese procedente la valoración del acta en
mención, dicho instrumento no cuenta con ningún otro respaldo documental
verificable en el expediente. El único sustento de lo allí plasmado fue el oficio
fechado del 30 de enero de 201286, por medio del cual la secretaria general del
municipio habría informado a la otrora contratista “que los servicios que su
empresa presta a esta entidad territorial deben ser prestados hasta el día de hoy.
Por lo anterior le agradezco se dirija a mi despacho con la finalidad de determinar
la forma para el reconocimiento y pago de estos servicios”87. Sin embargo, este
documento tampoco es demostrativo de las actividades supuestamente
ejecutadas por la demandante, pues no detalla a qué “servicios” se hace
referencia, ni si ellos fueron de vigilancia y seguridad durante el periodo
reclamado. Incluso si se tuviese en cuenta este instrumento, tampoco se aportó
medio demostrativo de la facultad legal que tendría la señalada funcionaria para
brindar esa información, la cual tampoco puede entenderse como una “orden”,
ni para disponer del presupuesto de la entidad o adquirir compromisos en
nombre del municipio en esa materia.

109. Frente a la mencionada comunicación, solamente obra copia de un oficio
fechado del 1 de febrero del 2012 suscrito por el representante legal de la
empresa, dirigido a la secretaria general del municipio, en el cual aclara la fecha
en la que recibió la misiva y en el que solicita que se indique “la forma y el
funcionario con el cual se coordinará la entrega de los distintos puestos de
servicios de vigilancia”. Sin embargo, no existe constancia de que dicho
documento haya sido radicado o recibido ante la accionada y, nuevamente, no
es demostrativo de la ejecución de la actividad durante enero de 2012 según lo
alegado en la demanda, ni de que la libelista haya recibido ninguna orden o
solicitud -siquiera verbal- de parte de algún funcionario para esa finalidad. Lo
expuesto desestima, igualmente, la valoración que realizó el Tribunal sobre ese
memorando.

110. También se observa que, en el antedicho escrito, la sociedad indicó que la
entidad “manifiesta la terminación de la prestación de los servicios de vigilancia
y seguridad privada prestados desde el día 1 de enero de 2012 en las diferentes
instalaciones educativas del municipio y demás entes donde se le ha solicitado
la prestación de dichos servicios” (transcripción literal, subrayado añadido). Esta
mención al supuesto requerimiento de la ejecución de la actividad en “entes”
diferentes a los colegios (sobre los cuales no se enfiló ninguna pretensión)
contribuye a la falta de certeza en torno al lugar en el que se habrían desarrollado
esas labores, o del verdadero alcance de la presunta solicitud verbal (que no se

86 Referenciado con el radicado S.G-042-12.
87 F. 141 del c. principal.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

acreditó), de manera que esta correspondencia aparentemente cruzada
tampoco es indicativa de los supuestos de hecho alegados.

111. Por todo lo anterior, la Sala concluye que los documentos allegados por la
demandante no demuestran la prestación del servicio de vigilancia en el periodo
referido, contrario a lo analizado por el Tribunal de primer grado. Ello implica
concluir, tal y como lo alegó el municipio en su recurso, que no se acreditaron
los elementos configurativos de un enriquecimiento sin justa causa, dado que no
se evidenció en forma alguna el beneficio que habría obtenido la entidad
territorial, ni que ello hubiese ocurrido a costa del correlativo empobrecimiento
de la sociedad Delthac 1 Ltda., lo que impide deducir nexo de causalidad alguno
entre uno y otro evento. Así las cosas, no se probaron los elementos de
procedencia sustantiva de la pretensión compensatoria conforme a lo indicado
en la regla de unificación previamente establecida.

112. Con ocasión de lo anterior, incluso si lo reclamado hubiese tenido respaldo
en un contrato debidamente perfeccionado (hipótesis que, como se ha venido
reiterando, no concurre en el presente caso), no sería viable reconocer el pago
de dichas supuestas actividades, pues, con las pruebas allegadas, no se dio
cuenta del aspecto mínimo que debía acreditarse ante esta colegiatura: la
ejecución del servicio de vigilancia en cada uno de los colegios en los que se
dijo haberlo llevado a cabo. Recálquese que, en estos eventos, ante la
inexistencia de un acuerdo de voluntades, esta judicatura debe ser más rigurosa
con la valoración de los elementos probatorios aportados, máxime cuando, para
el periodo aludido, no existió un órgano -supervisor o interventor- que prestase
su colaboración para la vigilancia del desarrollo de las actividades.

113. Ahora bien, aunque no se probó el primer elemento de la procedencia del
enriquecimiento sin justa causa, si en gracia de discusión ello hubiera
acontecido, la Sala se pronunciará respecto de los demás, lo que permitirá
reafirmar la improcedencia de las pretensiones. En efecto, incluso si se tuviese
por demostrada la vigilancia en las instituciones educativas del municipio en el
mes de enero de 2012, con imposición o aquiescencia de la entidad, en el
expediente no se acreditó de manera alguna la circunstancia extraordinaria que
habría motivado la ejecución de esta actividad sin que mediase la celebración
de contrato alguno. La Sala reitera que la solicitud de compensación de un
enriquecimiento sin justa causa en este tipo de eventos solo puede prosperar de
manera absolutamente excepcional, por razones extraordinarias de interés
público o general, que exijan prescindir de la exigencia legal de elevar por escrito
el respectivo negocio conforme a lo reglado por los artículos 39 y 41 de la Ley
80 de 1993, y que permitan concluir que la intención de las partes no fue soslayar
una norma imperativa y de orden público, punto medular sobre el que se ha
edificado la teoría del enriquecimiento sin justa causa en la jurisprudencia de
esta Sección.

114. Frente a este tópico, la empresa señaló en su demanda que “el contratante
o solicitante invocó razones de interés público y el carácter urgente de la
situación al no poderse quedar las instituciones educativas sin el servicio de

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

vigilancia por el riesgo que esto implicaba para la comunidad educativa en
especial los niños y teniendo en cuenta nuestra responsabilidad en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y nuestro compromiso social, la
compañía continuo (sic) sus labores“ y que “se alegó de igual forma por parte de
la administración la imposibilidad que este servicio fuera interrumpido y que la
contratación del mismo se realizara en ese momento” (hecho quinto). No
obstante, ninguna de las pruebas allegadas al plenario da cuenta de lo anterior,
toda vez que no se acreditó el estado de vulnerabilidad en el que se encontrarían
los planteles educativos ni las razones que habría invocado la entidad para pedir
a la accionante que continuase ejecutando las prestaciones contractuales.

115. Relacionado a este último aspecto, no se encontró probada en el plenario
ninguna circunstancia excepcional, de orden público e interés general, que
requiriese ejecutar la actividad al margen de la celebración por escrito de un
contrato adicional, o de una prórroga al negocio inicialmente suscrito, en
contravía de la regla unificatoria desarrollada en el acápite anterior.

116. Lo narrado por la actora, en cuanto al motivo que le llevó -según se aduce- a
continuar prestando el servicio, también es contradictorio con lo argumentado en
los fundamentos de derecho de su demanda, en los que sostuvo que “si bien la
solicitud se realizó por la entidad hoy convocada esta fue prácticamente una
imposición que realizo (sic) esta de manera exclusiva y por la relación comercial
y contractual que venía con anterioridad entre ambas partes, no medio
participación ni culpa por parte del hoy convocante”. Así, por un lado, se afirmó
que la continuidad del servicio respondió a la buena voluntad y “compromiso
social” de la empresa, pero más adelante se indicó que ello atendió a una
“imposición” por parte del municipio, lo cual contribuye a la falta de certeza del
móvil que se invocó, el cual no puede ser de cualquier estirpe ni dejado al arbitrio
de las partes de la relación no contractual.

117. Atado a este último elemento, se reitera que tampoco se acreditó ninguna
orden o coacción ejercida por el municipio sobre Delthac 1 Seguridad Ltda. que
hubiese impedido a ésta dejar de ejecutar la actividad que dijo haber llevado a
cabo (y que tampoco probó); circunstancia que, como se indicó con antelación,
realmente debería ser analizada conforme a las reglas de imputación de la
responsabilidad extracontractual del Estado, y puntualmente como una conducta
configurativa de una falla del servicio. De haber sido así, esa situación
desplazaría el estudio de los elementos del enriquecimiento sin justa causa
como fuente subsidiaria de obligaciones a la luz de la metodología expuesta en
esta providencia.

118. A modo de síntesis de lo que viene de exponerse en torno a la valoración
probatoria, se cotejan los siguientes elementos que debían ser acreditados
contra aquellos que la parte actora logró aportar:

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

Aspectos que debían probarse Lo que se intentó demostrar
Circunstancia extraordinaria, Se demostró que el plazo contractual se extendió solo
sustentada en razones de interés hasta el 31 de diciembre de 2011, momento en el que se
general, que exigiesen la entrega agotó el objeto pactado. Sin embargo, no se acreditó
del bien o la prestación del servicio, ninguna situación excepcional que ameritase seguir
y que ameriten valorarla en favor del prestando el servicio de vigilancia sin haberse celebrado un
ejecutor para reconocer la actividad nuevo contrato o prorrogado el anterior, ni -de contera-
desarrollada al margen de dicho pagar las eventuales actividades que se hubiesen
instrumento desplegado en esas circunstancias.
Conducta de buena fe de cara a la Aunque la demandante alegó que el alcalde le solicitó
actividad ejecutada. Confianza que continuar ejecutando la actividad propia del contrato que ya
pueda haber generado la había finalizado, ello no se probó en el plenario. Si bien se
administración sobre el interesado aportó copia de una misiva del 30 de enero de 2012 en la
de cara a la ejecución de la que la secretaria general le informó que “los servicios que
actividad su empresa presta a esta entidad territorial deben ser
prestados hasta el día de hoy”, no se detalló a qué actividad
se hace referencia, y ello no puede tomarse como una
orden proferida por un funcionario competente para
formular una imposición sobre la otrora contratista.
Gravedad y urgencia en la No se demostró que los planteles educativos hubiesen
continuación de la prestación de un estado en un grado de vulnerabilidad que ameritase
servicio, conexidad de la actividad continuar, de forma urgente, la ejecución de la vigilancia
con un contrato entre las partes y la como se venía haciendo en el marco del contrato que
necesidad de ello terminó.
Ventaja patrimonial en beneficio de Frente a estos aspectos, se buscó demostrar la prestación
la entidad demandada, del servicio (empobrecimiento) en favor de la entidad
empobrecimiento correlativo del (enriquecimiento correlativo) a partir de: (i) las planillas de
demandante y ausencia de causa seguridad social de los trabajadores que habrían prestado
jurídica en el desequilibrio el servicio, (ii) las bitácoras diligenciadas en varios puestos
producido de vigilancia y (iii) el acta del comité de conciliación del
municipio. Sin embargo, de esos elementos no se
demuestra que la actividad se haya ejecutado en las fechas
que se aludieron (1 al 31 de enero de 2012) ni en los
planteles educativos que se relacionaron en la demanda,
sino en instituciones diferentes. El acta mencionada está
cobijada por la confidencialidad que caracteriza el trámite
conciliatorio y, en todo caso, no hay respaldo documental
adicional que soporte su contenido. A falta de demostración
de ese desplazamiento patrimonial, tampoco hay causa
alguna en la cual indagar.
Carencia de otro mecanismo para Ante la ausencia de demostración de los presupuestos de
reclamar la compensación enriquecimiento y empobrecimiento (por no haberse
demostrado la ejecución de la actividad), no hay lugar a
examinar este elemento.
Ausencia de intención de soslayar No se acreditó.
una disposición imperativa de la ley

119. Por los motivos que vienen de exponerse, se impone responder de forma
afirmativa el problema jurídico planteado, en tanto sí existió una indebida
valoración probatoria por parte del a quo, pues no está demostrada la prestación
de los servicios de seguridad y vigilancia al municipio de Soledad que, según la
demandante Delthac 1 Seguridad Ltda., ocurrió entre el 1° y el 31 de enero de
2012. Tampoco se reúnen los requisitos para reconocer la compensación
económica solicitada a título de enriquecimiento sin justa causa, consistentes en
el supuesto empobrecimiento que habría sufrido la actora a costa del correlativo
acrecimiento patrimonial de la demandada (ni, por tanto, vínculo alguno entre
dichos elementos), con lo cual resulta ineluctable revocar la sentencia de primer
grado, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, y negarlas en su lugar.

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

Conclusiones

120. La Sala unificará su jurisprudencia y, en efecto, revocará el fallo dictado por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, recapitulando que:

121. Sobre lo primero, en torno a la configuración y procedencia del
enriquecimiento sin justa causa cuando se han ejecutado actividades sin el
respaldo de un contrato, en favor de entidades que -en su gestión- deben aplicar
el Estatuto General de Contratación Pública, se decantó que la respectiva
pretensión de compensación, cuando se carezca de otro mecanismo para
reclamar, debe cumplir los presupuestos procesales de la reparación directa
(incluso cuando se ha celebrado un contrato cuyo objeto se haya agotado para
el momento de la extinción del plazo previsto y ante el desarrollo de actividades
con posterioridad a la finalización), sin que sea exigible haber provocado una
decisión por parte de la administración y, al satisfacerse, debe ser tramitada,
pese a que el demandante mencione otro medio o guarde silencio sobre su
denominación. Su prosperidad es absolutamente excepcional, depende de la
plena prueba de la actividad desarrollada, sustentada en la demostración de una
circunstancia extraordinaria y en razones de interés general, sin que, al respecto,
se preestablezcan hipótesis fácticas taxativas; pero, sí se debe supeditar a la
existencia de una ventaja patrimonial en beneficio de la demandada, un
empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante, la ausencia de causa
jurídica en el desequilibrio producido y que no se haya soslayado la ley.
Cumplido lo anterior, procede corregir el traslado patrimonial injustificado, mas
no indemnizar un daño, salvo que el menoscabo emane de una conducta
constitutiva de responsabilidad extracontractual del Estado, como una coacción
o constreñimiento, que realmente constituyen eventos de falla del servicio.

122. En el caso concreto, lo alegado por la demandante, con fundamento en el
instituto del enriquecimiento sin justa causa, se fundamentó en la supuesta
ejecución de actividades más allá del periodo fijado por las partes en el contrato
celebrado, sin respaldo negocial para dichas actividades adicionales. Se trató,
por tanto, de una controversia no contractual, ventilada bajo el medio de control
de reparación directa. Incluso si se hubiera mencionado formalmente un medio
de control diferente, ello no habría impedido decidir de fondo el asunto, puesto
que se cumplieron todos los presupuestos procesales para ello, y tampoco se
tornaba necesario haber provocado una decisión de la entidad a través de un
acto administrativo.
123. Comoquiera que no acreditó la prestación de los servicios adicionales que
alegó, no se probó el beneficio patrimonial en favor de la entidad ni el correlativo
empobrecimiento de la empresa, lo que impone denegar las pretensiones de su
demanda.

124. Incluso si se hubiese demostrado el empobrecimiento, y dado el carácter
subsidiario de la compensación por enriquecimiento sin justa causa, la
accionante estaba en la obligación de acreditar la circunstancia extraordinaria
que hubiese impedido la celebración de un contrato por escrito como respaldo
de las actividades por ejecutar, carga que no cumplió por no haber siquiera

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Radicación: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

probado la supuesta solicitud efectuada por el municipio para que se siguieran
adelantando las labores de vigilancia.

Condena en costas

125. De acuerdo con los numerales 1 y 4 del artículo 365 del CGP, aplicable por
remisión del artículo 188 del CPACA88, “Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación…” y “Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente
la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias”.

126. Comoquiera que se revocará el fallo proferido por el Tribunal, se dejará sin
efectos la condena impuesta a la demandada y la accionante será vencida, la
Sala condenará en costas de primera y de segunda instancia a la sociedad
demandante. Estas serán liquidadas de forma concentrada por el Tribunal de
primera instancia89.

127. De otra parte, siguiendo90 las tarifas establecidas por el Consejo Superior de
la Judicatura mediante el Acuerdo 1887 de 2003, vigente para la fecha de
presentación de la demanda91, las agencias en derecho92 para la primera
instancia podrán reconocerse: “Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”, mientras que las de
segunda se limitan al “cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”93. Dada la inactividad de la entidad
demandada en el curso del proceso, quien se limitó a apelar el fallo y a alegar
de conclusión en segunda instancia, la Sala fijará dicho concepto: (i) por la
primera instancia, en la suma de nueve millones ciento veinte mil pesos
($ 9.120.000), equivalente al 1% de las pretensiones formuladas por el extremo
accionante94; y (ii) por la segunda, igualmente, en la suma de nueve millones
ciento veinte mil pesos ($ 9.120.000), calculados de la misma manera; para un
total -por las dos instancias- de dieciocho millones doscientos cuarenta mil pesos
($ 18.240.000), en favor de la entidad pública demandada.

88 Artículo 188. “Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”. En esta materia es inaplicable la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, comoquiera
que el recurso de apelación fue instaurado de manera previa a su entrada en vigencia.
89 CGP – Artículo 366, inciso primero: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por
el superior (…)”.
90 CGP – Artículo 366, numeral 4: “Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que

establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
91 19 de mayo de 2014. El Acuerdo PSAA16-10554 que lo derogó fue proferido el 5 de agosto de 2016.
92 Como lo señala el artículo 361 del CGP: “Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y

gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
93 Acuerdo 1887 de 2003, numerales 3.1.2 y 3.1.3.
94 Correspondientes a novecientos doce millones de pesos ($ 912’000.000).

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Demandante: Delthac 1 Seguridad Ltda.
Demandado: Municipio de Soledad
Referencia: Sentencia de Unificación –Enriquecimiento sin justa causa

128. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA de la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en torno a la procedencia del
enriquecimiento sin justa causa cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo
de un contrato, en favor de entidades que -en su gestión- deben aplicar el Estatuto
General de Contratación Pública (EGCAP), en los términos de lo consagrado en el
capítulo de consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en este proveído, y,
en su lugar,

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por Delthac 1
Seguridad Ltda. en contra del municipio de Soledad.

CUARTO: CONDENAR en costas de primera y de segunda instancia a la parte
demandante, Delthac 1 Seguridad Ltda., que se liquidarán de forma concentrada
por el Tribunal a quo. Como agencias en derecho se fija, por cada instancia, la suma
de $ 9.120.000, para un total de $ 18.240.000, en favor del municipio de Soledad.

QUINTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Presidente
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento parcial y aclaración de voto Con salvamento parcial y aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA
Con salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Con aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente, puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha.

VF

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