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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00477-01

Fecha
22 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00477-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2019, por el Tribunal Administrativo del Atlántico. 18 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”. 19 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO “3.1.3. Segunda instancia. “Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. 20 Toda vez que la cuantía se estimó en la suma de $486’920.765 12 Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423) Actor: Humberto Pernett Montaño y otro Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Referencia: Medio de control de reparación directa SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho, cuatro millones ochocientos sesenta y nueve doscientos siete ($4.869.207), a favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2016-00477-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

22 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: REPARACIÓN DIRECTA - ACTIO IN REM VERSO – No se acreditó el
requisito de procedencia alegado como fuente de enriquecimiento sin causa.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de un daño patrimonial derivado de un supuesto
enriquecimiento sin justa causa, por cuenta de las obras que ejecutó el
demandante sin que mediara un contrato estatal, dada la necesidad manifiesta
que presentaban los establecimientos educativos intervenidos.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 12 de abril de 2019, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, decidió la demanda de reparación directa
presentada el 20 de abril de 20161, por el señor Humberto Pernett Montaño2),
contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el fin de que
se le declare patrimonialmente responsable por el enriquecimiento sin causa del
que se benefició como consecuencia de las obras ejecutadas en los
establecimientos educativos de la región, sin que mediara un contrato estatal con
las formalidades plenas3.

2. Como fundamento fáctico de la demanda, expuso que debido a una serie de
necesidades urgentes que presentaban algunos establecimientos educativos del
Distrito de Barranquilla y, con la finalidad de dar continuidad al servicio educativo,

1 Folio 7 del cuaderno 1.
2 Quien, a través de un contrato, cedió los derechos litigiosos que le correspondían en este asunto
al señor Mario Humberto Moreno Salgado; así, en audiencia del 14 de noviembre de 2018, el a quo tuvo
como sucesor procesal del demandante al referido señor. Decisión que notificó por estrados, sin que fuera
objeto de contradicción.
3En consecuencia, solicitó que se condenara al Distrito Especial y Portuario de Barranquilla a pagar la suma
de $422.485.765 que comprende el valor total de las obras ejecutadas; y, 100 SMLMV por concepto de
perjuicios morales.

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

diferentes rectores de esas instituciones le solicitaron de manera verbal al actor
que adelantara las obras locativas que se tornaban apremiantes.

3. Dijo que las obras ejecutadas, consistentes en reparaciones locativas, fueron
conocidas por los secretarios de educación del Distrito, quienes eran conscientes
de que las mismas debían ejecutarse ante el riesgo en el cual se encontraba la
comunidad educativa.

4. Indicó que, pese a los requerimientos verbales del actor para que se
materializara el pago de los recursos invertidos en las obras ejecutadas, no fue
posible su pago, lo cual -en su sentir- generó un enriquecimiento sin causa en
favor del Distrito de Barranquilla y un correlativo empobrecimiento en su contra,
puesto que para la ejecución de tales obras que no daban espera, había invertido
dineros propios y de terceras personas.

5. Afirmó, finalmente, que los perjuicios causados al actor debían ser analizados
en aplicación de los criterios de la actio in rem verso y, en consecuencia, debían
reconocerse los valores invertidos en la ejecución de tales obras4.

La defensa

6. La alcaldía de Barranquilla se opuso a las pretensiones, por considerar que el
supuesto fáctico de la demanda carece de respaldo probatorio. Señaló que no
procede ningún reconocimiento, en tanto que las obras se ejecutaron sin que
mediara un contrato estatal con formalidades plenas. Finalmente, alegó
“inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”5.

7. Al concluir la etapa probatoria 6 , las partes insistieron en sus alegatos de
conclusión en los argumentos de la demanda y su contestación, respectivamente7.

8. En su concepto, el Ministerio Público sostuvo que, en línea con los criterios de
unificación fijados por el Consejo de Estado frente a la actio in rem verso, en este
asunto las pretensiones estaban llamadas al fracaso, en tanto que no se acreditó

4 Folios 1 a 7 del cuaderno 1.
5 Folios 40 a 48 del cuaderno 1.
6 En audiencia inicial llevada a cabo el 8 de noviembre de 2018 (folios 73 a 76), el a quo incorporó como prueba
los documentos aportados con la demanda (copia de las certificaciones emitidas por los rectores de los
establecimientos educativos Nuevo Colegio Técnico de Santuario, Colegio Técnico Diversificado de
Barranquilla COTEDIBA, Institución Educativa Distrital Simón Bolívar, Institución Educativa Carlos Meisel.
Colegio Distrital Nuevo Bosque e Institución Educativa Distrital Ciudadela Estudiantil; y, constancia de
conciliación extrajudicial emitida por la Procuraduría 118 Judicial II para asuntos administrativos). Al lado de
esto decretó los testimonios de Edgar Torres Esquiva, Harold José Bolívar Reyes y Justo Ladrón de Guevara,
los cuales se practicaron en audiencia del 14 de noviembre de 2018.
7 Folios 95 a 105 del cuaderno 1.
2

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

que el señor Pernett Montaño hubiera sido objeto de algún tipo de constreñimiento
por la entidad territorial para que ejecutara las aludidas obras8.

La decisión de primera instancia

9. Al decidir el conflicto, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que no se demostró ninguno de los
eventos en los cuales resulta procedente la indemnización por la ejecución de
obras en favor de la administración pública sin que mediara contrato estatal con
las formalidades legales.

10. Para el efecto, sostuvo que no se acreditó que la Administración hubiera
ejercido actos de constreñimiento en contra del señor Pernett Montaño para que
ejecutara las obras locativas en los establecimientos educativos adscritos al
Distrito y de las cuales dieron cuenta las certificaciones emitidas por los rectores
de los mismos; tampoco se probaron las supuestas necesidades urgentes en las
que se habrían encontrado los mismos, que implicara la intervención apremiante
del actor y, en consecuencia, tornara inoportuno planear y adelantar el respectivo
proceso de selección objetiva, dada la inminente afectación de un derecho de
rango superior.

11. Al lado de esto, consideró que no se logró acreditar que durante el período
respecto del cual se reclama el presunto enriquecimiento sin causa, en el Distrito
de Barranquilla se hubiesen manifestado calamidades, fenómenos, catástrofes
naturales que implicaran la adopción de medidas de urgencia para
contrarrestarlos y que, ante esta grave situación de anormalidad, se hubiera visto
en la imperiosa necesidad de omitir el deber de declarar la urgencia manifiesta y
celebrar contratos verbales con el señor Pernett9.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

12. En su apelación, la parte actora cuestionó la valoración probatoria realizada
por el a quo, pues partió de afirmar que se aportaron a la foliatura los certificados
emitidos por los diferentes rectores de los establecimientos educativos, con los
que se probó las obras que allí se ejecutaron, las cuales tenían como objetivo
evitar un perjuicio mayor, en tanto que la vida e integridad personal de la
comunidad educativa se encontraba en riesgo. Según indicó, dichos documentos
no fueron controvertidos por las partes en la etapa procesal prevista para tal fin.

8 Folios 145 a 159 c. 1.
9 Folios 115 a 121 del cuaderno principal.
3

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

13. Agregó que de los testimonios rendidos en la audiencia de pruebas10 se pudo
establecer, con coherencia y claridad, que las referidas obras se realizaron por la
necesidad apremiante de conjurar el riesgo en el que se encontraban los
estudiantes -integrado por jóvenes y niños- y para dar continuidad al servicio
educativo, a partir de lo cual insistió en que se demostró la existencia de un
enriquecimiento sin causa a favor de la demandada y el correlativo
empobrecimiento del actor, por lo que procedía la declaratoria de responsabilidad
deprecada.

14. Finalmente, sostuvo con apoyo en la sentencia de unificación proferida por la
Sección Tercera el 19 de noviembre de 2012 -asunto 24.897- que, si bien no hubo
constreñimiento, ni tampoco se declaró la urgencia manifiesta, por no haberse
presentado una calamidad pública, lo cierto es que las obras se requerían con
urgencia de cara a contrarrestar la situación de riesgo en la que se encontraban
los menores que recibían clases en las instituciones educativas del distrito, de allí
que la acción in rem verso resultara procedente en orden a acceder a los
reconocimientos solicitados11.

15. En el término para alegar de conclusión la parte actora insistió en los
argumentos expuestos a lo largo del trámite de la presente acción, mientras que
la demandada y el Ministerio público guardaron silencio12.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

16. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

Problema jurídico

17. De cara al recurso de apelación propuesto, el debate jurídico de alzada se
circunscribe a verificar si las pruebas que militan en el proceso permiten acreditar
si se concretó o no la hipótesis que habilitaba la procedencia de la actio in rem
verso en torno a la situación de urgencia en la que se encontraban los
establecimientos educativos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla que habrían sido intervenidos por el actor sin la mediación de un
contrato estatal, ello con la finalidad de evitar una lesión inminente a la integridad
de la comunidad educativa.

10 De los señores Edgar Torres Esquiva, Harold José Bolívar Reyes y Justo Ladrón Guevara.
11 Folios 126 a 131 del cuaderno principal.
12 Folios 114 y 147 del cuaderno principal.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

Caso concreto

18. La Sala anticipa que confirmará la decisión que negó las pretensiones de la
demanda, dado que la parte actora no probó los supuestos para la procedencia
de la actio in rem verso invocada, tal como pasa a analizarse.

19. Como ruta para el análisis propuesto, la Sala recapitula los hechos cuya
prueba milita en el expediente:

• El 14 de febrero de 2014, el Instituto Nuevo Colegio Técnico del Santuario de
Barranquilla certificó que el señor Humberto Pernett Montaño realizó trabajos de
adecuación y reparaciones locativas en esa Institución, por valor de $81’905.200,
las cuales incluían la demolición de paredes y de piso de concreto, desmonte de
instalaciones sanitarias, excavación para zapatas, columnas en concreto, entre
otras.

• El 20 de febrero de 2014, el rector del Colegio Técnico Diversificado de
Barranquilla COTEDIBA, certificó que el arquitecto Humberto Pernett Montaño
realizó “trabajos de emergencia que se presentaron en la institución”, por valor de
$79’497.145, los cuales incluyeron zócalo, enchapes y pisos en cerámica, baterías
y tuberías sanitarias, puntos de agua potable, lavamanos en línea, orinal e
instalación de válvula de control, entre otros.

• En la misma fecha, el rector de la Institución Educativa Distrital Carlos Meisel
certificó que la mentada persona realizó trabajos por valor de $42’004.950, que
incluyeron desmonte de cubierta, pañetes, vigas de amarre, acometidas eléctricas
y pintura general en salones, entre otros.

• El 22 de febrero de 2014, el rector de la Institución Educativa Distrital del Barrio
Simón Bolívar, informó que el señor Pernett Montaño “realizó los siguientes
trabajos en la Institución, autorizado por la Secretaría de Educación”, por valor de
$71’721.390. Entre las obras se relacionaron excavaciones generales, demolición
de pisos y de muros e instalación de vigas de amarre, entre otras.

• El 4 de marzo de 2014, el rector del Colegio Distrital Nuevo Bosque certificó
que el arquitecto Humberto Pernett Montaño culminó trabajos de reparaciones
generales, que incluyeron demolición de muros, de enchapes y de pisos,
excavaciones de tubería sanitaria, desmonte de cubierta en mal estado, entre
otras, por valor de $82’712.110.

• El 5 de febrero de 2014, el rector de la Institución Educativa Distrital Ciudadela
Estudiantil, certificó que el mismo arquitecto realizó trabajos en esa institución por
valor de $64.644.970, que incluyeron excavaciones de tuberías sanitarias y de

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

agua potable, pisos cerámicos para salón de profesores y suministro de
reguladores para computadores13.

• En testimonio rendido a instancias del Tribunal a quo14, el señor Edgar Torres
Esquiva, quien para la fecha de los hechos aludidos en la demanda se
desempeñaba como asesor comercial, declaró que mantenía tratos comerciales
con el actor, a quien le suministraba bienes para la construcción -tejas de Eternit,
enchapes-. Al ser interrogado sobre las obras adelantadas por éste en los
establecimientos educativos del Distrito, informó que, al parecer, esa entidad
territorial no se las había pagado y que su propósito en la diligencia era el de
aclarar que el demandante aún le adeudaba unas facturas por la compra de unos
materiales.

• Por su parte, el señor Harold José Bolívar declaró que para la fecha aludida en
la demanda trabajó como ayudante de obra del arquitecto Pernett Montaño y que,
en el año 2014 aquél habría tenido problemas con el Distrito porque no le pagó
unas reparaciones locativas en unos colegios que se encontraban en mal estado,
sin recordar claramente cuáles instituciones fueron intervenidas.

• Finalmente, a la diligencia de testimonios concurrió el señor Justo Rafael
Ladrón, de profesión arquitecto, quien informó que trabajó con el actor como
contratista residente de obra para la época de los hechos aludidos y que, en
ejercicio de ello, conoció de unas obras que se ejecutaron en algunos colegios
distritales, sin recordar claramente de cuáles; así, precisó que las mismas
comprendieron reparaciones locativas en tanto que las instituciones se
encontraban en malas condiciones, sobre todo en salones de informática. Afirmó
que no se trataban de problemas estructurales o de sedimentación, porque los
terrenos eran estables.

20. Ahora bien, según el actor, la pretensión de pago resulta procedente dado
que, pese a que las prestaciones no estaban respaldadas en un contrato estatal,
fueron ejecutadas con el fin de contrarrestar una situación de necesidad inminente
que presentaban algunos establecimientos educativos de carácter distrital y que
ponía en riesgo la vida e integridad del estudiantado -integrado por niños y
adolescentes-, lo cual permitía de manera excepcional ejecutar las obras sin en el
lleno de las formalidades que rigen la contratación estatal, obras que presentaron
un enriquecimiento de la entidad estatal y un correlativo empobrecimiento del
actor, en tanto que las mismas se ejecutaron pero no se cancelaron.

13 Todas las certificaciones mencionadas obran a folios 9 a 16 del cuaderno 1.
14 En atención a que el CD contentivo de la audiencia de pruebas celebrada el 14 de noviembre de 2018 no
funcionaba, se requirió a través de correo electrónico al Tribunal a quo, con el fin de que aportara copia digital
de la audiencia; en respuesta y por el mismo medio, dicho tribunal remitió el link de acceso que permitió
visualizarla.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
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Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

21. Atendidas las particularidades del presente asunto, la Sala toma como punto
de partida que, por regla general, el enriquecimiento sin causa y, en consecuencia,
la actio in rem verso, entendida bajo la comprensión: “nadie podrá enriquecerse a
expensas de otro”15, no puede ser invocado como fuente de responsabilidad del
Estado para reclamar el pago de obras, entrega de bienes, servicios prestados o
cualquier otro tipo de prestación, sin la mediación de un contrato estatal o al
margen de éste, por cuanto tal figura no está llamada a emplearse con la finalidad
de desconocer o contrariar una norma imperativa que deriva de la solemnidad del
contrato estatal y de los procedimientos para celebrarlo.

22. Al punto de la ley de los contratos estatales, valga aclarar que, de conformidad
con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, los entes departamentales son entidades
públicas sometidas al régimen de contratación estatal y las normas que la
reglamentan, por lo que las obligaciones nacidas de un acuerdo de voluntades
susceptible de contraer con los particulares u otras entidades públicas deben
satisfacer los requisitos solemnes del contrato estatal y las exigencias
relacionadas con los métodos de selección, las tipologías de contratación y los
principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección
objetiva de contratistas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal, en
consideración a la naturaleza de orden público y la imposibilidad de
desconocimiento por su obligatorio cumplimiento.

23. Con criterios de unificación, esta Sección 16 clarificó que emergen hipótesis
que tornan procedente la aplicación de la actio in rem verso con efectos
indemnizatorios frente a prestaciones en favor de las entidades estatales sin que
medie contrato alguno, las cuales deben ser aplicadas con carácter excepcional
y, por consiguiente, son de interpretación y de aplicación restrictivas, de allí que
no cualquier evento pueda encuadrar dentro de esos casos excepcionales o al
amparo de ellos, en tanto que la regla general es que no resulta admisible
prestación sin contrato estatal.

24. Así, los casos en los que de manera excepcional y por razones de interés
público o general, la Sala consideró procedente dar cabida a la actio in rem verso,
comprenden los siguientes: i) cuando se acredite de manera fehaciente y evidente
que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del
particular, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium,
constriñó al particular a la ejecución de prestaciones o al suministro de bienes o
servicios para su beneficio, por fuera o con prescindencia de contrato estatal; ii)
cuando es urgente o necesario adquirir bienes, solicitar servicios o suministros u
ordenar obras para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al
derecho a la salud, en conexidad con los derechos a la vida y a la integridad

15 Artículo 831 del Código del Comercio
16Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 2012, expediente 24.897

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y
manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y
adelantar un proceso de selección de contratistas y la celebración de los
correspondientes contratos; y, iii) cuando, debiéndose legalmente declarar una
situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede
a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes,
sin contrato escrito alguno17.

25. Debe agregarse que, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993,
el ordenamiento jurídico contempla, a título de excepción, la posibilidad de
ejecución prestacional sin el amparo de un contrato estatal, en aquellas
situaciones de urgencia en las que, por razones inculpables, las entidades de
derecho público no están en condiciones de acudir a los procedimientos de
selección; dice la norma en cita:

“(…) cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones
relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o
desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o
públicos”.

26. Sobre estas bases, la Sala encuentra que la situación planteada por el
recurrente en el sentido de que la ejecución de obras locativas en algunas
instituciones educativas distritales sin contrato estatal, se derivó de acuerdos
verbales, ante la urgencia y la necesidad en la que se encontraban los estudiantes
de dichas instituciones, lo que se proyectaba en una amenaza o lesión inminente
para su vida e integridad personal, no se muestra ni por su enunciado ni por las
pruebas recaudadas, como una hipótesis acreditada de manera objetiva y
manifiesta en la foliatura. El escaso material probatorio recaudado no permite
colegirlo, y menos aún considerar que medió una circunstancia que implicara la
imposibilidad de acudir a los procedimientos reglados para la selección y
celebración de contratos de naturaleza estatal, como tampoco que mediara una
situación ajena a las actividades de planeación en la contratación estatal, o que
comprometiera de manera en forma imprevista o inusitada la continuidad del
servicio educativo en los establecimientos intervenidos por el actor.

27. Si bien en el expediente obran certificaciones emitidas por algunos rectores
de diferentes instituciones educativas en las que se relacionaron los costos de
unas obras locativas realizadas por el señor Pernett Montaño, lo concreto es que
esa información no acredita el origen y causas de las mismas, menos aún que

17 Esto, en los casos en que tal exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo
dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

tuvieran la finalidad de conjurar una situación apremiante, de riesgo o por
necesidad de dar continuidad al servicio educativo.

28. Aun cuando el rector de la institución COTEDIBA, al momento de certificar el
costo de las obras, indicó que se trataban de “trabajos de emergencia que se
presentaron en la institución”, lo cierto es que dicha indicación resulta insuficiente
para efectos de acreditar la situación excepcional que se pretende introducir como
fuente del enriquecimiento sin causa, puesto que no precisó, ni mucho menos
acreditó, cuál era esa situación de emergencia y su origen; además, es claro que
la certificación tenía como propósito relacionar los costos de unas obras
ejecutadas, lo cual resulta palmariamente insuficiente para extraer las razones
que condujeron a su realización.

29. Ahora, debe señalarse que analizadas las declaraciones de los testigos -
argumento traído en apelación- bajo las reglas de la sana crítica, la Sala evidencia
que aquellas carecen de contundencia, validez y asertividad frente a los hechos
que se quisieron probar con su relato.

30. En efecto, en relación con la declaración del señor Edgar Esquiva Torres,
quien se presentó a la diligencia como asesor comercial de bienes para la
construcción, se parte de cuestionar su idoneidad, en tanto que, como lo dejó claro
en la audiencia de su testimonio, su propósito estaba encaminado a dejar
constancia de la deuda que el señor Pernett Montaño tenía con él, con ocasión de
los tratos comerciales que mantenían, lo que le resta toda validez a sus dichos en
torno a la realización de las obras ejecutadas en los establecimientos educativos,
declaración que no ofreció elementos de conocimiento o convicción sobre el
origen de la decisión que tuvo el señor Pernett para intervenir varias instituciones
de educación distrital, en la medida que su testimonio, en términos generales,
discurrió sobre el hecho de que le suministró al pluricitado señor materiales de
construcción tales como tejas de Eternit, cemento y arena, entre otros, y que, por
ello, aquél le adeudaba alrededor de $150’000.000, dinero en relación con el cual
solicitó de manera explícita en la diligencia le debía ser cancelado.

31. Agregase a lo anterior que el testigo fue interrogado de manera genérica sobre
los hechos narrados en la demanda, ante lo cual dijo sin esclarecer la fecha, que
se trataba de unas obras en unas instituciones del Distrito, sin precisar o identificar
cuáles eran tales establecimientos educativos, ni mucho menos identificó el
momento de la intervención, ni en qué consistieron las mismas, tampoco indicó
cómo obtuvo conocimiento de los referidos hechos, esto es, si conoció
directamente la ejecución de las obras o simplemente lo supo por cuenta de las
compras de materiales de construcción que testificó le adeudaba el señor Pernett
Montaño, todo lo que lleva a considerar la palmaria inconsistencia de su
declaración en orden a inferir el objeto que se pretendía probar, es decir, que las

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

obras que éste desarrolló tenían por finalidad conjurar de manera urgente el
estado en el que se encontraban los establecimientos educativos y que llevaron a
la ejecución de obras sin contrato con formalidades plenas.

32. Por su parte, el testigo Harold José Bolívar declaró que, para 2014 -no
especificó cuándo-, fungió como ayudante de obra del señor Pernett y que, en esa
época, supo -sin esclarecer de qué manera- que el municipio le adeudaba a éste
unos dineros por cuenta de unas obras en unos establecimientos educativos del
Distrito, los cuales “creo recordar” que se trataban del “Simón Bolívar” y “El
Bosque”, obras que consistían en hacer reformas en unos baños y salones en mal
estado.

33. La citada declaración, en primera medida, debe ser analizada con mayor
rigurosidad en virtud de la relación laboral del deponente con el señor Pernett, lo
cual podría conducir a la falta de objetividad del testimonio. Adicionalmente, la
Sala evidencia que, si bien el testigo se refirió a unas obras en unos
establecimientos, no identificó de manera certera a cuáles de ellos se refería en
concreto, al lado de lo cual su dicho en cuanto a que las reformas se hicieron en
unas locaciones en mal estado carece de asertividad, en tanto se desconoce cuál
fue la fuente de información de la cual obtuvo el conocimiento que le permitió
arribar a esa afirmación. Con todo, se evidencia que del dicho del testigo no es
posible identificar la motivación para la realización de las obras y si éstas, tal como
se afirmó en la demanda, se realizaron ante el apremio de evitar un riesgo para la
integridad de la comunidad educativa.

34. Finalmente, a pesar de que el testigo Justo Rafael Ladrón, quien dijo ser
arquitecto, docente del Distrito y contratista residente del señor Pernett para la
época de los hechos, afirmó que las instituciones educativas se encontraban en
muy malas condiciones, no fue tan claro al momento de referirse al punto de a
cuáles instituciones hacía referencia, en tanto que al ser interrogado sobre éstas
afirmó no recordarlo claramente. Al tiempo que indicó que aquéllas no
presentaban problemas de sedimentación, pues los terrenos eran firmes, lo que
supone que no se hallaban en riesgo inminente de colapso, como lo sugirió el
actor para justificar la realización de las obras que adelantó sin contrato.

35. Resalta la Sala que los testigos no fueron interrogados sobre la motivación
que llevó al actor a la realización de las obras en los establecimientos educativos
cuyos costos y detalles fueron relacionados en las certificaciones emitidas por los
rectores de los establecimientos Instituto Nuevo Colegio Técnico del Santuario de
Barranquilla Colegio Técnico Diversificado de Barranquilla COTEDIBA, Institución
Educativa Distrital Carlos Meisel Institución Educativa Distrital del Barrio Simón
Bolívar Colegio Distrital Nuevo Bosque Institución Educativa Distrital Ciudadela
Estudiantil, por manera que de los dichos de los declarantes no resulta posible

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

extraer que la realización de obras tuvo como génesis mitigar una urgencia
manifiesta de esos establecimientos y cómo el actor llegó a ejecutar las obras, de
ahí que tampoco exista prueba alguna respecto de la causal alegada por el actor
para la procedencia de la referida actio in rem verso.

36. En ese sentido, desdice la causa invocada como fuente del enriquecimiento,
el hecho de que las obras fueran ejecutadas en varios establecimientos en un
mismo momento o en momentos coincidentes, sin que obre un elemento de
prueba -claramente la testimonial no conduce a este propósito- que permita
identificar un motivo común en los establecimientos o una causa particular en un
colegio concreto frente a la intervención del actor en la realización de obras sin
contrato.

37. Así, pues, en este caso, de acuerdo con el material probatorio recaudado, no
hay ningún medio que permita colegir una situación de apremio de la administración
pública demandada que le impidiera acatar las reglas de selección de contratistas
que condujera a la celebración de un contrato estatal con las solemnidades que
impone el ordenamiento jurídico, bien por la urgencia derivada de un estado de
excepción declarado por acto administrativo o bien con el objetivo de conjurar una
situación excepcional que requiriera la intervención inmediata.

38. No pretende soslayar la sala que la prestación del servicio público de
educación garantiza derechos fundamentales de la niñez; sin embargo, la
regularidad del servicio y el conocimiento de su prestación periódica y la ausencia
de una situación extraordinaria, no permiten considerar un fundamento razonable
para que las obras no se contrataran bajo principios de planeación y ordenación del
gasto, en la forma contractual dispuesta por la ley, obligación que alcanza tanto al
ente departamental demandado y a los contratistas, quienes “tendrán en cuenta al
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas
en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica
obligaciones”, según el inciso segundo del artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

39. Así las cosas, pese a que se allegaron varias certificaciones sobre la
realización de obras en algunos planteles educativos, dejando de mediar el
respectivo contrato estatal, no abre paso para que el ente territorial y el demandante
desconocieran la obligatoriedad de las normas de la contratación estatal, lo cual
torna improcedente cualquier reclamación por supuesto enriquecimiento sin justa
causa, pues como lo contempló desde antaño la jurisprudencia de esta
Corporación, la procedencia de dicha teoría bajo el principio de actio in rem verso
solo es posible, siempre que con ella no se desconozca las normas imperativas y
de obligatorio cumplimiento que establece el ordenamiento jurídico, que reglan la
contratación estatal.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

40. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la
demanda.

Condena en costas

41. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 1 del artículo 365 del CGP 18, la Sala condenará en costas en esta
instancia a la parte demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación por ella interpuesto.

42. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las
costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en
derecho, las cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200319 -aplicable
para la época de la demanda 20 de abril de 2016-, en esta instancia, se fijan las
agencias en el equivalente al 1% del total de las pretensiones de la demanda,
esto es, la suma de cuatro millones ochocientos sesenta y nueve doscientos siete
($4.869.207)20, a cargo de la parte demandante y a favor del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla.

IV. PARTE RESOLUTIVA

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2019, por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

18 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
19 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
20 Toda vez que la cuantía se estimó en la suma de $486’920.765
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423)
Actor: Humberto Pernett Montaño y otro
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para
lo cual se fija por concepto de agencias en derecho, cuatro millones ochocientos
sesenta y nueve doscientos siete ($4.869.207), a favor del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del
Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite
validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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