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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2003-00048-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2003-00048-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la del nueve (9) de septiembre de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-000-2003-00048-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

24 de abril de 2024

Radicado: 15001-12-33-000-2003-00048-01 (53937)
Demandantes: Néstor Miguel Bernal Bernal y Fernando Bernal González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA (ACTIO IN REM VERSO)
Radicación: 15001-12-33-000-2003-00048-01 (53937)
Demandante: NESTOR MIGUEL BERNAL BERNAL Y FERNANDO BERNAL
GONZÁLEZ
Demandado: MUNICIPIO DE TÓPAGA

Tema: Enriquecimiento sin causa.
Subtema 1: Aplicabilidad del precedente jurisprudencial.
Subtema 2: Legitimación en la causa.
Subtema 3: Elementos del enriquecimiento sin causa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 9 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Los demandantes afirman que, sin la celebración de un contrato, produjeron los
documentos que integraron un proyecto de rehabilitación vial, con el que el municipio de
Tópaga (Boyacá) obtuvo, en el año 2001, su financiación con recursos de regalías.
Aducen que se produjo un enriquecimiento sin justa causa de la administración municipal
y que el Tribunal, en primera instancia, no debió aplicar retroactivamente la sentencia de
unificación del 19 de noviembre de 2012, sobre la materia. Además, aseguran que el
Tribunal no interpretó correctamente lo considerado en ese fallo y que, en cualquier caso,
su comportamiento sí estuvo acorde con la buena fe objetiva.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. El trece (13) de enero de dos mil tres (2003), los señores Néstor Miguel Bernal
Bernal y Fernando Bernal González (en adelante, los actores o los demandantes)
presentaron demanda1 en ejercicio de la acción de reparación directa contra el Municipio
de Tópaga (en adelante, el Municipio), para que fueran despachadas favorablemente las

1 F. 169-177, c. 1.

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Demandantes: Néstor Miguel Bernal Bernal y Fernando Bernal González

siguientes pretensiones: (i) que se declare la responsabilidad extracontractual de la
entidad demandada, por los perjuicios ocasionados a los actores “como consecuencia
de la no cancelación de los trabajos desarrollados en la elaboración del proyecto
rehabilitación vía límites de Sogamoso Alto de la Virgen”; (ii) que se declare el
enriquecimiento sin causa del Municipio, por la elaboración del proyecto de rehabilitación
mencionado y el impago de los trabajos; y (iii) que se condene al Municipio al pago del
precio de los trabajos que, para la fecha de la demanda, ascendía a ciento setenta y
nueve millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos
($179.269.286), equivalentes al 10% de la suma que la Comisión Nacional de Regalías
(en adelante, CNR) le entregó al Municipio para la ejecución del proyecto.

2.1.2. Como fundamento de las anteriores pretensiones, en la demanda fueron referidos
los siguientes hechos:

2.1.2.1. Los demandantes “acordaron en el año 2000 con el entonces alcalde municipal
de T[ó]paga” la elaboración del proyecto de rehabilitación vial antes indicado, “con el fin
de presentarlo, inscribirlo y hacer su seguimiento ante la Comisión Nacional de Regalías,
con el fin de lograr la aprobación de los recursos necesarios para la ejecución de la obra
correspondiente”. Sin embargo, el periodo del alcalde finalizó sin que el proyecto se
llegara a ejecutar.

2.1.2.2. El siguiente burgomaestre, elegido para el periodo constitucional 2002-2006,
acordó con los actores que continuaría con “la elaboración del trabajo […]
comprometiéndose a cancelar el valor del trabajo desarrollado una vez la Comisión
Nacional de Regalías apropiara los recursos respectivos para el municipio”. Además,
autorizó al señor Bernal Bernal para “realizar el trámite, seguimiento y viabilización de
los proyectos radicados por el municipio […] ante el Fondo Nacional de Regalías”, entre
los cuales se encontraba el que motivó el presente litigio.

2.1.2.3. En virtud de los acuerdos con el Municipio, los actores realizaron “la totalidad”
del proyecto, incluyendo cuadros estadísticos, determinación de las necesidades o
problemas a satisfacer, descripción de las áreas de beneficio del proyecto, análisis de
viabilidad y financiación, características técnicas, impactos ambientales, elaboración de
presupuestos, análisis de precios unitarios y estudio de suelos, entre otros.
Posteriormente, en agosto de 2001, el proyecto fue viabilizado por el Ministerio de
Transporte y, en febrero de 2002, fue registrado en el Ministerio del Interior, para efectos
de garantizar los derechos de autor.

2.1.2.4. La CNR apropió mil setecientos noventa y dos millones seiscientos noventa y
dos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($1.792.692.864), suma que fue recibida por
el Municipio que, a su vez, “celebró los contratos respectivos para la ejecución de las
obras programadas con el proyecto presentado”.

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Demandantes: Néstor Miguel Bernal Bernal y Fernando Bernal González

2.1.2.5. Pese a todo lo anterior, el alcalde municipal desconoció el trabajo realizado por
los demandantes, y no le reconoció el pago del precio correspondiente al proyecto.

2.1.3. La demanda está fundamentada en el artículo 90 de la Constitución Política de
Colombia, y en los artículos 86 y 206 del Código Contencioso Administrativo (CCA). Se
aduce que, en “condiciones normales”, el presente asunto debería tratarse de una
controversia contractual que verse sobre el incumplimiento de un contrato de consultoría,
pero como “no existe un contrato con las formalidades establecidas en la ley 80 de 1993”,
debía acudirse a la acción de reparación directa, para resarcir los perjuicios derivados
del enriquecimiento sin causa de las entidades públicas, conforme a los
pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la materia.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. Mediante decisión2 del 9 de abril de 2003, el Tribunal admitió la demanda, y ordenó
la notificación del auto y el traslado de una copia de la demanda a la entidad demandada.

2.2.2. El Municipio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y
formuló como excepciones: (i) la caducidad de la acción; (ii) la “ilegalidad de reconocer
derechos de autor a los demandantes”; (iii) la “ilegalidad del cobro por la elaboración del
proyecto”, y (iv) la ineptitud de la demanda.

2.2.3. El 5 de junio de 2013, el Tribunal puso a disposición el expediente para alegar de
conclusión3. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

2.3. Fallo de primera instancia

En sentencia4 del nueve (9) de septiembre de dos mil catorce (2014), el Tribunal negó
las pretensiones de la demanda, basado en estos motivos:

2.3.1. En primer lugar, juzgó el fondo del asunto al no encontrar configurada la caducidad
de la acción, porque no habían transcurrido dos años contados a partir de la fecha en
que se tuvo certeza del impago del proyecto. Tampoco consideró que existiera una inepta
demanda porque, a diferencia de lo afirmado por el demandado, la carga de exponer las
normas violadas y el concepto de la violación únicamente es exigida para impugnar la
legalidad de actos administrativos.

2.3.2. Con base en la sentencia de unificación jurisprudencial del 19 de noviembre de
2012, adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y en los
testimonios practicados en el proceso, el Tribunal afirmó que los propios demandantes
propiciaron que el contrato, que debía suscribirse conforme a la ley, no fuera celebrado.

2 F. 184, c. 1.
3 F. 450, c. 1.
4 F. 452-463, c. ppal.

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Demandantes: Néstor Miguel Bernal Bernal y Fernando Bernal González

Agregó que, si bien los actores actuaron conforme a la buena fe subjetiva, ello no
conduce a la prosperidad de sus reclamos.

2.3.3. Así las cosas, explicó el a quo que no está configurada ninguna de las situaciones
excepcionales, referidas en la unificación jurisprudencial, para acceder a la condena por
enriquecimiento sin justa causa, es decir: que existiera urgencia en la obra, que la
prestación fuera indispensable para evitar una amenaza o lesión inminente de un
derecho, o que existiera un constreñimiento de la entidad. Sobre este último punto, el
Tribunal aseveró, con fundamento en los testimonios practicados, que los demandantes
“conocían y tenían experticia en las actividades que involucran la labor en la que
fundamentan las pretensiones en este caso”, circunstancia esta que impedía afirmar que
se hubiera ejercido presión, de ninguna naturaleza, por la entidad o sus agentes.

2.3.4. Por último, al negar completamente las pretensiones de la demanda, el Tribunal
no consideró relevante pronunciarse acerca de las supuestas violaciones de derechos
de autor.

2.4. Recurso de apelación

Mediante escrito del primero (1°) de octubre de dos mil catorce (2014), los demandantes
formularon recurso de apelación5 en contra de la sentencia de primera instancia, como
fundamento del cual plantearon las siguientes censuras:

2.4.1. Si bien la apelante admite la unificación jurisprudencial, aduce que “la
jurisprudencia traída a colación en la decisión que resolvió el litigio, debe leerse dentro
del contexto en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la acción de reparación
directa de la referencia”. De este modo, advierte que la situación generadora del conflicto
ocurrió en el año 2000, “época en que era de usual ocurrencia […] que las entidades
públicas, frente a determinadas circunstancias, le solicitaran a los particulares la
realización de determinada actividad y posteriormente no se formalizaban los contratos”.
En ese escenario, la jurisprudencia contencioso-administrativa aceptó la ocurrencia del
enriquecimiento sin causa, cuya vía de reclamación era la acción de reparación directa.

En ese orden de ideas, la parte actora estima que “el criterio jurisprudencial imperante”
para casos como el presente era el de la teoría del enriquecimiento sin causa y de la
“actio in rem verso”, y para el efecto cita providencias que, a su juicio, serían aplicables
al asunto6. Al respecto, argumentó que, a diferencia de la irretroactividad de la ley:

“[…] frente a la aplicabilidad de jurisprudencia, el criterio cambia, ya que se hace efectiva
a casos pasados sin tener en cuenta que hayan ocurrido con anterioridad, como lo que
sucede en el evento presente, donde en el momento de la ocurrencia de los hechos el
criterio jurisprudencial es el planteado en la demanda y en la sentencia se hace referencia
a una sentencia de unificación […].

5 F. 466-472, c. ppal.
6 Invoca las siguientes sentencias: Sección Segunda. Sentencia del 23 de enero de 2003. Exp. 4309; Sección Tercera.

Sentencias del 30 de marzo de 2006. Exp. 25662; y del 29 de agosto de 2007. Exp. 15469.

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Implica lo anterior que desde el punto de vista el principio de seguridad y estabilidad
jurídica, porque con los nuevos criterios de la obligatoriedad de la jurisprudencia, la misma
tiene igual tratamiento que la ley en cuanto al deber de aplicación, pero se le da un trato
diferente cuando hablamos de su vigencia en el tiempo; frente a lo cual no se puede estar
de acuerdo, ya que si la jurisprudencia y la ley son obligatorias, su aplicación en el tiempo
debe ser idéntica”.

2.4.2. El apelante afirma que, contrario a lo expresado en el fallo, los actores se
comportaron conforme a la buena fe objetiva, porque el Municipio, a través de su alcalde,
le ordenó a los demandantes que elaboraran y formularan el proyecto ante la CNR. En
ese sentido, entiende que las pruebas invocadas por el Tribunal para negar las
pretensiones en realidad demuestran que los demandantes cumplieron “con las
obligaciones acordadas con el Municipio”, y además le permite encuadrarse en la
excepción “determinada por que [sic] la entidad pública llevó al particular a la ejecución
de los servicios”, de acuerdo con la sentencia de unificación.

Para el recurrente, el juicio de primera instancia malinterpretó la decisión de unificación
porque, a su juicio, la causal de constreñimiento de la entidad no habla de una
“insuperable coacción”, sino que esta “debe determinarse por la actuación de la entidad
[…] que llevó […] a la ejecución de la estructuración del proyecto”. Para el efecto, alude
a jurisprudencia7 que, de acuerdo con su visión, aún no ha desaparecido por cuenta de
la unificación, e indica que, si el demandante actuó con buena fe y se cuenta con la
“orden y autorización de la persona jurídica pública, necesariamente se configura la
teoría del enriquecimiento sin causa y la obligación de reparación de perjuicios”, como
afirma que ocurrió en este caso.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

2.5.1. El 20 de mayo de 2015, el despacho ponente admitió el recurso de apelación 8.

2.5.2. Tiempo después, se abrió la etapa para formular alegatos de conclusión en
segunda instancia9. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio10.

2.5.3. El magistrado sustanciador se manifestó estar impedido para decidir sobre el fondo
de este recurso, según el numeral 2 del artículo 160A del CCA11. El impedimento fue
declarado infundado, mediante auto del 13 de octubre de 202312.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

7 Cita en este aparte la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección

Tercera. Sentencia del 11 de abril de 2012. Exp. 21186.
8 F. 479-480, c. ppal.
9 F. 482, c. ppal.
10 F. 483, c. ppal.
11 Aplicativo SAMAI, índice 00011.
12 Aplicativo SAMAI, índice 00014.

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Demandantes: Néstor Miguel Bernal Bernal y Fernando Bernal González

3.1. De acuerdo con los artículos 350 y 357 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) y
la jurisprudencia unificada de esta Sección13, la apelación tiene por objeto la revisión de
la providencia impugnada, en aquello que haya sido censurado por el recurrente, que —
junto con el principio de non refrmatio in pejus— delimita la competencia funcional del ad
quem, sin perjuicio de las decisiones que, por disposición legal, deba adoptar de oficio.

Por tanto, en razón a los cargos formulados por la parte demandante contra el fallo
desestimatorio de primer grado, surge la siguiente problemática de la que se ocupará la
Sala en esta instancia:

3.1.1. ¿Debería modularse la aplicación temporal de la sentencia de unificación
del 19 de noviembre de 2012, sobre el reconocimiento del enriquecimiento sin
causa y la procedencia de la actio in rem verso en materia contencioso-
administrativa, para situaciones que, como la sometida a juicio de la Sala,
acontecieron antes de que fuera emitido ese fallo?

3.1.2. ¿Los actores obraron con arreglo a la buena fe objetiva y fueron
constreñidos por el municipio demandado, para confeccionar la documentación
requerida para la financiación con recursos de regalías del proyecto de
rehabilitación vial adelantado por tal municipio, y consecuentemente deben
estimarse sus pretensiones de enriquecimiento sin justa causa?

IV. HECHOS Y PRUEBAS

Para dar respuesta a los problemas definidos en el acápite precedente, fueron
acreditados los hechos que a continuación serán enunciados, con base en documentos
privados, cuya autenticidad se presume pese a ser aportados en copias simples,
conforme a la jurisprudencia unificada de esta Corporación14; y con documentos
públicos, que se presumen auténticos y hacen fe de las declaraciones que en ellos se
hizo, de acuerdo con los artículos 252 y 264 del CPC.

4.1. Hechos relativos al trámite del proyecto de rehabilitación vial ante la CNR

4.1.1. El primero (1°) de junio de dos mil (2000), el entonces alcalde del municipio de
Tópaga, José Oswaldo Castro Tejedor, radicó en el Fondo Nacional de Garantías (en
adelante, FNG) el proyecto denominado “MEJORAMIENTO REPAVIMENTACIÓN DE
LA VÍA SECTOR BADO CASTRO LIMITES CON MONGUA DEL MUNICIPIO DE
TÓPAGA BOYACA”, con el fin de [sic] “obtener su viabilidad y financiación” por parte del
Fondo, “dadas las condiciones y necesidades por las que atraviesa nuestro municipio en
lo referente al deterioro de esta vía principal de acceso que nos comunica con otros
municipios”15.

13 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
14 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 30 de septiembre

de 2014, rad. núm. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV).
15 F. 3-29, c. 1.

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Demandantes: Néstor Miguel Bernal Bernal y Fernando Bernal González

4.1.1.1. Los documentos anexados a la solicitud son: un formato del “BANCO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN”, que incluye el nombre, la descripción de la necesidad,
el objetivo general, la descripción del producto y sus componentes, la ubicación
geográfica del proyecto, los costos y las características técnicas, las cantidades de obra
entre otros aspectos informativos. Entre esta documentación, fueron identificados los
estudios de “PREFACTIBILIDAD” —con los cuales el proyecto fue respaldado— con los
siguientes datos:

“NOMBRE DEL ESTUDIO: MANTENIMIENTO VIAS VEREDALES MUNICIPIO DE
TOPAGA

FECHA: DICIEMBRE DE 1997

AUTOR DEL ESTUDIO: OSCAR PINEDA”.

4.1.1.2. Igualmente, se indicó lo siguiente respecto del “DILIGENCIAMIENTO DE LA
FICHA”:

“FUNCIONARIO RESPONSABLE: EVER E BERNAL B.

CARGO: ASESIOR [sic]

INSTITUCIÓN: MUNICIPIO DE TOPAGA

[…] FECHA: MAY 2.000”

4.1.1.3. Posteriormente, el 20 de septiembre de 2000, el alcalde allegó documentación
adicional del proyecto “debidamente corregido”, con un análisis de precios unitarios16.

4.1.2. Mediante oficio17 00453 del 12 de enero de 2001, el director general de Carreteras
(E) del Ministerio de Transporte remitió al director general de la CNR varias
observaciones sobre el proyecto presentado por el Municipio. Básicamente, expresó que
se debía: diligenciar otros formatos, completar la información proporcionada en los que
ya habían sido presentados; anexar estudios de tránsito, de suelos y de pavimentos;
presentar un plan de mitigación ambiental y revisar los precios unitarios.

A su vez, el CNR informó al Municipio de las observaciones del Ministerio, el 1° de febrero
de 2001, a través de un documento en el que plasmó su concepto desfavorable al
proyecto, y advirtió que debían ser atendidas las observaciones y requerimientos
adicionales, para que el proyecto no fuera devuelto por las autoridades18.

16 F. 30-40, c. 1.
17 F. 41, c. 1.
18 F. 201, c. 1.

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4.1.3. El 7 de marzo de 2001, el entonces alcalde de Tópaga, Jorge Alberto Cruz
Rincón19, allegó el proyecto “REHABILITACIÓN DE LA VÍA ENTRE LÍMITES DE
SOGAMOSO Y ALTO DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE TÓPAGA BOYACA”. En
la documentación fue reiterada la descripción de la necesidad y del objetivo general del
proyecto, pero variaron algunos de sus componentes y su valor. Además, en los anexos
de la solicitud20 constan memorias, planos, presupuesto, análisis de precios unitarios y
un anexo fotográfico, entre otra información.

4.1.3.1. A diferencia de la documentación presentada inicialmente, cambió el estudio de
“PREFACTIBILIDAD” que respaldaba el proyecto, el cual fue identificado de la siguiente
manera:

“NOMBRE DEL ESTUDIO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO PARA LA REHABILITACIÓN DE
LA VÍA SOGAMOSO – CORRALES (SECTOR COLEGIO GUSTAVO JIMÉNEZ – CRUCE
DE LOS MUNICIPIOS TOPAGA – CORRALES)

FECHA: NOVIEMBRE DE 2000

AUTOR DEL ESTUDIO: RAPITEST INGENIERÍA LTDA.21”.

4.1.3.2. Así mismo, el responsable del diligenciamiento de la ficha que constaba en el
documento era el “Ing. FERNANDO BERNAL GONZÁLEZ” quien, según el documento,
era asesor del Municipio. Junto a esta información, aparece una firma manuscrita22.

4.1.3.3. Tanto el nombre como la firma constan igualmente al final del cuadro de
cantidades de obra23, al final de los “ESTUDIOS DE TRÁNSITO, SUELOS Y DISEÑO
DEL PAVIMENTO”24, del estudio de “DRENAJE VIAL”25

4.1.4. El 16 de marzo de 2001, el alcalde Cruz Rincón autorizó26:

“Al Arquitecto NESTOR MIGUEL BERNAL BERNAL, identificado con cédula de
ciudadanía […], para realizar el trámite, seguimiento y viabilización de los proyectos
radicados por este Municipio ante el Fondo Nacional de Regalías, Ministerios respectivos
y demás entidades nacionales encargadas de este fin”.

4.1.5. Mediante resolución núm. 1-048 del 28 de diciembre de 2001, la CNR asignó y
transfirió la suma de $1.965.672.000 al proyecto “REHABILITACIÓN DE LA VÍA […]”,
estableciendo que, reducidos el “VALOR REEMBOLSABLE” y el “VALOR
INTERVENTORÍA”, el monto a girar sería de $1.792.692.864.

19 Según acta de posesión del 1 de enero de 2001 y la credencial electoral de la Registraduría Nacional del Estado

Civil (f. 217, c. 1), el señor Cruz Rincón fue elegido durante el “período constitucional 2001/2003”: f. 215-216, c. 1.
20 F. 42-160, c. 1.
21 Parte del estudio de esta compañía fue aportado parcialmente y en copia simple al expediente: F. 203-214, c. 1
22 F. 50, c. 1.
23 F. 92, c. 1.
24 F. 125, c.1.
25 F. 148, c. 1.
26 F. 161, c. 1.

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4.1.6. Con acuerdo27 núm. 05 del 29 de enero de 2002, el Concejo Municipal de Tópaga
incluyó dentro de su presupuesto de rentas y gastos un numeral de aportes equivalente
al valor asignado por la CNR, con destinación al proyecto de “REHABILITACIÓN […]”.

4.1.7. Con fundamento en el acuerdo indicado en el punto anterior, el Concejo Municipal
informó a este proceso, mediante oficio28 CMT-03-025 del 19 de abril de 2011, que:

«[…] en los presupuestos fijados para las Vigencias Fiscales 2000, 2001 y 2002 no se
asignaron recursos específicos para el proyecto “MANTENIMIENTO Y
REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA […]”, de la misma manera cabe aclarar que mediante
el Acuerdo N°05 de Enero de 2002 el Honorable Concejo Municipal […] creó el artículo
3.5.1.16. denominado “REHABILITACIÓN […] acreditándole la suma de MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOSCIENTOS [sic] SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.792.692.864,00)».

4.2. Hechos atinentes al registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor
(DNDA), y derecho de petición de los demandantes al Municipio

4.2.1. Según certificado29 remitido el 27 de febrero de 2002, el 11 de febrero de ese año
el señor Fernando Bernal González inscribió y registró30 ante la DNDA, como “OBRA
LITERARIA” inédita e individual, la “Rehabilitación de la Vía entre límites de Sogamoso
y…”.

4.2.2. El señor Néstor Miguel Bernal Bernal presentó al Municipio petición formal, en
ejercicio del derecho previsto en el artículo 23 de la Constitución, el cual fue respondido
por medio de oficio del 20 de mayo de 2002, suscrito por el entonces alcalde de Tópaga,
Jorge Alberto Cruz Rincón, de la siguiente manera:

Derecho de petición (f. 164-165, c. 1) Respuesta del Municipio (f. 166-168,
c. 1)
“1. Sírvase informarme qué proyectos «1. El Municipio de Tópaga, inscribió
han sido inscritos por el municipio de ante la Comisión Nacional de Regalías
Tópaga ante la Comisión Nacional de entre las fechas del 1 de enero de 2001
Regalías entre las fechas del 1° de al 1 de enero de 2002, dos (2) proyectos
enero de 2001 a 1° de enero de 2002”. denominados:
“REHABILITACIÓN DE LA VIA ENTRE
LOS LIMITES DE SOGAMOSO Y ALTO
DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE
TOPAGA", Radicado Bajo el No. FNR
21071/2001.

"MANTENIMENTO VIAS VEREDA
CENTRO, SAN JOSE, ATRAVIEZAS,
SAN JUAN NEPOMUCENO, LA

27 F. 377, c 1.
28 F. 376, c. 1.
29 F. 162-163, c. 1.
30 En el libro 10, tomo 88, partida 452 del registro.

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Demandantes: Néstor Miguel Bernal Bernal y Fernando Bernal González

ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO
DEL MUNICIPIO DE TOPAGA”».
“2. De los proyectos inscritos sírvase “2. Los dos (2) proyectos anteriores los
especificar cuáles han sido avalados y viabilicé personalmente ante el
viabilizados por la Comisión y Ministerio de Transporte”.
Ministerios respectivos”.
“3. Informar detalladamente si el «3. En mi condición de Profesional en
proyecto: REHABLITACIÓN DE LA VÍA Ingeniería de Transportes y Vías,
ENTRE LIMITES DE SOGAMOSOS Y contando con el perfil requerido en este
ALTO DE LA VRGEN DEL MUNICIPIO tipo de proyectos hice las correcciones
DE TÓPAGA (BOYACÁ), realizado por necesarias para poder viabilizar el
el suscrito y el ingeniero FERNANDO proyecto "REHABILITACIÓN DE LA VIA
BERNAL GONZÁLEZ, ha sido ENTRE LOS LIMITES DE SOGAMOSO
viabilizado, tiene asignación Y ALTO DE LA VIRGEN DEL
presupuestal por la Comisión Nacional MUNICIPIO DE TOPAGA". Teniendo la
de Regalías, en qu[é] cuantía y bajo experiencia en la realización de estos
qu[é] parámetros”. proyectos lo hice personalmente y por
eso se logró la viabilización ante la
Ingeniera de vías del Ministerio de
Transporte GLORIA GONZALEZ, quien
puede dar fe que en forma personal
adelanté las gestiones para viabilizar el
proyecto. De esta manera aclaro que la
Administración Municipal de Tópaga,
viabilizó directamente el Proyecto ya
que el Ministerio de Transporte y la
Comisión Nacional de Regalías no
acepta intermediarios ni tramitadores.

El valor girado al Municipio por concepto
de este proyecto es de
($1,792.692.864), con los parámetros
establecidos por la Comisión nacional
de Regalías».
“4. Se certifique si la Comisión Nacional “4. No fue consignado el presupuesto
de Regalías y entidades aprobado por la Comisión Nacional de
correspondientes consignaron al Regalías ya que no se recibió el total del
municipio de Tópaga el presupuesto presupuesto aprobado.
aprobado”.
En cuanto a la certificación a que se
refiere debe solicitarla directamente a la
Comisión Nacional de Regalías”.
“5. Informe si dicha asignación «5. Si se fundamentó en el proyecto
presupuestal consignada al Municipio "REHABILITACIÓN DE LA VIA ENTRE
se fundamenta en el Proyecto antes LOS LINITES DE SOGAMOSO Y ALTO
mencionado”. DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE
TOPAGA" elaborado por el Municipio de
Tópaga, por que (sic) fue viabilizado».
“6. Se ordene expedir copia de las “6. Para expedir las copias que requiere
gestiones que haya hecho el Municipio debe cancelar previamente en la
para la iniciación de los trabajos que Tesorería Municipal de esta localidad el
tienen relación y como consecuencia de costo de las fotocopias”.
la aprobación del Proyecto referido”.

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“7. De acuerdo a (sic) lo anterior solicito “7. El Municipio de Tópaga, en ningún
se ordene la liquidación de los trabajos momento ha contratado para la
elaborados, gestionados y aprobados elaboración de proyectos.
dentro del Proyecto motivo de la petición
y gestión que fue autorizada por el señor El Acto Administrativo que Usted
Alcalde, por Acto Administrativo de menciona y que se refiere a la
fecha 16 de marzo de 2001 y emanado autorización, de conformidad con
de Despacho (adjunto fotocopia)”. artículo 93 de la Ley 136 de 1994, no es
un acto administrativo; dicha
autorización la concedí para pedirle un
favor personal aprovechando que
viajaba a Bogotá, para que tuviera
acceso al proyecto y me averiguara en
qué condiciones se encontraba; en
ningún momento lo hice delegando
funciones ya que en mi calidad de
alcalde tengo como función presentar
proyectos que beneficien a la
comunidad”.
“8. Se informe si la Alcaldía ha “8. Conforme a lo establecido en la Ley
contratado con entidad alguna el inicio y 80 de 1993, ya se adelantó el proceso
ejecución de Proyecto aprobado”. de Contratación.

De otra parte cabe señalar y aclarar, que
el Proyecto fue inscrito ante el Ministerio
del Interior el día 27 de febrero de 2002
y VIABILIZADO a mediados del año
2001”.

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4.3. Testimonios

En este proceso fueron practicados los siguientes testimonios:

4.3.1. Iván Ricardo Pirachican Bernal31 afirmó ser funcionario público, y conocer a los
demandantes desde hace “aproximadamente 25 años”, porque ellos tienen “algunas
propiedades en la vereda donde yo nací en el Municipio de Chivatá”.

4.3.1.1. Sobre los hechos de la demanda, declaró que le “consta que los señores
[demandantes] elaboraron, diseñaron, presentaron e hicieron el seguimiento del proyecto
de la pavimentación de la vía de Tópaga”. Agregó que “en varias oportunidades los
acompañ[aba] a realizar trabajos de campo, estudios de suelos y topográficos”, y que
asimismo los acompañaba “a realizar algunos trabajos de algunos proyectos que estaban
elaborando no solo en Tópaga sino en otros Municipios del Departamento”. Dijo no
recordar las fechas exactas, pero asegura que “fue antes del 2000”, porque “el alcalde
en esa época era Osvaldo Castro si no estoy mal”.

4.3.1.2. Según su conocimiento, no hubo “ningún contrato, ni orden de trabajo, ninguna
vinculación de carácter económico con el Municipio”. También indicó que, en su parecer,
el proyecto no quedó “viabilizado” durante el gobierno del alcalde Castro, sino que fue
ejecutado bajo la administración del alcalde Cruz.

4.3.1.3. Aseguró que no fueron canceladas “obras del proyecto”, e igualmente sostuvo
que los demandantes y el alcalde Cruz se reunían, pero no en su presencia, ni le consta
si hubo algún pacto. Agregó que, hasta donde tiene entendido, los actores “no recibieron
ninguna remuneración económica”.

4.3.1.4. En su parecer, el Municipio sí se benefició de los trabajos hechos por los
demandantes pues “la obra se hizo, el objeto de la obra se hizo y pues la elaboración y
los desplazamientos y los costos que lleva un proyecto pues Ocasionan [sic] gastos”.

4.3.2. Jairo Pacheco Suárez32 acudió al proceso invocando su condición de alcalde
municipal de Chíquiza durante el año 2001, y dijo serlo todavía para la fecha de la
declaración (14 de abril de 2011). Afirmó conocer a los demandantes desde el año 2000,
pero no a los alcaldes Castro y Cruz. También sostuvo que no le constaba si los actores
presentaron algún proyecto para la rehabilitación de vías en Tópaga, pero sí sostuvo
que:

“[…] para esa época yo me desempeñaba como alcalde de Chíquiza […] y ellos me
elaboraron algunos proyectos para presentar al fondo de regalías y cuando íbamos a esta
entidad a hacerles el seguimiento ellos también hacían la gestión para conseguir la
viabilidad de un proyecto de mejoramiento o rehabilitación de una vía del Municipio de
Tópaga”.

31 F. 369-371, c.1.
32 F. 372-373, c. 1.

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Sobre el proyecto del Municipio, afirmó que supo de la viabilización, pero que no le
“consta si lo hayan realizado ellos o quien lo haya contratado”. Tampoco le consta si a
los demandantes les fueron cancelados los costos por la elaboración o ejecución del
proyecto.

4.3.3. Mediante Despacho Comisorio remitido al Juzgado Promiscuo Municipal de
Tópaga, el 9 de junio de 2011 se practicó el testimonio de José Oswaldo Castro
Tejedor33, ex alcalde del Municipio. En la diligencia afirmó conocer a Néstor Miguel
Bernal, pero no recordaba a Fernando Bernal González.

4.3.3.1. Sobre la elaboración del proyecto de rehabilitación vial, en su condición de
alcalde, indicó:

“Para esa época había posibilidad de acceder a unos recursos ante el Fondo Nacional de
Regalías para la repavimentación y mejoramiento de la vía en mención y en algún
momento les comenté de esa posibilidad y el ingeniero NESTOR BERNAL y el ingeniero
EVER EUSEBIO BERNAL hermano de NESTOR me manifestaron que ellos podía [sic]
elaborar el proyecto y yo les dije hágalo y se presenta pero en ningún momento hay
acuerdo o contrato, esto fue un ofrecimiento de ellos al elaborarlo”.

Más adelante manifestó que la presentación del proyecto consistía en:

“Elaborar y radicar el proyecto era el procedimiento que se utiliza y esperar el concepto
de viabilidad de la entidad que posiblemente financiaba el proyecto”.

4.3.3.2. Según el testigo Castro Tejedor, el proyecto no se viabilizó porque, a raíz de las
elecciones del año 2000:

“[…] la mayoría de los procesos o proyectos cofinanciados por entidades del estado
quedaron en estanbay [sic] hasta que no pasara el proceso electoral y obviamente la
comisión nacional de regalías en sus reuniones finales no tocó ningún tema de estos por
lo tanto el proceso quedó en estanbay [sic]”.

4.3.3.3. En esa medida, fue interrogado sobre los eventuales contactos con el alcalde
Cruz para proseguir con el proyecto, a lo que respondió:

“A JORGE CRUZ le comenté sobre el proyecto e incluso le dejé una copia en el Despacho
de la alcaldía para que estuviera pendiente de dicho proyecto, pero como mi periodo
terminó el 31 de diciembre del año 2000, desconozco las actuaciones que pudiese haber
hecho el señor Alcalde o si hubiera hecho algún tipo de compromiso con el ingeniero
NESTOR”.

Agregó que desconocía si su sucesor en el cargo de alcalde se hubiera comprometido
con Néstor Miguel Bernal, debido a que dejó de tener contacto con el señor Cruz Rincón
a partir de la finalización de su periodo.

33 F. 418-421, c. 1.

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4.3.3.4. Por lo demás, el testigo respondió en estos términos el cuestionario enviado por
el apoderado de la parte demandante:

Cuestionario del demandante (f. Respuestas del declarante (f. 418-
414-415, c. 1) 421, c. 1)
“3. Que diga el testigo si sabe y le “Sí, es cierto”.
consta, que el periodo del entonces
Alcalde OSWALDO CASTRO, venció y
el proyecto no se alcanzó a viabilizar”.
“5. Que diga el testigo si sabe y le “No me consta porque mi período
consta, que el ingeniero el ingeniero terminó el 31 de diciembre de 2000”.
JORGE ALBERTO CRUZ, acordó con
los señores NESTOR MIGUEL
BERNAL Y FERNANDO BERNAL
GONZALE, que se continuara con la
elaboración del Proyecto mencionado,
comprometiéndose a cancelar el valor
del trabajo desarrollado”.
“6. Que diga el testigo si sabe y le “No me consta absolutamente nada”.
consta, que el señor JORGE
ALBERTO CRUZ, alcalde en ese
entonces, expidió una autorización con
fecha de 16 de marzo de 2001, para
realizar el trámite, seguimiento y
viabilización de los proyectos
radicados por el Municipio ante el
Fondo Nacional de Regalías”.
“7. Que diga el testigo si sabe y le “Si es cierto el que se elaboró
consta, que los señores NESTOR inicialmente”.
MIGUEL BERNAL y FERNANDO
BERNAL GONZÁLEZ, elaboraron la
totalidad del proyecto rehabilitación vía
límites de Sogamoso Alto de la Virgen
Municipio de Tópaga”.
“8. Que diga el testigo si sabe y le “[E]l recibido de los dineros no me
consta, que el Municipio de Tópaga, consta, pero la ejecución de la obra es
recibió los dineros de la Comisión de conocimiento público”.
Nacional de Regalías y celebró los
contratos respectivos para la ejecución
de las obras programadas con el
proyecto presentado”.
“9. Que diga el testigo si sabe y le “No me consta”.
consta, que el Alcalde Municipal de
Tópaga de ese entonces el señor
JORGE ALBERTO CRUZ,
desconociendo el trabajo desarrollado
por los señores NESTOR MIGUEL
BERNAL y FERNANDO BERNAL
GONZALEZ, no les canceló el valor
correspondiente a dicho proyecto.
“10. Que diga el testigo si sabe y le “No me consta.”
consta, que los señores NESTOR
MIGUEL BERNAL y FERNANDO

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BERNAL GONZALEZ, formularon
petición al entonces Alcalde Municipal
de Tópaga, solicitándole la liquidación
y pago de los trabajos desarrollados,
dentro del proyecto de rehabilitación
vía límites de Sogamoso Alto de la
Virgen Municipio de Tópaga”.
“11. Que diga el testigo si sabe y le “Sí me consta porque es un hecho
consta, que el Municipio de Tópaga, se público”.
benefició con el proyecto rehabilitación
vía límites de Sogamoso Alto de la
Virgen Municipio de Tópaga, pues
consiguió los recursos de la Comisión
Nacional de Regalías para ejecutar
unas obras en pro de la comunidad”.
“12. Que diga el testigo si sabe y le “No me consta”.
consta, que los señores NESTOR
MIGUEL BERNAL y FERNANDO
BERNAL GONZALEZ, sufrieron
perjuicios de orden patrimonial, el cual
disminuyó con el no pago de los
trabajos ejecutados”.

4.3.3.5. A las preguntas del apoderado del Municipio distintas a las ya contestadas por
el señor Castro Tejedor, este respondió lo siguiente:

Preguntas del apoderado del Respuestas del declarante
Municipio
“Dígale al Despacho si es cierto o no “No”.
que usted suscribió un contrato escrito
conforme a las normas de contratación
administrativa en su calidad de alcalde
del municipio de Tópaga para la época
con los señores MESTOR [sic]
MIGUEL BENRAL BENLA [sic] y
FERNANDO BERNAL GONZALEZ en
el año 2000 para que estos elaboraran
el proyecto de rehabilitación vía limites
Sogamoso, alto de la Virgen municipio
de Tópaga y en caso afirmativo dígale
al Despacho cual fue el precio del
contrato suscrito”.
“Dígale al Juzgado si es cierto sí o no “No”.
si usted suscribió contrato escrito con
arreglo a la ley de contratación en
nombre del municipio de Tópaga para
el año 2000, con los señores NESTOR
MIGUEL BERNAL y FERNADO [sic]
BERNAL GONZALEZ, para pagarles la
elaboración del proyecto […], y en caso
afirmativo indique el valor de dicho
contrato”.

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V. CONSIDERACIONES

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección y el artículo 164 del CCA34, el ad quem tiene la potestad de “pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la
indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante
como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”35.

Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

5.1. Esta Sala de Subsección es competente para decidir el asunto en segunda instancia
según las reglas del artículo 132 del CCA36, por tratarse del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, en un proceso con vocación de segunda instancia por razón de la cuantía37.

5.2. El plazo de caducidad de dos años, establecido en el artículo 136 numeral 8 del
CCA, para el ejercicio de la acción de reparación directa, en casos de enriquecimiento
sin causa, se computa a partir del momento en que el demandante adquiere certeza de
que la Administración no reconocerá los servicios prestados u obras realizadas38. En
este asunto, los demandantes conocieron que no se les pagaría la suma que pretendían
por sus prestaciones con la respuesta a la petición formal del veinte (20) de mayo de dos
mil dos (2002) (aptdo. 4.2.2). Por lo tanto, como la demanda fue presentada el trece (13)
de enero de dos mil tres (2003)39, el derecho de acción fue ejercido en tiempo.

5.3. En cuanto a la legitimación en la causa, la demanda que dio lugar a este proceso,
se fundó en el impago de la documentación del proyecto de rehabilitación de la vía que
conduce de los límites de Sogamoso hasta Tópaga, presentado para la aprobación y
financiación del CNR. En los documentos que integraron el proyecto que finalmente
obtuvo la financiación solicitada, aparece referenciado el ingeniero Fernando Bernal
González, como asesor del municipio demandado y profesional responsable de los
estudios preliminares (aptdo. 4.1.3.2. y 4.1.3.3.).

34 CCA. “Artículo 164. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la

demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos. || En la sentencia
definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
[…]”.
35 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
36 Disposición modificada por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 que estableció: “Los Tribunales Administrativos

conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.
37 Para la fecha de presentación de la demanda (2003), el salario mínimo era de $332.000, y el tope para que el asunto

fuera tramitado en doble instancia –siendo la segunda de esta Corporación- era de $166.000.000. En el presente caso
el mencionado límite legal fue superado toda vez que la demandante tasó la cuantía del asunto en $ 179.269.286
(supra. aptdo. 2.1.1.).
38 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C. Sentencias

del 12 de julio de 2017. Rad. 25000-23-26-000-2003-01960-01(35837); del 31 de mayo de 2019. Rad. 76001-23-31-
000-2004-05104-01(44063); y del 15 de diciembre de 2021. Rad. 25000-23-36-000-2014-00617-01 (56400)
39 F. 169-177, c. 1.

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5.3.2. El vínculo del señor Néstor Miguel Bernal Bernal con las pretensiones, aunque
no está reflejado en el proyecto final, está indiciariamente establecido a partir de su
probada, (i) con la autorización conferida por el Alcalde de Tópaga para “realizar el
trámite, seguimiento y viabilización” del proyecto de rehabilitación vial ante la autoridad
respectiva (aptdo. 4.1.4), y (ii) con la petición formal que elevó al Municipio para reclamar
la contraprestación por la elaboración de los documentos del proyecto (aptdo. 4.2.2), que
tampoco da cuenta de su participación efectiva en la elaboración del proyecto; y (iii) con
la versión del testigo Jairo Pacheco Suárez40 (aptdo. 4.3.2), quien dijo conocerlo desde
el año 2000, haber elaborado con su auxilio algunos proyectos para presentar al Fondo
Nacional de Regalías, y haber conocido de algunas gestiones suyas para conseguir la
viabilidad de un proyecto de mejoramiento o rehabilitación de una vía del Municipio de
Tópaga.

En esa medida, Fernando y Nestor Miguel Bernal están legitimados materialmente en la
causa por activa.

5.3.4. Finalmente, el municipio de Tópaga está legitimado en la causa por pasiva en
tanto habría sido el beneficiario de las labores efectuadas por el señor Bernal González
en los documentos que permitieron la financiación del proyecto de rehabilitación vial en
el año 2001 (aptados. 4.1.3.2 y 4.1.3.3).

Sobre el primer problema jurídico

5.4. En los argumentos del apelante en contra del fallo de primera instancia, se critica la
aplicación de la sentencia de unificación jurisprudencial que adoptó la Sala Plena de esta
Sección el 19 de noviembre de 2012[41] a este asunto, por tratarse de un caso en el que
los hechos ocurrieron mucho antes de que dicho fallo fuera proferido (aptados. 2.4.1 a
2.4.1.2 y 2.4.5).

5.4.1. Al punto la Sala debe reiterar que la fuerza de cosa juzgada que ampara a las
providencias en firme descarta que un cambio jurisprudencial tenga efectos retroactivos
propiamente dichos42-43; que la problemática atinente a la aplicación temporal de la
jurisprudencia está centrada en los asuntos pendientes de decisión definitiva; y que,
desde la perspectiva del juez competente, la aplicación del precedente puede ser
retrospectiva, esto es, aplicable a trámites anteriores al momento de la decisión que
cambia el criterio jurisdiccional, o prospectiva, a casos posteriores a la fecha del
pronunciamiento que lo contiene.

40 F. 372-373, c. 1.
41 Rad. 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897)
42 Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la “retroactividad en sentido propio” refiere al “tipo de
retroactividad que existe cuando una norma, dictada a posteriori, incide, modificándola, en una situación jurídica
concluida en el pasado”. Ver, página web: https://dpej.rae.es/lema/retroactividad-en-sentido-propio
43 De antaño, la jurisprudencia ha sostenido que “El hecho de que se hubiere presentado un virage (sic) doctrinal o

jurisprudencial sobre determinada cuestión jurídica, no revive situaciones jurídicas ya definidas”. CONSEJO DE
ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Providencia del 12 de abril de 1978. Rad. 2973.
Así mismo, más recientemente ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de tutela del 29 de abril de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01372-00 (AC).

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5.4.1.1. Sobre el efecto prospectivo del precedente judicial, esta Sala de Subsección44,
partiendo de la premisa de la necesidad de brindar protección a los derechos subjetivos,
y garantía a la libertad, la confianza legítima y la igualdad, ha señalado que, por regla
general “todo cambio de precedente jurisprudencial, referido a competencias estatales,
derechos o mecanismos de protección” debe ser aplicado con efectos prospectivos, y
que la “retroactividad del precedente” en esa materia viola los derechos y garantías
mencionados. Precisó, también, que la aplicación de la interpretación antecedente, en
otros ámbitos, únicamente podía explicarse como una forma de adhesión a “un criterio
jurídico bien formado en la jurisprudencia, ora por su reiteración o por estar fundado en
una decisión de unificación de jurisprudencia […]”,de modo que este criterio debe
desecharse en presencia de “tesis imprecisas o contradictorias”. Esta perspectiva de
aplicación temporal ha sido acogida por la jurisprudencia de la Corporación para modular,
sólo en algunos casos, los efectos temporales de los fallos de unificación
jurisprudencial45, tanto como para denotar que las posturas nuevas no pueden
desconocer el principio de confianza legítima46. Concretamente, la Sección Tercera ha
modulado la aplicación temporal de algunos de sus fallos de unificación, en casos en los
que de aquella ha dependido la debida escogencia del medio de control47, o cuando de
reconocimiento de perjuicios en determinada cuantía se ha tratado48.

5.4.1.2. Por tanto, plantear que, siempre y de manera automática ha de aplicarse en
forma prospectiva el precedente contenido en las decisiones de unificación que no han
sido expresamente moduladas en sus efectos temporales, terminaría desconociendo el
dinamismo que caracteriza al precedente judicial, así como su eficacia para adaptar el
derecho a una interpretación que se considere adecuada e idealmente “correcta”. Una
solución a los posibles atropellos que puedan experimentar las partes por el cambio de
la jurisprudencia no puede soslayar la tensión49 entre el ejercicio permanente de la
44 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 4

de septiembre de 2017. Rad. 68001-23-31-000-2009-00295-01(57279).
45 El pronunciamiento cita las siguientes providencias: CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo. Sentencia de 27 de marzo de 2007, exp. 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ); y Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta, Sentencia de 7 de junio de 2016, exp. 11001-03-28-000-2015-00051-00.
46 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Rad.

11001-03-15-000-2015-00110-00(REVPI).
47 En cuanto al enjuiciamiento de la responsabilidad precontractual de las entidades públicas sometidas a regímenes

especiales o exceptuados de contratación a través del medio de control de reparación directa, la Sección Tercera
moduló los efectos de su decisión de unificación en estos términos: “ Como garantía del derecho de acceso a la
administración de justicia, el juzgador de conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas
presentadas antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya
empleado la acción (medio de control) que corresponda, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de
actos”. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 3
de septiembre de 2020. Rad. 25000-23-26-000-2009-00131-01 (42003).
48 Al unificar criterios respecto del reconocimiento de perjuicios padecidos por la muerte o invalidez de personas

dedicadas al cuidado del hogar, la Sala Plena moduló los efectos de su decisión así: “Ahora bien, comoquiera que
esta sentencia de unificación comporta una modificación jurisprudencial que tendría efectos en la tasación y liquidación
de nuevos perjuicios frente a los cuales no operó el principio de contradicción, la Sala empleará la figura de la
jurisprudencia anunciada y, por tal motivo, esta alteración del precedente solo será aplicable a los procesos que se
inicien con posterioridad a esta providencia, en aras de garantizar los principios constitucionales al debido proceso y
a la defensa de las entidades y sujetos demandados ante esta jurisdicción”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 27 de junio de 2017. Rad.
500012331000200030072 01 (33945).
49 Descrita en estos términos por la Subsección B de la Sección Tercera: “Es cierto entonces que, como lo indica la

entidad recurrente, la excepción por ella formulada al amparo de una tesis jurisprudencial pacífica, fue resuelta con

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competencia de los órganos de cierre, consistente en revaluar sus tesis jurídicas e
interpretativas del derecho, bien por considerarlas inadecuadas o equívocas, y la
inmanencia y necesaria garantía de los derechos de los usuarios de la administración de
justicia.

5.4.1.3. En tales casos, los fallos de unificación jurisprudencial emanados de los
tribunales de cierre tienen, por regla, unos efectos generales e inmediatos a partir de su
adopción, incluso respecto de casos pendientes de fallo, es decir, efectos
retrospectivos. Tal entendimiento, que defiende la aplicación inmediata del precedente,
responde a la necesidad de adaptación y evolución constante del Derecho, y toma en
consideración que la revocación de la regla jurisprudencial debe estar antecedida de una
fuerte argumentación que, por un lado, refleje las razones que justifican el apartamiento
y, por otro, demuestre por qué el nuevo criterio concuerda mejor con los principios,
valores y garantías constitucionales50.

Este criterio ha sido desarrollado por esta Corporación en sus diversos órdenes, desde
la Sala Plena Contenciosa51, algunas de las Secciones que la componen52; y así mismo
la Sección Tercera tanto en su Sala Plena53 como en sus Subsecciones54, y
particularmente en esta Subsección55, sin perjuicio del justo y válido apartamiento de

fundamento en una posición jurisprudencial adoptada con posterioridad, situación que, como bien se sugiere en el
recurso, plantea la delicada tensión existente entre, por una parte, la prerrogativa de los órganos de cierre del sistema
jurídico de reevaluar sus propias tesis jurisprudenciales o, dicho de otra manera, de cambiar el precedente judicial
establecido en un punto de derecho determinado y, por la otra, la inseguridad jurídica que dichos cambios implican
para los justiciables en tanto pueden resultar sorprendidos por el hecho de que, en los litigios cuya resolución tienen
pendiente, se les apliquen reglas jurisprudenciales que no fueron aquellas con fundamento en las cuales actuaron
frente a la jurisdicción”. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección
B. Auto unitario del 25 de septiembre de 2017. Rad. 08001-23-33-000-2013-00044-01(50892)
50 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011.
51 Al unificar jurisprudencia respecto al IBL pensional en regímenes de transición, la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo indicó: “La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se
fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como
en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”: CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ).
52 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 8 de octubre

de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-02890-01 (AC), y sentencia del 29 de abril de 2021, ya citada.
53 Así, el pleno de la Sección Tercera avaló la vigencia retrospectiva que, en materia de imputación por privación

injusta de la libertad, tuvo la sentencia del 15 de agosto de 2018, rad. 66001-23-31-000-2010-00235-01 (46497), en
estos términos: “[…] la Sala encuentra que no le asiste razón al impugnante pues precisamente lo que se buscó con
la sentencia de unificación fue garantizar los principios de seguridad jurídica y de igualdad, de tal forma que en los
casos de privación de la libertad los jueces siguieran un mismo análisis. || De igual forma, en la decisión se dejó en
claro que debía ser cumplida para todos los casos que de privación de la libertad que en adelante serían fallados, por
lo que pretender que la providencia tuvo efectos modulados sería desconocer el alcance de la decisión de unificación”.
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 25 de
noviembre de 2021. Rad. 11001-03-26-000-2019-00160-00(64935).
54 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencias

del 30 de julio de 2021. 05001-23-33-000-2018-01831-01(66941) y del 21 de noviembre de 2022. Rad. 76001-23-33-
000-2015-00292-01 (68941), y Subsección B. Sentencia del 25 de febrero de 2022. Rad. 20001-23-31-000-2011-
00544-01 (50168).
55 «[…] la regla general es que el cambio en la posición jurisprudencial por parte del respectivo órgano de cierre es de

aplicación inmediata y vincula a los demás operadores judiciales al momento de decidir sobre el asunto, sin que haya
tránsito legislativo, sino meramente hermenéutico. Lo anterior, tiene sentido en la medida en que es la interpretación
por parte de los órganos autorizados la que permite entender el “significado viviente de las normas”, es decir que hace
compatible el derecho contenido en los textos con las dinámicas sociales». CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2020. Rad. 11001-03-15-
000-2020-00619-00(AC).

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aquel, en función del caso concreto, cuando su observancia conduzca a un menoscabo
abiertamente desproporcionado de los derechos de las partes procesales56-57

Importa remarcar, sí, que la aplicación prospectiva y excepcional del precedente
depende exclusivamente del caso concreto, de los hechos probados y de los argumentos
formulados por las partes, ya que la frustración de la confianza legítima en la regla
jurisprudencial conocida al momento de la ocurrencia de los hechos o de instaurar la
demanda no puede apreciarse en abstracto58. Es esta una morigeración de la regla
general, que también ha sido desarrollada mayoritariamente en la aplicación de
subreglas jurisprudenciales procesales, atinentes a la definición del juez competente59 o
a la acción o medio de control procedente60, entre otros. Integrada así la regla general
con este criterio de morigeración, se puede apreciar el resguardo que presta al carácter
móvil e inmediato del precedente, necesario en escenarios de continuo cambio social, al
tiempo que la garantía a las partes de la preservación de las reglas conocidas al iniciar
el trámite hasta su finalización, cuando estas reglas hayan sido determinantes en la
orientación de la reclamación judicial o de la defensa, y el nuevo criterio jurisprudencial
implique una limitación del acceso a la administración de justicia, así como un sorpresivo
atentado al mínimo de certidumbre que debe caracterizar a todos los juicios adelantados
ante la jurisdicción61. Guarda, además, armonía con la jurisprudencia de la Corte

56 Así, en providencia citada, se precisó que “en principio y en tanto supone que la solución dada al caso concreto se

estima mejor a aquella en la que se fundaba el precedente, esto es, en mayor acuerdo con el ordenamiento jurídico,
más aún cuando es establecida expresamente como de unificación de jurisprudencia, la nueva regla jurisprudencial
debería aplicarse de manera inmediata, salvo que dicha aplicación afecte de modo tal el derecho a la igualdad, al
debido proceso, a la defensa o principios como el de la seguridad jurídica u otros consagrados por el mismo
ordenamiento, que el costo resulte abiertamente desproporcionado en relación con las razones que justificaron el
cambio, caso en el cual sería necesario optar por fijarle efectos prospectivos que, establecidos para cada situación,
eviten las consecuencias indeseables desde el punto de vista del ordenamiento jurídico”. Auto del 25-sep-2017, ya
citado.
57
Así, por ejemplo, la Subsección B de la Sección Tercera aplicó de forma prospectiva el precedente en un asunto de
enriquecimiento sin causa al considerar que, en ese caso particular, no podía exigírsele a la demandante el
cumplimiento de una subregla jurisprudencial diferente a la desplegada durante la prestación de sus servicios.
58 Así razonó la Sala Plena de la Sección Tercera al motivar que no realizaría modulación del fallo de unificación sobre

la presunción del tiempo dejado de laborar en casos de privación injusta de la libertad: “De acuerdo con lo señalado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la modulación de las modificaciones
jurisprudenciales, en relación con reglas de naturaleza procesal, resulta procedente cuanto sea evidente que en el
momento en el que se ejerció el derecho la parte no tenía conocimiento del requisito que se introdujo en la nueva regla
jurisprudencial. Se afectaría su ‘confianza legítima’ o su derecho de ‘acceso a la administración de justicia’ si se negara
el derecho impetrado aplicando la nueva regla. Si al adoptar la nueva regla en la sentencia de unificación es evidente
que esto ocurre de manera general para los casos en los cuales tal regla deba ser aplicada, sus efectos deben
modularse en el tiempo. Sin embargo, la noción de ‘confianza legítima’ no puede examinarse en abstracto, ni
entenderse como un derecho absoluto a la no modificación de una regla; debe entenderse como una expectativa
legítima del justiciable, teniendo en cuenta las circunstancias concretas en las cuales se presenta su modificación”.
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021. Rad. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
59 En ese sentido, las tres Subsecciones que componen la Sección Tercera del Consejo de Estado han coincidido en

la aplicación prospectiva del pronunciamiento de unificación que estableció la improcedencia de la renuncia tácita de
la cláusula compromisoria (Providencia del 18 de abril de 2013. Rad. 85001-23-31-000-1998-00135-01(17859)). Ver,
entre muchas otras: Subsección A. Sentencias del 7 de mayo de 2021. Rad. 760012331000200201766 01 (48746) y
del 22 de octubre de 2021. Rad. 20001-23-31-000-2012-00147-01(50629); Subsección B. Sentencias del 18 de
noviembre de 2021. Rad. 05001-23-31-000-1999-03378-03 (54883) y del 23 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
26-000-2008-00158-01 (50509); y Subsección C. Sentencias del 28 de junio de 2019. Rad. 66001-23-31-000-2003-
00588-02(44009), y del 18 de agosto de 2020. Rad. 08001-23-31-000-2005-01245-01(36875).
60 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

del 8 de junio de 2017. Rad. 73001-23-31-000-2008-00076-01(41233).
61 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 4

de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1998-02300-01(19957)

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Constitucional, puntualmente en la sentencia SU-406 del 4 de agosto de 2016 en la que
dicho Tribunal concluyó que, además, la retrospectividad del precedente contenido en
fallos de unificación sin modulación temporal de sus efectos como regla general, y la
prospectividad como su excepción en casos concretos, encuentra respaldo en

“[…] si bien la regla general indica que la jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en
este sentido vincula a los operadores judiciales que deben tenerla en cuenta en sus
decisiones, la autoridad judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios
concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo estar determinada por la
jurisprudencia vigente para entonces, por lo que el fallador, al momento de proferir su
decisión, debe establecer, a partir de una análisis fáctico, si el cambio de jurisprudencia
resultó definitivo en una posible afectación de derechos fundamentales al modificar las
reglas procesales con base en las cuales, legítimamente, habían actuado los sujetos
procesales y, en este sentido, el juez de conocimiento puede, como excepción a la regla
general de aplicación de la jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al
momento de proferir el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la
conducta procesal de las partes”.

5.4.1.5. En suma, con la regla general del efecto retrospectivo de los cambios
jurisprudenciales y el carácter excepcional del efecto prospectivo cuando anteriormente
existiera un precedente consolidado, se concilia la necesidad de poner inmediatamente
en práctica el criterio interpretativo que se considera más adecuado para la protección
de los intereses legítimos, así como el respeto institucional de las reglas que motivan el
comportamiento de las partes. Además, este criterio mueve al juzgador a considerar las
consecuencias de la variación del precedente frente a los asuntos en curso, para evitar
que la operatividad inmediata de las subreglas jurisprudenciales dé lugar, en
determinados casos, a la vulneración de derechos y garantías fundamentales62.

5.4.2. En el sub judice, la apelante adujo que la confección de los documentos que
integraron el proyecto de rehabilitación, que es la prestación por la que se habría
enriquecido injustamente la Administración, ocurrió muchos años antes de que fuera
proferida la sentencia de unificación aplicada por el Tribunal. Sin embargo, no ofrece
otros argumentos para justificar que las subreglas contenidas en el mencionado
pronunciamiento de unificación no deban aplicarse, bien porque fácticamente el caso no
pueda apreciarse bajo las pautas unificadas, o bien por la preexistencia de un criterio
jurisprudencial pacífico y reiterado que inexorablemente orientara su actuar, dando lugar
a un injustificado desmedro de los derechos del extremo accionante.

Por el contrario, como se advirtió en el fallo del 2012, con antelación a la unificación
jurisprudencial en la materia no existía un precedente consolidado, sino que coexistía
“una pluralidad de posiciones [que más adelante se exponen63] sobre estos temas que
finalmente se traducen en una situación de ambigüedad e inseguridad”; situación que
justamente motivó el planteamiento de unas subreglas unificadas tanto en materia
procesal (acción o medio de control procedente) como sustancial. Además, la Sección

62 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Auto unitario

del 29 de agosto de 2022. Rad. 250002326000-2004-00780-01 (54338).
63 Aptado. 5.6 y siguientes.

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resaltó64en esa oportunidad que desde 1991 la jurisprudencia había indicado que la
teoría del enriquecimiento sin causa no podía ser aplicada de forma irreflexiva y aislada
de los hechos probados, ni servir de instrumento para eludir las normas de contratación
pública65.

5.4.3. De esta manera, no es de recibo sostener, como lo hace el apelante (aptdo. 2.4.1),
que para la fecha de los hechos relatados en la demanda –entre los años 2000 y 2001–
existiera una posición judicial pacífica y reiterada que diera validez a la realización de
actividades de colaboración por los particulares, en favor de la Administración Pública,
sin mediación de causa jurídica, más exactamente, sin la existencia de un contrato.

5.4.3.1. En primer lugar, las cuatro sentencias que invocó el apelante para soportar su
tesis66, además de ser posteriores a los hechos de la demanda, no forman un criterio
jurídico consistente en una ratio decidendi que conduzca a la conclusión que él plantea.
Por el contrario, todas ellas hacen parte de la heterogeneidad de posturas
jurisprudenciales existentes antes del fallo de unificación, como que dos permitieron
determinar que en los casos concretos hubo indebida escogencia de la acción67-68; otra,
proferida en el marco de la acción de controversias contractuales accedió al
reconocimiento de obras adicionales ejecutadas sin contrato, porque eran “esenciales e
inherentes a la infraestructura misma que fue construida” y, en todo caso, expresó que
era inadmisible dicha práctica69 ; y, en la última, se aseveró expresamente que no pueden
reconocerse prestaciones bajo la teoría del enriquecimiento sin causa, cuando el
particular actúe conociendo que sus prestaciones debían estar respaldadas por un
contrato estatal70.

64 Pie de página núm. 32 del fallo de unificación del 19 de noviembre de 2012.
65 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de octubre de

1991. Rad. 5686.
66 Supra. cit. 6 y 7.
67 La sentencia de la Sección Segunda –Subsección A de esta Corporación, del 23 de enero de 2003 (Rad. 44001-23-

31-000-2000-00526-01(4309-01), anota, a modo de obiter dicta, que la Administración no puede ser irresponsable de
los perjuicios que ocasione el enriquecimiento injusto. No obstante, asegura que “para reclamar dicho pago es
menester elegir la acción adecuada, que tal, como lo señalaron las jurisprudencias que cita el demandante en su
recurso de alzada, es la acción de reparación directa”. En ese caso, el demandante ejerció la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, razón por la cual, en criterio de esa Colegiatura: “Como la acción escogida por el
demandante no puede ser útil para el resarcimiento que reclama, pues el acto no está viciado de nulidad, habrá de
negarse las súplicas de la demanda, lo que impone confirmar el fallo apelado.”
68 La sentencia del 11 de abril de 2012 de la Subsección A de esta Sección (Rad. 76001-23-25-000-1997-04462-

01(21186)) confirmó la decisión de primera instancia que se declaró inhibida porque, a su juicio, la acción procedente
era la actio in rem verso.
69 “Lo anterior no significa que se esté dando vía libre a la práctica generalizada de adelantar la ejecución de obras sin

que se dé cumplimiento a los requisitos formales de legalización ordenados por la ley, la cual impone que mientras el
contrato no se encuentre suscrito y legalizado, tampoco será posible ejecutarlo; pero esta regla no puede ser absoluta,
puesto que cada caso particular debe analizarse en su verdadero contexto para desentrañar la consecuencia que esta
omisión puede representar para el contratista cumplido y de buena fe.”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2007. Rad. 52001-23-31-000-1996-
07894-01(15469).
70 En la providencia que el actor mencionó se dijo que, además de los elementos del enriquecimiento sin justa causa

existe “un elemento adicional, como lo es que la falta de una causa para el empobrecimiento, no haya sido provocada
por el mismo empobrecido, toda vez que en dicho evento no se estaría ante un “enriquecimiento sin justa causa”, sino
ante la tentativa del afectado de sacar provecho de su propia culpa. // En el evento de que en el derecho colombiano
la contratación administrativa fuese una situación sin regulación alguna, cuyas relaciones negociales no estuvieran
debidamente garantizadas, se podría hablar de un enriquecimiento injustificado cuando se preste un servicio a la
administración sin que exista un contrato de por medio, pues se debería remediar una situación abiertamente injusta,
donde la administración se aprovecharía de una laguna jurídica. Pero en el caso de autos, la demandante, en una

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5.4.3.2. En segundo lugar, la parte actora no probó que las prestaciones de particulares
sin contrato fuera para la época actuación de “usual ocurrencia” . A esto se agrega que,
en atención al carácter imperativo de las normas de contratación pública, no puede la
Judicatura respaldar una costumbre contraria al derecho (contra legem), y expresamente
prohibida por el ordenamiento71.

5.4.4. Así las cosas, el presente caso no da cuenta de motivos fácticos, ni jurídicos para
separar el enjuiciamiento de este asunto de las pautas establecidas por medio del fallo
de unificación del 19 de noviembre de 2012. Particularmente, se itera, para la época de
los hechos no existía un criterio jurisprudencial unívoco que habilitara a los demandantes
a confeccionar los estudios del proyecto sin soporte contractual, puesto que, por ese
entonces, existía la tesis jurisprudencial conforme a la cual la teoría del enriquecimiento
sin causa era excepcional y no podía servir de escape a la normatividad contractual
pública. Por lo tanto, el apoyo de la reclamación judicial en algunas sentencias de la
Sección, que pudieran favorecer la postura de la demanda, no afectó derechos ni
garantías consolidadas de los demandantes y estaba llamada a generar, a lo sumo, una
mera expectativa72-73.

5.5. Así las cosas, la respuesta al primero de los problemas jurídicos formulados (aptdo.
3.1) se impone negativa.

Sobre el segundo problema jurídico74

5.6. Para determinar si le asiste razón la parte demandante y recurrente, en cuanto afirma
que su actuar se acomodó a la buena fe objetiva, resulta oportuno recordar las posiciones
encontradas en materia de enriquecimiento sin justa causa de la Administración, que
coexistían con anterioridad a la sentencia de unificación aplicada por el Tribunal, que lo
son: (i) la postura positiva, que flexibilizaba la carga del conocimiento de la ley impuesta

expresión libre de su voluntad, se situó así misma en una situación injusta, en la cual su trabajo quedo desamparado,
por no hacer uso de las herramientas ofrecidas por la ley para garantizar la retribución económica de su labor. Por lo
tanto, en el caso de autos resulta inconcebible admitir un “enriquecimiento sin causa”, cuando la perjudicada con el
desequilibrio patrimonial consistente en prestar un servicio sin recibir ninguna retribución, tuvo la oportunidad de decidir
realizar dicha labor, sin que la contraprestación de la misma estuviera garantizada mediante los procedimientos e
instituciones creadas para el desarrollo de la contratación estatal.” Por estos motivos, replanteó “su posición en este
tipo de casos, para afirmar que cuando el contratista de la administración acepte prestar un servicio, con pleno
conocimiento de que está actuando sin la protección que el ordenamiento jurídico ofrece a los colaboradores de la
administración, no puede aprovecharse posteriormente de su propia culpa, para pedir que le sea reintegrado lo que
ha perdido como causa de la violación de la Ley.”: Sent. 30-mar-2006, ya citada.
71 CÓDIGO CIVIL. Artículo 8: “La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso

para su inobservancia, ni práctica, por inveterada y general que sea.”. Además, ver: CORTE CONSTITUCIONAL. Sala
Plena. Sentencia C-224 del 5 de mayo de 1994.
72 En sentido análogo, ver: CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia SU-020 del 29 de enero de 2020.
73 Por el contrario, abandonar el criterio jurisprudencial unificado para decidir este asunto podría considerarse

contraproducente para el acceso de la administración de justicia de los actores, toda vez que antes de la unificación
existía divergencia jurisprudencial sobre la acción o medio de control procedente. En efecto, antes del 2012 no había
una pauta unívoca en torno a si las reclamaciones por enriquecimiento sin causa podían encauzarse a través de la
reparación directa o si era necesario encaminarlas por medio de una acción autónoma (“actio in rem verso”), polémica
zanjada a favor de la primera posición por la providencia de unificación que, se concluye, viene plenamente aplicable
a la solución del asunto.
74 Aptado. 3.1.2.

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al contratista, en razón de la confianza que aquel deposita en la Administración; y (ii) la
postura negativa, de acuerdo con la cual el particular tiene la carga de conocer el
ordenamiento jurídico, por lo que la ejecución de las prestaciones sin el
perfeccionamiento del contrato conforme a la ley constituye la causa de su
desplazamiento patrimonial75.

5.6.1. Nótese que ambas posiciones difieren en la concepción de la buena fe que da
lugar a un enriquecimiento sin justa causa. Según la postura positiva, bastaba con
demostrar que la Administración había generado en el particular la confianza o
convicción necesaria para ejecutar prestaciones sin contrato, es decir, un actuar guiado
por la buena fe subjetiva. Mientras que, conforme a la postura negativa, los particulares
están igualmente sometidos a la normatividad contractual estatal, así como a la
observancia de los principios que la soportan, esto es, a actuar según la buena fe
objetiva, de acuerdo con la cual no basta con actuar orientado por la convicción de
comportarse conforme a Derecho, sino en hacerlo efectivamente.

5.6.2. Sabido es que en la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, la
Sección Tercera se decantó por la postura negativa, según la concepción de la buena fe
objetiva que la soporta76. En línea con ello, enunció sin un carácter taxativo tres
situaciones en las cuales, excepcionalmente, podría accederse a la pretensión
compensatoria inmersa en la actio in rem verso, a saber: (i) el constreñimiento o la
imposición de la Administración al particular para que efectúe sus prestaciones sin
contrato; (ii) la urgencia y necesidad de contar con esas prestaciones para evitar
amenazas o lesiones a derechos fundamentales; o (iii) las situaciones que den lugar a
la urgencia manifiesta, y esta no haya sido declarada por la Administración.

5.6.3. Pues bien, según la sentencia de unificación (aplicable a este asunto), en el marco
de la buena fe objetiva debía demostrarse cualquiera de las premisas que incluye el
mencionado pronunciamiento, pero ninguna de estas está configurada. En particular, no
podría predicarse constreñimiento alguno de la entidad, valga decir, el uso de
mecanismos de coerción o fuerza derivadas de las potestades públicas que hayan
conminado al demandante a realizar la prestación, dado que según relatan los

75 Sobre la exposición de estas dos posturas, antes de la sentencia de unificación de 2012, ver: CONSEJO DE
ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007. Rad. 52001-23-
31-000-1995-07018-01(14669); y sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 35026. Rad. 85001-23-31-000-2003-00035-
01(35026).
76 Dice el mencionado fallo: “Si se invoca la buena fe para justificar la procedencia de la actio de in rem verso en los

casos en que se han ejecutado obras o prestado servicios al margen de una relación contractual, como lo hace la tesis
intermedia, tal justificación se derrumba con sólo percatarse de que la buena fe que debe guiar y que debe campear
en todo el iter contractual, es decir antes, durante y después del contrato, es la buena fe objetiva y no la subjetiva. […]
la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera alguna enerva los
mandatos imperativos de la ley para edificar una justificación para su elusión y mucho menos cuando la misma ley
dispone que un error en materia de derecho ”constituye una presunción de mala fe que, no admite prueba en contrario.”
Pero por supuesto en manera alguna se está afirmando que el enriquecimiento sin causa no proceda en otros eventos
diferentes al aquí contemplado, lo que ahora se está sosteniendo es que la actio de in rem verso no puede ser utilizada
para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno
o al margen de este, eludiendo así el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne
porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los procedimientos señalados por el
legislador”.

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testimonios practicados (aptados. 4.3.1.1, 4.3.2 y 4.3.3.1) la elaboración de estudios fue
realizada de forma voluntaria, sin que los aquí demandantes y recurrentes hubieran sido
forzados a ello.

Nota la Sala por demás que, al margen de las tres situaciones enunciadas, sin un
carácter taxativo, en la jurisprudencia unificada de esta Sección, no fue acreditado, en
este proceso, que hubieran acaecido circunstancias que impidieran la suscripción de un
contrato con la formalidad escrita preceptiva, que se impone para su perfeccionamiento
según los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, y el principio de buena fe objetiva;
omisión ante la cual, de acuerdo con el artículo 1527, ordinal 3º, del Código Civil, no
puede repetirse la prestación cumplida.

5.7. De cualquier forma si, en gracia de discusión, fuera válida la aplicación de la postura
positiva y bastara con acreditar la buena fe subjetiva del demandante, éste no probó que
la Administración hubiera provocado la ejecución de prestaciones por parte de los
demandantes, ni que hubiera generado la confianza de que sus servicios serían
remunerados, en tanto esas circunstancias no aparecen reflejadas en los medios de
convicción aportados al expediente.

5.7.1. Concretamente, el mandante de la época en que se viabilizó el proyecto, Jorge
Alberto Cruz Rincón, negó que en la documentación presentada en marzo de 2001
hubieran participado particulares (aptado. 4.2.2, respuesta a los puntos 3, 5 y 7 del
derecho de petición).

5.7.2. Tampoco están probadas estas premisas fácticas a partir de la versión rendida por
el anterior alcalde, José Oswaldo Castro Tejedor, quien además de no recordar al
demandante Fernando Bernal González (aptdo. 4.3.3), indicó que los actores no
actuaron por solicitud de la entidad, sino que se ofrecieron a la elaboración de un
proyecto (aptdo. 4.3.3.1) que, el mencionado testigo no supo, si coincidió o no con el que
finalmente fue presentado por Cruz Rincón, ni si existió la autorización, o si hubo trabajos
rendidos por el actor mencionado que no hubieran sido remunerados por el Municipio
(aptados. 4.3.3.3 y 4.3.3.4).

5.8. En conclusión, la respuesta al segundo y último problema jurídico es negativa, y la
sentencia de primera instancia deberá confirmarse.

XI. COSTAS

No hay condena en costas, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a su imposición, cuando alguna de las partes hubiere
actuado temerariamente77-78 y, como en este caso no se vislumbra que se hubiese
actuado de esa manera, no se hará condena alguna en ese sentido.

77 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, exp. 10775.
78 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-043 de 2004.

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Demandantes: Néstor Miguel Bernal Bernal y Fernando Bernal González

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la del nueve (9) de septiembre
de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Descongestión, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF

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