Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2004-05104-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: no condena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2004-05104-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2004-05104-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
31 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condena
SÍNTESIS DEL CASO: La firma actora celebró con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) un contrato de prestación de servicios para la formación predial o catastral rural de Cali, con fundamento en un convenio de cooperación suscrito entre el organismo internacional y el municipio de Cali. En el lapso que transcurrió entre el inicio de la ejecución y el periodo de liquidación del contrato, se hicieron sendas adiciones al mismo, entre las que se destacaron, la ampliación del plazo, la adición de predios en la formación predial y el aumento del valor pactado. A juicio de la compañía demandante, los pagos por la mayor ejecución de trabajos realizados no fueron reconocidos, situación que le causó un detrimento patrimonial imputable, en este caso particular, al municipio, pues dicha entidad, aun estando por fuera de la relación contractual, se benefició de los trabajos, coordinó las labores, aumentó el rango de la formación predial, autorizó los pagos y recibió a satisfacción el material final, por lo que se enriqueció sin justa causa.
PROBLEMA JURÍDICO: ¿Se presentó un enriquecimiento sin justa causa, como consecuencia de la ejecución de los servicios adicionales impagados, que habían sido pactados entre la compañía accionante y un tercero, pero que beneficiaron a la entidad demanda?
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a la cuantía
La Sala es competente para conocer el presente caso, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión supera el monto mínimo exigido por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo (CCA) para que el asunto sea de conocimiento de los Tribunal Administrativos en primera instancia y de esta Corporación en segunda instancia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No operó. La demanda se presentó de forma oportuna
De acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, las pretensiones de actio in rem verso deben plantearse mediante la acción de reparación directa. Según el numeral 8º del artículo 136 del CCA, dicha acción debe instaurares dentro de un período de dos (2) años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”. En los casos de reclamación de prestaciones al margen de una relación contractual, “la caducidad debe empezarse a contar a partir del momento en que se adquiere certeza por parte del actor que la administración no va a cancelar rubro alguno por el servicio prestado” , tal y como lo ha indicado la Subsección en diferentes pronunciamientos. (…) la Sala encuentra que el cómputo del término para la presentación oportuna de la actual acción debe contarse a partir del veinticinco (25) de junio de dos mil tres (2003), esto es, del día siguiente a aquel en que la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal de Cali negó la reclamación de pago por la mayor formación catastral, solicitada por la compañía accionante. Por tanto, como la demanda administrativa fue presentada el primero (1º) de diciembre de dos mil cuatro (2004), es evidente que la acción se ejerció en el término bienal previsto por la ley.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136.8
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditación / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditación
En lo concerniente a la legitimación en la causa por activa, la Sala constata que la Compañía Ingeniería del Ambiente Ltda. (CIDAL) es la persona jurídica sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, toda vez que fue esta la que realizó los trabajos adicionales, consistentes en una mayor formación predial, sin que el pago respectivo fuera reconocido y cancelado. En lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que la parte accionante pretende derivar responsabilidad del municipio de Cali por el enriquecimiento de este en detrimento de su patrimonio, a causa de la omisión en la cancelación de los pagos referentes a la mayor formación predial; acreencias que –conforme a lo afirmado en la demanda– no se derivan de la relación contractual entre dicha compañía y la OEI, sino de las actuaciones realizadas por el municipio de Cali, que en virtud del convenio de cooperación suscrito por el organismo internacional y el municipio, era el beneficiario y supervisor del pacto, es decir, quien tenía la potestad de coordinar los trabajos adicionales, aumentar el rango de la formación predial, autorizar los pagos y recibir a satisfacción el material realizado. Por consiguiente, el municipio de Cali es la entidad legitimada en la causa por activa en el presente asunto.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Pronunciamiento jurisprudencial
Esta Subsección se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el enriquecimiento sin causa, como principio general de derecho, que permite fundar el ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 del CCA, para reparar el daño sufrido por quien ha resultado empobrecido, a expensas del enriquecimiento de otro. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 24897
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86
ACTIO IN REM VERSO - Pronunciamiento jurisprudencial / ACTIO IN REM VERSO - Eventos en los que procede / EXCEPCIONES DE LA ACTIO IN REM VERSO EN ASUNTOS EN LOS QUE SE PRESENTA UN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA FUERA DEL MARCO DE UN CONTRATO ESTATAL - Hipótesis. Supuestos
En sentencia de unificación, esta Corporación recalcó que la buena fe objetiva debe guiar a las partes antes, durante y después del contrato. Los contratantes tienen así el deber jurídico de acatar la exigencia legal del acuerdo previo y escrito sobre el objeto y la contraprestación, para el perfeccionamiento de un contrato estatal, sin que la ignorancia de la norma sea admisible como excusa para su inobservancia. No puede así utilizarse la actio in rem verso, para reclamar el pago de obras ejecutadas a favor de la Administración, sin contrato alguno o al margen de éste. (…) esta Sección admite la actio in rem verso, de forma excepcional, en asuntos en los que se presenta un enriquecimiento sin causa fuera del marco de un contrato estatal, siempre que se configure alguna de las siguientes hipótesis de interpretación restrictiva: “a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993”.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41.4
ACTIO IN REM VERSO - Improcedencia. No se configuró ningún supuesto excepcional
La Subsección encuentra que no se configuró ninguna de las situaciones excepcionales referidas en la sentencia de unificación para que se configure un enriquecimiento sin causa, por lo que en el presente caso no procede la actio in rem verso.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Procede en casos de coligación negocial
Esta Judicatura considera pertinente añadir que las pretensiones formuladas podrían haberse ventilado mediante el procedimiento análogo que corresponde a la acción de controversias contractuales, a la luz de una hipotética coligación negocial - , entre el convenio de cooperación No. 001 y el contrato de prestación de servicios No.1732 , ya que los objetos de dichos negocios jurídicos no son iguales y son, por tanto contratos autónomos, pero se encuentran relacionados entre sí, en cuanto perseguían un mismo fin y el Convenio tuvo influencia en la formación del contrato de prestación de servicios. (…) aun si está judicatura optara, con fundamento en el derecho al acceso a la administración de justicia, por analizar la responsabilidad contractual de la entidad demandada, concediendo la existencia de una eventual coligación negocial, se observa que la empresa demandante, en el momento de firmar la liquidación del contrato No. 1732 por mutuo acuerdo, no dejó salvedad en el acta respecto de alguna reclamación o inconformidad , lo que hace inviable la pretensión judicial del pago de las prestaciones surgidas del el contrato No. 1732 .
NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Dr. Guillermo Luque Sánchez.
NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS - Actio in rem verso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 76001-23-31-000-2004-05104-01(44063)
Actor: COMPAÑÍA INGENIERÍA DEL AMBIENTE LTDA. (CIDAL)
Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: Actio in rem verso. Subtema 1: Eventos en los que procede. Subtema 2: Coligación Negocial.
La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por la compañía accionante y la cesionaria de derecho litigiosos, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012), que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La firma actora celebró con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) un contrato de prestación de servicios para la formación predial o catastral rural de Cali, con fundamento en un convenio de cooperación suscrito entre el organismo internacional y el municipio de Cali. En el lapso que transcurrió entre el inicio de la ejecución y el periodo de liquidación del contrato, se hicieron sendas adiciones al mismo, entre las que se destacaron, la ampliación del plazo, la adición de predios en la formación predial y el aumento del valor pactado.
A juicio de la compañía demandante, los pagos por la mayor ejecución de trabajos realizados no fueron reconocidos, situación que le causó un detrimento patrimonial imputable, en este caso particular, al municipio, pues dicha entidad, aun estando por fuera de la relación contractual, se benefició de los trabajos, coordinó las labores, aumentó el rango de la formación predial, autorizó los pagos y recibió a satisfacción el material final, por lo que se enriqueció sin justa causa.
ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El primero (1º) de diciembre de dos mil cuatro (2004), la Compañía Ingeniería del Ambiente Ltda. (en adelante CIDAL) presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el municipio de Santiago de Cali. Pretende que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios de orden material, en la modalidad de daño emergente, causados por “el no pago de los servicios adicionales de la mayor formación predial rural y demás actividades conexas y complementarias debidamente autorizadas, ejecutadas y recibidas a satisfacción por el [m]unicipio de Santiago de Cali, con ocasión de la determinación de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y las tablas de valores de la construcción y del reconocimiento predial rural, como parte de la formación catastral del [m]unicipio”
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. La demanda fue admitida mediante providencia notificada en debida forma, y contestada por la accionada, entidad que llamó en garantía a la OEI; organismo que, una vez convocado al contradictorio, informó que goza de las prerrogativas e inmunidades otorgadas en la Convención de Viena, que lo apartan del control judicial ejercido por los jueces del país.
2.2.2. El periodo de pruebas fue abierto y, agotado este, se citó a las partes para celebrar audiencia de conciliación. En la fecha y hora señalada, los interesados manifestaron no tener ánimo conciliatorio. Por tal razón, la audiencia fue declarada fallida
2.2.3. Se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo, oportunidad que fue aprovechada por las partes. El Ministerio Público guardó silencio.
2.2.4. Posteriormente, fue aceptada la cesión de derechos litigiosos suscrita entre CIDAL y María Cristina Palau Salazar, por el treinta por ciento (30%) de la cuantía que resultare reconocida en el proceso de la referencia.
2.2.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las súplicas de la demanda. La compañía accionante y la cesionaria de derechos litigiosos interpusieron recursos de apelación, que fueron concedidos por el juzgador de primera instancia.
2.3. Trámite procesal relevante en segunda instancia
Esta Corporación admitió los recurso interpuestos, y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que aquellas alegaran y éste conceptuara de fondo, oportunidad que solo fue aprovechada por la cesionaria de derechos litigiosos. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
3.1. Competencia
La Sala es competente para conocer el presente caso, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión supera el monto mínimo exigido por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo (CCA) para que el asunto sea de conocimiento de los Tribunal Administrativos en primera instancia y de esta Corporación en segunda instancia.
3.2. Vigencia de la acción
3.2.1. De acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, las pretensiones de actio in rem verso deben plantearse mediante la acción de reparación directa. Según el numeral 8º del artículo 136 del CCA, dicha acción debe instaurares dentro de un período de dos (2) años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
En los casos de reclamación de prestaciones al margen de una relación contractual, “la caducidad debe empezarse a contar a partir del momento en que se adquiere certeza por parte del actor que la administración no va a cancelar rubro alguno por el servicio prestado”, tal y como lo ha indicado la Subsección en diferentes pronunciamientos-.
3.2.2. Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que el cómputo del término para la presentación oportuna de la actual acción debe contarse a partir del veinticinco (25) de junio de dos mil tres (2003), esto es, del día siguiente a aquel en que la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal de Cali negó la reclamación de pago por la mayor formación catastral, solicitada por la compañía accionante. Por tanto, como la demanda administrativa fue presentada el primero (1º) de diciembre de dos mil cuatro (2004), es evidente que la acción se ejerció en el término bienal previsto por la ley.
3.3. Legitimación en la causa
3.3.1. En lo concerniente a la legitimación en la causa por activa, la Sala constata que la Compañía Ingeniería del Ambiente Ltda. (CIDAL) es la persona jurídica sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, toda vez que fue esta la que realizó los trabajos adicionales, consistentes en una mayor formación predial, sin que el pago respectivo fuera reconocido y cancelado.
3.3.2. En lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que la parte accionante pretende derivar responsabilidad del municipio de Cali por el enriquecimiento de este en detrimento de su patrimonio, a causa de la omisión en la cancelación de los pagos referentes a la mayor formación predial; acreencias que –conforme a lo afirmado en la demanda– no se derivan de la relación contractual entre dicha compañía y la OEI, sino de las actuaciones realizadas por el municipio de Cali, que en virtud del convenio de cooperación suscrito por el organismo internacional y el municipio, era el beneficiario y supervisor del pacto, es decir, quien tenía la potestad de coordinar los trabajos adicionales, aumentar el rango de la formación predial, autorizar los pagos y recibir a satisfacción el material realizado. Por consiguiente, el municipio de Cali es la entidad legitimada en la causa por activa en el presente asunto.
CONSIDERACIONES
4.1. De los hechos probados
Esta Subsección se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el enriquecimiento sin causa, como principio general de derecho, que permite fundar el ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 del CCA, para reparar el daño sufrido por quien ha resultado empobrecido, a expensas del enriquecimiento de otro. Dicho empobrecimiento, se produjo en el sub lite –según el demandante– debido a la ejecución de los servicios adicionales convenidos en el contrato suscrito entre la CIDAL y la OEI, que fueron autorizados y beneficiaron al municipio de Cali, sin que hayan sido reconocidos y cancelados, pese a las múltiples solicitudes presentadas con tal propósito.
Como sustento de las pretensiones indemnizatorias por dicho enriquecimiento incausado, fueron presentados a la Sala los siguientes hechos constatados por la Sala, con fundamento en las pruebas debidamente recaudadas en el proceso.
4.1.1. El veintinueve (29) de diciembre de dos mil (2000), el municipio de Cali suscribió el convenio de cooperación No. 001 con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el objeto de “aunar esfuerzos, para el desarrollo del reconocimiento predial rural y la determinación de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y tablas de valores de la construcción en el área rural del municipio de Santiago de Cali como parte del proceso de la formación catastral rural 2000” por un valor de $1.384.301.000 y con un plazo de duración de ocho (8) meses. De las clausulas pactadas, la Sala destaca las siguientes:
“COMPROMISOS DE LA OEI: 1) Apoyar la ejecución del convenio poniendo a disposición de la Entidad la infraestructura de gestión de la OEI. 2) Apoyar a la entidad en la compra de equipos, materiales y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del convenio. Los bienes adquiridos en desarrollo del convenio serán de propiedad de la entidad. 3) Contratar de conformidad con los reglamentos y procedimientos de la OEI las personas naturales o jurídicas necesarias para el desarrollo del objeto del presente convenio, previo visto bueno de la Entidad. (…). COMPROMISOS DE LA ENTIDAD: 1) Coordinar las actividades de cooperación. 2) Realizar el control y la evaluación del desarrollo del reconocimiento predial rural y la determinación de las zonas homogéneas y tablas de valores, conforme los parámetros y lineamientos establecidos con anterioridad por la Entidad. 3) Presentar a la OEI el plan o cronograma de las actividades para el desarrollo del programa o proyecto objeto de convenio (…). DECIMA PRIMERA: Las actividades con cargo a los recursos del convenio serán autorizadas en cada caso mediante oficio suscrito por el Subdirector Administrativo municipal”.
4.1.2. Atendiendo a las condiciones previstas en el convenio suscrito entre el municipio de Cali y la OEI, esta última inició un proceso de convocatoria mediante invitación, con el objeto de “(…) seleccionar la propuesta más favorable para efectos de contratar la realización de la determinación de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y tablas de valores de la construcción y del reconocimiento predial rural, como parte del proceso de la formación catastral (…) de aproximadamente 16.498 predios rurales de Cali” .
4.1.3. CIDAL presentó propuesta a la OEI, de conformidad con los términos de referencia. Una vez efectuado el proceso de evaluación correspondiente, la proposición fue aceptada. En la propuesta se especificó que la ejecución del contrato se desarrollaría en etapas, según el siguiente cuadro de ruta:
DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTES Y ETAPAS
Etapa
Predios
Costo
Costo predio
Preliminar
16.498
$15.000.000
$909,20
Homogéneas
16.498
$240.841.000
$14.598,19
Reconocimiento 1
2.722
$151.806.882
$55.770,35
Total etapa 1
$407.647.882
Etapa 2
4.513
$276.561.153
$61.281
Etapa 3
4.689
$287.346.609
$61.281
Etapa 4
4.572
$280.299.294
$61.281
Total con IVA
16.498
$1.251.854.938
$75.879,19
4.1.4. El tres (3) de septiembre de dos mil uno (2001), la OEI y CIDAL celebraron el contrato No. 1732, que tenía por objeto “la prestación de servicios a fin de realizar la determinación [sic] homogéneas físicas y geoeconómicas y tablas de valores de la construcción y del reconocimiento predial rural, como parte del proceso de la formación catastral (…) de aproximadamente 16.498 predios rurales de Cali”, por un valor de $684.247.202, y un plazo de duración de seis (6) meses. Entre las cláusulas pactadas resultan relevantes las siguientes:
“CLAUSULA SEGUNDA (…) PAR[Á]GRAFO SEXTO: la propuesta presentada por el contratista y los términos de referencia remitidos a la OEI por la Subdirección Administrativa Municipal, forman parte integral del presente contrato. No obstante el texto del presente contrato prima sobre aquellos en lo que los modifique. CL[Á]USULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO (…): El valor del contrato es el correspondiente a la primera y segunda etapa del proyecto de acuerdo a la propuesta presentada por la suma de $684.247.202 (…).PARAGRAFO PRIMERO: el valor del presente contrato se imputará con cargo al convenio No 001 OEI – [m]unicipio de Cali (…) PAR[Á]GRAFO SEGUNDO: el valor del presente contrato para la etapa de reconocimiento contempla hasta 16.498 predios, cuyo valor unitario es de $61.316 por cada predio (…). PAR[Á]GRAFO TERCERO: El valor del presente contrato podrá adicionarse hasta por la suma de $1.252.428.883, para desarrollar la tercera y cuarta etapa del proyecto en la medida que ingresen los recursos a la tesorería de la OEI. (…) PARAGRAFO [sic] QUINTO: para el último pago el contratista se compromete a presentar el informe final de actividades previo visto bueno del supervisor del presente contrato y suscribir la respectiva acta de liquidación final del contrato (…). CLAUSULA SEPTIMA: la supervisión del presente contrato será ejercida a través de la Subdirección Administrativa Municipal y la interventoría a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.
4.1.5. El doce (12) de Septiembre de dos mil uno (2001), se celebró una reunión entre un funcionario de la Subdirección Administrativo de Impuestos, Rentas y Catastro del municipio de Cali y el representante legal de CIDAL, en la que se acordó que la fecha de inicio del contrato No. 1732, quedaba supeditada a la entrega, por parte de Catastro, de los insumos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. Sin embargo, la entidad territorial informó que “dada la difícil situación económica y el déficit de personal del [m]unicipio de Cali”, la entrega de insumos no era posible, por lo que solicitó a CIDAL suministrarlos con cargo al contrato .
4.1.6. El diecisiete (17) de septiembre de dos mil uno (2001), CIDAL remitió a la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de Cali un oficio en el que relacionó los insumos necesarios para el desarrollo contractual, con un costo que ascendía a $63.210.072.
4.1.7. El dieciocho (18) de octubre de dos mil uno (2001), la OEI y CIDAL firmaron el acta de compromiso al contrato No. 1732 (Adicional No.1), en el que se acordó: i) contratar la ejecución de la tercera etapa del proyecto de formación predial; y ii) adicionar la suma de $300.848.957 al valor del contrato.
4.1.8. El diecinueve (19) de noviembre de dos mil uno (2001), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal solicitó a la OEI incluir dentro del costo del convenio el valor de los insumos relacionados por el contratista, lo que implicó dejar de realizar el reconocimiento predial de 1.047 predios en la primera etapa, hasta que se contara con los recursos en el fondo de apoyo OEI.
4.1.9. El treinta y uno (31) de enero de dos mil dos (2002), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal informó a la OEI que todos los insumos solicitados fueron entregados por CIDAL, por lo que el valor convenido debía ser cancelado en su totalidad, con cargo a la primera etapa, es decir, $63.210.072.
4.1.10. El diecinueve (19) de julio de dos mil dos (2002), la Subdirectora de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, el representante legal de CIDAL y un asistente de IGAC sostuvieron una reunión, en la que se acordó: i) prorrogar hasta el 15 de diciembre de 2002 el convenio 001; ii) adicionar el valor del convenio con $50.000.000 más; iii) modificar el contrato No. 1732, en el sentido de ampliar a 20.000 predios la formación predial, entendiéndose así, que si hubiera una mayor cantidad de predios, CIDAL se comprometía a entregar los quince (15) corregimientos totalmente formados, pagándose el costo de estos predios con los recursos del fondo de apoyo de la OEI y los $50.000.000 adicionados al convenio; iv) prorrogar el contrato No. 1732 hasta el 30 de noviembre de 2002; y, v) autorizar la contratación de la cuarta etapa del contrato 1732 y el desembolso del 50% del valor de la misma.
4.1.11. El nueve (9) de agosto de dos mil dos (2002), se suscribió entre la OEI y CIDAL, el acta de compromiso al contrato No. 1732 (Adicional No.2), en la que se acordó: i) contratar la ejecución de las cuarta etapa del proyecto de formación predial; ii) ampliar el término de ejecución del contrato hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil dos (2002); iii) adicionar la suma de $267.332.953 al valor del contrato; iv) que el valor del contrato podría adicionarse hasta por la suma de $50.000.000, una vez Administración Municipal adicionara dichos recursos al convenio No. 001; y, v) que el contrato podría adicionarse en 3.502 predios, que serían cancelados con la suma señalada anteriormente y con los dineros provenientes del fondo de apoyo de la OEI, por su parte, CIDAL se comprometió a que, en caso de que existiese número de predios mayor a 20.000, entregaría los quince (15) corregimientos terminados.
4.1.12. El cinco (5) de septiembre de dos mil dos (2002), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de Cali informó a la OEI, su preocupación por la interrupción de la interventoría realizada por el IGAC en el contrato de No. 1732; situación que –afirma– afectaba lo programado por CIDAL y, consecuentemente, a los intereses del municipio. En consecuencia, la Subdirectora requirió a la OEI la definición del nuevo contrato de interventoría y advirtió que, en caso de que no se gestionara o planeara el cubrimiento de todo el programa, se verían obligados a intervenir ante dicho organismo, para la asignación de la labor a otra empresa, pues el programa debía salir en vigencia a partir del 1º de enero de 2003.
4.1.13. El siete (7) de noviembre de dos mil dos (2002), la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal y la OEI suscribieron acta de cooperación al Convenio 001, en el que se estableció lo siguiente:
“(…) cuando en desarrollo del convenio se realicen actividades gravadas con el impuesto sobre el valor agregado IVA, la OEI solicitará el reembolso del IVA, según los procedimientos establecidos en la ley y una vez recibido el reembolso, se destinará previo acuerdo entre las partes, a actividades propias para la ejecución del convenio. A la fecha por éste concepto se cuenta con la suma de 7.463.920 [que se invertirán]:
Realización de actividades adicionales y complementarias en números de predios establecidos en el proyecto.
Adquisición de elementos complementarios para la culminación del proyecto.
Apoyo logístico requeridos para el desarrollo del objeto”.
4.1.14. El veintiocho (28) de noviembre de dos mil dos (2002), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de Cali autorizó a la OEI, la destinación de “los recursos provenientes del fondo de apoyo tanto del contrato CIDAL con la OEI como de los contratos de las interventorías con la OEI”; recursos que deberán ser adicionados al contrato No. 1732, a fin de cubrir los costos adicionales que generaría la formación catastral de los 2.502 predios que, aproximadamente, resultaran de más a lo inicialmente pactado .
4.1.15. El primero (1º) de diciembre de dos mil dos (2002), la OEI y CIDAL suscribieron el acta de compromiso al contrato No. 1732 (Adicional No. 3), en el que se convino: i) prorrogar en tres (3) meses más el plazo del contrato; ii) adicionar el valor del contrato en la suma de $7.463.920; y que iii) el nuevo valor del contrato para todos los efectos sería de $1.259.893.032.
4.1.16. El veintitrés (23) de diciembre de dos mil dos (2002), se suscribió el acta de entrega y recibo final de la formación del catastro rural de Cali, a satisfacción de la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal y el interventor del contrato. En el acta sobre ello se plasmó:
“El resultado final ha sido de 21.027 predios rurales reconocidos y procesados, lo cual implica un aumento de 4.529 predios, en una quinta (5) etapa, que se ejecutó de conformidad al acuerdo realizado según oficio SARCM-SC-877 de 19 de julio de 2002”.
4.1.17. El diecisiete (17) de enero de dos mil tres (2003), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de Cali informó al Departamento de Hacienda, que en atención a la solicitud presentada por el representante legal de CIDAL (la cual no se encuentra en el plenario) el reajuste económico del contrato no es procedente, debido a que:
“(…) la Administración mediante acta de julio 19 de 2002 acuerda modificar el contrato 1732 del 2002 en el sentido de ampliar a 20.000 predios la formación catastral, entendiéndose que si hubiera una mayor cantidad de predios CIDAL se compromete a entregar los 15 corregimientos formados y el costo de estos predios sería reconocido con los recursos del fondo de apoyo OEI y de 50 millones que la administración se compromete adicionar al convenio 001”.
4.1.18. El veintiocho (28) de abril de dos mil tres (2003), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de Cali autorizó a la OEI la cancelación de $50’000.000, que habían sido girados por el municipio, más $7’463.920, fijados en acta de cooperación y $53.009.129 que a la fecha –se afirma–, según lo reportado, se encontraban disponibles en el fondo de apoyo OEI.
4.1.19. El catorce (14) de mayo de dos mil tres (2003), la OEI envió a CIDAL un proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios No. 1732, en la que se estipuló:
“CL[Á]USULA PRIMERA: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicio No. 1732 de 2001, suscrito entre la OEI y la firma CIDAL Ltda.
Valor total ejecutado correspondiente a 21.027 predios $1.289.291.532
Valor pagado al contratista $1.246.744.522
Saldo a favor del contratista $42.547.010
CL[Á]USULA SEGUNDA: La OEI cancelará al contratista a la firma de la presente acta la suma de $42.547.010
CL[Á]USULA TERCERA: Considerando lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y ninguna de ellas podrá reclamar perjuicios o indemnización alguna derivados del contrato No. 1732 de 2001”.
4.1.20. El quince (15) de mayo de 2003, CIDAL remitió oficio a la OEI, con el que formuló las siguientes observaciones al proyecto de acta de liquidación:
“(…) quedó faltando, dentro de la liquidación, el valor correspondiente a los trabajos preliminares $15.000.000 y a la determinación de las zonas homogéneas, físicas y Geoeconómicas y tablas de valores de la construcción $240.842.000, trabajos estos que están contemplados dentro de los términos de referencia, dentro de la propuesta presentada por CIDAL y aceptada por ustedes, dentro del objeto del contrato, dentro de la información que la subdirección de catastro envió a ustedes para la definición de las etapas de conformidad a la disponibilidad presupuestal del municipio de Cali y estos trabajos fueron recibidos a entera satisfacción según consta en el acta de entrega y recibo final del programa de la formación de catastro.
De conformidad con lo expuesto consideramos que las cláusulas del acta de liquidación del contrato de la referencia, deberían quedar así:
CL[Á]USULA PRIMERA: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicio No. 1732 de 2001, suscrito entre la OEI y la firma CIDAL Ltda. Valor total ejecutado correspondiente a:
Etapa 1 y 2
Preliminares: $15.000.000
Zonas homogéneas $240.841.000
Reconocimiento predial de 7.235 predios $428.406.202
Etapa No. 3
Reconocimiento predial de 4.689 predios $300.848.957
Etapa No.
Reconocimiento de 4.571 predios
Reconocimiento de 4.526 predios adicionales a $61.316 es igual a $277.700.164
TOTAL 1.530.129.276
Valor pagado al contratista de acuerdo al objeto del contrato $1.183.534.449
Saldo a favor del contratista $346.594.827
CALUSULA SEGUNDA: La OEI cancelará al contratista la suma de $346.594.827”
4.1.21. El veinte (20) de mayo de dos mil tres (2003), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de Cali sugirió a la OEI reunirse con CIDAL para conciliar los saldos pendientes del contrato No. 1732. Al respecto expresó que:
“Comoquiera que el gerente de la firma CIDAL presentó reparos al Acta de liquidación, propuesta por ustedes en la cual da un saldo a favor de $345.594.827, ya que el mismo se surtió por etapas lo cual se aleja del valor del contrato, les agradezco se sirvan realizar las revisiones pertinentes y conciliar los saldos, toda vez que es responsabilidad de ustedes por la relación contractual.
Es importante anotar que el señor Zamorano reclama además del anterior saldo, los IVAS [sic] de los contratos que constituyen recursos del Fondo de Apoyo por la suma de $236.665.524, que deben ser devueltos por ustedes”.
4.1.22. El dieciséis (16) de Junio de dos mil tres (2003), CIDAL presentó reclamación en sede administrativa ante la Subdirección de Impuesto, Rentas y Catastro de Cali con las siguientes peticiones:
“PRIMERA. Autorizar a la OEI para que de mutuo acuerdo convenga con la sociedad la liquidación definitiva del contrato 1732, (…) para que el municipio de Cali no tenga un enriquecimiento sin causa en detrimento económico de la sociedad, liquidación que debe incluir el reconocimiento de 4.526 predios adicionales al valor unitario acordado (…), para un valor de $277.700.000, sumando a dicho valor la factura No. 092 de enero 30 de 2002, que corresponde a insumos entregados a su despacho, para un valor de $346.594.827, suma a la cual se le debe reconocer los intereses moratorios causados hasta el pago”
SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración la Administración Municipal favorecida directamente con el objeto del contrato y de conformidad a la obligación que adquirió en la decisión tomada el 19 de julio de 2002, debe autorizar dicho pago con los recursos del Fondo de Apoyo de OEI, para que la organización proceda a cumplir (…) con la liquidación y el pago del contrato”.
4.1.23. El veinticinco (25) de junio de dos mil tres (2003), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal respondió la reclamación en el siguiente sentido:
“(…) si bien es cierto (…) en la cláusula segunda del Convenio dentro de los compromisos de la OEI están los de contratar de conformidad con los reglamentos y procedimientos de la OEI las personas naturales o jurídicas necesarias para el desarrollo del objeto del presente convenio previo visto bueno de la Entidad. El Convenio es muy claro en su cláusula novena cuando nos habla de la exclusión laboral: Las partes manifiestan expresamente que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes adquieren por la celebración del presente convenio, relación laboral alguna entre las partes, extendiéndose esta exclusión a las personas que en desarrollo del mismo convenio llegue a contratar por cualquier causa con la OEI.
Es de aclarar que en nuestros archivos (…) no existe ni convenio ni contrato alguno con la firma CIDAL (…). Siendo así las cosas, la Subdirección estaría exenta de cualquier obligación derivada de las subcontrataciones que haya podido realizar la OEI, en ejercicio del convenio firmado con esta entidad, pero lo realmente verdadero es que el contrato No. 1732 de 2001 es entre la OEI y la firma CIDAL. Asimismo, y de acuerdo a lo anterior esta Subdirección se permite recomendarle tratándose de cualquier reclamación en derecho al respecto se debe tramitar por la firma que usted representa CIDAL y ante la OEI organización que lo subcontrato”.
4.1.24. El tres (3) de julio de dos mil tres (2003), la Subdirectora Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de Cali sugirió nuevamente a la OEI, mediante oficio y con copia a CIDAL, agotar la vía de dialogo con el contratista, para que se conciliaran sus pretensiones y se aclararan las situaciones de inconformidad. Reiteró que dicha entidad había cumplido cabalmente lo pactado y añadió que, además, había asumido responsabilidades que correspondían a la OEI, frente a los procesos técnicos y de asesoría, ya que no había habido un acompañamiento verdadero de dicha organización.
4.1.25. El diecinueve (19) de agosto de dos mil tres (2003), la OEI manifestó a CIDAL su interés en firmar el acta de liquidación. Agregó que:
“El valor del contrato (No. 1732 de 2001) para todos los efectos se estima en la suma de $1.259.893.032. Sobre este valor y con base en las cuentas de cobro aprobaras por la Subdirección de Impuestos se ha pagado a CIDAL la suma de $1.246.744.522 quedando un saldo de $13.148.510.
Por otra parte y de conformidad con lo pactado entre la Subdirección de Impuestos y la OEI, según acta de cooperación, la OEI en desarrollo del convenio solicitaría ante la DIAN el reembolso de los recursos por concepto de IVA, y una vez recibidos los reembolsos se destinaría, previo acuerdo entre las partes, a actividades propias para la ejecución del convenio. (…)
De conformidad con informe enviado a la Subdirección de Impuestos la suma disponible por concepto de reintegro IVA es $53.009.129. Tal suma constituye el denominado fondo de apoyo que ayudaría a cubrir el mayor valor por número de predios, pero sin precisarse valores ciertos, dado que anticipadamente no se sabía cuáles serían obtenidos por concepto de reembolsos, así como el número de predios excedentes. (…)
Es importante anotar que mediante resolución No. 608-0219 de fecha 14 de marzo de 2003, la DIAN resolvió no reconocer a la OEI suma alguna por concepto de IVA que no fuera causado por adquisición de bienes o servicios de uso oficial de la OEI y rechazó las sumas solicitadas que no cumplieran este concepto. Por ello, las nuevas solicitudes de reembolso deben cumplir ese requisito.
Es interés de la Organización, firmar el acta de liquidación a la mayor brevedad y entregar la suma correspondiente a los recurso disponibles por concepto de fondo de apoyo, $53.009.129 y la suma de $50.000.000 de recurso provenientes del Municipio, es decir un total de $103.009.129”.
4.1.26. En noviembre de dos mil tres (2003), la Contraloría Municipal de Cali presentó un informe de legalidad conjunto al Convenio 001 y al contrato No 1732, en el que plasmó que, no comprendía el beneficio que para el municipio representaba la suscripción de un convenio con la OEI para la formación catastral de predios, pues dicha entidad podía contratarlo directamente. No obstante, afirmó no había detectado irregularidad alguna en el convenio, ni tampoco en el proceso de contratación del CIDAL.
Complementariamente refirió que, hasta esa fecha, no había sido posible liquidar el contrato de prestación de servicios, porque existían diferencias de valores entre lo efectivamente ejecutado por CIDAL y lo inicialmente pactado, pues el contratista entregó 4529 predios formados adicionales, previo acuerdo entre las partes, que aún no habían sido cancelados, cuyo valor ascendía a $346.594.827.
4.1.27. El cinco (05) de noviembre de dos mil tres (2003), la OEI y CIDAL suscribieron el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios No. 1732, en la que estipularon:
“CL[Á]USULA PRIMERA: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicio No. 1732 de 2001, suscrito entre la OEI y la firma CIDAL Ltda.
Valor total del contrato $1.259.893.032
Valor pagado al contratista $1.246.744.522
Saldo del contrato $13.148.510
CL[Á]USULA SEGUNDA: La partes proceden a ajustar los valores por retención en la fuente:
Valor facturado por el contratista $1.315.639.184
Mayor valor facturado $55.746.152
Saldo del contrato $13.148.510
Menor valor pagado por retención $68.894.662
CL[Á]USULA TERCERA: La OEI, de conformidad con la autorización de la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, entregará al contratista la suma correspondiente a los recursos del fondo de apoyo por la suma de $34.114.467
CL[Á]USULA CUARTA:
Valor a favor del contratista $68.894.662
Por concepto de recursos disponibles
Fondo de apoyo $34.114.467
Total $103.009.129
La OEI entregará al contratista a la firma de la presente acta la suma de $103.009.129. Las partes se declaran a paz y salvo y el contratista renuncia a toda acción o reclamación derivada o que tenga relación con el contrato No. 1732 de 2001”.
4.1.28. El treinta (30) de diciembre de dos mil tres (2003), la OEI y el municipio de Cali suscribieron el acta de liquidación del convenio 001, en la que estipularon:
CL[Á]USULA PRIMERA: Terminar y liquidar el convenio de Cooperación 001 de 200 el cual presentó la siguiente ejecución:
Valor total del convenio $1.454.301.000
Valor recibido $1.454.301.000
Valor ejecutado $1.454.301.000
Saldo Final $0
CL[Á]USULA SEGUNDA: la presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, declarándose en paz y salvo por todo concepto derivado del convenio de cooperación 001 de 2000 y renunciando a cualquier reclamación posterior.
En síntesis, la Sala concluye que los hechos relatados permiten tener como debidamente probado el daño causado a CIDAL consistente en la mayor cantidad de trabajo realizada, formulación catastral de 4.526 predios adicionales a los inicialmente pactados en el contrato de prestación de Servicios No 1732, autorizada por el municipio de Cali como supervisor y beneficiario del contrato y pactada con el organismo contratista OEI mediante adiciones contractuales, sin la contraprestación debida, que acedian a $277.700.000.
4.2. De la sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó fallo de primera instancia, en el que negó las suplicas de la demanda. Afirmó, luego de examinar las pruebas traídas al plenario, que la existencia de un convenio institucional en el que se había estipulado que un ente municipal seria beneficiario de un contrato sin hacerse parte, justificó la razón por la que recibió bienes y servicios sin efectuar pago alguno. Justificación que, a su juicio, rompe la correlación que podría tener su enriquecimiento con el empobrecimiento del contratista a quien, no se le canceló el valor de lo contratado. En consecuencia, concluyó que “por no adolecer de causa jurídica el beneficio recibido, el ente territorial no está obligado a reconocer a título de responsabilidad extracontractual obligación alguna”.
Finalmente, precisó que tanto en el convenio como en el contrato se estableció que el pago del trabajo inicial o adicional realizado por el contratista estaría a cargo del organismo contratante OEI y no del beneficiado, municipio de Cali. Lo que permite establecer que, ante un eventual incumplimiento de la prestación, no era posible trasladar la carga al ente territorial como se pretende en esta reclamación.
4.3. Los recursos de apelación contra la sentencia
La Compañía accionante y la cesionaria de los derechos litigioso recurrieron la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se pasan a exponer:
4.3.1. La parte demandante, manifestó, en primer lugar, que “el fallo así concebido adoleció de rigurosidad (sic) en el examen de las pruebas allegadas al expediente”, pues es evidente que de ellas se puede establecer que:
i) El municipio no se limitó a ejercer la supervisión del contrato, sino que, ejerció la dirección total y absoluta de la ejecución contractual y estableció una relación directa con la sociedad ejecutora, junto con la cual tomó las determinaciones, tanto rutinarias como trascendentales, inclusive sin contar con la OEI, cuya gestión quedó limitada a la formalización jurídica de algunas decisiones. Aspecto relevante, en razón al principio de la buena fe y de la confianza legítima, que permitió al contratista actuar bajo los lineamientos directamente impartidos por la directora de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, con la certeza de que el municipio actuaría con justicia y equidad cumpliendo con sus obligaciones.
ii) La OEI nunca contó con los recursos necesarios para pagar los 4.526 predios adicionales, cuya ejecución autorizó directamente la Subdirectora de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal, pues se había previsto que dicho pago se efectuaría con los recursos del fondo de apoyo, conformado por devoluciones del IVA que finalmente no le fueron entregadas a la OEI. Por lo que a dicho organismo, cuyo compromiso nunca consistió en aportar recursos propios para el pago de servicios, le fue imposible cancelar el trabajo adicional realizado. Aspecto que –considera– desvirtúa la excusa de las autoridades municipales, que pretenden eximirse de responsabilidad en el pago legítimo de los servicios recibidos, aduciendo la ausencia de relación contractual con CIDAL.
iii) la suscripción del acta de liquidación del contrato, por parte de CIDAL, no fue producto de su voluntad libre, sino de la presión económica a que se vio abocada, por cuenta de las deudas que tenía con trabajadores y acreedores.
En segundo lugar, expresó que la sentencia tuvo una “inadecuada interpretación de las actuaciones ejercidas por el municipio, a la luz de las obligaciones y los principios de justicia, equidad y buena fe”, en razón a que el ente territorial dirigió la ejecución contractual y autorizó de manera directa el servicio adicional, mas no previó la forma en que se produciría el pago por los servicios prestados, que recibió a satisfacción. En atención a ello, afirma que al municipio de Cali no les es dado aducir que nada tiene que ver con el pago de tales servicios, ya que es precisamente la ausencia de un contrato entre el municipio y CIDAL, lo que dio lugar al enriquecimiento sin causa, cuantificándolo en el valor justo del servicio prestado y no pagado.
4.3.2. En sentido similar, la cesionaria de los derechos litigiosos aseguró que la circunstancia de que la entidad territorial hubiese recibido y aprovechado el trabajo adicional de la formación predial rural que le entregó el contratista, sin remuneración alguna, fue ocasionado por “un abuso de poder o extralimitación de funciones” por parte del municipio, el cual, aun estando por fuera de la relación contractual, ejerció su potestad de autoridad administrativa, para ordenar la ejecución de mayor trabajo. Situación que –asevera– originó la responsabilidad patrimonial del estado por enriquecimiento sin causa.
4.4. Problema jurídico por resolver conforme a los recursos
¿Se presentó un enriquecimiento sin justa causa, como consecuencia de la ejecución de los servicios adicionales impagados, que habían sido pactados entre la compañía accionante y un tercero, pero que beneficiaron a la entidad demanda?
4.4.1. Caso concreto
4.4.1.1. En sentencia de unificación, esta Corporación recalcó que la buena fe objetiva debe guiar a las partes antes, durante y después del contrato. Los contratantes tienen así el deber jurídico de acatar la exigencia legal del acuerdo previo y escrito sobre el objeto y la contraprestación, para el perfeccionamiento de un contrato estatal, sin que la ignorancia de la norma sea admisible como excusa para su inobservancia. No puede así utilizarse la actio in rem verso, para reclamar el pago de obras ejecutadas a favor de la Administración, sin contrato alguno o al margen de éste.
No obstante, esta Sección admite la actio in rem verso, de forma excepcional, en asuntos en los que se presenta un enriquecimiento sin causa fuera del marco de un contrato estatal, siempre que se configure alguna de las siguientes hipótesis de interpretación restrictiva:
“a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993”.
En este orden de ideas, debe concluirse que el derrotero citado limitó el reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa a situaciones concretas y excepcionales que, por razones de interés público, ameriten la ejecución o prestación de un servicio por un particular, sin que medie el cumplimiento de las exigencias legalmente establecidas en materia de contratación pública.
Así pues, para determinar si en el caso bajo examen se presentó un enriquecimiento sin causa, la Sala verificará si concurrió alguno de los anteriores supuestos.
4.4.1.2. La Sala ha declarado que se presenta un enriquecimiento sin causa en razón a un constreñimiento de la autoridad en asuntos en los que, por ejemplo, se advirtió al demandante que en caso de negarse a ejecutar la prestación sería sometido a una investigación penal; o cuando un contratista del servicio de seguridad fue presionado, bajo la amenaza de que no podía abandonar su actividad, porque con ello afectaría la asegurabilidad de los bienes que estaban cubiertos con las pólizas de las compañías de seguros; o cuando la Cámara de Representantes, “en virtud de su supremacía, de su autoridad y de su imperium” le impuso al particular, la ejecución de servicios de fotocopiado, permitiéndole además desarrollar su actividad en las instalaciones de la Institución.
Adicionalmente, se exige que el particular haya actuado sin culpa, para que se configure el primer supuesto del enriquecimiento sin causa. Esto supone una actuación efectiva y decisiva del funcionario competente, dirigida a ordenar, pedir, solicitar o constreñir al particular.
En el proceso se demostró que entre el municipio de Santiago Cali y la OEI suscribieron el convenio de cooperación No. 001, con el propósito de aunar esfuerzos para actualizar el reconocimiento predial rural. En éste, se estipuló que los bienes adquiridos en desarrollo del convenio serían propiedad de la entidad, y que con fundamento y con cargo a dicho pacto la OEI celebraría con CIDAL un contrato de prestación de servicios, para la determinación homogénea física y el reconocimiento predial. Se acordó asimismo que el municipio de Cali supervisaría los servicios ejecutados, y que el IGAC estaría a cargo de la interventoría.
La Sala nota, por otra parte, que en una reunión que sostuvieron la Subdirectora de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal –como supervisor del contrato–, el representante legal de CIDAL y un asistente de IGAC –como interventor del contrato– se acordó modificar el contrato No. 1732, en el sentido de aumentar a un mayor número de predios los trabajos de formación predial inicialmente pactados, precisando que el valor de los servicios adicionales sería reconocido con los recursos del Fondo de Apoyo OEI, conformado por la devolución de impuestos y una suma de dinero que se adicionaría al contrato. Y lo convenido en dicha reunión fue solemnizado entre las partes contractuales, a través de los convenios adicionales número 2 y 3, suscritos por la OEI y la compañía accionante.
Y fue justamente en cumplimiento de lo acordado en dicha reunión, en la que no se evidencia que la representante del municipio de Cali hubiera ejercido presión alguna sobre el representante de la firma actora, ni menos aún que lo hubiera amenazado o hubiera hecho uso de su supremacía o autoridad, para conseguir que su aquiescencia, que CIDAL ejecutó una mayor cantidad de trabajo, consistente en el aumento de la formación predial en unos 4.529 predios. Servicios adicionales, que –según las observaciones al acta de liquidación presentada inicialmente por la OEI y la reclamación en sede administrativa ante el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal– no fueron reconocidos en su totalidad y mucho menos cancelados.
Se observa además, que la compañía accionante aceptó, sin ningún reparo, las condiciones contenidas en las adiciones contractuales. Es más, de los documentos traídos al plenario, es imposible inferir, como lo quiere hacer valer el accionante, que el municipio actuó de mala fe, pues no se evidencia que este conocía que el presupuesto para la realización de los servicios adicionales iba a ser insuficiente y que, a sabiendas de esto, lo hubiere autorizado.
Al punto, esta Colegiatura estima oportuno recordar que, el impago del precio correspondiente al mayor valor por número de predios caracterizados, se derivó de la escasez de recursos en el Fondo de Apoyo OEI, una de las fuentes principales de financiamiento del proyecto. Y esta circunstancia fue, a su vez, la consecuencia de la negativa de la DIAN en reconocer algunas sumas por concepto de devolución de IVA.
En consideración a la insuficiencia de recursos en el Fondo de Apoyo OEI, la organización contratante informó a CIDAL sobre las limitaciones económicas existentes y el recurso disponible para liquidar el contrato, por lo que en dichas condiciones realizó una nueva propuesta de liquidación de mutuo acuerdo, que fue aceptada, sin ninguna salvedad por el contratista.
Ahora bien, CIDAL manifestó –en la alzada– que la suscripción del acta de liquidación del contrato no fue producto de su voluntad libre, sino de la presión a que se vio abocada, por cuenta de las deudas que tenía con trabajadores y acreedores. Sin embargo, esta colegiatura no evidencia ningún medio de prueba que permita acreditar con certeza que la suscripción del acta sin salvedad alguna, se debió necesariamente a una presunta situación económica apremiante, atravesada por la compañía, que la obligara recibir a satisfacción las sumas plasmadas en el cruce de cuentas.
En este orden de idas, la Sala concluye que no se presentó un enriquecimiento sin causa bajo el primer supuesto, puesto que la fuente del daño objeto de la pretensión de reparación se deriva de una obligación contractual, convenida sin que el ente demandado hubiera ejercido presión, amenaza o hubiera hecho uso de su autoridad, para conseguir el beneplácito de la firma demandante; y, además, porque no se demostró que el consentimiento al suscribir el acta de liquidación sin salvedades fuera producto de presiones económicas, y que dicha situación fuera aprovechada por la entidad territorial.
4.4.1.3. Tampoco obra prueba que demuestre que el servicio prestado se haya ejecutado para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, tal y como lo dispone el segundo supuesto para que se configure un enriquecimiento sin causa, en razón a que los supuestos facticos puestos a consideración de la Sala no se subsumen en los precitados casos.
4.4.1.4. Queda así únicamente la posibilidad de que se presente enriquecimiento sin causa porque, debiéndose declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración hubiera omitido tal declaración y procediera a solicitar la ejecución de obras. Sobre el particular, la Sala observa que, si bien existía premura en terminar el programa para el 1º de enero de 2003 con el 100% de cubrimiento, esta situación no constituye una urgencia manifiesta en atención a los fundamentos propios de la figura.
En razón a todas las consideraciones expuestas, la Subsección encuentra que no se configuró ninguna de las situaciones excepcionales referidas en la sentencia de unificación para que se configure un enriquecimiento sin causa, por lo que en el presente caso no procede la actio in rem verso.
4.4.1.6. Esta Judicatura considera pertinente añadir que las pretensiones formuladas podrían haberse ventilado mediante el procedimiento análogo que corresponde a la acción de controversias contractuales, a la luz de una hipotética coligación negocial-, entre el convenio de cooperación No. 001 y el contrato de prestación de servicios No.1732, ya que los objetos de dichos negocios jurídicos no son iguales y son, por tanto contratos autónomos, pero se encuentran relacionados entre sí, en cuanto perseguían un mismo fin y el Convenio tuvo influencia en la formación del contrato de prestación de servicios.
No obstante, aun si está judicatura optara, con fundamento en el derecho al acceso a la administración de justicia, por analizar la responsabilidad contractual de la entidad demandada, concediendo la existencia de una eventual coligación negocial, se observa que la empresa demandante, en el momento de firmar la liquidación del contrato No. 1732 por mutuo acuerdo, no dejó salvedad en el acta respecto de alguna reclamación o inconformidad, lo que hace inviable la pretensión judicial del pago de las prestaciones surgidas del el contrato No. 1732.
En definitiva, la Subsección confirmará la sentencia apelada, por las razones expuestas a lo largo de este pronunciamiento.
5. Condena en costas
Esta Colegiatura considera que no hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012), que negó las suplicas de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese, cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Subsección
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaro voto
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL HONORABLE CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
OBITER DICTUM-Consideraciones relativas a la coligación contractual. DERECHO A LA SALUD-Su carácter es prestacional y económico, reiteración aclaración de voto 39.038/2018.
Los argumentos relacionados con la figura de la coligación contractual escapan a las razones estrictamente relacionadas con el caso [obiter dictum], pues van más allá de los límites que debe tener todo juez al momento de desatar una controversia, esto es, resolver el problema jurídico [ratio decidendi].Respecto del carácter fundamental del derecho a la salud, me remito a lo expuesto en el numeral 1 de la aclaración de voto 39.038/18.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Radicación número: 76001-23-31-000-2004-05104-01(44063)
Actor: COMPAÑÍA DE INGENIERÍA DEL AMBIENTE LTDA. (CIDAL)
Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
OBITER DICTUM-Consideraciones relativas a la coligación contractual. DERECHO A LA SALUD-Su carácter es prestacional y económico, reiteración aclaración de voto 39.038/2018.
ACLARACIÓN DE VOTO
Aunque comparto la decisión que se adoptó en la providencia del 31 de mayo de 2019, que negó las pretensiones, aclaro voto frente a algunas consideraciones.
1. Los argumentos relacionados con la figura de la coligación contractual escapan a las razones estrictamente relacionadas con el caso [obiter dictum], pues van más allá de los límites que debe tener todo juez al momento de desatar una controversia, esto es, resolver el problema jurídico [ratio decidendi].
2. Respecto del carácter fundamental del derecho a la salud, me remito a lo expuesto en el numeral 1 de la aclaración de voto 39.038/18.
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
MAR/1F
Según la invitación publica del contrato en mención, la formación predial o catastral es la atribución de precios del terreno y de las construcciones de un predio en particular, “que constituyen una fuente de ingresos con justicia y equidad respecto a los contribuyentes que cancelan sus impuestos por el área rural”. Folio 12 C.1
Folios 196 a 239 C.1
Folios 242 a 243 C.1
Folio 246 y C.1
Folios 256 a 262 C.1
Folios 278 a 281 C.1
Folios 283 a 284 C.1
Folios 297 a 302 C.1
Folios 314 a 316 C.1
Folio 324 C.1
Folio 339 C.1
Folios 340 a 360 y 361 a 362 C.1
Folio 377 a 380 C.1
Folios 389 a 402 C.Ppal
Folios 418 a 441 C.Ppal
Folios 403 a 417 C.Ppal
Folios 445 C.Ppal
Folio 449 C.Ppal
Folio 451 C.Ppal
Folios 452 a 455 C.Ppal
Disposición modificada por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 que estableció:
“Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. La mayor pretensión, correspondiente al daño emergente, asciende a $590.037.101, suma que convertida a salarios mínimos del año 2004 ($358.000), fecha de presentación de la demanda, corresponde a 1.648,14 SMLMV, cuantía suficiente para que en este asunto opere la doble instancia y sea de conocimiento de esta corporación. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, exp. 24897. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 12 de julio de 2017, exp. 35837. En esta oportunidad, la Subsección resolvió un asunto de enriquecimiento sin causa por la prestación de servicio de parqueo de automotores incautados por la Fiscalía General de la Nación, sin contrato escrito. El demandante había solicitó el pago de los servicios de parqueo prestados en mil novecientos noventa y ocho (1998). La entidad demandada respondió el dos (2) de mayo de dicho año, exigiéndole el cumplimiento de algunos requisitos para el pago. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación retiró los automotores el dos (2) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), sin cancelar las sumas adeudadas al demandante. La Subsección consideró que el término de caducidad debía empezar a contarse desde el día en el que fueron retirados los automotores, ya que ese hecho “concretó el NO pago del parqueo”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 29 de abril de 2015, exp. 27194. En este asunto, se sometió a consideración de la Sala el supuesto enriquecimiento por parte del municipio de Buenaventura, como consecuencia de la prestación del servicio de educación a 1582 estudiantes entre septiembre y diciembre de dos mil siete (2007), tras haberse vencido el contrato suscrito entre dicho municipio y una institución educativa municipal. La Subsección tuvo en cuenta que el tres (3) de enero de dos mil ocho (2008), la representante legal de la institución educativa suscribió un nuevo contrato con el municipio de Buenaventura, en el cual se estableció, entre otros, que el contrato cubriría únicamente el período comprendido entre el dos (2) de enero y el treinta (30) de junio de dos mil ocho (2008). Bajo estas circunstancias, la Subsección consideró que el término de caducidad “[…] empezó a correr cuando finalizó el período académico comprendido entre septiembre y diciembre del año 2007 […] toda vez que fue a partir de finalizado ese periodo que la parte actora tuvo conocimiento del daño, porque fue a partir de allí en donde tuvo la certeza de que no se le reconoció ni se le reconocería ningún dinero o contraprestación alguna por los servicios que prestó su colegio a 1.582 estudiantes, de modo que tenía hasta el 1 de enero de 2010 para presentar la demanda”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 20 de febrero de 2017, exp.
56859.
“Emerge por consiguiente que la actio de in rem verso, más que una propia y verdadera acción, es una pretensión restitutoria de un enriquecimiento incausado, enriquecimiento éste que a no dudarlo constituye un daño para el empobrecido y que por lo tanto es equitativo que aunque no exista causa al amparo de la cual pueda exigirse la restitución esta se conceda en aplicación de la regla que prohíbe enriquecerse a expensas de otro”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 24897. Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro. Folios 3 a 7 C.1. Folios 8 a 34 C.1. Folios 36 a 37 C.1. No se encuentra la propuesta completa solo las páginas referentes a la propuesta económica y la forma de pago. Folio 35 C.1. Folios 38 a 43 C.1. Folio 44 C.1. Folio 47 C.1. Folio 45 C.1. No se encuentra el documento de adición del respectivo contrato en las pruebas aportadas, sin embargo, en los acuerdos se hace referencia a este hecho. Folio 46 C.1. Folio 47 C.1. Folios 50 a 51 C.1. Oficio SARCM-SC-877
Folios 52 a 55 C.1. Folios 56 a 57 C.1. Oficio SAIRCM SC-1155
Folio 58 C.1. Folio 59 C.1. Oficio SAIRCM-SC-1795
Folios 60 a 61 C.1. Folios 62 a 69 C.1. Folio 74 C.1. Oficio SAIRCM-SC-0072
Folio 76 C.1. Folios 77 a 79 C.1. Folios 80 a 81 C.1. Folio 82 C.1. Folios 83 a 104 C.1. Folios 100 a 101 C.1. Folios 102 a 104 C.1. Oficio SAIRCM-SC-1065
Folios 107 a 108 C.1. Folios 109 a 113 C.1. Folios 122 a 136 C.1. Folios 137 a 139 C.1. Folios 77 a 79 C.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de 19 de noviembre de 2012, exp. 24897. Ídem.
“Encuentra la Sala, que el señor (propietario del parqueadero “La Nueva Novena”), no pudo resistirse ni oponerse al ingreso de los vehículos, comoquiera que quienes lo depositaban eran miembros de la Policía Nacional en cumplimiento de órdenes impartidas por la Fiscalía General de la Nación. De modo, que dichas condiciones fueron induciendo al propietario del parqueadero de que si se negaba a recibirlos o cuidarlos como se expuso en la relación de las pruebas, podía verse sometido a una investigación penal”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 20 de febrero de 2017, exp. 39253. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 30 de enero de 2013, exp. 19045. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2013, exp.
24969.
“(…) la actio in rem verso y la configuración de un enriquecimiento sin causa, aquellos eventos en los cuales se acredite que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium, constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de presentaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. (…) Al respecto, la Sala no puede considerar que de lo contenido en el acta transcrita pueda deducirse una imposición por parte de la entidad pública para que el particular hubiere realizado las actividades que son ahora objeto de las pretensiones de su demanda, pues, por una parte, tal como se refirió en precedencia, Inversiones Coro Ltda. era consciente de la necesidad de una adición en el valor del contrato para poder continuar con sus actividades y, por otra, que la mencionada “orden verbal” no obedece, en rigor, al ejercicio del imperio propio de la administración pública, más si se tiene en cuenta que el acta a la que se alude es suscrita por la ahora demandante y el “interventor” designado por la entidad pública, quien, de acuerdo con los medios de convicción que hacen parte del expediente, también era un contratista de la entidad (…) Tal circunstancia advierte, por sí misma, una negligencia clara en su comportamiento que, a la postre, es causa adecuada de los traslados patrimoniales, con lo que el enriquecimiento alegado por la parte demandante no resulta incausado y, por el contrario, halla fundamento en un actuar culposo y desprovisto de las cargas de diligencia, buena fe y sagacidad negocial y, por contera, no pueden considerarse reunidos los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, en tanto en ellos se exige, como se dejó visto la inexistencia de una justificación. De conformidad con lo señalado, corresponderá la revocatoria de la sentencia objeto de estudio en sede del grado jurisdiccional de consulta” (énfasis añadido). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 9 de marzo de 2016, exp. 35458. Apartado 4.1.1. Apartado 4.1.4. Apartado 4.1.10. Apartado 4.1.11. Apartado 4.1.15. Apartado 4.1.16. Apartado 4.1.20. Apartado 4.1.22. Apartado 4.1.21. Apartado 4.1.25. Apartado 4.1.27.
«Entonces, por tratarse de un derecho de carácter fundamental, la Sala admite excepcionalmente la prestación del servicio de salud sin el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en el régimen de contratación estatal, aunque, es categórica en exigir para su configuración, que el servicio prestado sin el amparo contractual se encuentre dirigido a “evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud”, en razón a lo cual se establecieron como requisitos que: (...) La urgencia y necesidad de prestar el servicio sin la suscripción del correspondiente contrato deben aparecer de manera objetiva y manifiesta. (...) La imposibilidad absoluta de planificar y adelantar el correspondiente proceso de selección y contratación nacen de la urgencia y necesidad del servicio». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 27 de enero de 2016, exp. 29869. Ley 80 de 1993. Artículo 42.- “De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.|| La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado”.
Apartado 4.1.12
Para Bianca Massimo, en términos generales, los contratos coligados son: “aquellos contratos respecto de los cuales existe un nexo de interdependencia. En la doctrina española se ha entendido que la coligación entre dos o más contratos se genera cuando ‘varios sujetos celebran dos o más contratos distintos que presentan una estrecha vinculación funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o de la finalidad global que los informa, vinculación que es o puede ser jurídicamente relevante’. || El tratadista Francesco Messineo, en su obra “Doctrina General del Contrato”, aborda el tema bajo la denominación de “contratos recíprocos” o “contratos vinculados”, explicándolos, en suma, en los siguientes términos: “Con este nombre [se refiere a los contratos recíprocos] que parafrasea el que se atribuye - por función análoga - a los testamentos (art. 589) (*14), se quiere indicar el caso en que se estipulan entre las mismas partes dos contratos en relación de dependencia mutua (interdependencia), en el sentido de que la ejecución (o validez) del uno queda subordinada a la ejecución (o validez) del otro […]. La característica de los contratos recíprocos (que, por otra parte son autónomos, aunque interdependientes) deriva de la intención de las partes, las cuales conciben los dos contratos como unidad económica. Desde el punto de vista jurídico, su característica estriba en esto: que cada uno constituye como la causa del otro”. Al respecto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del primero (1) de junio de dos mil nueve (2009). expediente.: 05001-31-03-009-2002-00099-01. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del primero (1°) de octubre de dos mil catorce (2014). Expediente número 25000-23-26-000-1999-02657-01 (28233). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de octubre de 2014. Expediente 28233
Apartado 4.1.1. Apartado 4.1.4. El convenio busca que las partes aúnen esfuerzos para el desarrollo predial rural; mientras el contrato de prestación de servicios tiene por objeto la realización material que permita elaborar el reconocimiento predial rural. Así, el primero tiene un objeto más amplio que el segundo, pero no lo excluye. Apartado 4.1.27. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 1998, expediente 10496; sentencia; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de abril 10 de 1997. Expediente 10.608; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, Radicación 11689; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, sentencia de 27 de enero de 2016, radicación: 54.415.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
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