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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2013-00177-02

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2013-00177-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR al Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau en costas de segunda instancia a favor de la entidad demandada. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente al 0,015% de las pretensiones de la demanda a favor del departamento de Córdoba. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-33-000-2013-00177-02

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

17 de junio de 2024

Radicado: 23001-23-33-000-2013-00177-02 (59654)
Demandante: Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Reparación directa (actio in rem verso)
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00177-02 (59654)
Demandante: Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau
Demandado: Departamento de Córdoba

Tema: Elementos del enriquecimiento sin causa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, que negó las pretensiones de la
demanda.
I. SINTESIS DEL CASO

El Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau celebró con el departamento de Córdoba un
contrato de prestación de servicios educativos a alumnos pertenecientes a la
comunidad indígena Zenú, que estuvieran matriculados en los establecimientos
educativos ubicados en los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín. La parte
actora aduce haber prestado servicios a ochocientos nueve (809) estudiantes que no
estaban comprendidos en el del contrato, y ello, a su juicio, configuró el
enriquecimiento sin justa causa del departamento.

La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, porque no se
probó el detrimento patrimonial que el instituto actor dijo haber padecido, ni los
supuestos que habilitan la compensación por enriquecimiento sin causa en el ámbito
del derecho administrativo, en particular el constreñimiento de la administración. La
demandante adujo en esta instancia, esencialmente, que sí sufrió un detrimento
patrimonial, y que era imposible probar el constreñimiento para la prestación del
servicio educativo, el cual ejecutó en razón de la posición dominante del departamento.

II. ANTECEDENTES

2.1. El catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013), el Instituto Mixto Juan Jacobo
Rousseau (en adelante, “Instituto Juan Jacobo Rousseau”)1 presentó demanda2 en

1 Resolución núm. 1711 del 1° de octubre de 1999 de la Gobernación de Córdoba, que concede personería jurídica

al Instituto: f. 65, c. 1.
2 F. 2-57, c. 1.

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Demandante: Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau

contra del departamento de Córdoba para que, en desarrollo del medio de control de
reparación directa, se declare la existencia de un enriquecimiento sin justa causa del
departamento con el correlativo empobrecimiento del instituto, por trescientos
diecisiete millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos doce pesos
($317.889.412); y se condene a la entidad demandada al pago actualizado de dicha
suma.

Según relata el demandante, el instituto y el departamento de Córdoba celebraron un
contrato de prestación de servicios educativos para tres mil doscientos sesenta y tres
estudiantes de establecimientos educativos oficiales en los municipios de San Andrés
de Sotavento y Tuchín, pertenecientes al resguardo indígena zenú del departamento.
En el marco de dicho contrato, el instituto solicitó el pago de cuatro (4) meses
adicionales, por los servicios prestados sin contrato a ochocientos nueve (809)
estudiantes que excedían el número acordado en el contrato —incluida la entrega de
kits escolares— cuyo precio equivale a la suma descrita como enriquecimiento
injustificado.

2.2. Mediante providencia del veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013)3, el Tribunal
admitió la demanda y ordenó su traslado al departamento de Córdoba, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al agente del Ministerio Público. En la
contestación de la demanda4, el departamento se opuso a las pretensiones formuladas
por el Instituto.

2.3. En el trámite de la audiencia inicial, que comenzó el veintiocho (28) de abril de
dos mil catorce (2014) [5], el demandado propuso la excepción previa de pacto arbitral,
entendiendo que esta controversia era, en realidad, una controversia contractual, cuya
solución estaba sometida al conocimiento de árbitros, de conformidad con lo pactado
en la cláusula compromisoria contenida en el contrato de prestación de servicios
educativos. Dicha excepción fue desestimada por el Tribunal, decisión que apeló la
parte demandada. En auto del once (11) de agosto de dos mil catorce (2014) [6], fue
confirmada la decisión de primera instancia7. En la continuación de la audiencia inicial8,
fue fijado el litigio9.

3 F. 209, c. 1.
4 F. 218-230, c. 1.
5 F. 1-4, c. 2.
6 Rad. 23001-23-33-000-2013-00177-01 (51123): F. 9-11, c. 2.
7 Como fundamento de esta decisión consideró que: “[…] la parte actora no pretende que se dé una reparación con

ocasión al contrato suscrito por las partes, y en ese sentido, tal como se desprende de las pretensiones de la
demanda, se pretende la reparación directa con ocasión al enriquecimiento de la entidad demandada y el correlativo
empobrecimiento del demandante, en razón a la prestación de un servicio adicional al convenido en el contrato.
Enmarcando entonces su pretensión igualmente en el marco de la actio in rem verso. || Así las cosas, mal haría
esta Corporación en aplicar la cláusula compromisoria que se encuentra en el Contrato de Prestación de Servicios
No. 325-2011, cuando en el proceso no se encuentra configurado bajo el medio de control de controversias
contractuales, dado que los hechos y las pretensiones esgrimidos en el libelo introductorio se entiende que el actor
pretende la reparación de un daño que tiene origen eminentemente extracontractual”.
8 F. 19-23, c. 2.
9 “Así las cosas el objeto del litigio se centrará a determinar: Si existe un enriquecimiento sin causa a favor de [sic]

departamento […] y en contra del Instituto […], con ocasión de la prestación del servicio de educación a un número
mayor de estudiantes, que los incluidos dentro del Contrato No. 325 de 2011, suscrito entre las mismas partes.
Para finalmente determinar si jurídicamente al demandado le asiste el deber de reconocer los gastos en los que

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2.4. En sentencia10 del seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal
denegó las pretensiones, al considerar que no se configuraba ninguno de los “los
presupuestos para la aplicación de la figura de la Actio in Rem Verso [sic]” fijados en
la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012. Particularmente, consideró
que el actor no acreditó que la administración departamental constriñera, incitara o
provocara al Instituto Juan Jacobo Rousseau a ejecutar prestaciones sin contrato;
hecho que no fue siquiera afirmado en la demanda. Aparte, en la convención
modificatoria celebrada el catorce (14) de agosto de dos mil once (2011) fueron
adicionados los recursos necesarios para ejecutar el servicio; y, en el acta final y de
liquidación del contrato, el instituto contratista no expresó salvedades, sino que, por el
contrario, dejó sentada su aquiescencia sobre la suma total del contrato entonces
quedó consensuada.

Agregó el a quo, por otra parte, que el derecho a la salud no estaba amenazado, ni se
acreditó que el servicio de educación este hubiera sido prestado “por hechos ajenos a
la voluntad de las partes de carácter prioritario”. Por esta razón, no se configuraba la
segunda situación en la que, de acuerdo con la unificación jurisprudencial, pueden
prosperar las pretensiones de enriquecimiento sin justa causa, ni procedía la
declaración de la urgencia manifiesta, que es otra de estas situaciones.

Denotó el Tribunal, por demás, que, pese a que no se discutía la prestación del servicio
de educación a ochocientos nueve (809) alumnos adicionales a los previstos en el
contrato, el actor no acreditó que, con ello, hubiera sufrido un detrimento patrimonial
por la contratación adicional de profesores, el pago de horas extras o la habilitación de
nuevas sedes. Tampoco probó el actor que los kits escolares que afirmó haber
entregado no hubieran sido pagado con cargo a la adición de valor estipulada en la
convención modificatoria celebrada el catorce (14) de agosto de dos mil once (2011).

Finalmente, consideró que, siguiendo la postura unificada, la buena fe que se preserva
es la de naturaleza objetiva y no subjetiva, sin que fuera posible desconocer el carácter
imperativo de las normas que rigen la contratación de las entidades públicas,
aduciendo la convicción del instituto actor de efectuar una “labor altruista”.

2.5. Mediante escrito del cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017)11, el Instituto
Juan Jacobo Rousseau apeló el fallo de primera instancia, con base en los siguientes
motivos de inconformidad:

incurrió el instituto demandado [sic] para tender [sic] a la población escolar no incluida dentro del contrato. || Con
miras a resolver lo anterior se debe absolver los siguientes interrogantes: || 1.- ¿Cuál fue la población incluida dentro
del contrato de prestación de servicios educativos No. 325 de 2011 suscrita entre las partes? || 2.- ¿Cuál era la
demanda de servicio educativo de los niños y niñas pertenecientes al cabildo indígena Zenú de los municipios de
Tuchín y San Andrés de Sotavento? || 3.- ¿Cuál fue la población estudiantil realmente atendida por el contratista
[…]? || 4.- En caso de que la población atendida resulte superior a la contratada, que soporte jurídico o contractual
existía para que se atendiera a esa mayor población. || 5.-Existe soporte jurídico y jurisprudencial que soporten el
reconocimiento de esas prestaciones”.
10 F. 64-73, c. ppal.
11 F. 76-80, c. ppal.

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2.5.1. El Tribunal apreció indebidamente los medios de prueba, porque “[…] era
el contratista a quien le atañía establecer el número de docentes necesarios
para llevar a cabo el cumplimiento del contrato; razón por la cual el a-quo [sic]
incurre en un yerro al indicar que dentro del presente asunto no se demostró
detrimento patrimonial alguno por parte del Departamento de Córdoba, en razón
a la cantidad de docentes que debieron ser contratados de manera adicional
para prestar el servicio a los estudiantes no cobijados”. En ese sentido,
cuestionó que el Tribunal no hubiera tenido en cuenta los testimonios rendidos
por los directivos de las sedes en las cuales fue prestado el servicio educativo,
quienes afirmaron unívocamente que requirieron más docentes para prestar el
servicio porque recibieron más alumnos, lo que representó sobrecostos para el
contratista. Y, en todo caso, habría acreditado el detrimento patrimonial, por el
hecho de haber prestado el servicio educativo adicional a ochocientos nueve
(809) estudiantes, pues este servicio no podía cubrirse con horas extras.

2.5.2. Probar el “constreñimiento por parte del departamento […] es casi que
exigir al demandante una prueba diabólica, pues es obvio que la posición
dominante de la relación contractual la tenía el departamento”. Además, la
entidad mantuvo la expectativa de que serían reconocidos los servicios
prestados a los estudiantes adicionales, “pues nunca negó que el servicio se
estuviera prestando, de hecho, reconoció que se prestó”, pero tampoco actuó
en consecuencia para remunerar al Instituto.

2.5.3. El Tribunal debería haber tenido en cuenta que el departamento de
Córdoba, de forma extraña, celebró el contrato para un tiempo inferior al
necesario para prestar el servicio en el año lectivo, pero al momento de suscribir
la adición, no hubo ninguna gestión del ente territorial encaminado a “legalizar
el servicio prestado a los 809 estudiantes desde el mes de marzo de 2011”.
Dicha situación no se produjo porque el Instituto tuviera una conducta permisiva
o descuidada, sino por la “posición dominante” del departamento, “pues la
excusa siempre fue, que se debía garantizar el derecho fundamental a la
educación a esos estudiantes adicionales, pues ante la advertencia de mis
poderdantes de suspender el servicio a esos estudiantes adicionales, siempre
salía al Departamento a decir que próximamente se reconocería el servicio
prestado por fuera del contrato”.

2.5.4. El Tribunal se equivocó al exigir una salvedad en el acta de liquidación,
porque no se discutía que los ochocientos nueve (809) alumnos que son objeto
de esta reclamación no estaban cobijados por ese acuerdo de voluntades, ni
por la liquidación contractual. Considerar lo contrario convertiría al presente
asunto en una controversia contractual, pese a que la discusión fue planteada
en el marco de una actio in rem verso.

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2.6. El quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el entonces despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación12.

2.7. En la oportunidad para alegar en segunda instancia, únicamente se pronunció
el departamento demandado13. Según su escrito de cierre, de acuerdo con lo probado
en el asunto, “sin duda alguna se prestó el servicio educativo a un número de alumnos
que excedía la cantidad contratada; puesto que según el contrato 325 de marzo de
2011 se estableció que el servicio sería prestado a 3.262 estudiantes, pero según un
informe presentado por la Secretaría de Educación de Tuchín, por el contratista y por
la Secretaría de Educación de San Andrés de Sotavento indican que el número de
alumnos es superior al contratado”. Además, quedó probado que fue pactada una
adición al contrato, pero dicho acuerdo se “liquidó de acuerdo a la fórmula del contrato
325 y no con base a 809 estudiantes adicionales por el periodo de cuatro meses y
quince días que restaban del contrato principal, labor que realizó el contratista y que
no fue compensada”, y que “el Departamento debió establecer si [el contratista] tuvo
que ampliar los horarios, contratar más personal o disponer de otras sedes”.

Sin embargo, agregó, la prestación a los ochocientos nueve (809) estudiantes no fue
consecuencia del constreñimiento de la entidad. Por el contrario, todas las
circunstancias relacionadas con la prestación del servicio educativo fueron aceptadas
por las partes del contrato. Además, estas circunstancias no se relacionaban con el
derecho a la salud, ni habrían motivado la declaración de una urgencia manifiesta; y el
demandante no probó su detrimento patrimonial, tal como lo indicó la providencia
apelada.

2.8. El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado conceptuó14 dentro
de la presente causa, para sugerir la confirmación de la sentencia recurrida. Recordó
que este caso no “se sustenta en el medio de control de controversias contractuales,
sino en el de reparación directa”, por lo que no son pertinentes las pruebas que
acreditan la relación contractual. Luego, a juicio de la vista fiscal, era necesario definir
la población estudiantil que requería realmente el servicio, para ratificar lo expresado
por las partes en los documentos del contrato. Pero no se conoce quiénes fueron los
estudiantes matriculados y beneficiados por el servicio educativo, ni que estos
pertenecieran a los miembros de la etnia Zenú. Menos aún se conoce la razón por las
que estos estudiantes no previstos por el contrato aparecieron. Por ende, sin contar
con la certeza de esos hechos, no es procedente reconocer un servicio y una
contraprestación a favor del demandante.

Agregó que no fue acreditado el detrimento patrimonial del demandante, quien,
además, no probó que el departamento de Córdoba hubiera aprobado, solicitado o
autorizado el servicio en las condiciones descritas por la demanda. A partir de esto, el
Procurador dedujo que, si hubo prestación del servicio educativo, esta fue realizada
12 F. 87-88, c. ppal.
13 F. 122-126, c. ppal.
14 F. 107-115, c. ppal.

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de manera discrecional, a cuenta y riesgo del instituto. Tampoco hubo prueba de los
informes académicos para determinar si la administración realizó alguna observación,
objeción o asentimiento con el servicio.

2.9. El consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del
presente asunto, toda vez que rindió concepto en el asunto como Procurador Primero
delegado ante esta Corporación15. La Sala declaró fundado el impedimento mediante
auto16 del veintinueve (29) de julio de dos mil diecinueve (2019).

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

En vista de lo expuesto, y considerando especialmente la naturaleza jurídica del
presente asunto, el presente fallo acometerá la solución de estos interrogantes:

3.1. ¿El Instituto Juan Jacobo Rousseau demostró el enriquecimiento patrimonial del
departamento de Córdoba, su empobrecimiento correlativo y la ausencia de causa
jurídica, por prestar un servicio educativo sin soporte contractual a ochocientos nueve
(809) estudiantes?

3.2. ¿La prestación del servicio educativo a ochocientos nueve (809) estudiantes no
previstos en el contrato celebrado entre el departamento de Córdoba y el Instituto Juan
Jacobo Rousseau encaja en alguna de las situaciones previstas por la sentencia de
unificación del 19 de noviembre de 2012 (exp. 24897) para que proceda el
reconocimiento del enriquecimiento injustificado, reclamado por la demandante?

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS ENUNCIADOS17

4.1. La Secretaría de Educación del departamento de Córdoba (en adelante, SED)
expidió “ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD”18 para la:

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRES MIL DOCIENTOS [sic]
SESENTA Y TRES (3.263) ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SAN ANDRES DE
SOTAVENTO Y TUCHÍN PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ
DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011”.

4.1.1. De acuerdo con este documento, tras ser “revisada la matrícula y
constatada en el simat [sic]”, determinó que los establecimientos educativos
rurales indígenas Zenú de los resguardos ubicados en los municipios de San

15 F. 139, c. ppal.
16 F. 141-142, c. ppal.
17 Los documentos aportados en copia simple serán valorados conforme lo determinado por la jurisprudencia
unificada de la Corporación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala
Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)
18 F. 89-109, c. 1.

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Andrés de Sotavento y Tuchín, existía la necesidad de atender, en total, a tres
mil doscientos sesenta y tres (3.263) alumnos.

4.1.2. Según las obligaciones del contratista enlistadas en el documento, este
debía:

“1- Prestar el servicio educativo a los estudiantes beneficiarios los cuales son
relacionados en el anexo 1 que hace parte integral del presente contrato”.

4.2. Mediante resolución núm. 078 del 17 de marzo de 2011, la SED dio “inicio al
proceso de contratación directa”, con el objeto descrito en los estudios previos de
conveniencia y oportunidad.

4.3. El veintidós (22) de marzo de dos mil once (2011), el departamento de Córdoba y
el Instituto Juan Jacobo Rousseau celebraron el “CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO No. 325-2011”19, cuyo objeto fue la:

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRES MIL DOCIENTOS [sic]
SESENTA Y TRES (3.263) ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SAN ANDRÉS DE
SOTAVENTO Y TUCHÍN PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ
DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011”.

4.3.1. Entre las obligaciones del contratista estaba, nuevamente, la prevista en
los estudios previos: “Prestar el servicio educativo a los estudiantes
beneficiarios los cuales son relacionados en el anexo 1 […]”.

4.3.2. En la cláusula cuarta del contrato fue estipulado el precio, en estos
términos:

“CUARTA – VALOR DEL CONTRATO.- El valor total del presente contrato es el
resultado de multiplicar el valor acordado por estudiante atendido, por el número de
estudiantes atendidos. El valor total no podrá superar la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS
M/CTE ($2.838.810.000,00), que resultan de multiplicar el valor acordado por
estudiante atendido de (OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS) pesos [sic] moneda
corriente ($870.000,00), por el número total de estudiantes atendidos, cuyo máximo es
TRES MIL DOCIENTOS [sic] SESENTA Y TRES (3.263) estudiantes.

El valor del contrato así pactado se ha determinado teniendo en cuenta los
componentes de la canasta educativa ofrecidos, y cubre la totalidad de los gastos en
que incurra el CONTRATISTA para su ejecución, así como su remuneración por el
servicio contratado. En consecuencia, no habrá lugar a cobro de sumas adicionales por
concepto alguno.

El CONTRATISTA declara expresamente que conoce las disposiciones que gobiernan
la contratación estatal, la contratación del servicio de educación, y la financiación de
esta última”.

19 F. 116-129, c. 1.

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4.3.3. La duración del contrato era de “OCHO (8) MESES y QUINCE (15) DÍAS”,
en el año dos mil once (2011).

4.4. Según el informe de ejecución20 núm. 01, rendido por la representante legal del
instituto contratista, que comprendió el periodo ejecutado entre el treinta y uno (31) de
marzo y el veinticinco (25) de abril de dos mil once (2011):

“En los grupos asignados existe de acuerdo al SIMAT de corte 05 de mayo de 2011
una población de 4.117 alumnos matriculados, siendo un número mayor al contratado
en 854 personas. Por lo anterior, aprovechamos para solicitarle al señor supervisor e
interventor, la adición de esta población mayoritaria al contrato. Esto se da por un
número mayor de alumnos en los grupos atendidos en los diferentes establecimientos
educativos identificados en el contratado”.

4.5. El cinco (5) de abril de dos mil once (2011), la Secretaría de Educación del
municipio de Tuchín informó21 que, según las necesidades de los menores habitantes
de esta entidad territorial, se había atendido a mil novecientos cuarenta y seis (1.946)
niños y niñas. A su vez, la Secretaría de Educación del municipio de San Andrés de
Sotavento informó, en oficio22 del ocho (8) de abril de dos mil once (2011), que debía
prestar el servicio educativo a dos mil ciento veintinueve (2.129) estudiantes.

4.6. En oficio23 fechado el siete (7) de abril de dos mil once (2011), el Instituto expresó
que, conforme a las necesidades educativas de la población infantil de los municipios
atendidos, debía prestarse servicio a cuatro mil setenta y cinco (4.075) personas. En
razón al número de estudiantes cobijados con el contrato núm. 325 de 2011,
“quedarían sin atender 812 estudiantes, los cuales se tornan en un problema ya que
se encuentran dentro de los mismos grupos y aulas de los estudiantes autorizados en
el contrato”24.

4.7. En el informe de ejecución25 núm. 02, comprendido entre el veintiséis (26) de
abril y el quince (15) de junio de dos mil once (2011), el Instituto reportó que,
nuevamente, la “población estudiantil es superior a la contratada” en 854 personas.
Por lo tanto, solicitó:

“[…] el reconocimiento de esta población mayoritaria al contrato.

El servicio a la población que está por encima de la contratada se encuentra
efectivamente atendida de manera temporal con docentes de nuestra institución, en
razón a la solicitud de las autoridades educativas y autoridades indígenas del
resguardo. Tal servicio será suspendido a los estudiantes que corresponda en los
próximos días, una vez el contratante nos indique formalmente cual población debe ser

20 F. 135-137, c. 1.
21 F. 185, c. 1.
22 F. 189, c. 1.
23 F. 187, c. 1.
24 Subrayado añadido.
25 F. 138-140, c. 1.

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excluida para ajustar las cantidades contratadas, pues debemos preservar el equilibrio
económico del contrato”.

4.8. En el informe de ejecución26 núm. 03, que comprendió la ejecución del contrato
entre el quince (15) de junio y el veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011), el
instituto contratista insistió en que la “población estudiantil es superior a la contratada”,
por lo que solicitó una adición al contrato por el “número mayor de alumnos en los
grupos atendidos en los diferentes establecimientos educativos identificados en el
contratado”.

4.9. En oficio del primero (1°) de agosto de dos mil once (2011)27, la sociedad
Estrategias y Pronósticos Ltda., obrando como interventora, recomendó adicionar el
contrato núm. 325 de 2011, “dada la atención al mayor número de estudiantes
asignados en número de 809 descritos y sustentados por esta interventoría conforme
al cumplimiento de la obligación contractual, a la información suministrada por el
contratista, a la verificación de la misma en el campo y frente a lo reportado y
certificado por el área de cobertura del SED de la Gobernación de Córdoba”.

4.10. La SED profirió “ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD”
para suscribir el “CONTRATO DE ADICIÓN EN CUANTÍA AL CONTRATO
PRINCIPAL 325-2011”28. Según este documento, el monto de la adición sería de
trescientos ochenta y cinco millones novecientos cuarenta mil quinientos ochenta y
ocho pesos ($385.940.588), “que resultan de multiplicar el valor determinado por
estudiante atendido de por [sic] concepto de la adición el cual es de
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
($477.059,00), moneda corriente por el número de estudiantes a adicionar, cuyo
máximo es (809) estudiantes”.

4.11. El catorce (14) de agosto de dos mil once (2011), el departamento de Córdoba y
el Instituto Juan Jacobo Rousseau celebraron el “CONTRATO DE ADICIÓN EN
CUANTÍA AL CONTRATO PRINCIPAL 325-2011”29, motivado en la “existencia de un
número mayor de estudiantes al contratado”, de acuerdo con lo informado por el
contratista, la interventoría, las “autoridades educativas de los municipios donde se
encuentra focalizado el contrato en mención”, y una “certificación emitida por la
Secretaría de Educación Departamental, [que] da[ba] constancia de la población
efectivamente identificada como matrícula contratada en los municipios atendidos por
el contratista”. La adición de valor pactada correspondía al monto indicado en los
estudios previos —referidos precedentemente— la cual sería pagada en tres
emolumentos, y cada pago debía ser antecedido por informes de la interventoría que
exhibieran los “estudiantes adicionados efectivamente atendidos en cada
establecimiento educativo”.

26 F. 141-143, c. 1.
27 F. 160-163, c. 1.
28 F. 71-88, c. 1.
29 F. 130-134, c. 1.

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4.12. Mediante oficio30 enviado el dos (2) de noviembre de dos mil once (2011), la
representante legal del Instituto solicitó al departamento que fuera “reconocida la
prestación del servicio educativo de 809 niños atendidos en establecimientos
educativos oficiales en los municipios no certificados de San Andrés de Sotavento y
Tuchín pertenecientes al resguardo indígena Zenú del Departamento […] durante el
año lectivo 2011 en el periodo comprendido desde [sic] 31 de marzo de 2011 hasta el
08 de agosto de 2011”31.

4.13. El diecisiete (17) de noviembre de dos mil once (2011), la SED, pese a aceptar
la prestación del servicio a ochocientos nueve (809) alumnos adicionales a los
comprendidos en el contrato núm. 325 de 2006, denegó la solicitud elevada por el
instituto32, referida precedentemente, por razones presupuestales33.

4.14. El diez (10) de diciembre de dos mil once (2011), la representante legal del
Instituto presentó “INFORME DE EJECUCIÓN FINAL”34. En el documento consta que
la “población total atendida mediante el contrato inicial 325-2011 y la adición al contrato
en mención corresponde a 4.072 estudiantes”.

4.15. El catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), el departamento de Córdoba
y el Instituto Juan Jacobo Rousseau suscribieron el “ACTA FINAL Y DE

30 F. 68-70, c. 1.
31 En este escrito, pretendió concretamente siguiente: «1. Que tal como consta dentro de informe de la Interventoría

elaborado por la empresa Forest Ltda. Contratada por la Gobernación de Córdoba contrato N° 455 de 2011 cuyo
objeto es la "Interventoría administrativa, técnica pedagógica y financiera para realizar control y supervisión a los
contratos de prestación del servicio educativo para ampliación de cobertura, suscritos por el departamento de
Córdoba en el año lectivo 2011, con recursos del Sistema General de Participaciones" e igualmente validado con
en el SIMAT y SINEB suscrito por funcionarios de la Secretaria de Educación Departamental, y previo estudio de
conveniencia y oportunidad elaborado por parte de la Secretaria de Educación Departamental se da la adición al
contrato inicial por la atención de ochocientos nueve (809) estudiantes, los cuales venían siendo atendidos desde
el inicio del calendario escolar por nuestra institución. En razón a lo anterior solicitamos se reconozca la prestación
del servicio educativo a los ochocientos nueve (809) estudiantes desde el inicio del año escolar. || 2. Que
una vez reconocida la atención de los ochocientos nueve (809) estudiantes desde el inicio del año escolar y hasta
el día antes de suscripción de la adición, se inicie y culmine el trámite de pago correspondiente a dicha población.
Por un valor total de $317.889.269. A razón de $392.941 valor alumno, el cual se deriva de la resta del valor
reconocido por alumno en el contrato inicial ósea la suma de $870.000. por lo que se infiere que el valor
reconocido en la adición por alumno tal y como consta en dicho contrato fue reconocido a razón de
$477.059 incluido el kit escolar» (negrillas originales del documento).
32 F. 67, c. 1.
33 “Conforme a la solicitud de la referencia y verificados todos y cada uno de los 4 hechos enunciados en la misma,

y encontrándose procedente por parte de esta secretaria las pretensiones expuestas como son: la prestación del
servicio educativo a 809 estudiantes atendidos por el INSTITUTO MIXTO JUAN JACOBO ROUSSEAU desde el
inicio del año escolar el cual coincide con el inicio de la ejecución del contrato N° 325 de 2011 y hasta el día antes
del inicio de la ejecución del contrato de adición realizado al mismo suscrito en agosto 04 de 2011. De igual manera
tal y como se afirma en la mentada solicitud el valor reconocido por alumno en el contrato de adición es el
equivalente a $477.059 incluido el kit escolar. Como quiera que la administración Departamental contrato el valor
alumno por la totalidad del año escolar a razón de $870.000 con absoluta claridad se infiere que el valor a reconocer
y pagar por alumno atendido sin contratación es de $392.941. || Por todo lo anterior y en armonía con los registros
de SIMAT Y SINEB manejados y certificados por esta Secretaria; si bien corresponde a la administración
Departamental cumplir con el reconocimiento y pago del servicio educativo de estos (809) estudiantes garantizar el
derecho a la educación de los mismos, como en efecto se principió a garantizar en el contrato de adición no es
menos imperativo cumplir con la normatividad presupuestal y del debido proceso frente a este tipo de
circunstancias. En consecuencia si bien se reconoce la prestación del servicio prestado antes de la adición no se
puede proceder al pago de manera directa por las razones antes expuestas”.
34 F. 156-159, c. 2.

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LIQUIDACIÓN” del contrato núm. 325 de 2011. Consignaron que, a esa fecha,
quedaba pendiente de pago un saldo a favor del contratista por valor de seiscientos
ochenta y tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos
($683.544.176,00), correspondiente a las actas de ejecución núm. “4 (pago contrato)
y 2 (pago adición). Además, en las consideraciones finales, expresaron:

“c.- Que según informe final del contratista y el visto bueno del interventor, el contratista
cumplió al 100% con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del
término previsto, dicho informe manifiesta que se presta la atención a 4.072
estudiantes.

e.- [sic] Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o
diferencias que conciliar o acordar, los contratistas acuerdan liquidar el contrato
descrito”.

4.16. Según constancia35 aportada por el demandante, la apoderada del Instituto
radicó solicitud de conciliación extrajudicial el veintiuno (21) de abril de dos mil trece
(2013), y en la audiencia de conciliación adelantada el catorce (14) de mayo de dos
mil trece (2013) ante la Procuraduría 124 Judicial II para Asuntos Administrativos ante
el Tribunal Administrativo de Córdoba, se dio por terminada la etapa por no existir
ánimo conciliatorio.

4.17. En el proceso fueron practicados los siguientes testimonios36:

4.17.1. Estela de la Concepción Roqueme Díaz aseguró haber sido “rectora” de la
“Institución Educativa Alianza” en San Andrés de Sotavento en el dos mil once (2011),
y que recibió una demanda muy alta de estudiantes que “no estaban dentro del
sistema” para la prestación del servicio educativo, la cual incluía útiles escolares,
uniformes y otros implementos. Esto ocasionó “falta de docentes” para atender a los
alumnos. No obstante, desconocía la contratación que el departamento realizaba con
el Instituto para prestar el servicio educativo.

4.17.2. Nally del Carmen Cruz Salón dijo que para la época de los hechos se
desempeñaba como rectora de la “Institución Educativa San Simón”. En su versión, no
tenía clara la cantidad de estudiantes a los cuales su institución prestó servicios
educativos en virtud del contrato entre el departamento y el Instituto Juan Jacobo
Rousseau. Sin embargo, aseguró que el contratista proporcionaba implementos
escolares para los alumnos del establecimiento que dirigía, como útiles y uniformes.
Además, recordó que el servicio educativo corrió el riesgo de parálisis por falta de
docentes durante el año dos mil once (2011).

4.17.3. Darío de Jesús Arrieta Pérez afirmó que era “director rural” en el “Centro
Educativo Patio Bonito Norte” de San Andrés de Sotavento. No obstante, en la
diligencia no dio cifras exactas sobre la cantidad de estudiantes que fueron atendidos

35 F. 58, c. 1.
36 Audiencia de pruebas, en CD’s: f. 45A y 45B, c. 1.

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en virtud del contrato celebrado entre el instituto y el departamento, o si dicha cifra fue
excedida. En cualquier caso, sostuvo que el servicio fue prestado plenamente a los
estudiantes que cursaron en su institución.

4.17.4. Geovany Fernando Rojas Cruz aseguró que en el dos mil once (2011) fue el
rector de la “Institución Educativa Santa Lucía” en el corregimiento de “Los Carretos”
en San Andrés de Sotavento. Según relata, el instituto prestaba el servicio educativo
que no podía ser prestado por el personal de planta del establecimiento que dirigía, y
además suministraba kits escolares compuestos de útiles, morrales, entre otros
elementos. Empero, desconocía la situación contractual entre el instituto y el
departamento.

4.17.5. José Samir Alean expresó que fungió como rector de la “Institución Educativa
Plaza Bonita” en el año dos mil once (2011), y que en dicha condición recibió los
servicios del instituto, a través de los docentes que este enviaba, de acuerdo con las
necesidades educativas de la población atendida. No precisó a cuántos estudiantes
les fue prestado el servicio educativo mediante los servicios del Instituto.

V. CONSIDERACIONES

5.1. La Sala es competente para conocer de este asunto en segunda instancia, según
las reglas del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, “CPACA”)37, toda vez que el
demandado es un departamento. Además, según el artículo 150 de dicha codificación,
esta Corporación conoce las apelaciones interpuestas contra las sentencias de los
tribunales administrativos38, en procesos de reparación directa que tienen segunda
instancia por la cuantía del asunto39.

5.2. En el presente contencioso, esta Corporación resolvió40 que este caso sigue los
cauces propios del medio de control de reparación directa, porque el Instituto Juan
Jacobo Rousseau planteó pretensiones propias de la actio in rem verso. Por ende,
para evaluar la caducidad de la acción deberá tenerse en cuenta el término bienal
previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA; norma que, en el ámbito de

37 “Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa.”
38 CPACA. “Artículo 150. Competencia del consejo de estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
39 De acuerdo con lo precisado por el artículo 152, numeral 6, del CPACA, los Tribunales Administrativos conocen

en primera instancia de los procesos: “[…] de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u
omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”. Para el 2014, ese tope equivalía a $294’750.000, cifra inferior a $317’889.412, en la que el
demandante tasó sus pretensiones.
40 Aptado. 2.3.

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la actio in rem verso, supone que “la caducidad debe empezarse a contar a partir del
momento en que se adquiere certeza por parte del actor [sic] que la administración no
va a cancelar rubro alguno por el servicio prestado”41.

En este asunto está demostrado que el departamento de Córdoba negó el
reconocimiento y pago de los servicios educativos suplicados por el Instituto Juan
Jacobo Rousseau, mediante oficio42 del diecisiete (17) de noviembre de dos mil once
(2011), siendo este el hito inicial para computar el término bienal de incoación oportuna
de la acción en el medio de control de reparación directa, según lo anteriormente
expuesto. Por lo tanto, la demanda fue presentada oportunamente el catorce (14) de
mayo de dos mil trece (2013)43, sin tener en cuenta siquiera la suspensión de términos
provocada por el trámite de conciliación extrajudicial adelantado44.

5.3. De acuerdo con múltiples pruebas referidas en el acápite antecedente 45, el
Instituto Juan Jacobo Rousseau prestó servicios educativos al departamento de
Córdoba, los cuales motivan la presente reclamación. En consecuencia, ambos
extremos del proceso están legitimados en la causa, tanto por activa como por
pasiva.

Sobre el primer problema jurídico46

5.4. Según la postura unificada por el pleno de la Sección Tercera, mediante la
sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012[47], el enriquecimiento sin causa
en el ámbito del derecho administrativo es igualmente reconocido como un principio
general del derecho. Por ello, los requisitos construidos de antaño por la jurisprudencia
y la doctrina son aplicables a las relaciones entre la Administración y los particulares,
estos son: (i) la existencia de un enriquecimiento; (ii) el empobrecimiento correlativo;
(iii) que este traslado patrimonial carezca de causa jurídica48.

5.4.1. En este caso, si bien el propio departamento, en el oficio que negó la solicitud
de pago elevada por el Instituto Juan Jacobo Rousseau49, aceptó que este prestó el
servicio educativo a ochocientos nueve (809) alumnos adicionales a los previstos en
el contrato núm. 325 de 2006, postura que mantuvo en sus alegatos de segunda
instancia50, no es menos cierto que esta prestación sí tuvo una causa jurídica concreta,

41 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del

12 de julio de 2017. Rad. 25000-23-26-000-2003-01960-01(35837), reiterada por la misma Subsección en sentencia
del 31 de mayo de 2019. Rad. 76001-23-31-000-2004-05104-01(44063).
42 Aptado. 4.13.
43 Aptado. 2.1.
44 Aptado. 4.16.
45 Aptados. 4.4. a 4.8. y 4.13.
46 Aptado. 3.1.
47 Rad. 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897). En este aspecto, la sentencia de unificación se fundamenta en la

“Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, de 12 de mayo de 1955. G.J. LXXX, 322.”
48 Ver, entre otras: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencias del 14 de abril de 1937;

del 27 de marzo de 1939; y del 13 de marzo de 1990.
49 Aptado. 4.13.
50 Aptado. 2.7.

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a saber, el contrato núm. 325 de 2011 y, particularmente la adición51 suscrita el catorce
(14) de agosto de dos mil once (2011) que, desde la etapa de formación de este
acuerdo, expresaba que comprendía la satisfacción del servicio educativo a los
ochocientos nueve (809) estudiantes no cobijados por el acuerdo original52. En ese
contexto, al existir un vínculo jurídico preexistente que explica adecuadamente el
desplazamiento patrimonial entre las partes, no puede abrirse paso la pretensión
basada en un enriquecimiento injustificado53.

5.4.2. Además, de ser obviada la fuente contractual de la prestación que soporta el
supuesto enriquecimiento sin causa, no hay medio de prueba que acredite la
vinculación de un mayor número de docentes durante el año dos mil once (2011), ni
que su labor consistiera en atender a un mayor número de estudiantes no previstos en
el contrato núm. 325 de 2006; aspecto que, contrario a lo sostenido por el recurrente54,
merecía una actividad probatoria específica de su parte, que en este caso no se
aprecia. Tampoco hay elemento de convicción que informe sobre los sobrecostos
asumidos por el Instituto Jacobo Rousseau al disponer de ese personal. Por ende,
tanto el tribunal a quo55 como el ente territorial demandado aciertan al afirmar que no
fue acreditado en este proceso el menoscabo patrimonial concretamente
experimentado por la actora56.

Lejos de lo que se sostuvo en el recurso57, en los testimonios practicados no son
unívocos en sostener la mayor vinculación de docentes por parte del instituto. Sólo uno
de quienes rindieron declaración en este proceso refirió58 que se requirieron más
docentes para cubrir el servicio, sin especificar si esta prestación fue cubierta por
personal del instituto demandante. Los testigos expresaron59 que el Instituto Juan
Jacobo Rousseau prestó los servicios educativos, pero al tiempo manifestaron su
abierto desconocimiento sobre la relación contractual sostenida entre el demandante
y el departamento. Tampoco dieron datos concretos sobre la prestación adicional que,
supuestamente, debió asumir el instituto actor para cubrir las necesidades educativas.

51 Aptado. 4.11.
52 Aptado. 4.10.
53 En tal sentido, ha explicado la jurisprudencia civil que: “De largo tiempo atrás viene sosteniendo la Corte que la

acción proveniente del enriquecimiento injusto no puede tener cabida sino en subsidio de toda otra y siempre que
a lo menos concurran tres requisitos: que el demandado se haya enriquecido, que el demandante se haya
empobrecido correlativamente y que este desplazamiento patrimonial carezca de CAUSA que lo justifique desde el
punto de vista legal. Por causa no debe entenderse aquí el motivo al que se hace referencia en el artículo 1524 del
Código Civil, sino la preexistencia de una relación o vínculo jurídico entre el enriquecido y el empobrecido que
justifique el desplazamiento patrimonial que ha tenido lugar. // Cuando media entre los interesados una obligación
previa, como la que contrae el vendedor de hacer tradición de la cosa o cosas vendidas, el cumplimiento parcial de
ella jamás puede generar un enriquecimiento sin causa del comprador. La causa es en este caso el contrato de
compraventa.”: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de junio de 1971.
(Mayúsculas originales del texto citado)
54 Aptado. 2.5.1.
55 Aptado. 2.4.
56 Aptado. 2.7.
57 Aptado. 2.5.1.
58 Aptado. 4.17.1.
59 Aptados. 4.17.1 a 4.17.5.

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5.5. Por contraste con lo hasta acá expuesto, no deja de ser llamativo que el propio
instituto demandante haya basado su reclamación económica ante el departamento
en los guarismos pactados en el contrato60. Nuevamente, en la apelación, el recurrente
aludió a circunstancias propias de la relación contractual como el plazo de ejecución o
una posición de dominio61. Al ser tramitadas las súplicas de la demanda bajo un
hipotético enriquecimiento sin causa, tanto los argumentos, como las pruebas
practicadas y allegadas debían dar cuenta del detrimento patrimonial efectivamente
irrogado a la parte demandante, cuya reparación procede a través una acción
autónoma con carácter netamente compensatorio, como lo es la actio in rem verso62.

No tienen así cabida, en este contencioso, las reclamaciones cuya existencia y cuantía
se basó en facultades y obligaciones derivadas de un negocio jurídico, propias de una
controversia contractual en la que, por demás, no podrían reconocerse prestaciones
pendientes, por la ausencia de salvedades concretas en el acta de liquidación
bilateral63. Resulta así explicable que, movido por los argumentos del instituto
demandante, se hubiera hecho referencia a la ausencia de salvedades en la sentencia
apelada, por lo que esta consideración tampoco merece el reproche del apelante64.

Sobre el segundo problema jurídico65

5.6. Por si lo anterior no fuese suficiente para desestimar los argumentos del apelante,
nota la Sala que, por demás, no fue acreditado en este proceso que hubiera acaecido
alguno de los supuestos excepcionales de prosperidad de las pretensiones de
enriquecimiento sin justa causa que, con carácter enunciativo, fueron precisados en la
sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012.

5.6.1. El primero de estos supuestos refiere que habrá enriquecimiento sin causa
cuando “se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado,
la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o
impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes
o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con
prescindencia del mismo”.

En este caso, el mero contraste entre lo planteado por la jurisprudencia, y la
argumentación formulada por el apelante denota el equívoco en que este último
incurre, cuando soporta su impugnación en una supuesta “posición dominante de la
relación contractual”66, ya que el constreñimiento o imposición al que hace referencia
60 Aptado. 4.12.
61 Aptado. 2.5.3.
62 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, exp. 37897,

aptados. 12.3 y 13.
63 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación de 27 de junio de 2023, exp. 39121, aptado.

12.
64 Aptado. 2.5.4.
65 Aptado. 3.2.
66 Aptado. 2.5.2 y 2.5.3.

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el postulado citado es el que tiene lugar por fuera de la relación contractual, mientras
que un vínculo como aquel en el que uno de los extremos de la relación jurídica tiene
un posición dominante67-68 denota una causa jurídica.

No está acreditado que dicho elemento fuera imposible de probar para el demandante
quien, por lo demás, yerra en advertir que esta situación hubiera sido obvia69, como si
se tratara de un hecho notorio, al cual se opone la jurisprudencia administrativa en la
que han sido estimadas las pretensiones de enriquecimiento sin justa causa, por
encontrar acreditado que el ente demandado constriñó al demandante a la ejecución
de prestaciones sin un contrato que lo vinculara jurídicamente70.

5.6.2. Tampoco hay elemento probatorio alguno que demuestre que el departamento
de Córdoba advirtiera la prestación obligatoria del servicio para satisfacer el derecho
fundamental a la educación71, como lo dijo el apelante72.

5.6.3. No hay, por demás, medio de prueba alguno que acredite la prestación de
servicios necesarios para atender lesiones o amenazas inminentes al derecho a la
salud; ni de una situación de urgencia manifiesta no declarada por la Administración.

5.7. Así las cosas, la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de
la demanda será confirmada.

6. Según el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365.1 del Código
General del Proceso —aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley
153 de 1887 y la jurisprudencia administrativa unificada73— el Instituto Juan Jacobo
Rousseau será condenado en costas, porque el recurso de apelación que interpuso
fue resuelto desfavorablemente. El artículo 366 del Código General del Proceso
determinó, a su vez, que la liquidación de costas será hecha por la Secretaría de la
Corporación, y la fijación de las agencias en derecho le corresponde al juzgador, de

67 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de octubre de 1994, exp. 3972;

reiterada en sentencia del 9 de agosto de 2000, exp. 5372.
68 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de julio de 2012, exp. 21573; sentencia

de 28 de abril de 2014, exp. 41834; sentencia de 29 de enero de 2014, exp. 46482; y sentencia de 25 de junio de
2014, exp. 28067, entre otras.
69 Aptado. 2.5.2.
70 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 24969;

Subsección C, sentencia de del 3 de marzo de 2014, exp. 28570; Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de
2015, exp. 36318; y Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, exp. 37958, entre otras.
71 En un asunto análogo, esta Subsección ha precisado lo siguiente: “Ahora, la actora insiste en que su conducta

tuvo como propósito mantener la prestación de la educación primaria en las zonas vulnerables donde esta obraba
y, si bien es cierto que buscaba garantizar el derecho a la educación, no es menos cierto que el carácter
fundamental de estos servicios no le da justificación a los contratistas del Estado para desconocer las normas
superiores, ni tampoco pasar por alto el carácter preceptivo del acuerdo de voluntades. Es decir que, por más
loables que sus intenciones sean, los particulares no están capacitados para crear unilateralmente y sin soporte
jurídico suficiente compromisos pecuniarios para el Estado bajo el pretexto de garantizar, a través de prestaciones
de facto, un servicio básico y fundamental.”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 15 de diciembre de 2021. Rad. 25000-23-36-000-2014-00617-
01(56400).
72 Aptado. 2.4.5.
73 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de

2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).

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acuerdo con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en
particular, por el Acuerdo 1887 de 2003, vigente para el momento en que este proceso
inició. Para la segunda instancia en procesos adelantados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el límite de las agencias en derecho va “[h]asta el cinco
por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
Con fundamento en ello, la Sala reconocerá el equivalente al 0,015% de las
pretensiones de la demanda, por agencias en derecho en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017),
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR al Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau en costas de
segunda instancia a favor de la entidad demandada. Por Secretaría, liquídese según lo
dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso e inclúyase, por concepto
de agencias en derecho, la suma equivalente al 0,015% de las pretensiones de la
demanda a favor del departamento de Córdoba.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF

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