Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00255-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00255-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00255-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00255-01
Accionante: JUAN PABLO AYALA AYALA
Accionada: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se modifica el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de 6 de marzo de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Juan Pablo Ayala Ayala solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 25 de septiembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con número de radicación 68001-33-33-009-
2021-00093-02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Expuso que fue vinculado a un proceso penal adelantado por la Fiscalía General
de la Nación por los delitos de peculado por apropiación agravado y concierto para
delinquir, con ocasión a los hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones
como tesorero del municipio de Bucaramanga.
2.2. Afirmó que, dentro de dicho proceso, el 15 de mayo de 2009 se llevó a cabo la
audiencia de formulación de imputación, en la cual le fue impuesta una medida de
aseguramiento privativa de la libertad. En cumplimiento de esa decisión, permaneció
recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
desde el 15 de mayo hasta el 23 de diciembre de 2009, fecha en la que el juzgado le
concedió la libertad por vencimiento de términos.
2.3. Expuso que el 14 de marzo de 2011, firmó preacuerdo con la víctima - municipio
de Bucaramanga, en el cual se comprometió a restituir la suma de sesenta millones
de pesos ($60.000.000), mediante un pago inicial de treinta millones de pesos
($30.000.000) y el saldo restante respaldado con un pagaré a favor de la entidad
territorial.
2.4. Indicó
que dio cumplimiento a las obligaciones económicas asumidas en el
preacuerdo y que el municipio de Bucaramanga manifestó no tener objeción frente a
su aprobación desde el punto de vista indemnizatorio. No obstante, mediante decisión
del 31 de mayo de 2012, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá improbó el preacuerdo y ordenó la continuación del proceso
penal por el trámite ordinario.
2.5. Agregó que, pese a la improbación del preacuerdo, el municipio no restituyó la
suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) que había recibido en desarrollo
de ese acuerdo. Añadió que el proceso penal culminó mediante sentencia absolutoria
proferida el 8 de abril de 2019 por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá.
2.6. Enfatizóque, con posterioridad a la sentencia absolutoria, presentó varias
peticiones ante el municipio de Bucaramanga con el fin de obtener la devolución de
los recursos entregados en cumplimiento del preacuerdo improbado, sin que la
entidad emitiera respuesta afirmativa.
2.7. Aseveró que, por lo anterior promovió demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa, radicada bajo el número 68001-33-33-009-2021-00093-00/02,
contra el municipio de Bucaramanga, con el propósito de que se declarara su
responsabilidad patrimonial por la negativa de devolver las sumas previamente
pagadas.
2.8. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Noveno
Administrativo de Bucaramanga, autoridad judicial que, mediante sentencia de 2 de
febrero de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la
responsabilidad de la entidad territorial y ordenó la devolución de las sumas
pagadas, debidamente indexadas.
2.9. Señaló que, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, revocó la decisión de
primera instancia.
2.10. Manifestó que la providencia antes referida vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por haber
incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
2.11. En relación con el defecto sustantivo, afirmó que la autoridad judicial accionada
interpretó de manera errónea las normas que regulan el enriquecimiento sin causa y
fundamentó su decisión en criterios jurisprudenciales incompatibles con el precedente
vigente. En su criterio, la providencia cuestionada adoptó una interpretación restrictiva
y descontextualizada de esa institución jurídica, desconociendo su alcance normativo
y jurisprudencial, particularmente en escenarios de responsabilidad extracontractual
como el que dio origen a la controversia.
2.12. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que el tribunal
omitió aplicar las reglas de decisión fijadas en la sentencia de unificación 2025CE-
SUJ-3-0011, en la cual el Consejo de Estado precisó los presupuestos de procedencia
del enriquecimiento sin causa, sus elementos estructurales, el alcance del concepto
de causa jurídica y el carácter subsidiario de esa institución.
2.13. Finalmente, afirmó que el tribunal sustentó su decisión en criterios
jurisprudenciales anteriores a la referida sentencia de unificación, tratándolos como
reglas vigentes y de aplicación obligatoria. Agregó que introdujo exigencias que, a su
juicio, no fueron previstas en dicho precedente, tales como la necesidad de acreditar
la existencia de un acto administrativo o la imposibilidad de analizar la desaparición
sobreviniente de la causa jurídica que justificó inicialmente el desplazamiento
patrimonial.
2.14. Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial desconoció el carácter excepcional,
material y compensatorio del enriquecimiento sin causa y omitió justificar las razones
por las cuales se apartó del precedente de unificación, pese a que, en su criterio, el
asunto sometido a decisión presentaba identidad jurídica.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia del señor JUAN
PABLO AYALA AYALA, los cuales fueron vulnerados por la sentencia proferida
el 25 de septiembre de 2025, notificada el 7 de octubre de 2025, por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, dentro del proceso de
reparación directa radicado bajo el número 68001-33-33-009-2021-00093-01
(sic), al desconocer el precedente judicial vinculante fijado por el Consejo de
Estado, en particular el contenido en la sentencia de unificación SUJ-3-001 del
31 de julio de 2025, aplicable al fenómeno del enriquecimiento sin justa causa.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 25 de septiembre
de 2025, notificada el 7 de octubre de 2025, por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, dentro del proceso de reparación directa
radicado bajo el número 68001-33-33-009-2021-00093-01 (sic), por vulnerar
los derechos fundamentales del accionante.
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Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 31 de julio de 2025, radicación núm.
08001-23-33-000-2014-00442-01.
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
TERCERO. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, o
a quien corresponda por competencia funcional, que profiera una nueva
decisión dentro del proceso de reparación directa antes referido, en la cual
aplique de manera expresa, completa y razonada el precedente judicial
vinculante fijado por el Consejo de Estado, particularmente la sentencia de
unificación SUJ-3-001 del 31 de julio de 2025, analizando de forma integral los
elementos del enriquecimiento sin justa causa, a partir del contexto fáctico
plenamente acreditado en el expediente. […]” [negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 26 de enero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso a la Nación - Fiscalía General de la Nación, al
Juzgado Quince Penal Municipal de Bogotá y al municipio de Bucaramanga.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. La Fiscalía General de la Nación solicitó considerar la falta de legitimación en
la causa por pasiva pues considera que no existe una relación de causalidad de
acción u omisión por parte de la entidad y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante.
5.2. ElJuzgado Quince Penal Municipal Con Funciones de Control de
Garantías solicitó declarar improcedente la acción constitucional y ser
desvinculado de la misma, por no haber vulnerado ningún derecho fundamental del
accionante. Así mismo informó que “[…] se pudo evidenciar que la carpeta con
CUI: 110016000049200811649 NI 89600, fue repartida el día 02 de diciembre de
2009, audiencias de solicitud de libertad por vencimiento de términos […]. Indicó
que la carpeta se devolvió al centro de servicios para lo de su cargo, por lo que no
tienen más actuaciones con el radicado mencionado.
5.3. El Municipio de Bucaramanga solicitó la desvinculación de la acción de tutela,
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por considerar
que el objeto material del amparo no recae sobre una actuación administrativa
atribuible al Municipio de Bucaramanga. Igualmente, expuso que no se acreditaron
requisitos generales ni específicos para que prospere la tutela contra una
providencia judicial.
5.4. ElTribunal Administrativo de Santander manifestó su oposición a la
prosperidad del amparo solicitado, señaló que el actor pretende convertir la acción
de tutela en una tercera instancia para reabrir el debate probatorio y jurídico que
ya fue surtido. Sostuvo que en la decisión cuestionada se realizó un análisis
riguroso de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y que se adoptó con
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00255-01
Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
base en la totalidad del material probatorio obrante en el expediente. Finalmente,
expone que no se evidencia vulneración alguna de derechos fundamentales ni
configuración de defecto judicial.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 6 de marzo de 2026, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela,
al considerar que no se encontraban acreditados los requisitos generales de
procedibilidad relativos a la relevancia constitucional y la subsidiariedad.
7. Refirió que, al confrontar las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
dentro del medio de control de reparación directa, advirtió que el juez de primera
instancia consideró configurado el enriquecimiento sin causa, al estimar que la
causa jurídica que sustentó el pago desapareció con la improbación del preacuerdo
y la posterior sentencia absolutoria. En consecuencia, concluyó que se encontraban
acreditados los presupuestos para la procedencia de esa figura, incluida la
inexistencia de otro medio judicial eficaz.
8. Añadió que, por el contrario, el juez de segunda instancia concluyó que el caso
no se subsumía en los supuestos excepcionales que habilitan la procedencia del
enriquecimiento sin causa. Explicó que dicha institución únicamente procede en
hipótesis específicas, tales como la ejecución de prestaciones sin soporte
contractual por circunstancias extraordinarias que impidieron su formalización, la
atención de situaciones urgentes en las que estuvieran comprometidos derechos
fundamentales o aquellos eventos en los que la administración hubiera requerido
la prestación del servicio pese a la ausencia de una declaratoria formal de urgencia.
9. Asimismo, indicó que, una vez el municipio de Bucaramanga respondió
negativamente la solicitud de devolución de los recursos mediante comunicación
de 25 de noviembre de 2020, el accionante disponía del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para controvertir ese acto administrativo, razón por
la cual no se satisfacía el requisito de subsidiariedad.
10. Añadió que el enriquecimiento sin causa tampoco resultaba procedente cuando
el detrimento patrimonial tenía origen en la propia actuación del afectado, por lo que
el perjuicio económico alegado no podía trasladarse a la administración municipal
en los términos planteados en la demanda de reparación directa.
11. Manifestó que no se evidenciaba un apartamiento arbitrario, irrazonable o
inmotivado del precedente por parte del Tribunal Administrativo de Santander. Por
el contrario, advirtió que la autoridad judicial identificó y analizó la jurisprudencia de
unificación aplicable, delimitó su alcance y la utilizó como fundamento para resolver
el caso concreto.
12. Igualmente, sostuvo que no se configuró una omisión probatoria ni una
valoración arbitraria de las pruebas, pues la providencia cuestionada examinó el
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00255-01
Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
acta de preacuerdo, el documento relativo a la forma de pago, las consignaciones
efectuadas por el demandante, la decisión que improbó el preacuerdo y las
posteriores actuaciones surtidas dentro del proceso penal.
13. Concluyó que la inconformidad del accionante recaía, en la interpretación jurídica
que el Tribunal Administrativo de Santander otorgó a esos elementos probatorios,
así como la aplicación de las normas mencionadas. En consecuencia, estimó que
la acción de tutela pretendía reabrir un debate que ya había sido resuelto por el
juez natural de la causa.
14. Finalmente, reiteró que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad, por cuanto
el accionante contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir el acto administrativo mediante el cual el municipio negó
la devolución de las sumas reclamadas.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
15. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó acceder a
las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no persigue la reapertura del
debate probatorio ni pretende convertir este mecanismo en una tercera instancia,
en ese sentido lo que pretende es obtener un pronunciamiento sobre si la
interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander se apartó del
alcance del precedente de unificación fijado por el órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
16. Destacó que la afectación de sus derechos fundamentales se originó en la
inaplicación material de una regla jurisprudencial de unificación, la cual constituye
una garantía de igualdad en la aplicación del derecho. En ese sentido, afirmó que
la controversia trasciende una simple discusión de carácter legal o patrimonial, por
cuanto, aunque se relaciona con la devolución de unas sumas de dinero, lo que
realmente se cuestiona es la conformidad constitucional de la providencia judicial
censurada.
17. En cuanto al requisito de subsidiariedad, manifestó que la decisión de primera
instancia partió de una premisa equivocada, consistente en afirmar que permaneció
inactivo frente a la actuación administrativa que consideró lesiva. Al respecto, indicó
que promovió oportunamente el medio de control de reparación directa, de modo
que la controversia no radica en la omisión de ejercer los mecanismos judiciales
disponibles, sino en la valoración jurídica efectuada posteriormente por las
autoridades judiciales dentro de ese proceso. En consecuencia, sostuvo que la
acción de tutela no pretende suplir la falta de ejercicio oportuno de los medios
ordinarios de defensa, pues estos fueron promovidos en debida forma.
18. Señaló que la sentencia de primera instancia se limitó a señalar que disponía del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin exponer las razones
por las cuales dicho mecanismo resultaba idóneo y eficaz para la protección de los
derechos fundamentales invocados, atendiendo las circunstancias particulares del
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
caso. En su criterio, esa omisión desconoce el deber que tiene el juez de tutela de
justificar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
19. Argumentó que la providencia tampoco analizó si la respuesta emitida por el
municipio de Bucaramanga el 25 de noviembre de 2020 constituía un acto
administrativo definitivo susceptible de control judicial. Afirmó que la sentencia dio
por acreditado ese presupuesto sin ofrecer motivación alguna sobre la naturaleza
jurídica de dicha actuación administrativa, pese a que de esa calificación dependía
la procedencia del mecanismo judicial que se estimó idóneo.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.
VIII.2. Cuestión previa
21. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el
Juzgado Quince Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías y el
municipio de Bucaramanga.
22. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20068, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
2
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00255-01
Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción
[…]’ […]” (subrayado fuera del texto).
23. Teniendo en cuenta que el municipio de Bucaramanga fue parte demandada
dentro del medio de control de reparación directa cuestionado, la Sala considera
que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculado a esta acción
constitucional.
24. Respecto a las solicitudes allegadas por la Fiscalía General de la Nación y el
Juzgado Quince Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías, teniendo
en cuenta que no fueron parte en el proceso cuestionado, la Sala considera que a
estas entidades no les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción
constitucional.
25. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada por el municipio
de Bucaramanga y se aceptarán las solicitudes presentadas por la Fiscalía General
de la Nación y el Juzgado Quince Penal Municipal Con Funciones de Control de
Garantías, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
26. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo y en el desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
27. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00255-01
Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
29. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
30. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
31. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
32. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00255-01
Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.
33. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
34. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
35. Elseñor Juan Pablo Ayala Ayala solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 25 de septiembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con número de radicación 68001-33-33-009-
2021-00093-02.
36. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.
VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
37. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental14 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones15.
38. En las acciones de tutela contra providencias judiciales16 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces17.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
39. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].
40. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
12
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
41. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202320.
42. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales21.
43. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
20
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
44. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en un
defecto sustantivo y en el desconocimiento del precedente jurisprudencial.
45. En relación con el defecto sustantivo, afirmó que la autoridad judicial accionada
interpretó de manera errónea las normas que regulan el enriquecimiento sin causa y
fundamentó su decisión en criterios jurisprudenciales incompatibles con el precedente
vigente. En su criterio, la providencia cuestionada adoptó una interpretación restrictiva
y descontextualizada de esa institución jurídica, desconociendo su alcance normativo
y jurisprudencial, particularmente en escenarios de responsabilidad extracontractual
como el que dio origen a la controversia.
46. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que el tribunal omitió
aplicar las reglas de decisión fijadas en la sentencia de unificación 2025CE-SUJ-3-
00122, en la cual el Consejo de Estado precisó los presupuestos de procedencia del
enriquecimiento sin causa, sus elementos estructurales, el alcance del concepto de
causa jurídica y el carácter subsidiario de esa institución.
47. Finalmente, afirmó que el tribunal sustentó su decisión en criterios jurisprudenciales
anteriores a la referida sentencia de unificación, tratándolos como reglas vigentes y
de aplicación obligatoria. Agregó que introdujo exigencias que, a su juicio, no fueron
previstas en dicho precedente, tales como la necesidad de acreditar la existencia de
un acto administrativo o la imposibilidad de analizar la desaparición sobreviniente de
la causa jurídica que justificó inicialmente el desplazamiento patrimonial.
48. Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial desconoció el carácter excepcional,
material y compensatorio del enriquecimiento sin causa y omitió justificar las razones
por las cuales se apartó del precedente de unificación, pese a que, en su criterio, el
asunto sometido a decisión presentaba identidad jurídica.
49. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, en criterio de
esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia constitucional
porque: i) el debate no se realiza desde una óptica constitucional, ii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con lo que
busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del asunto, y iii) la
pretensión guarda relación con un asunto de contenido económico y legal.
50. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 31 de julio de 2025, radicación núm.
08001-23-33-000-2014-00442-01.
14
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
51. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y a la igualdad, no está poniendo de presente que en
la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la decisión
controvertida fue desfavorable a sus intereses.
52. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia
cuestionada:
“[…] El enriquecimiento sin causa y la actio de in rem verso: El principio del
enriquecimiento sin causa como consecuencia de la no existencia del contrato.
Elementos de la figura.
[…] En su análisis, el Consejo de Estado señaló que, por regla general, no
procede acudir al enriquecimiento sin causa para reclamar el pago de obras,
bienes o servicios ejecutados sin contrato estatal, dado que la Ley 80 de 1993
establece de manera imperativa la solemnidad del escrito en la contratación
pública. De permitirse, se incentivaría la evasión de estas exigencias legales.
Sin embargo, admitió que la acción de reparación directa constituye el
mecanismo procesal idóneo para ventilar pretensiones de enriquecimiento sin
causa cuando se configuren circunstancias excepcionales que lo ameriten.
La anterior postura fue reiterada por la Alta Corporación en sentencia de
unificación de 2025 de la Sala Plena de la Sección Tercera23, en la que
reafirmó que el enriquecimiento sin justa causa es una figura excepcional y
restrictiva, no llamada a suplir las deficiencias de la contratación estatal, sino
a resolver traslados patrimoniales injustificados en contextos muy precisos.
[…] La Corporación subrayó que estos requisitos no pueden flexibilizarse, pues
de lo contrario se desnaturalizaría la figura. En particular, puntualizó que el juez
debe verificar con rigor la ausencia total de causa y la subsidiariedad de la
acción, en la medida en que la prosperidad del enriquecimiento sin causa está
supeditada a que no exista ninguna otra vía procesal disponible para el
demandante.
[…] Del caso en concreto:
[…] La Sala observa que, contrario a lo considerado por el Juzgado de primera
instancia, no resulta procedente declarar probado el enriquecimiento sin causa
en el presente asunto, pues el caso concreto no se adecúa a los supuestos de
procedencia fijados por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, ni
satisface los requisitos estructurales de esta acción de naturaleza residual y
excepcional.
En primer lugar, debe recordarse que, tal y como fue destacado en
precedencia, la sentencia de unificación del 31 de julio de 202524, delimitó con
claridad el ámbito de aplicación del enriquecimiento sin causa, precisando que
su reconocimiento se restringe a hipótesis muy específicas, tales como: (i) la
ejecución de actividades o prestaciones sin respaldo contractual, en las que
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sala Plena, sentencia del treinta y uno (31)
de julio de dos mil veinticinco (2025), consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ, exp. 08001-23-33-000-
2014-00442-01 (57.464).
24
Rad. 57.464.
15
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circunstancias extraordinarias imposibilitaron la celebración formal del contrato;
(ii) situaciones de interés público urgente que comprometan derechos
fundamentales como la salud, la vida o la integridad; o (iii) casos en que, pese
a omitirse la declaratoria de urgencia manifiesta, la administración haya
requerido al particular ejecutar la prestación. Estas hipótesis responden a un
criterio de interpretación restrictiva, que busca evitar la utilización
indiscriminada de la acción in rem verso como un mecanismo para legitimar
irregularidades en la contratación estatal o suplir la inactividad procesal de los
particulares.
En el caso del señor Juan Pablo Ayala Ayala, no se configura ninguna de
estas circunstancias excepcionales. El pago de sesenta millones de pesos
($60.000.000) efectuado al Municipio de Bucaramanga no fue consecuencia de
una imposición unilateral de la administración, ni respondió a una situación de
urgencia o de protección de derechos fundamentales. Por el contrario, se trató
de una decisión personal y voluntaria del actor, quien suscribió un preacuerdo
con la Fiscalía General de la Nación en el marco de un proceso penal seguido
en su contra, con el fin de obtener una rebaja de pena. En este escenario, es
evidente que no existió constreñimiento por parte del ente territorial ni
concurren los presupuestos fácticos que permitirían subsumir la situación en
las hipótesis excepcionales de procedencia de la acción.
En segundo lugar, tampoco se acreditan los requisitos estructurales del
enriquecimiento sin causa, sistematizados por la jurisprudencia en: (i)
enriquecimiento de un patrimonio; (ii) correlativo empobrecimiento de otro; (iii)
ausencia de causa jurídica; e (iv) inexistencia de otra acción judicial idónea
para reclamar. Particular énfasis merece el presupuesto de la ausencia de
causa jurídica, el cual no se cumple en el presente caso, dado que el
desplazamiento patrimonial tuvo como fundamento el preacuerdo celebrado
entre el actor y la Fiscalía. Si bien este fue improbado por el juez penal, en su
momento constituyó una causa jurídica suficiente para explicar la entrega de
los recursos. Así, el pago no puede reputarse carente de causa, pues obedeció
a un acto procesal con respaldo legal para el momento en que se realizó el
traslado de los dineros. Pretender lo contrario implicaría desconocer que el
propio actor justificó la consignación como parte de una estrategia de defensa
en curso del proceso penal en que se encontraba inmerso, lo que excluye la
configuración de un enriquecimiento “injustificado”.
En tercer lugar, la naturaleza residual y subsidiaria de la acción impide su
procedencia en este caso. Tal como lo estableció el Consejo de Estado, la actio
in rem verso solo opera en ausencia de otro mecanismo judicial eficaz. Sin
embargo, aquí existía una vía idónea: el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (artículo 138 del CPACA). En efecto, el
demandante presentó petición ante el Municipio de Bucaramanga el 5 de marzo
de 2020, solicitando la devolución de los dineros, la cual fue resuelta
desfavorablemente mediante oficio del 25 de noviembre de 2020. Frente a esa
decisión, lo procedente era demandar la legalidad del acto administrativo a
través de la acción correspondiente. La inactividad del actor al no ejercer dicho
medio no habilita la utilización de la reparación directa por enriquecimiento sin
causa, pues ello vaciaría de contenido el principio de subsidiariedad que rige
esta figura.
Finalmente, cabe destacar que la propia jurisprudencia de unificación advirtió
que el enriquecimiento sin causa no procede cuando el detrimento patrimonial
alegado proviene de la conducta del propio afectado. En el presente asunto,
el empobrecimiento del demandante se originó en su decisión libre de suscribir
un preacuerdo penal y cumplir con la consignación exigida en el mismo. En
consecuencia, el perjuicio económico no puede ser trasladado a la
16
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administración municipal, pues es atribuible exclusivamente a la conducta
voluntaria del actor.
En suma, la Sala encuentra que la sentencia de primera instancia desconoció
la aplicación restrictiva y excepcional del enriquecimiento sin causa fijada por
el Consejo de Estado, y pasó por alto que en el caso concreto no se acreditan
los supuestos de procedencia de la acción ni se cumple el requisito de ausencia
de causa jurídica. Además, omitió considerar que existía un medio judicial
idóneo para controvertir la negativa del Municipio, lo que refuerza la
improcedencia de la acción ejercida. Por estas razones, la decisión apelada
debe ser revocada y, en su lugar, negarse las pretensiones de la demanda.
[…]”. [Negrilla del texto].
53. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
54. En tal virtud, es pertinente precisar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”25. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte
Constitucional, que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede
ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]”26.
55. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”27.
56. En relación con el argumento planteado en la impugnación respecto del requisito
de subsidiariedad, la Sala considera que no resulta procedente concluir, de oficio,
que la parte actora debió promover un medio de control diferente, cuando el juez
natural asumió el conocimiento del litigio y lo resolvió mediante una decisión de
fondo. Un pronunciamiento en ese sentido excedería el ámbito de competencia del
juez de tutela por constituir un cuestionamiento sobre la procedencia del medio de
control de reparación directa que fue admitido, tramitado y decidido por la
jurisdicción competente.
57. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección modificará lo
decidido en el fallo impugnado en el sentido de precisar que la improcedencia de la
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
26
Ibid.
27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
17
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Accionante: Juan Pablo Ayala Ayala
acción de tutela se sustenta en el incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el municipio de
Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DESVINCULAR a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado
Quince Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: MODIFICAR la sentencia de 6 de marzo de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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