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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2015-01527-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-01527-01

Fecha
24 de julio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2015-01527-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar se dispone: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto por el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC., por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso. Sin condena en agencias en derecho. 47 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará”. 48 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. 30 Radicado: 76001233300020150152701 (69143) Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC. TERCERO. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2015-01527-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: CENTRO DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA – CENTEC
Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Tema: Prestación de servicios educativos sin amparo contractual.
Enriquecimiento sin justa causa – pretensiones de actio in rem
verso se deben ventilar en sede judicial a través de la acción o
medio de control de reparación directa y se rigen por las pautas
de caducidad establecidas en los artículos 136.8 del C.C.A y
164.2. del CPACA, según corresponda. El medio de control está
caducado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 29 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

En fecha no especificada, el Centro de Educación en Tecnología – CENTEC y la
Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali suscribieron el contrato
de prestación de servicios educativos No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012, que
cobijaba la atención de 852 estudiantes, inscritos en el programa de ampliación de
la cobertura durante ese año escolar. Adicionalmente, y sin amparo contractual,
durante el año escolar 2012 el Centro de Educación en Tecnología – CENTEC
prestó sus servicios educativos a 469 estudiantes del Municipio de Santiago de Cali,
que no pertenecían a mencionado plan de ampliación de cobertura. El demandante
considera que sus intereses se han visto afectados porque la administración
municipal no le ha reconocido el pago correspondiente a los 469 alumnos referidos.

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 4 de diciembre de 20151, el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.,
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda en contra del Municipio de Santiago de Cali, para que
fuera condenada a pagarle la suma de $537.007.614, por concepto de la prestación
del servicio educativo a 469 estudiantes durante el año lectivo 2012.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha no
especificada, el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC y la Secretaría de
Educación del Municipio de Santiago de Cali celebraron el contrato SEM-PS
4143.0.26-17-2012, como parte del programa de ampliación de cobertura educativa
que tuvo por objeto la prestación del servicio educativo formal mediante la
adjudicación de 852 subsidios para el año lectivo 2012, aplicados a estudiantes
registrados en el programa SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas). Indicó que el
término y el valor inicial del contrato fue de 8 meses por $713.807.147, pagaderos
en sumas mensuales de $89.225.893,33.

Arguye que, en fecha no especificada, la partes adicionaron el contrato SEM-PS
4143.0.26-17-2012 con el valor de $282.919.563.

Sustenta que, desde el 23 de enero de 2012 y hasta el 07 de diciembre de 2012, el
Centro de Educación en Tecnología – CENTEC cumplió a cabalidad con todos los
requisitos exigidos para la legalización del convenio.

Sostiene que, en enero de 2012, el Alcalde y el Secretario de Educación de Santiago
de Cali informaron ante los medios de comunicación la ampliación de la cobertura
educativa bajo el lema “ningún niño en la calle” y autorizaron que se brindara el
servicio de educación a los jóvenes del municipio que se encontraban por fuera del
programa de ampliación de cobertura educativa.

1 Fl. 627 a 658, C. 1.

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

Indica que el 23 de enero de 2012, y con fundamento en la información emitida ante
los medios de comunicación, el Centro de Educación en Tecnología – CENTEC
matriculó y atendió de buena fe a 469 menores de edad, adicionales a los del
contrato inicialmente pactado, los cuales no estaban registrados en el programa
SIMAT, no tenían la calidad de alumnos subsidiados o regulares del municipio y no
estaban incluidos en el contrato SEM-PS 4143.0.26-17-2012.

Manifiesta que los días 9 de marzo de 2012, 28 de mayo de 2012 y 21 de agosto de
2012, mediante derechos de petición, el Centro de Educación en Tecnología –
CENTEC le solicitó a la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali
el ingreso al programa de ampliación de cobertura de los alumnos que estaban
siendo atendidos y que no estaban registrados en el SIMAT como estudiantes
subsidiados.

Alega que la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali no dio
respuesta a los derechos de petición elevados por el Centro de Educación en
Tecnología – CENTEC, hecho que consideró configurativo del silencio
administrativo positivo establecido en la Ley 80 de 1993.

Afirma que el 6 de septiembre de 2012, en audiencia pública, con la participación
del alcalde, el personero, el secretario de educación municipal y un delegado del
Ministerio de Educación Nacional, la administración pública se comprometió con los
padres de familia, docentes, alumnos y contratistas a ingresar al programa de
aplicación de cobertura educativa los alumnos no insertados en el SIMAT.

Sostiene que 21 de septiembre de 2012, el Secretario de Educación del Municipio
de Santiago de Cali se comprometió a efectuar el reconocimiento de los valores
correspondientes a los alumnos nuevos matriculados y atendidos desde el inicio del
periodo lectivo 2012 en cada institución educativa contratista del programa de
ampliación de cobertura educativa, a través del trámite de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación prejudicial ante la
Procuraduría General de la Nación.

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

Advierte que el 22 y el 23 de noviembre de 2012 la administración municipal visitó
e inspeccionó el Centro de Educación en Tecnología – CENTEC, constatando la
existencia de todos los alumnos de la institución, incluidos los 469 menores de edad
que no estaban registrados en el SIMAT.

Asevera que el 7 de diciembre de 2012 culminó el periodo lectivo 2012 durante el
cual el Centro de Educación en Tecnología – CENTEC atendió y prestó el servicio
de educación a 469 estudiantes que estuvieron a la espera de ser incluidos en el
SIMAT como alumnos reguladores o subsidiados.

Señala que el 7 de marzo de 2013, el Secretario de Educación Municipal de
Santiago de Cali, el Coordinador de Gestión a la Cobertura de la Educación y los
presidentes de ASOINCOE Y ANDERCOP se comprometieron a verificar los
listados de alumnos de cada institución educativa y a iniciar los trámites de
conciliación prejudicial para el pago de los alumnos no incluidos en el programa de
ampliación de cobertura educativa, ni en el SIMAT.

Expone que el 14 de marzo de 2013, mediante documento CONPES 162, se
estableció el ajuste por auditoria de las matrículas correspondientes al 2012 de los
estudiantes que se adicionarían al SIMAT.

Afirma que el 20 de agosto de 2013, mediante derecho de petición, el Centro de
Educación en Tecnología – CENTEC le solicitó a la administración municipal el pago
por el servicio educativo prestado a los alumnos no incluidos en el SIMAT, durante
el periodo lectivo 2012.

Sostiene que el 14 y 15 de septiembre de 2014, respectivamente, la administración
terminó y liquidó unilateralmente el contrato SEM-PS 4143.0.26-17-2012.

Declara que 25 de septiembre de 2014 el Centro de Educación en Tecnología -
CENTEC convocó al Municipio de Santiago de Cali al trámite de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, pero la administración no se
presentó.

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

El demandante considera que sus intereses se han visto afectados porque prestó
sus servicios educativos a 469 estudiantes del Municipio de Santiago de Cali
durante el año escolar 2012, sin que la administración municipal le haya reconocido
el pago correspondiente a este concepto, establecido en la suma de $537.007.614.

2. Contestación

El 15 de julio de 20162, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. El Municipio de Santiago de Cali3 consideró improcedente el reconocimiento de
un enriquecimiento sin causa, porque el contratista no demostró que incurrió en
gastos adicionales para la atención de los menores referidos en la demanda. Adujo
que no se probó que la administración hubiese instado a la demandante a atender
a la población que se encontraba por fuera del sistema educativo, sino que fue el
propio establecimiento educativo el que presentó a los estudiantes para su
reconocimiento, de manera que su actuación fue determinante en la presunta
producción del daño. Advirtió que en el caso de autos no se encontraban
configurados los supuestos contemplados en la sentencia de unificación proferida
el 19 de noviembre de 2012 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

3. Audiencia inicial

El 23 de octubre de 20184, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, la fijación del objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a determinar “si el Municipio de Santiago de Cali se enriqueció sin

2 Fl. 662, C.1.
3 Fl. 670 a 678, C.1.
4 CD y acta Fl. 424 a 426, C.1.

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Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

justa causa y correlativamente hubo un empobrecimiento por parte del Centro de
Educación en Tecnología – CENTEC a raíz del servicio educativo prestado durante
el año lectivo 2012 a 469 estudiantes y si, en consecuencia, se debe ordenar el
pago del aludido servicio a favor de la demandante, así como de los prejuicios
alegados en el libelo introductorio”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

En audiencia de 23 de octubre de 20185 se corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora6 señaló que en el plenario se encontraban probados los hechos
aludidos en la demanda y que, en consecuencia, el Centro de Educación en
Tecnología – CENTEC debía ser reparado por los perjuicios materiales causados
con ocasión de la negativa de la administración a reconocer la prestación del
servicio de educación a 469 estudiantes en el año lectivo 2012, que no estaban
incluidos como alumnos subsidiados dentro del programa de ampliación de
cobertura educativa del Municipio de Santiago de Cali.

4.2. El Municipio de Santiago de Cali alegó extemporáneamente7 y el Ministerio
Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de julio de 20228 el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la demanda. Consideró la inexistencia de prueba
alguna sobre la autorización de la administración que habilitara la prestación del
servicio educativo a estudiantes que no hacían parte del programa de cobertura
educativa y, menos aún, que demostrara actos de imposición o constreñimiento del
Municipio de Santiago de Cali sobre el demandante y que le obligaran a prestar

5 CD y acta Fl. 424 a 426, C.1.
6 Fl. 730 a 734, C.1.
7 Fl. 737, C.1.
8file:///C:/Users/majop/Downloads/1_760012333002201501527001SENTENCIA20220815195246.p

df

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Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

dicho servicio sin el amparo contractual legalmente exigido. Por el contrario,
concluyó que el demandante brindó los servicios educativos de manera voluntaria y
a sabiendas de que no contaba con el respectivo soporte contractual, afirmando que
esta situación no estaba amparada por el principio de buena fe contractual, toda vez
que era contraria a lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.

Al efecto sostuvo que: “no se tiene prueba alguna que demuestre la autorización
que presuntamente emitió la autoridad local en materia de educación que haya
habilitado a la institución educativa a atender a nuevos estudiantes. Obsérvese
además que, si bien obran actas de reunión entre los representantes de las
instituciones Educativas que prestan sus servicios al DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI y el Secretario de Educación, entre otros, en donde el ente
territorial dejó constancia de que el mecanismo para el reconocimiento y pago de
las obligaciones sería el de la conciliación prejudicial, ello no implica que se haya
ejercido algún tipo de presión que obligara a la demandante a atender a población
que no hacia parte del programa de cobertura educativa. Téngase en cuenta que,
las actas en cita datan del 21 de septiembre de 2012 y el 7 de marzo de 2013, es
decir, la primera se dio cuando el año escolar estaba muy avanzado y la segunda,
cuando éste ya había culminado. Por manera que, fue la propia demandante quien
de manera voluntaria y autónoma decidió iniciar actividades académicas, a
sabiendas de que no contaban con soporte contractual; circunstancia que, en modo
alguno evidencia que se hubiera ejercido presión, y menos aún que las hubieran
amenazado o hubieran hecho uso de la supremacía o autoridad, para conseguir su
aquiescencia. […] la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone
el ordenamiento jurídico, tal como lo ha determinado el Honorable Consejo de
Estado, en manera alguna constituye una justificación para [eludir la ley] y mucho
menos cuando la misma ley dispone que un error en materia de derecho” constituye
una presunción de mala fe que, no admite prueba en contrario […] debe decirse que
[…] es claro que el demandante tenía conocimiento de la necesidad de
perfeccionamiento de un contrato estatal, no solamente por estar contenida en una
regla de orden público (artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993), sino también porque
ya había celebrado con anterioridad contrato de prestación de servicio, de donde se
deduce que tenía experiencia sobre la normativa que rige tales negocios jurídicos.”

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Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

Finalmente, el a quo fijó como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual
vigente y condenó en costas de primera instancia a la parte vencida.

6. Recurso de apelación

El 31 de agosto de 20229 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 22 de septiembre de 202210 y admitido el 18 de noviembre de
202211.

6.1. El extremo activo12 precisó que los perjuicios peticionados en la demanda tienen
“fundamento es [en] el pacto bajo acta de compromiso [d]el 21 de septiembre de
2012 el pago por vía conciliación prejudicial, ratificando su compromiso el 7 de
marzo de 2013 bajo acta firmada, aplicación del silencio administrativo positivo y
demás para los perjuicios ocasionados por la liquidación, pago, reposición de los
costos educativos y reconocimiento por la prestación del servicio educativo periodo
lectivo 2012 de 469 niños constatados y verificados por la secretaria de educación
municipal de Cali y reconocimiento económico que asciende al valor de quinientos
treinta y siete millones siete mil seiscientos catorce pesos ($537.007.614) MI/L”.

Así, la alzada consideró que, de conformidad con lo planteado en la demanda, el
problema jurídico debía centrarse en “determinar si hay lugar a declarar
administrativamente responsable a la entidad demandada por el no pago a favor del
CENTRO DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA de la suma de $537.007.614, por
concepto de la prestación del servicio educativo a 469 estudiantes durante el año
lectivo 2012”.

Señaló que el presente caso correspondía a un evento en el que se ejecutaron
trabajos que debieron contar con un contrato adicional. Indicó que, en cuanto a los

9file:///C:/Users/majop/Downloads/5_760012333002201501527001APELACIONDESE20220902091

844.pdf
10https://samai.consejodeestado.gov.co/PaginasTransversales/DocumentosExpediente.aspx?nump

roceso=76001233300220150152700&corporacion=7600123
11https://samai.consejodeestado.gov.co/PaginasTransversales/DocumentosExpediente.aspx?nump

roceso=76001233300020150152701&corporacion=1100103
12file:///C:/Users/majop/Downloads/5_760012333002201501527001APELACIONDESE2022090209

1844.pdf

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

requisitos para la configuración del enriquecimiento sin causa, deberían aplicarse
los elementos fijados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto
de la actio in rem verso, los cuales estimó acreditados. Finalmente sostuvo que el
demandante no debió resultar condenado en costas, en razón a la ausencia de
temeridad en la actuación procesal y a que estas no se causaron.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 19 de diciembre de 202213 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte actora14 reiteró lo alegado en la demanda y en el recurso de apelación.

7.2. El Ministerio Público15 señaló que las pretensiones de reparación directa
derivadas de la prestación del servicio educativo durante el año lectivo 2012 se
encontraban caducadas. Al respecto sostuvo que el año lectivo finalizó en diciembre
de 2012 y a partir de ese momento iniciaba el conteo del fenómeno preclusivo, sin
que fuera posible adoptar como extremo inicial de la caducidad una fecha diferente,
porque ello conllevaba a dejar el termino de caducidad al arbitrio de las partes.

Subsidiariamente indicó que en el caso de autos no se encontraban acreditados los
presupuestos de la actio in rem verso y en tal sentido debía confirmarse la decisión
de primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda, así como
debía mantenerse la condena en costas.

7.3. La entidad demandada guardó silencio.

13samai.consejodeestado.gov.co/PaginasTransversales/DocumentosExpediente.aspx?numproceso

=76001233300020150152701&corporacion=1100103
14https://samai.consejodeestado.gov.co/PaginasTransversales/DocumentosExpediente.aspx?nump

roceso=76001233300020150152701&corporacion=1100103
15https://samai.consejodeestado.gov.co/PaginasTransversales/DocumentosExpediente.aspx?nump

roceso=76001233300020150152701&corporacion=1100103

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Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 29 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, pues la cuantía, dada por la estimación razonada en la demanda16,
supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la
acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación17, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 6, 157
y 247 del del CPACA.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14018 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

16 “Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de la competencia, cuando sea

del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados,
según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse
la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.
La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en
cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la
presentación de aquella. Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen
varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. En el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación razonada
de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.
En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por
concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Parágrafo. Cuando la cuantía esté
expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se
encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.”
17 La estimación razonada de la cuantía corresponde a $537.007.614, lo cual es superior a 500

SMLMV ($322.175.000) del año en que ésta se presentó.
18 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

Ahora bien, la jurisprudencia unificada19 de la Sala ha establecido que la pretensión
del enriquecimiento sin justa causa se debe ventilar en sede judicial a través de la
acción de reparación directa, de manera excepcional, cuando la mencionada
pretensión proviene de la ejecución de prestaciones que debían estar amparadas
por la celebración de un contrato estatal, pero a cuya ejecución se hubiere procedido
con pretermisión de las exigencias y/o formalidades de carácter legal. Este supuesto
es el que se discute en el presente asunto, pues de la lectura de la demanda se
infiere que las pretensiones están encaminadas a obtener el pago de una prestación
de servicios educativos, ejecutada sin que hubiere mediado el contrato que
amparara tal prestación, con el lleno de los requisitos legales. De manera que, en
este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa.

3. Caducidad del medio de control de reparación directa derivada de la
pretensión del enriquecimiento sin justa causa

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general20, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho a accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.

siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma
pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, Exp.

24897.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más

21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “..el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen

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allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación24, la actio in rem
verso se rige por las pautas establecidas para la acción o medio de control de
reparación directa, de tal suerte que el término de caducidad establecido para ese
tipo de acciones es el contenido en el numeral 8 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo – C.C.A., hoy artículo 164.2. del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, es decir,
dos (2) años partir del acaecimiento de la acción, omisión u operación
administrativa.

En este sentido, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para
la época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa caducaría al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.

A su turno, artículo 164.2. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de que
opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”.

entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, Exp.

24897.

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Copiosa jurisprudencia de la Corporación ha determinado que la caducidad de la
acción de reparación directa derivada del ejercicio de la actio in rem verso debe
contarse a partir de la fecha en que culmina la prestación del servicio determinado.
Así, en sentencia de 20 de febrero de 2017 (Rad.: 56859) la Subsección C de la
Sección Tercera de la Corporación realizó el conteo del término preclusivo por la
prestación de servicio educativos en el año lectivo 2007, sin amparo contractual, de
la siguiente manera:

“En el sub examine tenemos que la parte actora demandó en ejercicio de la acción
de reparación directa el reconocimiento del enriquecimiento sin causa por parte del
municipio de Buenaventura, el cual, se benefició por los servicios de educación
prestados por el colegio comercial en sistemas La Merced propiedad de la señora
Betzaida Olave Orobio, a 1.582 estudiantes durante los meses de septiembre a
diciembre de 2007. […]

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia, encuentra la Sala
que no le asiste razón alguna a la parte demandante cuando afirmó en el recurso de
apelación que el término de caducidad de la demanda debía empezarse a contar
desde junio de 2008, es decir, cuando se cumpliera el término establecido en el
contrato No. 073 de 2008.

Pues, contrario a lo afirmado por el recurrente, dicho término empezó a correr
cuando finalizó el período académico comprendido entre septiembre y diciembre del
año 2007 (aquí se tomará como fecha final el 31 de diciembre de 2007 comoquiera
que si bien la parte demandante no refirió fecha exacta de terminación de periodo
escolar si sostuvo que fue en diciembre de 2007), toda vez que fue a partir de
finalizado ese periodo que la parte actora tuvo conocimiento del daño, porque fue a
partir de allí en donde tuvo la certeza de que no se le reconoció ni se le reconocería
ningún dinero o contraprestación alguna por los servicios que prestó su colegio a
1.582 estudiantes, de modo que tenía hasta el 1 de enero de 2010 para presentar
la demanda.”

Igualmente, en sentencia del 16 de diciembre de 2020 (Rad.: 2010-00326-01), la
Sección Tercera, Subsección A, argumentó con la misma lógica lo siguiente:

“En el presente asunto, la demandante sostiene que el término de caducidad debe
contabilizarse a partir del 24 de marzo de 2015, fecha en la que CAPRECOM E.P.S.,
en el trámite de la audiencia de conciliación manifestó que no pagaría los valores
reclamados por la Fundación Patrulla Aérea.

La Sala no comparte dicha posición, pues observa que la Fundación Patrulla Aérea
le prestó el servicio de transporte aéreo medicalizado a CAPRECOM E.P.S. de
septiembre a diciembre de 2013 y, luego, durante los meses de junio, julio, agosto,
septiembre, octubre y diciembre de 2014; por lo tanto, el término de caducidad debe
contabilizarse a partir de la prestación del servicio, de modo que transcurrió de
diciembre de 2014 a diciembre de 2016.

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En este punto, es importante precisar que la audiencia de conciliación convocada
por la actora, en la cual CAPRECOM E.P.S. indicó que no pagaría las sumas
adeudadas, en ningún momento modificó la fecha de inicio de del conteo del término
de caducidad, porque, como se vio, éste empezó a correr a partir de la culminación
de la prestación del servicio cuyo pago se solicita y, además, ello implicaría aceptar
que cualquier actuación que adelanten las partes después de configurado el daño
podría afectar el cómputo de la caducidad, lo cual va en total contravía del principio
de seguridad jurídica, toda vez que con ello la contabilización de dicho término se
dejaría al arbitrio de las partes.”25

Siguiendo esta línea la Subsección A, en sentencias del 4 de junio de 2021 (Rad:
54146) y del 19 de febrero de 2021 (Rad.: 57916) adoptó la fecha de prestación del
servicio suministrado sin amparo contractual como el extremo inicial del cómputo de
la caducidad de la acción.

A su turno, la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación en sentencia
del 3 de agosto de 2020 (Rad: 52405) acogió la fecha de prestación del servicio
suministrado sin amparo como término inicial del computo de la caducidad de la
acción; y lo propio hizo en la sentencia de 2 de octubre de 2019 (Rad.: 59818),
donde se advirtió que en los eventos en que la prestación del servicio sin amparo
contractual había sido cobrada con una factura cambiaria, debía advertirse lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio, según el cual
“en ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se
entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la
emisión”, fecha a partir de la cual debía contabilizarse el término de caducidad de
la acción de reparación directa.

Ahora bien, es de anotar que esta posición ha sido avalada en sede de tutela. Así,
el juez constitucional ha considerado que su aplicabilidad no afecta el ordenamiento
jurídico y no configura defecto sustantivo alguno, de manera que no representa una
vulneración a los derechos fundamentales de quienes demandan la reparación
directa ante eventos en los cuales se constata la prestación de un servicio ordenado

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de diciembre de 2020, Exp.

2010-00326-01.

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por la entidad estatal, sin haberse celebrado el contrato respectivo, y que no es
pagado26.

Al respecto, es igualmente relevante resaltar que la jurisprudencia no reconoce valor
para revivir el termino extintivo a las peticiones, solicitudes o trámites que las partes
presentan con posterioridad al fenecimiento del derecho de accionar, pues, como
se dijo, el instituto de la caducidad de la acción está previsto con el propósito de
otorgar seguridad jurídica a los asuntos de conocimiento de la jurisdicción, de evitar
la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo y de
proteger el interés general mediante la determinación de unos plazos para ejercer
los medios de control judicial, los cuales son perentorios, preclusivos,
improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que la configuración y
el vencimiento del fenómeno de caducidad no puede quedar al arbitrio de las partes
en conflicto, porque su advenimiento opera de pleno derecho y exige que el
operador judicial la declare cuando la halle configurada, derivando en una sanción
ipso iure que conlleva la pérdida de la facultad potestativa de accionar27.

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa
interpuesto por el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC. feneció a causa

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de abril de 2021, Exp. AC

11001-03-15-000-2021-00817-00. “la inconformidad de la parte actora tiene que ver con el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó el 19 de febrero de la presente anualidad, conviene
señalar que este fue razonable, pues, según se observa, concluyó que el cómputo del término de
caducidad de la acción de reparación directa (promovida bajo la premisa de que se había configurado
un enriquecimiento sin causa -actio in rem verso-) se debía contar a partir de abril de 2007, fecha de
la última factura presentada, a fin de que se pagaran los servicios prestados por el médico [M.D.], y,
como la demanda se instauró en el mes de octubre de 2009, era claro que el término de dos años
para incoar la acción de reparación directa ya había fenecido, decisión que, de hecho, se basó en la
jurisprudencia y la normativa vigentes. En efecto, el Tribunal basó su decisión en jurisprudencia de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se ha señalado que el término de caducidad de
la acción de reparación directa, en aquellos eventos en los cuales se constató la prestación de un
servicio ordenado por la entidad estatal, sin haberse celebrado el contrato respectivo, y que no es
pagado, se deberá contabilizar a partir de la prestación del servicio y no a partir de la negativa de la
entidad a realizar el pago respectivo. (…) Bajo ese contexto, en criterio de la Sala, el Tribunal
Administrativo del Chocó, al proferir la sentencia del 19 de febrero de 2021, mediante la cual declaró
configurada la caducidad de la acción de reparación directa, no incurrió en los defectos señalados ni
vulneró los derechos fundamentales del señor [M.M.M.D.], por lo cual se negará la solicitud de
amparo.”
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de enero de 2024, Exp.

60829; sentencia de 11 de octubre de 2023, Exp. 65359; sentencia de 11 de octubre de 2023, Exp.
49945.

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del fenómeno extintivo de la caducidad.

5. El caso concreto

En el escrito de demanda, el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC
considera que sus intereses se han visto afectados porque prestó sus servicios
educativos a 469 estudiantes del Municipio de Santiago de Cali durante el año
escolar 2012, sin que la administración municipal le haya reconocido el pago
correspondiente a este concepto, establecido en la suma de $537.007.614.

A su turno, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el
29 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte demandante precisó que los perjuicios
peticionados en la demanda tienen “fundamento es [en] el pacto bajo acta de
compromiso [d]el 21 de septiembre de 2012 el pago por vía conciliación prejudicial,
ratificando su compromiso el 7 de marzo de 2013 bajo acta firmada, aplicación del
silencio administrativo positivo y demás para los perjuicios ocasionados por la
liquidación, pago, reposición de los costos educativos y reconocimiento por la
prestación del servicio educativo periodo lectivo 2012 de 469 niños constatados y
verificados por la secretaria de educación municipal de Cali y reconocimiento
económico que asciende al valor de quinientos treinta y siete millones siete mil
seiscientos catorce pesos ($537.007.614) MI/L”.

Asimismo, la alzada consideró que el problema jurídico debía centrarse en
“determinar si hay lugar a declarar administrativamente responsable a la entidad
demandada por el no pago a favor del CENTRO DE EDUCACIÓN EN
TECNOLOGÍA de la suma de $537.007.614, por concepto de la prestación del
servicio educativo a 469 estudiantes durante el año lectivo 2012”.

Entonces, nótese que el daño antijurídico planteado en la demanda y en el recurso
de apelación se centra en la prestación del servicio de educación a 469 estudiantes
del Municipio de Santiago de Cali, durante el año lectivo 2012, en el cual, también
se afirma que la entidad demandada se comprometió a pagar la prestación de dicho
servicio.

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Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.

5.1. Hechos probados

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

5.1.1. Se demostró que, en fecha no especificada, el Centro de Educación en
Tecnología - CENTEC y el Municipio de Santiago de Cali, suscribieron el contrato
de prestación de servicios educativos No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012, cuyo plazo
de ejecución era desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de septiembre
de 2012. Tuvo “por objeto la prestación del servicio educativo formal, en condiciones
de oportunidad, pertinencia y calidad, y con el cumplimiento de las directrices y
disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de
Educación Municipal de Santiago de Cali y de las demás obligaciones establecidas
en el presente contrato, garantizando la atención en el sistema educativo a (852)
estudiantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 o nivel 1, 2 y 3 del
SISBEN del Municipio de Santiago de Cali en el (los) establecimiento (s) educativo
(s) ubicado (s) en la dirección (es) y en la distribución según Anexo 1 que es parte
integral del presente contrato”. Frente a la forma de pago, el contrato estableció que
se contaba con una disponibilidad presupuestal de $713.807.147, y que el valor del
contrato se pagaría en 8 cuotas “hasta completar el 100% del valor a contratar, a la
finalización del plazo contratado”. Lo anterior consta en la copia auténtica del
contrato citado28 y de su ficha técnica de impuesto y contabilidad29.

5.1.2. Se probó que el 3 de febrero de 2012, el Centro de Educación en Tecnología
• CENTEC y el Municipio de Santiago de Cali dieron inicio a la ejecución del contrato
de prestación de servicios educativos No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012, según da
cuenta la correspondiente acta30.

28 Fl. 11 a 21 , C.1.

29 Fl. 26, C.1.
30 Fl. 25 a 26, C.1.

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5.1.3. Se demostró que, en fecha no establecida, entre el Centro de Educación en
Tecnología - CENTEC y el Municipio de Santiago de Cali suscribieron el otrosí No.
01 al contrato de prestación de servicios educativos No. SEM-PS 4143.0.26-17-
2012, para extender el término y vigencia del convenio hasta la culminación del año
lectivo 2012, sin que pudiera exceder del 15 de diciembre de 2012. La adenda
incluyó una adición presupuestal de $282.919.563, para un valor contractual total
de $996.726.710, pagaderos en 8 cuotas hasta la finalización del plazo contratado.
Lo anterior consta en la copia auténtica escrito de modificación contractual31 y de
su ficha técnica de impuesto y contabilidad32.

5.1.4. Se acreditó que el 15 de marzo de 2012 y el 28 de mayo de 2012, el Centro
de Educación en Tecnología - CENTEC radicó en la Secretaria de Educación
Municipal de Santiago de Cali un anexo del “listado de los [469] estudiantes
aspirantes al programa de ampliación de cobertura municipal, quienes cumplen con
los requisitos para estar dentro del programa, y están siendo atendidos en esta
institución educativa de manera gratuita en el período lectivo 2012”. En este sentido
la demandante manifestó: “Reitero que estos estudiantes no están matriculados con
matrícula privada sino como estudiantes subsidiados por nuestra institución.” Lo
anterior consta en la copia auténtica de las citadas comunicaciones33.

5.1.5. Quedó establecido que el 22 de agosto de 2012, el Centro de Educación en
Tecnología – CENTEC radicó en la Secretaría de Educación Municipal de Santiago
de Cali el derecho de petición en el que solicitó “incluir en el programa de ampliación
de cobertura municipal de Cali como alumnos subsidiados y matriculados […] a los
[469] integrantes del listado [anexo] porque cumplen con todos los requisitos
exigidos para pertenecer al programa y en el cual se les están vulnerando sus
derechos constitucionales a la educación, a la igualdad y demás derechos
anteriormente expuestos”. En su petición el demandante dijo solicitar “el derecho a
la educación y a la igualdad invocado EFECTO EXCEPCIONAL “INTER COMUNIS”
de los fallos de tutela, expresada muy claramente en la sentencia T-698/10, para

31 Fl. 22 a 24, C.1.

32 Fl. 27, C.1.
33 Fl. 29 y 30, C.1.

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todos los alumnos que están exactamente en la misma situación e incluidos en el
listado que muy respetuosamente le presento, y en el cual CENTEC ha venido
atendiendo en el período lectivo 2012.”. Lo anterior consta en la copia auténtica del
escrito petitorio34.

5.1.6. Consta que el 21 de septiembre de 2012, el Centro de Educación en
Tecnología – CENTEC, como parte de los contratistas del programa de ampliación
de cobertura educativa municipal de Cali, en reunión con la administración local, le
solicitaron la inclusión y pago de los costos correspondientes a los 469 alumnos
nuevos, como parte del mencionado. Ante dicha solicitud, el Secretario de
Educación Municipal de Cali respondió que ello no era posible mediante otro si al
contrato No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012, porque se trataba de “compromisos
extracontractuales”, que requerían el trámite de una conciliación extrajudicial para
legalizar la obligación que adolecía de amparo contractual.
En este sentido, el Secretario de Educación sostuvo que “El mecanismo para el
reconocimiento y pago de estas obligaciones será el de la conciliación prejudicial”,
en cuyo efecto advirtió que, a más tardar el 1º de diciembre de 2012, la interventoría
del contrato debía presentar un informe sobre el conteo de los alumnos atendidos
por el Centro de Educación en Tecnología – CENTEC. Lo anterior consta en la copia
auténtica de la respectiva acta35.

5.1.7. Está demostrado que el 7 de noviembre de 2012, el Centro de Educación en
Tecnología – CENTEC radicó en la Subsecretaría Pedagógica e Interventoría del
Programa de Ampliación de la Cobertura en Educación la petición en la que
manifestó su preocupación, porque no se había dado inicio al conteo y
reconocimiento de los alumnos nuevos que debían registrarse en el Sistema
Integrado de Matrícula de Educación Básica y Media (SIMAT). Lo anterior consta
en la copia autentica del correspondiente escrito36.

5.1.8. Está acreditado que el 23 de noviembre de 2012, en el Centro de Educación
en Tecnología – CENTEC se efectuó el censo o conteo de estudiantes de la

34 Fl. 31 a 43, C.1.
35 Fl. 44 a 51, C.1.
36 Fl. 69 a 71, C.1.

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población de cobertura educativa, encontrando en la base de datos correspondiente
al contrato 860 estudiantes, presentes en las instalaciones de la corporación
educativa 1275 estudiantes, 75 estudiantes ausentes y 93 estudiantes retirados. Lo
anterior consta en la copia auténtica del acta de visita37.

5.1.9. Está probado que el 7 de marzo de 2013, con la asistencia de los
representantes de las asociaciones educativas ASOINCOE, ANDERCOP y la
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali, se llevó a cabo la reunión
en la que, entre otros temas, la mencionada secretaria municipal ratificó que para el
reconocimiento y pago de los servicios educativos prestados en el año lectivo 2012
a 469 estudiantes sin amparo contractual, era necesario el trámite de la conciliación
extrajudicial, frente a la cual advirtió el ánimo conciliatorio de la administración. Lo
anterior consta en la copia auténtica del acta de la reunión38.

5.1.10. Quedó establecido que el 19 de julio de 2013, mediante escritura 2619 de la
Notaría Cuarta del Círculo de Cali, el Centro de Educación en Tecnología –
CENTEC, protocolizó el silencio administrativo positivo que consideró configurado
ante la falta de respuesta a los derechos de petición por él radicados en la Secretaría
de Educación Municipal de Santiago de Cali. Lo anterior consta en la copia auténtica
de la mencionada escritura39.

5.1.11. Quedó demostrado que el 23 de agosto de 2013, el Centro de Educación en
Tecnología – CENTEC radicó en la Secretaría de Educación Municipal de Santiago
de Cali el derecho de petición en el que solicitó el pago, reposición de los costos
educativos y reconocimiento por la prestación del servicio educativo a los 469
alumnos que se encontraban fuera del programa de ampliación de cobertura
educativa en el período lectivo 2012, por valor de $540.529.273. Lo anterior consta
en la copia auténtica del escrito petitorio40.

37 Fl. 75 a 76, C.1.
38 Fl. 88 a 90, C.1.
39 Fl. 101 a 104, C.1.
40 Fl. 91 a 95, C.1.

22

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5.1.12. Se acreditó que el 15 de septiembre de 2014, el Municipio de Santiago de
Cali liquidó de manera unilateral el contrato No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012,
resultando un saldo a favor del municipio de $13.333.030. Lo anterior consta en la
correspondiente acta de liquidación unilateral41.

5.2. Vigencia del medio de control

En el sub examine el daño se centra en la prestación del servicio de educación a
469 estudiantes del Municipio de Santiago de Cali, durante el año lectivo 2012, sin
que la administración reconociera y pagara dichos servicios.

En este sentido, en la demanda el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC
considera que sus intereses se han visto afectados porque prestó sus servicios
educativos a 469 estudiantes del Municipio de Santiago de Cali durante el año
escolar 2012, sin que la administración municipal le haya reconocido el pago
correspondiente a este concepto, establecido en la suma de $537.007.614.

A su turno, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el
29 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte demandante precisó que los perjuicios
peticionados en la demanda tienen “fundamento es [en] el pacto bajo acta de
compromiso [d]el 21 de septiembre de 2012 el pago por vía conciliación prejudicial,
ratificando su compromiso el 7 de marzo de 2013 bajo acta firmada, aplicación del
silencio administrativo positivo y demás para los perjuicios ocasionados por la
liquidación, pago, reposición de los costos educativos y reconocimiento por la
prestación del servicio educativo periodo lectivo 2012 de 469 niños constatados y
verificados por la secretaria de educación municipal de Cali y reconocimiento
económico que asciende al valor de quinientos treinta y siete millones siete mil
seiscientos catorce pesos ($537.007.614) MI/L”.

41 Fl. 27 a 28, C.1.

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En el sub lite se tiene probado que entre el Centro de Educación en Tecnología -
CENTEC y el Municipio de Santiago de Cali se suscribió y ejecutó el contrato que
tuvo como objeto la prestación del servicio de educación a 852 estudiantes que
formaban parte del programa de ampliación de cobertura municipal, cuyo listado de
alumnos y requisitos se contemplaban en el anexo 1 del contrato No. SEM-PS
4143.0.26-17-2012 (hechos probados 5.1.1., 5.1.2. y 5.1.3.).

En igual forma se estableció que el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC
prestó sus servicios educativos a 469 estudiantes adicionales que él consideró que
cumplían con los requisitos para ser incluidos en el programa de ampliación de
cobertura municipal para el año escolar 2012 (hecho probado 5.1.4.), en cuyo
efecto, el 22 de agosto de 2012 elevó derecho de petición a la administración
municipal para que dichos estudiantes fueran incluidos en el mencionado programa
(hecho probado 5.1.5.).

Sin embargo, se determinó que, en respuesta a la petición de inclusión de los 469
alumnos nuevos al programa de ampliación de cobertura municipal, el 21 de
septiembre de 2012 la Secretaria de Educación de Santiago de Cali afirmó que no
era posible adicionar dichos estudiantes a los que ya formaban parte del anexo 1
del contrato No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012, porque el servicio de educación y la
atención brindados a los mencionados 469 alumnos nuevos del año lectivo 2012
configuraba un compromiso extracontractual, que no se hallaba cobijados por el
acuerdo contractual y que, en consecuencia, el mecanismo para su reconocimiento
y pago debía ser la conciliación prejudicial, previo conteo de la comunidad
estudiantil atendida por el Centro de Educación en Tecnología – CENTEC (hecho
probado 5.1.6.).

Al respecto se advirtió que el 7 de noviembre de 2012, el Centro de Educación en
Tecnología – CENTEC le peticionó a la Secretaria de Educación Municipal de
Santiago de Cali la inspección, verificación y conteo de los alumnos nuevos (hecho
probado 5.1.7.) y que el 23 de noviembre de 2012 la administración municipal
efectuó el requerido censo escolar que serviría de sustento al trámite de conciliación
prejudicial indicado por la mencionada secretaria de educación como el mecanismo

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Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

necesario para legalizar la atención de los 469 alumnos no incluidos en el contrato
No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012 y para gestionar el reconocimiento y pago de las
obligaciones derivadas de la prestación del servicio de educación. Lo anterior pese
a que el año escolar finalizaba el 15 de diciembre de 2012 (hechos probados 5.1.3.,
5.1.7. y 5.1.8.).

Visto este recuento de los hechos probados, nótese que la actuación demandada
por el actor como lesiva de sus intereses es la prestación de los servicios educativos
de 469 estudiantes efectuada por el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC
sin que mediara contrato estatal alguno, de modo que se establece un posible
enriquecimiento sin justa causa y la pretensión propia de la actio in rem verso que,
como antes se dijo, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación42 se rige
por las pautas establecidas para la acción o medio de control de reparación directa,
de tal suerte que el término de caducidad es el contenido en el numeral 8 del artículo
136 del Código Contencioso Administrativo – C.C.A., hoy artículo 164.2. del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, es
decir, dos (2) años que, como también se indicó, inician su computo con la
finalización de la prestación del servicio por cuyo pago se reclama43, toda vez que
para esta fecha el demandante ya tenía conocimiento de que su prestación no
estaba amparada por el contrato No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012 y que para
gestionar su reconocimiento y pago era necesario tramitar una conciliación
extrajudicial que “legalizara” la inclusión de los 469 alumnos extracontractuales.

Al respecto se ha reiterado que la caducidad de la acción configura una norma de
orden público que no puede ser modificada ni por las partes, ni por el juez so
pretexto de interpretación. En este sentido debe advertirse que la norma establece
como extremo inicial del cómputo de la caducidad la fecha del hecho dañino o, en
su defecto, de su conocimiento.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, Exp.

24897.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 23 de octubre de 2017, Exp. 2017-

00038-01; sentencia de 16 de diciembre de 2020, Exp. 2010-00326-01 y sentencia de 9 de abril de
2021, Exp. AC 11001-03-15-000-2021-00817-00. Subsección B, auto de 2 de octubre de 2019, Exp.
2014-00631-01.

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Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

En el caso concreto, el 21 de septiembre de 2012, el demandante supo que la
prestación del servicio de educación de los 469 estudiantes adicionales por los que
aquí se reclama y su respectivo pago configuraba un hecho extracontractual que
requería el trámite de una conciliación extrajudicial (hecho probado 5.1.6.). De
manera que la finalización del año lectivo - el 15 de diciembre de 2012, debe
adoptarse como término inicial para el cómputo de la caducidad, según el criterio ya
expuesto in extenso en el acápite 3 respecto de la caducidad del medio de control
de reparación directa derivada de la pretensión del enriquecimiento sin justa causa.

Así, pese a que la administración le indicó al demandante la necesidad de tramitar
una conciliación extrajudicial para peticionar el pago de las prestaciones ejecutadas
sin amparo contractual, el demandante insistió en la vía administrativa mediante
derechos de petición (hecho probado 5.1.7.) que no fueron resueltos por la
administración, por una única razón reiterativa: que el municipio de Santiago de Cali
el 21 de septiembre de 2012 había establecido el impago de los servicios educativos
por vía administrativa, solicitando el trámite conciliatorio, previo el censo estudiantil
(hecho probado 5.1.6.) que fue elaborado por el municipio el 23 de noviembre de
2012 (hecho probado 5.1.8.). En otras palabras, para el pago de las prestaciones
ejecutadas sin amparo contractual la administración le había indicado al
demandante el agotamiento del trámite de conciliación extrajudicial, el cual debía
presentarse, mediante abogado, individual o conjuntamente por las partes ante los
procuradores judiciales que desempeñaban sus funciones de intervención ante los
jueces o tribunales administrativos competentes para aprobar la respectiva
conciliación. De modo que se surtiera el trámite respectivo en el que se legitimarían
las prestaciones ejecutadas sin amparo contractual ni legal.

Adicionalmente, es importante señalar que en los eventos de actio in rem verso no
es exigible que el particular gestione actuación administrativa alguna dirigida a
solicitar el pago de la prestación extracontractual, pues en tal evento, la petición del
particular daría lugar a una decisión de la administración expresa o presunta,
positiva o negativa, que habilitaría el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho como la vía procesal adecuada para desvirtuar la
legalidad del respectivo acto administrativo, en flagrante desconocimiento de lo

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Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

dispuesto en la sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012 (Rad.: 24897),
que expresamente señaló la acción o medio de control de reparación directa como
el mecanismo procesal procedente para elevar las pretensiones de actio in rem
verso, la cual tiene como único requisito de procedibilidad el agotamiento del trámite
de la conciliación prejudicial.

Asimismo, debe advertirse que no es procedente tomar como extremo inicial para
el computo de la caducidad el 15 de septiembre de 2014, cuando el municipio de
Santiago de Cali liquidó de manera unilateral el contrato No. SEM-PS 4143.0.26-17-
2012 (hecho probado 5.1.12.), porque desde el 21 de septiembre de 2012 la
demandante sabía que las prestaciones ejecutadas sin amparo contractual no
serían incluidas dentro de la liquidación de las prestaciones propias del contrato; de
manera que con anterioridad el demandante tenía conocimiento de que la
administración no pagaría estas prestaciones bajo el amparo del contrato, que las
consideraba una obligación extracontractual y que para su pago debía tramitar la
respectiva solicitud de conciliación.

Admitir el conteo de la caducidad desde la fecha de la liquidación del contrato
equivaldría a extender los efectos del acuerdo contractual a unas prestaciones que
no formaron parte del mismo y que expresamente fueron excluidas por la
administración desde el 21 de septiembre de 2012 (hecho probado 5.1.6.).
Asimismo, conllevaría a homologar una actuación o maniobras del particular que
desconoció los lineamientos de la propia administración que formalmente le indicó
el trámite conciliatorio como la vía extrajudicial para obtener el pago e, incluso, le
advirtió su ánimo conciliatorio (hechos probados 5.1.6. y 5.1.9.). Igualmente, esta
solución convertiría el término de la caducidad de la acción en casi 6 años, con lo
cual se desconocería la norma de orden público que lo establece en 2 años, dejando
así su conteo al arbitrio de las actuaciones del particular o de la administración.

De manera, entonces, que para la fecha de terminación del año lectivo 2012, el
demandante tenía certeza de que la administración no le iba a pagar las sumas
pretendidas bajo el amparo contractual, a lo cual se suma que el pago del contrato
de prestación de servicios educativos No. SEM-PS 4143.0.26-17-2012 se pactó en
8 cuotas pagaderas, a más tardar, a la finalización del contrato (hechos probados

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5.1.1. y 5.1.3.), que como se ha dicho, tuvo lugar el 15 de diciembre de 2012, de
suerte que para esta fecha se debieron pagar las prestaciones derivadas del
acuerdo contractual, en las que no se incluyeron las ejecutadas a estudiantes
adicionales a los del contrato.

Lo anterior es indicativo de que los dos años legalmente dispuestos como término
de caducidad de la acción de reparación directa fenecían el 16 de diciembre de 2014
y como la demanda se presentó solo hasta el 4 de diciembre de 2015 se advierte
que para entonces el término preclusivo ya se había cumplido.

Es más, aunque el 6 de julio de 2015 la parte actora presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos
Administrativos44, la cual se declaró fallida el 21 de septiembre de 2015, lo cierto es
que la solicitud no suspendió el término de caducidad, pues para entonces la acción
de reparación directa ya se encontraba caducada.

En consecuencia, en la parte resolutiva de este proveído la Sala revocará la decisión
del 29 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el Centro de Educación
en Tecnología – CENTEC y, en su lugar, declarará la caducidad de la acción.

8. Condena en costas en primera y segunda instancia

El artículo 188 de CPACA establece que, “[…] salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del CGP, vigente para el momento en el que se interpuso
la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas,
a saber:

44 Fl. 9 a 10. C.1.

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

Así pues, de conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala estima
que - contrario a lo dispuesto en la alzada - la condena en costas realizada en la
primera instancia era procedente, pues la parte demandante fue vencida en el
proceso. Cosa distinta es el estudio formal que concierne a su monto – valor
liquidado – por la primera instancia, pues de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 366 del CGP, éstas solo pueden controvertirse mediante los
recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de
costas, lo cual, en el sub examine aún no ha ocurrido, en tanto sucederá una vez
finalice el proceso.

Asimismo, siguiendo la misma línea argumentativa, se advierte que en la parte
resolutiva será necesario condenar en costas en segunda instancia a la parte actora,
toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de
las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366
del CGP, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es
decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.

En relación con la agencias en derecho45 en segunda instancia, que se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora46, de conformidad con lo establecido en los

45 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
46 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

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Radicado: 76001233300020150152701 (69143)
Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

numerales 347 y 448 del artículo 366 del CGP, la Sala no estima procedente su
fijación en esta instancia, comoquiera que en el caso concreto no se encuentra
acreditada su causación, pues la parte demandada no ejerció actuación alguna ante
esta Corporación durante el trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, y en
su lugar se dispone: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación
directa interpuesto por el Centro de Educación en Tecnología - CENTEC., por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos
366 y 365.8 del Código General del Proceso. Sin condena en agencias en derecho.

47 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los

demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre
que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de los peritos
contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor
excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por
las entidades especializadas, el juez los regulará”.
48 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que

establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente
un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

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Demandante: Centro de Educación en Tecnología - CENTEC.

TERCERO. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRÍQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

VF

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