Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01495-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01495-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01495-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de agosto de 2026
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: CARLOS MARIO PATIÑO GONZÁLEZ
Demandados: PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA Y OTROS.
Temas: Violación del régimen de incompatibilidades.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por el ciudadano Carlos Mario Patiño González, en contra
de la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por la Sala Segunda Especial de
Decisión del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de
investidura formulada por el solicitante, con fundamento en el numeral 1º del artículo
183 de la Constitución Política.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de pérdida de investidura1
2. El ciudadano Carlos Mario Patiño González, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó despojar
de la investidura a los senadores Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban
Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno,
María Fernanda Cabal Molina y Miguel Uribe Turbay; y a los representantes a la
Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez,2 Jhon
Jairo Berrío López y Julián Peinado Ramírez, elegidos para el período constitucional
2022-2026.
3. Lo anterior, al considerar que los referidos congresistas incurrieron en la
causal de pérdida de investidura señalada en el numeral 1º del artículo 183 de la
Constitución Política, por cuanto violaron el régimen de incompatibilidades fijado en
1 Anotación 3 expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
2 El solicitante indicó que los apellidos del congresista eran Cadavid Martínez, pero, en realidad son Cadavid
Márquez.
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
el artículo 180 numeral 2º de la Constitución Política, reproducido en el artículo 282
de la Ley 5ª de 1992, que prohíbe a los congresistas celebrar por sí o por interpuesta
persona contrato alguno con entidades públicas.
1.1.1 Fundamentos fácticos
4. El solicitante señaló que el gobernador de Antioquia, mediante el Decreto
2024070001536 de 22 de marzo de 2024, profirió un reglamento «por el cual se
definen reglas relacionadas con el mecanismo de aportes voluntarios», dirigido a
obtener recursos para la terminación de los proyectos de infraestructura,
particularmente, las denominadas vías 4G que atraviesan dicho departamento.
5. En la parte motiva del precitado acto administrativo se estableció que este
mecanismo de aporte voluntario constituiría una donación de particulares en favor
del departamento de Antioquia, en los términos del artículo 1443 del Código Civil,
cuya aceptación se entendería efectuada de manera general, por virtud del citado
decreto, una vez hecha la respectiva consignación electrónica por parte de los
aportantes.
6. Relató que los senadores María Fernanda Cabal, Paola Andrea Holguín,
Esteban Quintero Cardona, y Paloma Susana Valencia, a través de sus cuentas de
la red social X, publicaron imágenes de consignaciones por valor de un millón de
pesos, efectuadas entre el 22 y el 24 de marzo de 2024; Miguel Uribe Turbay una
consignación por un millón quinientos mil pesos y el senador Andrés Felipe Guerra
y varios copartidarios suyos, a través de un vídeo, exhibieron un sobre de manila
rotulado «Vaca por las 4G», sin especificar valor alguno, que da cuenta de esta
contribución, anunciando, además, la entrega de dos semovientes bovinos.
7. Lo mismo ocurrió con los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal,
Hernán Cadavid, Jhon Jairo Berrío y Julián Peinado, elegidos por el departamento
de Antioquia, quienes, según el solicitante, hicieron la misma contribución por valor
de un millón de pesos, lo cual fue publicado en sus perfiles personales de la red
social X, en donde se observan los comprobantes de consignación bancaria.
8. En consecuencia, afirma que los referidos congresistas incurrieron en la
causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183 numeral 1º de la Carta
Política, al violar el régimen de incompatibilidades, específicamente, la consignada
en el artículo 180 numeral 2º, que establece que los mencionados servidores no
pueden celebrar contrato alguno con una entidad pública.
1.1.2 Fundamento jurídico de la causal invocada
9. La causal de pérdida de investidura que sirve de fundamento de esta solicitud
es la prevista en el artículo 180 numeral 2, reproducida en el artículo 282 de la Ley
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
5ª de 1992, que prohíbe a los congresistas «celebrar contrato alguno» con
entidades públicas, sin distinguir el tipo de contrato o el régimen jurídico aplicable.
En el presente caso, afirma el solicitante, los congresistas mencionados
suscribieron un «contrato de donación» con el departamento de Antioquia, cuyo
perfeccionamiento se produjo con la respectiva consignación efectuada a las
cuentas oficiales del ente territorial, la cual fue aceptada de manera general por el
departamento.
10. Agrega que el Código Civil, en el artículo 1443, establece que «La donación
entre vivos es un acto, por el cual, una persona transfiere, gratuita e
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta». A pesar
de que esta norma sugiere que la donación es un acto jurídico unilateral, la doctrina
civilista es pacífica en señalar que la donación es un contrato de naturaleza bilateral,
en la que la parte pasiva debe aceptar el objeto donado para que se entienda
perfeccionado dicho instrumento jurídico.
11. En el presente caso, el Decreto 2024070001536 del 22 de marzo de 2024,
por el cual se fijaron las reglas para la recepción de los aportes voluntarios, dispuso,
de forma expresa, que los apoyos económicos se entenderían recibidos «a título de
donación», en los términos del artículo 1443 del Código Civil, y que se entendería
aceptada, de manera general, por virtud del mencionado acto administrativo.
12. Por lo tanto, concluye que los congresistas mencionados incurrieron en la
causal de pérdida de investidura descrita en el numeral 2º del artículo 180 de la
Constitución, habida cuenta que celebraron un contrato de donación con el
departamento de Antioquia, entidad territorial de naturaleza pública que constituye
el otro extremo de la relación contractual.
1.2 Trámite procesal en primera instancia
1.2.1 Admisión de la solicitud3
13. El magistrado sustanciador del proceso, en primera instancia, admitió la
solicitud de desinvestidura, mediante auto de 9 de abril de 2024; en consecuencia,
ordenó notificar personalmente a los congresistas y al agente del Ministerio Público
y correr traslado del escrito a los convocados, por el término de cinco (5) días
hábiles, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1881 de 2018.
1.3 Los escritos de oposición
14. Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, los congresistas accionados,
a través de sus apoderados, se pronunciaron respecto de la solicitud de pérdida de
investidura, en los siguientes términos:
3 Anotación 7 expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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Pérdida de investidura
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Solicitante: Carlos Mario Patiño González
1.3.1 Julián Peinado Ramírez4
15. Señaló que el Decreto 2024070001536 del 22 de marzo de 2024, expedido
por el gobernador de Antioquia, no estableció que, una vez realizado el aporte,
debía entenderse celebrado un contrato estatal. El verbo rector de la
incompatibilidad invocada es «celebrar», entendida como la acción de realizar un
acto formal según el ordenamiento jurídico, y el artículo 39 de la Ley 80 de 1993
establece que los contratos celebrados con las entidades estatales deben constar
por escrito, razón por la cual, no existiendo contrato escrito, no se puede hablar de
celebración alguna.
16. Precisó que la intención del congresista fue realizar un aporte voluntario y
solidario por un millón de pesos, en favor del departamento de Antioquia, en su
condición de persona particular y antioqueña, con el fin de que ese dinero fuera
invertido en las vías 4G que atraviesan este territorio. La imagen de una supuesta
consignación publicada en la red social X, que aporta el actor, por sí sola, no es
suficiente para derivar la celebración de un contrato con el Estado.
17. Trajo como antecedente la sentencia del 10 de febrero de 2016, proferida por
el Consejo de Estado5, en el expediente 15001-23-31-000-2003-00628-01, en un
caso de pérdida de investidura por hechos similares, en la que se precisó que la
«donación» no es un contrato, por cuanto se trata de un acto unilateral que no tiene
el elemento sinalagmático que lo caracteriza. A través de este acto jurídico, una
persona decide unilateral y voluntariamente transferir una cosa a otra, que no
adquiere obligación o gravamen alguno por este hecho. Además, esta figura se
encuentra en el artículo 1443 del Código Civil, Libro III, referido a la «sucesión por
causa de muerte y las donaciones entre vivos», mas no en el acápite de las
obligaciones y contratos.
18. De otra parte, indicó que la conducta que se censura está prevista como una
excepción a las incompatibilidades de los congresistas en el numeral 8 del artículo
283 de la Ley 5ª de 1992, que les permite «intervenir, gestionar o convenir en todo
tiempo, ante los organismos del Estado, en la obtención de cualquier tipo de
servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para
el beneficio de la comunidad colombiana.»
19. Si se aceptara este cuestionamiento se estaría impidiendo el cumplimiento
de los deberes ciudadanos consagrados en los numerales 2 y 5 del artículo 95 de
la Carta Política, que imponen a toda persona actuar conforme al principio de
solidaridad, como ocurrió con la situación de emergencia de la ciudad de Mocoa
4 Anotación 24 expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 10 de febrero de
2016. Expediente 15001-23-31-000-2003-00628-01. M.P. Hernán Andrade Rincón.
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Pérdida de investidura
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Solicitante: Carlos Mario Patiño González
(Putumayo) en el año 2017, en el que el legislativo en pleno realizó aportes para
contribuir a mitigar esta calamidad pública.
20. Por último, indicó que para que se decrete la desinvestidura, se requiere de
la configuración del elemento subjetivo. En su caso, antes de realizar el aporte, se
asesoró de dos profesionales del derecho, expertos en el tema, quienes
manifestaron que podía hacer esta contribución, sin que se entendiera que estaba
celebrando un contrato con el departamento de Antioquia, por lo que actuó bajo ese
convencimiento y sin ningún asomo de dolo o culpa.
1.3.2. Andrés Guerra Hoyos, Esteban Quintero Cardona y Jhon Jairo Berrío
López6
21. Estos congresistas, a través de un mismo apoderado, señalaron que lo
regulado por el Decreto 2024070001536 del 22 de marzo de 2024, hace alusión a
unos aportes voluntarios de los contribuyentes, mas no a un contrato de donación,
conforme a lo dispuesto en los artículos 1443 y 1495 del Código Civil. Indicaron que
la donación es un acto unilateral, por lo que no puede dársele un alcance diferente,
menos en un proceso sancionatorio. Además, conforme al artículo 39 de la Ley 80
de 1993, los contratos estatales se entienden celebrados cuando existe acuerdo
entre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. Por lo tanto, no
habiendo contrato escrito, habrá de concluirse que no se configuró la mencionada
incompatibilidad.
22. Ahora bien, en gracia de discusión, si se aceptara lo contrario, se estaría ante
una excepción de conformidad con el numeral 8 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992,
pues los aportes tuvieron como finalidad adelantar la ejecución de obras públicas
en beneficio colectivo. En este caso, los congresistas actuaron bajo la convicción
de no incurrir en una causal de pérdida de investidura.
23. Finalmente, propusieron como excepción de mérito la inexistencia de causa
para demandar, bajo la consideración que los congresistas Andrés Guerra Hoyos,
Esteban Quintero Cardona y Jhon Jairo Berrío López, no tienen cuentas activas en
Bancolombia, lo que demuestra que los aportes cuestionados no provienen de sus
patrimonios.
1.3.3 Paola Andrea Holguín Moreno y Juan Fernando Espinal Ramírez7
24. Los mencionados congresistas adujeron que el actor confunde la figura de la
donación con el contrato estatal. Este último es un acto jurídico bilateral, a la luz de
lo dispuesto en los artículos 3 y 41 de la Ley 80 de 1993, por lo que no puede
hablarse de la celebración de un contrato, ni de una donación, toda vez que para
6 Anotación 25 expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
7 Anotación 26 expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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Pérdida de investidura
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que esta se perfeccione, se necesita la aceptación del acto de transferencia que
hasta la fecha no se ha producido, ni obra en el expediente.
25. Así mismo, pusieron de presente que el Decreto 2024070001536 fue
publicado en la Gaceta de la Gobernación de Antioquia, el 2 de abril de 2024 y las
consignaciones referenciadas se hicieron en el mes de marzo, por lo que dicho
decreto no era oponible para esa fecha. Señalaron que con dicha publicación
tampoco se puede entender perfeccionada la supuesta donación, toda vez que, tal
como lo estableció el mismo acto administrativo, se requiere de la «verificación de
los recursos, la certificación de su recaudo y la posterior incorporación al
presupuesto», a través de un decreto específico. Además, el secretario de Hacienda
de la Gobernación de Antioquia certificó que los recursos en cuestión todavía no
habían sido verificados ni incorporados al presupuesto para el 12 de abril de 2024.
26. De otra parte, afirmaron que las capturas de pantalla aportadas por el
solicitante no cumplen los requisitos de la Ley 527 de 1999, toda vez que no se
identifica el origen de los archivos, su inalterabilidad ni posterior consulta; además,
no se allegaron sus equivalentes funcionales, razón por la cual, no pueden ser
tenidas como mensajes de datos dentro del expediente.
27. Así mismo, adujeron que la conducta de los congresistas está inmersa en las
excepciones consagradas en los numerales 6 y 8 del artículo 283 de la Ley 5 de
1992. Trajeron como sustento la sentencia C-497 de 1994, que estudió la
constitucionalidad de estas disposiciones, para destacar que el apoyo brindado por
los congresistas se hizo con el fin de satisfacer necesidades colectivas y contribuir
a las obras públicas en su departamento. Además, que el numeral 6 del artículo 27
de la Ley 1475 de 2011 permite a los miembros de corporaciones públicas hacer
aportes voluntarios en pro de los intereses de la comunidad.
28. Finalmente, señalaron que el juicio de pérdida de investidura exige que se
haya cometido una conducta dolosa o gravemente culposa que, en este caso, no
se advierte, pues los congresistas actuaron bajo la convicción de que no estaban
incurriendo en una incompatibilidad y, por el contrario, actuaron desprendidos de
cualquier interés particular.
1.3.4 Hernán Darío Cadavid Márquez8
29. Precisó que, aunque hizo el aporte al que se refiere la demanda, solicitó la
devolución de esta contribución, por lo que el dinero fue devuelto por la gobernación
el 10 de abril de 2024. Manifestó que el dinero aportado por varios ciudadanos para
financiar las vías 4G es un acto jurídico unilateral, mediante el cual, la ciudadanía
manifestó su voluntad de contribuir al financiamiento de las vías de Antioquia, en su
8 Anotación 27 expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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Pérdida de investidura
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calidad de contribuyentes, sin incurrir, en la celebración de contrato alguno, y menos
en cumplimiento de un contrato estatal.
30. Mencionó que actuó bajo el convencimiento de que se encontraba
cumpliendo el deber constitucional consagrado en el numeral 9 del artículo 95 de la
Constitución Política, esto es, «contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad», y agregó que la
contribución se hizo en su calidad de ciudadano y no en su condición de congresista.
31. Finalmente, propuso como excepciones, la ineptitud sustantiva de la
demanda por cuanto, en su criterio, el escrito de solicitud no cumplió con los
requisitos formales previstos en el artículo 5º de la ley 1881 de 2018, en la medida
que no explicó suficientemente la configuración de la causal invocada, ni probó la
existencia del contrato aludido: Así mismo, formuló la excepción de la cosa juzgada,
prevista en el artículo 17 de la Ley 1881 de 2018, dado al estimar que el Consejo
de Estado ya ha señalado que la donación no es contrato.
1.3.5 Paloma Susana Valencia Laserna9
32. En su escrito de contestación, explicó que realizó un simple aporte o
contribución permitido a la luz de lo establecido en el numeral 8º del artículo 283 de
la Ley 5 de 1992, que no puede ser catalogado como un contrato y mucho menos
como uno de naturaleza estatal. Luego de recordar que dentro de la clasificación
los tributos están los impuestos, tasas y contribuciones, explicó que las
contribuciones, de acuerdo con la legislación tributaria, es un aporte que se origina
en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas al bienestar general,
que se compone de los siguientes elementos: i) un hecho generador, que obedece
a la obtención de beneficios producto de la inversión estatal ii) una obligación de
tipo media, en tanto en algunos casos, se presenta de manera obligatoria, como por
ejemplo con la valorización, pero en otros es de tipo voluntario, como la posibilidad
de hacer un aporte adicional en el pago del impuesto predial y iii) una
contraprestación directa que es el beneficio de la comunidad, el interés general.
33. La donación implica la entrega de dinero, bienes, o servicios, sin esperar una
contraprestación a cambio, es decir, tiene un sentido altruista; mientras que la
contribución, es una inversión monetaria o en especie, con la expectativa de obtener
algún beneficio o retorno, para el caso concreto, mejoras en la infraestructura vial
que pueden beneficiar a la comunidad en general.
34. Agregó que, aunque se tratara de una donación, el artículo 31 del Decreto
111 del 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, establece que, si bien las
donaciones hacen parte de los recursos de capital, estos necesariamente deben
9 Anotación 28 expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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Pérdida de investidura
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incorporarse al presupuesto departamental, mediante un decreto del gobernador u
ordenanza de la asamblea, y no pueden ejecutarse hasta tanto no sean
debidamente incorporados, lo cual nunca ocurrió.
35. Precisó que la congresista solicitó la devolución de su aporte, haciendo
pública esta intención de revocatoria, la cual fue aceptada por la entidad, tal como
lo certificó el secretario de Hacienda del departamento. De modo que no es cierto
que la aceptación de la donación sea general y automática, pues de serlo, se estaría
admitiendo, incluso el ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas o
prohibidas, lo cual, obviamente, desborda cualquier tipo de lógica y principio en la
administración pública.
36. De otro lado, se refirió a las etapas de la contratación estatal con el fin de
destacar que no hay constancia de que, para la celebración del referido contrato, en
la etapa precontractual se hubieren adelantado estudios de naturaleza técnica,
jurídica y financiera, para determinar su viabilidad en cada uno de estos aspectos y,
con ello, la conveniencia del objeto a contratar. No se advierte los elementos que
rigen la etapa contractual, en la que debe determinarse el acuerdo sobre el objeto y
la contraprestación y elevarse a escrito, acompañado de la aprobación de la
garantía y de la exigencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes.
Finalmente, no se acreditó lo relativo a la etapa post contractual que hace referencia
a la liquidación del contrato, pues en todo caso, este jamás existió.
37. Afirmó que la donación no constituye una causal de pérdida de investidura,
según la jurisprudencia del Consejo de Estado, contenida en la sentencia del 3 de
noviembre de 2016, expediente 23001233300420150048901, mediante la cual se
revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba, que había decretado la
pérdida de investidura de un diputado, por haber efectuado una donación, mediante
escritura pública, de un lote a la Universidad de Cartagena. En este proveído se
señaló que la donación carece del elemento sinalagmático propio de los contratos
estatales, en los que se pacta una prestación y una contraprestación. Así, ante la
falta de claridad respecto de si es acto o contrato, debe prevalecer el derecho
fundamental a ser elegido del demandado, en función de los principios de in dubio
pro reo y pro homine.
38. Finalmente, propuso como excepciones la atipicidad de la conducta, la
justificación del aporte hecho al amparo del régimen de excepciones en materia de
incompatibilidades, conforme al artículo 283 numeral 8 de la Ley 5ª de 1992, y la
ausencia del elemento subjetivo de la pérdida de investidura, pues la congresista
actuó de buena fe.
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1.3.6 Miguel Uribe Turbay10
39. El congresista afirmó que no incurrió en la causal de pérdida de investidura
contemplada en el numeral 2 del artículo 180 de la Constitución Política, al realizar
un aporte destinado a contribuir a la terminación de las vías 4G en el departamento
de Antioquia. Su actuación no estaba dirigida a obtener un beneficio particular o
favorecer intereses privados, sino respaldar unas obras que beneficiarían a toda la
comunidad, como un acto de solidaridad y sentido cívico.
40. Aseguró que al hacer este aporte no desconoció ningún deber atinente a su
cargo, ni realizó una conducta reprochable ni constitutiva de una incompatibilidad,
ni desconoció los principios que rigen la función pública, pues, precisó que hizo la
contribución como persona natural y ciudadano, no como congresista, atendiendo
un llamado general de la gobernación de Antioquia.
41. Como los demás congresistas, afirmó que el contrato estatal nunca existió,
por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80
de 1993 los contratos que celebren las entidades estatales deben constar por escrito
y solo se perfecciona cuando se logre un acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación, lo cual no ocurrió en este caso, pues no hubo contrato escrito ni
mucho menos contraprestación.
42. Finalmente, señaló que el proceso de pérdida de investidura constituye un
juicio de responsabilidad subjetiva, en el que es indispensable acreditar una
conducta dolosa o gravemente culposa, aspecto que, en su sentir, no aconteció en
este caso, ni fue demostrado por el solicitante, en el proceso.
1.3.7 María Fernanda Cabal11
43. Reconoció que aportó un millón de pesos al departamento de Antioquia, con
el fin de contribuir a la terminación de las vías 4G; sin embargo, puso de presente
que solicitó la devolución de dicho dinero el 9 de abril de 2024, antes de que la
entidad lo aceptara, trámite que fue autorizado por la Secretaría de Hacienda de
Antioquia, el 10 de abril de ese mismo año.
44. Destacó que el solicitante no acreditó la existencia de un contrato estatal
entre ella y el departamento de Antioquia. Explicó que la imagen de una
transferencia bancaria no constituye prueba del acuerdo de voluntades, máxime, si
se tiene en cuenta que el artículo 1469 del Código Civil exige que para que haya
una donación debe haber aceptación del donatario, lo cual no ocurrió en el presente
caso, pues nunca se profirió un acto administrativo por parte del departamento de
Antioquia, de manera expresa y particular.
10 Anotación 29 expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
11 Anotación 31 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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Pérdida de investidura
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Solicitante: Carlos Mario Patiño González
45. Sostuvo que de llegarse a considerar que con la sola contribución voluntaria
se perfeccionó un contrato estatal y no un acto jurídico, se deben tener en cuenta
las excepciones a las incompatibilidades contenidas en el artículo 10 de la Ley 80
de 1993, y el deber constitucional consagrado en el numeral 9 del artículo 95 de la
Constitución Política, esto es, «contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad».
46. Afirmó que el aporte realizado no implicó el ejercicio simultáneo de
actividades incompatibles con la función congresual ni evidenció conflicto entre
intereses públicos y privados, pues fue efectuado como cualquier ciudadano en
ejercicio de un deber constitucional y revocado antes de su perfeccionamiento, por
lo cual, no se configura el elemento objetivo ni subjetivo de la incompatibilidad.
47. Adujo, finalmente, que el Consejo de Estado12 ha señalado que la naturaleza
jurídica de la donación genera dudas sobre su carácter contractual, por lo que en
procesos sancionatorios como el de pérdida de investidura, debe optarse por la
interpretación más favorable según la cual, constituye un acto jurídico unilateral y
no un contrato estatal.
1.4. Auto que decreta pruebas y otras actuaciones procesales
48. Mediante auto de 7 de mayo de 2024 y con fundamento en el artículo 11 de
la Ley 1881 de 2018, se decretaron las pruebas13. Concluida la etapa probatoria, a
través de auto del 23 de mayo de 202414, se fijó fecha y hora para realizar la
audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018.
49. El 18 de junio de 202415 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
manifestó impedimento para participar del presente asunto, con fundamento en la
causal consagrada en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso,
por tener una amistad entrañable con el doctor Gustavo Quintero Navas, apoderado
del congresista Miguel Uribe Turbay. Dicho impedimento fue declarado fundado a
través de auto de esa misma fecha.16
50. Así mismo, el consejero Hernando Sánchez Sánchez17 manifestó
impedimento por la misma causal por estimar que conoce a la Dra. Lucy Jeannette
Bermúdez apoderada de una de las accionadas. Sin embargo, fue negado por el
resto de los integrantes de la Sala Especial de Decisión18.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 3 de noviembre
de 2016. Expediente: 23001-23-33-0004-2015-00489-01. M.P. Guillermo Vargas Ayala.
13 Anotación 57 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
14 Anotación 76 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
15 Anotación 94 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
16 Anotación 99 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
17 Anotación 97 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
18 Anotación 99 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai
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10
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
1.5 La audiencia pública
51. El 19 de junio de 2024 se llevó a cabo la audiencia pública de que trata el
artículo 12 de la Ley 1881 de 201819. En ella intervinieron el solicitante de la pérdida
de investidura, quien, en esencia, reiteró sus argumentos; el procurador quinto
delegado ante el Consejo de Estado, quien consideró que debía negarse la solicitud
dado que los congresistas cuestionados solicitaron la devolución de los aportes
efectuados, tal como lo certificó la Secretaría de Hacienda del ente territorial, razón
por la cual, estima que no se perfeccionó la donación. Respecto de quienes no
solicitaron su devolución, indicó que aún no ha habido aceptación del aporte, ni
incorporación al presupuesto, entonces, tampoco respecto de ellos, se ha
perfeccionado la donación.
52. Por su parte, los apoderados de los congresistas Miguel Uribe Turbay,
Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe
Guerra Hoyos, Jhon Jairo Berrío López, Paola Andrea Holguín Moreno, Juan
Fernando Espinal, María Fernanda Cabal Molina, Hernán Darío Cadavid Márquez y
Julián Peinado Ramírez, reiteraron sus argumentos de defensa contenidos en los
escritos de contestación.
1.6 La sentencia de primera instancia
53. La Sala Segunda Especial de Decisión, mediante sentencia del 26 de junio
de 202420, negó la solicitud de pérdida de investidura presentada por el señor Carlos
Mario Patiño González, en contra de los congresistas cuestionados, con base en
las siguientes consideraciones:
54. Una vez precisada la naturaleza jurídica del juicio de pérdida de investidura,
indicó que el artículo 180 numeral 2º de la Constitución Política, consagra una
incompatibilidad que se erige como causal de pérdida de investidura al tenor del
artículo 183 numeral 1º superior, consistente en que los congresistas no pueden
«celebrar contratos con entidades públicas, por sí o por interpuesta persona»,
mientras ostenten dicha calidad. Esta incompatibilidad tiene como propósito impedir
que el parlamentario pueda valerse de su influencia para derivar un provecho propio
o ajeno.
55. En relación con los elementos que la estructuran, la Sala precisó que,
conforme a la jurisprudencia de esta corporación, para su materialización deben
concurrir dos presupuestos, a saber: i) que el congresista intervenga de manera
19 Anotación 110 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
20 Anotación 116 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
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11
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
directa o indirecta en la celebración de un contrato con una entidad pública y ii) que
el contrato se celebre para satisfacer un interés propio o de terceros determinados
o determinables, pues de esta manera se vulnera efectiva y materialmente el bien
jurídico tutelado.
56. Por lo tanto, según se sostuvo en la providencia recurrida, celebrar un
contrato para satisfacer un interés general o el bien común, no puede considerarse
como una conducta reprochable, dado que esta acción está en armonía con los
fines esenciales del Estado previstos en la Constitución Política. Lo que se pretende
con el juicio de pérdida de investidura es sancionar el comportamiento antiético,
deshonesto e indecoroso de quien, valiéndose de su dignidad, celebra un contrato
en aras de alcanzar intereses personales o de terceros determinados o
determinables. Por ello, no se incurre en la incompatibilidad, en los eventos
descritos en el artículo 283 de la Ley 5ª de 1992, que constituyen excepciones al
mandato superior en comento, porque dichos comportamientos están asistidos de
un interés general.
57. Descendiendo al caso concreto, el a quo puso de presente que, de acuerdo
con el informe presentado el 14 de mayo de 2024 por el gobernador de Antioquia,
se registraron aportes voluntarios de los congresistas Miguel Uribe Turbay, Paloma
Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos,
Paola Andrea Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina, Juan Fernando
Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez y Julián Peinado Ramírez, por lo
tanto dio por probado este hecho. Sin embargo, no se encontró ningún registro
respecto del señor Jhon Jairo Berrío López, representante a la Cámara por
Antioquia, por lo que se excluyó de la censura invocada, al referido congresista.
58. En punto al elemento objetivo de la causal, señaló que para que un contrato
nazca a la vida jurídica y produzca sus efectos, es indispensable la coincidencia de
dos o más sujetos; para el caso del contrato de donación, es el concurso de
voluntades del donante y el donatario. Estas voluntades no pueden ser mantenidas
en el fuero interno de cada uno, porque entonces no podría conocerse. En el caso
bajo examen, no es posible dar por acreditado que existió un contrato de donación,
pues mientras la administración manifestó su voluntad unilateral de que quien
aportara recursos, en el marco del Decreto del 22 de marzo de 2024, celebraba una
donación, los congresistas demandados no pensaban hacer una donación sino una
contribución a una obra pública o de interés común.
59. Entonces, se advierte un error en el acuerdo de voluntades entre los
congresistas y el departamento de Antioquia, en tanto no se exteriorizó el
consentimiento frente al objeto del contrato de donación, elemento esencial de los
contratos estatales como de los privados, máxime si se tiene en cuenta que el
mencionado decreto del 22 de marzo de 2024 fue publicado en la Gaceta
Departamental el 2 de abril de 2024 y los aportes de los congresistas se efectuaron
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12
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
entre el 22 y 23 de marzo de 2024, lo que implica que las disposiciones contenidas
en dicho acto administrativo, entre ellas la relativa al objeto contractual, no le eran
oponibles.
60. Precisó que, incluso en caso de aceptar que sí hubo acuerdo de voluntades,
debe tenerse en cuenta que no se cumplió con el otro elemento de la causal de
pérdida de investidura, esto es, celebrar el contrato en interés particular o de un
tercero. Precisó que los beneficiarios con la terminación de las obras viales no eran
los congresistas ni terceros determinados o determinables, sino la comunidad en
general. En este orden, y conforme a los argumentos expuestos, el a quo negó las
pretensiones de la demanda.
1.7. El recurso de apelación21
61. El ciudadano Carlos Mario Patiño González interpuso recurso de apelación
en contra de la sentencia de primer grado. Luego de transcribir algunos apartes de
la providencia, presentó los cargos de apelación asociados exclusivamente a los
apartados allí descritos, en los siguientes términos:
1.7.1 Inconsistencias lógico-formales en la evaluación de la existencia del
contrato de donación como causal de pérdida de investidura.
62. Adujo al respecto que no parece lógico que se afirme en el proveído que,
pese a estar probado, conforme a la reglamentación de la operación, que se trató
de un contrato de donación, luego se discuta que hubo un error en el acuerdo de
voluntades, pues mientras la voluntad unilateral de la entidad fue recibir una
donación, la de los demandados fue hacer un aporte, para luego concluir que el
contrato nunca existió.
63. En este orden, la sentencia incurre en inconsistencias lógico-formales sobre
la existencia del contrato de donación, toda vez que, por un lado, acepta que existió
un contrato de donación, pero a la vez, afirma que hubo un error en el
consentimiento de los congresistas. Dicha afirmación desconoce la jurisprudencia
civil y administrativa sobre el contrato de donación que indica, que más allá del título,
debe tenerse en cuenta el modo. Así, este negocio jurídico no se perfecciona con la
sola declaración de voluntad, sino con la acción de donar. Adujo que la segunda
instancia es la oportunidad para corregir este error, según el cual, un contrato, pese
a sus formalidades, no es considerado como tal.
64. De otro lado, precisó que la incompatibilidad consagrada en el numeral 2 del
artículo 180 de la Constitución Política se refiere a cualquier contrato celebrado con
una entidad pública, sin que sea necesario que se trate de un contrato estatal. En
21 Anotación 115 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
este caso, fue el receptor de la donación el que reglamentó la operación con base
en las normas del Código Civil. Así las cosas, en el expediente está acreditado que
la voluntad de los congresistas fue donar y lo hicieron público, por lo que no se
puede aducir que se trató de una actuación involuntaria o errática. Tampoco que
fueron inducidos a un error por la autoridad que recibió el dinero, toda vez que el
decreto que reguló la operación fue claro en su configuración.
1.7.2 Sobre la condición subjetiva de la conducta y el altruismo como eximente
de responsabilidad en sede de pérdida de investidura.
65. El recurrente señaló que no está de acuerdo con que se afirme que si se
estuviera frente a un contrato de donación, en todo caso, los únicos beneficiarios
con la terminación de las obras viales no son los congresistas sino la comunidad en
general, pues la sala dejó de analizar los argumentos presentados respecto de la
posibilidad real de que estos recursos fueran efectivamente invertidos en ese
propósito. Agrega que las vías 4G son concesiones entregadas a privados, cuyos
esquemas financieros están definidos en los propios contratos, que la entidad
territorial no puede modificar. Este es un hecho notorio, que ningún congresista
pudo ignorar al momento de realizar la donación.
66. De otro lado, explica que la campaña «vaca por Antioquia» surgió en medio
de una tensión política entre el gobernador de Antioquia y el presidente de la
República, que buscaba obtener réditos políticos y proselitistas, lo cual dista de ser
un ejercicio altruista o desinteresado. Los intereses de una agrupación partidista no
pueden ser considerados como de interés general.
67. Concluyó, entonces, que en el presente caso se acreditó que la conducta de
los congresistas fue dolosa, esto es, ejecutada con conocimiento y voluntad,
debiendo saber ellos que la donación es un contrato, como se dispuso claramente
en el decreto expedido por el gobernador, razón por la cual, solicita que se revoque
el fallo de primera instancia y se decrete la pérdida de investidura de los
congresistas.
1.8 Trámite del recurso de apelación
68. El magistrado ponente de primera instancia concedió el recurso de apelación
mediante auto del 23 de julio de 202422. Por su parte, el 6 de septiembre de 2024,23
el magistrado sustanciador de la segunda instancia admitió el referido recurso y
procedió a correr traslado a los acusados y al Ministerio Público por el término de 3
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.
22 Anotación 128 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
23 Anotación 4 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
1.9 La oposición a la apelación
1.9.1 María Fernanda Cabal Molina24
69. Por conducto de apoderado, la congresista reiteró los argumentos esbozados
en el escrito de contestación, e insistió en que, si bien hizo un aporte a la
Gobernación de Antioquia, este fue revocado y su dinero devuelto, por lo que nunca
se perfeccionó el mencionado contrato de donación. Insistió en que era necesario
que la entidad territorial aceptara este ingreso a través de un acto administrativo
específico, que reflejara inequívocamente la voluntad de la administración de
recibirlo.
70. Destacó que un aporte voluntario efectuado por un congresista, destinado a
financiar una obra pública, jamás puede considerarse violatorio del régimen de
incompatibilidades, ni constituye una conducta prohibida a la luz del ordenamiento
jurídico, como lo manifestó en su aclaración de voto, el magistrado Martín Bermúdez
Muñoz.
1.9.2 Julián Peinado Ramírez25
71. Igualmente, el congresista volvió sobre los planteamientos expuestos en su
contestación, destacando que la sentencia fue clara en señalar la inexistencia del
contrato de donación, por cuanto hubo un error en un elemento esencial del contrato
que impidió su perfeccionamiento. Por lo tanto, hubo un error en el consentimiento,
como lo expuso el a quo, lo cual derivó en que el contrato invocado por el actor
jamás nació a la vida jurídica.
1.9.3 Hernán Darío Cadavid Márquez26
72. A través de apoderada judicial, reafirmó los argumentos esbozados durante
la primera instancia y solicitó confirmar la sentencia apelada.
1.9.4 Paola Andrea Holguín Moreno y Juan Fernando Espinal Ramírez27
73. Adujeron que el recurrente hace una interpretación sesgada de los requisitos
del contrato estatal y desconoce que, en este caso, no se celebró ningún contrato
con el departamento de Antioquia. La sentencia se centró en estudiar los elementos
que jurisprudencialmente se han fijado para la configuración de la incompatibilidad
24 Anotación 13 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
25 Anotación 14 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
26 Anotación 15 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
27 Anotación 16 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
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15
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
alegada sin encontrarlos acreditados, así como, en resaltar que así fuese un
contrato debidamente celebrado, su objeto no atendió un interés propio o de
terceros, razón suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia.
1.9.5 Miguel Uribe Turbay28
74. De igual manera, reiteró los argumentos esgrimidos en la primera instancia y
agregó que, además de que no existió contrato alguno, tampoco hubo ninguna
conducta reprochable de su parte, que derive en la pérdida de su investidura.
1.9.6 Paloma Susana Valencia Laserna29
75. Por conducto de apoderado, aseguró que ninguno de los cuestionamientos
esgrimidos por el apelante tiene vocación de prosperidad, por cuanto, es claro que
no existió ningún contrato de donación entre ella y el departamento de Antioquia.
Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el recurrente, los argumentos de la
sentencia de primera instancia fueron claros y se encuentran debidamente
respaldados, por lo que debe confirmarse por el juez de segundo grado.
1.10 Concepto del Ministerio Público
76. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió su
concepto30 destacando que, según el Código Civil, la donación no es un contrato
sino un acto jurídico unilateral en el que una persona transfiere gratuitamente una
parte de sus bienes a otra que lo acepta. Así, la donación carece del elemento
sinalagmático propio de los contratos.
77. Agregó que tampoco es un contrato estatal, habida cuenta que no se cumple
con las exigencias del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en tanto no hay prestaciones
mutuas ni el mencionado acuerdo ha sido elevado a escrito. Según el artículo 3º
ibidem, dentro de los fines de la contratación está el cumplimiento de los cometidos
estatales y la obtención de utilidades, de lo que se desprende que la bilateralidad
es propia de los contratos estatales, elemento ausente en la donación.
78. Destacó que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 3 de noviembre de 2016, radicado 23001-23-33-004-2015-00489-01, sostuvo
que existe duda sobre la naturaleza jurídica de la donación; por tal razón, debe
considerarse que la conducta de los congresistas constituye un simple aporte
28 Anotación 17 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
29 Anotación 18 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
30 Anotación 12 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
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16
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
personal, que fue propuesto a una iniciativa del gobierno departamental en atención
al interés de la comunidad.
79. De otro lado, recordó que el artículo 283 de la Ley 5 de 1992 establece unas
excepciones al régimen de incompatibilidades de los congresistas y, dentro de ellas,
poder «adelantar acciones ante el Gobierno para satisfacer las necesidades de los
habitantes de sus circunscripciones electorales» e «intervenir, gestionar o convenir
en todo tiempo, ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier tipo de
servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para
el beneficio de la comunidad colombiana», norma que fue declarada exequible por
la Corte Constitucional en la sentencia C-497 de 1994. Por lo tanto, solicitó confirmar
la sentencia del primer grado, toda vez que los argumentos del recurrente carecen
de respaldo jurídico.
1.11 Otras actuaciones en segunda instancia
80. A través de auto del 17 de octubre de 202531, el magistrado ponente requirió
a la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que certificara el deceso del senador
Miguel Uribe Turbay, documento que fue allegado al expediente en esa misma
fecha32. Con base en esta certificación, mediante auto de 20 de octubre de 202533,
se declaró la extinción de la acción de pérdida de investidura en contra del
excongresista34.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
81. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por la Sala
Segunda Especial de Decisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 184 y 237
numeral 5º de la Carta Política; 2° de la Ley 1881 de 2018; 37 numeral 7° de la Ley
270 de 1996 y el artículo 34 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–.
31 Anotación 26 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
32 Anotación 30 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
33 Anotación 32 del expediente de segunda instancia visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.
34
Específicamente se dispuso: «PRIMERO. DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN de pérdida de
investidura adelantada en contra del señor Miguel Uribe Turbay y, en consecuencia, la terminación del proceso
respecto de aquel.»
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17
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
2.2 El problema jurídico
82. En los términos del recurso de apelación, corresponde determinar si, en el
presente caso, se configuran los elementos –objetivo y subjetivo– de la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 183.1 de la Constitución Política, por
violación del régimen de incompatibilidades descrito en el numeral 2 del artículo 180
superior, relativo a la celebración de contratos con entidades públicas, por la
consignación de dinero efectuada por los congresistas censurados, a favor de la
terminación de las vías 4G en el departamento de Antioquia.
83. El apelante hace consistir sus reparos en dos aspectos fundamentales
relativos a la realización objetiva y subjetiva de la conducta, a saber:
a) Afirma que la sentencia contiene inconsistencias lógico-formales sobre la
existencia del contrato de donación, toda vez que, por un lado, acepta que existió el
vínculo contractual conforme a la reglamentación expedida por el ente territorial y la
materialización del aporte dado, pero a la vez, afirma que hubo un error en el
consentimiento de los congresistas en cuanto al objeto, de lo cual se deriva su
inexistencia.
b) En relación con la conducta subjetiva de los congresistas, sostiene que no es
cierto que el aporte haya tenido un fin altruista o de interés general, por cuanto las
vías 4G, entregadas en concesión, tienen esquemas financieros definidos por la
entidad territorial, que no es posible modificar. Por tal razón, la verdadera intención
de los congresistas fue obtener réditos políticos y partidistas, dado el enfrentamiento
que sostenía, por aquel entonces, el gobernador de Antioquia con el presidente de
la República, lo cual constituye una conducta dolosa de los congresistas, por cuanto
a sabiendas de que se trataba de una donación, actuaron de conformidad.
84. En este orden, para resolver los planteamientos anteriormente esbozados
por el recurrente y poder determinar si entre los congresistas convocados y el
departamento de Antioquia se celebró un contrato de donación y, en caso afirmativo,
proceder a analizar la conducta subjetiva de los implicados, la Sala abordará
previamente algunos aspectos relevantes, para luego proceder a resolver el caso
concreto, a saber: i) la institución de la pérdida de investidura, ii) el alcance de la
causal prevista en el numeral 2 del artículo 180 de la Carta y iii) la naturaleza jurídica
de la donación y iv) el perfeccionamiento del contrato estatal.
2.3 La institución jurídica de la pérdida de investidura
85. De manera reiterada la jurisprudencia ha sostenido que la pérdida de
investidura prevista en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política es una
acción pública que tiene por objeto sancionar las conductas que afectan la dignidad
y el decoro de la labor congresual, en tanto, busca preservar su buen nombre y la
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18
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
legitimidad del Congreso de la República. Su trámite está asignado a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, y sus diferentes etapas, descritas en la Ley 1881
de 2018 que, a través de un procedimiento especial y breve, se desarrolla
respetando la plenitud de las garantías del debido proceso.
86. En esta línea jurisprudencial se ha pronunciado la Corte Constitucional para
destacar sus principales rasgos característicos:
…Constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que se define con la
imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga
la violación al código de conducta que deben observar los congresistas en razón al
valor social y político de la investidura detentada. Una vez aplicada la sanción, el
congresista pierde su calidad de tal y además, queda inhabilitado de manera
permanente para ser congresista. Esta sanción particularmente drástica se
estableció en la Constitución, con fundamento en la altísima dignidad que supone
ser Representante a la Cámara o Senador, a los intereses sociales que representa
en virtud de la confianza depositada por los electores y a la significación del
Congreso dentro del Estado Democrático35.
87. Así entonces, el juicio de pérdida de investidura es una manifestación del
principio de participación democrática, a través del cual, los ciudadanos ejercen un
control político dirigido a preservar la dignidad de la función congresual y la
transparencia en el desempeño de la tarea legislativa. Es un proceso autónomo, de
naturaleza jurisdiccional y de carácter sancionatorio36 en el que se impone un castigo
intemporal que impacta los derechos políticos del sancionado, en tanto implica la
separación inmediata del cargo y una inhabilidad irredimible en el tiempo para
asumir cargos de elección popular, lo que se traduce en la imposibilidad para el
sancionado de aspirar a ser elegido en el futuro37.
88. En punto a la finalidad de la acción, esta corporación ha señalado que busca
garantizar que aquellos, a quienes se han distinguido con esta investidura, no
abusen de su poder aprovechándolo para alcanzar fines personales,38 propugna por
la transparencia absoluta de los miembros de las corporaciones públicas en relación
con sus actuaciones39 y busca proteger la confianza que el electorado ha depositado
35 Corte Constitucional, sentencia SU- 399 de 31 de mayo de 2012. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
36 Sobre la naturaleza de esta acción, se pueden consultar, entre otras sentencias, las siguientes: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de agosto de 2012, radicación: 11001-
03-15-000-2011-00254-00(PI) MP. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 29 de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-01700-00(PI), MP. Milton
Chaves García. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de abril de
2018, radicación: 11001-03-13-000-2017-00328-00(PI), MP. Lucy Jeannette Bermúdez. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de marzo de 2021, radicación: 11001-03-15-000-
2019-04144-01. MP. Oswaldo Giraldo López.
37 Constitución Política, art.179.4; Ley 617 de 2000, arts. 30.1, 33.1, 37.1 y 40.1.
38 Cita original «16 […] Corte Constitucional, Sentencia C-497 de 1994; Citado en Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de noviembre de 2014, radicación 110010315000201200900-
00 (2012-00899 Y 2012-00960 acumulados)».
39 Cita original «17 […] Ramírez Ramírez, Jorge Octavio. P. 26».
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01495-01
Solicitante: Carlos Mario Patiño González
en sus elegidos, desterrar prácticas indebidas, depurar conductas indecorosas,
garantizar el interés público y recuperar el prestigio del órgano legislativo .40
89. Sin embargo, no se trata solo del estudio de la adecuación típica de la
conducta, sino también de un juicio de responsabilidad subjetiva que implica que la
sanción únicamente puede derivarse de la verificación de una conducta dolosa o
gravemente culposa41 del congresista que incurra en cualquiera de las causales
previstas en los artículos 183 superior, 109 modificado por el artículo 3.º del Acto
Legislativo 1 de 2009 ibidem, que hace alusión a la violación de los topes máximos
de financiación de las campañas políticas y 110 de la Constitución Política, que
refiere a la prohibición a quienes ejerzan funciones públicas de hacer contribución
alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan.
90. En suma, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades constitutivo de la
pérdida de investidura debe ser analizado con un carácter restringido sin que sea
dable hacer interpretaciones analógicas o extensivas, habida cuenta que se está en
presencia de un régimen sancionatorio de la mayor drasticidad, esto es, definir la
imposibilidad de que un congresista pueda volver a aspirar a ocupar cargos por
elección popular.
2.4 La causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2 del artículo
180 de la Carta, relativa a la prohibición de celebrar contratos con entidades
públicas.
91. La causal que se invoca está descrita en el artículo 183.1 constitucional,
según la cual, los congresistas perderán su investidura cuando vulneren el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de intereses. A su turno, el
numeral 2 del artículo 180 de la Constitución Política prescribe, dentro de las
incompatibilidades de estos servidores, que los congresistas no podrán:
«Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante
las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar
con ellas, por sí o por interpuesta persona contrato alguno. La ley establecerá las
excepciones a esta disposición. (el subrayado fuera de texto)»
92. Esta causal fue reproducida en el artículo 282 numeral 2º de la Ley 5 de 1992,
Ley Orgánica del Congreso de la República, y está dirigida a impedir que el
congresista se valga de la influencia derivada de su investidura, para obtener
beneficios, ventajas o privilegios, a través de la obtención de contratos en favor
propio o de terceros. La condición de parlamentario da a las personas que la
ostentan una excepcional capacidad de influencia sobre quienes manejan dineros
del Estado y, en general, sobre quienes son ordenadores del gasto y deciden los
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de mayo de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2018-03883-01 (PI), MP. William Hernández Gómez.
41 Artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019.
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Pérdida de investidura
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asuntos públicos. Si no se limita o prohíbe este tipo de actos, se posibilita que, a
través de la contratación, se paguen favores, se ejerza el poder público para
favorecer intereses particulares propios o de terceros y se propicien fenómenos de
corrupción que atenten contra la dignidad, el decoro y la transparencia de la función
parlamentaria.
93. A su turno, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de algunos
numerales del artículo 283 de la Ley 5 de 1992, que consagra las excepciones a
este régimen, señaló que las incompatibilidades son de interpretación restrictiva, es
decir, que únicamente se configura si se dan exactamente las situaciones jurídicas
descritas en abstracto por el respectivo precepto, razón por la cual, quedan
excluidas las interpretaciones analógicas y extensivas.42
94. Ahora bien, el supuesto fáctico de la norma en comento consagra varias
hipótesis, a saber: i) gestionar asuntos ante entidades públicas o ante las personas
que administren tributos, en nombre propio o ajeno; ii) ser apoderados ante dichas
entidades; y iii) celebrar con ellas contrato alguno por sí o por interpuesta persona.
En lo que atañe a la celebración de contratos, que es el supuesto al que se refiere
la presente solicitud, la norma contiene unos elementos que la configuran, así:
a) Un sujeto activo, que es el congresista.
b) Una conducta prohibida, que consiste en celebrar contrato alguno con una
entidad pública.
c) Un elemento modal, que consiste en que la celebración del contrato puede ser
por sí mismo o por interpuesta persona.
95. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
desde tiempo atrás, en punto a esta causal, ha precisado que la intervención en la
celebración de contratos se materializa con «la firma directa del contrato escrito en
el que se eleva el acuerdo de voluntades o por interpuesta persona, en este último
evento a través de un tercero que celebra el contrato por encargo o aparentando
actuar en nombre propio y no de quien realmente se beneficia o deriva provecho del
mismo». En otros términos, «tiene lugar a través de gestiones o actuaciones que
indiquen una participación personal y activa, directa o indirecta, en los actos
tendientes a su formación, perfeccionamiento y suscripción y de los que se deduzca
un interés propio o de terceros en su realización».43
96. Así entonces, esta incompatibilidad relacionada con la celebración de
contratos se configura objetivamente cuando el congresista despliega la conducta
42 Corte Constitucional. Sentencia C-497 del 3 de noviembre de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
43 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente: 11001-03-15-000-2007-00581-
00. Providencia del 21 de abril de 2009. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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jurídica descrita en la norma, esto es, «celebra» un contrato con una entidad pública,
bien sea de forma directa o indirecta, en este último caso, como cuando lo hace por
intermedio de otra persona, de forma simulada, subrepticia o fraudulenta.
97. Por su parte, el artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 estableció las excepciones
para la configuración de las incompatibilidades, entre las cuales se destacan las
siguientes:
ARTÍCULO 283. Excepción a las incompatibilidades. Las incompatibilidades
constitucionales no obstan para que los Congresistas puedan directamente o por
medio de apoderado:
(…)
6. Adelantar acciones ante el Gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los
habitantes de sus circunscripciones electorales.
(…)
8. Intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante los organismos del Estado
en la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud,
educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad colombiana.
98. De lo anterior, se desprende que el numeral 6º faculta a los integrantes de
las cámaras para «adelantar acciones ante el Gobierno en orden a satisfacer las
necesidades de los habitantes de sus circunscripciones electorales» y el numeral 8,
los autoriza para «intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante los
organismos del Estado, en la obtención de cualquier tipo de servicio y ayudas en
materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para el beneficio de la
comunidad colombiana».
99. El alcance de estas dos excepciones se refiere a la vocería natural que tienen
los congresistas, como intérpretes de las necesidades colectivas de las
comunidades que representan, para gestionar, promover, adelantar, acompañar y
defender las acciones tendientes a que las obras públicas, los proyectos de
inversión, los programas sociales, los servicios básicos, que debe acometer un
gobierno, mejoren las condiciones materiales de los habitantes de sus regiones, en
orden a promover el desarrollo, el progreso y la equidad social. Es justamente la
labor que por antonomasia desarrolla un congresista.
100. Estos dos preceptos están íntimamente relacionados con el numeral 2º del
artículo 180 de la Constitución, respecto de la prohibición a los miembros del
Congreso de «gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades
públicas», y no tanto frente a la causal relativa a la celebración de contratos, objeto
de estudio en este proveído, pues es claro que adelantar acciones ante el Gobierno
o promover asuntos para buscar la satisfacción de las necesidades de los habitantes
de los territorios a los cuales debe su representación, implica que el congresista
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está «gestionando» algo a nombre de otros, ante una entidad pública, pero no con
el signo de reproche o censura al cual se refiere la prohibición constitucional.
101. Pero, como lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-497 de 1994,
estas excepciones se justifican porque «no consisten en la posibilidad de
intermediar para servir intereses particulares, evento en el cual ellas harían perder
todo vigor a la disposición constitucional, hasta el extremo de dejarla sin sentido,
sino que están orientadas a fines de interés general, que los pobladores de la
respectiva circunscripción electoral canalizan a través de quien, en el plano
nacional, actúa como su representante».
102. De lo anterior se deriva que, en todo caso, cuando la actuación del
congresista está dirigida exclusivamente al cumplimiento de los fines del Estado y
a la satisfacción del interés general, desaparece el desvalor ético y jurídico que
justifica la imposición de esta severa sanción. En cambio, el reproche constitucional
surge cuando la investidura es utilizada como un mecanismo para privilegiar
intereses privados, sacrificando el deber de representación y el principio de
prevalencia del interés general que orientan el ejercicio de la función congresual.
103. Así entonces, la pérdida de investidura no pretende sancionar cualquier
intervención contractual de un congresista, sino únicamente aquella que evidencie
una desviación del ejercicio de la función pública, al poner su investidura
parlamentaria al servicio de intereses particulares y no del interés general que
justifica el mandato representativo.
2.5 La naturaleza jurídica de la donación
104. La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona transfiere de
forma gratuita e irrevocable una parte de sus bienes a otra, quien debe aceptarlos.
En el ámbito civil, la doctrina44 suele coincidir en que la donación presenta una doble
naturaleza o una naturaleza híbrida o mixta, es decir, desde el punto de vista
estructural, es un contrato ya que requiere la aceptación del donatario, por lo que
es necesario el concurso de dos voluntades, pero al mismo tiempo, actúa como un
modo de transmisión directa del dominio.
105. El Código Civil Colombiano, en el artículo 1443, define este instituto jurídico
en los siguientes términos:
La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta.
106. Aunque la disposición califica la donación como un «acto», debe señalarse
que en realidad no solo es un acto jurídico sino un verdadero «contrato», porque
44 VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. París: Imprenta París – América.
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para su perfeccionamiento se requiere necesariamente el concurso de dos
voluntades, a saber: i) la voluntad dispositiva de la persona que pretende entregar
parte de su patrimonio y ii) la aceptación de quién recibirá el beneficio económico.
107. En punto a la expresión utilizada por el Código Civil, el tratadista Fernando
Vélez45 refiere a los antecedentes históricos sobre dicha disposición:46
La palabra acto se tomó del artículo 894 del Código francés, artículo que en el
proyecto primitivo de esta obra tenía en vez de aquella palabra, la de contrato.
Cuando se examinaba el proyecto en el Consejo de Estado, el Primer Cónsul -
Napoleón- criticó la expresión de contrato observando que éste impone obligaciones
mutuas a los contratantes, y que el donatario no las tiene. Esto estará bien para que
la donación sea contrato unilateral (art. 1496), pero no para negarle su carácter de
tal.
108. La explicación histórica resulta especialmente relevante, pues demuestra que
la utilización del término «acto» no obedeció a la intención de excluir la naturaleza
contractual de la donación, sino únicamente a la consideración de que el donatario,
por regla general, no asume obligaciones recíprocas frente al donante 47. En
consecuencia, la modificación terminológica introducida en el Código Francés, que
fue acogida en similares términos en nuestra codificación, no desvirtúa la naturaleza
contractual de la donación.
109. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia48 también ha precisado que la
donación es un contrato, en tanto se trata «de un negocio jurídico bilateral, que exige
el concurso de voluntades de donante y donatario. Puede ser consensual, es la
regla general, o solemne, v.gr., si se trata de donaciones de inmuebles49, o aquellas
que tienen causa onerosa50.»
110. De lo anterior se extrae claramente que el elemento determinante de la
donación no radica en la existencia de obligaciones recíprocas, sino en la
concurrencia de las voluntades del donante y del donatario para producir efectos
jurídicos. Precisamente por ello, la aceptación del beneficiario constituye un
requisito indispensable para el perfeccionamiento del negocio jurídico. Así
45 VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. París: Imprenta París – América.
46 Ibíd, p. 356.
47 El Código Civil establece la posibilidad de que el donatario, excepcionalmente asuma obligaciones o
gravámenes. Dice el artículo 1477 que «En la donación a título singular puede imponerse al donatario gravamen
de pagar las deudas del donante, con tal que se exprese una suma determinada hasta la cual se extienda este
gravamen»
48 Corte Suprema de Justicia. SC3725-2021. Radicación: 76001-31-03-004-2012-00180-01. Sentencia del 8 de
septiembre de 2021. M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
49 Artículo 1457, Código Civil: «No valdrá la donación entre vivos, de cualquiera especie de bienes raíces, si no
es otorgada por escritura pública, inscrita en el competente registro de instrumentos públicos. Tampoco valdrá
sin este requisito la remisión de una deuda de la misma especie de bienes».
50 Artículo 1461, Código Civil: «Las donaciones con causa onerosa, como para que una persona abrace una
carrera o estado, o a título de dote, o por razón de matrimonio, se otorgarán por escritura pública, expresando
la causa; y no siendo así, se considerarán como donaciones gratuitas. Las donaciones con causa onerosa, de
que se habla en el inciso precedente, están sujetas a insinuación en los términos de los artículos 1458, 1459 y
1460».
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entonces, aunque en su perfeccionamiento concurren dos voluntades, únicamente
una de las partes asume obligaciones patrimoniales, circunstancia que explica por
qué algún sector de la doctrina la clasifique como un contrato unilateral y a título
gratuito, pues la prestación asumida por el donante no encuentra una
contraprestación equivalente a cargo del donatario51.
111. Ahora bien, en punto a un aspecto que tradicionalmente ha suscitado
discusión, relacionado con la ubicación de esta figura en el Código Civil, pues su
regulación se encuentra contenida en el Título XIII del Libro III, denominado «De la
sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos», y no en el Libro IV,
relativo al tema «De las obligaciones en general y de los contratos», debe señalarse
que dicha circunstancia responde a un criterio de sistematización legislativa y
también a razones históricas derivadas de la estructura del Código Civil francés, y
nada tiene que ver con la virtualidad de modificar la naturaleza jurídica de la
institución o a la intención de conferirle una naturaleza distinta.
112. Sobre este particular, el profesor Arturo Valencia Zea, explica:52
Las donaciones entre vivos debieran estudiarse al lado de los otros contratos entre
vivos, como la compraventa, la permuta, el arrendamiento. Pero nuestro código
siguiendo el plan del código de Napoleón las estudia al lado de las sucesiones por
causa de muerte. Si desde algunos puntos de vista es inconveniente este plan,
desde otros es favorable, pues nada más natural que estudiar en un solo libro todas
las transmisiones patrimoniales a título gratuito…
113. La anterior consideración evidencia que la ubicación sistemática de la
donación no responde a una diferencia conceptual respecto de los demás contratos,
sino a la conveniencia de agrupar en un mismo título las transmisiones patrimoniales
realizadas a título gratuito. En consecuencia, la clasificación legislativa que sugirió
ubicar este instituto jurídico en un lugar distinto al relativo a «Las obligaciones en
general y de los contratos» no altera los elementos esenciales que identifican a la
donación como una relación jurídica de naturaleza contractual.
114. Esta misma línea interpretativa ha sido acogida por la jurisprudencia del
Consejo de Estado. En efecto, la Sección Tercera de esa Corporación precisó53:
Al momento de su conceptualización la donación corrió igual fortuna, pues el artículo
1443 del Código Civil la define como el acto por el cual una persona transfiere,
gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra que la acepta54, lo que
resulta de suyo impreciso, en tanto se está ante un verdadero contrato y no un mero
51 GUILLIEN, Raymond. Diccionario Jurídico. Bogotá: Temis, 2001. p.157.
52 VALENCIA, Arturo. Curso de Derecho Civil Colombiano. Tomo IX Sucesiones y Donaciones. Bogotá: Editorial
A B C, 1949. p. 381.
53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Providencia del
10 de febrero de 2016. Expediente: 15001-23-31-000-2003-00628-01 (39538) M.P. Hernán Andrade Rincón.
54 Código Civil, artículo 1443.
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acto55, pues a él no solo concurre la voluntad dispositiva de aquel que pretende
desprenderse de parte de su patrimonio, sino que requiere, para su
perfeccionamiento, la aceptación de quien recibirá el beneficio económico: donante
y donatario han de participar en la formación del acto mediante el concurso de sus
voluntades en torno de la prestación que constituye el objeto de la relación negocial.
El contrato de donación, en últimas, constituirá el título traslaticio del dominio, tal
como lo previene el artículo 745 del Código Civil56.
115. Respecto de las características del contrato de donación, en esa misma
providencia, la Sección Tercera de esta corporación ha explicado de forma sucinta
sus rasgos distintivos, así:
En términos generales, la donación ha de entenderse, por regla general, como un
contrato unilateral, gratuito, irrevocable, de naturaleza recepticia, en el que participa
el donante como único obligado en la relación y quien se desprende de parte de su
patrimonio, por una parte, y, por la otra, el donatario quien, por lo general, no asume
ningún tipo de obligación y percibe un incremento patrimonial correspondiente a la
prestación a la que el donante se ha obligado.
Es unilateral, por regla general, en tanto solo el donante se obliga para con el
donatario, que no contrae obligación alguna57; no obstante, excepcionalmente, el
donatario puede quedar obligado cuandoquiera que la liberalidad va acompañada
por cargas o gravámenes58. Su gratuidad está determinada porque su efecto
práctico se encamina a la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el
gravamen59. El contrato de donación, además, es irrevocable en tanto ello deriva de
su naturaleza contractual y se opone a la revocabilidad propia de las asignaciones
testamentarias. El carácter recepticio anotado deviene, también, de su naturaleza
contractual, pues el perfeccionamiento del contrato surge a partir de la confluencia
de la voluntad de donante y donatario.
116. En suma, la donación constituye un verdadero contrato, en la medida en que
su perfeccionamiento exige el acuerdo de voluntades entre quien dispone
gratuitamente de una parte de su patrimonio y quien acepta dicho beneficio. La
aceptación del donatario, lejos de constituir un elemento accesorio, es un
presupuesto indispensable para el nacimiento del vínculo jurídico, circunstancia
incompatible con la noción de acto jurídico unilateral.
55 Tal confusión proviene de la regulación propia del Código Civil Francés que, en su artículo 894 utiliza el
concepto “acte”: “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte”. (Destaca la Sala)
56 Código Civil, artículo 745: “Titulo traslaticio de dominio. Para que valga la tradición se requiere un título
traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc.
“Se requiere, además, que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Así el título de
donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges”.
57 Código Civil, artículo 1496: “El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no
contrae obligación alguna…”.
58 “La carga es una obligación impuesta por el disponente al favorecido por una liberalidad –el gravado- que, de
resultas de su aceptación, se encuentra sujeto a cumplir aquélla”. Mazeaud, Henri, León y Jean, “Lecciones de
Derecho Civil” Ob. cit., Pp. 353
59 Artículo 1497, ejusdem.
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2.6. El perfeccionamiento del contrato estatal
117. En el ámbito de la contratación pública, el ordenamiento jurídico colombiano
adoptó un criterio orgánico para determinar cuándo un contrato tiene la calidad de
estatal. Conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 199360, un contrato es estatal
cuando al menos una de sus partes es una entidad estatal, al margen del régimen
jurídico aplicable, con lo cual se superó aquella vieja clasificación que traía el
Decreto 222 de 1983, según la cual, los contratos del Estado se clasificaban en
contratos administrativos y contratos privados de la administración61.
118. A diferencia de lo dispuesto en el Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de
1993, en el artículo 41, reguló el perfeccionamiento del contrato estatal de una forma
coherente con la significación gramatical y jurídica de este concepto, en atención a
los altos intereses que presiden la actividad contractual estatal, al disponer en su
primer inciso que: «Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito».
119. Por su parte, el inciso segundo reguló en forma independiente las
condiciones para su ejecución, así: «Para la ejecución se requerirá de la aprobación
de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias
fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Presupuesto.
El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentra al día en el pago
de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social, así como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda».
120. De conformidad con lo dispuesto en la precitada norma, la existencia y
perfeccionamiento del contrato estatal se produce cuando concurren los elementos
sustanciales del correspondiente negocio jurídico, esto es, cuando se logra el
«acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito». En tal
sentido, la forma del contrato estatal, es decir, el modo concreto como se
documenta, materializa o instrumenta el vínculo contractual, no es una simple
formalidad sino un elemento ad substantiam actus, que marca la existencia jurídica
del contrato estatal.62
60 Ley 80 de 1993. Artículo 32. «De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así
como los que, a título enunciativo, se definen a continuación…»
61 El artículo 16 del Decreto 222 de 1983 señalaba esta clasificación enumerando, de forma taxativa, los
contratos administrativos, como el contrato de obra pública, prestación de servicios, suministro, empréstito,
concesión de servicios públicos, entre otros. Al mismo tiempo señalaba como contratos privados de la
administración, todos los demás, a menos que ley dispusiera algo en sentido contrario, de lo cual se derivaba
el sometimiento de sus efectos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos.
62 Artículo 1501 del Código Civil. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Se
distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente
accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o
degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él,
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121. La doctrina ha destacado el carácter solemne del contrato estatal para
oponerlo al carácter consensual. En palabras de Rodrigo Escobar Gil, «el contrato
estatal es esencialmente formalista, a diferencia del derecho privado donde impera
la libertad de forma conforme al principio solus consensus obligat, en virtud del cual,
con la mera aceptación de la oferta nace el contrato a la vida jurídica»63. Igualmente,
Luis Guillermo Dávila Vinueza afirma que «el contrato estatal es solemne en cuanto
la manifestación de voluntad es ineficaz si no se expresa bajo la forma ad
solemnitatem o ad substantiam actus. Se trata, entonces, de un requisito de la
existencia del contrato cuya omisión impide el nacimiento de cualquier efecto
contractual (art. 1500 C.C.)»64
122. En el mismo sentido, se ha venido pronunciando esta Corporación. Así, por
ejemplo, la Sección Tercera, mediante sentencia del 6 de julio de 2022, indicó65:
Con meridiana claridad se extrae del anterior precepto, que (i) el contrato es perfecto
cuando en él convergen los elementos esenciales que determinan su existencia; (ii)
los requisitos allí advertidos definen que un contrato se ha perfeccionado siempre
que exista acuerdo de voluntades, al menos, sobre el objeto del negocio y su
contraprestación, y que se eleve a escrito; (iii) entonces, desde el momento en que
las partes firman el contrato, éste se reputa existente; (iv) luego de lo anterior, dicho
negocio será ejecutable cuando se cumpla con la aprobación de la garantía y la
realización del registro presupuestal.
123. Recientemente, respecto de la solemnidad del contrato estatal, la Sección
Tercera mediante sentencia del 31 de julio de 2025, reiteró esta tesis así66:
A propósito de la mencionada regla contenida en la Ley 80 de 1993, esta corporación
ha enfatizado que dicha solemnidad constituye un requisito de existencia del
contrato estatal, comoquiera que, de no elevarse por escrito, dicho instrumento no
puede entenderse como nacido a la vida jurídica (salvo en aquellas situaciones de
urgencia manifiesta reguladas por el artículo 42 ejusdem). Ante la ausencia del
escrito, el contrato ha de reputarse como inexistente y carente de la potestad para
fungir como fuente de derechos y obligaciones (contrario a la lógica aplicable en
materia privada, en la que la consensualidad es la regla).
124. Lo anterior, nos lleva a concluir que el contrato estatal es un contrato
solemne, de tal manera que, si el contrato no consta por escrito, no existe
jurídicamente, salvo las precisas excepciones autorizadas por el propio legislador.
En consecuencia, el perfeccionamiento se materializa con la firma del documento
se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas
que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.
63 ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría General de los contratos de la administración pública. Pág. 219.
64 DÁVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal, aproximación crítica a la ley
80 de 1993. Bogotá: Legis 2001, Pág. 376.
65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Providencia del
6 de julio de 2022. Expediente: 47001233100020110003701.
66 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de unificación
2025CE-SUJ-3-001 del 31 de julio de 2025. Expediente: 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464)
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Pérdida de investidura
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por las partes contratantes, de forma manual, electrónica o digital, como suele
hacerse actualmente a través de la plataforma de contratación pública, SECOP, con
la incorporación de las herramientas tecnológicas en los procesos de contratación
pública.
125. El estatuto contractual trae dos figuras que constituyen una excepción a la
exigencia del contrato escrito, es el caso de la urgencia manifiesta67 (art. 42) y la
contratación de mínima cuantía, (art 94 de la Ley 1474 de 2011), no porque se
excluya este deber, sino porque en el primer caso, se difiere en el tiempo, y en el
segundo, la comunicación de la entidad, junto con la oferta constituyen para todos
los efectos el contrato celebrado.
126. A este respecto, esta Corporación indicó68:
31. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que existe un supuesto en el que
expresamente se permite entender que la oferta más su aceptación constituyen el
contrato escrito: la mínima cuantía. El artículo 2.5.d de la Ley 1150 de 2007
prescribe: “d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para
todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el
respectivo registro presupuestal”. Sin embargo, constituye esta una regla de
excepción en el régimen contractual público y no la regla general. Por lo mismo, no
puede hacerse de ella una interpretación extensiva o analógica, pues ello sería
contrario a, y en desmedro de, la regla general establecida en los artículos 39 y 41
de la Ley 80 de 1993.
127. No sobra precisar que la exigencia del contrato escrito es una solemnidad ad
sustanciam actus, de los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, pues como bien
se sabe, existen contratos estatales exceptuados y contratos estatales especiales,
que no se someten al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, vr. gracia, los contratos celebrados por i) las universidades públicas (art. 93
ley 30 de 1992), ii) las Empresas Sociales del Estado (art. 195 de la Ley 100 de
1993), iii) las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (art. 31 ley 142 de 1993),
iv) el Banco de la República (art. 3 de la Ley 31 de 1991), v) las entidades
exceptuadas del sector defensa como Satena, Indumil, Hotel Tequendama, entre
otros, que por estar regidos por las normas del derecho privado, sus propios
67 ARTÍCULO 41. En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que
no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la
remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal
contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación
económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo,
la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga
el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes.
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el
siguiente:> El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para
la realización de cada pago derivado del contrato estatal. El servidor público que sin justa causa no verifique el
pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
.
68 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Providencia del
11 de septiembre de 2024. Expediente: 76001-23-33-000-2017-01359-01. M.P. Alberto Montaña Plata.
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manuales de contratación o por normas legales especiales, sus contratos pueden
tener un carácter consensual, según el tipo de contrato y su régimen aplicable.
2.6 El caso concreto
128. A juicio del recurrente, los congresistas Paloma Susana Valencia Laserna,
Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín
Moreno, María Fernanda Cabal Molina, Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán
Darío Cadavid Márquez, Jhon Jairo Berrío López y Julián Peinado Ramírez,
celebraron un contrato de donación con el departamento de Antioquia, habida
cuenta que aportaron dinero y bienes en especie para contribuir a la terminación de
las vías 4G de ese departamento.
129. Afirma el apelante que, en el presente caso, está acreditada la entrega
voluntaria de los recursos, con base en la certificación expedida por la Secretaría
de Hacienda del departamento, que da cuenta de la consignación del dinero a la
cuenta bancaria que fue dispuesta para este efecto y la expedición del Decreto
2024070001536 del 22 de marzo de 2024, proferido por el gobernador, en el que se
calificó tales aportes como donaciones y se aceptaron dichos recursos. En este
orden, afirma que se perfeccionó el referido contrato y, por ende, se configuró la
incompatibilidad prevista en el numeral 2 del artículo 180 de la Constitución Política.
130. Conforme a lo anterior, en su recurso señala que la sentencia de primera
instancia incurrió en una contradicción lógica-formal al sostener, de un lado, que los
congresistas efectuaron una donación y, de otro, que no existió dicho contrato por
cuanto su voluntad estuvo dirigida a realizar una «contribución» para la financiación
de obras públicas y no a celebrar un negocio jurídico de esta naturaleza.
131. Para resolver este reparo debe indicarse, como quedó explicado
precedentemente, que para que nazca a la vida jurídica un contrato estatal, es
necesario que haya un acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación
y este se eleve a escrito, según lo dispone el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Por
su parte, el artículo 13 del Estatuto General de Contratación dispone, en punto a la
normatividad aplicable a los contratos estatales, lo siguiente:
Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los
contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente
estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en
las materias particularmente reguladas en esta ley.
132. Tratándose del contrato de donación, el artículo 1443 del Código Civil lo
define como «un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que los acepta.». Bajo
esta premisa, resulta jurídicamente viable afirmar que la donación puede revestir la
naturaleza de un contrato estatal cuando una de las partes es una entidad estatal,
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con lo cual, no se modifica la esencia contractual de la donación, ni sus elementos
estructurales, en tanto contrato eminentemente gratuito, unilateral, irrevocable y
recepticio.
133. Ahora bien, la categoría «entidad estatal» tiene una precisa definición en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, expresión que tenía
una sinonimia en el Decreto 222 de 1983, con el vocablo «entidad pública».
Actualmente, el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, distingue dos grupos de
organismos, de lo que se deduce que, a la luz de este estatuto, no coincide el
atributo de la personalidad jurídica con la capacidad para contratar.
134. De un lado, precisa que son entidades estatales aquellas entidades con
personería jurídica propia que, por gozar del atributo de la personalidad jurídica,
tienen capacidad para contratar, las cuales están enunciadas en el artículo 2º
numeral 1º literal a) entre las cuales está la Nación, los departamentos, los distritos,
los municipios, los establecimientos públicos, entre otros. De otro lado, describe
también como entidades estatales aquellos organismos o instituciones, que sin
tener personería jurídica propia, esta ley les confirió capacidad jurídica para
contratar, descritas en el literal b) numeral 1º del mismo artículo, como el Senado
de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, las contralorías
territoriales, entre otros y, en general, los organismos o dependencias del Estado a
los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
135. Además, de acuerdo con el artículo 352 superior, este último apartado debe
armonizarse con el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo
124 de la Ley 1957 de 2019, para entender que también tienen capacidad para
contratar aquellos órganos que componen una sección en el presupuesto General
de la Nación69.
136. En este orden, dado que el contrato de donación que el apelante afirma
haberse celebrado sería de aquellos sometidos al régimen de la Ley 80 de 1993,
por virtud del artículo 2º, numeral 1, literal a), por cuanto uno de los extremos sería
el departamento de Antioquia, su existencia y perfeccionamiento debe examinarse
a la luz de lo dispuesto en dicho estatuto.
69 En lo pertinente, la norma prescribe que “Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la
Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan
parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que
constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán
en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, o quien haga sus
veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes. […] En los mismos términos y condiciones
tendrán estas capacidades las Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales, las Entidades
Territoriales, Asambleas y Concejos, las Contralorías y Personerías Territoriales y todos los demás órganos
estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica. En todo caso, el Presidente de la República podrá
celebrar contratos a nombre de la Nación
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137. En punto a su perfeccionamiento la ley exige la formalidad escrita según los
artículos 39 y 41 del estatuto contractual.70 En el presente caso, se advierte que no
se celebró ningún contrato estatal entre el departamento de Antioquia y los
congresistas censurados, pues no hay prueba de que el acuerdo de voluntades
haya sido elevado a escrito, en tanto fue voluntad del legislador revestir de
solemnidad el contrato estatal.
138. Por esta razón, la sola circunstancia de que el Decreto 2024070001536 del
22 de marzo de 2024, expedido por el gobernador de Antioquia, hubiere calificado
los mencionados aportes como «donaciones» no implica, por sí mismo, que se haya
celebrado un contrato de donación. Es necesario que el acuerdo de voluntades haya
adoptado la forma escrita necesaria para su perfeccionamiento, de conformidad con
el artículo 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 ya referidos, lo cual no ocurrió en el presente
caso.
139. De ser así, como lo entiende el apelante, se le restaría toda eficacia a las
normas jurídicas que disciplinan la contratación estatal, caracterizada por ser
normas de orden público y destinada a garantizar los principios de legalidad,
transparencia y eficacia de la actividad administrativa del Estado. De manera que,
cuando el legislador señaló en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 que los contratos
que celebren las entidades estatales deben «constar por escrito», y el artículo 41,
que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y «este se eleve a escrito», lo hizo para garantizar la
seguridad jurídica, la trascendencia de estos vínculos negociales y prever sus
consecuencias e implicaciones, excluyendo expresamente, la libertad en la forma,
principio de ordinario reconocido en materia de disposición de intereses privados.
140. Ahora bien, tratándose de una donación, en términos del artículo 1443 del
Código Civil, la entidad estatal debe formular su aceptación, con el previo estudio
que requiere una decisión de esta naturaleza, no solo porque cualquier
manifestación de voluntad de las entidades estatales debe estar suficientemente
motivada, sino porque el deber de diligencia y cuidado, que demanda la recepción
de recursos o bienes provenientes de un particular, en calidad de donación, merece
constatar su origen, calificar la necesidad del ofrecimiento, verificar su monto,
establecer la identidad del particular donante e incluso verificar los efectos que se
pueden derivar de dicha decisión.
141. Asimismo, la mención que se hace en el referido decreto del gobierno
departamental de que los aportes voluntarios que se llegasen a recibir por parte de
los ciudadanos, a título de donación, «se entiende aceptada de manera general en
70ARTÍCULO 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales
constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen
mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general,
aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
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virtud del presente acto administrativo», tampoco resulta válida, pues es necesario
una manifestación expresa, particular y concreta del donatario respecto de las
consignaciones efectuadas por cada uno de los ciudadanos, pues, no puede
olvidarse que los contratos estatales son intuito personae, (art 41 Ley 80 de 1993),
característica que no es ajena a la donación celebrada por una entidad estatal, por
lo que no puede admitirse una aceptación in genere, como aconteció en el presente
caso.
142. Así las cosas, al no haber una aceptación concreta y específica por parte de
la entidad pública donataria, estima la Sala que tampoco se celebró contrato de
donación, en los términos del Código Civil, artículo 1443, que prescribe que la
donación es «un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente,
una parte de sus bienes a otra persona que los acepta.». Corolario de lo anterior, la
devolución de los recursos hecha por la Secretaría de Hacienda del departamento,
a los congresistas Paloma Susana Valencia, María Fernanda Cabal y Hernán Darío
Cadavid, era perfectamente viable, pues el carácter irrevocable de la donación se
predica cuando el contrato de donación se ha perfeccionado. Lo mismo ocurre frente
a quienes efectuaron sus aportes y nunca solicitaron su reembolso, frente a los
cuales, simplemente, no se produjo ninguna aceptación, por las razones
anteriormente expuestas.
143. Por lo tanto, no es posible entender, como insiste el recurrente, que se
celebró un contrato de donación por el solo hecho de haberse efectuado una
consignación a nombre del departamento, haber sido calificada por parte de la
entidad receptora esta operación como una «donación», o haber expresado en el
Decreto 2024070001536 del 22 de marzo de 2024, que dicha donación se entendía
aceptada de manera general, pues, tratándose de un contrato celebrado con una
entidad estatal, regido por la Ley 80 de 1993, su existencia debe analizarse
conforme a las reglas que disciplinan su perfeccionamiento que, como quedó
ampliamente explicado, exige no solo la concurrencia del acuerdo de voluntades en
cuanto al objeto y la contraprestación, sino también que este se eleve a escrito. En
este caso no hay prueba de ello.
144. Ahora bien, tampoco les asiste razón a los congresistas implicados, cuando
afirman que para que el contrato de donación se hubiere perfeccionado, era
necesario que los dineros hubiesen ingresado oficialmente al presupuesto
departamental, mediante un decreto u ordenanza, como recursos de capital, según
lo dispone el artículo 31 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del
Presupuesto. Esta operación administrativa, si bien es una exigencia legal, no lo es
para el perfeccionamiento del contrato estatal, sino para su debida ejecución. En
otros términos, es una operación posterior a su perfeccionamiento, destinada para
hacer operativa una voluntad ya concebida y exteriorizada a través del instrumento
negocial elevado a escrito.
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145. Por lo tanto, se concluye que el hecho de que los congresistas hubieran
manifestado públicamente su intención de contribuir con la financiación de las obras
viales o que incluso hubieren efectuado el correspondiente desembolso no permite
inferir, sin más, la existencia de un contrato estatal. La exteriorización de esa
voluntad de colaboración con un proyecto de interés público constituye un hecho
distinto, es una expresión ciudadana inscrita en el ámbito de la solidaridad social
que nuestra Carta consagra y promueve, por lo que no puede ser objeto de censura
o reproche.
146. A este respecto, el preámbulo de la Constitución Política de 1991 señala,
dentro de las grandes aspiraciones que soportan los valores que el constituyente
fijó, el de promover la convivencia social dentro de un marco jurídico que garantice
un «orden político, económico y social justo». A su turno, el artículo 1º establece
que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana, el
trabajo y «en la solidaridad de las personas que la integran», lo cual denota la
importancia de una concepción más amplia de los deberes ciudadanos en un marco
de democracia y participación ciudadana, lo cual va en armonía con el artículo 95
de la Carta que señala dentro de los deberes ciudadanos el «participar en la vida
política, cívica y comunitaria del país». Asimismo, el artículo 2º superior prescribe,
como un fin esencial del Estado, «facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afecten en la vida económica, política y administrativa de la nación»,
promoviendo, de esta manera, una relación más activa y menos distante de los
ciudadanos frente al destino colectivo.
147. Esta teleología fue señalada en uno de los fundamentos del Decreto
2024070001536 del 22 de marzo de 2024, mediante el cual se reguló el
procedimiento para la recepción de estos aportes, donde claramente se reflejan los
fines que lo inspiró:
(…) Que el mayor esfuerzo financiero para apalancar los proyectos estratégicos del
Departamento puede provenir de un aporte voluntario de la ciudadanía, que refleje
su disposición a participar en el logro de objetivos colectivos con los que se siente
identificada y que esté acorde con su capacidad económica.
(…) Que el mecanismo de aporte voluntario se desarrolla con el fin de avanzar hacia
un esquema de contribución económica basado en la confianza del adecuado uso
de los ingresos; a la vez apunta a promover la solidaridad de la ciudadanía.
148. Tampoco el desembolso de estos apoyos económicos brindados por los
congresistas puede ser calificado como una «contribución», entendida en términos
tributarios o de derecho impositivo, pues es claro que no estamos frente a un tributo
creado por el órgano de representación popular, requisito que responde al aforismo
«nullum tributum sine lege» según el cual, todo tributo debe ser creado por el
legislador o autorizado por este, cuando se adopta por las entidades territoriales. La
contribución es un tipo de tributo obligatorio que pagan las personas o empresas
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cuya principal característica es que se origina porque el contribuyente recibe un
beneficio directo o un aumento de valor en su patrimonio, gracias a la ejecución de
una obra o servicio público y, en el presente caso, la contribución, técnicamente, no
ha sido creada71.
149. Ahora bien, en punto al segundo cargo propuesto por el apelante, que hace
alusión al elemento subjetivo de la conducta, el cual hace consistir en que la
verdadera intención de los congresistas enjuiciados era derivar beneficios
estrictamente partidistas y electorales, surgidos de los enfrentamientos entre el
gobernador de Antioquia y el presidente de la República, para concluir que hubo
dolo en la comisión de la conducta, la Sala se releva de su estudio, habida cuenta
que no habiéndose probado la configuración del elemento objetivo de la
incompatibilidad propuesta, resulta inane el estudio del elemento subjetivo.
150. Así las cosas, al no haber prueba de la existencia de un contrato celebrado
entre los demandados y el departamento de Antioquia no se configuró la conducta
prohibida constitutiva de la incompatibilidad prevista en el artículo 180.2 de la
Constitución Política, ni la concurrencia de todos los elementos descritos en la
norma, presupuestos objetivos que estructuran la incompatibilidad, como lo son i)
una conducta prohibida (celebrar contrato con entidades públicas; ii) un elemento
modal (celebrar contrato por sí o por interpuesta persona) y iii) un beneficio o
provecho personal o particular, derivado de su investidura de congresista, por lo que
la conducta bajo estudio resulta ser atípica.
151. Por lo tanto, al no prosperar ninguno de los argumentos del recurso de
apelación, se impone confirmar la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por
la Sala Segunda Especial de Decisión del Consejo de Estado, que denegó la
solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Carlos Mario Patiño
González en contra de los senadores Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban
Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno,
María Fernanda Cabal Molina y de los representantes a la Cámara Juan Fernando
Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, Jhon Jairo Berrío López y Julián
Peinado Ramírez, elegidos para el periodo constitucional 2022-2026, por los
motivos expuestos en esta providencia.
152. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de noviembre
de 2023. Expediente: 11001-03-27-000-2022-00053-00.
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III. FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 26 de junio de 2024 por la Sala
Segunda Especial de Decisión de Pérdida de Investidura que negó la pérdida de
investidura de los senadores Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero
Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno, María
Fernanda Cabal Molina y de los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal
Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, Jhon Jairo Berrío López, Julián Peinado
Ramírez, elegidos para el periodo constitucional 2022-2026, según las razones
explicadas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: Remitir copia de la presente providencia a los presidentes del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes para su conocimiento. Por
secretaría de la corporación procédase, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha72.
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Ausente con excusa
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Magistrada Magistrado
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada Magistrada
Aclara voto Aclara voto
72 No participan de la decisión el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez a quien se le declaró fundado el
impedimento para conocer y los magistrados Elizabeth Becerra Cornejo, Juan Enrique Bedoya Escobar, Diego
Enrique Franco Victoria, Claudia Rodríguez Velásquez y Pablo Andrés Córdoba Acosta quienes hacen o
hicieron parte de la Sala Segunda Especial de Decisión que profirió la decisión apelada.
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FREDY IBARRA MARTÍNEZ CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado Magistrado
Ausente con permiso
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrado Magistrado
GERMÁN EDUARDO OSORIO FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
CIFUENTES Magistrado
Magistrado Aclara voto
Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada Magistrada
JORGE EDISON PORTOCARRERO WILSÓN RAMOS GIRÓN
BANGUERA Magistrado
Magistrado
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Aclara voto
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