Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00360-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00360-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2016-00360-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
17 de octubre de 2025
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00360-01 (66964)
Demandantes: Hayden Jesús Arenas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Medio de control: Acción de grupo
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00360-01 (66964)
Demandantes: Hayden Jesús Arenas y otros
Demandado: Ministerio de Justicia y del Derecho y otros
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
sentencia dictada el 27 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B que negó las pretensiones de la
demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia de
acuerdo con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante, el “CPACA”, que
dispone que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal
Administrativo del Atlántico conoció el proceso en primera instancia en virtud de la
cuantía estimada en la demanda, según el numeral 15 del artículo 152 del mismo
código.
SÍNTESIS1
Los demandantes solicitan la reparación del daño causado por el hacinamiento
existente en la Cárcel Nacional La Modelo de Barranquilla. El tribunal negó las
pretensiones porque la parte actora no demostró los perjuicios. La Sala confirma la
decisión de negar las pretensiones, pues los reparos formulados por la parte
demandante en la apelación son reparos generales y en ellos no se cuestiona
concretamente la argumentación hecha por el tribunal.
I. ANTECEDENTES
A. La posición de la parte demandante
1. La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 20 de abril de 2016 por
los señores Tarcisio Gómez Arias, Iván Alejandro Elles Lobo, Hayden Jesús Arenas
Mosquera, Carlos Mario Granados Sastoque y Jaime Humberto Mejía Bencardino,
quienes afirmaron obrar como integrantes del grupo conformado por las personas
1 Tema: hacinamiento carcelario — carga de la prueba — ausencia de reparos concretos.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00360-01 (66964)
Demandantes: Hayden Jesús Arenas y otros
detenidas en la Cárcel Nacional La Modelo de Barranquilla (en adelante CMSBA La
Modelo), la Penitenciaría El Bosque (en adelante EPMSC El Bosque), la Cárcel
Distrital para varones El Bosque, Cárcel de Sabanalarga (en adelante ERE
Sabanalarga), el Centro de Rehabilitación El Buen Pastor de Barranquilla, todos
ubicados en el departamento del Atlántico.
2. La demanda se dirigió contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, el Inpec), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (en adelante, la Uspec), el Departamento del Atlántico
y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (en adelante, el Distrito
de Barranquilla) para obtener la reparación del daño ocasionado a los integrantes
del grupo por el hacinamiento existente en los mencionados establecimientos de
reclusión.
3. En la demanda se formuló la siguiente pretensión principal:
1. Que se declare administrativamente responsables de los perjuicios materiales y
morales y daños excepcionales ocasionados a los reclusos en las cárceles distrital
para varones “El Bosque”, Cárcel Nacional La Modelo de Barranquilla, Penitencia
(sic) “El Bosque”, Cárcel de Sabanalarga, Centro de Rehabilitación “El buen pastor”
de Barranquilla por falla del servicio, así como a sus esposas e hijos, padres,
hermanos, al haber tenido que sufrir un estado de postración, necesidades físicas,
falta de atención médica, problemas de hacinamiento, sanitarios, enfermedades
de todo tipo, prevenibles, por la ineficiencia del Estado colombiano, estado
constitucional y legalmente obligado a velar por la vida, honra y bienes de todos
los ciudadanos de este país. Por haber permitido que estos ciudadanos llegasen a
vivir peor que los animales. Por los daños antijurídicos causados por la omisión de
estas entidades al no haber desarrollado las medidas administrativas suficientes y
oportunas con el propósito de garantizar a todos los reclusos de estas cárceles un
trato digno, violando todos sus derechos fundamentales a la salud, resocialización,
dignidad humana. (…)
4. Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:
4.1. En los establecimientos de reclusión CMSBA La Modelo, EPMSC El Bosque, la
Cárcel Distrital para varones El Bosque, ERE Sabanalarga, el Centro de
Rehabilitación El Buen Pastor de Barranquilla, todos ubicados en el Departamento
del Atlántico, hay un nivel alto de hacinamiento que afecta los derechos
fundamentales de las personas allí recluidas, así como sus condiciones de salud,
salubridad y seguridad.
4.2. Dicho hacinamiento ha sido documentado en distintos informes elaborados por
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en 2014 y 2015.
Por esos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación inició un proceso
preventivo y la Defensoría del Pueblo inició una acción popular y una acción de
tutela.
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Demandantes: Hayden Jesús Arenas y otros
4.3. Elhacinamiento carcelario dio lugar a que la Corte Constitucional, en las
sentencias T-153 de 2008, T-861 de 2013 y T-388 de 2013, declarara la existencia
de un estado de cosas inconstitucional.
4.4. A raíz del hacinamiento carcelario, el 27 de enero de 2014 se inició una revuelta
en el establecimiento de reclusión CMSBA La Modelo. La revuelta dio lugar a un
incendio en el que murieron dieciséis (16) reclusos y resultaron heridos otros treinta
y ocho (38).
5. El daño sufrido por los integrantes del grupo es imputable a las entidades
demandadas a título de falla del servicio “toda vez que [incurrieron en] omisiones y
negligencia en el hacinamiento carcelario, en la falta de atención en la salubridad
pública, en el mantenimiento, reparación de las cárceles, en la protección a la vida,
en la falta de implementación de medidas necesarias para superar las condiciones
de hacinamiento, vulnerabilidad, contaminación ambiental y seguridad al interior de
las cárceles”.
Los demandantes solicitaron indemnizar los siguientes perjuicios a favor de los
integrantes del grupo: (i) perjuicios morales equivalentes a 100 salarios mínimos
mensuales vigentes a favor de cada integrante del grupo y (ii) daño emergente y
lucro cesante, los cuales no fueron especificados en la demanda2.
B. Posición de la parte demandada
6. El Distrito de Barranquilla se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expuso que no existe un nexo causal entre el daño y el
actuar de esa entidad porque: (i) el Distrito de Barranquilla solo tiene a cargo dos
(2) de los establecimientos de reclusión mencionados en la demanda (la Cárcel
Distrital para varones El Bosque y el Centro de Rehabilitación El Buen Pastor de
Barranquilla); (ii) los demandantes no estuvieron detenidos en ninguno de esos
establecimientos de reclusión y (iii) en todo caso, según los informes citados en la
misma demanda, en el Centro de Rehabilitación El Buen Pastor de Barranquilla no
ha habido hacinamiento. Con fundamento en estos mismos argumentos, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
7. El Ministerio de Justicia y del Derecho también se opuso las pretensiones de la
demanda. En su contestación señaló que: (i) no causó el daño reclamado porque
no tiene a su cargo funciones relacionadas con la administración de los
establecimientos de reclusión y en la demanda tampoco se imputó puntualmente
una falla del servicio en la que haya incurrido ese ministerio. Por el contrario,
destacó las distintas políticas adoptadas por esa cartera para superar la
problemática del hacinamiento carcelario; y (ii) en la demanda no se identificaron
puntualmente los perjuicios cuya indemnización se solicita, ni se allegaron o
solicitaron medios de prueba para acreditarlos. Así mismo, formuló las siguientes
2 Si bien en las pretensiones se solicita expresamente la reparación de estos perjuicios, en el acápite relativo a
la estimación de los perjuicios los demandantes solamente mencionan los perjuicios morales.
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excepciones: (i) la falta de legitimación en la causa por pasiva y (ii) la caducidad de
la acción en relación con los daños ocasionados por el incendio ocurrido el 27 de
enero de 2014 en el establecimiento de reclusión CMSBA La Modelo.
8. El Inpec pidió que se negaran las pretensiones de la demanda porque: (i) la parte
actora no allegó ni solicitó medios de prueba para acreditar los perjuicios
reclamados y (ii) el Inpec no causó el daño. Señaló que esa entidad únicamente
tiene a cargo el cuidado de la población condenada, mientras que los sindicados,
de conformidad con el Código Penitenciario y Carcelario, están a cargo de las
entidades territoriales. Así mismo, precisó que la prestación del servicio de salud de
las personas es responsabilidad de la Uspec y que el hacinamiento carcelario
realmente tiene origen en las decisiones judiciales, en el incumplimiento de las
obligaciones a cargo de las entidades territoriales y en la desarticulación de la
política pública en materia criminal. Por estas mismas razones formuló la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva. Así mismo, formuló las excepciones
de caducidad de la acción, cuyos fundamentos no precisó, y de pleito pendiente y
cosa juzgada, para lo cual enunció distintos procesos judiciales que se han iniciado
con ocasión del hacinamiento carcelario.
9. La Uspec se opuso a las pretensiones porque no causó los perjuicios reclamados
en la demanda. Su oposición se basó en los siguientes argumentos: (i) la Uspec fue
creada para suministrar los bienes y servicios requeridos para garantizar el
bienestar de la población privada de la libertad. Sin embargo, el cumplimiento de
esa función depende de la identificación y determinación previa de las necesidades
de los establecimientos carcelarios por parte del Inpec; (ii) el cumplimiento de las
funciones de la Uspec depende de la asignación de recursos que realice el
Ministerio de Hacienda en el Presupuesto General de la Nación y las prioridades
fijadas por el Departamento Nacional de Planeación en el Plan Nacional de
Desarrollo; (iii) contrariamente a lo sostenido por el Inpec, sostuvo que la Uspec no
tiene a su cargo la prestación y seguimiento del servicio de salud a la población
privada de la libertad, para lo cual precisó las competencias a su cargo en esa
materia y aquellas a cargo del Inpec; (iv) teniendo en cuenta las anteriores
limitaciones, enunció las diferentes acciones y contratos celebrados por la Uspec
para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad (generación de
nuevos cupos, suministro de alimentación, adquisición de medios de transporte,
adquisición de equipos médicos, etc.); y (v) similarmente a lo expuesto por el Inpec,
precisó que las entidades territoriales son las que tienen a su cargo el cuidado y
atención de los sindicados.
10. El Departamento del Atlántico también solicitó que se negaran las pretensiones
de la demanda porque no causó los perjuicios reclamados en la demanda. Para ello
enunció las distintas acciones realizadas por ese ente territorial para superar la
problemática del hacinamiento en los establecimientos de reclusión a su cargo (la
Cárcel Distrital para varones El Bosque y el Centro de Rehabilitación El Buen Pastor
de Barranquilla). Con base en esos mismos argumentos propuso la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva.
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C. Sentencia recurrida
11. En la sentencia del 27 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B negó las pretensiones de la
demanda con base en las siguientes consideraciones:
11.1. Con excepción del daño por afectación a bienes constitucionalmente y
convencionalmente protegidos, la parte actora no acreditó los perjuicios individuales
sufridos por los integrantes del grupo (perjuicios morales, daño emergente y lucro
cesante). Al respecto, destacó que: (i) los demandantes pretendieron acreditar los
perjuicios individuales a través de pruebas testimoniales y de dictámenes periciales;
(ii) los testimonios practicados en el proceso no acreditaron los perjuicios
individuales, pues los testigos no identificaron de manera concreta los internos ni
los establecimientos de reclusión mencionados en sus dichos; (iii) en el trámite de
la primera instancia se negó la práctica de los dictámenes periciales solicitados para
acreditar los perjuicios.
11.2. El hecho notorio consistente en la declaratoria del estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario por parte de la Corte
Constitucional es suficiente para acreditar el daño por afectación a bienes
constitucionalmente y convencionalmente protegidos. En efecto, dicha declaratoria
demuestra la vulneración a la dignidad humana padecida por la población privada
de la libertad en los establecimientos de reclusión mencionados en la demanda. Sin
embargo:
a. El daño por afectación a bienes constitucionalmente y convencionalmente
protegidos se debe reparar a través de medidas no pecuniarias y,
excepcionalmente, cuando estas sean insuficientes, a través de una indemnización
pecuniaria.
b. Las medidas no pecuniarias adoptadas por la Corte Constitucional en el marco
de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional y por la Sección Primera del
Consejo de Estado en la sentencia del 18 de mayo de 20183, la cual fue dictada en
conocimiento de una acción popular iniciada por la violación de derechos colectivos
causada por el hacinamiento carcelario, son suficientes “para la satisfacción
progresiva” del derecho a la dignidad humana de las personas privadas en la
libertad en los establecimientos de reclusión CMSBA La Modelo, EPMSC El
Bosque, la Cárcel Distrital para varones El Bosque, ERE Sabanalarga, el Centro de
Rehabilitación El Buen Pastor de Barranquilla.
c. “Se advierte que no resulta procedente ninguna indemnización pecuniaria, puesto
que no por el hecho de las dificultades en el seguimiento y cumplimiento de las
medidas contenidas en las órdenes dictadas por la Corte Constitucional y la Sección
3 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicación: 08001-23-31-005-2015-
00249-02(AP), C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Primera del Consejo de Estado, resulta dable concluir que estas sean insuficientes.
Para la Sala aceptar la excepcionalidad de la indemnización sólo sería dable si se
demostrara la indolencia e indiferencia del Estado en la superación de un ECI en el
que precisamente se ocasionan los daños en cuestión”.
D. Recurso de apelación
12. La parte demandante solicita que se revoque integralmente la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones. En su recurso
formula los siguientes reparos que se transcriben integralmente:
Sostiene el Sr. Magistrado ponente y la sala que lo conforma que este profesional
solamente circunscribió las pretensiones de la demanda al reclamo por el derecho
de la dignidad humana de los internos de la Cárcel Distrital para varones "El
Bosque'', Cárcel Nacional la Modelo de Barranquilla, Penitenciaria El Bosque,
Cárcel de Sabanalarga, Rentro de rehabilitación “El Buen Pastor” de Barranquilla.
Esta lectura de las pretensiones de la demanda y del contenido de la misma llevada
a cabo por la sala, conllevó a (sic) que se concluyera que las medidas dictadas por
la Corte Constitucional y por la Sección Primera del Consejo de Estado, fueran
suficientes para las satisfacciones progresivas de dichas pretensiones.
Inicialmente debo decir que la demanda se dirige a establecer una falla del servicio
por parte del Estado y sus diferentes entidades; falla del servicio concerniente en
la falta de atención médica, necesidades físicas, problemas de hacinamiento,
problemas sanitarios, enfermedades de todo tipo prevenibles, todo esto causado
por la omisión del Estado y sus entidades por no haber desarrollado las medidas
administrativas suficientes y oportunas, con el propósito de garantizar a todos los
reclusos de estas cárceles un trato digno pero primordialmente los derechos de la
salud, resocialización, sobre todo cuando se habla de salud tiene que
necesariamente integrarse al derecho a la vida, todo esto está comprobado como
hecho notorio en las muertes de tantos compatriotas integrados en las cárceles del
país, muertos por covid y diferentes enfermedades.
De manera tal que no puede la sala solamente circunscribirse a visionar el derecho
a la dignidad humana, para terminar, estableciendo que esta no requiere una
indemnización pecuniaria, por cuanto según la sala las medidas anunciadas por el
Estado son suficientes para mejorar la situación de estos ciudadanos privados de
la libertad.
Téngase en cuenta que la sentencia del Consejo de Estado, modificó una
sentencia proferida el 8 de junio del 2016 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y que luego de esa fecha ha habido pronunciamientos de la Corte
Constitucional y estudios de la Procuraduría General de Nación, Defensoría del
Pueblo, en la cual queda demostrado que a pesar de los anuncios del Estado, la
situación de los presos de las cárceles colombianas continua igual o peor, por lo
que resulta inaceptable que sin tener las pruebas que demuestren el hecho de que
la situación de los reclusos se ha modificado sustancialmente por parte del Estado,
se dicte una sentencia en la cual groseramente se dejan sin indemnizar unos
prejuicios de orden moral para los presos de este departamento, por lo cual solicito
una vez admitido este recurso, la Sección del Consejo de Estado correspondiente
revoque el numeral primero y segundo del fallo proferido por su despacho.
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E. Trámite del proceso en segunda instancia
13. El recurso de apelación se admitió mediante auto del 30 de agosto de 2021. En
auto del 18 de julio de 2022 se corrió traslado para alegar de conclusión. Los
demandantes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelario y el Departamento del Atlántico presentaron alegatos. El
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla guardaron silencio. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión
de negar las pretensiones porque la parte actora no acreditó los perjuicios
reclamados en la demanda.
14. El 4 de diciembre de 2024 el magistrado Alberto Montaña Plata ordenó remitir el
proceso de la referencia al presente despacho porque el proyecto presentado para
la discusión fue derrotado en la sala del 18 de noviembre de 2024.
II. CONSIDERACIONES
F. Asuntos procesales
15. Si bien en los fundamentos de derecho de la demanda se menciona que el 27 de
enero de 2014 ocurrió un incendio en el establecimiento de reclusión CMSBA La
Modelo en el que murieron 16 reclusos y resultaron heridos otros 38, la sala no se
pronunciará sobre la responsabilidad de las entidades demandadas en relación con
este hecho porque: (i) en las pretensiones de la demanda no se solicitó de forma
expresa la reparación del daño ocasionado por ese hecho y (ii) en todo caso, en
relación con este hecho, la demanda fue presentada por fuera del término de
caducidad de dos años previsto en el literal h) del artículo 164 del CPACA4.
16. En atención al término de caducidad de la acción, la sala se pronunciará de fondo
únicamente respecto de los perjuicios sufridos por los integrantes del grupo
comprendidos entre el 19 de abril de 2014 (primer día indemnizable teniendo en
cuenta la fecha de la presentación de la demanda y el término de caducidad) y el
20 de abril de 2016 (fecha de la presentación de la demanda).
G. Sentido de la decisión
17. La sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda porque
los reparos que formuló la parte demandante en la apelación son insuficientes para
controvertir la decisión de primera instancia. La parte demandante se limitó a
exponer reparos generales contra la decisión recurrida, pero no cuestionó
concretamente la argumentación realizada por el tribunal.
4 En relación con este hecho, la caducidad de la pretensión ocurrió el 28 de enero de 2016 y la demanda se
presentó el 20 de abril de 2016.
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18. El artículo 68 de la Ley 472 de 1998 establece que residualmente se aplican las
normas procesales civiles5. Por esto, en materia de los reparos que deben
formularse en el recurso de apelación contra la sentencia, deben aplicarse las
disposiciones de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en adelante,
“CGP”.
18.1. El artículo 320 del CGP preceptúa que el “recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión” (destacado fuera del texto).
18.2. El numeral 3 del artículo 322 de la misma norma señala que el apelante debe
sustentar el recurso presentado contra una sentencia, así:
ARTÍCULO 322. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS. El recurso de apelación se
propondrá de acuerdo con las siguientes reglas:
(…)
3. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante
el juez que dictó la providencia (…)
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso
en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días
siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por
fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que
le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el
superior.
Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las
razones de su inconformidad con la providencia apelada.
(…)
18.3. Por su parte, el artículo 328 del CGP señala que el “juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley” (negrillas propias).
18.4. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que el apelante debe plantear
una argumentación que controvierta las razones que fundaron la decisión del juez
de primera instancia. En ese sentido, no es suficiente que el recurrente haga
manifestaciones genéricas en contra de la decisión apelada para cumplir con la
carga de sustentación del recurso. En efecto:
A partir del contenido de los citados artículos, resulta diáfano que la carga de
sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la
simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la
solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la
parte inconforme o mucho menos, con la mera reiteración o remisión de las
5 “ARTICULO 68. ASPECTOS NO REGULADOS. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
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razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o
en la contestación. Ello es así, en tanto lo que la ley determina, bajo la garantía de
la doble instancia, es que se ataquen o cuestionen los fundamentos de hecho y/o
de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere
desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la
impugna, sino porque exista de por medio un juicio, una razón o una ponderación
que conduzca a considerar que lo definido en primera instancia no corresponde,
en derecho, a una decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que
debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.
En ese sentido, con identidad de criterio al expuesto, se ha pronunciado la Corte
Suprema de Justicia al señalar que “el deber de sustentar este recurso [el de
apelación] consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o
motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o sea para expresar
la idea con un criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la
pertinente crítica jurídica se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatorio o modificación”6.
Esta Corporación tampoco ha sido indiferente frente al cumplimiento de esta
exigencia y, sobre este aspecto, ha señalado que “el recurso de apelación se
encuentra establecido para que el afectado con una decisión judicial formule
reparos, inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que
lo interponga dirija su sustentación a esos aspectos”7 y, en otra oportunidad,
expresó:
“… el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es la
referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el juez
de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de solicitarle
al superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o aspectos que se
plantean ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico
aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado corresponde hacer
dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia merece ser o no
confirmada”.
Con tales derroteros, esta Subsección en varias oportunidades ha señalado que
“el marco de la competencia del juez en segunda instancia lo constituyen los
cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual, no basta
con la simple interposición del recurso o con la manifestación general de no estar
conforme con la decisión apelada, toda vez que quien tiene interés en que el
asunto sea analizado de fondo debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos
en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis presentada”8.
(…)
De manera convergente con lo anterior, las distintas Secciones que integran la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han reiterado que,
cuando no se satisface la carga de sustentar adecuadamente el recurso, se impone
confirmar la decisión impugnada. Por ejemplo, en providencia del 1 de agosto de
2018, la Sección Segunda señaló que “(…) en atención a que la parte demandada
no controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia, esta Corporación no
puede resolver a su favor el recurso, en vista de que los argumentos de la decisión
6 [Cita del original] Corte Suprema de Justicia, providencia del 30 de agosto de 1984. M.P. Humberto Murcia
Ballén. Tomado Consejo de Estado, auto del 17 de marzo de 1995, exp. 3250.
7 [Cita del original] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3
de julio de 2015, exp. 25000 23 24 000 2004 00228 01.
8 [Cita del original] Al respecto se pueden consultar las sentencias del 14 de mayo del 2014 (exp. 31.469) y del
31 de enero de 2019, (exp. 52663).
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que emitió el fallador de primera instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación
dentro del recurso de apelación interpuesto”9.
En el mismo sentido, en la sentencia del 23 de enero de 2020, la Sección Primera
afirmó que “[e]l recurrente no hace, en lo absoluto, motivación alguna que refute
las consideraciones expuestas por el a quo en el fallo recurrido, con lo cual deja a
esta Sala, desprovista de todo elemento que le permita revisar la sentencia, en esa
medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor respecto del fallo objeto
de apelación por lo que habrá de confirmarse la sentencia del Tribunal”10.
Esta Subsección ha seguido este criterio, como ocurrió en la sentencia del 19 de
junio de 2020, en la que afirmó: “Así las cosas, esta Subsección, en reiteración de
múltiples de sus precedentes, considera necesario aplicar al caso objeto de estudio
las pacíficas subreglas jurisprudenciales antes expuestas consistentes en que, de
no constatarse una sustentación material, suficiente o adecuada del recurso de
apelación, habrá lugar a que se confirme la providencia recurrida por carencia de
objeto de la alzada”11.12.
18.5. Inclusive, recientemente, la Subsección B sostuvo lo siguiente:
2) No obstante, la parte demandante no refutó la argumentación del tribunal
relacionada con la configuración del hecho exclusivo de la víctima como causal
eximente de responsabilidad, lo cual constituyó la razón fundamental para negar
las súplicas de la demanda.
3) En ese contexto, es especialmente relevante precisar que la posición unificada
de la Sección Tercera13 indica que el marco fundamental de competencia del juez
de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas
que se aducen en contra de la decisión adoptada en primera instancia, pues, el
artículo 320 del Código General del Proceso, norma procesal vigente al momento
de interposición del recurso de apelación, prevé que el superior puede examinar
“la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante”.
4) En este caso, es evidente que el reparo formulado en la impugnación no
controvierte la decisión de primera instancia (…) lo cual impide su análisis en esta
otra instancia procesal14.
19. En el presente caso, justamente, el recurrente no expone argumentos concretos
para discutir la decisión del tribunal. En la sentencia apelada, el juez de primera
instancia decidió negar las pretensiones porque: (i) la parte actora no cumplió la
carga de probar los perjuicios individuales sufridos por los integrantes del grupo,
para lo cual destacó la insuficiencia de los medios de prueba allegados al proceso
9 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de agosto de 2018.
Exp. 3026-15. C.P. William Hernández Gómez.
10 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 23 de enero de 2020. Rad. 25000-23-
25-000-2012-90514-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de junio de 2020.
Exp. 49.572. C.P. María Adriana Marín.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, radicación: 68001-
23-31-000-2012-00368-01(52711), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012,
expediente 21.060, CP Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 12 de abril de 2024, expediente 65.756, CP Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2024, expediente 58.336, CP Martín Bermúdez Muñoz.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de junio de 2025, radicación: 76001-23-
31-000-2011-00302-02 (69188), C.P. (E) Fredy Ibarra Martínez.
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Demandantes: Hayden Jesús Arenas y otros
y (ii) resultaba improcedente ordenar la adopción de medidas no pecuniarias y
pecuniarias para reparar el daño a bienes constitucionalmente y convencionalmente
protegidos ocasionado por el hacinamiento carcelario.
20. Sin embargo, en el recurso de apelación, la parte actora no controvirtió los
anteriores razonamientos. Por el contrario, se limitó a insistir, de forma genérica y
abstracta, en que el hacinamiento carcelario ocasionó la violación de múltiples
derechos de los integrantes del grupo, argumento que resulta insuficiente para
condenar a las entidades demandadas. En especial, la Sala destaca que en la
apelación no se controvirtió de manera puntual el incumplimiento de la carga de la
prueba en relación con la acreditación de los perjuicios individuales sufridos por los
integrantes del grupo.
21. No es la violación de un derecho (individual o colectivo) lo que genera la
obligación de reparar a cargo del Estado, como lo sostiene erróneamente la parte
actora en la apelación, y esa deducción no puede hacerse a la luz del artículo 90 de
la CP. De acuerdo con esta norma, lo que genera la obligación de reparar es la
naturaleza particular y antijurídica de los perjuicios que sufre la víctima, cuya
existencia e intensidad deben ser plenamente acreditados.
22. En consecuencia, la acción de grupo no puede ser utilizada como un instrumento
procesal para proteger los derechos individuales o colectivos de un grupo
determinado o determinable de personas, como lo pretenden los demandantes.
Para ello, el ordenamiento jurídico consagra otras vías procesales, como la acción
de tutela o la acción popular.
23. Adicionalmente, se destaca que la parte actora tenía la carga de acreditar de
forma concreta el daño antijurídico sufrido por los integrantes del grupo y los
perjuicios reclamados en la demanda.
23.1. El artículo 52 de la Ley 472 de 1998 establece que en la demanda presentada
en ejercicio de la acción de grupo deben expresarse “hechos de la demanda y las
pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso”. En el mismo sentido, el
artículo 62 regula el período probatorio en el marco de dicha acción15.
23.2. Teniendo en cuenta este marco normativo, la jurisprudencia ha interpretado
que, en el marco de la acción, los demandantes también tienen la carga de la
prueba. Esta Subsección, por ejemplo, ha sostenido lo siguiente:
35. La parte demandante, en una absoluta inobservancia de su deber de probar
los eventuales perjuicios superiores a los compensados (artículo 177 de CPC) se
desinteresó, de tal manera de sus cargas probatorias, que no existe en el
expediente prueba de que hubiera sido afectada por la interrupción en la
prestación del servicio, de los perjuicios ocasionados, o de que para la época de
15 “ARTICULO 62. PRUEBAS. Realizada la audiencia de conciliación, el Juez decretará las pruebas solicitadas
y las que de oficio estime pertinentes, y señalará un término de veinte (20) días para que se practiquen, dentro
del cual fijará las fechas de las diligencias necesarias. Si la complejidad del proceso lo requiere, dicho término
podrá ser prorrogado de oficio o a solicitud de parte, hasta por otro término igual”.
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Demandantes: Hayden Jesús Arenas y otros
los hechos fuera usuaria del servicio prestado por Comcel S.A., a lo que se suma
su injustificada inasistencia al interrogatorio de parte que tenía por objeto aclarar
algunos elementos de la presente acción, consideraciones que resultan suficientes
para confirmar la decisión de primera instancia16.
23.3. En el mismo sentido, recientemente la Subsección A consideró lo siguiente:
57. En lo que respecta a la carga de la prueba, la Ley 472 de 1998 -en línea con
lo previsto en el artículo 167 del CGP-, establece que esta corresponde a la parte
demandante. Aunado a ello, la Corte Constitucional17 ha reiterado que la regla
general, en materia probatoria, impone a quien alega la vulneración de un derecho
la carga de demostrar los hechos que sustentan su reclamación y que, en el marco
del medio de control de reparación de perjuicios a un grupo, dicha exigencia resulta
lógica y necesaria, pues son los directamente afectados quienes tienen mayor
capacidad para precisar los perjuicios sufridos18.
24. A pesar de lo anterior, los accionantes no cumplieron con la anterior carga. Por
el contrario, se destaca que los demandantes se limitaron a allegar y solicitar la
práctica de medios de convicción para demostrar la existencia del hacinamiento
carcelario sin evidenciar el daño antijurídico ocasionado por este fenómeno a los
integrantes del grupo. De hecho, la parte actora ni siquiera identificó en qué
establecimiento de reclusión estuvieron detenidos los cinco demandantes que
otorgaron poder, ni el período durante el cual estuvieron privados de la libertad.
25. Finalmente, contrariamente a lo sostenido por el tribunal, la declaratoria del
estado de cosas inconstitucional realizada por la Corte Constitucional es insuficiente
para tener como probado que el hacinamiento carcelario ha causado un daño
antijurídico indemnizable, en los términos del artículo 90 de la CP, a los integrantes
del grupo. La acción de grupo no se puede convertir en un mecanismo judicial para
hacer seguimiento a las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en desarrollo
de un estado de cosas inconstitucional.
H. Costas
26. La sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante porque no
se cumplen los requisitos señalados para ello en la Ley 472 de 199819.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2025, radicación: 05001-23-
33-000-2013-01582-01 (AG), C.P. Alberto Montaña Plata.
17 [Cita del original] Corte Constitucional, sentencia C-086 del 24 de febrero de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de junio de 2025, radicación: 25000-
23-41-000-2014-01298-00 (66884), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
19 En relación con los requisitos para condenar en las acciones de grupo, ver Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de junio de 2024, expediente
68712. M.P. Alberto Montaña Plata.
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RESUELVE
PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, que negó
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. SIN CONDENA en costas.
TERCERO. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
13
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