Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2015-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Enriquecimiento sin causa: prestación de servicios educativos, en periodo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2015-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-40-000-2015-00010-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
21 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
Demandado: Municipio de Maicao
Proceso: Reparación Directa
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – prestación de servicios educativos, en periodo
escolar CADUCIDAD cuando el enriquecimiento sin causa tiene su causa en la
ejecución anticipada de un contrato / ACTIO IN REM VERSO- requisitos generales
de procedencia – económicos y jurídicos- / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA -
entidades sometidas EGCAP- requisitos especiales de procedencia, aplicación de
sentencias unificación del 19 de noviembre de 2012 y del 31 de julio de 2025-.
SUBSIDARIEDAD - debe verificarse que el desplazamiento patrimonial alegado, no
se predique de otra de las fuentes de obligaciones. PROCEDENCIA
ENRIQUECIMIENTO -debe acreditarse la buena fe objetiva y una circunstancia
excepcional, para la ausencia de suscripción de un contrato.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia del 16 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La Fundación Guajira Sin Fronteras afirma que, desde el año 2005, celebró y
ejecutó contratos de prestación de servicios educativos en favor de menores del
municipio de Maicao que no accedían a cupos en los establecimientos oficiales de
educación. En la demanda se indicó que dichos contratos se perfeccionaban año
tras año, una vez iniciado el ciclo escolar, presuntamente, debido a dificultades
administrativas y presupuestales del ente territorial.
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
Demandado: Municipio de Maicao
Proceso: Reparación Directa
En el año 2012, ya comenzado el año académico, la Secretaría de Educación del
municipio informó a la Fundación que no se suscribiría ningún contrato; sin
embargo, la fundación demandante continuó prestando el servicio educativo. En el
transcurso del año escolar, se profirieron decisiones de tutela que concedieron el
amparo al derecho a la educación de los menores que cursaban estudios en los
establecimientos de la Fundación, advirtiendo que su situación no debía ser
modificada durante el transcurso del año escolar. No obstante, dichas órdenes
judiciales, se alegó que el ente territorial nunca reconoció la prestación de los
servicios educativos brindados por la demandante.
ANTECEDENTES
La demanda1
El 5 de febrero de 2015, por intermedio de apoderado judicial, la Fundación Guajira
Sin Fronteras interpuso demanda de reparación directa contra el municipio de
Maicao (Departamento de la Guajira), con el fin de que se declare judicialmente el
enriquecimiento sin causa en que habría incurrido dicho ente territorial, con ocasión
de la prestación del servicio educativo brindado por la demandante en favor de 382
estudiantes en edad escolar.
Las pretensiones fueron formuladas en los siguientes términos:
(…) PRIMERA.- Que se declare que se presentó enriquecimiento sin causa por parte
del MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA y en contra de la FUNDACIÓN GUAJIRA
SIN FRONTERAS, con ocasión de la prestación de servicios educativos a los
estudiantes de la edad escolar sin atender, pertenecientes a la población vulnerable.
SEGUNDA.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene al
MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA, como compensación o reparación del daño,
a pagar a la FUNDACIÓN GUAJIRA SIN FRONTERAS la suma de TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($382.000.000.oo) m/te., debidamente
indexados o actualizados desde el 01 de diciembre de 2012 hasta la fecha en que se
produzca el pago, correspondientes a los servicios educativos prestados a trescientos
ochenta y dos (382)estudiantes de la edad escolar, sin atender, pertenecientes a la
población vulnerable, a un costo anual de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.o0)
m/te., por alumno atendido.
TERCERA.- Que se condene al MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA en las costas,
agencias en derecho y demás gastos que implique el proceso, con arreglo a lo
1 Índice 002 “Expediente digital Carpeta Apelación Sentencia, Archivo: “5d_000220150001000CU” pp. 3-14.
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establecido por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CUARTA.- Que se ordene al representante legal del MUNICIPIO DE MAICAO-LA
GUAJIRA a dar cumplimiento a las condenas que se impongan en la sentencia con
sujeción a las reglas de que tratan los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, por
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; y, según sea el caso, se ordene a la entidad territorial demandada a
pagar las condenas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la
sentencia que así lo disponga. (…)
Como fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso como hechos de la
demanda que la Fundación Guajira Sin Fronteras presta servicios de educación
preescolar, primaria, secundaria y carreras técnicas, a través de los
establecimientos denominados: Instituto Fronterizo Maicao y Jardín Infantil el
Recreo.
En la demanda se relató que, desde el año 2005, la Fundación Guajira Sin Fronteras
atendía, de manera continua, a niños y niñas en edad preescolar en condición de
vulnerabilidad, quienes no contaban con oferta educativa por parte del municipio de
Maicao. Se indicó que, en cada año escolar, la suscripción y perfeccionamiento de
los contratos de prestación de servicios educativos tenían lugar —presuntamente
por razones administrativas y presupuestales— varios días o incluso meses
después del inicio del ciclo académico, cuando los estudiantes ya se encontraban
matriculados en los establecimientos de la fundación.
Bajo esa dinámica, la Fundación Guajira Sin Fronteras inició, a partir del mes de
febrero del año 2012, la prestación del servicio educativo a menores en edad
escolar, a través de sus establecimientos. Dicho servicio fue prestado hasta el 30
de noviembre del mismo año, beneficiando a un total de 382 niños. Se señaló,
además, que el costo de la canasta educativa por cada uno de los estudiantes
atendidos en el año 2011 ascendió a un millón de pesos ($1.000.000).
La Fundación expuso que los padres de los menores que cursaban estudios en el
Instituto Fronterizo de Maicao y en el Jardín Infantil El Recreo interpusieron acciones
de tutela contra la Secretaría de Educación Municipal. Estas fueron resueltas
favorablemente por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, el cual
ordenó al ente territorial garantizar la permanencia de los menores en los
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Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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establecimientos educativos de la demandante, advirtiendo que su situación solo
podía modificarse antes del inicio del ciclo académico (fallo de tutela del 6 de agosto
de 2012). Esta decisión fue confirmada en segunda instancia.
Se señaló que el municipio de Maicao, a través del Secretario de Educación
Municipal, incumplió las órdenes impartidas en el fallo de tutela. Por tal motivo, los
padres de los menores promovieron un incidente de desacato, resuelto el 19 de
diciembre de 2012, mediante el cual se impuso al secretario una sanción consistente
en cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
En relación con la oposición de la demandada
El ente territorial demandado presentó escrito de contestación de la demanda el 4
de septiembre de 20152, es decir, de forma extemporánea. Esto, dado que el auto
admisorio de la demanda fue notificado mediante mensaje de datos enviado el 20
de mayo de 2015, por lo que el término para contestarla vencía el 7 de julio de 2015,
conforme a lo dispuesto en el artículo 172 en concordancia con el artículo 199 del
CPACA. Esta situación fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo, quien en
la audiencia inicial celebrada el 27 de noviembre de 2015 tuvo por no contestada la
demanda y señaló que de dicha circunstancia se concluye que (..) no existen
excepciones a petición de parte propuestas debidamente (…)3
Lo cual reiteró en la sentencia, al mencionar que «(…) este Tribunal se abstiene de
pronunciarse entorno a los argumentos de defensa esbozados por el Municipio de
Maicao a través del referido escrito, en tanto el mismo fue allegado de forma
extemporánea (…)»4
Sentencia de primera instancia
El 16 de diciembre de 20155, el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira,
2Índice 002 SAMAI «Expediente Digital»: Archivo 5ED _00220150001000CU pp. 57-66
3 Índice 002 SAMAI «Expediente Digital»: Archivo 5ED _00220150001000CU pp. 125-129.
4 Ib. pp. 175-204 o SAMAI TA índice 0001
5 ibidem
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declaró que en el presente caso operó la caducidad de la acción «(…) respecto de
las reclamaciones correspondientes a los servicios que se habrían presentado por
la Fundación Guajira sin fronteras durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2012 (…)» y frente a las mensualidades
que no fueron objeto de caducidad, negó las pretensiones de la demanda.
Para adoptar su decisión, el a quo, luego de referirse al marco general de la
responsabilidad patrimonial del Estado, a la actio in rem verso y de identificar los
elementos probatorios obrantes en el expediente, procedió a analizar la caducidad
del medio de control en el presente caso. Al respecto, invocó un precedente del
Consejo de Estado6 que abordó este tema en relación con la actio in rem verso por
servicios educativos, señalando que el daño se configuraba mes a mes -dado que
los servicios educativos se pagan mensualmente-, y por tanto, no podían agruparse
en una única relación jurídica. En aplicación de dicho criterio, la Sala concluyó que
se configuró la caducidad del medio de control respecto de todos los meses en que
el demandante prestó el servicio educativo, con excepción de noviembre de 2012.
Respecto del fondo del asunto, el a quo estimó que no se configuraba ninguno de
los supuestos de procedencia del enriquecimiento sin causa. En consecuencia,
descartó que existiera constreñimiento por parte del municipio de Maicao para que
la fundación demandante continuara prestando servicios educativos durante el año
2012. En este sentido, se destacó que la demandante había celebrado múltiples
contratos de prestación de servicios educativos con el municipio desde el año 2006,
por lo que conocía las implicaciones jurídicas de ejecutar dichos servicios sin un
contrato estatal vigente. Asimismo, se resaltó que la administración municipal,
mediante Oficio del 23 de marzo de 2012, solicitó expresamente a la fundación que
se abstuviera de seguir prestando servicios educativos, lo cual excluye cualquier
tipo de constreñimiento por parte del ente territorial.
De igual modo, la Sala del Tribunal consideró que los servicios prestados por la
fundación no se enmarcan dentro de los servicios de salud, ni se acreditó que
obedecieran a una situación de urgencia manifiesta o de fuerza mayor. Tampoco se
6 Ese precedente fue: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A CP María Adriana Marín Rad: 76001-23-31-000-2010-00324-01(54946).
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demostró que dichos servicios educativos estuvieran dirigidos a poblaciones
vulnerables, como ocurre con los desmovilizados del conflicto armado interno.
En consecuencia, no se acreditó ninguno de los supuestos que permiten la
procedencia de la actio in rem verso, conforme a la jurisprudencia vigente del
Consejo de Estado.
Recurso de apelación7
Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
solicitando la revocatoria del fallo de primera instancia y, en su lugar, el
reconocimiento de las pretensiones de la demanda. En primer lugar, cuestionó que
el Tribunal hubiera declarado la caducidad del medio de control respecto de la
prestación del servicio educativo entre los meses de abril y octubre de 2012. Al
respecto, sostuvo que el término de caducidad debía contarse a partir del momento
en que la fundación tuvo conocimiento de que el ente territorial no reconocería el
pago por los servicios prestados, es decir, el 30 de noviembre de 2012, fecha de
finalización del periodo académico.
Agregó que, desde el año 2005, la suscripción y perfeccionamiento de los contratos
de prestación de servicios para los periodos académicos anuales —por razones
administrativas y presupuestales— se realizaban varios días o incluso meses
después de la matrícula de los estudiantes y del inicio del periodo académico.
Señaló que, en algunas ocasiones, dichos reconocimientos se efectuaron mediante
contratos de transacción. Además, indicó que en los contratos de prestación de
servicios educativos el pago de honorarios no se efectuaba por mensualidades.
En segundo lugar, expuso que los fallos de tutela del 6 de agosto y 10 de septiembre
de 2012, que ordenaron la prestación del servicio educativo, materializaron el
derecho de la fundación al reconocimiento y pago por los servicios brindados a
estudiantes en edad escolar que no estaban siendo atendidos. Según el recurrente,
dichas decisiones adquirieron firmeza el 12 de marzo de 2013, fecha en la que se
7 SAMAI TA indice 0004
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profirió el auto que excluyó su revisión por parte de la Corte Constitucional en
relación con el presente asunto.
De esta forma, el fallo de tutela mediante el cual el juez constitucional amparó el
derecho a la educación de los estudiantes de los colegios Instituto Fronterizo de
Maicao E.U., Jardín El Recreo y Fundación Guajira sin Fronteras, justificó la
continuidad en la prestación del servicio educativo por parte de la demandante hasta
el 30 de noviembre de 2012. En este contexto, se argumentó que, aunque los
estudiantes no ostentaban la calidad de desplazados, sí presentaban condiciones
especiales de vulnerabilidad, tales como su minoría de edad, residencia en zonas
rurales del municipio o pertenencia a la población indígena Wayuu.
Trámite en la segunda instancia
Por auto del 18 de julio de 2022, el tribunal concedió el recurso de apelación8.
Allegado el proceso al Consejo de Estado, por auto del 24 de febrero de 2023,9 el
despacho sustanciador admitió el recurso interpuesto. En la oportunidad de que
trata el numeral 6 del artículo 247 del CPACA (modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021) el Ministerio Público10 allegó concepto por el cual consideró
que debía confirmarse la decisión proferida, en primera instancia, al considerarse
que en el proceso no se acreditó la especial condición de vulnerabilidad de los
menores ni dicha población (…) podía ser inscrita o matriculada en las instituciones
oficiales del municipio, tal y como lo expresó el Secretario de Educación de manera
clara en la comunicación que remitió a la Fundación Guajira Sin Fronteras (…).
I. CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 5 de febrero de 2015, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en
adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir
el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
8 SAMAI TA índice 00007.
9 Índice 004 SAMAI.
10 SAMAI índice 10
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administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado
2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante
CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya
causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 del
CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar
este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el
artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así
mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la
pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del
CPACA, esto es, $322’175. 000.oo millones de pesos11.
II. Problema jurídico
3. Vista la argumentación expuesta en el recurso de apelación y en la sentencia
de primera instancia, corresponde a la Sala precisar si, respecto de la alegada
prestación del servicio educativo durante el año académico 2012 en el territorio del
Municipio de Maicao por parte de la Fundación Guajira Sin Fronteras, se reúnen los
requisitos establecidos en el criterio unificado del Consejo de Estado y en el
desarrollo jurisprudencial vigente para el reconocimiento del enriquecimiento sin
causa.
En virtud de lo anterior, se adoptará la decisión teniendo en cuenta los lineamientos
unificados por la Sala Plena de esta Sección, en fallo del 31 de julio de 2025. Así,
11 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2015], [$644.350.oo], por 500.
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antes de determinar el medio de control procedente, deberá establecerse si, en el
caso de referencia, el desplazamiento patrimonial alegado por la parte demandante
no encuentra sustento en ninguna de las fuentes de las obligaciones previstas en el
artículo 1494 del Código Civil12, conforme a los lineamientos de la reciente decisión
de unificación. Para ello, se procederá a: i) identificar el marco jurídico vigente y
aplicable a los casos en los que se atribuye un enriquecimiento sin causa por parte
de la administración; ii) analizar los hechos probados del caso de referencia; iii)
determinar el medio de control procedente y verificar el cumplimiento de los
presupuestos procesales aplicables al mismo; para finalmente iv) abordar el estudio
del caso concreto.
I. Enriquecimiento sin causa, «Actio rem verso», posición unificada de la
corporación. Entidades regidas por el EGCAP
4. En lo que toca al «enriquecimiento sin causa o injustificado» como figura
jurídica, se trata de un concepto jurídico de origen pretoriano que persigue
restablecer el equilibrio económico, alterado como producto de un desplazamiento
de riqueza sin justificación o causa jurídica, entre quien se empobreció en su
patrimonio y aquel que resulta enriquecido13, de forma que la «actio in rem verso»
12 (…) Artículo 1494. Fuente de las obligaciones. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades
de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que
se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de
un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como
entre los padres y los hijos de familia. (…)
Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos
o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia
o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra
persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.
13 Chénede F., Terré F., Simler P. Lequette.Y, Droit Civil, Les obligations, 12eme édition, Dalloz(2019).pp 1361-
1398 Señalaron que autores como Labbe y Aubry y Rau abogarían por la consagración de un cuasi- contrato
en la jurisprudencia del Corte de Casación Francesa, quien en un primer momento la rechazó, pero luego
reconoció la figura de la «actio rem verso» en la famosa sentencia Pautereauc/ Bourdier, del 15 de junio de
1892, donde lo contempló como la concreción del principio de equidad, el cual impide enriquecerse en
detrimento de otro.. Allí se precisó (…) Ante tal constatación de deficiencia, diversos autores, como Labbe y
Aubry y Rau, abogaron por el cuasi contrato de enriquecimiento injusto.
Esta idea no convenció inmediatamente al Tribunal de Casación. Al principio, incluso se opuso firmemente a la
creación de este nuevo cuasi contrato (…) Probablemente, al darse cuenta, a finales del siglo XIX, de su poder
creativo, el Tribunal de Casación decidió dar el paso. En su famosa sentencia Patureau contra Boudier del 15
de junio de 1892, estableció oficialmente la existencia de la actio rem verso, precisando que este nuevo
cuasicontrato derivaba del “principio de equidad” que prohíbe enriquecerse en detrimento de los demás (...) –
en el idioma original-: (…) Face a un tel constat de carence de carence de, différents auteurs, tels Labbe et
Aubry et Rau, plaidèrent en faveur du quasi – contrat d’enrichissement sans cause .
La cour de cassation ne fut pas immédiatement séduit par cette idée. Dans un premier temps, elle s’opposa
même fermement á la création de ce nouveau quasi-contrat(…) Prenant vraisemblablement conscience, á la fin
du XIX siècle , de son pouvoir créateur la Cour de Cassation décida de franchir le pas. Dans son fameux arrêt
Patureau c/Boudier en date du 15 juin 1892, elle consacra officiellement l’existence de l’actio rem verso en
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es la acción personal que tiene el empobrecido, para que en virtud de la equidad,
sea restablecido en su patrimonio por el enriquecido14.
5. Su adopción inicial en el ordenamiento jurídico colombiano fue de la mano de
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia15
corporaciones que identifican su consagración en derecho positivo en el numeral 1
del artículo 95 de la Constitución Política16, los artículos 8 de la Ley 153 de 188717
y del artículo 831 del Código de Comercio18; y la califican de «principio general del
derecho» y fuente de obligaciones19. De igual forma, han establecido como
condiciones generales para que proceda el reconocimiento del enriquecimiento sin
causa: i) unas de carácter económico y ii) otras de carácter jurídico20.
précisant que ce nouveau quasi-contrat dérivait du «principe d’équité» qui défend de s’enrichir au détriment
d’autrui(…)»
14La equidad como fundamento de la pretensión funde enriquecimiento sin causa fue abordado en la sentencia
de unificación, fue abordado en el antecedente de unificación, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del 19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897) a partir de la doctrina que estudió la
sentencia la Corte de Casación Francesa del 12 de mayo de 1914 : (…)8. Adviertáse entonces que de
conformidad con el recuento que hasta aquí se ha hecho la actual actio de in rem verso se empieza a construir
a partir del pasaje dePomponio,24 contenido en las regulas iuris del Digesto, según el cual es equitativoque
nadie se enriquezca a expensas de otro y por consiguiente se edifica como un mecanismo para obtener las
correspondientes restituciones en los eventos en que alguién se ha hecho más rico en detrimento de otro, es
decir que dentro de sus elementos están y deben estar necesariamente el enriquecimiento de alguién y el
correlativo empobrecimiento de otro. (…)[ Fundamento jurídico 8] Por su parte la Corte Suprema de Justicia
conceptuó Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2012, radicación
No. Referencia: 54001-3103-006-1999-00280-01,MP Jesús Val de Rutén: "(…)En tal acción, pues, subyace un
imperativo moral, como que el ordenamiento jurídico no quiere patrocinar el acrecimiento económico de un
sujeto a expensas de otro, cuando no existe ningún fundamento jurídico que /o justifique, postulado que encaja,
desde luego, con la necesidad de dar a cada quien lo suyo, esto es, lo que verdaderamente le corresponde de
acuerdo con los principios de justicia y equidad". (Sent. Cas. Civ. de 7 de octubre de 2009, exp. 00164-01).(…)
15 Corte Suprema de Justicia sentencias de 6 de septiembre de 1935; 6 de septiembre de 1940, M.P. Hernán
Salamanca; 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; 11 de enero de 2000, M.P.
Manuel Ardila Velásquez; 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, exp: 5294: EN esta
última se expresó:
16(…) Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos
están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son
deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (…)
17 ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de
derecho.
18 Artículo 831. Enriquecimiento sin justa causa Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de
2009, CP Enrique Gil Botero, rad. Radicación número: 85001-23-31-000-2003-00035-01(35026) [Fundamento
jurídico 5](…) El enriquecimiento sin causa, así como la acción idónea para reclamarlo judicialmente (actio de
in rem verso), no ostenta el carácter de fuente subsidiaria de las obligaciones, como quiera que a partir de ella
se garantiza el acceso a la administración de justicia (art. 228 de la Constitución Política), para deprecar el
amparo jurisdiccional ante un incremento patrimonial de naturaleza injusta. (…) Ver también: Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de octubre de 1991, exp. 6103, M.P. Daniel Suárez Hernández.
20 Distinción propuesta por Chénede F., Terré F., Simler P. Lequette.Y, Droit Civil, Les obligations, 12eme
édition, Dalloz(2019) p. 1364-1383.
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Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
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6. Entre las características de carácter económico que la jurisprudencia -de
forma general- exige para la procedencia de la «actio in rem verso», se contemplan:
i) la existencia de un enriquecimiento o una ventaja patrimonial y ii) un correlativo
empobrecimiento, lo que implica que exista un nexo de causalidad entre el
enriquecimiento y el empobrecimiento alegado. Como condicionantes de carácter
jurídico: iii) la transferencia de valor debe carecer de causa o resultar injustificado
-no debe existir título jurídico que la justifique21-; iv) es subsidiaria, en la medida que
el actor debe carecer de cualquier otra acción 22 y/o medio de control23; y v) su
empleo no puede tener por finalidad soslayar una disposición imperativa de la Ley24.
7. El alcance de este último elemento ha sido el eje principal de las discusiones
jurisprudenciales contemporáneas, dado el contenido de los artículos 39 y 41 de la
Ley 80 de 1993, que exigen la solemnidad del escrito como requisito para el
perfeccionamiento del contrato estatal. En este contexto, actualmente existen dos
decisiones de unificación que sirven de guía al juez de lo contencioso-administrativo
en la valoración del enriquecimiento sin causa respecto «(…) la ejecución de
actividades en favor de una entidad estatal sin que medie un contrato entre esta y
21 De allí que algunos eventos del enriquecimiento patrimonial, que en otras latitudes pueda predicarse de la
ilegalidad del contrato, (ver Droits des Contrats Administratifs, L. Richer y F. Lichére, 10eme edition, L.G.D.J,
Issy-les-Moulineaux, Francia, 2016, pp. 216-221 y CE, arret du 17 novembre 2008 Enterprise Aubelec, 29421)
no sean extrapolables al caso colombiano para el caso de los contratos estatales. Por ejemplo : para el caso de
la nulidad absoluta del contrato estatal los artículos 45 y 48 de la Ley 80 de 1993, consagran títulos legales por
los cuales, hay lugar reconocimiento económico de prestaciones prestadas, aún en ausencia del contrato – ante
el evento de su declaratoria de nulidad-.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de
2009, CP Enrique Gil Botero, rad. Radicación número: 85001-23-31-000-2003-00035-01(35026) [Fundamento
jurídico 5]. En igual sentido, consultar, entre otras, la siguiente providencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2012, radicación No. Referencia: 54001-3103-006-1999-
00280-01,MP Jesús Val de Rutén .
23 Sobre la subsidariedad de la Actio rem verso en esta jurisdicción, ver: Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 17 de junio de 2021, CP Nicolás Yepes
Corrales, rad: 68001-23-33-000-2019-00256-01 (64.766)[ Fundamento de derecho 5]; Subsección A, Sentencia
del 12 de julio de 2024, rad: 05001-23-33-000-2016-00126-00 (69.733)[ Fundamento de derecho ]
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , Sentencia del 19 de diciembre de 2012 Referencia:
54001-3103-006-1999-00280-01, MP Jesús Vall de Rutén Ruiz.. In extenso al referirse al tema sostiene: «(...)
En síntesis, la acerada jurisprudencia en materia de enriquecimiento sin causa exige, tanto en materia civil como
mercantil que un individuo obtenga una ventaja patrimonial; que como consecuencia de dicha ganancia exista
un empobrecimiento de otro sujeto, esto es, que entre el enriquecimiento y la mengua haya correlación y
correspondencia, es decir, que se observe un nexo de causalidad, que uno se deba a u origine en el otro; que
el desplazamiento patrimonial se verifique sin causa jurídica que lo justifique, o lo que es igual, que la relación
patrimonial no encuentre fundamento en la ley o en la autonomía privada; que el afectado no cuente con una
acción diversa para remediar el desequilibrio; y, que, con el ejercicio de la acción no se pretenda soslayar una
disposición legal imperativa.(…)»( negrilla por fuera del original)
11
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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el ejecutor (…)»25. Estas son las sentencias del 19 de noviembre de 2012 (24897)26
y del 31 de julio de 2025 (57.464)27.
8. En términos generales, ambas decisiones, destacan que la procedencia de
este instituto es excepcional28 y no basta con que la conducta del contratista se haya
desarrollado en un (…) estado de convencimiento o creencia de estar actuando
conforme a derecho (…)29 – buena fe subjetiva-, sino que debe (…) desplegar un
comportamiento que convenga la realización y ejecución del contrato sin olvidar el
interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en
buena medida la lealtad y corrección de la conducta propia (…)30 – buena fe
objetiva-.
9. Para el Consejo de Estado al estudio de la buena fe objetiva le son inherentes
las normas imperativas, que rigen la celebración y ejecución de los contratos, en
virtud de los mandatos previstos por los artículos 871 del Código de Comercio y
1603 del Código Civil. Postulado que guarda coherencia con el deber de lealtad31
que impone el artículo 3 de la Ley 80 de 199332 a los particulares, quienes se les
impone el deber de adherirse a los fines de interés general inherentes al contrato
que se pretende celebrar.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del
19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897)
[Fundamento 5.2]
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del
19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897)
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 31 de
julio de 2025, rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464), CP. Fernando Alexei Pardo Flórez. La presente
decisión se adopta, aplicando los criterios esbozados en dicha sentencia, por tratarse del criterio mayoritario,
pero se advierte que el consejero ponente, adoptó un voto disidente frente a la referida sentencia (aclaración
y salvamento).
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del
19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897)
[ Fundamentos de derecho 52 y 86] Sentencia 57464 [ Fundamentos de derecho 62 y 83]
29Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22
de junio de 2011, expediente 18836 obtenido de Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del 19 de noviembre de 2012, rad: 73001-2331-000-
2000-03075-01 (24897) [ Fundamento jurídico 12.1] Sentencia de unificación 57464 [ Fundamentos de derecho
63 a 66]
30 Ibidem.
31 Al Respecto Ver Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, CP: William Barrera Muñoz, Sentencia del 18 de junio de (2025, Rad. 25000-23-36-000-2018-00028-02
(71.752) [ Fundamento De Derecho 14].
32 «ARTÍCULO 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. (…) Los particulares, por su parte, tendrán en
cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades
cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función
social que, como tal, implica obligaciones). (Negrilla por fuera del original y el texto subrayado fue derogado
por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) (…)».
12
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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En este sentido, desde la sentencia de unificación de 2012 se estableció que por
regla general el enriquecimiento sin causa no puede ser invocado para (…) reclamar
el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración
de un contrato estatal que los justifique (…)33. Esta decisión, a modo de ilustración,
hizo referencia a tres casos en los que resultaba procedente reconocer el
enriquecimiento sin causa: i) cuando existe constreñimiento por parte de la entidad
beneficiada; ii) ante una urgencia que implique una amenaza o lesión inminente e
irreversible al derecho a la salud; y iii) en la hipótesis en la que, debiendo declararse
una situación de urgencia manifiesta, esta se omite y la administración solicita la
prestación de servicios o el suministro de bienes sin respaldo contractual.
Ahora bien, la sentencia de unificación del 31 de julio de 2025 introdujo algunas
precisiones respecto del precedente de 2012. i) Aclaró que la exposición de casos
enunciada en dicha sentencia tenía carácter meramente ilustrativo34; y ii) en relación
con la excepcionalidad de la procedencia de esta figura, precisó que:
a) debe acreditarse la circunstancia excepcional que se invoca para
acceder a la compensación.35
b) Solo estará presente en las situaciones «(…) en las cuales resulte
probado que no era posible acudir a los mecanismos que la ley regula
para escoger contratista (…)» (subrayado por fuera del original)36.
c) no puede utilizarse para subsanar «(…) la indebida gestión contractual
de la entidad pública (…)»37, caso en el que se deberán negar las
33Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del
19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897)
[ Fundamento de derecho 12.1]
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 31 de
julio de 2025, rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464), CP. Fernando Alexei Pardo Flórez [Fundamento
s de derecho 52 y 86]
35 Ib rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [ Fundamento de derecho 86] «(…) Ello se encuentra
supeditado a que la parte interesada demuestre plenamente la concurrencia de los presupuestos enunciados,
incluyendo la prueba de la actividad, junto con la circunstancia excepcional que se invoca (…)»
36 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [ Fundamento de derecho 35]
37 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [ Fundamento de derecho 68] (…) Por esta misma razón,
tanto la entidad pública beneficiada como el sujeto ejecutor deben tener en cuenta que la excepcionalidad a la
que aquí se hace referencia no puede ser empleada como excusa para el desconocimiento de las normas que
rigen la solemnidad de los contratos y su celebración bajo los requisitos planteados en el EGCAP, ni puede ser
invocada para hacer ver que el mismo existe aún a pesar de no elevarse a escrito. De igual forma, este instituto
tampoco puede ser empleado como un vehículo para subsanar la indebida gestión contractual de la entidad
pública, cuando debiendo advertir la necesidad de modificar un contrato o celebrar uno, deja de hacerlo
contando con tal posibilidad. La consecuencia de esta vulneración, sin la justificación debida, no solo se reduce
a la denegatoria de cualquier pretensión patrimonial derivada de ella, sino que se extiende al imperativo de
13
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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pretensiones, pero existe el imperativo de investigar las conductas
fraudulentas.
d) exige analizar la gravedad y urgencia38 en la continuidad en la
prestación de un servicio;
e) debe acreditarse el grado de conexidad y necesidad39 que la actividad
haya tenido con el negocio anterior (…) en aquellos eventos en los que
haya sido perfeccionado, pero las labores excedan su alcance o plazo
convenido (…).
f) se predica la improcedencia de la compensación en todo caso en que
se evidencie que la conducta del demandante estuvo dirigida a
soslayar un imperativo legal.40.
10. En lo que respecta a la vía procesal para conocer los casos en los que se
alega la existencia de un enriquecimiento sin causa, la sentencia del 19 de
noviembre de 201241 indicó que, por regla general, deben tramitarse mediante el
medio de control de reparación directa. No obstante, ello no implica que todo caso
en el que se invoque dicha figura deba resolverse necesariamente por esa vía, pues,
como lo aclaró la reciente sentencia de unificación42, incluso en tales hipótesis, en
virtud del carácter subsidiario del enriquecimiento sin causa debe verificarse si el
desplazamiento patrimonial alegado encuentra sustento en alguna de las fuentes
investigar posibles conductas fraudulentas constitutivas de faltas disciplinarias, fiscales o incluso de ilícitos
penales. (…)
38 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [ Fundamento de derecho 67] «(…) Por un lado, la urgencia
debe ser entendida como la necesidad inmediata de continuar con la prestación del servicio; por otro, la
gravedad se refiere a valoración de las implicaciones que tendría suspender dicha prestación, aun en ausencia
de un contrato que respalde el desarrollo de la actividad. (…)»
39 Ib rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) «(…) Asimismo, debe escrutarse el grado de conexidad y
necesidad que la actividad haya tenido con ese negocio anterior, en aquellos eventos en los que haya sido
perfeccionado, pero las labores excedan su alcance o plazo convenido. (…). En relación al empleo y alcance
de los conceptos de conexidad y necesidad, el consejero ponente dejó sentada su posición en voto disidente
sobre la referida de decisión de unificación.
40 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [ Fundamento de derecho 59 y 66 ]
41 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [ Fundamento de derecho 13 y 14] allí se dijo: « (…)14.
Corolario de lo anterior es que todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de
enriquecimiento sin causa se rigen por los de la reparación directa porque esa pretensión se hace valer mediante
esta acción. Así las cosas, cuando se formulen demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en
ejercicio de la actio de in rem verso, el proceso tendrá doble instancia de acuerdo con lo establecido en los
artículos 132 y 134B del C.C.A., el procedimiento aplicable será el ordinario de conformidad con el 206 Ibidem
y la competencia en razón del territorio se regirá por la regla de la letra f del artículo 134D de ese
ordenamiento.(…)»
42 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [Fundamentos de derecho 30-45]
14
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de las obligaciones43. En caso afirmativo, el litigio deberá juzgarse conforme al
medio de control que corresponda.
Así, i) «(…) En los casos en los que la fuente del conflicto se deriva de un acuerdo
de voluntades debidamente perfeccionado, y particularmente del cumplimiento de
su objeto (…)»44 (subrayado por fuera del original) la pretensión deberá tramitarse,
a través del medio de control de controversias contractuales; ii) «(…) por el
contrario, lo que se alega tiene fuente en una actuación del Estado que corresponda
en la causación de un daño antijurídico (…)» (subrayado por fuera del original) será
procedente el medio de control de reparación directa, no como mecanismo
subsidiario dirigido a obtener una compensación o restitución45, sino como medio
para determinar si se configuró una obligación indemnizatoria del Estado, en virtud
de su responsabilidad extracontractual (art. 90C.P.)
11. La reciente decisión de unificación del 31 de julio de 2025 precisó que «dada
la subsidiariedad del enriquecimiento sin justa causa» la metodología que debe
seguirse para determinar la procedencia del medio de control pasa por verificar:
primero «(…) (i) que no exista un acuerdo de voluntades que fundamente la merma
patrimonial que se atribuye (responsabilidad contractual); y(…)» luego «(…) (ii) que
ese menoscabo no haya ocurrido en virtud de un hecho u omisión doloso o culposo
causante de un daño antijurídico (responsabilidad extracontractual) (…)» 46. Sin que
la indicación formal de un medio de control distinto al de reparación directa, impida
dar trámite al conocimiento de la pretensión, de reunirse los presupuestos
procesales respectivos47.
43 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [Fundamento de derecho 84]. Allí se precisó: (…)Ese
reconocimiento, además, está supeditado a que se reúnan los siguientes elementos: (i) la existencia de una
ventaja patrimonial en beneficio de la entidad demandada; (ii) un empobrecimiento correlativo sufrido por el
demandante, el cual pueda atribuirse al acrecimiento mencionado; (iii) la ausencia de causa jurídica en el
desequilibrio producido, en cuanto a que no haya sido generada por un hecho o un acto jurídico, como tampoco
por una disposición expresa de la ley; (iv) que el demandante carezca de cualquier otro mecanismo para
reclamar la compensación, lo que pone en evidencia su subsidiariedad; y (v) la compensación no procede
cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley. (…)
44 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [Fundamento de derecho 32]
45 Derivada del reconocimiento de un enriquecimiento sin causa.
46 Ib, rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [Fundamento de derecho 81]
47 Ib, rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [Fundamento de derecho 82]. Con la precisión que (…) En
estos requisitos, no se circunscribe que previamente se haya provocado una decisión por parte de la
administración contenida en un acto administrativo. (…)
15
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12. De igual forma la referida sentencia de unificación excluyó del ámbito
contractual algunas hipótesis en las que la ejecución de actividades, que
«aparentemente» se atribuían a un acuerdo de voluntades, pero no guardaban
vinculación con el objeto de la convención.48. En este sentido, se excluyó el caso en
el que, pese a haber mediado un contrato entre las partes, su objeto se agotaba en
el tiempo, y las actividades sin reconocimiento económico se ejecutaron cuando el
plazo de ejecución había fenecido49, solo admitiendo por fuera de este tiempo, las
prestaciones que faltaron por consumarse50.
13. De igual forma, comprendió «el constreñimiento», resulta un evento
susceptible de examinarse, como un evento de la responsabilidad extracontractual
del Estado, por ser un escenario de falla en el servicio 51, y no un enriquecimiento
sin causa – como lo había indicado el precedente de 2012. Lo que a su vez extendió
la posibilidad de enmarcar como reparación a los escenarios a una «(…) actuación
irregular del estado constitutiva de un daño antijurídico (…)52
48 [Fundamento de derecho 39]: in extenso se dijo:(…) Ahora bien, de manera transversal, la verificación de los
presupuestos procesales debe efectuarse en función de la relación entre el objeto contractual y la actividad cuyo
pago se solicita. De no existir ese vínculo, por no resultar necesario para su cumplimiento, la reclamación tendrá
fuente extracontractual y, por ende, las características del derecho de acción serán aquellas propias de la
reparación directa. Dicha valoración debe ser efectuada por el juzgador en aplicación del principio iura novit
curia, de forma que se dé prelación al acceso a la administración de justicia del demandante en función de la
causa petendi, y se garantice el derecho de defensa de la parte pasiva del litigio. (…)
49 Ib. rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [Fundamentos de derecho 37 y 38] «(…) A pesar de la
claridad de esta diferenciación, conviene distinguir ciertas hipótesis que, aunque aparentemente configuren
controversias de origen contractual, realmente corresponden a eventos de enriquecimiento sin justa causa o,
propiamente, de responsabilidad extracontractual (comoquiera que las particularidades del caso lo exigen). A
título de ejemplo, el solo hecho de que entre las partes contendientes se haya entablado una relación negocial
en el pasado (debidamente perfeccionada por escrito) no necesariamente determina que la controversia
suscitada tenga naturaleza contractual (…)
En sentido contrario, no toda pretensión de pago de una actividad cumplida por fuera del plazo convenido tiene
fuente extracontractual. Si pasada la fecha estipulada no se ha agotado el objeto del contrato, la pretensión de
pago de la prestación sigue teniendo fuente en ese acuerdo de voluntades y, por ende, no puede tramitarse
como un evento de enriquecimiento sin justa causa. (…)» El Consejero Ponente no comparte este criterio
jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están el voto disidente
formulado ante la Sentencia del 31 de julio de 2025, rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464).
50El Consejero Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los
argumentos de la inconformidad están el voto disidente formulado ante la Sentencia del 31 de julio de 2025,
rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464).Ib. En relación al fragmento de la sentencia donde se trata este
criterio ver [Fundamento de derecho 81] «(…) Si lo que se reclama tiene fuente y respaldo en actividades propias
del objeto de un acuerdo de voluntades, aunque se extienda en el tiempo, que se consumaron luego del periodo
de ejecución, corresponderá a un juicio de controversias contractuales.(…) Ante la inexistencia de un contrato
-como fuente de obligaciones- que les diese sustento a esas labores durante el mes de enero de 2012, la
solicitud de su remuneración no tiene fuente en ese acuerdo de voluntades, aun cuando se hubiese
perfeccionado uno con anterioridad(…)»El Consejero Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin
embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están el voto disidente formulado ante la
Sentencia del 31 de julio de 2025, rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464).
51 Ib[rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) Fundamentos de derecho 57 y 73-79]
52 Ib rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [ Fundamento de derecho 40]
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14. Por último, en ambas decisiones se precisó que los reconocimientos que
pueda hacer la jurisdicción de lo contencioso-administrativa en virtud del
enriquecimiento sin causa son esencialmente compensatorios, (…) y por
consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, solo tendrá derecho
al monto del enriquecimiento. (…)53
II. Apreciación de las circunstancias fácticas relacionadas con la prestación
de servicios educativos por parte de la Fundación Guajira Sin Fronteras.
15. En la presente controversia, de acuerdo con la certificación aportada por la
parte demandada en respuesta al Oficio N.º 2015PQR6668 del Tribunal
Contencioso Administrativo de La Guajira54, se acreditó que entre la Fundación
Guajira Sin Fronteras y el municipio de Maicao se celebraron los siguientes
acuerdos de voluntades, información que fue complementada con datos adicionales
obrantes en el expediente:
Contrato, objeto y tipología Cuantía, plazo de ejecución,
contractual valor y población atendida
Contrato de prestación de servicios Cuantía: 824.380.000
N° 341 del 10 de julio de 2009. millones de pesos M/cte;
Plazo: 5 meses; Población:
rural de 877 estudiantes
Contrato de transacción del 19 de ¨Cuantía 578.780.000
marzo de 2009 para precaver un Plazo 1 mes
eventual litigio que pueda surgir «(…) Población: 673 estudiantes
Por la prestación de servicios
educativos, por parte de la fundación
Guajira Sin fronteras en la básica
primaria y secundaria, media, para la
vigencia académica 2008 a población
estudiantil del municipio de Maicao
(…)» »
Contrato de Prestación de Servicios Cuantía: $ 592.1701000, oo.
N°184 del 18 de mayo de 2009, cuyo Plazo: 7 meses
objeto fue: «(…) La prestación de Población: 673 estudiantes -
servicios educativos en el municipio de 340 rural y 333 población
Maicao (…)» urbana-
53 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del
19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897)
[ Fundamento de derecho 12.3] y rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464) [ Fundamento de derecho 71].
54 SAMAI índice 0002 “expediente Digital” archivo 5ED_0220150001000CU, pp131-144.
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Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
Demandado: Municipio de Maicao
Proceso: Reparación Directa
Contrato de Prestación de servicios Cuantía: $724.640.000
N°100 55 suscrito el 28 de enero de millones m/cte.
2010, «(…) Prestación de servicios Plazo 5 meses.
Educativos en el municipio de Maicao a Forma de pago: 40% del valor
mil quinientos sesenta y ocho (1.568) del contrato al aprobarse la
estudiantes de la edad escolar, sin póliza y expedirse el registro
atender, pertenecientes a la población presupuestal; 30% del valor del
vulnerable distribuidos, así (…)». contrato, cumplidos 3 meses
de ejecución; y 30% al
cumplirse el contrato.
Contrato de Asociación y Apoyo a un Cuantía 44.000.000
programa de interés público N° 007 Plazo 3 meses.
del 20 de septiembre de 2010 «(…)
relacionado con la contratación de un
equipo interdisciplinario (…)»
Contrato de transacción del 14 de Cuantía: $ 471.016.000, oo.
diciembre de 2010 cuyo objeto fue (…) Plazo: 1 mes
Precaver extrajudicialmente el eventual
litigio que pueda surgir entre la
fundación guajira sin fronteras y el
municipio de Maicao por la prestación
de servicios educativos en básica
primaria, y secundaria, media, para la
vigencia académica 2010 a población
estudiantil del municipio de Maicao (…)
Contrato de transacción del 2 de Cuantía: $ 253.624.000, oo.
marzo de 2011, cuyo objeto fue «(…) Plazo: 1 mes
Precaver extrajudicialmente el eventual
litigio que pueda surgir entre la
fundación guajira sin fronteras y el
municipio de Maicao por la prestación
de servicios educativos en básica
primaria, y secundaria, media, para la
vigencia académica 2010 a población
estudiantil del municipio de Maicao(…)»
Contrato de transacción del 27 de Cuantía: $ 510.00.000, oo.
diciembre de 2011 cuyo objeto fue «(…) Plazo: 1 mes
Precaver extrajudicialmente el eventual
litigio que pueda surgir entre la
Fundación Guajira Sin Fronteras y el
municipio de Maicao por la prestación
de servicios educativos en básica
primaria, y secundaria, media, para la
vigencia académica 2010 a población
estudiantil del municipio de Maicao
(…)»
55 Este contrato no apareció mencionado en la referida certificación, pero se allegó con la demanda SAMAI
Indice 0002 “Expediente Digital “, Carpeta: Recurso de apelación, archivo 7 ED_022015000010000CU pp. 179-
185 o C. Anexos Demanda No. 2 ff. 377-383.
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16. En relación con los eventos ocurridos en el año 2012, los principales medios de
prueba provienen del expediente de tutela N.º 44430-40-89-02-2012-00212-00 y del
incidente de desacato promovido en dicho proceso, conocido por el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Maicao y el Juzgado Segundo Promiscuo del
Circuito de Maicao. Estas actuaciones serán valoradas por la Sala como prueba
trasladada56, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del CGP57, toda vez que
fueron incorporadas al expediente en la audiencia de pruebas celebrada el 27 de
noviembre de 2015.558.
17. Precisado lo anterior, y con base en los documentos contenidos en las piezas
probatorias mencionadas, la Sala tiene por acreditado que la acción de tutela fue
promovida por los padres de familia de los menores que cursaban estudios en el
colegio Fronterizo de Maicao, el jardín infantil En el Recreo y la Fundación Guajira
Sin Fronteras, contra la Secretaría de Educación Municipal de Maicao. En dicho
proceso se profirieron las sentencias del 6 de agosto59 y del 10 de septiembre de
201260 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal y Juez Segundo Promiscuo del
Circuito de Maicao, que concedieron la protección al derecho de la educación de los
menores y en consecuencia ordenaron:
«(…) a la secretaria de Educación municipal de Maicao garantizarles la permanencia
en los Colegios Instituto Fronterizo de Maicao, Jardín Infantil el Recreo, Fundación
Guajiras Sin Fronteras y ADVERTIRLE que la situación particular de los niños
tutelantes solo podrá ser modificada, antes de la iniciación del calendario académico,
y sin vulnerar los principios de progresividad, buena fe confianza legítima, respecto
del acto propio, y derecho al debido proceso (…)»
18. Los jueces de tutela señalaron que la Secretaría de Educación de Maicao
incurrió en omisiones que vulneraron el derecho a la educación, así como los
56 Sobre al valor de las pruebas trasladadas de un proceso judicial ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 11 de diciembre de 2013, CP Danilo
Rojas Betancourth, rad: 4100123310001994-07654-01(20601).
57 «(…) Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso
de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso
contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a
las pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas
corresponderán al juez ante quien se aduzcan. (…)»
58 SAMAI índice 0002 “expediente Digital” archivo 5ED_0220150001000CU, pp136-142.
59 SAMAI índice 0002 “Expediente Digital” archivo 3ED_000220150001000AC pp335-373.
60 SAMAI Índice 0002 “Expediente Digital” archivo 4ED_000220150001000AC, pp. 76-90. Allí se lee en la parte
resolutiva: (…) Confirmar, en su Integridad el fallo impugnado (…)
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principios de buena fe y confianza legítima de las familias de los menores que
cursaban estudios en los planteles educativos de la Fundación Guajira Sin
Fronteras. Esto, debido a que sus actuaciones amenazaban con suspender la
continuidad de los estudios durante el ciclo académico de 2012, sin un motivo
razonable que lo justificara. En efecto, en dichas decisiones judiciales, los jueces
consideraron que la disponibilidad de cupos en planteles oficiales del ente territorial
no fue comunicada oportunamente a los menores ni a los establecimientos
educativos privados, sino hasta avanzado el año escolar 201261; circunstancia que,
a su juicio, constituyó una infracción a los tiempos de antelación previstos en la
Directiva Ministerial 24 de 2009, la cual establecía que la planeación contractual
debía realizarse con anterioridad al inicio del calendario académico.
19. Pese a que en la primera instancia se allegó constancia de la Secretaría de
Educación del municipio de Maicao por la cual la alcaldía municipal expuso que no
autorizó a la Fundación Guajira Sin Fronteras para atender estudiantes ni la misma
reportó la matrícula de estudiantes, a través del SIMAT62, dicha intervención tuvo
lugar cuando el ciclo escolar ya había iniciado.
Al respecto, no se acreditó que antes del 23 de marzo de 201263 la administración
del ente territorial haya informado a la Fundación Guajira Sin Fronteras, que no tenía
61 Se lee en la decisión de primera instancia:(…) Tampoco es admisible el argumento expresado por el secretario
de Educación (e) que se les diga a los menores avanzado casi la mitad del periodo académico, que hay planteles
educativos disponibles para que se matriculen y cercenarle de contera la culminación del periodo académico
que discurre. En este orden, la instancia concluye que el derecho a educación y aun desarrollo armónico e
integral de los estudiantes menores de los Colegios Instituto Fronterizo E.U, y Jardín el Recreo de la
FUNDACIÓN SIN FROINTERAS, ha sido vulnerado por el Secretario de Educación Municipal quienes adujeron
razones que no son válidas para negarle la permanencia de los menores en el sistema de educación formal,
según se ha dejado expuesto, por cuanto, el año escolar correspondiente a 2012 ya ha transcurrido en más de
la mitad, sería absurdo pensar en ordenar que los menores sean matriculados para comenzar de cero en otros
planteles educativos para los cursos: pues no estaría en las condiciones académicas para recuperar en seis
meses lo que se debe aprender en un año (…);por su parte, en la segunda instancia se consideró: (…)
Observado que las razones aducidas por el Secretario de Educación Municipal no de justifican (sic) desde
ningún punto de vista constitucional y legal , la negativa de la permanencia de los menores en el sistema de
educación formal , teniendo en cuenta el tiempo en que va el año académico causaría desequilibrio y caos en
su cotidiana jornada escolar a los niños del INSTITUTO FRONTERIZO DE MAICAO, JARDIN INFANTIL EL
RECREO , por intermedio de la FUNDACIÓN GUAJIRA SIN FRONTERAS de Maicao, por lo que se confirmará
el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Segundo Municipal de esta ciudad, donde se concede el
amparo de los derecho de los niños a permanecer en la institución educativa en la cual venían estudiando, hasta
que la Secretaría de Educación pueda modificar la situación particular de los niños ; sin vulnerar los principios
de buena fe, confianza legítima y respecto del acto propio aplicando el principio de progresividad y respetando
el derecho al debido proceso, lo cual incluye también respetar los tiempo de antelación establecidos en la
Directiva Ministerial 24 de 2009, según la cual la planeación contractual debe ser previa a la iniciación del
calendario académico (…)
62 Sistema Integrado de Matrícula.
63 Índice 0002 SAMAI “Expediente Digital”: Carpeta: Apelación Sentencia, Archivo: 5ED_00220150001000CU,
p.73.
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la intención suscribir un nuevo contrato de prestación de servicios educativos con la
demandante. Por el contrario, en dicho oficio el ente territorial reconoció que a la
fecha (…) aún no ha iniciado el proceso de actualización del banco de oferentes
(…): Asimismo, el ente territorial advirtió a la fundación que los estudiantes que se
encontraban en la institución debían (...)ser matriculados en las instituciones
educativas oficiales del municipio hasta tanto no se realice el proceso de
contratación (…).
Para la Sala tampoco puede tenerse como una comunicación válida la emisión de
mensajes publicitarios, emitidos en la cadena radial Olímpica Estéreo -entre 2 y 20
de enero de 2012-, pues según certificación suscrita por el gerente de la estación
«Olímpica Stereo Maicao»64 pues esta se dirigió, en general a los padres de familia
para que matricularan a los menores en colegios oficiales en el ente territorial, pero
no estuvo dirigida específicamente a la fundación demandante.
20. Más adelante, debido a la reticencia del ente territorial a dar cumplimiento22 a
las decisiones de los jueces de tutela, los accionantes promovieron incidente de
desacato, que dio lugar a la decisión del 19 diciembre de 2012, del Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Maicao65 por la cual sancionó al Secretario de
Educación Municipal de Maicao – el señor Olver Gregorio Choles Magdaniel-. La
anterior decisión fue confirmada, en consulta por el Juzgado Segundo Promiscuo
del Circuito de Maicao, el 21 de febrero de 201366.
Para sustentar la sanción sobre el secretario de educación municipal de Maicao, los
jueces argumentaron que este no otorgó una explicación plausible, objetiva y
atendible para separarse del cumplimiento de los fallos de tutela. Ello al valorarse
que lejos de formalizar la situación jurídica de los planteles donde cursaban los
estudiantes de la Fundación Guajira Sin Fronteras, la entidad demandada se limitó
a ofrecerles a los padres de familia trasladar a sus hijos a planteles oficiales, lo que
estimaron constituyó una contravención del fallo de tutela, al tratar de eludir el
64 Índice 0002 SAMAI “Expediente Digital”: Carpeta: Apelación Sentencia, Archivo: 5ED_00220150001000CU,
p.75.
65 Índice 0002 SAMAI “Expediente Digital”: Carpeta: Apelación Sentencia, Archivo: 9ED_00220150001000CU,
pp.239-274.
66 Índice 0002 SAMAI “Expediente Digital”: Carpeta: Apelación Sentencia, Archivo: 9ED_00220150001000CU,
pp.265-271.
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cumplimiento de lo allí decidido. De igual forma, se consideró por los jueces de tutela
que el sancionado desconoció la población estudiantil afectada, cuya existencia se
acreditó en la diligencia de inspección judicial a los establecimientos educativos y
con las declaraciones de docentes que advirtieron que resultó imposible acceder al
SIMAT, porque este fue bloqueado.
En el referido incidente, obra Oficio del 16 de octubre de 2012 la Secretaría de
Educación municipal, dirigido a los representantes legales de la Fundación Guajira
Sin Fronteras, el Instituto Fronterizo de Maicao y el Jardín Infantil el Recreo, en el
cual indicó las actividades que venía realizando para dar cumplimiento a los fallos
de tutela y expuso:
«(…) Se confrontó la información por estudiante relacionado en el cuerpo de la tutela
con relación a los estudiantes objeto de subsidios en la Fundación y sus instituciones
anexas en el año 2011, encontrando que de 510 niños subsidiados el año anterior
solo 26 continuaron en el presente año, lo que conlleva a realizar un llamado a los
padres de familia de estos niños con el objetivo de garantizarles el derecho a la
educación, tal como menciona el fallo de tutela. (…)»
21. No obstante, contrastado el anterior documento con los informes de auditoria y
las actas de la inspección judicial practicada en el curso del incidente de desacato,
la Sala aprecia que la afirmación vertida en el Oficio del 16 de octubre no encuentra
respaldo en otros medios de prueba.
En efecto, en los informes de auditoría practicados entre 20 y 21 de septiembre de
2012 realizados por la propia Secretaría de Educación municipal de Maicao, en el
Instituto Fronterizo de Maicao67, Fundación Guajira en Marcha68, Escuela jardín el
Recreo69, obrantes en el incidente de desacato, se destaca que en varios de los
establecimientos educativos, pertenecientes a la Fundación Guajira Sin Fronteras,
efectivamente cursaron estudios varios estudiantes, que se reputaban del presunto
contrato de prestación de servicios educativos entre la Fundación Guajira Sin
Fronteras y ente territorial.
67Índice 0002 SAMAI “Expediente Digital”: Carpeta: Apelación Sentencia, Archivo: 9ED_00220150001000CU,
pp.36- 37. Anexos de la demanda No. 4 Ff35-36
68 Índice 0002 SAMAI “Expediente Digital”: Carpeta: Apelación Sentencia, Archivo: 9ED_00220150001000CU,
pp. 30-31. Anexos de la demanda No. 4 Ff. 29-30
69Índice 0002 SAMAI “Expediente Digital”: Carpeta: Apelación Sentencia, Archivo: 9ED_00220150001000CU,
pp.28-29. Anexos de la demanda No. 4 F f35-36 Ff. 25-28
22
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Al respecto, los referidos informes indicaron que en la Fundación Guajira en Marcha
cursaban estudios 66 niños, de los cuales 21 aducen que son de Wadalupana; en
la Escuela Jardín Infantil en la Escuela Jardín Infantil El Recreo cursaban estudios
82 niños, de los cuales 70 (…) son atendidos aduciendo matrícula contratada (…);
por último, Instituto Fronterizo de Maicao la auditoria dio cuenta de 268 niños, de
los cuales 253 son atendidos aduciendo la matrícula contratada. Resaltando que,
no se indicó en las referidas actuaciones, la motivación para extender la auditoria a
estudiantes de la fundación “Guajira en Marcha” o su relación con la demandante.
En lo que toca la inspección judicial llevada a cabo por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal, del 22 de noviembre 2012 en las instalaciones del Jardín el
Recreo se registró que había presentes 52 niños70; en el Instituto Fronterizo de
Maicao, la señora Dalis Leonor Frías dio cuentan de 300 niños en la institución, la
cual fue corroborada en la inspección al atenderse el llamado a lista de los
mismos71; en la Comunidad Wuadalupana, la docente Odilfa Bolívar Sala dio cuenta
que existían 22 estudiantes, de los cuales 6 no asistieron aquel día; en la comunidad
Morala72, la docente Sandra Flórez Valbuena da cuenta de la existencia de 22
estudiantes, de los cuales 10 no asistieron73.
70Índice 0002 SAMAI “Expediente Digital”: Carpeta: Apelación Sentencia, Archivo: 9ED_00220150001000CU,
pp. 90-92. Anexos de la demanda No. 4 Ff. 89-92 En el acta de la inspección judicial se lee: «(…) En este
estado de la diligencia se hacen presentes delegados de la Secretaria de Educación Municipal de Maicao y el
dr. Alcides Acuña, asesor de la Alcaldía de esta ciudad con el fin de hacer parte de la presente diligencia de
Inspección Judicial y se pudo constatar que en el grado preescolar había 11 niños, en el cursi 2do había 19
niños y en 3ro había 22 niños (…)
71 Ibidem. En el acta de la inspección judicial se lee: «(..) Seguidamente nos trasladamos al Instituto Fronterizo
de Maicao EU, ubicado en la Carrera de esta ciudad y donde fuimos atendidos por la señora DALIS LEONOR
DIAZ FRIAS identificada con C.C. No. 26.984.069, quien enterada del motivo de la diligencia nos permitió la
entrada a la institución y al preguntársele sobre la población estudiantil, manifestó que en la actualidad existen
300 niños a los cuales se les brinda educación, transporte merienda, que estos niños vienen en el Instituto
desde el año 2005 y siempre se han mantenido. (…) seguidamente se procedió a verificar la existencia de los
estudiantes llamando a lista uno por uno en cada salón. En este estado de la diligencia se ordena suspender la
diligencia y reanudarla a 1 hora de las 2:00 de la parte para seguir con la inspección de la zona rural (…)»
72 Ibidem pp. 94-95 y ff. 93-94. En el acta de la inspección judicial se lee: «(…) Al llegar al sitio de la diligencia
fuimos atendidos por la señora ODILFA BOLÍVAR SALAS «(…) en calidad de Docente quien enterada del
motivo de la diligencia nos permitió la entrada al aula de clases donde manifestó la docente que la población
estudiantil es de 2 estudiantes, se verificó la existencia de 16 alumnos que no asistieron a las clases y ausentes
6 estudiantes que no asistieron a clases el día de hoy (…)»
73 Ibidem En el acta de la inspección judicial se lee: «(…) Seguidamente nos trasladamos hasta la Comunidad
Morala donde fuimos atendido por la docente, señora SANDRA FLOREZ VALBUENA identificada con (…) quien
enterada del motivo de la diligencia nos condujo hasta el aula de clases donde se constató que reciben
educación 22 niños en total, pero el día de hoy no asistieron a clases 10 estudiantes (…)»
23
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22. En virtud de los anteriores medios de prueba, a juicio de la Sala, no existe la
plena convicción del número de estudiantes atendidos por la Fundación Guajira Sin
Fronteras; o sobre cuáles de estos venían cursando estudios en la institución de
educación superior, con anterioridad al ciclo educativo 2012. Esto, al evidenciarse
diferencias entre las cifras obtenidas de la auditoria (253), el listado de los menores
que se registraron como accionantes en la tutela (383) y la inspección judicial (396);
y al hecho que no existe en el plenario copia de Contrato de Prestación de Servicios
Educativos No. 151 del 17 de junio de 2011 – solo fue objeto de mención74 por las
partes y el juez de tutela-, ni de sus anexos, con lo cual no resulta posible establecer
si estudiantes que cursaron en la demandante el ciclo educativo 2012, fueron los
mismos cursaron estudios durante el año 2011.
III. La calificación jurídica de los hechos: Identificación del medio de control
procedente.
A. La identificación de un desplazamiento patrimonial.
23. Apreciados los anteriores hechos la Sala precisa que, en lo que se refiere al
contenido y naturaleza del contrato de prestación de servicios de educación, este
se contempló en la Ley 1294 de 200975 – que modificó el artículo 30 de la Ley 1176
de 2007-, como una posibilidad para suplir la demanda de servicios de educación
«(…) donde se demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas
del Sistema Educativo Oficial (…)», y condicionado a que la entidad territorial
74 Ver sentencia de tutela de primera instancia. Ver SAMAI, índice 0002. «expediente digital» archivo
3ED_00220150001000AC P. 345 o folio 341C.Anexo 1. Se menciona como documento adjunto en la acción de
tutela p. 25 ibidem o folio 24.
75«(…) Artículo 1°. El artículo 30 de la Ley 1176 de 2007 quedará así: Prestación del Servicio Educativo: Los
Departamentos, Distritos y Municipios certificados, prestarán el servicio público de la educación a través del
Sistema Educativo Oficial. Solamente en donde se demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones
educativas del Sistema Educativo Oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades
sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares cuando no sean suficientes las anteriores, que
cuenten con una reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura
en los servicios educativos estatales. El valor de la prestación del servicio financiado con recursos del sistema
general de participaciones no puede ser superior a la asignación por estudiante, definido por la Nación. Cuando
el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones
señaladas en la presente ley.
Cuando con cargo a recursos propios la prestación del servicio sea contratada con entidades no estatales, la
entidad territorial deberá garantizar la atención de al menos el ciclo completo de estudiantes de educación
básica.
La Educación Misional Contratada y otras modalidades de educación que venían financiándose con recursos
del Situado Fiscal, y las participaciones de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación se podrán
continuar financiando con los recursos del Sistema General de Participaciones. (…)»
24
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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garantice «(…) la atención de al menos el ciclo completo de estudiantes de
educación básica (…)» - en concordancia con el art. 13 D.2355 de 200976-. De igual
forma, en lo que se refiere a la Selección del contratista, el Decreto 2355 de 2009,
que reguló el contrato de prestación de servicios educativos (art. 12 ejusdem77)
estableció que el contratista deberá ser seleccionado de un banco de oferentes (art.
15 D.2355 de 2009), siguiendo el proceso de contratación directa (art.3 D. 2355 de
200978 en concordancia con el numeral h) del numeral 4 2 L. 1150 de 2007).
En este sentido, la Sala considera acreditado el correlativo enriquecimiento del
municipio de Maicao y el empobrecimiento de la parte demandante, como
consecuencia de la prestación del servicio educativo. Ello, en tanto la población
estudiantil beneficiada por dicho servicio, brindado por la Fundación Guajira Sin
Fronteras, no contaba con disponibilidad de cupos en los planteles oficiales del
municipio, o estos no fueron informados oportunamente a los estudiantes y sus
familias.
24. Si bien, durante el trámite de la acción de tutela, el municipio de Maicao alegó
que existían cupos disponibles para acoger a los estudiantes en instituciones
oficiales, entre los elementos de juicio aportados no consta certificación que
respalde dicha afirmación, ni se evidencian otros medios probatorios que permitan
concluir que efectivamente existían esos cupos o que fueron informados
oportunamente a los padres de los menores inscritos en la Fundación Guajira Sin
76 Artículo 13. Continuidad en la prestación del servicio y continuidad del contratista. A los estudiantes
beneficiarios del servicio contratado se les deberá garantizar la continuidad del servicio educativo, sin que ello
implique que el contratista adquiere derecho alguno a continuar el contrato más allá de su vigencia inicial. En
consecuencia, sólo se podrá recurrir, en cada vigencia, a la modalidad de contratación de la prestación del
servicio educativo, cuando no se pueda ofrecer disponibilidad de cupo en un establecimiento educativo oficial a
los estudiantes que en la vigencia anterior eran beneficiarios del servicio contratado.
La entidad territorial certificada conservará la facultad, en todo caso, de no prorrogar ni suscribir un nuevo
contrato, así como la de terminar uno existente, de acuerdo con las normas vigentes.
77 Artículo 12. Contratación de la prestación del servicio público educativo. En esta modalidad, la entidad
territorial certificada contrata la prestación del servicio público educativo por un año lectivo para determinado
número de alumnos.
La contratación de la prestación del servicio podrá efectuarse con contratistas que sean propietarios de los
establecimientos educativos en los que se presta el servicio o con contratistas que, sin ser propietarios de los
establecimientos educativos, cuentan con un PEI o PEC aprobado por la respectiva secretaría de educación.
78 D.2355 de 2009Artículo 3°. Prestación del servicio educativo. La modalidad de selección para los contratos
de prestación de servicios profesionales a que se refiere el literal b) del artículo 4° del presente decreto, se
realizará de conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007
y en el Capítulo III de este decreto. Artículo 4°. Modalidades de los contratos. Conforme a lo previsto en el
artículo 1° de este decreto, con el fin de hacer más eficientes los recursos disponibles y satisfacer las distintas
necesidades del servicio educativo, las entidades territoriales certificadas podrán celebrar contratos en las
siguientes modalidades(…) b) Contratación de la prestación del servicio educativo
25
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Fronteras, ni a esta, antes del inicio del ciclo escolar 2012, conforme a lo dispuesto
en el artículo 167 del CGP79.
Por el contrario, a partir de la inspección judicial practicada en el proceso de tutela
y de las auditorías adelantadas por el propio municipio de Maicao, se acreditó que
la Fundación Guajira Sin Fronteras prestó el servicio educativo a población menor
perteneciente al ente territorial, en sus propios establecimientos educativos. Lo
anterior permite concluir que se produjo un desplazamiento patrimonial. En
consecuencia, conforme a los lineamientos establecidos en el precedente unificado
de esta Corporación, corresponde determinar si dicho desplazamiento puede
atribuirse a alguna de las fuentes de las obligaciones previstas en el artículo 1494
del Código Civil.
B. Análisis sobre la atribución del desplazamiento patrimonial a alguna de las
fuentes de las obligaciones – medio de control procedente-.
25. Previsto lo anterior, en segundo lugar, deberá establecerse el medio de control
procedente para conocer las pretensiones expresadas en la demanda, para lo cual
se deberá consultar si las actividades adelantadas por la Fundación Guajira sin
Fronteras pueden reputarse del Contrato de Prestación de Servicios Educativos No.
151 del 17 de junio de 2011. Como se explicó antes, pese a que las partes y los
jueces de tutela hacen referencia a dicha convención, la misma no se aportó en el
plenario80.
26. No obstante lo anterior, se aprecia que el objeto del contrato mencionado, según
lo identificado en la decisión de unificación (ver ut supra, numeral 11), corresponde
a aquellos cuya finalidad se agota en el tiempo. Esta conclusión se deduce del
contenido del artículo 13 del Decreto 2355 de 2009, el cual reglamenta la
contratación del servicio público educativo y establece lo siguiente:
(…) Artículo 13. Continuidad en la prestación del servicio y continuidad del
contratista. A los estudiantes beneficiarios del servicio contratado se les deberá
79 (…) ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)
80 Ver sentencia de tutela de primera instancia. Ver SAMAI, índice 0002. «expediente digital» archivo
3ED_00220150001000AC P. 345 o folio 341C.Anexo 1. Se menciona como documento adjunto en la acción de
tutela p. 25 ibidem o folio 24.
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garantizar la continuidad del servicio educativo, sin que ello implique que el contratista
adquiere derecho alguno a continuar el contrato más allá de su vigencia inicial. En
consecuencia, sólo se podrá recurrir, en cada vigencia, a la modalidad de contratación
de la prestación del servicio educativo, cuando no se pueda ofrecer disponibilidad de
cupo en un establecimiento educativo oficial a los estudiantes que en la vigencia
anterior eran beneficiarios del servicio contratado.
La entidad territorial certificada conservará la facultad, en todo caso, de no prorrogar ni
suscribir un nuevo contrato, así como la de terminar uno existente, de acuerdo con las
normas vigentes. (…)
27. En ese sentido, se advierte que, por la naturaleza del contrato, su ejecución
estaba limitada al ciclo escolar para el cual fue acordado, (…) sin que ello implique
que el contratista adquiere derecho alguno a continuar el contrato más allá de su
vigencia inicial (…). Por lo tanto, la actividad desarrollada por la entidad
demandante, al referirse a un periodo escolar distinto al originalmente contratado,
no puede vincularse al Contrato de Prestación de Servicios Educativos N.º 151 del
17 de junio de 2011, dado que su objeto se agotaba en el tiempo (ver numeral 1181).
En consecuencia, no resulta procedente examinar las reclamaciones de la
demandante bajo el medio de control de controversias contractuales.
28. En lo que respecta a la identificación de una posible falla en la prestación del
servicio que permita considerar el desplazamiento patrimonial como producto de un
hecho dañoso indemnizable, con fundamento en la responsabilidad extracontractual
del Estado, esta subsección no advierte ninguna circunstancia que pueda ser
jurídicamente calificada en ese sentido. Si bien la gestión contractual del ente
territorial resulta reprochable, al evidenciarse que, año tras año, se desconoció el
principio de planeación82 en relación con las obligaciones asociadas a la formación
de contratos de prestación de servicios educativos, ello no configura una falla del
servicio que dé lugar a responsabilidad extracontractual.
81 El Consejero Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los
argumentos de la inconformidad están el voto disidente formulado ante la Sentencia del 31 de julio de 2025,
rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464).
82
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP: Olga Mélida
Valle De De La Hoz, Sentencia Del 31 De Enero De2011, Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-
01(17767) [ Fundamento jurídico 2]: Sobre el principio de planeación allí se expresó: «(…)El principio de
economía pretende que la actividad contractual "no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que
obedezca a una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad" 13. Al efecto, la
administración está en la obligación de verificar la disponibilidad presupuestal requerida para amparar los
compromisos que surgen de la relación contractual, además de contar con los estudios de viabilidad y pliegos
de condiciones.
27
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
Demandado: Municipio de Maicao
Proceso: Reparación Directa
En efecto, la falta de diligencia en la gestión contractual por parte del ente territorial
—quien no demostró haber conformado el banco de oferentes (art. 15 del Decreto
2355 de 2009; ver numeral 25), ni realizó o divulgó el estudio que demostrara la
suficiencia de cupos en los establecimientos oficiales (art. 8 del mismo decreto), con
anterioridad al ciclo escolar 2012— constituye una circunstancia que, si bien es
reprochable, no da lugar al reconocimiento de condenas restitutorias o
indemnizatorias en favor de la demandante. Así lo precisó expresamente el
antecedente de unificación de esta Corporación del pasado 31 de julio de 2025; no
obstante, el mismo le impone al juzgador poner en conocimiento de las autoridades
competentes tales omisiones para su eventual investigación:
«(…)
68. Por esta misma razón, tanto la entidad pública beneficiada como el sujeto
ejecutor deben tener en cuenta que la excepcionalidad a la que aquí se hace
referencia no puede ser empleada como excusa para el desconocimiento de las
normas que rigen la solemnidad de los contratos y su celebración bajo los requisitos
planteados en el EGCAP, ni puede ser invocada para hacer ver que el mismo existe
aún a pesar de no elevarse a escrito. De igual forma, este instituto tampoco puede
ser empleado como un vehículo para subsanar la indebida gestión contractual de la
entidad pública, cuando debiendo advertir la necesidad de modificar un contrato o
celebrar uno, deja de hacerlo contando con tal posibilidad. La consecuencia de esta
vulneración, sin la justificación debida, no solo se reduce a la denegatoria de
cualquier pretensión patrimonial derivada de ella, sino que se extiende al
imperativo de investigar posibles conductas fraudulentas constitutivas de faltas
disciplinarias, fiscales o incluso de ilícitos penales. Esta circunstancia también debe
ser tenida en cuenta en sede judicial, y conlleva a que el juzgador, en caso de
advertir la posible comisión de alguna de tales irregularidades, debe compulsar y
remitir copias a las autoridades (…)» (negrilla y subrayado por fuera del original).
29. Por otro lado, las decisiones adoptadas por los jueces de tutela no pueden
calificarse como actos de constreñimiento83 en los términos de la sentencia de
unificación de 2012, dado que no constituyen actuaciones de la entidad demandada
y fueron emitidas cuando buena parte del año escolar ya había transcurrido. Aunque
83 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo , Sección Tercera Subsección A , CP: José
Roberto Sáchica Méndez, Sentencia, seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Rad: 76001-23-33-000-
2014-00465-01 (68.939) [ Fundamento de derecho 48-50] (…) Tampoco puede inferirse que las instituciones
demandadas se vieron constreñidas a prestar el servicio educativo con ocasión del mentado fallo de tutela, en
tanto que el mismo se profirió 9 meses después de haber iniciado el año lectivo de 2013. (…) 50. A partir de la
lectura del fallo se observa que el juez constitucional no impartió una orden concreta a cargo de las
demandantes dirigida a conminarlas de manera directa a la prestación del servicio educativo. Tampoco, en
función del amparo concedido, el juez exhortó a la Secretaría de Educación a impartir una orden en tal sentido
en contra de las demandantes, de allí que desde el contenido de esa decisión no se pueden convalidar los
presupuestos del enriquecimiento invocado (…).
28
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
Demandado: Municipio de Maicao
Proceso: Reparación Directa
se impartió una orden expresa al municipio para regularizar la prestación del servicio
por parte de la Fundación Guajira Sin Fronteras (ver numerales 16,17 y 20) dicha
orden se fundamentó en la conclusión de que el traslado de los menores a otra
institución educativa suponía una amenaza a sus derechos fundamentales, una vez
iniciado el ciclo escolar. Cabe señalar que, lejos de imponer la realización de
actividades sin respaldo contractual, el ente territorial manifestó desde el 23 de
marzo de 2012 su oposición a que la Fundación prestara el servicio educativo. Por
lo tanto, la Sala no identifica una conducta que pueda ser jurídicamente calificada
como constreñimiento.
En consecuencia, ante la falta de asociación del desplazamiento patrimonial
ocurrido entre la Fundación demandante y el ente territorial demandado con alguna
de las fuentes de las obligaciones, el presente asunto debe ser conocido conforme
a los lineamientos del enriquecimiento sin causa. Así, siguiendo el antecedente
unificado de esta Corporación84, el medio de control de reparación directa —artículo
140 del CPACA— constituye la vía procesal adecuada para conocer las
pretensiones formuladas en la demanda.
En lo que respecta a la legitimación en la causa, se constata que el correlativo
empobrecimiento y enriquecimiento acreditado se produjo entre las partes que
acudieron al proceso judicial. En consecuencia, tanto la parte demandante como la
parte demandada cuentan con legitimación en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente.
30. En lo que respecta a la presentación oportuna de la demanda, el antecedente
de unificación de esta Corporación señala que la pretensión propia del
enriquecimiento sin causa, al tramitarse mediante el medio de control de reparación
directa85, se encuentra regulada por el artículo 164.2.i del CPACA. , que al respecto
84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 19 de
noviembre de 2012, rad: 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) [ Fundamento jurídico 11.1]. Allí se precisó:
(…) Pues bien, si se tiene en cuenta que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y
que la autonomía de la actio de in rem verso se relaciona con la causa del enriquecimiento y no con la vía
procesal adecuada para enrutarla, fácilmente se concluye que en materia de lo contencioso administrativo a la
pretensión de enriquecimiento sin causa le corresponde la vía de la acción de reparación directa.(…)
85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 19 de
noviembre de 2012, rad: 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) [ Fundamento jurídico 11.114. Corolario de
lo anterior es que todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de
29
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
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precisó que dicho plazo se extiende por «(…) dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, (…) o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)».
Ahora bien, en el presente caso se discute la fecha desde la cual debe computarse
la caducidad del medio de control, dado que la decisión de primera instancia
concluyó que esta había operado respecto de la prestación del servicio educativo
entre los meses de febrero y octubre de 2012. Tal conclusión se sustentó en un
precedente de esta Corporación, en el cual se consideró que el enriquecimiento
derivado de la prestación de servicios educativos «(…) se produjo de manera
paulatina, pero autónoma a medida que el servicio se fue dispensando mes a mes
(…)»86, en la medida que el pago se debía registrar de dicha forma.
Precisado lo anterior, a juicio de esta Sala de decisión, la pretensión de
enriquecimiento sin causa reviste un carácter particular, al estar circunscrita a la
existencia de un desplazamiento patrimonial sin justificación jurídica. En ese
sentido, las circunstancias en las que una persona puede constatar su
empobrecimiento, sin poder atribuirlo a una causa legal, varían en cada caso
concreto.
A título de ilustración, en el antecedente que invocó el a quo, el fraccionamiento del
cómputo de caducidad obedeció a que el pago del contrato de prestación de
servicios que antecedió la prestación de servicio fue a mes vencido. No obstante,
en el caso de la demandante la forma de pago en el último contrato de prestación
de servicios educativos celebrado por la actora- que se tiene en el expediente87,
resultó fraccionada al momento de celebración, en medio de la ejecución y su
liquidación88. De igual forma, se observa que en el presente caso, tanto la fundación
enriquecimiento sin causa se rigen por los de la reparación directa porque esa pretensión se hace valer mediante
esta acción.
86
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: María
Adriana Marín, Sentencia del 27 de agosto De 2021, rad: 76001-23-31-000-2010-00324-01 (54946).
87 Índice 002 “Expediente digital Carpeta Apelación Sentencia, Archivo: “5d_000220150001000CU” pp. 179-
185. Contrato de prestación de servicios educativo No. 100 del 28 de enero de 2010.
88 En relación a la forma de remuneración o pago, el referido contrato preceptuó lo siguiente: (…)SEXTA FORMA
DE PAGO El valor de que trata la cláusula anterior será cancelado a LA FUNDACIÓN, de la siguiente manera:
Un primer giro a manera de anticipo, equivale al 40 del total del contrato, es decir, la suma de DOSACIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($289.856.000) M/CTE,
30
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
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Proceso: Reparación Directa
demandante y el ente territorial, desarrollaron una práctica contractual irregular
(numeral 14), en la cual año a año, la fundación demandante adelantaba la
ejecución anticipada del contrato de prestación educativa, la cual era regularizada
a través de un contrato transcurridos varios días o meses de haberse iniciado el
ciclo escolar.
31. Dado este contexto, a juicio de la Sala, la caducidad debe apreciarse desde
que resultaba evidente para el demandante que el negotium contractual, es
inexistente, por no reproducirse en el instrumento jurídico para su materialización
y prueba, donde se declara o manifiesta la voluntad es decir: el contrato.
32. La anterior premisa hace la distinción entre el concepto de negotium, el cual
describe, la sustancia de los compromisos jurídicos asumidos por los contratantes,
encaminados a un objetivo común que trasciende de sus motivaciones individuales;
y el contrato, como forma o el instrumento jurídico destinado para perennizar dichos
compromisos89. De ahí que en nuestro ordenamiento jurídico se distinga entre la
los cuales serán girados con la aprobación de la póliza y la expedición del registro presupuestal; Un segundo
giro equivalente al 30% del valor total del contrato(…) al finalizar el contrato, previa certificación a satisfacción
del servicio por parte del interventor quien ejercerá la supervisión del contrato (…)
89 Al respecto ver: Douteaud S.(2022) La Stabilisation des Contrats Par Le Juge de la Validité, Tesis Doctoral,
Univesidad de Pau et de Pays de l’Audour, LGDJ Bibliothèque de Droit Public Tome 327, Paris – France, p.6
En sus palabras textuales, expuso al referirse a la estabilización contractual: Se trata, en efecto, de perpetuar
la operación concertada por las partes. El contrato es un instrumento que contiene las obligaciones recíprocas
a las que está obligada cada parte contratante. Estos compromisos jurídicos vinculantes apuntan a la
consecución de un objetivo común, que trasciende las motivaciones individuales de cada una de las partes.
Aquí es donde radica el “negotium” del contrato. El fenómeno estabilizador (…). -Traducción propia del original
: «(…) Il s’agit en effet de pérenisser l’opération conclue par les parties. Le contrat est un instrument refermant
les obligations réciproques auxquelles chaque cocontractant s’astreint. Ces engagements juridiques
obligationnels tendent á la réalisation d’un objectif commun, qui transcende les motivations individuelles de
chaque une des parties. C’est en cela que réside le negotium du contrat. Le phénomène stabilisateur (…). En
el referido trabajo académico se citó la tésis de Frédéric Rouvière, «Le contenu du Contrat : essai sur la notion
d’inexécution» RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2005. Este autor al referirse a este tema expuso (…)
Al hacerlo, fue más allá de la mera interpretación del documento contractual (instrumentum) para centrarse en
la determinación de la operación contractual en sí misma (negotium): básicamente, porque el documento
publicitario describía la operación contractual, servía para definirla y, por lo tanto, para probar el incumplimiento.
En la hipótesis contraria, el anuncio habría sido una mera información sobre el objeto del contrato, no sobre su
definición misma(…) traducción propia del original : : (…) Ce faisant, elle a dépassé la seule interprétation
de l’écrit contractuel (instrumentum) pour se focaliser sur la fixation de l’opération contractuelle elle-même
(negotium): au fond, parce que le document publicitaire décrivait l’opération contractuelle, il a servi à la définir
et donc à prouver l’inexécution. Dans l’hypothèse inverse, la publicité n’aurait été qu’une simple information
sur l’objet du contrat, non sa définition même. (…) KHALVADJIAN Boris, ROUVIÈRE Frédéric. Thème 7. L’écrit
contractuel. In : Droit des obligations Cours, méthode et exercices corrigés. Paris, Armand Colin. Cursus, p.67-
74. URL : https://shs.cairn.info/droit-des-obligations--9782200281373-page-67?lang=fr.
31
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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declaración o manifestación de la voluntad y la voluntad misma (arts. 161890 a 1624
del Código Civil) al interpretar el contenido de una convención91.
En este esquema lógico, para el caso del enriquecimiento sin causa, con
fundamento en la ejecución anticipada del contrato, el correlativo enriquecimiento y
empobrecimiento patrimonial no supone el momento desde el cual el
«empobrecido» razonablemente puede inferir que fue defraudado en sus intereses
subjetivos.
33. Por el contrario, a juicio de esta Sala de Subsección la caducidad debe
computarse desde que resulta evidente para el demandante que los “compromisos”
asumidos (negotium) resultan inexistentes, al poderse inferir – sin mayor esfuerzo-
que no tendrán respaldo en un instrumento jurídico contractual, circunstancia que
resulta más clara en los contratos sometidos al estatuto general de contratación,
para los cuales la formalidad del escrito es un requisito ad substancian actus (art.
41 L. 80 de 199392).
34. En efecto, es desde dicha perspectiva que puede apreciarse la época que se
ve defraudada las expectativas, de quien bajo la convicción de suscribir un futuro
contrato adelantó su ejecución sin mediar instrumento jurídico y la que se deduce
de anteriores decisiones de esta Subsección en la cuales, frente al contrato de
servicios educativos, ha considerado, que dicho momento puede coincidir con la
respuesta negativa que la administración haga la institución educativa privada a la
solicitud de reconocimiento y «de los reconocimientos educativos suplicados»93 o
con la finalización del servicio cuyo pago se reclama94.
90 «(…) Artículo 1618. Prevalencia de la intención: Conocida claramente la intención de los contratantes,
debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. (…)»
91 J. P.Cárdenas Mejía, Contratos, Notas de Clase, 2021,Legis,pp. 2-3 «(…) Sin embargo, es claro que la sola
declaración no puede constituir el único fundamento del contrato , pues existen instituciones que tienen en
cuenta la intención de un contratante, así la declaración no corresponda a la misma. Es el caso de los principios
que rigen el error como vicios del consentimiento. En tales eventos una persona puede obtener que se invalide
un contrato porque al emitir su declaración incurrió en un error. (…)»
92
ARTÍCULO 41.- Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se
logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
93 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP: Jaime
Enrique Rodríguez Navas, Sentencia diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024), Radicación: 23001-
23-33-000-2013-00177-02 (59654) [Fundamento de derecho 5.2]
94 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, CP: Nicolás
Yepes Corrales, Sentencia del 24 de julio de 2024, Rad.:76001233300020150152701 (69143) [ Fundamento
jurídico 2.]
32
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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35. Así, al verificarse en el presente caso que la continuación de la prestación
del servicio de educación, resulta imputable al cumplimiento de las órdenes de
jueces de tutela (ver ut infra), a juicio de la Sala, la cognición que no se haría ningún
reconocimiento por los servicios de educación, coincide con la finalización del ciclo
académico de 2012 y no a las manifestaciones del ente territorial, en el sentido que
no se suscribiría ningún contrato.
36. En este sentido, en la demanda se reconoció (hecho 3.7) que el ciclo escolar
durante el año 2012 transcurrió entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre, de lo que
se desprende que el cómputo de la caducidad inició desde esta última fecha. Con
lo cual, la demanda se interpuso oportunamente el 5 de febrero de 2015, al tenerse
en cuenta que el cómputo de la caducidad estuvo suspendido entre el 24 de
noviembre de 2014 y el 29 enero de 2015, según consignado en constancia
expedida por el Procurador 154 Judicial II Administrativo95.
Improcedencia del reconocimiento del enriquecimiento sin causa en el caso
concreto: ausencia de buena fe objetiva y de una situación excepcional.
37. Sobre este punto, se advierte que, si bien se reconoce que la garantía de
continuidad en la prestación de los servicios educativos responde a una finalidad de
interés constitucional, dicha circunstancia —por sí sola— no tiene el mérito
suficiente para que los particulares generen de forma unilateral obligaciones que
debieron surgir de un contrato, desconociendo las normas superiores que rigen su
formación.
De ahí que, conforme al antecedente jurisprudencial de esta Corporación, la
procedencia del enriquecimiento sin causa esté supeditada, entre otras condiciones,
a la acreditación de: i) la buena fe objetiva por parte de quien prestó una actividad
de interés general sin el respaldo de un contrato perfeccionado; y ii) la existencia de
una circunstancia excepcional que justifique dicha conducta, de acuerdo con los
lineamientos fijados en el antecedente unificado de la Corporación.
95 Índice 002 “Expediente digital Carpeta Apelación Sentencia, Archivo: “5d_000220150001000CU” pp. 31-33.
33
Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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Demandado: Municipio de Maicao
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38. En relación con el primer elemento, esta Sala de Subsección advierte que, si
bien la gestión contractual del ente territorial resulta reprochable —pues se
evidencia que año tras año se desconoció el principio de planeación en el
cumplimiento de las obligaciones relativas a la formación de contratos de prestación
de servicios educativos—, la conducta de la Fundación demandante no se ajustó a
los estándares de la buena fe objetiva.
A juicio de esta Sala, la prestación anticipada del servicio educativo también es
atribuible a la imprudencia de la Fundación, que no adecuó su conducta al deber de
lealtad que debía observar frente al ente territorial, especialmente en lo relacionado
con la garantía de los derechos de los menores a su cargo durante la vigencia del
año escolar 2011, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios
Educativos N.º 151 del 17 de junio de 2011.
En este contexto, la Sala considera que la Fundación solo informó al municipio de
Maicao su intención de retomar o continuar la prestación del servicio educativo en
el ciclo escolar de 2012 hasta el 27 de febrero de ese año, cuando ya había iniciado
el periodo académico. No consta en el expediente ninguna gestión previa dirigida a
consultar si, para dicha vigencia, podía continuar prestando el servicio a los
estudiantes vinculados al plantel. Esta omisión impidió la posibilidad de trasladar
oportunamente a los estudiantes a instituciones oficiales sin afectar la continuidad
de sus estudios, lo cual evidencia una conducta imprudente por parte de la
Fundación. En consecuencia, esta falta de previsión demuestra que la Fundación
no actuó conforme al interés superior de los menores beneficiarios del servicio
educativo prestado en 2011.
38. En segundo lugar, de las circunstancias descritas en la demanda no se
desprende ninguna situación excepcional que justifique el reconocimiento del
enriquecimiento sin causa en favor de la Fundación demandante. Por una parte, no
se invocó ni acreditó ninguna circunstancia que permita concluir que al ente
territorial demandado le fue imposible acudir a los mecanismos regulares para la
selección de contratistas.
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Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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Por otro lado, la Sala estima que las sentencias de tutela que definieron la situación
jurídica respecto del alcance de los derechos de los menores y de las obligaciones
del municipio accionado, identificaron el deber constitucional de la Fundación de
garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de educación, así
como el deber del ente territorial de regularizar dicha situación jurídica. No obstante,
como se ha precisado, las condiciones que dieron lugar a dicho pronunciamiento
también tienen su origen en la conducta de la Fundación demandante, la cual no
actuó conforme a los estándares de la buena fe objetiva. En efecto, permitió que los
menores cursaran sus estudios sin haber verificado previamente la disponibilidad
de cupos en los planteles oficiales ni la continuidad del contrato de prestación de
servicios educativos.
39. En virtud de las anteriores consideraciones, la Sala se dispondrá a modificar la
sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021, por el Tribunal Contencioso
Administrativo de la Guajira, que declaró la caducidad «(…) respecto de las
reclamaciones correspondientes a los servicios educativos que se habrían prestado
por la Fundación Guajira Sin Fronteras durante los meses de febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto , septiembre y octubre de 2012 (…)» y en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda.
40. En atención a que, a lo largo del estudio del caso, se evidenciaron
irregularidades como el desorden administrativo recurrente en la gestión de los
contratos de prestación de servicios educativos por parte de la Secretaría de
Educación de Maicao —en especial por la aparente falta de estudios que
demuestren la suficiencia de cupos en los establecimientos oficiales (Art. 8 del
Decreto 2355 de 2009) y la falta de diligencia en la conformación de bancos de
oferentes (Art. 15 del Decreto 2355 de 2009)—, la Sala estima necesario remitir
copia de esta decisión a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría
General de la Nación, para que, en el marco de sus competencias, evalúen su
procedencia y, de ser el caso, inicien las investigaciones correspondientes para
establecer posibles infracciones al régimen disciplinario o conductas que puedan
constituir responsabilidad fiscal.
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Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
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Costas
41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.
En atención a lo dicho, la Sala condenará en costas a la parte demandante pero no
fijará suma de agencias en derecho, en segunda instancia, a cargo de esta. Por
observarse que, en el desarrollo de esta etapa procesal, las demandadas no
efectuaron actos de gestión judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
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Radicado: 44001-23-40-000-2015-00010-01 (68.790)
Demandante: Fundación Guajira sin Fronteras
Demandado: Municipio de Maicao
Proceso: Reparación Directa
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021, por el
Tribunal Administrativo de la Guajira, y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, sin fijación de agencias
en esta instancia.
TERCERO: REMITIR copias de esta decisión a la Contraloría General de la
República y a la Procuraduría General de la Nación, para que, desde el ámbito de
sus competencias, evalúen la prodecencia y de ser el caso inicien las
investigaciones tendientes a establecer las posibles infracciones al régimen
disciplinario o las conductas constitutivas de una eventual responsabilidad fiscal,
según los hechos advertidos en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el link . Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que,
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con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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