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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06097-00

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06097-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, conforme a la motivación. SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Morarci Group S.A.S. contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Barranquilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06097-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-06097-001
Accionante : Morarci Group S.A.S.
Accionados : Tribunal Administrativo del Atlántico y otro2
Vinculados : Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro3
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial / controversia contractual /
acreditación del enriquecimiento sin justa causa
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por Morarci Group S.A.S. contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y
el Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Barranquilla, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia4.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la sociedad actora frente a las providencias judiciales objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. Morarci Group S.A.S., quien actúa a través de apoderado judicial, interpuso el

presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia ,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado
Primero (1.°) Administrativo de Barranquilla.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Barranquilla.
3
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
4
También se refirió al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-06097-00
Accionante: Morarci Group S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

4. Por consiguiente, solicitó:

[…] SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 30 de enero de 2026
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “C”, dentro del
proceso de controversias contractuales radicado 08-001-33-33-001-2023-00360-01
y, en lo pertinente, los efectos confirmatorios que se proyectan sobre la sentencia de
primera instancia del 17 de marzo de 2025.

TERCERA. ORDENAR juzgado 01 administrativo del Circuito de Barranquilla que en
el término [sic] profiera nueva sentencia.

Hechos5

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante se puede evidenciar que, Morarci Group S.A.S. y el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (en adelante, el Distrito) celebraron
los contratos SA-014-2021 y SA-019-2021, cuyo objeto era la «prestación del servicio
de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos que pertenecen al parque automotor de
la Policía Metropolitana de Barranquilla -Mebar» por valor de DOSCIENTOS MILLONES

DE PESOS ($200.000.000) y SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS
($600.000.000), respectivamente.

6. Ambos contratos consignaron, en su cláusula quinta, que el contratista «(xi) […]

mantendrá informado oportunamente al supervisor de cualquier situación que pueda generar la
modificación o afectación de cualquiera de las obligaciones a su cargo; (xii) […] hará todos los
esfuerzos que estén a su alcance para el cumplimiento del objeto del contrato […]».

7. En la cláusula sexta de ambos negocios jurídicos se estableció, como plazo de

ejecución, «hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que
primero ocurra (…)». Adicionalmente, la cláusula séptima le asignó al Distrito la

supervisión. Así, para el contrato SA-019-2021 se designó como supervisor al jefe
de la Oficina de Control Operativo del Tránsito, adscrito a la Secretaría Distrital de
Tránsito y Seguridad Vial, mientras que, para el contrato SA-014-2021, al jefe de la
Oficina para Seguridad y Convivencia Ciudadana.

8. Según consta en las actas de inicio de los contratos SA-014-2021 y SA-019-2021,

estos comenzaron a ejecutarse el Dos (2) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021) y
el Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021), respectivamente.

5
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 2.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-06097-00
Accionante: Morarci Group S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

9. Morarci Group S.A.S. prestó los servicios contratados superando los valores
pactados en cada contrato: respecto del contrato SA-019-2021, la intervención de
cincuenta y ocho (58) vehículos adicionales representó una sobre ejecución de
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($275.339.857); y, en
cuanto al contrato SA-014-2021, veintiún (21) órdenes de trabajo adicionales
costaron NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS ($93.170.386) de más. En virtud de lo anterior, el
contratista le reclamó al Distrito el reconocimiento y pago de la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($368.510.243).

10. Ante la negativa de la entidad territorial, la sociedad, en ejercicio del medio de

control de reparación directa, presentó demanda cuyo conocimiento correspondió
al Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Barranquilla (proceso con radicado núm.
08-001-33-33-001-2023-00360-00). La autoridad judicial adecuó el medio al de
controversias contractuales y, mediante sentencia del Diecisiete (17) de Marzo de
Dos Mil Veinticinco (2025), denegó las pretensiones. Sostuvo que, en virtud del
principio de planeación y de su amplia experiencia en la contratación pública,
Morarci Group S.A.S. «debió conocer desde el momento en que aceptó las condiciones del
contrato […] que el agotamiento de los recursos podría poner fin a la ejecución del contrato antes
de que llegara la fecha prevista para la finalización del plazo del contrato».

11. A partir del análisis de las pruebas, concluyó que no se acreditó que la sobre

ejecución de los contratos hubiera sido atribuible al Distrito en razón a una omisión
en la supervisión, sino por «la existencia de negligencia y desidia [del contratista] en la
verificación del cumplimiento de la segunda condición para la finalización de la ejecución del plazo
del contrato» y porque «se continuó ejecutando el contrato al escuchar el rumor [proveniente de

funcionarios de la Policía Nacional] de que los contratos iban a ser adicionados». Agregó que

tampoco se verificaron circunstancias que permitieran aplicar la actio in rem verso,
pues no se demostró «la existencia de constreñimiento o imposición alguna por parte del Distrito
de Barranquilla […], tendiente a que se continuara ejecutando el contrato más allá del plazo de
ejecución previsto» o que «la sobre ejecución se hubiere presentado como consecuencia de la
necesidad urgente tendiente a evitar una amenaza o lesión al derecho a la salud que impidiera
adelantar procesos de selección de contratista, ni que se tratara de circunstancias de urgencia
manifiesta».

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-06097-00
Accionante: Morarci Group S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

12. La sociedad demandante apeló la decisión. Planteó que el punto central de la

controversia consistía en «establecer a cuál de los extremos contractuales le era atribuible la
responsabilidad por la sobre ejecución, a saber, el contratante, el contratista o si se trata de culpa
compartida», pero el juzgado guardó silencio frente a la función del Distrito de

supervisar los contratos, pese a que así se pactó en la cláusula 22 del contrato. De
esa forma, consideró que se le dio prevalencia al principio de planificación para
beneficiar a la parte demandada, en lugar de advertir que el Distrito y la Policía
Nacional, con aceptación tácita, se enriquecieron sin justa causa al beneficiarse de
los servicios adicionales prestados por el contratista sin reconocer la compensación
correspondiente.

13. Agregó que la decisión se apoyó en una indebida valoración probatoria: por un

lado, la decisión habría desconocido la obligación del Estado de mantener el
equilibrio económico del contrato y no habría analizado con detenimiento, caso a
caso, si todas las reparaciones se hicieron por fuera de la vigencia de los contratos;
y, por el otro, habría valorado sesgadamente los testimonios.

14. Mediante sentencia del Treinta (30) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), el

Tribunal Administrativo del Atlántico volvió a adecuar el medio de control al de
reparación directa y confirmó el fallo apelado, en tanto, los servicios prestados con
posterioridad al agotamiento del contrato provenían de la culpa del contratista,
quien omitió su deber de diligencia y control presupuestal, al ejecutar prestaciones
sin autorización ni causa jurídica. En consecuencia, acudió a la sentencia de
unificación del Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) de la
Sección Tercera del Consejo de Estado6 para concluir que no se configuraba una
situación excepcional que justificara la reparación directa por enriquecimiento sin
causa, en la medida en que, el desplazamiento patrimonial no era imputable al
Estado, sino que al error operativo del propio contratista.

15. En su tutela, la accionante alegó que la sentencia de segunda instancia incurrió,

primero, en defecto sustantivo por aplicación asimétrica del estándar de buena fe
objetiva, en tanto el Tribunal transcribió la regla fijada en la sentencia de unificación
antes citada y la proyectó únicamente sobre la conducta del contratista, sin someter
a igual escrutinio la del Distrito. Sostuvo que, al aplicar el precedente de forma

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 31 de julio de 2025,
Rad.: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464), C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-06097-00
Accionante: Morarci Group S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

incompleta y sesgada, se desconocieron los artículos 1603 del Código Civil y 871
del Código de Comercio.

16. Agregó que el Tribunal reencauzó la totalidad de la reclamación al
enriquecimiento sin causa, por vía de reparación directa y, en consecuencia, no
analizó el incumplimiento del deber de supervisión financiera, pese a que todos los
mantenimientos reclamados correspondían al objeto de los contratos SA-014-2021
y SA-019-2021 y, por ende, debían resolverse como controversia contractual. Así,
el Tribunal habría aplicado la sentencia de unificación antes citada de manera
contradictoria y sin resolver la pretensión de incumplimiento del deber de
supervisión que contribuyó a la sobre ejecución.

17. La accionante estimó que el Tribunal también incurrió en defecto sustantivo por

interpretar de forma irrazonable la cláusula 22 de ambos contratos y los artículos
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual), en la
medida en que «una interpretación que reduce la supervisión financiera a un contenido sin ningún
correlato de control, información o reacción frente al gasto vacía de sentido la función que la ley le
asigna».

18. Segundo, la actora invocó el defecto fáctico en su dimensión negativa, porque

ninguna de las sentencias habría hecho un análisis autónomo del valor y alcance
tanto de los informes de gestión de supervisión, como de los oficios que darían
cuenta del recibo a satisfacción del mantenimiento y de saldos pendientes por pago.
Tales documentos eran idóneos para acreditar la confianza generada por la
administración y su recepción de los servicios que son calificados como una sobre
ejecución.

19. Finalmente, la sociedad actora sostuvo que los defectos anteriores generaron

una violación directa de la Constitución, particularmente, de sus artículos 83 (buena
fe), 29 (debido proceso), 228 (prevalencia del derecho sustancial) y 229 (acceso
efectivo a la administración de justicia) superiores.

II. TRÁMITE PROCESAL

20. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del Seis

(6) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)7, admitió la presente acción de tutela.

7
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 4.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-06097-00
Accionante: Morarci Group S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

En dicha decisión (i) ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas; y (ii)
dispuso vincular al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en los términos del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

21. 2.1.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico8 expuso que, al resolver el

recurso de apelación, confirmó el fallo de primera instancia «al evidenciar que los
servicios ejecutados con posterioridad al agotamiento de los recursos contractuales obedecieron a
la conducta negligente del contratista, quien incumplió sus deberes de planeación, seguimiento y
control presupuestal al continuar la ejecución sin soporte contractual vigente ni autorización de la
entidad. En consecuencia, y de conformidad con la Sentencia de Unificación 57.464 de 2025, no se
configura ninguna de las circunstancias excepcionales que habilitan la procedencia de la reparación
directa por enriquecimiento sin causa, pues el desplazamiento patrimonial alegado no resulta
imputable a la administración, sino a una actuación atribuible exclusivamente al propio contratista».

22. Agregó, en referencia a la presente acción, que la tutela resulta improcedente,

por no configurarse ninguno de los requisitos generales ni de las causales
específicas de procedencia exigidas para su admisibilidad. Finalmente, remitió
copia digital del proceso ordinario.

23. 2.1.2. El Juzgado Primero (1.°) Administrativo de Barranquilla9 interpretó que

la accionante busca que se valore nuevamente la prueba documental aportada, y
en particular, se reinterpreten las cláusulas del contrato en un sentido favorable a
sus intereses. En consecuencia, alegó que la acción no cumple con el requisito de
relevancia constitucional y en ella se reconoce expresamente que los cargos no
gozan de una incidencia decisiva en el sentido del fallo.

24. En cuanto a los defectos alegados por la accionante, expuso que (i) ambas

instancias concluyeron que el Distrito no indujo, autorizó ni consintió la sobre
ejecución, y que los oficios de recibido a satisfacción documentan la recepción
técnica de trabajos puntuales por la Policía Metropolitana sin equivaler a una
autorización financiera para superar el valor pactado; (ii) la calificación jurídica de
la pretensión es función propia del juez ordinario y solo admite la intervención del
juez de tutela cuando resulta manifiestamente irrazonable o caprichosa; (iii) se

8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 10.
9
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-06097-00
Accionante: Morarci Group S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

planteó una discrepancia interpretativa pese a que la cláusula 5 de los contratos
impuso claramente al contratista el deber de informar oportunamente cualquier
situación que afectara sus obligaciones; (iv) los oficios de recibido a satisfacción
integraron el expediente valorado en ambas instancias y carecían de aptitud para
variar el resultado, por lo que no se configura la dimensión negativa del defecto
fáctico; y (v) la violación directa de la Constitución carece de contenido propio y
depende de la prosperidad de los cuatro cargos anteriores.

25. 2.1.3. El Distrito de Barranquilla10 se opuso al amparo y solicitó negar las

pretensiones. Frente al defecto sustantivo, expuso que el cargo parte de una
premisa que no corresponde al contenido de las providencias, pues la sentencia de
segunda instancia examinó la conducta del Distrito bajo el estándar de la buena fe
objetiva y sostuvo que la entidad territorial actuó amparada en la confianza legítima
en que el contratista ejecutaría el negocio conforme a lo pactado, a lo que se suma
que la accionante no manifestó oportunamente el desequilibrio ni las pérdidas
reclamadas después, pese a estar obligada a hacerlo.

26. Agregó que el Tribunal se pronunció de fondo sobre el alcance de la supervisión

financiera pactada y concluyó que ninguna estipulación imponía al supervisor
advertir al contratista el agotamiento de los recursos. Así, explicó que una
conclusión desfavorable como esa no equivalía a una omisión de pronunciamiento.

27. El defecto fáctico tampoco debía prosperar porque la sentencia de primera
instancia tuvo en cuenta los informes de gestión de la supervisión y los oficios de
recibido a satisfacción, pues, describió su contenido y consignó los valores allí
reportados. En tanto esos documentos acreditaban la ejecución material de los
servicios, y no que las prestaciones adicionales contaran con respaldo contractual
y presupuestal, carecían de aptitud para modificar el sentido de la decisión.

28. Por último, aseguró que el cargo de violación directa de la Constitución es
presentado como una consecuencia de los anteriores, pues se construye sobre
ellos sin identificar una vulneración autónoma.

10
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13.
7

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29. 2.1.4. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional11
solicitó ser desvinculada del presente proceso, por no estar legitimada en la causa
por pasiva.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

31. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva

32. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que, la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional12 ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

33. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en su
contestación, solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue

11
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 14.
12
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
8

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en calidad de tercera con interés, por haber integrado el litisconsorcio necesario por
pasiva dentro del proceso contencioso; esto es, en aras de garantizar sus derechos
a la defensa y contradicción. Por lo tanto, se negará su solicitud.

3.4. Problema jurídico

34. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si

los fallos del Diecisiete (17) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025) y del Treinta
(30) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante los cuales el Juzgado Primero
(1.°) Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico
denegaron las pretensiones presentadas por Morarci Group S.A.S., adolecen de
los defectos sustantivo, fáctico y de violación directa de la Constitución y, por
consiguiente, son violatorios de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la accionante.

3.5. La acción de tutela contra providencias judiciales

35. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

36. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)

13
Sentencia C-590 de 2005.
14
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9

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cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

37. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.6. Caso concreto

38. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae en la indebida valoración
probatoria y la incorrecta interpretación y aplicación de las normas de supervisión
contractual y del precedente de unificación del Consejo de Estado sobre
enriquecimiento sin justa causa; lo cual, de comprobarse, vulneraría los derechos
fundamentales de la parte actora; (ii) contra las decisiones objeto de censura no
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procede recurso alguno, pues se trata de sentencias de primera y segunda
instancia, y la del ad quem se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, la providencia de
segunda instancia atacada quedó ejecutoriada el Dieciséis (16) de Febrero de Dos
Mil Veintiséis (2026)15 y la solicitud de amparo se radicó el Treinta y Uno (31) de
Julio de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes;
y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

39. En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el

fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y
fáctico. Solo se pronunciará sobre la posible violación directa de la Constitución en
caso de acceder a alguno de los primeros cargos, en tanto, este tercer defecto es
planteado como una consecuencia de los demás.

40. Si bien la actora alega la indebida aplicación de la sentencia de unificación del

Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) de la Sección Tercera de
esta corporación, lo cierto es que no le era exigible agotar el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia. De conformidad con los artículos 256 y 257 del
CPACA, dicho mecanismo procede cuando una sentencia de un tribunal
administrativo contradice o se opone a una sentencia de unificación del Consejo
de Estado.

41. En el presente caso, el Tribunal Administrativo del Atlántico no se apartó
expresamente de dicha sentencia, sino que la invocó como fundamento de su
decisión, y la actora cuestiona, más bien, la manera como la autoridad judicial
aplicó esa regla en el análisis del cumplimiento del deber de supervisión para
evaluar únicamente la conducta de Morarci Group S.A.S. y no la del Distrito. Por
ende, el debate suscitado no radica en una contradicción normativa entre la
sentencia censurada y una providencia de unificación, que pudiera ser corregida
mediante aquel recurso extraordinario.

42. La actora se refirió a la configuración del defecto sustantivo únicamente en la

sentencia del Tribunal de segunda instancia, mientras que expuso que ambas

15
Visible en el expediente electrónico del proceso 08-001-33-33-001-2023-00360-01 en SAMAI, índice 9, según el cual se
notificó electrónicamente el 9 de febrero de 2026, por lo que, conforme al artículo 203 del CPACA, la misma se entendió
surtida a los dos (2) días hábiles siguientes, esto es, el 11 de febrero de 2026.
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autoridades judiciales incurrieron en el defecto fáctico. No obstante, ambos cargos
se estudiarán de cara a la sentencia del ad quem, pues el Tribunal resolvió el
recurso de apelación, examinó los reparos formulados contra la decisión de
primera instancia y resolvió de manera definitiva la controversia. Sin perjuicio de lo
anterior, será necesario referirse a la providencia del juzgado cuando ello resulte
indispensable para comprender los argumentos estudiados y confirmados en
segunda instancia.

3.6.1. Defecto sustantivo

43. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que, los jueces se encuentran

sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades
judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan
la materia, como expresión del principio de legalidad.

44. La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro
en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales17.

45. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como

causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia18, y la segunda hace referencia a cuando la

16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una

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autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia adolece de un
defecto sustantivo19, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y
buena fe20.

46. Sobre el particular, la accionante argumenta que se configuró el defecto
sustantivo, por desconocimiento de los artículos 1603 del Código Civil21, 871 del
Código de Comercio22, y 8323 y 8424 de la Ley 1474 de 2011 cuando aplicó, de
forma asimétrica, el estándar de buena fe objetiva. En consecuencia, adujo que el
Tribunal proyectó las reglas de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025)25 únicamente sobre la
conducta del contratista y no del Distrito, frente a quien no analizó el incumplimiento
del deber de supervisión financiera, pese a estar pactado en la cláusula 22 de los
contratos SA-014-2021 y SA-019-2021.

3.6.2. Defecto fáctico

47. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que, el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 26. Así mismo, este

sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
19
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
20
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
“ARTÍCULO 1603. <EJECUCIÓN DE BUENA FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan
no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o
que por ley pertenecen a ella”.
22
ARTÍCULO 871. <PRINCIPIO DE BUENA FE>. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los
mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.
23
ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda.
24
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 31 de julio de 2025,
Rad.: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464), C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez.
26
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 27.

48. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos

aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento
en que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa
u omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente28. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que
tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo
tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.

49. En el sub lite, la accionante argumenta que, se configuró el defecto fáctico en su

dimensión negativa, porque ninguna de las sentencias habría hecho un análisis
autónomo del valor y alcance tanto de los informes de gestión de supervisión, como
de los oficios que darían cuenta del recibo a satisfacción del mantenimiento y de
saldos pendientes por pago. Tales documentos habrían sido esenciales para
acreditar la confianza generada por la administración y su recepción de los servicios
que son calificados como una sobre ejecución.

50. Revisada la sentencia censurada, el Tribunal Administrativo del Atlántico realizó

el siguiente análisis:

[…] el Consejo de Estado modifica la postura anterior y expide una nueva sentencia de
unificación sobre el enriquecimiento sin causa, esta vez para recalcar que los casos
reseñados en la providencia de unificación del 19 de noviembre del 2012 aluden a una
relación enunciativa y no taxativa.

De igual forma, se pronuncia sobre sobre aquellos presupuestos que el juzgador
contencioso-administrativo debe verificar para deducir la configuración y procedencia del
enriquecimiento sin justa causa cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de un
contrato estatal, […] así: […]

Acto seguido enfatizó que el último de los cinco elementos configurativos del
enriquecimiento sin justa causa [La acción de in rem verso] debe analizarse en función de
la conducta de las partes en contienda, toda vez que “la protección constitucional al principio
de buena fe genera que se proteja, sin restricción alguna, al particular en aquellas
circunstancias en las cuales la confianza de la administración, así como su voluntad y
comportamiento es el que genera la prestación de un bien o servicio sin el respectivo soporte
o basamento contractual”

27
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
28
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Para el efecto, también consideró que “en asuntos en los que se resuelve la realización de
obras o la prestación de servicios sin respaldo contractual, los principales retos del juicio
propio del enriquecimiento sin justa causa se centran en la valoración de la conducta de las
partes, de manera que, de encontrarse demostrada la intención de generar fraude a la ley,
la consecuencia de ello debe ser la denegatoria de la compensación que se persigue, la
cual ha de aplicarse, igualmente, cuando no se demuestra la ejecución de la actividad
ni circunstancia excepcional alguna para haber omitido la solemnidad del negocio.

5. Determina que las pretensiones de reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa, y
su consecuente compensación, presuponen la ausencia de una fuente de obligación que
las amparen. Por esta razón, su procedencia es absolutamente excepcional y depende
de la demostración por parte del interesado del acaecimiento de una circunstancia
extraordinaria, sustentada en razones de interés general que exigiesen la entrega del
bien o la prestación del servicio, y que ameriten valorarla en favor del ejecutor para
reconocer la actividad desarrollada al margen de dicho instrumento. […]

Caso concreto […]

Hechos probados […]

• Mediante oficio QUILLA-24-047655 de marzo 20 de 2023, expedido por el Jefe de Oficina
de Control Operativo de Tránsito – Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, quien ejerció
supervisión del contrato No. SA-014-2021, hace constar que este se desarrolló en total
normalidad. Que existe un sal[o] por pagar por valor de $31.310.754, que no ha sido
cancelado a la espera de que el contratista entregue una documentación faltante.

• El Jefe de Oficina de Control Operativo de Tránsito – Secretaria de Tránsito y Seguridad
Vial rindió informe de gestión sobre la supervisión ejercida al contrato No. SA-019-2021.

• Mediante oficios adiados 9 de noviembre de 2021, 10 de marzo de 2022 y 11 de marzo de
2022 y 15 de marzo de 2022, el responsable del proceso de movilidad SETRA - MEBAR de
la Policía Metropolitana de Barranquilla hace constar que recibió a satisfacción los
mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos relacionados en la
misiva, […]

• El Jefe de Oficina de Control Operativo de Tránsito – Secretaría de Tránsito y Seguridad
Vial rindió informe de gestión sobre la supervisión ejercida al contrato No. SA-019-2021.

• Mediante comunicación adiada febrero 14 de 2024, Nelson Patrón Pérez, quien fungió
como supervisor del contrato No. SA-014-2021, en calidad de Jefe de la Oficina para la
Seguridad Social y Convivencia Ciudadana, se refirió a la queja disciplinaria interpuesta en
su contra.

Refiere que, según las cláusulas del contrato, se acordó de manera clara el monto total del
contrato y que n[o] existió evento o inconveniente que acarreara algún cambio a las
condiciones establecidas por las partes. También destaca que la empresa contratista dentro
de la vigencia del contrato no manifestó el desequilibrio contractual o informara de los gastos
que estaba asumiendo. […]

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRUEBAS FRENTE AL MARCO JURÍDICO

En virtud de las anteriores precisiones, la Sala considera que las pruebas obrantes en el
expediente, en especial el interrogatorio de parte y los testimonios rendidos en la audiencia
de pruebas, demuestran que la ejecución de los contratos por valor superior al convenido
en cada negocio jurídico, y luego del acaecimiento de la condición resolutoria expresa
pactada por las partes para su terminación, no obedeció a una circunstancia excepcional
que permitiese prescindir de la solemnidad del negocio, sino que provino de la falta
de cuidado, atención y diligencia de la empresa contratista, parte contractual que era
la naturalmente interesada en que se cumplieran las prestaciones hasta por el valor
acordado.

En efecto, tal y como determinó el juez de primera instancia, la contratista faltó al deber de
planeación en cómo serían ejecutadas las labores de mantenimiento y reparación del parte
automotor, de manera que pudiera prestarse hasta el valor contratado, máxime si no se dejó
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alguna estipulación sobre eventuales adiciones.

Las partes conocían de las exigencias contractuales para la continuación de los mismos y
el relato de los declarantes en el proceso judicial así lo confirma, en tanto refieren que
estaban expectantes a que los recursos de los negocios jurídicos fueran adicionados. Es
decir, sabían de antemano que el pago de valores adicionales estaba inexorablemente
ligado a la adición de su precio.

Para esta Corporación, la demandada no tenía la obligación automática de adicionar los
recursos, sino que debía analizar las particularidades de la ejecución, con el ánimo de
adoptar la decisión que mejor honrara sus intereses, que no son otros que los públicos, por
lo que tampoco es posible afirmar una actuación arbitraria o abusiva de su parte por no
acceder a dicho pago.

Lo anterior cobra especial relevancia, al advertir que tampoco se cumple con el otro
requisito para la prosperidad de la demanda por enriquecimiento sin causa, cual es
que exista determinación alguna proveniente de la entidad dirigida a ordenar que se
continuara ejecutando la actividad.

Ciertamente, en el plenario no obra medio de convicción alguno del cual inferir, así sea
indiciariamente, que el DEIP de Barranquilla ordenó la continuación de la actividad,
so pretexto que el valor del contrato sería adicionado. Antes bien, algunos de los
declarantes señalan que insinuaciones al respecto provinieron de funcionarios de la Policía
Nacional, entidad que, en el marco del contrato no tenía potestad o autoridad alguna, en
tanto era solo la beneficiaria del servicio.

No puede imputarse una aceptación tácita del servicio, como lo sugiere el recurrente, porque
según lo probado en el proceso, la entidad no fue enterada de manera preliminar de que
estos serían prestados y que, aun así, guardara silencio, porque la causación de estos fue
dada a conocer luego de ejecutado el servicio.

La Sala no desconoce que los servicios cuyo pago demanda Morarci SAS fueros
suministrados de buena fe, sin embargo, que estos fueran prestados por desconocer que el
valor de los contratos había sido agotado, desdibuja la excepcionalidad que pregona la
sentencia de unificación para la prosperidad de las pretensiones. […]

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 832 y 842 de la Ley 1474 de 2011, normas que
determinan el alcance de la función de supervisión de los contratos celebrados por las
entidades públicas, y su responsabilidad, la Sala entiende que dicha función más que una
obligación contractual, que pueda ser exigida por la parte contraria, es un deber legal de las
entidades contratantes, que implica principalmente vigilar el cumplimiento oportuno y
adecuado de las obligaciones del contratista y, en general, la debida ejecución del contrato,
con el objeto de advertir a la entidad contratante sobre cualquier situación que pueda
implicar un incumplimiento, la comisión de actos de corrupción u otras conductas ilícitas, la
pérdida o el desvío de los recursos públicos involucrados en el contrato, desequilibrios
económicos, u otras circunstancias que impidan o amenacen, de cualquier forma, el logro
de los fines de interés general que se persiguen con el contrato.

En el caso concreto, la Sala observa que la cláusula que impuso el deber de supervisión
financiera en los contratos SA-014-2021 y SA-019-2021, se referían a verificar que los
recursos públicos entregados se destinaran efectivamente a la ejecución de las actividades
y obligaciones contractuales que estaban en cabeza de la sociedad demandante. Es decir,
que los recursos quedaran representados en bienes o servicios entregados por la contratista
al beneficiario, dentro del objeto y en las condiciones previstas en el negocio jurídico.

No existió estipulación expresa que confiriera a la supervisión de los contratos el deber de
advertir al contratista el agotamiento de los recursos. Por la dinámica propia de la
ejecución – que el control de vehículos lo hacía el contratista y que el mantenimiento
y reparaciones se hacían en instalaciones propias - el contratista era el llamado a
hacer el corte de los servicios y advertir que el valor del contrato se había consumado, de
allí que se considere que el contratista actuó por error propio, lo que desvirtúa cualquier
excepcionalidad.

En criterio de la Corporación, la entidad demandada actuó también amparad[a] en la buena

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fe y responsabilidad del contratista que el negocio jurídico se estaba llevando a cabo
conforme lo acordado, luego entonces, no puede obligársele a compensación alguna.
(Énfasis de la Sala)

51. Como se desprende de lo anterior, el Tribunal acudió a las reglas fijadas por la

Sección Tercera en la sentencia de unificación del Treinta y Uno (31) de Julio de
Dos Mil Veinticinco (2025)29 para exponer los requisitos para reconocer la
configuración de un enriquecimiento sin justa causa. En particular, explicó que la
existencia de la acción de in rem verso debe analizarse en función de la conducta
de las partes, y, en particular, debe negarse cuando «no se demuestra la ejecución de la
actividad ni circunstancia excepcional alguna para haber omitido la solemnidad del negocio» o, en

otras palabras, cuando no se acredita un evento extraordinario que exija la entrega
del bien o servicio sin contrato. De ahí que, en palabras del Tribunal, el
reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa sea «absolutamente excepcional».

52. En cuanto a la aplicación de estas reglas jurídicas en la decisión de segunda

instancia, lo que hizo el Tribunal fue verificar si el contratista había aportado
pruebas que demostraran la existencia de esa circunstancia excepcional que
permitiera prescindir de la solemnidad del negocio. Sin embargo, no halló
elementos que probaran que el Distrito haya ordenado continuar con la prestación
del servicio creando falsas expectativas de una adición al valor de los contratos SA-
014-2021 y SA-019-2021, sino que, concluyó, a partir de las pruebas, que el
contratista le informó al Distrito de la sobre ejecución después de prestado el
servicio.

53. Así, no es cierto que el Tribunal solo haya analizado la conducta del contratista

y no del Distrito. Cosa distinta es que la carga de probar una circunstancia
excepcional que configurara el enriquecimiento sin justa causa estuviera en cabeza
del contratista demandante, máxime cuando los servicios se prestaban en sus
instalaciones y era el interesado en que se cumplieran las prestaciones hasta por
el valor pactado en los contratos. Por lo tanto, resulta razonable la conclusión según
la cual la sobre ejecución se produjo ante la omisión del contratista de su deber de
planeación.

54. Aquel no solo no probó que el Distrito le ordenara seguir prestando sus servicios

una vez configurado uno de los supuestos para la extinción del plazo de ejecución

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 31 de julio de 2025,
Rad.: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464), C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez.
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(el agotamiento de los recursos); sino que quedó evidenciado que, por su propia
negligencia, continuó ejecutando el objeto del contrato pese a ser la parte en mejor
posición de obtener información sobre los recursos ejecutados, y estar en
capacidad de entender que su agotamiento pondría fin a la ejecución contractual,
teniendo en cuenta su amplia experiencia en la contratación pública.

55. De hecho, la misma sentencia no desconoció que los artículos 83 y 84 de la Ley

1474 de 2011 establecen en cabeza del contratante el deber de supervisión e
intervención. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Atlántico precisó el
alcance de esas normas, en el sentido en que, dicha labor supone verificar que el
contrato esté siendo debidamente ejecutado y no existan circunstancias que
impidan el logro de los fines. Esa obligación no comprende entonces el deber de
alertar sobre el agotamiento de los recursos, pactado como una circunstancia de
extinción del plazo de ejecución del contrato.

56. Por lo tanto, es apenas razonable que no pudiera derivarse de esos artículos ni

de la cláusula 22 (que establecía en cabeza del Distrito la supervisión de los
contratos) un deber de la entidad contratante de informar el agotamiento de los
recursos. La Sala concluye entonces que no se configuró el defecto sustantivo
alegado, ni por indebida interpretación de las disposiciones legales y contractuales
que establecieron la supervisión en cabeza del Distrito, ni un desconocimiento del
alcance de las reglas de la sentencia de unificación del Treinta y Uno (31) de Julio
de Dos Mil Veinticinco (2025).

57. Ahora, en cuanto al defecto fáctico en su modalidad negativa, no es cierto que

se haya omitido el estudio de los informes de gestión de supervisión y de los oficios
que daban cuenta del recibo a satisfacción del mantenimiento y los saldos
pendientes de pago. Por el contrario, entre las páginas 17 y 26 de la providencia,
el Tribunal valoró expresamente el «oficio QUILLA-24-047655 de marzo 20 de 2023,
expedido por el Jefe de Oficina de Control Operativo de Tránsito – Secretaria de Tránsito y
Seguridad Vial»; el «informe de gestión sobre la supervisión ejercida al contrato No. SA-019-2021»

rendido por el Jefe de Oficina de Control Operativo de Tránsito – Secretaría de
Tránsito y Seguridad Vial; los «oficios adiados 9 de noviembre de 2021, 10 de marzo de 2022
y 11 de marzo de 2022 y 15 de marzo de 2022» del «responsable del proceso de movilidad SETRA

• MEBAR de la Policía Metropolitana de Barranquilla»; el «informe de gestión sobre la supervisión

ejercida al contrato No. SA-019-2021» rendido por el Jefe de Oficina de Control Operativo

de Tránsito – Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial; y la comunicación del Catorce
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(14) de Febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024) rendida por Nelson Patrón Pérez,
«quien fungió como supervisor del contrato No. SA-014-2021, en calidad de Jefe de la Oficina para
la Seguridad Social y Convivencia Ciudadana».

58. A partir de esas y las demás pruebas, el Tribunal concluyó que estaba
demostrado que la ejecución de los contratos por valor superior al pactado no
obedeció a una circunstancia excepcional que permitiera prescindir de la
solemnidad del negocio jurídico, sino que provino de la falta de cuidado, atención y
diligencia del contratista, quien era la parte contractual interesada en que se
cumplieran las prestaciones hasta agotar los recursos acordados. Así, estimó que
la simple entrega de buena fe de esos vehículos, sin advertir la configuración de
esa situación de extinción del contrato, no demostraba la aceptación tácita del
servicio y, menos aún, el enriquecimiento sin justa causa.

59. Aunque la actora afirma que una valoración adecuada de las pruebas permitía

inferir que la sobre ejecución se debió a la confianza generada por la administración
de esos servicios, ello corresponde a una simple divergencia en la apreciación
probatoria con la autoridad judicial censurada, que de ninguna forma constituye por
sí sola un defecto fáctico. Al contrario, tal argumento da, más bien, cuenta de la
voluntad de la accionante de acceder a una tercera instancia en la que se valoren
nuevamente dichos elementos.

60. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

IV. DECISIÓN

61. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte

accionante no acreditó que las providencias cuestionadas hayan incurrido en los
defectos invocados. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

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FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, conforme a la motivación.

SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Morarci Group S.A.S.
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero (1.°)
Administrativo de Barranquilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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