Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00046-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00046-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2017-00046-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 68001233300020170004601 (69458)
DEMANDANTE: MARVAL S.A. Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y OTRO
Tema: Ocupación de predio con la construcción de la vía Transversal
del Bosque y obras complementarias del municipio de
Floridablanca – no proceden las pretensiones de actio in rem
verso – aplicación del principio iura novit curia – procedencia
de la reparación directa por ocupación permanente de
inmueble por obra pública. Condena en costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 2 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 28 de noviembre de 2011 la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga
suscribió un contrato de transacción con Rodolfo Castillo García, Distribuidora
Rayco SAS y Marval S.A. con el fin de comprarles a ellos una franja del predio
identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda Río
Frío del municipio de Floridablanca, para la construcción de la vía Transversal del
Bosque y obras complementarias. Posteriormente, la obra se construyó sobre la
franja de terreno de propiedad de los demandantes; no obstante, a la fecha, estos
no han obtenido el pago respectivo por la ocupación de dicha área.
La parte demandante considera que el Área Metropolitana de Bucaramanga y el
municipio de Floridablanca son administrativamente responsables por los daños y
perjuicios causados, toda vez que, con la construcción de la vía Transversal del
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Demandante: Marval S.A. y otros
Bosque y obras complementarias, se ocupó la franja de terreno del predio de su
propiedad, sin que los actores recibieran contraprestación alguna.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 16 de enero de 20171, Rodolfo Castillo García, Distribuidora Rayco SAS y
Marval S.A. mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentaron demanda en contra del Área Metropolitana de
Bucaramanga -en adelante AMB- y el municipio de Floridablanca para que fueran
declarados patrimonialmente responsables por el enriquecimiento sin justa causa
derivado de la ocupación del lote denominado “franja vía” con matrícula
inmobiliaria No. 300-389272, segregado del predio identificado con matrícula
inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de
Floridablanca, sin que estos hayan percibido remuneración alguna por ello.
Como pretensiones de su demanda, la parte actora solicita condenar a las
entidades accionadas a pagar, por daño emergente, la suma proporcional al
derecho de dominio de cada una sobre el lote denominado “franja vía” con
matrícula inmobiliaria No. 300-389272, segregado del predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda Río Frío del municipio
de Floridablanca cuyo valor total es de $2.192’797.600, más la suma de
$96’625.816 por concepto del rendimiento de capital y de intereses de mora
pagados por concepto de contribución de valorización.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante los
Acuerdos Metropolitanos Nos. 006 del 13 de julio de 2006, 012 del 31 de agosto de
2009 y 017 del 21 de diciembre de 2009, la Junta Metropolitana de Bucaramanga
declaró de utilidad pública e interés social los inmuebles requeridos para la
ejecución de la construcción de la vía Transversal del Bosque y obras
complementarias en jurisdicción del municipio de Floridablanca, para ello, autorizó
1 Expediente digital, índice 1 y archivo 003 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
la expropiación por vía administrativa de algunos inmuebles, entre ellos, una franja
de terreno del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858,
ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, de propiedad de los
demandantes.
Señala que, el 28 de noviembre de 2011, la directora del AMB suscribió un contrato
de transacción con Rodolfo Castillo García, Distribuidora Rayco SAS y Marval S.A.
con el fin de comprarles a ellos la franja de terreno del predio con matrícula
inmobiliaria No. 300188858.
Manifiesta que, mediante oficio del 17 de octubre de 2014, el AMB señaló que el
precio total a pagar por el área denominada “franja vía” que se segregaría del
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858, era de
$788’747.738.66, suma que sería indexada desde el 1 de enero de 2014 y hasta la
fecha en que se realizara el pago, aplicando el índice de valoración predial IVP.
Indica que, el 21 de octubre de 2014, en virtud de la desfinanciación del proyecto
vial, los propietarios y el municipio de Floridablanca suscribieron el documento
denominado “Permiso de intervención”, en el que aceptaron la ocupación del nuevo
trazado de la vía Transversal del Bosque en la franja de terreno de su propiedad,
bajo la condición de que el alcalde de Floridablanca tramitara una autorización ante
el Concejo Municipal, con el fin de adquirir dicha franja.
Afirma que, el 10 de marzo de 2015, Marval S.A., Rodolfo Castillo García y
Distribuidora Rayco S.A.S. suscribieron la escritura pública No. 863 otorgada en la
Notaría Tercera de Bucaramanga, en la que se subdividió el predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 300188858 ubicado en la vereda Río Frío del municipio
de Floridablanca, con el fin de identificar las áreas de afectación vial, así, al lote
denominado “franja vía”, se le asignó la matrícula inmobiliaria No. 300-389272.
Sostiene que, el 15 de diciembre de 2015, Marval S.A. solicitó al AMB el pago del
área de terreno sobre la cual se concedió el denominado “Permiso de intervención
voluntaria”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
Manifiesta que, el 15 de enero de 2016, Marval S.A. reiteró la petición de pagar el
precio del terreno ocupado para la construcción de la vía Transversal del Bosque.
Señala que, el 2 de marzo de 2016, el AMB entregó la obra denominada
Transversal del Bosque y obras complementarias para el uso de la comunidad.
Asegura que, a la fecha Rodolfo Castillo García, Distribuidora Rayco SAS y Marval
S.A. no han obtenido el pago por la franja de terreno de su propiedad que fue
ocupada para la construcción de la vía Transversal del Bosque.
La parte demandante considera que se produjo un enriquecimiento sin causa de
las demandadas, toda vez que el AMB ocupó la franja de terreno del predio de su
propiedad para la construcción de la vía Transversal del Bosque y obras
complementarias, sin que los actores recibieran contraprestación alguna.
2. Contestaciones
El 21 de febrero de 20182, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda y ordenó su notificación al AMB, al municipio de Floridablanca y al
ministerio público.
2.1. El AMB3 señaló “tener claro” que debía efectuar el pago de los valores
liquidados, previa la realización de un peritazgo. Pues “sabe y reconoce que no
hay un solo elemento exceptivo de la obligación y, por tanto, después de realizar
la actualización financiera del valor del metro cuadrado acordado con Rodolfo
Castillo García y la sociedad Distribuidora Rayco S.A.S., debe proceder a realizar
el pago respectivo”.
No obstante, manifestó que, debido a la desfinanciación del proyecto para la
construcción de la Transversal del Bosque y obras complementarias, en octubre
de 2014, el municipio de Floridablanca mediante un acuerdo de voluntades con el
2 Expediente digital, archivo 013, índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
3 Expediente digital, archivo 017, índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
AMB se comprometió a solicitar al Concejo la autorización para realizar la compra
de la franja del inmueble de propiedad de los demandantes requerida para la obra
y, pese a que mediante Acuerdo Municipal No. 027 de 2014 el Concejo de
Floridablanca autorizó al alcalde de la época para comprar la franja de terreno, a
la fecha, ese municipio no ha asumido el acuerdo de voluntades y no ha realizado
el pago, situación que ponía al AMB en un incumplimiento con los propietarios y
en una “imposibilidad material de pago”. Finalmente, agregó que el hecho fue
causado por el municipio de Floridablanca y que no se probaron los perjuicios
causados por el pago de valorización.
2.2. El municipio de Floridablanca4 se opuso a las pretensiones de la demanda
con fundamento en que la franja de terreno ocupada para la construcción de la vía
Transversal del Bosque no es la misma objeto del contrato de transacción del 28
de noviembre de 2011. Por otro lado, señaló que no era procedente la actio in rem
verso, pues existió un acuerdo de voluntades previo entre los demandantes y el
Área Metropolitana de Bucaramanga y lo que se pretendía era el pago de una
franja de terreno enajenada voluntariamente por los demandantes a esa entidad.
Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
caducidad del medio de control.
2.4. El 26 de febrero de 20185, Marval S.A. desistió de las pretensiones de la
demanda en contra del AMB y manifestó que solo continuaría el proceso respecto
del municipio de Floridablanca. El desistimiento parcial fue aceptado mediante
auto del 14 de diciembre de 20216.
3. Auto excepciones, prescinde de audiencia inicial y decreta pruebas
El 22 de octubre de 20207, el Tribunal Administrativo de Santander declaró no
probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de
caducidad del medio de control de reparación directa propuestas por el municipio
4 Expediente digital, archivo 019 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
5 Expediente digital, archivo 014, índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
6 Expediente digital, archivo 041 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
7 Expediente digital, archivo 034 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
de Floridablanca, la primera, con fundamento en que debía resolverse con el
fondo del asunto y, la segunda, toda vez que los demandantes tuvieron certeza del
daño el 14 de mayo de 2016 cuando el AMB les informó que instaría al municipio
de Floridablanca para hacer el pago de la franja de terreno ocupada por la obra.
Así, dado que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 20 de
septiembre de 2016 y la demanda se presentó el 16 de enero de 2017, se deduce
que fue interpuesta oportunamente.
Mediante auto del 13 de enero de 20228, el tribunal a quo se abstuvo de realizar la
audiencia inicial, fijó el litigio, declaró agotadas las etapas de saneamiento del
proceso, de conciliación y de medidas cautelares y decretó e incorporó las
pruebas del proceso.
En cuanto a la fijación del litigio, señaló que este se contraía a determinar si “¿Hay
lugar a declarar que el Área Metropolitana de Bucaramanga y/o el municipio de
Floridablanca obtuvieron un aumento económico patrimonial con la destinación del
área denominada ‘franja vía’ con matrícula inmobiliaria No. 300-389272,
segregada del predio con identificación catastral 00-04-0234-0007-000, para la
ejecución de la obra Transversal del Bosque y obras complementarias? En caso
afirmativo, ¿Resulta procedente declarar que el señor Rodolfo Castillo García y las
sociedades distribuidoras RAYCO SAS y MARVAL S.A. en su calidad de
propietarios del predio con matrícula inmobiliaria 300-389272 de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Bucaramanga, vieran disminuido su
patrimonio económico? De igual manera, deberá establecerse si ¿Hay lugar a
ordenar a las entidades accionadas cancelar a la parte actora los dineros
reclamados por concepto de daño emergente, así como el reintegro de intereses
cancelados y el rendimiento del capital (valorización) no compensado por la
exigencia de pago de la contribución de valorización y la protocolización y registro
de la sentencia condenatoria como título traslaticio, con los intereses de mora
reclamados en la demanda? Para lo anterior, deberá tenerse en cuenta que se
aceptó el desistimiento presentado por MARVAL S.A. respecto de las pretensiones
elevadas por esta sociedad en contra del Área Metropolitana de Bucaramanga,
8 Expediente digital, archivo 046 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
por lo que, las mismas se excluyen del análisis del problema jurídico, de acuerdo
con la proporción que le corresponde como copropietario del inmueble y que
reclama por enriquecimiento sin causa”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 19 de abril de 20229 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La parte actora10, el AMB11 y el municipio de Floridablanca12 reiteraron los
argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta.
4.2. El Ministerio Público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 2 de noviembre de 2022 13 el Tribunal Administrativo de
Santander declaró improcedente la actio in rem verso invocada por los
demandantes, no obstante, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al advertir que el lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria
No. 300-389272, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, fue
ocupado con la construcción de la vía Transversal del Bosque y obras
complementarias sin que los demandantes recibieran una contraprestación, de ahí
que el AMB era responsable por la ocupación del inmueble. Luego, declaró la falta
de legitimación material en la causa por pasiva del municipio de Floridablanca,
dado que no estaba dentro de sus obligaciones adquirir los terrenos para la obra.
Al efecto, manifestó lo siguiente: “en el caso bajo estudio está demostrada o
acreditada la ocupación permanente del terreno de propiedad de los
demandantes, como consecuencia de las obras para ejecución del proyecto vial
9 Expediente digital, archivo 076 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
10 Expediente digital, archivo 080 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
11 Expediente digital, archivo 078 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
12 Expediente digital, archivo 082 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
13 Índice 67, Samai del tribunal.
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Demandante: Marval S.A. y otros
Transversal del Bosque y Obras Complementarias. También está demostrado que
no se canceló el valor del terreno denominado ‘franja vía’, pese a que los
propietarios del bien inmueble confiando en la voluntad de la entidad ejecutora del
proyecto autorizaron la intervención voluntaria del predio. Como se planteó en
párrafos anteriores, en el presente caso se estima que el estudio de la
responsabilidad patrimonial se debe establecer por vía de la ocupación
permanente de un bien inmueble bajo el título de imputación objetiva por daño
especial y no propiamente, como lo señaló la parte actora, por medio de un
enriquecimiento sin causa, por cuanto no se evidencian los presupuestos facticos
y jurídicos para establecer un juicio de responsabilidad por esta vía procesal. Si
bien está probado que los demandantes, en un inició celebraron un contrato de
transacción con el AMB, debido a la desfinanciación de la obra y cambio del
diseño del tramo de la vía, se desistió de ese acuerdo transaccional, para, con
posterioridad firmar un acuerdo de intervención voluntaria del predio, mientras el
AMB y el Municipio de Floridablanca realizaban las gestiones para garantizar los
recursos que permitieran la compra del predio. Por ello y pese a la existencia de
estos actos jurídicos, los supuestos fácticos de la demanda permiten, en mejor
manera, analizar la responsabilidad de las demandadas bajo la egida de la
ocupación permanente de un bien y no por el enriquecimiento sin causa, porque
está claramente acreditada la acción -ocupación permanente por trabajos
públicos- y la ausencia de una contraprestación a los dueños del bien inmueble.
[…] se estima que el daño antijuridico causado a los demandantes se le debe
imputar al Área Metropolitana de Bucaramanga […] Si bien es cierto que el
municipio de Floridablanca en aras de que se desarrollara la obra, dada la
desfinanciación de esta, se comprometió a conseguir los recursos para la
adquisición de los predios faltantes, tal situación por si, no da lugar a considerar
como responsable al respectivo ente territorial, porque entre éste y los
demandantes nunca existió un acuerdo de voluntades ni negociación frente a la
compra del bien inmueble. Además, como se ha expuesto en los párrafos
anteriores, la adquisición de los terrenos es una obligación que recae
exclusivamente en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Por esa razón, se
declarará la falta de legitimación material en la causa del municipio de
Floridablanca, al no tener la obligación de cancelar el valor del predio.
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Demandante: Marval S.A. y otros
Finalmente, reconoció a título de daño emergente la suma de $788’747.738,66, de
los cuales le corresponde un 33,33% a la Distribuidora Rayco S.A.S. y un 33,34%
a Rodolfo Castillo García y no le reconoció valor alguno a Marval S.A. por haber
desistido de sus pretensiones frente al AMB. Igualmente, negó el reconocimiento
de intereses y rendimientos por el capital pagado por concepto de contribución por
valorización, debido a que esto era una obligación que le asistía a los
demandantes como propietarios del bien. Por último, no condenó en costas.
6. Recursos de apelación
El 18 y el 21 de noviembre de 2022, la parte actora14 y el AMB15 interpusieron
recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 15 de diciembre de 202216 y
admitidos el 10 de febrero de 202317.
6.1. La parte demandante18 argumentó que el municipio de Floridablanca sí estaba
legitimado en la causa por pasiva, comoquiera que suscribió el acuerdo de
voluntades denominado “Permiso de intervención voluntaria”. Documento en el
que se dejó constancia de que el permiso para adelantar las obras se concedía
con base en el compromiso del municipio de Floridablanca de tramitar ante el
Concejo Municipal la autorización para adquirir el predio, prueba que no fue
valorada por el a quo. Además, señaló que la titularidad final de la vía era del
municipio de Floridablanca, ente territorial propietario de los bienes de uso público,
como lo es la vía Transversal del Bosque.
En cuanto al daño emergente, señaló que el valor reducido acordado como pago
en diciembre del 2013, no era el valor comercial del terreno y que este debió
actualizarse con el IPC. Luego, en cuanto a la contribución por valorización,
insistió en que lo que se solicita es que se ordene devolver con su correspondiente
indexación los intereses de mora que se liquidaron a cargo de los propietarios,
pues se les cobraron intereses moratorios aun cuando los artículos 102 y 103 del
14 Expediente digital, índice 78, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
15 Expediente digital, índice 79, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
16 Expediente digital, archivo 090 índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
17 Índice 3, Samai.
18 Expediente digital, índice 78, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
Acuerdo Metropolitano 020 de 2000, Estatuto de Valorización del AMB lo prohibía,
dado que se congeló la contribución por valorización por la aceptación de la oferta
de compra manifiesta en el contrato de transacción.
6.2. El AMB19 también reprochó la declaratoria de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto del municipio de Floridablanca, toda vez que, a su juicio, era
el ente que debía efectuar el pago de la franja de terreno de propiedad de la parte
demandante, en virtud de lo dispuesto en los acuerdos celebrados con los
propietarios y con el AMB, en el Acuerdo No. 27 de 2014 del Consejo Municipal de
Floridablanca y a que la obra fue entregada a dicho municipio.
Consideró relevante destacar que los demandantes, al suscribir el denominado
“Permiso de intervención voluntaria”, conocieron de la existencia del déficit en la
financiación del proyecto para la construcción de la Transversal del Bosque y
obras complementarias y con ello consintieron que fuera el municipio de
Floridablanca el que pagara el predio. Asimismo, solicitó confirmar la suma de
$788’747.738,66, reconocida por daño emergente, por ser el valor pactado en el
contrato de transacción del 28 noviembre de 2011 y en el “Permiso de intervención
voluntaria”, en los que los demandantes establecieron el precio del inmueble. De
igual modo, solicitó negar el pago de intereses y rendimientos por el capital
pagado por concepto de contribución por valorización.
7. Trámite en segunda instancia
Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de
ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de
conclusión.
19 Expediente digital, índice 79, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia del 2 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo20, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda21,
supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación22.
2. Medio de control procedente
Según el artículo 140 del CPACA23, el medio de control de reparación directa es el
mecanismo procesal idóneo para que la persona interesada pueda demandar
directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado. A su turno, y de conformidad con la jurisprudencia
unificada de esta Sección24, a este medio de control debe acudirse para ventilar
pretensiones de enriquecimiento sin justa causa.
20 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
21 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la
demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión
mayor […]”.
22 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $2.192’797.600, lo cual es superior
a 500 SMLMV ($368.858.500) del año en que ésta se presentó (2017).
23 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado”.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 31 de julio de 2025, Exp.
57464: “Comoquiera que el instituto analizado no tiene lugar en escenarios contractuales, la
pretensión debe formularse cumpliendo los presupuestos procesales de la reparación directa, bien
sea ante la inexistencia de contrato -sea porque se reclama una actividad producto de un acuerdo
verbal o porque no existe pacto en absoluto- o ante el desarrollo de actividades con posterioridad al
agotamiento del objeto de un contrato celebrado previamente. Si lo que se reclama tiene fuente y
respaldo en actividades propias del objeto de un acuerdo de voluntades, aunque se extienda en el
tiempo, que se consumaron luego del periodo de ejecución, corresponderá a un juicio de
controversias contractuales. Además de excluir la existencia de una relación negocial que dé
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Demandante: Marval S.A. y otros
Al efecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que en el marco
del actuar del Estado es posible que se pueda presentar un enriquecimiento sin
justa causa -también predicable del actuar privado-, entendido como una figura a
partir de la cual una persona ve incrementado su patrimonio a costa del
empobrecimiento correlativo de otra, que en cualquiera de los dos casos puede
ser una entidad pública, y sin que exista una justa causa, escenario en el cual, al
no haber una fuente que valide el desplazamiento patrimonial, tanto la
jurisprudencia de antaño25 como la recientemente de unificación26 han sostenido
que el medio de control residual e idóneo para perseguir la compensación
respectiva -que no indemnización- es la reparación directa, pues, entre otros,
dicha circunstancia no tiene como causa un contrato o un acto administrativo.
En desarrollo de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado señaló (se transcribe en forma literal):
[E]n torno a la configuración y procedencia del enriquecimiento sin
justa causa cuando se han ejecutado actividades sin el respaldo de
un contrato, en favor de entidades que -en su gestión- deben
aplicar el Estatuto General de Contratación Pública, se decantó que
la respectiva pretensión de compensación, cuando se carezca de
otro mecanismo para reclamar, debe cumplir los presupuestos
procesales de la reparación directa (incluso cuando se ha
celebrado un contrato cuyo objeto se haya agotado para el
momento de la extinción del plazo previsto y ante el desarrollo de
actividades con posterioridad a la finalización), sin que sea exigible
haber provocado una decisión por parte de la administración y, al
sustento a la reclamación, se debe verificar que la fuente del menoscabo no sea una conducta
constitutiva de responsabilidad extracontractual del Estado (como un constreñimiento o falla del
servicio), dada la subsidiariedad del enriquecimiento sin justa causa. En ese sentido, como
metodología para determinar la procedencia de este mandato, por su carácter subsidiario, se debe
verificar: (i) que no exista un acuerdo de voluntades que fundamente la merma patrimonial que se
atribuye (responsabilidad contractual); y (ii) que ese menoscabo no haya ocurrido en virtud de un
hecho u omisión doloso o culposo causante de un daño antijurídico (responsabilidad
extracontractual).”
25 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 19 de
noviembre de 2012. Radicado 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24897).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 31 de julio de
2025. Radicado 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464). Al respecto, la decisión también indicó
que “[…] en materia contencioso-administrativa, la reparación directa es el medio de control por
medio del cual se debe ventilar la pretensión de compensación en aquellos casos en los que se
alegue la configuración de un enriquecimiento sin justa causa […]”. // De otro lado, vale destacar
que si bien el magistrado sustanciador efectuó aclaración de voto sobre la decisión de unificación,
aquella no versó sobre el medio de control procedente para conocer del enriquecimiento sin justa
causa cuando es alegado en el proceso contencioso administrativo, pues frente a dicho aspecto es
procedente el medio de control de reparación directa.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
satisfacerse, debe ser tramitada, pese a que el demandante mencione
otro medio o guarde silencio sobre su denominación (…)
En el caso concreto, lo alegado por la demandante, con fundamento
en el instituto del enriquecimiento sin justa causa, se fundamentó
en la supuesta ejecución de actividades más allá del periodo fijado
por las partes en el contrato celebrado, sin respaldo negocial para
dichas actividades adicionales. Se trató, por tanto, de una
controversia no contractual, ventilada bajo el medio de control de
reparación directa. Incluso si se hubiera mencionado formalmente un
medio de control diferente, ello no habría impedido decidir de fondo el
asunto, puesto que se cumplieron todos los presupuestos procesales
para ello, y tampoco se tornaba necesario haber provocado una decisión
de la entidad a través de un acto administrativo”. (negrillas de la Sala).
Como se observa, la Jurisprudencia de esta Sección dictaminó que, en aquellos
eventos en que se ejecutan actividades sin respaldo en un contrato, incluso
cuando existió un acuerdo de voluntades pasado que, no obstante, no respalda la
prestación efectuada con posterioridad, no se está ante una controversia de
naturaleza contractual, sino frente a un asunto pasible de ser estudiado en el
marco del medio de control de reparación directa bajo la óptica de un eventual
enriquecimiento sin justa causa -claro está, siempre que no exista otro medio de
control para analizar la contienda-.
Es así como, estándose ante asuntos en vigencia del CPACA, la acción se
encausa con apoyo en el medio de control, que se define según la pretensión que
se formule y, de estarse ante un escenario de enriquecimiento y empobrecimiento
patrimonial sin causa, el camino procesal idóneo es la reparación directa -en forma
residual- y no el medio de control de controversias contractuales, pues en caso de
que la transacción patrimonial tenga fuente en un contrato, en realidad no se
estará ante la figura del enriquecimiento sin justa causa, sino ante fenómenos
distintos tales como un incumplimiento contractual o un desequilibrio económico
del acuerdo de voluntades, entre otros.
Así las cosas, se itera, la procedencia de la acción bajo las pretensiones de
enriquecimiento sin justa causa exige, por un lado, el empobrecimiento del
demandante, por el otro, el enriquecimiento correlativo y correspondiente del
demandado, la inexistencia de una causa jurídica que justifique el tráfico
patrimonial de una parte a la otra y que no sea procedente el ejercicio de algún
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
otro tipo de acción para reclamar el reembolso o la restitución de lo pagado sin
razón jurídica. Finalmente, es importante resaltar que, la compensación no
procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley.
Igualmente, sobre el particular, mediante sentencia de unificación del 31 de julio
de 202527, la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que la procedencia de
la actio in rem verso es excepcional; sin embargo, precisó que la configuración de
un enriquecimiento sin justa causa y su correspondiente compensación no se
limita a los eventos señalados en la sentencia del 19 de noviembre de 2012 28.
En ese sentido, se indicó que su procedencia depende de la demostración del
interesado del acaecimiento de una circunstancia extraordinaria, sustentada en
razones de interés general, que exigiesen la entrega del bien o del servicio.
Asimismo, se debe acreditar que no era posible acudir a los mecanismos que la
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera Sala Plena,
sentencia del 31 de julio de 2025, exp. 57464. Al respecto, se advierte que el aquí Consejero
Ponente aclaró el voto frente a la referida providencia, al considerar que en dicha decisión debió
profundizarse el análisis de la licitud de los todos los elementos constitutivos del enriquecimiento
sin causa. De otra parte, manifestó que podría resultar excesiva la carga del reclamante de probar
la imposibilidad de la administración de acudir a alguna alternativa contractual. Asimismo, sostuvo
que, si bien es razonable analizar el contexto de la prestación del servicio, la exigencia de una
conexidad entre la actividad desplegada y un vínculo contractual anterior puede llegar a ser
contradictoria tomando en cuenta que la figura del enriquecimiento sin causa opera precisamente
cuando no existe un contrato debidamente celebrado. Finalmente, el Consejero Ponente señaló
que la unificación era el escenario apropiado para analizar el tema del desplazamiento patrimonial
y la compensación, teniendo como punto de partida el empobrecimiento sufrido por el particular
afectado y no el enriquecimiento que hubiere podido generarse para la entidad involucrada.
28 “a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente
la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco
de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.
b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras
con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al
derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a
la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta
como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección
de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que
deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador
pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente
providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas
circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.
c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia
imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º
de la Ley 80 de 1993”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
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ley regula para escoger un contratista y celebrar un contrato y no puede utilizarse
para subsanar la indebida gestión contractual de la entidad pública.
No obstante, en el sub judice, pese a que en la demanda se solicita el
reconocimiento de perjuicios con base en la actio in rem verso, la Sala considera
que el medio de control procedente es la reparación directa, pero fundada en el
título objetivo de responsabilidad por la ocupación permanente de un inmueble
privado, esto es, del lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No.
300-389272, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, que fue
ocupado con la construcción de la vía Transversal del Bosque y obras
complementarias en dicho municipio, de ahí que los demandantes pretendan el
pago del valor del predio ocupado.
Además, si bien, como se verá más adelante, en principio los demandantes
suscribieron un contrato de transacción con la AMB sobre el referido predio, con
posterioridad y, sin que mediara pago alguno, los accionantes permitieron de
forma voluntaria a la AMB para ocupar el inmueble con la construcción del tramo II
de la Transversal del Bosque y obras complementarias del municipio de
Floridablanca, eso sí, con la expectativa de que el alcalde de Floridablanca
tramitara una autorización ante el Concejo Municipal para adquirir el predio; sin
embargo, ello no supone el cumplimiento de los elementos de procedencia de la
pretensión de actio in rem verso de acuerdo con la reciente jurisprudencia de
unificación de la Sección Tercera de esta Corporación29, pues no hubo
desplazamiento patrimonial, toda vez que los demandantes continuaron siendo
titulares del bien, y aunque fracasó la negociación tendiente al pago del predio, lo
cierto es que se configuró una ocupación permanente del inmueble en virtud de la
vía construida.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera Sala Plena,
sentencia del 31 de julio de 2025, exp 57464: “[…] “(i) la existencia de una ventaja patrimonial en
beneficio de la entidad demandada; (ii) un empobrecimiento correlativo sufrido por el demandante,
el cual pueda atribuirse al acrecimiento mencionado; (iii) la ausencia de causa jurídica en el
desequilibrio producido, en cuanto a que no haya sido generada por un hecho o un acto jurídico,
como tampoco por una disposición expresa de la ley; (iv) que el demandante carezca de cualquier
otro mecanismo para reclamar la compensación, lo que pone en evidencia su subsidiariedad; y (v)
la compensación no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la
ley. […]”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
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Igualmente, debe advertirse que, en este caso, existió una causa jurídica en el
supuesto desequilibrio producido, esto es, el Acuerdo Metropolitano No. 006 del
13 de julio de 2006, por el cual la Junta Metropolitana de Bucaramanga declaró de
utilidad pública el bien inmueble de propiedad de los demandantes; la Resolución
No. 000843 del 28 de diciembre de 2011, por la cual el AMB determinó la
adquisición del bien por el procedimiento de expropiación administrativa con oferta
de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria; el contrato
de transacción del 28 de noviembre de 2011 y el documento denominado
“Permiso de intervención voluntaria”, cuestión que impide estudiar el asunto bajo
la figura de la actio in rem verso.
Así las cosas, con fundamento en el principio iura novit curia, la Sala estima que el
sub judice habrá de estudiarse como una reparación directa por ocupación
permanente de inmueble debido a la construcción de una obra pública con
carácter permanente, pues el juez tiene la potestad de adecuar el proceso bajo el
título de imputación que considere ajustado a los supuestos fácticos expuestos,
esto es, definir o aplicar la norma o régimen correspondiente según sea el caso,
respetando la causa petendi, ello con el propósito de garantizar la efectividad del
acceso a la administración de justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 23030 superior y 4231 del CGP, en la medida que exige que el juez
resuelva de fondo un asunto según el ordenamiento que conoce, a pesar de que
las partes hayan errado en su formulación jurídica.32
3. Vigencia del medio de control
Aunque el Tribunal a quo estimó que no se produjo la caducidad alegada por el
municipio de Floridablanca, resulta necesario verificar si la demanda se presentó
30 “Constitución Política, art. 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio
de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.”
31 “Código General del Proceso, art. 42. Deberes del juez. Son deberes del juez: […]
6. Decidir, aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o
incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su
defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del
derecho sustancial y procesal”.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 70470 y sentencia del 24 de octubre de 2025, exp.
65349. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-270, del 28 de abril de 2017.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
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en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal33.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general34, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción35, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
33 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
35 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
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requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure36 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia37, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
36 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
37 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
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embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
En el sub-lite no obra prueba que de cuenta de la fecha exacta en que la vía
Transversal del Bosque y obras complementarias que ocuparon el predio de
propiedad de los demandantes fue terminada, pues si bien se allegó la noticia de la
entrega de dicha vía al servicio de la comunidad el 2 de marzo de 2016 (hecho
probado 7.1.20.), como se advertirá más adelante, esta solo da cuenta de la noticia
de esa circunstancia en un medio de comunicación, mas no resulta suficiente para
demostrar con certeza que se hizo una entrega formal al municipio de Floridablanca.
De modo que no puede afirmarse, con grado de certeza, que los demandantes
conocieron del daño reclamado ni alguna otra de las circunstancias que den cuenta
de la fecha desde la que se debe contar el término para establecer si el derecho de
acción se ejerció de forma oportuna o no. Sin embargo, en aplicación de los
principios pro actione y pro damnato38, y para garantizar el acceso a la
administración de justicia y con ello la tutela judicial efectiva, se estudiará el fondo del
asunto.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
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verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis39.
4.1. Rodolfo Castillo García, Distribuidora Rayco S.A.S. y Marval S.A., son las
personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y
están legitimadas en la causa por activa, toda vez que acreditaron ser los propietarios
común y proindiviso del lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No.
300-389272, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, el cual
aducen fue ocupado por las accionadas con la construcción de la vía Transversal del
Bosque y obras complementarias, tal como consta en el certificado de tradición y
libertad del inmueble referido (hechos probados 7.1.1.,7.1.2., 7.1.4. y 7.1.14.).
4.2. El AMB se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que celebró el
contrato de transacción del 28 de noviembre de 2011 con Marval S.A., Rodolfo
Castillo García y Distribuidora Rayco S.A.S., para adquirir el lote denominado
“franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-389272, segregado del predio
identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda Río
Frío del municipio de Floridablanca, para la construcción de la vía Transversal del
Bosque y obras complementarias (hecho probado 7.1.6.).
4.3. El municipio de Floridablanca se encuentra legitimado en la causa por pasiva,
toda vez que suscribió junto con Rodolfo Castillo García, Distribuidora Rayco
S.A.S. y Marval S.A. el documento denominado “Permiso de intervención
voluntaria”, en la que se comprometió con los demandantes a tramitar una
autorización del Concejo municipal para adquirir el lote denominado “franja vía”
con matrícula inmobiliaria No. 300-389272, segregado del predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda Río Frío del municipio
de Floridablanca, para la construcción de la vía Transversal del Bosque y obras
complementarias (hecho probado 7.1.8.).
39 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la
ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el
fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual
sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia
del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se acreditó la causación de un daño antijurídico
por la ocupación permanente del predio de propiedad de los demandantes y si este
es imputable a las demandadas.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y la ocupación temporal o
permanente de bienes inmuebles.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199140 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad extracontractual a quien cause la lesión
patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable
para establecer el deber de responder por los daños que cause la Administración
con su acción u omisión y es el referido a su asignación a quien deba responder
por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la
atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo
obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en
ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo
40 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
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con los títulos de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por
la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre
con la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial41.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por ocupación temporal o
permanente de bienes inmuebles
El artículo 58 Constitucional dispone que se garantizan la propiedad privada y los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Por su parte, el artículo 140 del CPACA prescribe la ocupación temporal o
permanente de inmuebles por trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una
expresa instrucción de la misma, como causal para solicitar directamente la
reparación del daño.
Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de
ocupación de inmuebles, es dable aclarar que este es un título de atribución de
responsabilidad de carácter objetivo, desligado de toda noción de culpa o de falla
del servicio, y fundado no en la noción de “riesgo” sino en el principio general de
derecho público que proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante las cargas
públicas42. Así las cosas, el fundamento de la responsabilidad en estos eventos no
tiene que ver con la omisión en el ejercicio de los instrumentos que la ley le otorga
a la administración para adquirir inmuebles en forma forzosa o para expropiarlos,
sino en el necesario restablecimiento del equilibrio frente a las cargas públicas,
respecto de quien ha sido privado, en procura del interés general, del derecho de
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 1987, Rad.: 4729.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
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propiedad que la ley protege y que de acuerdo con el artículo 58 Superior no
puede ser desconocido por el Estado sin previa indemnización.
En suma, para que el Estado deba responder por la ocupación de un inmueble, en
los términos del artículo 90 Constitucional, basta con que se demuestre el daño,
entendido como la ocupación del predio que ha causado lesión a un bien jurídico
del accionante y que esta es imputable a la autoridad demandada.
7. El caso concreto
En los recursos de apelación presentados contra la sentencia del 2 de noviembre
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó legitimar en la causa y
condenar al municipio de Floridablanca a que reconozca el valor comercial
actualizado del terreno ocupado, así como los intereses de mora pagados por
concepto de contribución de valorización.
Por su parte, el AMB señaló que el municipio de Floridablanca, era la entidad que
debía efectuar el pago adeudado a los demandantes por la franja de terreno
ocupada, pues a ello se comprometió el ente territorial mediante la suscripción del
documento denominado “permiso de intervención voluntaria”.
En ese sentido, y comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra la sentencia del 2 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, se resolverá el sub lite sin limitación alguna43. Por ello,
a continuación, se analizará si la ocupación permanente del predio de propiedad de
43 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la
situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
los demandantes constituye un daño antijurídico imputable a las demandadas.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados44
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que las impresiones de las noticias de prensa
allegadas al plenario se valoran según los criterios expuestos por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, en
acreditación de la publicación de una nota o reportaje de periódico, pero anotando
que ella sola no es suficiente para demostrar la veracidad y certidumbre de la
información publicada. En otras palabras, la divulgación periodística, por sí sola,
no otorga certeza de los hechos en ella contenidos, sino que ellos deben ser
analizados en conjunto y concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso, para constatar con certeza las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que tuvieron ocurrencia45.
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se verificó que mediante escritura pública No. 4409 del 9 de julio de 1996,
otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga, Marval S.A. adquirió
a título de compraventa el 33,33% del predio identificado con matrícula inmobiliaria
No. 300188858, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca,
44 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,
conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido
sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de
lealtad procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala
Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
45 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa, sentencia del 29 de mayo de 2012,
exp. 11001031500020110137800. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de
febrero de 2018.
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Demandante: Marval S.A. y otros
según da cuenta el certificado de tradición y libertad del mencionado inmueble,
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga46
7.1.2. Está probado que mediante escritura pública No. 5978 del 24 de octubre de
2005 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga, Rodolfo Castillo
García adquirió a título de compraventa el 33,33% del predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda Río Frío del municipio
de Floridablanca, según da cuenta el certificado de tradición y libertad del
mencionado inmueble, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bucaramanga47
7.1.3. Consta que, mediante Acuerdo Metropolitano No. 006 del 13 de julio de
2006, la Junta Metropolitana de Bucaramanga declaró de utilidad pública “los
predios afectados por los diseños de los proyectos del plan vial fase III;
intercambiador vial carrera 27 calle 56, intercambiador vial Portón del Tejar
(Neomundo) y obras complementarias y Transversal del Bosque y obras
complementarias”, entre ellos, el predio identificado con matrícula inmobiliaria No.
300188858 con cédula catastral 01-04-0234-0007-000, ubicado en la vereda Río
Frío del municipio de Floridablanca. De ello da cuenta copia de dicho acuerdo.48
7.1.4. Consta que mediante escritura pública No. 5391 del 11 de septiembre de
2006, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga, la Distribuidora
Rayco S.A.S. adquirió a título de compraventa el 33,34% del predio identificado
con matrícula inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda Río Frío del
municipio de Floridablanca, según da cuenta el certificado de tradición y libertad
del mencionado inmueble, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bucaramanga49
46 Expediente digital, archivo 004, páginas 118 a 126, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
47 Expediente digital, archivo 004, páginas 118 a 126, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
48 Expediente digital, archivo 017, páginas 49 a 54, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
49 Expediente digital, archivo 004, páginas 118 a 126, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
7.1.5. Se probó que, mediante Acuerdo Metropolitano No. 008 del 14 de julio de
2011, la Junta Metropolitana de Bucaramanga facultó a la representante legal de
la AMB “para llevar a cabo el proceso contractual de negociación de predios y
celebrar contratos relacionados con la negociación de predios para la ejecución
del proyecto Transversal el Bosque y obras complementarias”. De ello da cuenta
copia de dicho acto administrativo.50
7.1.6. Se acreditó que mediante contrato de transacción del 28 de noviembre de
2011, celebrado entre la directora del AMB y Distribuidora Rayco S.A.S., Rodolfo
Castillo García y Marval S.A., se estipuló como precio de adquisición del lote
denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-389272, segregado del
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda
Río Frío del municipio de Floridablanca, la suma de $660’492.180, precio que
sería actualizado a la fecha de pago efectivo de la propiedad. De ello da cuenta
copia de dicho contrato.51
7.1.7. Se demostró que, mediante Resolución No. 000843 del 28 de diciembre de
2011, la directora del AMB determinó la adquisición por el procedimiento de
expropiación administrativa de una franja de terreno del predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 300188858 ubicado en la vereda Río Frío del municipio
de Floridablanca, de propiedad de Marval S.A., Rodolfo Castillo García y
Distribuidora Rayco S.A.S. Igualmente, señaló que dicho acto administrativo
constituía oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación
voluntaria o, en su defecto el AMB procedería con la expropiación administrativa.
Asimismo, determinó que el valor del predio de propiedad de los hoy demandantes
era de $660’492.180 que, al descontarle el valor de la contribución de valorización
arrojaba la suma de $580’012.280, la cual sería actualizada a la fecha de pago
efectivo del bien. De ello da cuenta copia de la referida resolución.52
50 Expediente digital, archivo 004, páginas 50 a 52, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
51 Expediente digital, archivo 004, páginas 167 a 169, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
52 Expediente digital, archivo 004, páginas 149 a 157, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
7.1.8. Se comprobó que, en fecha indeterminada, el AMB, el municipio de
Floridablanca, Marval S.A., Rodolfo Castillo García y Distribuidora Rayco S.A.S.
suscribieron el documento denominado “Permiso de intervención voluntaria”, en el
cual los tres primeros manifestaron: “hemos decidido pactar un permiso de
intervención voluntaria con el fin de adelantar la construcción del Tramo II de la
Transversal del Bosque”, según da cuenta copia del referido permiso53, de cuyo
contenido se destaca lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Que el Área Metropolitana de Bucaramanga desarrollará el tramo II
de la obra Transversal del Bosque, el cual cuenta con una longitud de
aproximadamente 1000 mt2 lineales; partiendo del K1+450 del eje vial, en
inmediaciones de la Urbanización Club House Gold y continuará en dirección Sur
por una zona sin desarrollar hasta la intersección con el Anillo Vial Floridablanca-
Girón. SEGUNDO: Para el desarrollo del mencionado tramo ll de la Transversal del
Bosque de acuerdo con las fichas técnicas paralelas elaboradas para el efecto y que
se anexan se requiere adquirir un total de 23.498,52 M2, conformados por dos
franjas de terreno así: […] La segunda franja hace parte de un lote de mayor
extensión denominada Lote Terreno, No. 1, ubicado en la vereda Río Frío,
identificado con número de matrícula inmobiliaria 300-188858 y cédula catastral 01-
04-0234-0007-000, franja con extensión de 5.770,52 delimitada y alinderada por los
siguientes puntos: […] predio de propiedad en común y proindiviso de Distribuidora
Rayco S.A.S., MARVAL SAL y Rodolfo Castillo García, con un valor de
$788.747.738,66 pesos m/cte., el cual será indexado desde el 01 de Enero de 2014
hasta la fecha en que se realice el pago aplicando el IVP. PARÁGRAFO. El valor a
pagar por metro cuadro para la adquisición de las franjas antes mencionadas es de
$236.685.73 pesos moneda corriente por metro cuadrado, monto que resume de
indexar el valor acordado entre el Area Metropolitana y los propietarios en el Acta
Transaccional de fecha 28 de noviembre de 2011 con el índice de valor predial de
2013 hasta el 31 de diciembre del 2013, el cual será indexado desde el 01 de enero
de 2014 hasta la fecha en que se realice el pago aplicando el IVP. […] CUARTO:
Que el municipio de Floridablanca tramitará ante el Concejo Municipal
autorización para adquirir los predios relacionados en el numeral 2 del
presente documento y si fuere necesario autorización de endeudamiento con
pignoración de rentas para el pago de las franjas de terreno a adquirir.
QUINTO. Que mediante el presente documento los propietarios conceden al
Área Metropolitana de Bucaramanga permiso de intervención voluntario e
irrevocable sobre las franjas de los inmuebles que serán entregados al Área
Metropolitana de Bucaramanga para que ésta inicie la construcción del tramo
ll de la obra Transversal del Bosque, sin perjuicio de los derechos de terceros
sobre el inmueble, los cuales no surtirán afectación o detrimento alguno con
el permiso aquí concedido. El municipio de Floridablanca declara recibidas las
franjas de terreno en la escritura de compra - venta. […]” (se resalta)
7.1.9. Se demostró que, en fecha indeterminada, el AMB y el municipio de
Floridablanca suscribieron el documento denominado “Acuerdo de voluntades”,
53Expediente digital, archivo 017, páginas 209 a 211, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
con el fin de “aunar esfuerzos para la construcción del Tramo II de la Transversal
del Bosque”. De ello da cuenta copia de dicho acuerdo54, del cual se destaca lo
siguiente:
“[…] 5. Que de conformidad con los ajustes al trazado geométrico y de acuerdo con
las fichas técnicas prediales elaboradas para el efecto y que se anexan, se requiere
adquirir un total de 23.498,52 M2 conformados por dos franjas de terreno así: […] La
segunda franja hace parte de un lote de mayor extensión denominada Lote Terreno
No. 1 ubicado en la vereda Rio Frío, identificado con número de matrícula
inmobiliaria 300-188858 y cédula catastral 01-04-0234-0007-000, franja con
extensión de 5.770,52 M2 […] predio de propiedad en común y proindiviso de
Distribuidora Rayco S.A.S., MARVAL S.A. y Rodolfo Castillo García. 6. Que para
efectos de establecer el valor del precio de adquisición o precio indemnizatorio de
los predios requeridos y afectados por la obra pública, el Área Metropolitana de
Bucaramanga suscribió Contrato de Transacción de fecha 28 de noviembre de 2011
con los propietarios de los predios, oportunidad en la que se acordó que el valor por
metro cuadrado para la adquisición de los mismos sería de $96.900,00 pesos
moneda corriente, por metro cuadrado, documento que se anexa a la presente. 7.
Que con base en el precio acordado en el numeral anterior, el Área Metropolitana de
Bucaramanga realizó la indexación del valor de acuerdo con el índice de Valor
Predial establecido para el año 2013, monto que ascendió a la suma de
$136.685,73 pesos moneda corriente, como valor del metro cuadrado actualizado a
diciembre 31 de 2013, valor que deberá indexarse desde el 01 de Enero de 2014
hasta la fecha en que se realice el pago aplicando el IVP. 8. Que teniendo en
cuenta lo anterior, el Área Metropolitana de Bucaramanga no cuenta con
presupuesto adicional al irrigado que le permita cubrir el excedente requerido
para ejecutar el Tramo II, tal como se manifiesta en el numeral 40 del Acta de
Junta Metropolitana de fecha 01 de Abril de 2014. […] 11. Que el Municipio de
Floridablanca, teniendo en cuenta el impacto social que generaría una
redistribución del déficit requerido para la construcción del Tramo II de la
Obra Transversal del Bosque, tramitará ante el Concejo Municipal autorización
para adquirir los predios relacionados en el numeral 5 del presente
documento. […]”. (se resalta)
7.1.10. Se acreditó que, mediante oficio No. DAMB-D 5541 del 17 de octubre de
2014, el AMB puso en conocimiento de Marval S.A., Rodolfo Castillo García y
Distribuidora Rayco S.A.S. el documento denominado “Acuerdo de voluntades”
suscrito en fecha indeterminada con el municipio de Floridablanca. Igualmente,
señaló que el valor de $788’747.738,66 acordado en el contrato de transacción del
28 de noviembre de 2011, respecto del área denominada “franja vía” con matrícula
inmobiliaria No. 300-389272, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de
54Expediente digital, archivo 017, páginas 205 a 208, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
Floridablanca, sería indexado hasta la fecha del pago total, según da cuenta copia
del referido oficio55, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“[…] En caso de que el Concejo Municipal de Floridablanca no autorice la compra de
las franjas de terreno, se aplicará el Estatuto de Valorización del Área Metropolitana
de Bucaramanga, Acuerdo 020 de 2000 en su artículo 111, que establece que en el
evento de que existan mayores costos en el desarrollo de los proyectos irrigados
con la contribución de valorización se procederá a la redistribución de los mismos
mediante resolución motivada por el representante legal de la AMB. […]”.
7.1.11. Se constató que, mediante oficio No. DAMB-D 5541 del 17 de octubre de
2014, el AMB le comunicó a Marval S.A., Rodolfo Castillo García y Distribuidora
Rayco S.A.S., que no era posible “congelar” el pago de la contribución de
valorización, sino que podía celebrarse un acuerdo de pago sobre el capital e
intereses moratorios adeudados por los contribuyentes. De ello da cuenta dicho
oficio del cual se destaca lo dicho sobre el particular:56
“[…] Ahora bien, respecto a la congelación de la contribución solicitada por los
propietarios de los predios, dando aplicación al artículo 103 del Estatuto de
Valorización, es necesario aclarar que la misma para el presente caso no es
procedente, por cuanto quien va a realizar la compra de los predios no es el Área
Metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, en aras de buscar una solución que
nos permita finiquitar la firma de los documentos remitidos junto con la presente, se
propone la firma de un acuerdo de pago con el que se capitalizarían los intereses
por mora y financiación adeudados hasta la fecha, otorgándose un plazo de un (01)
año para la cancelación de la obligación, tiempo durante el cual, además de la
contribución, solo se cobrarían intereses corrientes. Aceptada esta propuesta, la
Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad se encargaría de remitir los
actos administrativos requeridos para la suscripción del mencionado acuerdo de
pago.”
7.1.12. Se demostró que, mediante Acuerdo Municipal No. 027 del 18 de
diciembre de 2014, el Concejo de Floridablanca autorizó al alcalde de ese
municipio para que, en el plazo de un año a partir de la sanción de dicho acuerdo,
“realizara todas las gestiones necesarias” para comprar dos inmuebles, entre
ellos, el lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-389272,
segregado del predio de mayor extensión identificado con matrícula inmobiliaria
No. 300188858, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca,
55 Expediente digital, archivo 004, páginas 130 y 131, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
56 Expediente digital, archivo 004, páginas 130 y 131, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
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para la construcción de la Transversal del Bosque y obras complementarias. Dicho
Acuerdo fue sancionado el 22 de diciembre de 2014. De ello da cuenta copia del
referido documento.57
7.1.13. Se comprobó que, mediante escritura pública No. 0863 del 10 de marzo de
2015, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga, Marval S.A.,
Distribuidora Rayco S.A.S., y Rodolfo Castillo García realizaron la división material
del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858 ubicado en la
vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, e identificaron los lotes que, según
oficio No. DAMB-D 5541 del 17 de octubre de 2014 de la AMB no eran necesarios
para la construcción de la Transversal del Bosque y obras complementarias;
asimismo, solicitaron al registrador de instrumentos públicos de Bucaramanga
asignar las correspondientes matrículas inmobiliarias a cada uno de ellos. Dichos
lotes fueron los siguientes: “PL5 parque lineal”, “PL6 parque lineal”, “PL7 parque
lineal”, “Lote AH2 afectación hídrica”, “Lote AH3 afectación hídrica”, “Lote AV
afectación hídrica”, “Franja Vía”, “Globo A” y “Globo B”. De ello da cuenta copia de
la referida escritura pública.58
7.1.14. Se demostró que, mediante escritura pública No. 0863 del 10 de marzo de
2015, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga el área
denominada “franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-389272 fue segregada
del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858 ubicado en la
vereda Río Frío del municipio de Floridablanca y es de propiedad de Marval S.A.
en un 33,33%, de Rodolfo Castillo García en un 33,34% y de Distribuidora Rayco
S.A.S. en un 33,33%. De ello da cuenta el certificado de tradición y libertad de
dicho inmueble.59
7.1.15. Se constató que, el 31 de marzo de 2015, indeterminada persona realizó el
pago de $164’016.831 por concepto de contribución de valorización respecto del
57 Expediente digital, archivo 004, páginas 60 a 65, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
58 Expediente digital, archivo 004, páginas 77 a 85, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
59 Expediente digital, archivo 004, páginas 127 a 129, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858 ubicado en la vereda
Río Frío del municipio de Floridablanca. De ello da cuenta la factura y recibo de
pago de dicha erogación.60
7.1.16. Se verificó que, el 26 de mayo de 2015, Marval S.A. le solicitó al alcalde
municipal de Floridablanca cumplir el “Acuerdo de voluntades” así como el
“Permiso de intervención” y otorgar la escritura pública de compraventa del lote
denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-389272 ubicado en la
vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, dado que en varias ocasiones le
habían enviado la minuta sin la firma del funcionario. De ello da cuenta copia del
escrito de la misma fecha61.
7.1.17. Se acreditó que, mediante Acuerdo Metropolitano No. 026 del 17 de
septiembre de 2015, la Junta Metropolitana de Bucaramanga desafectó, entre
otros, varios lotes del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858
ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, que había sido
declarado de utilidad pública mediante Acuerdo Metropolitano No. 006 del 13 de
julio de 2006. Como consecuencia, ordenó desafectar los lotes del referido predio
identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 300-389273 o “Globo A”, 300-
389274 o “Globo B”, 300-389266 o “PL 5”, 300-389267 o “PL 6”, 300-389268 o “PL
7”, con el fin de garantizarle a los propietarios el uso y goce del resto de su
propiedad. Lo anterior, con fundamento en que “mediante documento denominado
Permiso de Intervención Voluntario suscrito entre el municipio de Floridablanca, el
Área Metropolitana de Bucaramanga y los propietarios de los mencionados
inmuebles, se autorizó la intervención voluntaria e irrevocable al AMB sobre las
franjas de terreno requeridas para la construcción del Tramo II de la Transversal
del Bosque. Que mediante Acuerdo Municipal No. 027 de 2014 el Concejo
Municipal del Floridablanca autorizó al Alcalde para adquirir los predios requeridos
60 Expediente digital, archivo 004, páginas 75 y 76, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
61 Expediente digital, archivo 004, páginas 158 a 163, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
para la construcción del Tramo II de la Transversal del Bosque”. De ello da cuenta
copia de dicho Acuerdo.62
7.1.18. Se demostró que el 15 de diciembre de 2015, Marval S.A. le informó a la
directora del AMB que a la fecha habían sido infructuosas las gestiones ante el
alcalde del municipio de Floridablanca para obtener el reconocimiento y pago del
lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-389272, ubicado
en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, sobre el cual los propietarios
concedieron el “Permiso de intervención” para la construcción de la Transversal
del Bosque y obras complementarias, por lo que le solicitó a esa funcionaria
realizar las gestiones pertinentes para efectuar el referido pago. De ello da cuenta
copia del escrito de la misma fecha.63
7.1.19. Se acreditó que, el 15 de enero de 2016, Marval S.A. le solicitó a la
directora del AMB dar respuesta a la petición del 15 de diciembre de 2015. De ello
da cuenta copia de la comunicación del 15 de enero de 2016.64
7.1.20. Consta que, el 2 de marzo de 2016, el AMB publicó una “noticia”
consistente en la entrega formal de la vía Transversal del Bosque para uso de la
comunidad. De ello da cuenta la publicación en su página web oficial. 65
7.1.21. Se comprobó que, mediante oficio DAMB-SP 2283 del 12 de mayo de
2016, el AMB le manifestó al representante legal de Marval S.A. “que según
acuerdos firmados por esta entidad el pago de los terrenos ocupados por la
Transversal del Bosque Tramo II se realizará por parte del Municipio en los
términos fijados en los acuerdos respectivos. Así las cosas, esta entidad insistirá
62 Expediente digital, archivo 004, páginas 57 a 59, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
63 Expediente digital, archivo 004, página 164, índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
64 Expediente digital, archivo 004, páginas 165 y 166, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”.
65 Expediente digital, archivo 004, páginas 66 a 74, índice 61, Samai, “Gestión en otros
Despachos”. También ver en:
https://www.amb.gov.co/?s=entrega+de+la+via+TRansversal+del+Bosque
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
ante el municipio de Floridablanca en la conveniencia del cumplimiento oportuno
de dichos acuerdos”. De ello da cuenta copia del mencionado oficio.66
7.1.22. Se acreditó que, el 31 de enero de 2022, la Secretaría de Hacienda
Municipal de Floridablanca certificó que “no existe registro ante el Minhacienda de
contrato de empréstito firmado entre el municipio de Floridablanca y la Banca
Comercial con destino a compra de terrenos autorizados por el Concejo Municipal
de Floridablanca mediante Acuerdo Municipal No. 027 de 2014”. De ello da cuenta
la certificación del 31 de enero de 2022.67
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver el problema jurídico que se debate en el proceso, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y; ii) posteriormente su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración68-69.
66 Expediente digital, archivo 004, página 132, índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
67 Expediente digital, archivo 053, índice 61, Samai, “Gestión en otros Despachos”.
68 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
69 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de
Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
7.2.1. El daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho70, que contraría el orden legal71 o
que está desprovista de una causa que la justifique72, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida73, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la afectación del
uso y el goce de los demandantes sobre el lote de su propiedad denominado
“franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-389272, ubicado en la vereda Río
Frío del municipio de Floridablanca, el cual fue ocupado de forma permanente con
la construcción del tramo II de la Transversal del Bosque y obras complementarias
de ese Municipio.
Así pues, está demostrado que Marval S.A., Rodolfo Castillo García y Distribuidora
Rayco S.A.S. son los propietarios en común y proindiviso del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria No. 300-389272 (hecho probado 7.1.14.).
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
71 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
73 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
Asimismo, está demostrado que, la franja de terreno mencionada está ocupada de
forma permanente desde el 2 de marzo de 2016 cuando el AMB entregó
formalmente la Transversal del Bosque y obras complementarias al servicio de la
comunidad (hecho probado 7.1.20.), sin que por dicha ocupación se haya
compensado a los demandantes con el pago del valor del inmueble, pues hasta la
fecha de presentación de la demanda, el AMB no había efectuado el pago de
$788’747.738,66, indexado, como lo señaló en el oficio No. DAMB-D 5541 del 17
de octubre de 2014 (hecho probado 7.1.10.), pues consta que mediante oficio del
15 de diciembre de 2015, Marval S.A. solicitó a la AMB realizar las gestiones
necesarias y pertinentes para realizar el pago de la franja de terreno ocupada por
la construcción de la Transversal del Bosque y obras complementarias (hecho
probado 7.1.18).
Asimismo, está acreditado que a través de oficio DAMB-SP 2283 del 12 de mayo
de 2016, la AMB comunicó a Marval S.A. que insistiría al municipio de
Floridablanca realizar el desembolso solicitado para la compra de dicho lote
(hecho probado 7.1.21.). Por último, se constató que, por certificación del 31 de
enero de 2022, la Secretaría de Hacienda Municipal de Floridablanca hizo constar
que el alcalde de Floridablanca no había celebrado contrato de empréstito alguno
con destino a la compra de terrenos autorizados por el Concejo Municipal de
Floridablanca mediante la expedición del Acuerdo Municipal No. 027 de 2014
(hecho probado 7.1.22.).
De todo lo anterior, se evidencia que el daño antijurídico está acreditado en tanto
en el plenario se demostró que los demandantes no pueden ejercer el uso y goce
de la franja de terreno de su propiedad, dado que se encuentra ocupada de forma
permanente con la construcción de la Transversal del Bosque y obras
complementarias, sin haber recibido contraprestación alguna por ello, situación
que se concreta en la afectación al derecho de propiedad, protegida por el artículo
58 de la Constitución Política, que garantiza la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, bajo los límites legales
impuestos en razón del orden público y las funciones social y ecológica.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
7.2.2. Imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la entidad accionada,
es menester establecer si éste le es atribuible fáctica y jurídicamente.
Así, además de los medios probatorios arrimados al proceso, de los cuales ya se
hizo un recuento en los hechos probados, se observa que Rodolfo Castillo García
rindió declaración de parte74, en la que señaló que él como propietario de una
tercera parte del lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-
389272 autorizó al AMB para la construcción de la Transversal del Bosque y obras
complementarias, “sobre la base de que el municipio de Floridablanca adquiriría
en compraventa el terreno o, en su defecto, que el AMB lo pagaría con recursos
de valorización, eso fue lo que yo autoricé y no se ha dado el pago”. Aclaró que el
trazado de la vía se modificó y, al final, lo que terminó utilizándose del predio para
ese fin fue una extensión de más de 5.000 metros cuadrados. Advirtió que, de
buena voluntad y en una acción colaborativa respecto de una obra de alto impacto
para la comunidad del municipio de Floridablanca “accedí a ceder el terreno en la
seguridad de que yo iba a obtener lo obvio que es en estos casos un pago por lo
que yo entregué y ha pasado suficiente tiempo”.
A su turno, también en diligencia de interrogatorio de parte, Laura Marcela
Bautista Galvis, representante legal de Distribuidora Rayco S.A.S. 75 declaró que
“el conocimiento que yo tengo es que los propietarios del predio suscribieron un
permiso de intervención voluntaria con el AMB y el municipio de Floridablanca en
el que se pactó la autorización para adquirir el predio objeto de esta demanda”.
Señaló que el permiso fue sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria
No. 300188858, ubicado en la vereda Río Frío. Sostuvo que: “tengo conocimiento
que dentro de ese permiso de intervención se había ratificado que el Concejo de
Floridablanca debía solicitar una autorización para adquirir los predios”. Manifestó
que conocía de la existencia del Acuerdo Municipal No. 027 del 18 de diciembre
74 Expediente digital, archivos 076 y 077, acta y vídeo de audiencia de pruebas, índice 61, Samai,
“Gestión en otros Despachos”.
75 Expediente digital, archivos 076 y 077, acta y vídeo de audiencia de pruebas, índice 61, Samai,
“Gestión en otros Despachos”.
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Demandante: Marval S.A. y otros
de 2014 en el que se autorizó al alcalde de Floridablanca para adquirir el predio
referido.
Al respecto, es necesario advertir que los interrogatorios de parte rendidos por los
demandantes Rodolfo Castillo García y Laura Marcela Bautista Galvis,
representante legal de Distribuidora Rayco S.A.S. serán valorados en conjunto con
los demás elementos probatorios y de acuerdo con el principio de la sana crítica,
pues el artículo 16576 del Código General del Proceso cataloga la declaración de
parte como un medio de prueba77, el artículo 191 del mismo cuerpo normativo
dispone que la declaración de parte será valorada por el juez de conformidad “con
las reglas generales de apreciación de las pruebas” y el artículo 198 ibídem no da
76 Artículo 165. “Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión,
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos,
los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los
principios y garantías constitucionales.” (Se resalta)
77 Sobre el particular, la Subsección C, en auto del 4 de abril de 2022, Rad. 67820, dijo: “A
diferencia de lo previsto en el artículo 203 CPC, que prescribe que cualquiera de las partes puede
pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso, el
artículo 198 CGP prevé la posibilidad de que el juez, de oficio o a solicitud de parte, pueda ordenar
la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre estos hechos. Esta norma no faculta a las
partes a solicitar su propia declaración. El precepto hace referencia a que el juez cite a las partes,
bien sea porque de oficio considera necesaria su declaración o porque la parte contraria lo solicita.
Son dos puntos de partida distintos. Mientras el artículo 203 CPC dispone que las partes pueden
solicitar la citación de la parte contraria, el artículo 198 CGP prevé que el juez puede ordenar la
citación de las partes. Esta norma no se refiere a la parte contraria, pues regula el interrogatorio de
las partes ordenado por el juez -de oficio o a solicitud de estas- que, como árbitro de la contienda,
no tiene una contraparte en el proceso. Además, es preciso insistir en que quien alega un hecho
debe demostrar su ocurrencia para que produzca el efecto pretendido, pues la sola afirmación de
una parte no es suficiente para acreditarlo. De ahí que, permitir que la misma parte solicite su
declaración, no tiene en cuenta lo previsto en el artículo 167 CGP, ni corresponde a
una interpretación armónica de esta norma (artículo 30 CC). Más allá de las discusiones sobre el
valor probatorio de la declaración de parte, la posibilidad de que esta prueba sea solicitada por la
misma parte y la valoración de la misma, es claro que la demostración de la ocurrencia de los
hechos no deriva de las afirmaciones de las partes. De ser así, la demanda y la contestación
servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no sería necesaria la práctica
de pruebas. Por ello, el Despacho debe determinar, además, si la prueba es útil, pertinente,
conducente y no resulta superflua. 4. El artículo 168 CGP, aplicable por remisión expresa del
artículo 306 CPACA, dispone que se deben rechazar, mediante providencia motivada, las pruebas
ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o
inútiles. Las pruebas deben ser conducentes y eficaces para demostrar el hecho o el acto jurídico
objeto del litigio, del que se deriva el derecho o la obligación reclamada, y deben estar orientadas a
demostrar los supuestos de hecho de la demanda o contestación. El juez debe rechazar las
pruebas que no sean conducentes, ni pertinentes y que no lleven a probar un hecho aducido en el
proceso.”
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Demandante: Marval S.A. y otros
tratamiento de sospechoso78 a las declaraciones que rindan las partes del
proceso.
Pues bien, en el proceso quedó demostrado que mediante Acuerdo Metropolitano
No. 006 del 13 de julio de 2006, la Junta Metropolitana de Bucaramanga declaró
de utilidad pública el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858,
ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, para la construcción
de la Transversal del Bosque y obras complementarias del municipio de
Floridablanca (hecho probado 7.1.3.).
Igualmente, se demostró que mediante contrato de transacción del 28 de
noviembre de 2011 celebrado entre la directora del AMB y Distribuidora Rayco
S.A.S., Rodolfo Castillo García y Marval S.A., las partes acordaron la enajenación
voluntaria del inmueble (hecho probado 7.1.6.) y que mediante Resolución No.
000843 del 28 de diciembre de 2011, la directora del AMB fijó el valor del predio
en $660’492.180 (hecho probado 7.1.7.), suma que, para el 17 de octubre de 2014
había sido actualizada en $788’747.738,66 (hecho probado 7.1.10.) y, que a la
postre, sería indexada a la fecha del pago efectivo como lo señaló el AMB en el
oficio de esa fecha (hecho probado 7.1.10.).
Sin embargo, también se acreditó que, con posterioridad a ello, en fecha
indeterminada y debido a una modificación de los tramos de la vía pública a
construir y a la desfinanciación del proyecto, el AMB, el municipio de
Floridablanca, Marval S.A., Rodolfo Castillo García y Distribuidora Rayco S.A.S.
suscribieron el documento denominado “Permiso de intervención voluntaria”, en el
que los hoy demandantes le dieron permiso “voluntario e irrevocable” al AMB de
intervenir una franja del ya referido predio de su propiedad para que terminara la
construcción del Tramo II de la Transversal del Bosque en el municipio de
Floridablanca, pero bajo el compromiso de que el municipio de Floridablanca
tramitaría ante el Concejo Municipal la autorización para adquirir el lote o franja
requerido para la obra y que el valor a pagar sería de $788’747.738,66, el cual se
78 Sobre este aspecto: NAIZIR SISTAC, Juan Carlos. Derecho Probatorio: desafíos y perspectivas.
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2020. Segundo Capitulo: La declaración de parte en
el Código General del Proceso. Páginas 180 y 181.
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
indexaría desde el 01 de enero de 2014 hasta la fecha del pago efectivo aplicando
el índice de valor predial IVP (hecho probado 7.1.8.).
Igualmente, en fecha indeterminada, el AMB y el municipio de Floridablanca
suscribieron el documento denominado “Acuerdo de voluntades”, en el que quedó
estipulada la necesidad de requerir la franja de terreno segregada del predio
identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858 ubicado en la vereda Río
Frío del municipio de Floridablanca y que el municipio de Floridablanca tramitaría
ante el Concejo Municipal la autorización para adquirir dicha franja (hecho probado
7.1.9.).
Asimismo, se tiene que, mediante oficio No. DAMB-D 5541 del 17 de octubre de
2014, el AMB puso en conocimiento de los hoy demandantes el documento
denominado “Acuerdo de voluntades” suscrito en fecha indeterminada entre el
AMB y el municipio de Floridablanca, en el que de paso, se les aclaró a los
propietarios que en caso de que el Concejo municipal de esa localidad no
autorizara la compra de la franja de terreno, esta se haría con la redistribución de
los ingresos provenientes de la contribución de valorización, según lo dispuesto en
el artículo 111 del Estatuto de Valorización del Área Metropolitana de
Bucaramanga (hecho probado 7.1.10.).
Se sabe igualmente, que mediante Acuerdo Municipal No. 027 del 18 de diciembre
de 2014, el Concejo de Floridablanca autorizó al alcalde de ese municipio para
que, en el plazo de un año a partir de la sanción de dicho acuerdo, “realizara todas
las gestiones necesarias” para comprar, entre otras, la franja de terreno segregada
del predio de mayor extensión identificado con matrícula inmobiliaria No.
300188858, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca,
requerido para la construcción de la vía Transversal del Bosque y obras
complementarias, acuerdo que, a su turno, fue sancionado el 22 de diciembre de
2014 (hecho probado 7.1.12.).
De hecho, a esa franja requerida, se le denominó “franja vía” y se le asignó la
matrícula inmobiliaria No. 300-389272, segregada del predio de mayor extensión
identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858, ubicado en la vereda Río
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
Frío del municipio de Floridablanca de propiedad de los demandantes, como
consta en la escritura pública No. 0863 del 10 de marzo de 2015 (hecho probado
7.1.14.).
De ahí que el predio ocupado ya no era el identificado con matrícula inmobiliaria
No. 300188858, que fue objeto del contrato de transacción del 28 de noviembre de
2011, sino una franja de este, ya individualizada e identificada con la matrícula
inmobiliaria No. 300-389272, que es el lote pendiente de pago a los demandantes.
No obstante, aunque está probado que el concejo de Floridablanca autorizó al
alcalde de ese municipio para que “realizara todas las gestiones necesarias” para
comprar, entre otros, el lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No.
300-389272 de propiedad de los demandantes y que fue requerido para suscribir
la escritura pública de compraventa, lo cierto es que los accionantes no han
recibido contraprestación alguna por ceder su terreno para la construcción de la
vía Transversal del Bosque y obras complementarias (hechos probados 7.1.12.,
7.1.21. y 7.1.22.), pese a que el bien está ocupado de forma permanente.
Lo anterior permite constatar a la Sala que el AMB realizó una oferta para adquirir
el inmueble hoy ocupado, el cual se pagaría con los ingresos provenientes de la
contribución de valorización, sin que hasta la fecha esa entidad haya erogado a
los demandantes pago alguno por el predio de su propiedad. De hecho, la
demandada no se opuso a las pretensiones de los accionantes y en su
contestación señaló que “sabe y reconoce” que “debe proceder a realizar el pago
respectivo”.
En cuanto a la responsabilidad del municipio de Floridablanca, aspecto materia de
apelación tanto de los demandantes como del AMB, la Sala considera que al ente
territorial no le es imputable el daño alegado.
Ello es así dado que, si bien en el “Permiso de intervención voluntaria” suscrito
entre las demandadas y los hoy demandantes y en el denominado “Acuerdo de
voluntades” suscrito entre el AMB y el municipio de Floridablanca (hechos
probados 7.1.8. y 7.1.9.), se acordó que este último tramitaría ante el Concejo
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Radicado: 680012333000201700046 01 (69458)
Demandante: Marval S.A. y otros
municipal la autorización para adquirir, entre otros, el predio de los accionantes, lo
cierto es que se trató de una obligación de hacer que el alcalde cumplió, pues
tramitó la expedición del Acuerdo Municipal No. 027 del 18 de diciembre de 2014;
sin embargo, en este, el Concejo municipal de Floridablanca solo autorizó al
alcalde para que “realizara todas las gestiones necesarias” para comprar, entre
otros, el predio de los demandantes, sin señalar traslados presupuestales o
facultarlo para realizar empréstitos, ni indicar cuál sería el ingreso o compromiso
de dinero para tal fin.
No obstante, contrario a lo señalado por el demandante Rodolfo Castillo García en
su interrogatorio de parte, quien manifestó que otorgó el permiso de ocupación del
lote tantas veces mencionado “sobre la base de que el municipio de Floridablanca
adquiriría en compraventa el terreno” no corresponde a la realidad, pues la
autorización del Concejo municipal no implicaba una obligación directa del
municipio de Floridablanca de adquirir el lote de los demandantes, sino que, como
lo expresó la representante legal de Distribuidora Rayco S.A.S. en su
interrogatorio de parte, consistía en conseguir una autorización con ese fin, lo que
no garantizaba per se la compra.
En cambio, sí existía una obligación clara del AMB de adquirirlo, aún si no se
obtenía la mentada autorización, pues mediante el oficio No. DAMB-D 5541 del 17
de octubre de 2014, el AMB aclaró a los hoy demandantes que, en tal evento, la
compra se haría con la redistribución de los ingresos provenientes de la
contribución de valorización, según lo dispuesto en el artículo 111 del Estatuto de
Valorización del Área Metropolitana de Bucaramanga (hecho probado 7.1.10.), es
decir, el AMB debía expedir un acto administrativo para irrigar valorización, a fin de
hacer el pago respectivo a los propietarios.
Por otro lado, el AMB solicitó en el recurso de apelación, condenar al municipio de
Floridablanca, pues este era el propietario de la vía Transversal del Bosque. Sin
embargo, si bien al proceso se allegó una publicación de la entrega de dicha vía el
2 de marzo de 2016 para uso de la comunidad (hecho probado 7.1.20.), ello solo
da cuenta de la noticia de esa circunstancia en el medio de circulación masivo,
mas no resulta suficiente para demostrar con certeza que se hizo una entrega
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Demandante: Marval S.A. y otros
formal al municipio de Floridablanca, mucho menos que la entidad territorial
hubiera declarado recibir la franja de terreno de los demandantes en la respectiva
escritura pública de compraventa.
De hecho, dado que el proyecto vial fue desarrollado y construido por el AMB, se
puede inferir que se trataba de una vía metropolitana que no solo beneficiaba o
pertenecía al municipio de Floridablanca, en todo caso, no se probó exactamente
qué tipo de vía es, ni se allegó un acta de entrega formal al ente territorial que
permitiera suponer que tenía la titularidad final de la vía, como para considerar si
el municipio debía pagarle a los demandantes la franja de terreno ocupada por la
obra pública, es decir, no está probado que el Municipio se quedó con la titularidad
del bien.
Además, resulta claro que el proceso de negociación se encontraba a cargo del
AMB y que, tal como lo advirtió dicha entidad en el oficio No. DAMB-D 5541 del 17
de octubre de 2014, en caso de que el alcalde no obtuviera la autorización para la
compra, el AMB asumiría el pago a los demandantes con cargo a los recursos de
valorización (hecho probado 7.1.10.). Si bien el alcalde obtuvo la autorización, mas
no los recursos para efectuar la compra, lo cierto es que no adquirió de manera
expresa obligación alguna frente a los demandantes, a diferencia de lo ocurrido
con el AMB (hecho probado 7.1.6.), de manera que existe sustento para atribuirle
a esa entidad la responsabilidad de pagar a los demandantes por el predio
ocupado.
Por todo lo antes expuesto, se evidencia que el daño antijurídico causado a los
demandantes es imputable al AMB, comoquiera que los medios probatorios
incorporados en el proceso evidencian que, efectivamente, con la construcción de
la vía Transversal del Bosque y obras complementarias ocupó de forma
permanente el lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-
389272, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, por el cual
los demandantes no han recibido contraprestación alguna.
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Demandante: Marval S.A. y otros
8. Liquidación de perjuicios
A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios, teniendo en cuenta
aquellos solicitados en la demanda.
8.1. En la demanda se solicitó, a título de daño emergente, la suma proporcional al
derecho de dominio de cada demandante sobre el área denominada “franja vía”
del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300-389272 cuyo valor total
es de $2.192’797.600.
Por su parte, el tribunal a quo reconoció el valor sugerido por el AMB cuando
ofertó la compra del predio y que fue aceptado por los hoy demandantes en el
documento denominado “Permiso de intervención voluntaria”, el cual asciende a la
suma de $788’747.738,66 pesos m/cte., el cual sería indexado desde el 1 de
enero de 2014 hasta la fecha en que se realizara el pago efectivo. Así, reconoció
el 33,334% de dicha suma a Distribuidora Rayco S.A.S. y 33,34% a Rodolfo
Castillo García y que las sumas resultantes debían ser actualizadas desde enero
de 2014, pero sin hacer una condena en concreto.
Igualmente, dispuso que Marval S.A., pese ser propietaria de en un 33.33%. del
predio, no se le reconocería valor alguno por renunciar expresamente a las
pretensiones contra el AMB.
La parte actora apeló esta determinación señalando que el valor reducido
acordado como pago en diciembre del 2013 no era el valor comercial del terreno y
que este debió actualizarse con el IPC.
A su turno, el AMB solicitó en su recurso de apelación mantener el valor ordenado
en la sentencia de primera instancia, esto es, $788’747.738,66, por ser la suma
pactada en el contrato de transacción suscrito el 28 de noviembre de 2011 y en el
“Permiso de intervención voluntaria”, en los que los demandantes establecieron el
precio del inmueble.
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Demandante: Marval S.A. y otros
Pues bien, se observa que, en efecto, en el documento denominado “Permiso de
intervención voluntaria” suscrito por los demandantes, sobre la franja de terreno
hoy ocupada, estos otorgaron al AMB permiso de intervención voluntario e
irrevocable sobre aquella, bajo ciertas condiciones, una de ellas, que el valor a
pagar era de $788’747.738,66 pesos m/cte., el cual sería indexado desde el 1 de
enero de 2014 hasta la fecha en que se realizara el pago efectivo (hecho probado
7.1.6.).
Siendo así, se observa que, a la Distribuidora Rayco S.A.S., propietaria del
33,33% del lote denominado “franja vía” con matrícula inmobiliaria No. 300-
389272, ubicado en la vereda Río Frío del municipio de Floridablanca, le
corresponde la suma de $262’889,621,3 y a Rodolfo Castillo García, propietario
del 33,34% del inmueble le corresponde la suma de $262’968.496,1.
Estas sumas se actualizarán para cada uno de los demandantes, desde el 1 de
enero de 2014 hasta la fecha de esta providencia, con aplicación de la fórmula
dispuesta por la jurisprudencia para este efecto:
RA = Rh X IPC FINAL (marzo 2026)79
IPC INICIAL (enero de 2014)
RA = $262’889,621,3 156,94
79,95
RA = $516’046.143,49
Así, se reconocerá la suma de $516’046.143,49 a favor de Distribuidora Rayco
S.A.S.
RA = Rh X IPC FINAL (marzo 2026)80
IPC INICIAL (enero de 2014)
79 El vigente a la fecha de la providencia de segunda instancia.
80 El vigente a la fecha de la providencia de segunda instancia.
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Demandante: Marval S.A. y otros
RA = $262’968.496,1 156,94
79,95
RA = $516’201.072,70
Así, se reconocerá la suma de $516’201.072,70 a favor de Rodolfo Castillo García.
8.1.1. También, a título de daño emergente, la parte actora solicitó el pago de
$96’625.816 por concepto del rendimiento de capital y de intereses de mora
pagados por concepto de contribución de valorización.
El a quo negó este reconocimiento con fundamento en que la contribución de
valorización era una obligación que le asistía a los demandantes como
propietarios del bien, tanto así, que, de haberse concretado el pago en la etapa de
negociación, este concepto se le iba a descontar del valor total.
En su recurso de apelación, la parte actora precisó que lo que solicitaba era que
se ordenara la devolución, con su correspondiente indexación, de los intereses de
mora que se liquidaron a cargo de los propietarios. Indicó que a los demandantes
se les cobró intereses moratorios pese a que se congeló la contribución por
valorización con la aceptación de la oferta de compra manifiesta desde el contrato
de transacción.
A su turno, el AMB solicitó en su recurso de apelación no reconocer intereses ni
rendimientos por el capital pagado por concepto de contribución por valorización a
favor de los demandantes.
Al respecto, a pesar de que se demostró que el 31 de marzo de 2015 se realizó el
pago de $164’016.831 por concepto de contribución de valorización respecto del
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 300188858 ubicado en la vereda
Río Frío del municipio de Floridablanca, lo cierto es que desconoce la identidad de
quién realizó dicho pago y que además este corresponda a los intereses
moratorios y mucho menos que haya sido erogado por los demandantes (hecho
probado 7.1.15.).
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Demandante: Marval S.A. y otros
Adicionalmente, se observa que mediante oficio No. DAMB-D 5541 del 17 de
octubre de 2014, el AMB le manifestó a los hoy demandantes, que no era posible
congelar el pago de la contribución de valorización, sino que podía llegarse a un
acuerdo de pago sobre el capital e intereses moratorios adeudados por los
contribuyentes para ser pagados en el plazo de un año, pero que se seguiría
pagando dicha contribución e intereses corrientes (hecho probado 7.1.10.).
Así las cosas, encuentra la Sala que dicho rubro deberá ser negado, toda vez que
no está acreditado que la referida contribución de valorización se congeló a favor
de los demandantes, de tal manera que estos estaban obligados y sí debían pagar
los intereses de mora que adeudaran a ese momento por la referida valorización.
En suma, la Sala modificará la sentencia del 2 de noviembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de reconocer el valor
actualizado del inmueble de propiedad de los actores a título de daño emergente y
negar los perjuicios solicitados por intereses moratorios derivados del no pago de
la contribución de valorización.
9. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
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Demandante: Marval S.A. y otros
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.
En este caso, se observa que los recursos de apelación prosperaron parcialmente,
pues, de un lado, se acogieron los argumentos de la parte actora respecto de
actualizar el daño emergente reconocido por el valor del inmueble y, de otro, la
apelación del AMB para que no se reconociera a los demandantes valor alguno
por concepto del rendimiento de capital y de intereses de mora pagados por la
contribución de valorización; en otras palabras, no se confirmará en todas sus
partes la sentencia apelada. Como consecuencia, dado que a las partes apelantes
no se les resolvió desfavorablemente todo el recurso de apelación, la Sala se
abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Santander que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al
Área Metropolitana de Bucaramanga por la ocupación permanente del predio
denominado “Franja Vía" identificado con matrícula inmobiliaria 300-389272,
propiedad de Marval S.A en un 33.33%, Rodolfo Castillo García en un
33.34% y Distribuidora Rayco S.A.S en un 33, 33%.
SEGUNDO: CONDENAR al Área Metropolitana de Bucaramanga a pagar a
título de daño emergente la suma de $516’201.072,70 a favor de Rodolfo
Castillo García y la suma de $516’046.143,49 a favor de Distribuidora Rayco
S.A.S.
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Demandante: Marval S.A. y otros
TERCERO: La condena se cumplirá en los términos de los artículos 192 y
195 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones.
QUINTO: La presente decisión, una vez protocolizada y registrada, obrará
como título traslaticio de dominio, bien sea a favor del Área Metropolitana de
Bucaramanga o del Municipio de Floridablanca según se haya establecido al
momento de terminar la construcción del tramo vial.
SEXTO: SIN COSTAS”.
SEGUNDO: SIN COSTAS.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal
de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto
VF/EX8
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