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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00322-01

Contrato realidad

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00322-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFIRMAR la sentencia del 13 de septiembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, sala de decisión oral, sección B, que accedió las pretensiones de la demanda incoada por Eduardo Rafael Triviño Medina contra el departamento del Atlántico, para el reconocimiento de una relación laboral, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Por la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-00322-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

22 de julio de 2021

CONTRATO REALIDAD / PRUEBA DE LA RELACIÓN LABORAL / RELACIÓN LABORAL -Elementos / RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – Procedencia / PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LOS DERECHOS QUE SE DESPRENDAN DEL RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO REALIDAD – Configuración parcial / RECONOCIMIENTO DE LA SANCIÓN MORATORIA – Improcedencia / SENTENCIA CONSTITUTIVA

En materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma, artículo 23 del código sustantivo del trabajo, opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y dependencia del trabajador y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo. (…). En el sub judice, al verificarse que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 16 de septiembre de 2015 , se encuentra que todas las prestaciones sociales anteriores al periodo que inició el 16 de septiembre de 2012 se encuentran prescritas, esto es los siete primeros periodos reseñados en el cuadro anterior, por no haber sido reclamados dentro del término de los 3 años que la ley permite, siempre teniendo en cuenta que se deberán liquidar excluyendo las respetivas interrupciones entre periodos contractuales, de tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales que se encuentran por fuera de este término, y solo se podrá reclamar lo correspondiente a los periodos respecto de los contratos señalados (…), tal como lo estableció el a quo. Ahora bien, con relación al planteamiento del actor respecto a la sanción moratoria reclamada, no hay lugar a tal reconocimiento, toda vez que a partir de esta sentencia surge la obligación del pago de las prestaciones al beneficiario, por lo que no es viable acceder a esa pretensión reclamada. NOTA DE RELATORIA: Sobre los elementos constitutivos de la relación laboral, ver: C. de E, Sala plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicación: 0088-15.

FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 53 / CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO – ARTÍCULO 23 / DECRETO 3135 DE 1968 – ARTÍCULO 41 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 102 / DECRETO 1045 DE 1978 – ARTÍCULO 10

CONDENA EN COSTAS – Criterio subjetivo / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación

En cuanto a la condena en costas al ente territorial demandado – Departamento del Atlántico, la jurisprudencia de la Sala en dicha temática ha precisado que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, la cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas. En el caso, la Sala haciendo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echa de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso de su derecho de defensa. Por ello, esta sentencia se abstendrá de condenar al vencido.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 08001-23-33-000-2016-00322-01(2468-20)

Actor: EDUARDO RAFAEL TRIVIÑO MEDINA

Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las garantías de las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 13 de septiembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, sala de decisión oral, sección B, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones

1. El señor Eduardo Rafael Triviño Medina con la representación exigida por la ley y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presenta demanda con la finalidad de obtener la nulidad del acto ficto o presunto configurado por la no atención de la reclamación laboral presentada para el reconocimiento del contrato realidad y el pago de prestaciones sociales radicado bajo el No. 201505005615372 del 16 de septiembre de 2015 ante la secretaría de Salud del Atlántico.

2. A título de restablecimiento del derecho solicita que se declare la existencia de una relación laboral con la demandada, y como consecuencia reconocer y pagar los salarios, horas extras, primas legales y convencionales, primas de servicios o semestral, prima de navidad o anual, prima de vacaciones, cesantías completas, intereses de cesantías, prestaciones sociales, calzado y uniformes, bonificación por recreación, cotizaciones para pensión completas, cotizaciones para salud completas, subsidio de transporte, subsidio de alimentación, subsidio familiar desde el momento de su vinculación y hasta su retiro, sumas que pidió ser indexadas; se declare que no existió solución de continuidad, se condene al pago de la indemnización por despido injusto; a la indemnización moratoria por el no pago de cesantía; al pago de perjuicios morales y materiales e intereses moratorios; y se condene en costas.

Hechos

3. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la situación fáctica expuesta por el accionante en la demanda.

3.1. Sostiene que laboró como promotor de saneamiento ambiental al servicio de la secretaría de salud del departamento del Atlántico, a través de contrato de prestación de servicios para la ejecución de las actividades de inspección vigilancia y control de alimentos en algunos municipios del ente territorial, durante el periodo comprendido entre el 29 marzo de 2006 al 30 de diciembre de 2013.

3.2. Indica que durante tal periodo estuvo bajo la continua dependencia y subordinación de la secretaría de salud del departamento del Atlántico y dentro de las funciones que realizaba de manera personal y permanente se encontraban: “realizar actividades de inspección y vigilancia de los factores de riesgos del ambiente que incluyen prioritariamente, alimentos para el consumo humano, licores, medicamentos, sustancias químicas potencialmente toxicas, establecimientos de alta concentración poblacional, agua para el consumo, residuos solidos municipales, aguas residuales, aire ambiente, zoonosis, y vectores y demás programas de salud ambiental que lo amerite”,

3.3. Manifiesta que durante el tiempo que prestó los servicios estuvo bajo la subordinación del jefe del área, desarrollando funciones propias de los servidores públicos de planta que prestan el servicio de salud a la gobernación del departamento del Atlántico, y cumpliendo con la jornada laboral.

3.4. Reseña que, durante su vinculación con el departamento del Atlántico prestó sus servicios personales de manera continua, realizaba un trabajo subordinado por el empleador y éste le impartía ordenes e instrucciones que debía cumplir, lo capacitaba y le asignaba funciones a través del profesional especializado del grupo de salud ambiental y le suministraba los elementos para el cumplimiento de las funciones.

3.5. Reitera que, en su caso se configuran los elementos constitutivos del contrato realidad y que los contratos de prestación de servicios se firmaban para ocultar el verdadero contrato de trabajo que existía entre las partes y evitar de esta manera cancelar las prestaciones sociales propias de la relación laboral.

3.6. Señala que, con radicado No. 20150500615372 el 16 de septiembre de 2015 presentó ante la secretaría de Salud del Atlántico derecho de petición en el cual solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de prestaciones sociales a que hubiere lugar. (acto acusado)

Normas vulneradas y concepto de violación

4. La parte demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 1, 2, 6, 11, 12, 13, 16, 20, 25, 29, 37, 39, 49, 53, 90, 93, 95, 112 a 125, 209, 365 y 366 de la Constitución Política; Declaración Universal de Derecho Humanos: Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1.966; Convenios No. 87, 98, 100 y 111 de la OIT; 10, 27, 74, 127, 143 y 413 ordinal 4° del Código Sustantivo del Trabajo; Decreto 1469 de 1978; 1, 2, 3 y 17 de la Ley 6° de 1945; Decreto 2127 de 1945; Ley 45 de 1946; 1 parágrafo 1 del Decreto 1160 de 1947; Decreto 797 de 1949; Decreto 1978 de 1989; Decreto 3135 de 1968; Ley 70 de 1988; Decreto 1978 de 1989; Ley 10 de 1990; Ley 4 de 1992; Ley 100 de 1993; Decreto 1421 de 1993; Ley 200 de 1995; 10 y 104 de la Ley 1437 de 2011; 114 de la Ley 1395 de 2010; 98, 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; Ley 244 de 1995; 5 de la Ley 1071 de 2006; Decreto 1919 de 2002; Decreto 3118 de 1968; Ley 432 de 1998; Decretos 1582 y 1453 de 1998; 45 del Decreto 1045 de 1978; 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; Decreto 1252 de 2000; Decreto 1876 de 1994: 6 y 7 del Decreto 1950 de 1973; 29 del Ley 789 de 2002; Decreto 1919 de 2002; 37 del Decreto 3518 de 2006; Sentencia 35303 del 14 de julio de 2009 Tribunal Administrativo de Cali.

5. Indica que entre el actor y el departamento del Atlántico existió una verdadera relación laboral fundamentada en la continua dependencia y subordinación por parte de la secretaría de salud del departamento, razón por la cual el señor Eduardo Rafael Triviño Medina solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho desde el inicio de su vinculación y en igualdad de condiciones con aquellas asignadas al cargo de promotor de saneamiento ambiental de la planta global del ente territorial.

Contestación de la demanda

6. La parte demandada, se opone a las pretensiones de la demanda al señalar que el señor Eduardo Rafael Triviño Medina y la secretaria de salud del departamento del Atlántico nunca existió contrato de trabajo, que su vinculación obedeció a una relación a través de contratos de prestación de servicios regidos por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sin que por ello pueda presumirse que hubo subordinación, por cuanto el servicio prestado no guarda relación alguna con el objeto de la entidad. Propone las excepciones de inexistencia de la relación laboral, inexistencia de la obligación, inexistencia del derecho a favor del demandante, pago, prescripción y la genérica o innominada.

La sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, accedió a las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

8. Para decidir así fijó como problema jurídico a determinar si: “entre el señor EDUARDO RAFAEL TRIVIÑO MEDINA y el Departamento del Atlántico – Secretaría de Salud Departamental, por la concurrencia de los elementos estructurales, existió una verdadera relación laboral durante el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 2006 y el 30 de diciembre de 2013, pese a que la vinculación de dio por contratos y/o ordenes de prestación de servicios profesionales; de ser cierto lo anterior, se declarara la nulidad de los actos fictos negativos surgidos a raíz del silencio del Departamento del Atlántico y la Secretaría de Salud Departamental del Atlántico, respecto de las peticiones elevadas por el accionante el 16 de septiembre de 2015, para lo cual el tribunal examinará los cargos o censuras plasmados en la demanda y su reforma. En caso afirmativo, si resulta procedente ordenar a título de restablecimiento del derecho, el pago de todos y cada uno de los conceptos deprecados en las pretensiones del introductorio. O, por el contrario, si los actos acusados conservan el atributo de la presunción de legalidad, con fundamento la carga argumentativa de la contestación de la demanda”.

9. Arrimó a tal conclusión al considerar que se configuran los elementos constitutivos de una verdadera relación laboral entre las partes, pues, en consideración a las pruebas arrimadas al proceso (testimonios y la documental), se establece la continuidad de la relación, su remuneración y que fue subordinada por la misma naturaleza de la función (prestar servicios como Promotor al servicio de la secretaría de salud del departamento del Atlántico), labor que no podía ser autónoma, en cuanto evidente resulta la falta de liberalidad en ella.

10. Así las cosas, ordenó el pago de las prestaciones sociales teniendo en cuenta la base de los honorarios derivados de los contratos y/o ordenes de prestación de servicios respecto de los cuales no haya ocurrido el fenómeno de la prescripción, e indicó que frente a las órdenes de prestación de servicios 0130*2006*000037, y 0130*2007*000363 se produjo una interrupción de 62 días, que entre 0130*2007*000363 y 0130*2008*000664 se presentó interrupción de nueve (9) meses, circunstancia que se repite entre los contratos 0130*2008*000292, 0130*2010*000180, 0130*2010*000844, 0155*2011*000423, con periodos de dos (2) y hasta siete (7) meses en la prestación del servicios, lo que determinó la solución de continuidad, sin observarse reclamación del actor a la finalización de cada una de estas vinculaciones, lo que conllevó a establecer la prescripción del pago de la indemnización equivalente a las prestaciones sociales respecto de los citados contratos.

12. Reseñó que, con relación a las pretensiones de sanción moratoria, indemnización por despido injustificado e ineficacia del despedido, consideró que si bien, el actor tenía una relación laboral realidad con el demandado, esto no significa que por esta circunstancia que tenga el carácter de servidor público, máxime cuando para para tal evento se requiere entre otros, de un acto administrativo de nombramiento, la posesión en el cargo, que la planta de personal contemple el empleo y la disponibilidad de los recursos en el presupuesto para atender el mismo. Así mismo, tampoco reconoció los perjuicios materiales, morales y a la vida, en atención a que estos no fueron acreditados en curso del proceso, y finalmente, en cuanto a las costas consideró que no concurrieron los presupuestos del artículo 365 del Código General del Proceso para su condena. Y así, declara:

«Primero. - Declárase la nulidad de los actos fictos negativos, surgidos a raíz del silencio del Departamento del Atlántico y la Secretaría de Salud Departamental del Atlántico, respecto de las peticiones elevadas el 16 de septiembre de 2015, a través de los cuales se negó el reconocimiento de la existencia de la relación realidad, acorde con los razonamientos anteriores.

Segundo. – Declárase la existencia de la relación laboral realidad entre el señor Eduardo Rafael Triviño Medina y el Departamento del Atlántico – Secretaría de Salud del Atlántico, por los periodos comprendidos entre el 20 de abril y el 19 de diciembre de 2012; y del 15 de febrero hasta el 30 de diciembre de 2013.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condénese al Departamento del Atlántico – Secretaría de Salud del Atlántico a pagar en favor del demandante, señor Eduardo Rafael Triviño Medina, a título de indemnización, la suma de dinero que resulte como equivalente a las prestaciones sociales, la cual se liquidará teniendo como base cada uno de los honorarios derivados de los contratos suscritos por el señor Triviño Medina, por los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral – realidad, relacionados en el párrafo anterior .

Tercero. - La entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional del demandante, dentro de todos los periodos laborados por prestación de servicios mes a mes; de existir diferencia entre los aportes realizados por el señor Eduardo Rafael Triviño Medina como contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar el respetivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a empleador. Por su parte, el demandante tendrá la obligación de acreditar el pago de cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los referidos vínculos contractuales; y en la eventualidad de no haberlas efectuado o de existir diferencia en su contra, le corresponderá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador.

Cuarto. – Condenase a la entidad demandada al pago de intereses moratorios, en la forma prevista y en cuanto se reúnan los supuestos de hecho del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

Quinto. - Declárase prescrito el pago de la indemnización dineraria equivalente a las prestaciones sociales, respecto de los contratos 0130*2006*000037, 0130*2007*000363, 0130*2008*000664, 0130*2008*000292, 0130*2010*000180, 0130*2010*000844, 0155*2011*000423.

Sexto. - Las sumas que deberá pagar el Departamento de Atlántico se reajustarán en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la formula descrita en la parte motiva de esta providencia.

Séptimo. – Negar las restantes súplicas de la demanda, en concordancia con las motivaciones anteriores.

Octavo. - Sin condena en costas (numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso).

Noveno. - La entidad demandada deberá cumplir esta decisión en los términos de los artículos 194 a 195 del C.P.A.C.A.

Décimo. - Notifíquese personalmente el presente fallo a la correspondiente Procuraduría Judicial Delegada ante este Tribunal».

Recurso de apelación

13. La parte demandante, como apelante único, recurre la sentencia de primera instancia con el propósito que se acceda a todas las pretensiones que fueron negadas, manifestando su inconformidad con la prescripción decretada respecto de los tiempos equivalentes a los contratos 0130*2006*000037, 0130*2007*000363, 0130*2008*000664, 0130*2008*000292, 0130*2010*000180, 0130*2010*000844, 0155*2011*000423, sobre la cual solicita que se revoque lo pertinente y se acceda al pago de las prestaciones sociales y demás derechos que surgen de la existencia tales como la indemnización moratoria .

14. Indica que también su malestar por el hecho que a quo no ordenó el pago de la sanción moratoria durante la relación laboral por la no consignación de las cesantías y el no pago de los salarios moratorios originados a la terminación del contrato de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 50 de 1990. Asimismo, solicita se orden la condena en costas conforme el precedente del Consejo de Estado

Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

15. La parte demandada allegó sus alegatos donde solicita se revoque la decisión de primera instancia. La parte demandante reitera los argumentos de la alzada, solicita se revoque la decisión de instancia en los apartes sobre los que manifestó su inconformidad y se accedan a todas las pretensiones de la demanda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Problema Jurídico

16. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si en la sentencia de primera instancia se realizó una adecuada valoración de las pruebas obrantes en el proceso para determinar sobre cuáles contratos operó el fenómeno trienal de la prescripción, según la fecha de reclamación administrativa; sí resulta procedente el reconocimiento de la sanción moratoria, y la consecuente condena en costas a la parte vencida

17. Para resolver lo anterior la Sala tendrá en cuenta la normatividad y la jurisprudencia relacionada al contrato realidad y el estudio del caso concreto.

Normativa y jurisprudencia aplicable al caso concreto

18. El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, posibilita celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público:

«ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.». (Subrayado fuera del texto original)

19. De tal forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando no puedan realizarse con el personal de planta o se requieran de conocimientos especializados.

20. De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada.

21. Justamente la Corte Constitucional en sentencia C-154-97, estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

22. En este mismo sentido, la sentencia de unificación de la sección segunda de esta Corporación, con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, indicó:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.». (Subraya fuera del texto original).

23. De tal forma, se hace necesario remitir al citado artículo 53 de la Constitución Política que dispone frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”

24. Por su parte, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala los elementos esenciales del contrato de trabajo, de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.». (Subrayado fuera del texto original)

25. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.

26. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y dependencia del trabajador y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo.

Caso concreto

27. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto del debate frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio arrimado al plenario y de conformidad con los hechos constatados, se enfatiza.

28. De tal forma, se encuentran aportados por el demandado e incorporados en debida forma, según se aprecia en audiencia inicial del 18 septiembre de 2018, los siguientes documentales que indican los vínculos contractuales entre los extremos del litigio, así:

28.1. Certificación suscita por la subsecretaria de desarrollo administrativo de la secretaría de salud del departamento del Atlántico el 14 de octubre de 2014, en la cual se reseñan los contratos suscritos entre las partes objeto del litigio, durante las vigencias 2006, 2007, 2008. 2009, 2010 y 2011, y que figuran de la siguiente manera:

No. Contrato
Objeto
Fecha Inicio
Fecha Fin.
Valor
0130*2006*000037
Prestación de los servicios como Técnico de enfermedades de transmisión vectorial de conformidad con las actividades programadas por la subsecretaria de salud pública dentro del Departamento del Atlántico.
29/03/2006
28/02/2007
12.100.000
0130*2007*000363
Prestación de servicios como Visitador ETV como apoyo al programa control de enfermedades transmitidas por vectores de la secretaria de salud del Departamento.
02/05/2007
31/12/2007
6.000.000
0130*2008*000664
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental cuyo objeto es: la realización de actividades de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente, …
01/09/2008
4 meses
5.200.000
Otrosí No. 0130*2008*001300

1 mes
1.300.000
0130*2008*000292
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental para la realización de actividades de inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente que afecten la salud humana, …
13/03/2009
12/12/2009
12.600.000
0130*2010*000844
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental para la realización de actividades de inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente que afecten la salud humana, …
03/09/2010
31/12/2010
5.800.000
0155*2011*000423
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental para la realización de actividades de sensibilización, capacitación, inspección y vigilancia de los factores de riego asociados con los componentes de la estrategia de entornos saludables,….
11/02/2011
30/12/2011
16.106.666
0155*2012*000455
Prestación de servicios como Técnico en Salud Ambiental para la realización de las actividades: en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico: inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente, que afectan la salud humana, en cumplimiento de la actual legislación sanitaria ambiental …..
12/07/2012
26/12/2012
10.164.000
0155*2013*000286
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental para apoyar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente, que afectan a la salud humana, en cumplimiento de la actual legislación sanitaria ambiental, …
15/02/2013
30/12/2013
20.181.000

28.2. Orden de prestación de servicios S/N.
“CONTRATANTE: HOSPITAL LOCAL DE REPELÓN
CONTRATISTA: EDUARDO RAFAEL TRIVIÑO MEDIA.
CONSIDERACIONES PREVIAS: El Hospital Local de Repelón y la Gobernación del Atlántico celebró convenio para ampliar la cobertura de las acciones de prevención en el abastecimiento de agua y preparación de alimentos en los corregimientos, áreas rurales y dispersas de los municipios de Repelón, Polonuevo, y Luruaco, mediante el uso de agua potabilizada para reducir el riesgo de enfermar y morir mediante el consumo a nivel de viviendas y expendios en la vía pública con el uso de las tabletas desinfectantes según los términos de referencia de convenio No. 0130*2007*000546.
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestar sus servicios como Técnicos de Saneamiento Ambiental, realizando las actividades contenidas en el convenio de ampliar cobertura de las acciones de prevención en el abastecimiento de agua y preparación de alimentos en los corregimientos áreas rurales y dispersas en el municipio de Polonuevo.
CLÁUSLA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de esta orden es por la suma de Cinco Millones de Pesos, pagaderos por mensualidades vencidas a razón de Un Millón Pesos M/I ($1.000.000.oo), mensuales que se cancelará previa certificación del servicio, expedida por el Coordinador que designe la Gerencia de la E.S.E.
CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la presente orden es de cinco (5) meses contados a partir de su perfeccionamiento. (…)”
Fecha de suscripción, 4 de julio de 2007.

29. De igual modo, se encuentran incorporados en debida forma, los documentales decretados en audiencia inicial del 18 septiembre de 2018, y arrimados por el secretario de salud del departamento del Atlántico con radicado No. 20190910006291 del 23 de mayo de 2019, así:

29.1. Certificación suscrita por la subsecretaria de desarrollo administrativa de la secretaría de salud del departamento del Atlántico el 2 de abril de 2019, en la cual se relacional los contratos suscritos por el señor Eduardo Rafael Triviño Medina con el Departamento del Atlántico y los contratos en físicos, que se describen a continuación:

No. Contrato
Objeto
Fecha Inicio
Fecha Fin.
Valor
0155*2013*000286
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental para apoyar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente, que afectan a la salud humana, en cumplimiento de la actual legislación sanitaria ambiental, que incluyen los siguientes …
15/02/2013
30/12/2013
20.181.000
0155*2012*000455
Prestación de servicios como Técnico en Salud Ambiental para la realización de las actividades: en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico: inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente, que afectan la salud humana, en cumplimiento de la actual legislación sanitaria ambiental …..
12/06/2012
26/12/2012
10.164.000
0155*2011*000423
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental para la realización de actividades de sensibilización, capacitación, inspección y vigilancia de los factores de riego asociados con los componentes de la estrategia de entornos saludables,….
11/02/2011
30/12/2011
16.106.666
0130*2010*000844
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental para la realización de actividades de inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente que afecten la salud humana, …
03/09/2010
31/12/2010
5.800.000
0130*2010*000180
La realización de las actividades de inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente que incluyan prioritariamente agua para consumo humano, zoonosis y saneamiento básico ambiental
18/02/2010
17/08/2010
8.700.000
0130*2008*000292
Prestación de servicios como Técnico en Saneamiento Ambiental para la realización de actividades de inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente que afecten la salud humana, …
13/03/2009
12/12/2009
12.600.000
Otrosí No. 0130*2008*001300

01/01/2009
31/01/2009
1.300.000
0130*2008*000664
como Técnico en Saneamiento Ambiental cuyo objeto es: la realización de actividades de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente, …
01/09/2008
31/12/2009
5.200.000
0130*2007*000363
Prestación de servicios como Visitador ETV como apoyo al programa control de enfermedades transmitidas por vectores de la secretaria de salud del Departamento.
02/05/2007
31/12/2007
6.000.000
0130*2006*000037
Prestación de los servicios como Técnico de enfermedades de transmisión vectorial de conformidad con las actividades programadas por la subsecretaria de salud pública dentro del Departamento del Atlántico.
29/03/2006
28/02/2007
12.100.000

29.2. Certificación No. 20190510005533 del 14 de mayo de 2019 suscrita por la secretaría de talento humano de la gobernación del Atlántico, en la cual hace constar la existencia en la planta de la gobernación del Atlántico de los cargos de técnico administrativo código 367 grado 12 adscrito a la subsecretaria de salud pública, que cumplían funciones de promotor de saneamiento ambiental, así:

Año
No. de cargo
2006
13
2007
12
2008
12
2009
12
2010
11
2011
11
2012
11
2013
11
2014
11
2015
11

29.3. Decreto No. 000357 de 2015, expedido por el gobernador del departamento del Atlántico en el cual se reseñan los requisitos de estudio y experiencias, la identificación del cargo, el área funcional, propósito principal, descripción de funciones esenciales, conocimientos básicos o esenciales y competencia comportamentales entre otros del cargo de técnico administrativo, código 367, grado 12.

29.4. Diligencia de recepción de testimonio rendidos por los señores Ketty Elisa Bolívar Campo (pensionada), y Armando Antonio Arteta Candanoza (dependiente jurídico), en curso de la audiencia inicial llevada a cabo el 28 de septiembre de 2018 las cuales se aportan al plenario en CD.

30. Ahora bien, frente a los argumentos de apelación, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la declaratoria del reconocimiento del contrato realidad, para lo cual resulta oportuno traer a colación lo manifestado por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, en donde se establece el término de 3 años para aplicar la prescripción extintiva de los derechos prestacionales, que deberán contarse a partir de la finalización de cada contrato, a menos que haya continuidad de estos, de conformidad con lo estimado en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que dispone:

«Artículo 10º.- Para el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad (…).». (Negrilla fuera de texto).

31. Asimismo, las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, donde se dispuso:

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

32. Y más adelante estableció, las siguientes reglas jurisprudenciales:

«(…)

i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador.

De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho (…).».

33. Con base en lo anterior, la Sala observa, como ya se dijo, que la vinculación del demandante a través de los contratos de prestación de servicios fue discontinua, pues las pruebas aportadas dan cuenta que existieron varios periodos en los cuales se interrumpió, en forma considerable, su vinculación, tal como se reseña:

Ítem
Contrato
Periodo de ejecución
1
0130*2006*000037
29/03/2006 al 28/02/2007

Interrupción más de 2 meses, 3 días
2
0130*2007*000363
02/05/2007 al 31/12/2007

Interrupción 8 meses y 2 días
3
0130*2008*000664 - Otrosí No. 0130*2008*001300
01/09/2008 al 31/01/2009

Interrupción más de 1 año, 1 mes, 11 días
4
0130*2008*000292
13/03/2009 al 12/12/2009

Interrupción 2 meses, 6 días
5
0130*2010*000180
18/02/2010 al 17/08/2010

Interrupción 1 año, 15 días
6
0130*2010*000844
03/09/2010 al 31/12/2010

Interrupción 1 mes y 8 días
7
0155*2011*000423
11/02/2011 al 30/12/2011

Interrupción 1 mes, 10 días
8
0155*2012*000455
15/06/2012 al 26/12/2012

Interrupción 1 mes y 10 días
9
0155*2013*000286
15/02/2013 al 30/12/2013

Interrupción de 1 mes 17 días

34. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 16 de septiembre de 2015, se encuentra que todas las prestaciones sociales anteriores al periodo que inició el 16 de septiembre de 2012 se encuentran prescritas, esto es los siete primeros periodos reseñados en el cuadro anterior, por no haber sido reclamados dentro del término de los 3 años que la ley permite, siempre teniendo en cuenta que se deberán liquidar excluyendo las respetivas interrupciones entre periodos contractuales, de tal manera que a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los emolumentos prestacionales que se encuentran por fuera de este término, y solo se podrá reclamar lo correspondiente a los periodos respecto de los contratos señalados en los numerales ocho (8) y nueve (9) de referido cuadro, equivalentes a los 0155*2012*000455 (15/06/2012 al 26/12/2012) y 0155*2013*000286 (15/02/2013 al 30/12/2013), tal como lo estableció el a quo.

35. Ahora bien, con relación al planteamiento del actor respecto a la sanción moratoria reclamada, no hay lugar a tal reconocimiento, toda vez que a partir de esta sentencia surge la obligación del pago de las prestaciones al beneficiario, por lo que no es viable acceder a esa pretensión reclamada.

36. Finalmente, en cuanto a la condena en costas al ente territorial demandado – Departamento del Atlántico, la jurisprudencia de la Sala en dicha temática ha precisado que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, la cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

37. En el caso, la Sala haciendo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echa de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso de su derecho de defensa. Por ello, esta sentencia se abstendrá de condenar al vencido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia del 13 de septiembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, sala de decisión oral, sección B, que accedió las pretensiones de la demanda incoada por Eduardo Rafael Triviño Medina contra el departamento del Atlántico, para el reconocimiento de una relación laboral, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Por la Secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Los Consejeros,

Firma Electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firma Electrónica Firma Electrónica
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
El expediente ingresó al Despacho el 10 de mayo de 2021, según informe secretarial visible a folio 302.
Ver folios 242 al 269.
Ver folios 21 al 38.
0155*2012*000189 (20/04/2012 – 19/12/2012) y 0155*2013*000270 (15/02/2013 – 30/12/2013)
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia 44001233300020149003501 (15752016) enero 18 de 2018, Consejero Ponente Dr. William Hernández.
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejero Ponente: Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., Veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16.
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10).
Modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.
Ver folios 175 al 178.
Ver folios 40 al 43.
Ver folio 44.
Ver folios 175 al 178.
Ver folios 187 al 188.
Ver folios 189 al 191.
Ver folios 203 al 205.
Ver folios 206 al 208.
Ver folio 201 al 202.
Ver folios 198.
Ver folio 197
Ver folio 199.
Ver folio 200.
Ver folio 193.
Ver folios 194 a 196.
Ver folio 182 CD minutos 04: 53 al 10:19.
Ver folio 182 CD minutos 24:02 al 40:44.
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el aludido interregno, es del caso interpretar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT, de acuerdo con el cual los ajustes finales de los salarios debidos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es desde ese momento en que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación) y, en consecuencia, reclamar el pago de las prestaciones a las que tendría derecho de comprobarse ese vínculo, todo lo anterior en virtud de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, así como los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social.
Ver folios 21 al 30 Radicado No. 20160500615372
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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