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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07238-00

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07238-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR ajustada al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria que culminó con la decisión del 17 de agosto de 2023, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, en la cual se sancionó con destitución e inhabilidad general por nueve años y seis meses al señor Gorky Muñoz Calderón, en su condición de alcalde de Neiva para el periodo 2020-2023, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Gorky Muñoz Calderón, conforme el análisis expuesto. TERCERO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, una vez ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta. CUARTO. ARCHIVAR la actuación por intermedio de la Secretaría de la Corporación, una vez en firme la providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07238-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

9 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07238-00
Sancionado: GORKY MUÑOZ CALDERÓN
Providencia objeto DECISIÓN DEL 17 DE AGOSTO DE 2023 DE LA SALA
de revisión: DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR

Temas: Control integral de las decisiones sancionatorias contra funcionarios de
elección popular proferidas por la Procuraduría General de la Nación

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

1. La Sala decide el recurso extraordinario de revisión regulado en los artículos
1
54 a 60 de la Ley 2094 de 2021 dentro del proceso de la referencia, de acuerdo
2
con lo dispuesto en la sentencia C-030 de 2023 y el auto de unificación
jurisprudencial proferido por la Sala Plena de esta corporación el 3 de diciembre de
3
2024 .

2. Procede la Sala Veintisiete Especial de Decisión a resolver el recurso
4
extraordinario de revisión interpuesto en contra de la actuación disciplinaria
radicada IUS E-2020-200936 / IUC D-2020-1496374 que concluyó con la decisión
5
sancionatoria del 17 de agosto de 2023 , dictada por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación (en adelante PGN), previsto en el artículo 238A de la Ley 1952
6
de 2019 , adicionado por el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. Proceso disciplinario

3. Gorky Muñoz Calderón fue elegido alcalde de Neiva para el período
constitucional 2020 – 2023.

4. El 4 de abril de 2020 la PGN recibió a título de queja la noticia publicada el
30 de marzo de 2020 en el diario la Nación titulada «Polémica estrategia de Gorky
para enfrenar el coronavirus», en la que se hicieron varios señalamientos al alcalde
de Neiva por presuntas irregularidades en el proceso de contratación con ocasión

1
Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones el congreso de la república decreta.
2
Corte Constitucional, sentencia C-030 del 26 de febrero de 2023.
3
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 11001-03-15-000-2023-00871-00 (SU),
magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra.
4
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «029ED_RECURSOGORKYMUNOZ».
5
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.
6
Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la
ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

1
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de la urgencia manifiesta declarada mediante el Decreto 308 de 2020 por causa del
Covid-19. Dicha información fue radicada en la Procuraduría en dos ocasiones e
inicialmente dio lugar a la apertura de dos expedientes así:

• E-2020-190875/IUC D-2020-1490394 radicada en la Procuraduría Provincial de
Neiva. En auto del 20 de abril de 2020 se inició indagación preliminar en contra
de funcionarios indeterminados, se decretaron las pruebas pertinentes con el fin
de esclarecer los hechos, establecer los responsables y si había lugar a imputar
7
falta disciplinaria .

• IUS-E-2020-200936 / IUC D-2020-1496374 asignado a la Procuraduría
Delegada para la Defensa del Patrimonio Público de conformidad con la
Resolución 160 del 13 de abril de 2020 del Procurador General de la Nación. En
auto del 20 de abril de 2020 se ordenó acumular las diligencias E-2020-
190875/IUC D-2020-1490394 y se procedió a impulsar de manera oficiosa la
8
queja recibida .

9
5. En auto del 29 de octubre de 2020 la Procuraduría Delegada para la Defensa
del Patrimonio Público, la Transparencia, y la Integridad evaluó las pruebas
allegadas en virtud de la indagación preliminar, profirió pliego de cargos y citó a
audiencia pública a los señores Gorky Muñoz Calderón, como alcalde de Neiva –
Huila para el periodo constitucional 2020 - 2023, Armando Cabrera Rivera, Camila
Mercedes Ortega Suárez y Giovanny Córdoba Rodríguez, en sus calidades de jefe
de la oficina de gestión de riesgo, secretaria de la mujer, equidad e inclusión y
secretario de educación, respectivamente.

6. Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión solo procede
respecto de las sanciones impuestas a los funcionarios de elección popular, tal
10
como se señaló en el auto que avocó conocimiento de las presentes diligencias ,
la Sala limitará el estudio a las actuaciones y decisiones respecto del señor Gorky
Muñoz Calderón, en su calidad de alcalde de Neiva – Huila, para el periodo
constitucional 2020 - 2023.

7. La autoridad disciplinaria consideró que se debía seguir el procedimiento
verbal por configurarse los presupuestos previstos en el artículo 175 de la Ley 734
de 2002 o Código Disciplinario Único (en adelante CDU) y procedió en
consecuencia a formular pliego de cargos en contra de Gorky Muñoz Calderón por
encontrarse objetivamente demostrada la falta gravísima descrita en el numeral 31
del artículo 48 ibidem, esto es, «Participar en la etapa precontractual o en la
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento
de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa

7
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 12 a 15.
8
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 8 a 11.
9
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 118 a 261.
10
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00006.

2
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contemplados en la Constitución y en la ley»; por irregularidades en el proceso que
11
llevó a la celebración de varios contratos . Se formuló así los siguientes cargos:

a. Primer cargo. Presunta vulneración de los principios de planeación y economía
consagrados en los artículos 23, 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y 3 numeral 12 de
la Ley 1437 de 2011. Contrato 682 de 2020 / orden de servicios 006. Objeto: «campaña
de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del COVID-19, con el Fondo Mixto
de Cultura y Turismo de Huila (Fomcultura)». «(…) Pudo comprometer el presupuesto
del municipio de manera equivocada porque los ítems 1, 8 y 10 de ambos documentos,
mencionan un número de unidades que no corresponde al usado para calcular el precio
de cada ítem, generando una diferencia en contra del patrimonio del municipio por valor
de $34.564.048 (…) A su vez, el disciplinado aprobó el acta aclaratoria y modificatoria
de la orden de servicios 006 y/o contrato interadministrativo 682 de 2020, en la que se
intentaron corregir los errores de la orden de contrato de servicios 006 del 27 de marzo
de 2020 y del contrato 682 del 30 de marzo de 2020, pero se mantuvo la siguiente
inconsistencia en el ítem 8 (…) en la cual persistían errores por valor de $12.280.710
M/Cte.(…)» (redacción de origen)

Endilgó la forma de culpabilidad a título de CULPA GRAVE, por inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona común imprime a sus actuaciones.

b. Segundo cargo. Presunta violación de los principios de planeación, selección objetiva
y moralidad, previstos en los artículos 24 numeral 8, 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993,
209 de la Constitución Política y 3 numeral 5 de la Ley 1437 de 2011. Contrato 681 de
2020 / orden de servicios 005 de 2020. Objeto: «Brindar atención integral a la población
vulnerable con enfoque diferencial habitante de calle del municipio de Neiva como ayuda
humanitaria para mitigar los efectos que se puedan ocasionar debido a la calamidad
pública origina por el COVID-19.» «(…) Para la celebración del contrato 681 de 2020 se
seleccionó al señor John Frederick Cruz Motta como contratista, (…) se señala que el
contratista no debe acreditar experiencia especifica en la ejecución de contratos
similares y que la experiencia general se acreditará si ha estado inscrito por lo menos
un año en el registro mercantil, con un objeto social o actividad económica que
comprenda el suministro de alimentos o el expendio de comidas preparadas. Como se
observa, los estudios previos del contrato 681 de 2020 fueron radicados y suscritos con
fecha del 28 de marzo de 2020, es decir después de la suscripción del contrato estatal.
Por esta razón, el contrato 681 de 2020 no fue firmado con base en la planeación
contenida en esos estudios. (…)» (redacción de origen)

Se previó la forma de culpabilidad como, al no existir análisis previo de conveniencia, y
seleccionar la oferta del contratista Frederick Cruz Motta, que de forma ostensible no
garantizaba la mejor oferta contractual a favor de la entidad y los intereses de la
colectividad.

c. Tercer cargo. Presunta vulneración de los principios de planeación y economía
conforme los artículos 23, 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y 3 numeral 12 de la Ley
1437 de 2011. Contrato 677 de 2020 / orden de suministro 001 de 2020: Objeto:
«Brindar un componente nutricional (4.500) mercados por los meses de marzo, abril y
mayo (…) para nuestros adultos mayores beneficiarios del programa centro vida y
modalidad satelital del municipio de Neiva». «(…) comprometió el presupuesto del
municipio sin justificación porque aprobó unos ítems del contrato, bajo el rubro de
“servicios”, que si bien podrían tener relación indirecta con su objeto (los alimentos de
cada mercado), no contaban con un análisis de razonabilidad y conveniencia, y no
respetaban los criterios de eficiencia y austeridad que se deben cumplir en la
contratación estatal. (…) Estos ítems ascienden al valor de $24.514 M/Cte y en términos
absolutos para los 4.500 componentes nutricionales representan un aumento del precio

11
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 118 a 261.

3
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del contrato por $330.939.000 M/Cte. (que abarca los tres meses de ejecución del
contrato). Entre esos ítems aparece: “elementos para prevención (tapabocas, guantes,
vestidos en tela quirúrgicos y protector de zapatos en tela quirúrgica) que esta en el
rubro “servicios” y que no tienen justificación en cuanto a su cantidad, ya que no parece
necesario ni razonable que para la entrega de cada uno de los mercados se deba usar,
de manera independiente los elementos de prevención mencionados. Esos elementos,
si se iban a contratar, debían tener un análisis previo de razonabilidad y conveniencia
una cuantificación diferente ya que su uso sería diario, o por varias horas para la entrega
de varios mercados, no un uso individual e independiente para la entrega de cada uno
de ellos. Se trata así, de un servicio sin análisis previo de conveniencia y que no cumple
con el criterio de eficiencia. (…)» (redacción de origen)

Se atribuyó la forma de culpabilidad a título de CULPA GRAVÍSIMA por desatención
elemental, por la falta de atención básica y del olvido de medidas racionales mínimas
que generó la afectación de los intereses de la entidad.

d. Cuarto cargo. Presunta vulneración de los principios de selección objetiva y moralidad
previstos en los artículos 23, 24 numeral 8, 32 de la Ley 80 de 1993, 209 de la
Constitución Política, 3 numeral 5 de la Ley 1437 de 2011 y 5 de la Ley 1474 de 2011.
Orden de suministro 010 de 2020 cuyo objeto fue: «Adquisición de productos básicos
para ser entregados como suministro en el programa de alimentación escolar
complementario de las diferentes sedes educativas oficiales, urbana y rural, del
municipio de Neiva, para mitigar la pandemia del COVID-19, en cantidad de 105.000
raciones, entregables en tres mensualidades»; y orden de servicio de interventoría 011
con el objeto «Interventoría a la orden de suministro 010 de 2020 (…) para ejercer la
vigilancia y control integral, entendida esta, como el continuo seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico, con el objetivo de garantizar la correcta
ejecución y liquidación». «(…) frente a la orden de servicios de interventoría 011 de
2020, celebró el contrato con una persona jurídica que tiene vínculos formales con el
contratista sobre el cual se debe ejercer la interventoría. Esas características permiten
inferir que, en ambos casos, no se advierte que la administración hubiere procurado en
seleccionar contratistas que ofrecieran la mejor oferta para los intereses de la entidad.
(…)» (redacción de origen)

Se atribuyó la forma de culpabilidad a título de CULPA GRAVÍSIMA por la falta de
atención básica y el olvido de medidas racionales mínimas que afectaron los intereses
de la entidad.

8. La audiencia pública inició el 25 de noviembre de 2020, siguió el 14 y 18 de
diciembre de 2020, luego, en atención a las modificaciones del Código General
12
Disciplinario (en adelante CGD), mediante auto del 4 de agosto de 2021 se ordenó
remitir las diligencias a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario
– Reparto. La audiencia continuó el 6 de abril, 19 y 27 de julio, 23 y 25 de agosto,
13
30 de septiembre de 2022, concluyendo el 8 de marzo de 2023 con la decisión de
primera instancia dictada en la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 1, y en
14
segunda instancia el 17 de agosto de 2023 proferida por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

12
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 441 a 446.
13
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 289 a 291, La
audiencia continuó los días 14 de diciembre de 2020 (folios 293 a 308), 18 de diciembre de 2020 (folios 310 a 318), 4 de
enero de 2021 (folios 341 a 348), 6 de abril de 2022 (folios 75 a 77 del cuaderno 2), 19 de julio de 2022 (folios 120 a 123 del
cuaderno 2), 27 de julio de 2022 (folios 168 a 173 del cuaderno 2), 23 de agosto de 2022 (folios 191 a 193 del cuaderno 2),
25 de agosto de 2022 (folios 3 a 5 del cuaderno 3), 30 de septiembre de 2022 (folios 60 a 63 del cuaderno 4) y 8 de marzo
de 2023 (folios 135 a 414 del cuaderno 4).
14
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.

4
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1.1.1. Decisión sancionatoria de primera instancia

9. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, en decisión de
15
primera instancia del 8 de marzo de 2023 , declaró disciplinariamente responsable
al señor Gorky Muñoz Calderón, en su condición de alcalde de Neiva para el periodo
2020 – 2023, por la comisión de la falta gravísima contemplada en el artículo 48
numeral 31 de la Ley 734 de 2002, al encontrar configurados los cuatro cargos
atribuidos en el pliego; y, en consecuencia, le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad por el término de diez (10) años.

1.1.2. Decisión sancionatoria de segunda instancia

10. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
16
Popular mediante decisión del 17 de agosto de 2023 modificó la sanción impuesta
quedando en nueve años y seis meses, toda vez que no se acreditó la
responsabilidad imputada en el segundo cargo, relacionado con el Contrato 681 de
2020 y/o la orden de servicios 005 de 2020, por la presunta irregularidad en la
planeación y selección del contratista.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

11. El señor Gorky Muñoz Calderón solicita la revisión de la decisión que declaró
17
su responsabilidad disciplinaria y pide la revocatoria de la sanción impuesta , al
considerar que se vulneró su derecho al debido proceso, por haberse adelantado el
juicio disciplinario con desconocimiento de la garantía del juez natural, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2094 de 2021. Así mismo, alega la falta de
congruencia respecto del primer cargo, toda vez que el pliego se formuló por
presuntos sobreprecios en la contratación, pero el fallo lo responsabilizó por
inconsistencias en las cantidades contratadas.

12. Considera que se le violó la garantía de non bis in ídem, dado que en su
contra ya se había adelantado el proceso disciplinario IUS E-2020-228404 IUC D-
2022-2292290 por los mismos hechos, archivado en auto del 15 de junio de 2022.

13. Finalmente argumenta que se infringieron los principios de tipicidad y
legalidad en la conducta respecto a los cargos tercero y cuarto, por cuanto se
desconoció que dada la naturaleza de la urgencia manifiesta no se requiere la
elaboración de estudios previos.

15
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «008ED_CUADERNO4FLS12» folios 135 a 414.
16
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.
17
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «029ED_RECURSOGORKYMUNOZ».

5
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1.2.1. Trámite procesal

14. La PGN remitió a esta Corporación el expediente disciplinario con el fin de
surtir el procedimiento para el recurso extraordinario de revisión, conforme lo
previsto por las Leyes 2094 de 2021 y 1952 de 2019, la sentencia C-030 de 2023
18
de la Corte Constitucional .

15. El Despacho avocó conocimiento del recurso interpuesto por Gorky Muñoz
19
Calderón y ordenó las notificaciones de rigor , posteriormente en providencia del 9
20
de octubre de 2025 decretó las pruebas a que había lugar.

1.2.2. Oposición al recurso21

16. La PGN se opuso a los cargos formulados en el recurso extraordinario de
revisión y manifestó que sus actuaciones se ajustaron a los principios de
constitucionalidad y legalidad, por lo que son eficaces y producen efectos jurídicos
al observarse las formas prescritas para su validez. Señaló, en consecuencia, que
es deber de la parte identificar y sustentar de manera clara la causal de procedencia
del recurso, conforme a lo previsto en el artículo 238C del CDU, sin que se
constituya en una instancia adicional al proceso disciplinario.

17. Objetó los cargos de nulidad formulados por el recurrente, toda vez que estos
fueron desvirtuados en la decisión de segunda instancia, al no encontrarse
configurada vulneración alguna al debido proceso que invalidara la actuación, dado
que en el trámite disciplinario se observaron las reglas relativas a la legitimación,
representación, notificaciones, términos para la práctica y decreto de pruebas,
competencias y recursos, conforme a lo previsto en la ley, garantizando así la
vigencia de los fines estatales y la protección de los derechos de los asociados.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

18. La Sala Veintisiete Especial de Decisión es competente para resolver el
recurso extraordinario de revisión de conformidad con el artículo 238 B de la Ley
1952 de 2019, adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021, en concordancia
con el artículo 125.2 de la Ley 1437 de 2011, el Acuerdo nro. 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado y el auto de unificación del 3 de diciembre de
22
2024 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación .

18
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.
19
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00006.
20
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00046.
21
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00017.
22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 11001-03-15-000-2023-00871-00 (SU),
magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra.

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2.2. Problema Jurídico

19. Corresponde a la Sala hacer el análisis integral de la actuación disciplinaria
que adelantó la PGN en contra de Gorky Muñoz Calderón dentro del expediente
disciplinario nro. IUS E-2020-200936 / IUC D-2020-1496374 que concluyó con la
23
decisión sancionatoria del 17 de agosto de 2023 , dictada por la Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

20. Para ello, la Sala (i) analizará los aspectos generales del recurso
extraordinario de revisión; (ii) realizará un control integral de la actuación
disciplinaria; (iii) verificará la procedencia de las causales de nulidad previstas en el
artículo 137 del CPACA; y, (iv) presentará las conclusiones correspondientes.

2.3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

21. La Ley 1952 de 2019 «Por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474
de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario», modificó el régimen disciplinario
existente sin embargo: i) conservó las facultades disciplinarias en la PGN para la
investigación y sanción de servidores públicos electos por voto popular; y, ii)
modificó el régimen disciplinario dando prevalencia al principio de la dignidad
humana y la ilicitud sustancial, lo que implicó un cambio en la finalidad del proceso
disciplinario, al priorizar las garantías de los sujetos disciplinables.

24
22. Antes de la entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019 , la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante sentencia del 8 de julio de
2020, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la
vulneración de los derechos políticos del señor Gustavo Petro Urrego, con ocasión
de la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por quince años para ejercer
cargos públicos impuesta por la PGN. En dicha decisión la Corte ordenó la
adecuación del ordenamiento jurídico interno a fin de garantizar el cumplimiento de
los artículos 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

23. Posteriormente se expidió la Ley 2094 de 2021 «Por medio de la cual se
reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones», la cual consagró en
el artículo 54 el recurso extraordinario de revisión contra las decisiones
sancionatorias dictadas por la PGN, y en el artículo 56 reguló las causales de
procedencia.

24. La Corte Constitucional en la sentencia C-030 del 26 de febrero de 2023
efectuó el análisis de constitucionalidad de los artículos 1, 13, 16, 17, 54, 73 y 74 de
la Ley 2094 de 2021 declarando la inexequibilidad de la expresión «función
jurisdiccional» que allí se atribuía a la PGN, por vulnerar el inciso tercero del artículo

23
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.
24
La entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, se prorrogó en virtud de la Ley 1955 de 2019 «Por el cual se expide el plan
nacional de desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad» hasta el 1 de julio de 2021.

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116 de la Constitución Política, al trasladarse competencias que originariamente
estaban asignadas a los jueces, y variarse la naturaleza de una potestad de la que
ya era titular dicho organismo.

25. Se concluyó que la función disciplinaria es de naturaleza administrativa y que,
por lo tanto, la PGN conservará para todos los efectos, la potestad disciplinaria en
los términos en que le fue atribuida por mandato constitucional, esto es, como una
función originariamente administrativa, conforme a la cual le compete «ejercer
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley».

26. Declaró la exequibilidad condicionada del artículo 54 de la Ley 2094 de 2021,
en el entendido que el recurso extraordinario de revisión opera solamente respecto
de las decisiones que imponen sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad
a servidores públicos de elección popular, dejando de lado a los demás servidores,
quienes deberán acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

27. Además, le confirió al Consejo de Estado la competencia para tramitar el
recurso extraordinario de revisión, que operaría bajo los siguientes presupuestos:
(i) es automático e inmediato; (ii) no está supeditado a las causales taxativas de
procedencia; (iii) solo aplica para los sancionados en un cargo de elección popular
o que le inhabilite para ejercer uno de elección popular; y (iv) el disciplinado podrá
ejercer todas las actividades procesales que estime pertinentes para su defensa.

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
auto de unificación de jurisprudencia por importancia jurídica del 3 de diciembre de
2024 consideró que el recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 54
25
a 60 de la Ley 2094 de 2021, es procedente bajo las siguientes reglas :

Primera regla: El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda
instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación
que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores
públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un
cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.

Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.

Segunda regla: La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el
trámite de revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se
resuelve definitivamente el recurso de revisión.

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Expediente 11001 03 15 000 2023 00871 00, Magistrado
Ponente Luis Alberto Alvarez, auto del 3 de diciembre de 2024.

8
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Tercera regla: El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días
siguientes a la notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría
General de la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su
favor, solicitar pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el
procedimiento administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o través de
apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales
distintas a la legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de inconformidad.

Cuarta regla: El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca
conocimiento, el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al
disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrá
oponerse a los cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su
escrito de intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

Quinta regla: En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la
sanción disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.

Sexta regla: El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión
emitidas por las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá
por la Sala Especial de Decisión que siga en orden numérico.

Séptima regla: El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre
la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de
la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e
inhabilidad de servidores públicos de elección popular.

29. De conformidad con la séptima regla, el examen integral implica cotejar la
actuación disciplinaria con todo el ordenamiento jurídico superior, así se concluyó
en la providencia:

Así las cosas, el control integral, supone que el juez al decidir el asunto no está
sometido únicamente a los cargos o alegaciones señalados por el servidor público
sancionado, sino que garantía (sic) de la reserva judicial impone un análisis más
amplio que incluye i) el análisis de la actuación administrativa sancionatoria bajo los
principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las
sanciones, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana,
presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia, igualdad, derecho
a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, motivación,
interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e integración
normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios
internacionales ratificados por Colombia, y ii) la posibilidad de variar la calificación de
la falta y la imposición de la sanción, sin afectar el principio de la no reformatio in
26
pejus, entre otros aspectos.

30. En esa medida, el recurso extraordinario no está limitado a las causales
enlistadas en el artículo 56 de la Ley 2094, sino que también procede por las
causales de nulidad de los actos administrativos, contempladas en el artículo 137
del CPACA. Adicionalmente procede por cualquier otra irregularidad que se derive
del cotejo del acto sancionatorio con el ordenamiento jurídico, dentro del cual se
deben analizar los principios y los elementos de la responsabilidad disciplinaria

26
Ibidem.

9
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(tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad); de ahí que la solución al caso concreto
realice un control integral sobre los siguientes aspectos:

(i) Violación directa de la ley sustancial, en el cual se analizará el régimen
disciplinario, el procedimiento, la competencia, los sujetos disciplinables, y la
prescripción y caducidad de la acción.

(ii) Análisis de los elementos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad, ilicitud
sustancial, culpabilidad.

(iii) Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la
apreciación de la prueba.

(iv) Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo, en el que se examinará la
motivación de los elementos que configuran la responsabilidad disciplinaria y las
causales eximentes de responsabilidad.

(v) Nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.

(vi) Error en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación probatoria,
sumado al principio de favorabilidad.

(vii) Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de tercero.

(viii) Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.

(ix) Cuando se demuestre, que la decisión fue determinada por un delito del
funcionario que la profirió o de un tercero.

(x) Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado
se modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la decisión
recurrida.

(xi) Cuando los actos administrativos hayan sido expedidos: (i) con infracción de
las normas en que deberían fundarse; (ii) sin competencia; (iii) de forma irregular;
(iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (v) mediante falsa
motivación o (vi) con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

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2.4. Cuestión previa

31. En el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Gorky Muñoz
Calderón se solicitó la aplicación del non bis in ídem, regulado en el artículo 11 del
CDU así:

El destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo
ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad
competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por
el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta.

32. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 1996 sostuvo:

Este principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene como objetivo
primordial evitar la duplicidad de sanciones, sólo tiene operancia en los casos en que
exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se
le hace la imputación.

La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma
persona física en dos procesos de la misma índole.

La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita
la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie
fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza.

La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el
mismo en ambos casos.

33. El Consejo de Estado al analizar extensamente el principio de non bis in idem,
sostuvo:

Posteriormente, en decisión CSJ SP, 24 de noviembre de 2010, Rad. 34.482, se
afirmó:

El principio non bis in ídem precisa de tres presupuestos de identidad: En el sujeto
(eadem personae), el objeto (eadem res) y la causa (eadem causa).

El primero exige que el mismo individuo sea incriminado en dos o más actuaciones;
el segundo, la identidad de objeto, requiere que el factum motivo de imputación sea
igual, aún si el nomen iuris es diverso; y el tercero, la identidad en la causa, postula
que la génesis de los dos o más diligenciamientos sea la misma”.

[Negrillas fuera de texto].

La Procuraduría General de la Nación también ha acogido dicho criterio:

La jurisprudencia y la doctrina han señalado que para que opere la cosa juzgada se
requiere que haya una identidad de objeto, causa y partes. La identidad en el
objeto se refiere a que los hechos, pretensiones y sentencia sean los mismos; la
identidad de causa, a los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada
sentencia, y la identidad de partes, a las personas que actuaron dentro del proceso48.
Así mismo, en sentencia del 2 de noviembre de 1990 de la Corte Suprema de Justicia
se anotó: «La identidad en la persona (lo cual) significa que el sujeto incriminado
(sea) la misma persona física en dos procesos de la misma índole. La identidad del
objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del

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correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica de la
conducta en dos procesos de igual naturaleza. La identidad en la causa se refiere
a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos»27.

34. Así mismo en la sentencia C-088 de 2002 dijo que «la prohibición del doble
enjuiciamiento no excluye que un mismo comportamiento pueda dar lugar a diversas
investigaciones y sanciones, siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos
normativos y diversas finalidades. Esta Corte ha precisado que el non bis in ídem
veda es que exista una doble sanción, cuando hay identidad de sujetos, acciones,
fundamentos normativos, finalidad y alcances de la sanción.»

35. Finalmente, la Corte también en la sentencia C-478 de 2007 planteó:

A manera de conclusión, esta Corporación ha considerado que es posible juzgar y
sancionar un mismo comportamiento en los siguientes casos: (i) cuando la conducta
imputada ofenda distintos bienes jurídicamente protegidos; (ii) cuando las
investigaciones y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos; (iii) cuando
los procesos y las sanciones atiendan a distintas finalidades; y (iv) cuando el proceso
y la sanción no presenten identidad de causa, objeto y sujetos. (Subrayas de la Sala)

36. Esta Corporación ha señalado que una conducta puede dar lugar a
quebrantar varias y distintas disposiciones disciplinarias, sin que ello signifique el
desconocimiento de la garantía constitucional del non bis in ídem, en la medida que
el examen de responsabilidad se enfoca en la contravención de normas diferentes 28.

37. Acorde con lo expuesto se analizará en este caso el argumento planteado
por el señor Muñoz Calderón, quien aduce que en su calidad de alcalde de Neiva
se adelantaron en su contra dos procesos que tuvieron el siguiente trámite:

IUS E-2020-228404 IUC D-2022-2292290 IUS E-2020-200936 / IUC D-2020-1496374
Procuraduría: Procuraduría Segunda Procuraduría: Procuraduría disciplinaria de
Delegada para la Contratación Estatal. Juzgamiento 1

Sujetos: indeterminados Sujetos: Gorky Muñoz Calderón, Armando
Cabrera Rivera, Camila Mercedes Ortega
Suárez y Giovanny Córdoba Rodríguez.

Hechos: Posibles sobrecostos y la falta de Hechos: Irregularidades en los procesos
disponibilidad presupuestal al momento de contractuales celebrados con motivo de la
celebrar la orden de servicios nro. 006 y/o pandemia por el Covid-19.
contrato interadministrativo nro. 682 de 2020
cuyo objeto fue «Campaña de cultura

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
(2020, 23 de julio). Sentencia, Radicación n.º 11001-03-25-000-2017-00073-00 (0301-17). Consejero
ponente William Hernández Gómez.
28
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, CE Stella Jeannette Carvajal Basto,
sentencia del 19 de marzo de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-1277-01(AC). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP William Hernández Gómez, Sentencia del 28 de septiembre
de 2017, radicado 11001-03-25-000-2012-00150-00(0665-12); Consejo de Estado, Sección Segunda subsección A, sentencia
de 23 de julio de 2020, radicado 11001032500020170007300 (0301-2017), CP William Hernández Gómez; Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CE Jorge Murgueitio Cabrera (E), 27 de julio de 2021, radicado 1001-03-06-000-
2020-00255-00(C).

12
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ciudadana para la mitigación y prevención del
COVID-19».
Decisiones:
Decisiones:
Auto del 20 de abril de 2020: se profirió apertura
Auto del 12 de mayo de 2020: se dio apertura de indagación preliminar en contra de personas
de Indagación preliminar contra personas indeterminadas con el fin de establecer si hubo
indeterminadas. o no irregularidades en los procesos
contractuales.
Auto del 15 de junio de 2022: se dispuso la
terminación de la actuación y se ordenó el Auto del 29 de octubre de 2020: se dio apertura
archivo, porque se probó que la entidad recibió a la investigación y se profirió pliego de cargos
varias cotizaciones de diferentes empresas, en contra de Gorky Muñoz Calderón, Armando
con las cuales efectuó el estudio de precios del Cabrera Rivera, Camila Mercedes Ortega
mercado, por lo que no se advirtió la Suárez y Giovanny Córdoba Rodríguez, por
configuración de sobrecostos, también se probó presuntas irregularidades en la celebración de
que existió certificado de disponibilidad los contratos 681, 682, 677, orden de suministro
presupuestal nro. 2036, con fecha 30/03/2020, 010 y orden de servicios 011.
29
previo a la celebración del contrato .
En relación con el contrato 682 se imputó
cargos por las presuntas inconsistencias entre
el número de unidades del servicio y/o bien a
contratar y las cantidades con las cuales se
calculó el valor total de los ítems 1, 8 y 10.

En este caso se dijo que al firmar la orden de
servicios 006 de 2020 el disciplinado aprobó
unos ítems que no correspondieron a los que
finalmente se plasmaron en el contrato 682,
porque se contrataron 12 videos, pero en la
descripción de la necesidad se dijo que eran 10,
se contrataron 400 piezas publicitarias, pero
inicialmente se cuantificaron 270 y se
contrataron 30 cuñas publicitarias, pero
inicialmente se cuantificaron 14.

La investigación disciplinaria terminó con
sanción de segunda instancia el 17 de agosto
de 2023.

38. Acorde con lo anterior, puede concluirse que si bien un mismo contrato, esto
es, la orden de servicios nro. 006 y/o contrato interadministrativo nro. 682 de 2020
dio lugar a dos quejas disciplinarias, la IUS E-2020-228404 IUC D-2022-2292290
se inició con indagación preliminar el 12 de mayo de 2020 en contra de personas
indeterminadas y, en este mismo estado fue archivada el 15 de junio del mismo año.
Por lo tanto, Gorky Muñoz Calderón únicamente fue investigado y sancionado en el
proceso IUS E-2020-200936 / IUC D-2020-1496374

39. Conforme al artículo 150 de la Ley 734 de 2022, en caso de duda sobre la
procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar
y su finalidad consiste en verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de la causal de
exclusión de responsabilidad. También en caso de duda sobre la identificación o
individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación
preliminar y sólo se iniciará investigación disciplinaria cuando se identifique al

29
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00 índice 00002; «049ED_E2020228404D2022»; folios 105 a 11.

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posible autor o autores de la falta disciplinaria en la indagación preliminar, con
fundamento en la queja, en información recibida.

40. En este caso, la indagación IUS E-2020-228404 IUC D-2022-2292290 se
adelantó contra persona indeterminada porque nunca se identificaron los autores o
partícipes y, por ende, su archivo no definió la situación disciplinaria de una persona
en concreto; es decir, que el procesado no estuvo sometido a dos investigaciones,
pese a que se estudiara el mismo contrato. Por lo tanto, en el evento de surgir una
denuncia con mejor información o mayor claridad, podía válidamente adelantarse
una investigación siempre y cuando no hubiera prescrito la acción disciplinaria, tal
como ocurrió en este evento en el cual no existía impedimento legal para que la
Procuraduría General de la Nación continuara con la segunda investigación
disciplinaria derivada de las presuntas irregularidades en los procesos contractuales
que se adelantaron durante la pandemia del Covid 1930.

41. Las actuaciones disciplinarias pueden iniciar con indagaciones preliminares
como una averiguación genérica en fase exploratoria, cuya finalidad consiste en
establecer la existencia de los hechos y responsables, de ahí que se adelanten
contra personas indeterminadas porque no se ha individualizado a las personas
vinculadas a la investigación y, por ende, nada impide que se adelante otro proceso
formal contra una persona en concreto.

42. Así las cosas, en este caso no se vulneró la garantía de non bis in ídem,
porque entre las investigaciones citadas no existió identidad de persona, toda vez
que la actuación IUS E-2020-228404 IUC D-2022-2292290 tuvo como finalidad
establecer la existencia de los hechos y responsables; es decir que el señor Muñoz
Calderón nunca fue sujeto pasivo de la investigación.

2.5. Control integral de la actuación disciplinaria

2.5.1. Violación directa de la ley sustancial

2.5.1.1. Procedimiento

43. La Ley 734 de 2002 estuvo vigente a partir del 5 de mayo de 2002 hasta la
entrada en vigor de la Ley 1952 del 29 de enero 2019 o CGD que la Ley 1955 del
31
mismo año prorrogó hasta el 1 de julio de 2021 y, con la expedición de la Ley 2094
el 29 de junio de 2021 se aplazó nuevamente hasta el 29 de marzo de 2022, excepto
algunas normas relacionadas con la titularidad de la potestad disciplinaria y las
atribuciones de la PGN que comenzaron su vigencia de inmediato y la prescripción
de la acción disciplinaria que regiría 30 meses después de la promulgación de la
ley, esto es, el 29 de diciembre de 2023.

30

31
«Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad.»

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44. En el presente caso, los hechos que dieron origen al ejercicio de la acción
disciplinaria ocurrieron en 2020, cuando se encontraba vigente la Ley 734 de 2002
o CDU y es esta la norma que rigió la actuación, tal como lo dispuso el artículo 263
de la Ley 1952 de 2019, según el cual «los procesos en los cuales se haya surtido
la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal,
continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002».

45. Acorde con lo expuesto en el régimen de transición citado en el párrafo
anterior, la norma aplicable sería la Ley 734 de 2002, con la modificación de la Ley
1474 de 2011, dado que se instaló la audiencia del proceso verbal el 25 de
32
noviembre de 2020 en la que se recibió versión libre al disciplinado en la
continuación, (llevada a cabo el 14 de diciembre de 2020) y se decretaron pruebas.
33 34 35
Dicha audiencia continuó los días 14 y 18 de diciembre de 2020 , 4 de enero , 6
36 37 38 39 40
de abril , 19 y 27 de julio , 23 y 25 de agosto de 2021, finalmente, el 30 de
41
septiembre de 2022 se recibieron los alegatos. Se dio así aplicación al requisito
previsto en el artículo 177, esto es que «[l]a audiencia debe iniciar no antes de cinco
(5) ni después de quince (15) días de la fecha del auto que la ordena», en tanto el
auto de apertura fue del 25 de noviembre de 2020 y la audiencia inició el 14 de
diciembre de 2020.

42
46. El 8 de marzo de 2023 se profirió fallo de primera instancia y la Sala
43
Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de elección popular al
conocer del recurso de apelación, corrió traslado para alegar el 26 de abril de 2023
44
y el 17 de agosto siguiente dictó fallo de segunda instancia confirmando y
modificando la decisión impugnada.

47. En ese orden de ideas, se dio aplicación al procedimiento verbal y se
respetaron las etapas consagradas en el artículo 175 CDU, de forma tal que no se
advierten irregularidades que impliquen la vulneración de los derechos al debido
proceso y defensa del sancionado.

32
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 289 a 291, La
audiencia continuó los días 14 de diciembre de 2020 (folios 293 a 308), 18 de diciembre de 2020 (folios 310 a 318), 4 de
enero de 2021 (folios 341 a 348), 6 de abril de 2022 (folios 75 a 77 del cuaderno 2), 19 de julio de 2022 (folios 120 a 123 del
cuaderno 2), 27 de julio de 2022 (folios 168 a 173 del cuaderno 2), 23 de agosto de 2022 (folios 191 a 193 del cuaderno 2),
25 de agosto de 2022 (folios 3 a 5 del cuaderno 3), 30 de septiembre de 2002 (folios 60 a 63 del cuaderno 4) y 8 de marzo
de 2022 (folios 135 a 414 del cuaderno 4).
33
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 293 a 308.
34
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 310 a 318.
35
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 341 a 348.
36
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «022ED_CUAERNO2FLS344» folios 75 a 77.
37
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «022ED_CUAERNO2FLS344» folios 120 a 123.
38
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «022ED_CUAERNO2FLS344» folios 168 a 173.
39
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «022ED_CUAERNO2FLS344» folios 191 a 193.
40
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «021ED_CUADERNO3FLS12» folios 3 a 5.
41
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «008ED_CUADERNO4FLS12» folios 60 a 63.
42
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «008ED_CUADERNO4FLS12» folios 135 a 414.
43
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 2 a 4.
44
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.

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2.5.1.2. Competencia

48. La Procuraduría General de la Nación respetó la garantía de juez natural
porque al ejercer la competencia disciplinaria atribuida en el artículo 118 de la
45
Constitución Política, aplicó la Ley 734 de 2002 y el Decreto Ley 262 de 2000 ,
46
artículos 23 y 25 que atribuyó el conocimiento de los procesos adelantados en
primera instancia contra los alcaldes de capital de departamentos a las
Procuradurías Delegadas; y el artículo 7 numerales 8 y 19 ibidem, que facultan al
Procurador General de la Nación para designar un funcionario especial en atención
a la calidad del sujeto disciplinable la trascendencia, y la gravedad e importancia de
los hechos.

49. La Ley 2094 de 2021 ajustó la estructura y funcionamiento de las
dependencias de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar el
conocimiento de las etapas de instrucción y juzgamiento en diferentes organismos
47
y se materializaron en el Decreto 1851 de 2021 , vigente desde el 29 de marzo de
2022. Así, el artículo 13 adicionó el artículo 25A al Decreto Ley 262 de 2000 y
dispuso que las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento conocerán «de la
etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías delegadas
de instrucción» cuando a la entrada en vigencia de la ley se haya proferido pliego
de cargos, y el artículo 11 modificó el 22 íd. señalando que en estos casos la
segunda instancia correspondería a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular.

50. En el caso particular la PGN expidió la Resolución 150 del 12 de mayo de
48
2022 , que también distribuyó competencias, y ordenó la remisión de los procesos
a cargo de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, a la Procuraduría
delegada disciplinaria de Juzgamiento 1.

51. La queja formulada en contra de Gorky Muñoz Calderón dio lugar a la
apertura de dos expedientes: IUS-E-2020-190875 / IUC-D-2020-1490394 (iniciado
en la Procuraduría Provincial de Neiva) y, IUS-E-2020-200936 / IUC-2020-1496374
(adelantado por la Procuraduría General de la Nación), los que se acumularon y se
adelantaron por las autoridades competentes, así:

45
«Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios
del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e
incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos»
46
«Artículo 25. Funciones disciplinarias. Las procuradurías delegadas cumplen las siguientes funciones disciplinarias:
1. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra: (…)
c) Los Agentes Diplomáticos y Consulares, los Directores Generales del Ministerio de Hacienda, los Defensores Delegados,
los Personeros Delegados de la Personería de Santa Fe de Bogotá, los Gobernadores, los Contralores Departamentales, los
Alcaldes de capitales de departamento y los Distritales salvo el de Santa Fe de Bogotá, D. C. (…)»
47
«Por el cual se modifican los Decretos ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la
Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los
funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio
de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras
disposiciones.»
48
«Por medio de la cual se distribuyen competencias y funciones en las procuradurías delegadas, de conformidad con lo
previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021»

16
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Fecha Organismo Actuación
Se recibe queja por presuntas
irregularidades en la contratación del
4 de abril de Procurador General de la
municipio de Neiva durante la pandemia, se
2020 Nación
apertura proceso IUS-E-2020-200936 / IUC-
2020-1496374
Se recibe queja por presuntas
irregularidades en la contratación del
4 de abril de Procuraduría Provincial de municipio de Neiva durante la pandemia, se
2020 Neiva apertura proceso IUS-E-2020-190875 / IUC-
D-2020-1490394

Expidió la Resolución 160 y designó a la
Procuraduría Delegada para la Defensa del
13 de abril de Patrimonio Público, la Transparencia y la
Procurador General de la
49 Integridad para continuar con la
2020 Nación
investigación IUS-E-2020-200936 / IUC-
2020-1496374, en atención a que el sujeto
disciplinable era el alcalde de Neiva.
Procuraduría Delegada para Ordenó acumular las diligencias E-2020-
20 de abril de la Defensa del Patrimonio 190875/IUC D-2020-1490394 al expediente
50
2020 Público, la Transparencia y la disciplinario IUS-E-2020-200936 / IUC D-
Integridad 2020-1496374.
Procuraduría Delegada para
29 de octubre la Defensa del Patrimonio Profiere pliego de cargos, cita audiencia,
51
de 2020 Público, la Transparencia y la decreta pruebas.
Integridad
El expediente se remitió a la Procuraduría
Procuraduría Delegada para
4 de agosto de Delegada para la Moralidad Pública con
la Defensa del Patrimonio
52 funciones de delegada para el juzgamiento
2021 Público, la Transparencia y la
disciplinario, por la entrada en vigencia de
Integridad
la Ley 2094 de 2021.
8 de marzo de Procuraduría Delegada
53 Decisión de primera instancia.
2023 Disciplinaria de Juzgamiento 1
17 de agosto de Sala Disciplinaria de
54 Juzgamiento de Servidores Decisión de segunda instancia.
2023 Públicos de Elección Popular

52. En virtud de lo anterior, la investigación IUS E-2020-200936 / IUC D-2020-
1496374 la tramitó la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio
Público, la Transparencia y la Integridad, en virtud de la Resolución 160 del 13 de
abril de 2020 expedida por la PGN con fundamento en los artículos 160 de la Ley
734 de 2002 y 7 numeral 19 del Decreto 262 de 2000, por medio de la cual designó
como funcionario especial al titular de la Procuraduría Delegada para la Defensa del
Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. Asimismo, lo autorizó para
asumir el conocimiento de los procesos que se desprendan de la queja inicial,
independientemente del número de radicado que se le asignara. Además, que este
actuaría en los términos del artículo 7.19 del Decreto 262 de 2000, con el fin de

49
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 2 a 4.
50
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 8 a 11.
51
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 118 a 261.
52
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 441 a 447.
53
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «008ED_CUADERNO4FLS12» folios 135 a 414.
54
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.

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adelantar la acción disciplinaria correspondiente hasta proferir decisión de fondo,
para abordar todos aquellos aspectos de la responsabilidad.

53. Se concluye que el proceso disciplinario se ajustó a las reglas de
competencia aplicables, esto es, inició en vigencia de la Ley 734 de 2002 mediante
el procedimiento verbal previsto en el artículo 175 y siguientes, el cual estuvo a
cargo de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la
Transparencia y la Integridad en virtud del sujeto disciplinable y la Resolución 160
del 13 de abril de 2020.

54. Al entrar en vigencia la Ley 2094 de 2021 – en particular de los artículos 47
y siguientes –, y los ajustes en la estructura interna de la Procuraduría con el
Decreto 1851 de 2021, se garantizó la etapa de instrucción en la Procuraduría
Delegada para la Moralidad Pública, y el juzgamiento en la Procuraduría Delegada
Disciplinaria y de Juzgamiento, garantizando así que el funcionario encargado de la
investigación no fuera el mismo que asumió el juzgamiento.

55. Por otra parte, al examinar la competencia de la autoridad de segunda
instancia para conocer del recurso de apelación, se observa que se dio aplicación
al artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, que modificó el 22 del Decreto Ley 262
de 2000, y señaló que en estos casos la segunda instancia corresponde a la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

2.5.1.3. Sujetos de la acción disciplinaria

56. La acción disciplinaria fue dirigida contra Gorky Muñoz Calderón como
alcalde de Neiva, elegido popularmente para el período constitucional 2020 – 2023,
quien tomó posesión de su cargo el 1° de enero de 2020 ante la Notaría Cuarta del
55
Circuito de Neiva ; por tanto, como servidor público de elección popular es
destinatario de la acción disciplinaria, aunque se encuentre retirado del servicio (Ley
734 de 2002, artículo 25).

2.5.1.4. La prescripción y caducidad de la acción disciplinaria

57. Inicialmente el artículo 29 de la Ley 734 de 2002 consagró la prescripción
como causal de extinción de la acción disciplinaria por el paso del tiempo sin
adelantar o definir el proceso disciplinario y el artículo 30 íd., fijó dicha prescripción
en cinco años, contabilizados desde el día de su consumación para las faltas
instantáneas y desde la realización del último acto para las de carácter permanente
o continuado.

58. La Ley 1474 de 2011, artículo 132 introdujo las figuras de caducidad y
prescripción de la acción disciplinaria, contabilizando la primera desde la ocurrencia
de la falta sin que se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria

55
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folio 55.

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en cinco años y la segunda, cuando transcurre el mismo término a partir de dicho
auto sin que se haya emitido la decisión correspondiente.

59. Aunque el legislador no determinó cuál es el acto que interrumpe el fenómeno
56
prescriptivo, esta Corporación en sentencia del 21 de mayo de 2019 , reiteró la
sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 29
57
de septiembre de 2009 , señalando que la prescripción se interrumpe con la
expedición y notificación del fallo de primera instancia, independientemente de la
interposición y decisión de los recursos. Se precisa que el criterio anotado en las
sentencias citadas se adoptó a la luz del texto original de la Ley 734 de 2002; sin
embargo, después, con la modificación introducida por la Ley 1474 de 2011, la Sala
también la aplicó, en razón a que no se precisó el extremo final de la prescripción.

60. En este caso resulta aplicable el artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 porque la conducta se
materializó durante su vigencia, entre el 26 de marzo y el 6 de abril de 2020 y
conforme a dichas normas no se configura ni la caducidad ni la prescripción de la
acción disciplinaria, tal como se ilustra a continuación:

58
• Celebración de contrato 682 del 30 de marzo ,
59
• Celebración de contrato 681 del 26 de marzo ,
60
Ocurrencia de las faltas año 2020 - Celebración de contrato 677 del 28 de marzo y
61
las ordenes 10 del 3 de abril y 11 del 6 de abril
62
2020 .
63
Inicio de audiencia de procedimiento verbal 25 de noviembre de 2020 .
64
Decisión de primera instancia 8 de marzo de 2023 notificada en la misma fecha

61. En efecto entre la fecha de ocurrencia de los hechos y la notificación del auto
de apertura de investigación, ni desde este y la decisión disciplinaria de primera
instancia y su notificación, habían transcurrido más de cinco años. Por lo tanto, en
este caso no había operado ni la caducidad ni la prescripción de la acción
disciplinaria.

2.5.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad,
ilicitud sustancial y culpabilidad

62. Para el correspondiente análisis se tendrán en cuenta las pruebas que obran
en la actuación disciplinaria principalmente las carpetas de los contratos a que hace
56
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 21 de mayo de 2019,
expediente 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ), C.P. César Palomino Cortés.
57
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009,
exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ, C.P. Susana Buitrago Valencia.
58
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «056ED_13CONTRATO5CTTO6» folios 22 a 30.
59
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «064ED_CTTO6812020JOHNF» folios 19 a 26.
60
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «053ED_10CONTRATO2CTTO6» folios 21 a 25.
61
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «061ED_18ORDENSUMINISTRO» folios 61 a 71.
62
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «062ED_19ORDENDESERVCIOS» folios 45 a 55.
63
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 118 a 261.
64
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «008ED_CUADERNO4FLS12» folios 135 a 414.

19
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65
referencia el pliego de cargos, esto es: 682 del 30 de marzo , 681 del 26 de
66 67 68
marzo , 677 del 28 de marzo y las ordenes 10 del 3 de abril y 11 del 6 de abril
69 70
2020 ; los testimonios rendidos por Juan Felipe Molano Londoño, Hernán
Mauricio Paredes Riaño, José William Sánchez Plazas, María del Pilar Rodríguez
Rojas, Jhon Frederick Cruz Motta, Ernesto Andrade Cerquera, Karen Tatiana
Olivares Peña, José David Rey Pérez, Carlos Enrique Mosquera, Milton Jovany
71
Orozco Piedrahita y Libardo Trujillo Torres y los informes técnicos adelantados por
72
la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría .

2.5.2.1. Tipicidad

63. Para garantizar que el servidor público o sujeto pasivo de la acción
disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la falta que se le reprocha,
le corresponde al legislador «definir de forma abstracta y objetiva, qué conductas
desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones públicas deben
ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha sido
73
encomendado o por el abuso de su ejercicio» .

64. En materia disciplinaria, ante la dificultad de consagrar en la ley un listado
detallado de las conductas constitutivas de falta, existen tipos abiertos o en blanco
y se ha avalado la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados que hacen
necesaria la remisión a otras normas en las que se encuentren consagrados los
deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo.
Por lo tanto, la autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio, lo
que exige «un proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma
74
congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley» .

65. En ese orden de ideas, para verificar si se cumplió con el elemento de
tipicidad, se debe partir de un proceso de adecuación típica entre la descripción
legal de la conducta disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto activo,
para establecer si surge una relación de contrariedad entre el comportamiento de
quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente
incumplido.

65
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «056ED_13CONTRATO5CTTO6» folios 22 a 30.
66
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «064ED_CTTO6812020JOHNF» folios 19 a 26.
67
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «053ED_10CONTRATO2CTTO6» folios 21 a 25.
68
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «061ED_18ORDENSUMINISTRO» folios 61 a 71.
69
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «062ED_19ORDENDESERVCIOS» folios 45 a 55.
70
En este acápite como lo señaló la Procuraduría no fue tenido en cuenta el testimonio del señor Luis Alfredo Quesada García,
al comprobarse que no fue rendido de manera libre y espontánea.
71
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134», folios 387 a 398; y,
«23_110010315000202307238001EXPEDIENTEDIGI20240206191250»
72
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «022ED_CUAERNO2FLS344» folios 139 a 157.
73
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-
2010-00290-00 (2388-2010).
74
Ibidem

20
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66. El artículo 6 de la Constitución Política prevé: «los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.». En el pliego de cargos, la autoridad administrativa
delimitó la falta gravísima así: «artículo 48. [...] 31. Participar en la etapa
precontractual o en la actividad contractual, [...] con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley», es decir, no tuvo en cuenta el
componente normativo «en detrimento del patrimonio público».

67. En el caso particular, los contratos objeto de reproche fueron producto del
proceso de urgencia manifiesta, el cual se encuentra consagrado en el artículo 42
de la Ley 80 de 1993.

68. La norma parte de dos elementos: i) Participar en la etapa precontractual o
en la actividad contractual, y ii) en detrimento del patrimonio público, o con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

69. La urgencia manifiesta es una excepción a la regla general de licitación para
atender emergencias (desastres, calamidades), por lo que debe limitarse a lo
indispensable para conjurar la crisis, no para expandir el objeto o cantidad
contratada sin justificación concreta, en esta medida el principio de planeación
busca el mejor uso de recursos y valor por dinero; en consecuencia, contratar más
de lo pretendido va en contra de la economía y eficiencia que debe primar incluso
75
en la urgencia .

70. El municipio de Neiva convocó al Comité de Gestión del Riesgo y decretó la
calamidad pública a través del Decreto 306 de 2020 con ocasión de la pandemia
por el Covid-19, y posteriormente para efectuar la contratación necesaria en aras
de conjurar dicha crisis, mediante el Decreto 308 de 2020 declaró la urgencia
manifiesta en el municipio para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada
por la pandemia de COVID-19.

71. En desarrollo de las anteriores facultades, se probó que el alcalde de Neiva
77
celebró los contratos interadministrativos 68176, 682 y 67778 y las órdenes de

75
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP José Roberto Sáchica
Méndez, sentencia del 22 de agosto de 2023, radicado 08001-23-33-000-2016-00477-01 (64.423); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de diciembre de 2015, expediente 2012-00012-01(51489);
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C. CP Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, Sentencia del 10 de diciembre de 2015, radicado 73001-23-31-000-2012-00012-01(51489); Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, CP Olga Mélida Valle De La Hoz, sentencia del 31
de enero de 2011, radicado 25000-23-26-000-1995-0867-01 (17767); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 1998-08431(8031).
76
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «064ED_CTTO6812020JOHNF».
77
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «056ED_13CONTRATO5CTTO6».
78
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «053ED_10CONTRATO2CTTO6».

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79
suministro 010 y servicios 011 de 2020 , los cuales tuvieron las inconsistencias
80
señaladas en cuatro cargos en el pliego , como se analizará a continuación.

72. Primer cargo: En el pliego de cargos se consignó: «la presunta irregularidad
por existencia de posibles sobreprecios en la contratación» y que, en el fallo de
primera instancia [hechos disciplinariamente relevantes]: «presunta irregularidad
imputable al disciplinado sobre la existencia de posibles sobreprecios en la
contratación [...]». Esto es, presuntas irregularidades al comprometer el
presupuesto del municipio de manera equívoca, porque al firmar la orden de
servicios 006 de 2020 el disciplinado aprobó unos ítems que no correspondieron a
los que finalmente se plasmaron en el contrato 682, esto es, se contrataron 12
videos, pero en la descripción de la necesidad se dijo que eran 10, se contrataron
400 piezas publicitarias, pero inicialmente se cuantificaron 270 y se contrataron 30
cuñas publicitarias, pero inicialmente se cuantificaron 14, que corresponden a los
ítems 1, 8 y 10 de la orden de servicios y del contrato, es decir, el contrato fue
suscrito con diferentes valores de los ítems contratados, lo que vulnera los principios
de planeación y economía.

73. Este proceso contractual tuvo como origen el estudio de mercado que se
basó en tres cotizaciones así:

Valor
Cotizante Concepto a cotizar Valor total
unitario
Entrega de diez (10) videos promocionales
campaña «#FUERA CORONAVIRUS» $13.400.000 $134.000.000
Duración: 60 Segundos.
Diseño piezas gráficas y publicitarias en
Fondo Mixto de
formato GIF, animadas y fijas para la campaña
Cultura y
«FUERA CORONAVIRUS» para divulgación $162.000 $43.740.000
Turismo de Huila
masiva por redes sociales. Se deberán
entregar 3 piezas diarias durante 90 días (270)
Concepto, edición y locución de 14 cuñas
$354.000 $4.956.000
radiales para difundir la campaña
Entrega de diez (10) videos promocionales
campaña «#FUERA CORONAVIRUS» $3.600.000 $36.000.000
Duración: 60 Segundos.
Diseño piezas gráficas y publicitarias en
Diego A. formato GIF, animadas y fijas para la campaña
González «FUERA CORONAVIRUS» para divulgación $50.000 $13.500.000
masiva por redes sociales. Se deberán
entregar 3 piezas diarias durante 90 días (270)
Concepto, edición y locución de 14 cuñas
$2.800.000 $42.000.000
radiales para difundir la campaña
Entrega de diez (10) videos promocionales
campaña «#FUERA CORONAVIRUS» $700.000 $7.000.000
Duración: 60 Segundos.
Alexander Diseño piezas gráficas y publicitarias en
García Melo formato GIF, animadas y fijas para la campaña
«FUERA CORONAVIRUS» para divulgación $60.000 $16.200.000
masiva por redes sociales. Se entrega 3 piezas
diarias durante 90 días (270)

79
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 118 a 261.
80
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 118 a 261.

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Concepto, edición y locución de 14 cuñas
$500.000 $7.000.000
radiales para difundir la campaña

74. De las anteriores cotizaciones se escogió la del Fondo Mixto de Cultura y
Turismo del Huila – Fomcultura, con quien se firmó la orden de servicios:

Orden de servicio nro. 006 de 2020
Campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del COVID-19, en el
Objeto
municipio de Neiva - Huila
Valor $438.508.629
Plazo 3 meses
Contratista Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila - Fomcultura
Precio por Valor ítem
Concepto Cantidad
unidad contratado
1. Concepto creativo Preproducción, Producción,
edición y entrega de diez (10) videos promocionales
campaña «#FUERA CORONAVIRUS» Duración: 60
Segundos. En Formato 4K, tomas aéreas (DRON) y en
movimiento. Las imágenes serán registradas en
diferentes lugares de la ciudad de Neiva con uso de 12 $5.944.333 $71.331.996
talento humano para Dramatizar algunas escenas.
Incluye: Transporte, alimentación e hidratación de todo
Cantidades el Personal que requiera la realización de os videos.
a contratar Así como los honorarios del personal y permisos para
el rodaje.
8. Diseño piezas gráficas y publicitarias en formato
GIF, animadas y fijas para la campaña «FUERA
CORONAVIRUS» para divulgación masiva por redes 400 $94.467 $37.786.800
sociales. Se deberán entregar 3 piezas diarias durante
90 días
10. Concepto, edición y locución de 14 cuñas radiales
para difundir la campaña «#FUERA CORONAVIRUS»
30 $649.667 $19.490.010
Duración de cada cuña: 15 a 20 segundos cada una.
(…)

75. Seguidamente se firmó el contrato 682 de 2020 en los mismos términos de
la orden de servicios No. 006 de 2020, cuyas especificaciones aparecen en el
cuadro precedente.

76. Posteriormente se firmó un acta aclaratoria y modificatoria de la orden de
servicios nro. 006 y/o contrato interadministrativo nro. 00682 de 2020, en la que se
dijo: «Que se hace necesario aclarar las cantidades del ítem nro. 1, 2, y 10, dado
un Lapsus Cálami entre letras y números, por lo que dichos ítems, en lo sucesivo
serán las siguientes». Ello implicó bajar el valor contratado conforme con las
cantidades inicialmente requeridas, así:

Precio por Valor ítem
Concepto cantidad
unidad contratado
1. Concepto creativo Preproducción, Producción,
edición y entrega de diez (10) videos promocionales
Cantidades campaña «#FUERA CORONAVIRUS» Duración: 60
a contratar Segundos. En Formato 4K, tomas aéreas (DRON) y
10 $5.944.333 $59.443.330
en movimiento. Las imágenes serán registradas en
diferentes lugares de la ciudad de Neiva con uso de
talento humano para Dramatizar algunas escenas.

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Incluye: Transporte, alimentación e hidratación de todo
el Personal que requiera la realización de los videos.
Así como los honorarios del personal y permisos para
el rodaje.
10. Concepto, edición y locución de 14 cuñas radiales
para difundir la campaña «#FUERA CORONAVIRUS»
14 $649.667 $9.095.338
Duración de cada cuña: 15 a 20 segundos cada una.
(…)

77. Todos los documentos fueron firmados por el señor Gorky Muñoz Calderón
en su condición de alcalde del municipio de Neiva y en el acta aclaratoria, se
atribuye a un Lapsus Cálami el cambio de cantidades de los ítems 1 y 2.

78. Nada se explica respecto a la variación de cantidades correspondiente al ítem
8, sobre la que los testigos José William Sánchez Plaza y María del Pilar Rodríguez
Rojas plantearon un error involuntario en las cantidades descritas en la orden de
suministro y en el contrato, dado que las 130 piezas gráficas y publicitarias
adicionales a las 270 se requerían para mantener informada a la comunidad con
motivo de la pandemia por el Covid-19.

79. Dijo el testigo José William Sánchez Plazas: «contempló la posibilidad de
material de ese se entregara al municipio que fueron a su vez recibidas y
aprovechadas por parte de la administración a través de la oficina de prensa que se
maneja con un grupo también de profesionales sobre el particular, por eso daba las
400 unidades, 290 de los 90 días vislumbrados en el contrato, más 130 que se
requerían para continuar la campaña como quiera que ya se vislumbraba desde un
principio que este problema de la pandemia iba a durar mucho tiempo, como en
efecto así ocurrió» (Subrayas de la Sala)

80. Por su parte la señora María del Pilar Rodríguez Rojas, señaló que la
intención de la entidad «no era pues quedarnos con las 270 unidades que se habían
solicitado en su momento dentro del contrato, sino que pudiéramos tener unas
piezas adicionales para cuando terminara el contrato poderlas seguir utilizando, esto
debido a que medios de comunicación, aquí pues, los periódicos y digámoslo así
que era una de las formas en que nosotros nos podíamos comunicar y dar paso a
las diferentes ciudadanías, los periódicos no fueron todos, se empezó a manejar
directamente por redes sociales, entonces lo que quisimos fue tener un rezago de
130 piezas más para poder seguirlas promocionando a través de las redes sociales
de la alcaldía de Neiva». (Subrayas de la Sala)

81. Estas afirmaciones no tienen respaldo en los documentos contractuales y,
por el contrario, de las actas de seguimiento a la entrega de las piezas publicitarias
se advierten inconsistencias y se evidencia que las piezas gráficas fueron recibidas
desde el primer mes en que se firmó el contrato.

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82. En efecto, en respuesta a las pruebas decretadas por la Procuraduría, se
aportó el oficio nro. 106 del 7 de septiembre de 2022 por parte del Jefe de
Comunicaciones de Neiva81, en el que se dijo:

«1.1. La fecha exacta de recibo de las 130 piezas gráficas, adicionales a las 3 diarias
que se debían entregar en desarrollo del contrato, fueron recibidas en las siguientes
fechas: (…) (se relacionan 13 piezas entre el 25 de marzo y el 8 de mayo de 2020)

1.2. Adjuntar DVD con la información de las 130 piezas gráficas.

Respuesta: Se adjunta DVD con la información de las 130 piezas gráficas.

1.3 Indicar si son gift fijas o cuál es el periodo de publicación de las piezas graficas.

Respuesta: Existen “Piezas gráficas y publicitarias fijas y de igual forma Piezas
gráficas y publicitarias en formato GIF animadas”. El periodo de publicación se inicia
en el momento de recibir el material digital y se mantiene vigente la visualización de
los mismos en la web www.alcaldianeiva.gov.co y la red social Facebook en el perfil
Gorky Muñoz Calderón.

1.4 Indicar cuantas personas vieron las piezas gráficas durante el periodo del
contrato.

Respuesta: Determinar la cantidad de personas que vieron las piezas gráficas solo
es medible en la red social donde registra las veces que fue comentada, dado me
gusta, reproducido o compartido.

2.1 Cómo fueron utilizadas las restantes 130 piezas gráficas.

Respuesta: La utilización se hizo en los diferentes canales digitales y redes sociales,
de manera gradual, según la necesidad de difundir determinada información
masificándose su visualización en la red social Facebook bajo el perfil de Gorky
Muñoz Calderón y en la página oficial de la alcaldía de Neiva
www.alcadianeiva.gov.co.

2.2 En qué fecha fueron utilizadas.

Respuesta: Se utilizaron de manera aleatoria a partir del momento en que fueron
recibidas. (…)»

83. Se concluye así que las piezas gráficas fueron entregadas entre el 25 de
marzo y el 8 de mayo, en el mismo periodo de tiempo previsto en el contrato para
las 270 piezas inicialmente contratadas, por lo tanto, se desvirtúa el argumento de
que se trató de un rezago para poder seguirlas promocionando a través de las redes
sociales de la alcaldía de Neiva, y se corrobora el desconocimiento del principio de
planeación y la ausencia de justificación que se quiso subsanar a través de los
testimonios.

84. Sobre este ítem, resulta particularmente importante señalar que todos los
cotizantes elaboraron una propuesta de diseño de piezas gráficas y publicitarias en
formato GIF, animadas y fijas para la campaña «FUERA CORONAVIRUS» para

81
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002.
«24_110010315000202307238001EXPEDIENTEDIGI20240206191842»

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divulgación masiva por redes sociales, las cuales deberían entregarse a razón de 3
piezas diarias durante 90 días (270) y, concretamente el Fondo Mixto de Cultura y
Turismo del Huila que fue el escogido, propuso un valor unitario de $162.000 para
un total de 270 por $43’740.000.oo. Sin embargo, la orden y el contrato aumentaron
las piezas publicitarias a 400 e introdujeron modificaciones al valor unitario,
rebajándolo a $ 94.467 para un total de $37’786.800.

85. En la providencia de primera instancia también se dijo: «el hecho irregular
relevante sobre el cual se fundó la acusación disciplinaria se centró en la planeación
y determinación de los ítems y actividades objeto del contrato cuestionando que
generaron mayores precios o como fue denominado en el auto de citación a
audiencia “sobreprecios”, aunque que se origina no en el valor individual del ítem
acorde con los precios del mercado, sino en la totalización final del precio frente a
las unidades requeridas sin que se hiciera algún ajuste posterior, pues la aclaración
efectuada, aunque cobijó 2 actividades, dejó intacta una de ellas, esto es el ítem 8
alusivo al diseño de piezas gráficas y publicitarias, [...] debiendo entregar 3 piezas
diarias durante 90 días, es decir 270 que al valor unitario de $94.467 generaba un
valor total de $25.506.090, no obstante se cuantificó sin razón alguna el total de 400
piezas, para un valor de $37.786.800, que representa una diferencia de $12.280.710
que corresponde a recursos públicos del erario». Así mismo se especificó que, la
sanción no se imponía por las irregularidades advertidas en los ítems 1 y 10 y que,
respecto del ítem 8, consideró que se mantuvieron las inconsistencias incluso
después de la suscripción del acta de aclaración y modificación.

86. La PGN afirmó que esta irregularidad encuentra su fundamento en las
siguientes normas:

• La Circular Conjunta 014 del 1 de junio de 2011 de la Procuraduría General de
la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoria General de la
República, según la cual, si bien la urgencia manifiesta no requiere de la
elaboración de estudios previos, las decisiones que se adopten deben responder
a un análisis de los diferentes aspectos que motivan la gestión.

• El artículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto único Reglamentario 1082 de 2015, en el
que se excluye la obligación de los estudios previos en la contratación directa
por urgencia manifiesta, pero no se omite el principio de planeación del contrato
estatal.

87. Encuentra la Sala que los señalamientos de la PGN en cuanto al
desconocimiento de los principios de planeación y economía, previstos en la Ley 80
de 1993, artículos 25 numeral 7 y el artículo 3 numeral 12 de la Ley 1437 de 2011,
se corroboran, por cuanto el deber del señor Gorky Muñoz en un proceso
contractual producto de la urgencia manifiesta, era verificar la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar de conformidad con la necesidad para ese
momento puntual y de manera previa al inicio del proceso de selección del

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contratista o de la firma del contrato. Además, en virtud del principio de economía,
las autoridades deben proceder con austeridad y eficiencia.

88. Segundo cargo. Le atribuyó presuntas irregularidades en la planeación del
contrato 681 de 2020 y/o orden de servicios 005 de 2020 porque los estudios previos
se suscribieron y radicaron luego de firmado el contrato; además, el contratista John
Frederick Cruz Motta, fue escogido presuntamente sin cumplir con la capacidad y
experiencia necesarias para garantizar que su oferta fuera la más favorable a la
entidad, situaciones que vulneran los principios de planeación, selección objetiva y
moralidad. La autoridad administrativa también consideró que el análisis de la oferta
también se realizó el mismo 26 de marzo de 2020, cuando se suscribió el contrato,
«pudiendo con ello carecer del tiempo suficiente para el análisis de la oferta más
favorable». Sin embargo, en la decisión de segunda instancia proferida el 17 de
82
agosto de 2023 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular, fue absuelto por este cargo, tras considerar que en un contrato
celebrado por urgencia manifiesta no era exigible demostrar la capacidad y
experiencia del contratista.

89. Tercer cargo. Presunta vulneración de los principios de planeación y
economía en la celebración del contrato 677 de 2020 y/o orden de suministro 001
porque en la cotización aprobada y seleccionada no obraban los ítems de servicios
«elementos de prevención» luego incluidos en la orden de suministro y el contrato;
si bien, posteriormente se modificó el contrato porque al parecer el contratista no
estuvo en capacidad de suministrarlos, ello refleja la falta de planeación.

90. De las cotizaciones recibidas, se seleccionó la oferta presentada por la
Corporación Colombiana en Paz y Social «Corsocial – Colombia», en la que se
cotizan solo los productos que deben estar incluidos en los paquetes alimenticios.

91. Posteriormente se firma la orden de suministro 001 con las siguientes
características:

Orden de suministro nro. 001 de 2020
Brindar un componente nutricional (4.500 mercados) por los meses de marzo,
abril y mayo que cumpla con las necesidades básicas nutricionales para
Objeto
nuestros adultos mayores beneficiarios del programa centros vida y modalidad
satelital del municipio de Neiva - Huila.
Valor $2.389.743.000
Plazo 3 meses
Contratista Corporación Colombiana en Paz y Social «Corsocial – Colombia»
«(…) La presente orden de suministro nace de la necesidad de brindar atención integral a
4500 adultos mayores beneficiarios del programa Centros Vida y Modalidad Satelital a cargo
de la Secretaría de la Mujer Equidad e inclusión en el municipio de Neiva, que se encuentran
en estado de vulnerabilidad manifiesta, por lo que durante la emergencia sanitaria declarada
por el Gobierno Nacional este grupo poblacional requiere atención prioritaria por parte del
estado y de sus Entes Territoriales, Distritales y Municipales, como lo demanda el artículo 1°
de nuestro Constitución Política, situación que conlleva a efectuar la compra de 4500

82
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.

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componentes nutricionales para los adultos mayores beneficiarios del programa antes
referido. (…)

La propuesta consiste en brindar un componente nutricional (MERCADO) que cumpla con las
necesidades básicas nutricionales para nuestros adultos mayores beneficiarios; estas ayudas
humanitarias de emergencia se repartirán en cada una de las direcciones o nomenclaturas
registradas en el programa de adulto mayor siguiendo en todo caso los protocolos de
prevención del virus, así como las normas de higiene, salubridad y conservación de los
paquetes nutricionales, para evitar la conglomeración de personas que puedan propagar la
pandemia COVID-19 (…)» (subrayas de la Sala)

92. En el cuadro de cantidades a contratar, a continuación de la relación de los
ítems alimenticios y los valores, se señala la siguiente información:

Subtotal productos $152.504
Empaque (bolsa en plástico con los logos de la alcaldía) $2.060
Mano de Obra de empaque $1.030
Transporte para desplazamiento (se hará entrega en cada una de las direcciones
nomenclaturas de cada uno de los beneficiarios del programa de adulto mayor y $3.090
unidades satelitales.
Elementos para prevención $14.420
Subtotal servicios $20.600
IVA sobre servicios $3.914
Total $177.018

93. Seguidamente se firma el contrato 677, en el que se considera:

7. El presente contrato de suministro nace de la necesidad de brindar atención integral
a 4.500 adultos mayores beneficiarios del programa Centros Vida y Modalidad
Satelital a cargo de la Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión en el municipio de
Neiva, que se encuentran en estado de vulnerabilidad manifiesta, por lo que durante
la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, este grupo poblacional
requiere atención prioritaria por parte del Estado y de sus Entes Territoriales,
Distritales y Municipales, como lo demanda el artículo 1" de nuestra Constitución
Política, situación que conlleva a efectuar la compra de 4.500 componentes
nutricionales para los adultos mayores beneficiarios del programa antes referido.

94. Y en la cláusula segunda numeral segundo de obligaciones del contratista,
se dijo:

2. Entregar las raciones alimenticias de acuerdos a las cantidades requeridas y
especificaciones técnicas para las personas Adulto mayor, de acuerdo a los valores
establecidos en el presupuesto oficial, para conjurar la emergencia sanitaria por la
que atraviesa el país, y la ciudad de Neiva, acorde al siguiente cuadro: (…)

95. Revisado el cuadro de cantidades del contrato, solo se relacionan los
productos alimenticios, mas no los ítems de servicios, sin embargo, el valor del
contrato no varía y sigue siendo el mismo establecido en la orden de suministro que
incluye los ítems de servicios.

96. En el estudio previo se relacionan los elementos del componente nutricional
(MERCADO) y se dice que la entrega se hará en cada una de las direcciones

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registradas en el programa de adulto mayor, «siguiendo en todo caso los protocolos
de prevención del virus, así como las normas de higiene, salubridad y conservación
de los paquetes nutricionales, para evitar la conglomeración de personas que
puedan propagar la pandemia COVID -19», y a continuación se relaciona una tabla
con los componentes alimenticios; también se hace alusión al estudio de ofertas
para determinar el valor oficial del presupuesto y se relacionan las cotizaciones
obtenidas de Corabastos, Surabastos, Tienda Virtual, Supermercados de la ciudad
de Neiva, Distribuciones Vargas y la Corporación Colombiana en Paz y Social. Sin
embargo, no se observa alguna consideración o valoración en relación con los ítems
de servicios.

97. Una vez evidenciada la anterior irregularidad, la supervisora del contrato
requirió al contratista el 20 de abril de 2020 para que informara si en la ejecución
del contrato se estaban incluyendo dentro del kit los elementos de bioseguridad, en
razón a que quedó incorporado en la ración mensual de la orden de suministro 001
del 21 de marzo de 2020. El 22 de abril de 2020 el contratista informó que no fue
posible entregar los elementos de bioseguridad en los kits contratados, porque no
se encontraron en el mercado nacional los elementos de bioseguridad por la entidad
contratante, debido a la alta demanda. Igualmente, solicitó que dentro de la
propuesta aprobada en la orden de suministro 001, incluida en el contrato 677, se
excluyera dentro del componente alimentario mensual el ítem «elementos para
prevención proyectada por valor de 14.420»

98. En efecto, el ítem se excluyó mediante acta de justificación y modificación 1
del 24 de abril de 2020, en la que se da cuenta que los ítems de servicios, pese a
estar contratados no fueron suministrados, y, por lo tanto, debieron ser excluidos
porque no obedecían a la conveniencia de la contratación, además de las
dificultades en la consecución por parte del contratista, quien manifestó que no
fueron ofertados.

99. En la actuación disciplinaria se recibió el testimonio de los señores José
David Rey Pérez, Carlos Enrique Mosquera, Milton Jovany Orozco Piedrahita, y
Libardo Trujillo Torres, quienes se pronunciaron en relación con la entrega de los
mercados, sin embargo, de sus declaraciones nada se desprende en torno al ítem
de servicios.

100. También obra como prueba el informe técnico rendido por la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación,
en el que se concluyó:

En cuanto al contrato no. 677 de 2020 y específicamente a los ítems agrupados bajo
el rotulo de «servicios», no hay claridad en cuanto a la forma como fue definido el
valor de los elementos para prevención, toda vez que no hay una descripción de los
guantes (calidad), tampoco hay especificaciones técnicas sobre: tapabocas, vestido
en tela quirúrgica y protector de zapatos en tela quirúrgica, lo que dificulta cotizar en
el mercado y establecer si están acorde con la realidad del mercado, adicionalmente
en cuanto al transporte se desconoce la distancia de los lugares donde se deben

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entregar las raciones alimentarias, dado que se desconoce la estructura de costos y
como definió el predio la alcaldía de Neiva.

101. El contrato 677 es similar a los contratos 679 y 680 de 2020 de suministro de
kits alimentarios, también firmados en la misma fecha por el alcalde de Neiva, en
los que no se contemplaron los ítems de servicios ni en la propuesta ni en las
órdenes de suministro.

102. La PGN señaló que las anteriores conductas desconocen los principios de
planeación, previsto en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; y el de
economía de la función administrativa, consagrado en los artículos 3 numeral 12 de
la Ley 1437 de 2011 y 23 de la Ley 80 de 1993. Así mismo consideró: no es eficiente
ni austero contratar elementos de protección personal por unidad, para la entrega
de cada mercado. No es razonable que en la entrega de cada mercado se usara,
por una sola vez y por un solo valor, esos elementos de protección. Cabe resaltar
que los documentos precontractuales y el contrato eran tan poco claros que parecía
que los elementos eran para las personas que iban a entregar los mercados, y
luego, en las actas de ejecución resultó que eran para los adultos mayores a quienes
finalmente no se les entregó nada porque el contratista no fue capaz de proveer
estos items a los que no se les hizo análisis de conveniencia y que pasaron por el
contrato sin pena ni gloria, pero que si pusieron en riesgo el patrimonio de la entidad
por $330.939.000 M/Cte».

103. Cuarto cargo. Presunta irregularidad en la selección de los contratistas de
la orden de suministro 010 -la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de
Nariño (Asoformando)- y de la orden de interventoría 011 -la Fundación Colombia
Florece-, porque al aparecer existía una relación formal entre ambos, dado que el
representante legal de la Fundación Colombia Florece, es miembro principal de la
junta directiva de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño
(Asoformando). Dijo la autoridad que dicha actuación vulnera los principios de
selección objetiva y moralidad.

104. La autoridad disciplinaria también consideró que: (i) los contratistas no
cumplían con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar los contratos
mencionados, pero que en el acto sancionatorio se consideró que no era procedente
analizar la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad porque se contrató con
personas jurídicas que tenían experiencia para ejecutar el contrato; y (ii) tampoco
tenían declarados establecimientos de comercio, sedes o sucursales en el municipio
de Neiva y no acreditaron experiencia de ejecución contractual en dicha entidad.
Sin embargo, estos cargos fueron descargados en la decisión de primera instancia
83
de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento del 8 de marzo de 2023 .

105. Los contratos señalados, tienen las siguientes características:

83
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «008ED_CUADERNO4FLS12» folios 135 a 414.

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Orden de suministro 010 del 3 de abril de 2020
Adquisición de productos alimenticios básicos para ser entregados como
suministro al programa de alimentación escolar complementario vulnerable de las
Objeto diferentes sedes educativas oficiales urbana y rural del municipio de Neiva para
mitigar la pandemia del Covid-19 en cantidad de 105.000 raciones entregables en
tres mensualidades.
Valor $5.250.000.000
Plazo 3 meses
Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño –Asoformando–
Contratista
Colombia.
Representante
Carmen Rosaida Castillo Arboleda
Legal

Orden de servicios nro. 11 de 2020
Seguimiento a la ejecución de la orden de suministro para la entrega de raciones
Objeto
para preparar en casa.
Valor $300.000.000
Plazo 3 meses
Contratista Fundación Colombia Florece
Representante
Miguel Alfonso Banguera Jaramillo
Legal

106. En las carpetas contractuales obran los certificados de existencia y
representación legal de las personas jurídicas, así:

Representante legal:
Carmen Rosaida Castillo Arboleda

Miembros de junta:
84
Orden de suministro 010 : Asociación de Estudiantes Carmen Rosaida Castillo Arboleda
Afrodescendientes de Nariño - Asoformando Franklin Leonardo Angulo Quiñones
Lorena Patricia Castro Torres
Miguel Alfonso Banguera Jaramillo
Juan Manuel Mosquera Cortes

85 Representante legal:
Orden de servicios 011 : Fundación Colombia Florece Miguel Alfonso Banguera Jaramillo

107. En los documentos del proceso contractual reposa la orden de suministro 010
de fecha del 3 de abril de 2020, asimismo, la lista de requisitos exigidos para su
firma, en la que se relaciona y se aporta el certificado de existencia y representación
legal con igual fecha; a la par, se encuentra que la orden de servicios 011, firmada
el 6 de abril de 2020, también tiene como anexo el certificado de existencia y
representación de fecha 27 de marzo de 2020. Obran también como anexo de
ambos contratos la certificación del representante legal de que no se encuentra
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.

84
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «061ED_18ORDENSUMINISTRO» folios 99 a 105.
85
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «062ED_19ORDENDESERVCIOS» folios 72 a 77.

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108. El 24 de abril de 2020 el alcalde firmó el acta de terminación y liquidación
bilateral de mutuo acuerdo de la orden de servicios de interventoría 011, de manera
86
anticipada, al considerar :

5. Que la alcaldía de Neiva a traves de la supervisión con oficio del 24 de abril de los
corrientes, en este caso de la Secretaría de Educación Municipal de Nevia, y mediante
oficio suscrito por el ordenador del gasto comunicó al contratista la necesidad de dar
por terminado el contratro de manera bilateral e inmediata, soportados en el
argumento de que se evidenció por parte de la administración municipal
circusntancias y situaciones, al analizar el certificado de cámara de comercio, que fue
allegado con posterioridad a la sucripción de la orden de interventoría, al confrontarlo
con el certificado de inhabilidades e incompatibilidades suscrito y aportado por el
representante legal señor MIGUEL ALFONSO BANGUERA JARAMILLO, por
requerimiento del ente territorial, de fecha 8 de abril de 2020, donde bajo la gravedad
de juramento manifestó: «que no se encuentra incurso en ninguna causal de
inahbilidad e incompabilidad, ni ningun miembro de la junta directiva o socio de la
organización que nos impida actuar como contratista ante el estado, representado en
la alcaldía de Neiva Huila».

Que en ejercicio de la urgenica manifiesta verificó la experiencia e idoneidad al
momento de sucribir la orden de interventoría de dos contratos debidamente
terminados y liquidados, documento donde no aparecen los miembros y directivos,
pues se trata de un proceso especial en el marco de la emergencia sanitaria y la
calidad pública declarada por el municipio de Neiva, que motivaban la necesidad
apremiente de contratar el servicio, y despues se solemniza el archivo documental.

Así las cosas, queda claro que existe una inhabilidad para contratar con la Fundación
Colombia Florece, pues su representante legal es miembro de la junta directa del
ooperador a quien le debe hacer interventoría, y se advierte un acto contrario a la
buena fe y buenas costumbres. (redacción de origen)

109. Se allegó como prueba trasladada copia de la investigación penal adelantada
en contra del señor Gorky Muñoz Calderón con radicado
41001600058420200071100 por el presunto punible de interés indebido en la
celebración de contratos, adelantada ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con
funciones de Control de Garantías de Neiva, en la que se formuló imputación y se
impuso medida de aseguramiento por no advertir la inhabilidad legal del interventor
87
en la firma de la orden de servicios 011 /contrato 703 de 2020 .

110. Es que el representante legal de la persona jurídica del interventor hace parte
de la junta directiva del contratista que le correspondía supervisar, situación que no
fue advertida, pese a contar con los documentos de ambos oferentes desde el inicio
de los procesos contractuales.

111. La PGN señaló que se vulneraron los principios de transparencia, selección
objetiva y moralidad, previstos en los artículos 24 numeral 8, 25 numeral 1 de la Ley
80 de 1993, 209 de la Constitución Política y el 3 numeral 5 de la Ley 1437 de 2011,
conforme a los cuales las autoridades no pueden actuar con desviación o abuso de

86
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «101ED_OFICIOPDDJNO1849»
87
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «127ED_13ACTAIMPUTACION202»

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poder y ejercerán sus competencias para los fines previstos en la ley, por tanto,
tienen prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás
requisitos previstos en el estatuto de contratación. Además, conforme a las
disposiciones citadas, las actuaciones administrativas deben desarrollarse con
arreglo a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad.

112. Para señalar la independencia que debe existir entre el interventor y el
contratista, en la decisión de primera instancia del 8 de marzo de 2023 se citó el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 5 de la Ley 1474 de 2011, que señala:

Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro
de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas
abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, durante
el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos
de interventoría con la misma entidad.

113. Acorde con lo que viene de decirse, el servidor público, en su calidad de
alcalde, suscribió ordenes de suministro, de servicio y los contratos, desconociendo
los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley; es decir que su conducta, tal como lo
señaló la Procuraduría General de la Nación, se tipificó como falta gravísima
prevista en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 31.

2.5.2.2. Ilicitud sustancial

114. El artículo 5º de la Ley 734 de 2002 señala que «La falta será antijuridica
cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna»; por tanto, esta disposición
debe interpretarse en concordancia con el artículo 22 íd., según el cual: «El sujeto
disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad,
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad,
economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de
su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará
las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en
las leyes.»

115. En este caso, el investigador disciplinario analizó la ilicitud sustancial de la
conducta del señor Muñoz Calderón a partir del desconocimiento de los deberes
como servidor público en el ejercicio de la función administrativa, así:

116. Primer cargo. Sostuvo el operador disciplinario que había ilicitud sustancial
por cuanto en la orden de servicio nro. 006 / contrato 682 se pactaron unos valores
diferentes a los aprobados en la propuesta presentada por el contratista, conducta

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que atentó contra los principios de economía de la función administrativa y
planeación de la contratación estatal, desconociendo los deberes como servidor
público e impactando la función administrativa.

117. La Sala considera que en efecto se vulneró el principio de planeación, si bien
se trata de una urgencia manifiesta en la que no debían existir estudios previos ni
análisis del mercado, no se justificó ni explicó porque hubo un cambio en las
cantidades a contratar en relación con las inicialmente cotizadas para el proceso
por urgencia manifiesta. Tampoco se probó, como lo alegó el disciplinado, que se
tratara de un error involuntario, porque el mismo persistió aún después del acta
aclaratoria en relación con el ítem 8 del contrato.

118. Se evidencia así que hubo deficiencias en el análisis de la necesidad que se
quería satisfacer y los objetivos para alcanzar la contratación, lo que conllevó a que,
en relación con el ítem 8 del contrato, se adquirieran 130 piezas publicitarias
adicionales para atender la urgencia de la contratación, sin que se hubiera
establecido el porqué de estas, y si eran necesarias o no para conjurar la urgencia
para la que fueron contratadas.

119. Se vulneró también el principio de economía, dado que de conformidad con
las cantidades que inicialmente se pretendía contratar en el ítem 8, esto es, 270
piezas publicitarias, las mismas costaron $12.270.710 más, porque finalmente se
contrataron 400 piezas, sin que existiera alguna justificación al respecto.

120. Finalmente, también hay ilicitud sustancial en la conducta desplegada,
porque las cantidades pactadas en el ítem 8 debían resolver una necesidad puntual
conforme la contratación directa por urgencia manifiesta, no obstante, se contrató
de más, lo que desvirtúa la finalidad de esta modalidad de contratación y vulnera
los principios de la contratación estatal.

121. Tercer cargo. Al igual que en el anterior cargo, la PGN también sostuvo que
había ilicitud sustancial por cuanto se atentó contra los principios de economía de
la función administrativa y planeación de la contratación estatal.

122. Considera la Sala que existió vulneración al principio de planeación, por
cuanto la orden de suministro 001 / contrato 677 de 2020 incluyó los ítems de
servicios denominados «elementos de prevención» en un contrato de suministro de
kits alimentarios, sin que existiera alguna justificación respecto al porque no fueron
objeto de cotización en la oferta aprobada, pero sí de contratación, esto es, no se
efectuó un análisis de conveniencia y razonabilidad para su inclusión en el contrato,
tampoco se explicó porque debían ser incluidos en este contrato y no en los
contratos 679 y 680 de 2020 celebrados en la misma fecha con la misma finalidad,
esto es, suministrar kits alimenticios.

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123. Tampoco se justificó el por qué debía ser incluido en cada mercado los
elementos de protección, si estos eran para el adulto mayor o para quien distribuiría
el paquete alimenticio.

124. Se vulneró a su vez el principio de economía por cuanto los ítems de
«elementos de prevención» al no hacer parte de la oferta del proponente, no
contaban con el análisis de conveniencia, de precios y de oferta, aumentando el
valor del contrato sin establecer criterios de austeridad y eficiencia. La falta de
planeación se evidenció aún más en el acta modificatoria del contrato, en la que
fueron excluidos del contrato, desvirtuando así los fines de la urgencia manifiesta.

125. Cuarto cargo. Sostuvo el operador disciplinario que el alcalde afectó el deber
funcional e infringió los principios de selección objetiva y moralidad al no actuar en
favor de los intereses de la entidad y la colectividad al escoger una oferta y un
contratista que no cumplía con las calidades necesarias para ejecutar la
interventoría sobre un contratista con el que tenía vínculos formales.

126. Al ser el alcalde el responsable de la dirección y manejo de la actividad
contractual del municipio, se evidencia que con su actuar se desconocieron los
principios de transparencia, selección objetiva y moralidad, porque se contrató un
interventor (orden de servicio 011 de 2020) cuyo representante legal era miembro
de junta directiva del contratista (orden de suministro 010 de 2020); por lo tanto, no
se actuó en favor de los intereses de la entidad y de la colectividad, y si bien los
contratos fueron producto de una urgencia manifesta eso no impedía el
cumplimiento de los principios de la contratación estatal.

127. Considera la Sala que en efecto, no existió un analisis riguroso y objetivo de
la documentación necesaria para la contratación y en especial de los certificados de
existencia y representación legal de las empresas contratistas, toda vez que,
conforme a las pruebas antes analizadas, Miguel Alfonso Banguera Jaramillo obra
como representante legal de la Fundación Colombia Florece, contratista en la orden
de servicios nro. 011 quien sería la encargada de efectuar el seguimiento a la
ejecución de la orden de suministro nro. 010, en la que el contratista era
Asoformando, cuya junta directiva, tenía como uno de sus miembros a Miguel
Alfonso Banguera Jaramillo.

128. Respecto de este elemento se concluye que, el accionar del alcalde
disciplinado se apartó de los deberes de la función pública y los principios de
contratación estatal y su conducta no estuvo inspirada en el ánimo de satisfacer el
interés general. En consecuencia, la Sala comparte las conclusiones a las que
arribaron las autoridades disciplinarias en el caso concreto, en punto a la afectación
sustancial del deber funcional por parte del disciplinado y, con ello, el carácter
antijurídico de su conducta.

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2.5.2.3. Culpabilidad

129. Conforme al artículo 13 de la Ley 734 de 2002 «En materia disciplinaria
queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son
sancionables a título de dolo o culpa». Al respecto, el parágrafo del artículo 44 de la
Ley 734 de 2002 dice:

Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
(subrayas de la Sala)

130. Esta Corporación sobre la culpa gravísima y su diferencia con la culpa grave
ha señalado:

En materia disciplinaria habrá responsabilidad por la comisión de una falta de esa
naturaleza con culpa gravísima o grave. De acuerdo con el parágrafo del artículo 44
de la Ley 734 de 2002, la primera forma de culpa se configurará «cuando se incurra
en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento». La segunda «cuando se incurra en
falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del
común imprime a sus actuaciones».

Ambas formas de culpa tienen como elemento común que ellas dependen de la
desatención de los deberes objetivo y subjetivo de cuidado. El primero se refiere al
cuidado necesario que cualquier persona del común (que en este caso debe
entenderse a partir de la condición como servidor público del disciplinado) tiene en
sus actuaciones; y el segundo a la previsibilidad de los acontecimientos derivados de
la conducta del sujeto. Los elementos diferenciadores de la culpa gravísima respecto
de la grave, están relacionados con las calificaciones dadas por la ley, en el sentido
de que exista ignorancia supina, desatención elemental, o violación manifiesta de
88
reglas de obligatorio cumplimiento.

131. Primer cargo. CULPA GRAVE, por inobservancia del cuidado necesario que
cualquier persona común imprime a sus actuaciones.

132. Del análisis probatorio efectuado se advierte que el comportamiento descrito
inobservó el cuidado necesario que cualquier persona imprime a sus actuaciones.
En este caso se suscribió la orden de servicios y el contrato con cantidades
diferentes a las que inicialmente se pretendía adquirir, desatendiendo los principios
de planeación y economía que deben regir toda la actividad contractual, incluso en
situaciones de emergencia, sin que existiera alguna justificación al respecto.

133. La actuacion del alcalde se enmarcó en una falta de atención básica,
elemental y de indiferencia ante medidas racionales mínimas porque firmó una
orden de suministro sin existir correspondencia entre lo ofertado y lo contratato y si

88
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” CP William Hernández
Gómez, sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-06021-01(3003-17).

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bien tuvo varias oportunidades para enmendar el error, el mismo persisitió aún en
el acta aclaratoria.

134. En efecto, es una negligencia que supera el deber de cuidado ordinario que
una persona debe imprimir en sus negocios, porque el alcalde como servidor
público, conforme lo dispuesto en los artículo 6 y 13 de la Constitución Política, se
le exige un nivel mayor de cuidado en el cumplimiento de sus funciones.

135. Tercer cargo. CULPA GRAVÍSIMA por la falta de atención básica y el olvido
de medidas racionales mínimas que generó la afectación de los intereses de la
entidad.

136. Del análisis probatorio se desprende que, el alcalde suscribió la orden de
suministro 0001 y el contrato 677 con los ítems de servicios «elementos de
prevención» que no hicieron parte de la propuesta inicialmente aprobada, sin que
existiera justificación alguna, así como tampoco existió un análisis de conveniencia
ni de precios en el mercado.

137. El señor Gorky Muñoz Calderon debió cumplir con el cuidado necesario de
verificar y leer de manera detallada el contrato y la propuesta del contratista, si
hubiera sido asi, habría notado que los items de servicios no debían estar incluídos,
así como no estuvieron incluidos en otros contratos similares suscritos el mismo día.

138. En efecto, existió una violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento, porque si bien se trataba de una contratación directa producto de la
urgencia manifiesta, se omitió efectuar un análisis de razonabilidad y conveniencia
de los ítems de servicios, incumpliendo los principios de la contratación estatal.

139. Cuarto cargo. CULPA GRAVÍSIMA por la falta de atención básica y el olvido
de medidas racionales mínimas que afectaron los intereses de la entidad.

140. Al igual que en el anterior cargo, se omitió dar cumplimiento a los principios
de contratación estatal y la función pública, al no revisarse los certificados de
existencia y representación de los oferentes para advertir que tenían un vínculo
formal que les impedía la celebración de los contratos.

141. Para la Sala, la infracción disciplinaria es sustancial, en la medida en la que
afectó el buen funcionamiento del municipio de Neiva y el cumplimiento de sus fines.
Cabe recalcar que la función administrativa está «al servicio de los intereses
generales», por mandato del artículo 209 constitucional, y ese postulado, como se
vio, no fue cumplido por el disciplinado, sin que existiera una justificación legal válida
para ello. Se agrega, que los procesos contractuales producto de la urgencia
manifiesta no son una patente de corcho para que el alcalde omita dar aplicación
de los principios de la contratación estatal, en especial los de planeación, economía,
transparencia y selección objetiva, como se analizó en cada uno de los cargos.

37
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142. El artículo 28 del CDU, dispone que está exento de responsabilidad
disciplinaria quien realice la conducta: (i) por fuerza mayor o caso fortuito; (ii) en
estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que
el sacrificado; (iii) en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente
emitida con las formalidades legales; (iv) por salvar un derecho propio o ajeno al
cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación,
proporcionalidad y razonabilidad; (v) por insuperable coacción ajena o miedo
insuperable; (vi) con la convicción errada e invencible de que su conducta no
constituye falta disciplinaria; y (vii) en situación de inimputabilidad.

143. En este caso, del material probatorio analizado, no se demostró la existencia
de alguna de las anteriores causales, por el contrario, se probó que el
comportamiento del disciplinado desconoció las normas de carácter imperativo
aplicables en la contratación directa por urgencia manifiesta.

144. La Sala coincide con las decisiones de la Procuraduría en que están dados
los presupuestos de la culpabilidad, en la medida en que no se comprobó en el
proceso disciplinario que la conducta cometida por el señor Gorky Muñoz Calderón
hubiera sido accidental, involuntaria o justificada.

145. Acorde con lo expuesto, las decisiones de la Procuraduría, analizaron
correctamente los presupuestos de culpabilidad del disciplinado.

2.5.3. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en
la apreciación de la prueba.

146. En este acápite se verificará si las autoridades disciplinarias valoraron las
pruebas obrantes en el expediente conforme a los artículos 128 a 142 de la Ley 734
de 2002, que regulan el régimen probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica
y con fundamento en elementos de convicción que permitan alcanzar certeza sobre
la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado. En caso contrario, se
configurará un error de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas, bien
porque dejan de valorarse o se realiza una valoración defectuosa, o porque se
89
desconoce una norma adjetiva que debió orientar el análisis probatorio .

90
147. Al proceso se arrimó prueba documental , que incluye copia de las órdenes
91
de servicios y los contratos celebrados, también testimonial e informe técnico con
su objeción y complementación rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones
92
Especiales de la PGN ; elementos de convicción que fueron valorados tanto en la

89
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de abril de 2012, Rad. 11001-03-15-000-
1998-00021-01, MP. Silvio Escudero Castro. Ver, además: Sala Especial Transitoria de Decisión 2A, sentencia de 12 de
septiembre de 2005, Rad. 11001-03-15-000-2003-00655-01, MP. Camilo Arciniegas Andrade. También puede consultarse:
Corte Constitucional, sentencia SU-201 de 2021, MP. Diana Fajardo Rivera.
90
Relacionadas en la decisión de primera instancia a folios 166 a 198 obrante en el archivo «008ED_CUADERNO4FLS12» y
aportadas en los cuadernos 1 a 4 del proceso disciplinario
91
Obrante en los cuadernos 2 a folios 120 a 123 y 191 a 193 del proceso disciplinario
92
El informe técnico se encuentra en el cuaderno 1 a folios 385 a 398, la objeción en los folios 133 a 157 del cuaderno 2 del
proceso disciplinario.

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decisión de primera como de segunda instancia, tal como se analizó en el cargo
anterior.

148. Cada una de las pruebas decretadas fueron valoradas, dando como
resultado la decisión sancionatoria de primera instancia, y luego de la apelación, la
decisión de segunda instancia que modificó la primera. En esta última se
confirmaron los cargos primero, tercero y cuarto del pliego, tras analizar la tipicidad,
ilicitud sustancial y culpabilidad de la conducta, concluyendo que en los casos de
contratos producto de la declaratoria de urgencia manifiesta, las autoridades
públicas pueden flexibilizar algunas reglas del procedimiento de selección, pero
deben observar los principios que regulan la función administrativa y la contratación
estatal, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

149. En el fallo de segunda instancia se revocó la decisión de atribuir
responsabilidad respecto del segundo cargo, sosteniendo que, por tratarse de un
contrato celebrado en virtud de la urgencia manifiesta, no era necesario contar con
estudios previos ni era exigible experiencia y capacidad de manera previa, siendo
idóneo para la ejecución.

150. No se advierten errores al valorar las pruebas; por el contrario, a partir de
ellas es posible concluir que las conductas endilgadas corresponden a la etapa
precontractual y contractual, las cuales configuraron la falta disciplinaria gravísima
prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, tal como se señaló
en el pliego de cargos y en las decisiones sancionatorias.

2.5.4. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo

93
151. Desde el auto de 29 de octubre de 2020 se le imputó al señor Gorky Muñoz
Calderón la falta disciplinaria prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002, consistente en «(…) participar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley» a través de la formulación de cuatro
cargos, tres de los cuales quedaron probados en la decisión de segunda instancia
así:

Decisión de segunda instancia del 17 de agosto de
Pliego de cargos
2023
Cargo Primero: Tipicidad: Se acreditó que el disciplinado participó en la
En la oferta para la celebración del etapa precontractual del contrato 682 de 2020, en el que
contrato 682 de 2020 se menciona en los componentes de la propuesta aceptada tenían
los ítems 1, 8 y 10 unas unidades que inconsistencia entre el número de unidades del servicio
no corresponden a las usadas para y/o bien a contratar y las cantidades con las cuales se
calcular el precio, generando una calculó el valor total del ítem 8. Conducta que configura la
diferencia de 34 millones de pesos. falta disciplinaria prevista en el artículo 48 numeral 31 Ley
Estos errores, fueron reproducidos en 734.
el contrato 682 de 2020 y persistirían

93
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 118 a 261.

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Decisión de segunda instancia del 17 de agosto de
Pliego de cargos
2023
frente al ítem 8, en el acta de Ilicitud sustancial: La conducta afectó los deberes
aclaración y modificatoria, funcionales asignados como alcalde, por violación al
significando una diferencia entre los principio de planeación como manifestación del principio
servicios ofertados y los contratados de económica previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de
por $12.280.710 M/Cte. 1993, comportamiento que impactó la función
administrativa, porque se aprobaron unos valores de la
Con su conducta el disciplinado propuesta presentada por el contratista que no
posiblemente desconoció el principio correspondían al objeto del contrato.
de planeación, que es manifestación
del principio de economía Culpabilidad: Existió negligencia en su comportamiento,
consagrado en el numeral 7 del al desconocer el deber de cuidado ordinario que una
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así persona del común garantizaría al cumplir las funciones
como el principio de economía, ejercidas en la suscripción del contrato 682 de 2020, por
consagrado en el numeral 12 del cuanto cometió errores en los valores, no solo en la orden
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que de servicios suscrita antes del contrato, sino también en
rige la contratación estatal según el el contrato estatal.
artículo 23 de la Ley 80 de 1993.
Al funcionario público se le exige actuar con una diligencia
La falta se calificó como GRAVÍSIMA, superior a la de cualquier ciudadano, según los artículos
a título de CULPA GRAVE por 6 y 13 de la Constitución, en especial porque está de por
inobservancia del cuidado necesario medio el manejo de recursos públicos.
que cualquier persona común
imprime a sus actuaciones. Se confirmó la imputación subjetiva de la falta a título de
culpa grave.

Cargo Tercero: Tipicidad: en el contrato 677 de 2020 se incluyó el ítem de
En el contrato 677 de 2020 se incluyó rubro de servicios denominado «elementos de
el ítem del rubro de servicios prevención» en un contrato de suministro de kits
denominado «elementos de alimentarios, sin efectuar un análisis de conveniencia y
prevención» lo que representó un razonabilidad, dado que no estaban en la propuesta del
aumento del precio en $330.939.000 contratista, por lo tanto, se incumplieron los principios de
M/Cte a pesar de que la oferta del planeación y economía de la contratación estatal. Agrega
proponente no los contenía y que los que, en contratos similares, 679 y 680 de 2020, de
estudios previos no cuentan con un suministro de kits alimentarios, no se contempló este ítem
análisis de oferta y mercado, ni de en la propuesta ni en el contrato. Conducta que configura
conveniencia ni de razonabilidad. la falta disciplinaria prevista en el artículo 48 numeral 31
Ley 734.
Con su conducta el disciplinado
posiblemente desconoció el principio Ilicitud sustancial: El comportamiento del disciplinado
de planeación, que es manifestación afectó sustancialmente el deber funcional y quebrantó el
del principio de economía principio de economía que rige la contratación estatal y la
consagrado en el numeral 7 del función administrativa, sin justificación alguna, en tanto se
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así aceptó una oferta del proponente y luego se agregaron
como el principio de economía, unos ítems bajo el rubro servicios sin el análisis de
consagrado en el numeral 12 del conveniencia, necesidad o razonabilidad.
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que
rige la contratación estatal según el Culpabilidad: el disciplinado no realizó ningún análisis
artículo 23 de la Ley 80 de 1993. frente a la conveniencia de incluir en el contrato los
elementos de prevención, lo que condujo a que el precio
La falta se calificó como GRAVÍSIMA, bilateral fuera modificado por solicitud expresa del
a título de CULPA GRAVÍSIMA por contratista, dada su falta de relación con el objeto
desatención elemental en su calidad contractual y la dificultad de conseguirlos en el mercado.
de alcalde de Neiva - Huila.
Se probó la existencia de una contratación ineficiente e
irreflexiva, en época de pandemia en la que primaba el
suministro de alimentos a las personas de la tercera edad,
siendo este el verdadero objeto contractual.

Su actuación se enmarco en una falta de atención básica,
elemental y de indiferencia ante medidas racionales
mínimas que generó la afectación de los intereses de la

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Decisión de segunda instancia del 17 de agosto de
Pliego de cargos
2023
entidad, por lo que se quebrantó la selección objetiva y
los principios de transparencia y moralidad

Confirma la imputación subjetiva de la falta a título de
culpa gravísima.

Cargo Cuarto: Tipicidad: Celebró la orden de servicios 11 de 2002 con
Con respecto a la orden de suministro una persona jurídica que se encontraba inhabilitada, toda
010 y la orden de servicios 011 de vez que su representante legal era miembro principal de
2020, se contrató un interventor que la junta directa del contratista de la orden de suministro
se encontraba inhabilitado, dado que 10 de 2020, contratación sobre la cual debía ejercer la
tenía una relación formal con el interventoría. Según las pruebas documentales, la
contratista porque su representante administración conocía la conformación de ambas
legal también era miembro principal empresas antes de la celebración, por lo que no podía
de la persona jurídica que actuaba celebrarse la orden de servicios 11 de 2020.
como contratista en la orden 10 de
2020. La independencia entre el interventor y el contratista al
que vigila es fundamental para garantizar la
Posiblemente desconoció el principio transparencia, imparcialidad, objetividad en la supervisión
de selección objetiva, que es y control de los contratos. Y en este caso los intervinientes
manifestación del principio de en el contrato se limitaron a suscribirlo, sin efectuar actos
transparencia consagrado en el de diligencia y cuidado.
numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80
de 1993. Conducta que configura la falta disciplinaria prevista en el
artículo 48 numeral 31 Ley 734.
Con su conducta al parecer infringió
el principio de moralidad según el Ilicitud sustancial: su comportamiento afectó el deber
artículo 209 de la Constitución y el funcional porque según los numerales 1, 3 y 9 del artículo
numeral 5 del artículo 3 de la Ley 315 de la Constitución y el manual de funciones del
1437 de 2011, que rige la municipio, debía cumplir y hacer cumplir la Constitución,
contratación estatal conforme al la ley y los decretos del gobierno. Su conducta violó el
artículo 23 de la Ley 80 de 1939, y en deber se selección objetiva que es manifestación del
virtud del cual se debe actuar con principio de moralidad porque no actuó a favor de los
lealtad y rectitud en la contratación intereses de la entidad y la colectividad al no efectuar el
estatal, valores superiores que análisis riguroso requerido.
imponen escoger un contratista con
las calidades necesarias para Culpabilidad: La selección objetiva pretende garantizar la
garantizar la oferta más favorable a la escogencia de contratistas que presenten la oferta más
entidad. favorable a la entidad y que cuente con las características
objetivas, técnicas y de capacidad, para satisfacer el
La falta se calificó de GRAVÍSIMA, a objeto del contrato y defender así los intereses de la
título de CULPA GRAVÍSIMA por colectividad. En este caso al no verificarse de manera
desatención elemental como alcalde previa los certificados de existencia y representación legal
de Neiva - Huila. de los oferentes no se cumplió con el principio contractual.

Confirma la imputación subjetiva de la falta a título de
culpa gravísima.

152. Señala el artículo 165 del CDU que «El pliego de cargos podrá ser variado
luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única
instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación
se notificará en la misma forma del pliego de cargos y se otorgará un término
prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad
del fijado para la actuación original».

153. Conforme el anterior cotejo entre los cargos y la decisión sancionatoria de
segunda instancia, se aprecia la congruencia suficiente para descartar que se

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hubiese producido incongruencia entre el pliego de cargos y el acto sancionatorio,
en los términos de la ley disciplinaria, la conducta endilgada en el pliego, esto es, el
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 fue la misma por la cual se
sancionó al disciplinado. En consecuencia, este aspecto de la normativa
disciplinaria también fue preservado en las actuaciones que se revisan.

2.5.5. Nulidad originada en el curso del proceso disciplinario

154. Es importante resaltar que, el artículo 143 del CDU establece que son
causales de nulidad las siguientes: (i) la falta de competencia del funcionario para
proferir el fallo; (ii) la violación del derecho de defensa del investigado; y (iii) la
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. El
disciplinado alegó las siguientes causales de nulidad:

(i) Originada en la falta de competencia

155. Porque se infringió la garantía del juez natural, dado que el artículo 17 de la
Ley 2094 de 2021 estableció que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la PGN era la única competente para conocer,
tramitar, adelantar y decidir en primera instancia el juicio disciplinario contra quien
se desempeña como alcalde de una capital, en este caso de Neiva,
correspondiendo el conocimiento de la segunda instancia al Procurador General de
la Nación.

156. El artículo 69 de la Ley 2094 de 2021 confirió facultades extraordinarias al
presidente de la República para reglamentar el régimen de competencias internas
de la PGN, por tanto se modificó el Decreto 262 de 2000 mediante el Decreto 1851
de 2021, que en su artículo 12 atribuyó a las Procuradurías delegadas de Instrucción
el conocimiento de la actuación disciplinaria seguida en contra de alcaldes de
capitales de departamentos hasta la notificación del pliego de cargos. El
conocimiento de la etapa de juzgamiento de estos procesos correspondió a las
Procuradurías delegadas de juzgamiento (artículo 13 íd.) y la competencia para
conocer del recurso de apelación a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular (artículo 22 ídem).

157. En el presente caso, como se analizó en precedencia, las Procuradurías
Delegadas para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad,
y para la Moralidad Pública estaban facultadas respectivamente para adelantar las
etapas de instrucción, al igual que la Procuraduría Delegada Disciplinaria de
Juzgamiento 1 para proferir la decisión de primera instancia y la Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular para dictar la decisión
de segunda instancia.

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(ii) Nulidad por allegarse pruebas luego de cerrada la investigación

158. Teniendo en cuenta que este proceso se adelantó por el procedimiento verbal
previsto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 que inició con la citación a
audiencia pública, la formulación del pliego de cargos del 29 de octubre de 2020, y
94
culminó con el traslado para alegatos el 30 de septiembre de 2022 , todas las
pruebas solicitadas y decretadas de oficio fueron practicadas en desarrollo de la
audiencia surtida en varias fechas95; por lo tanto, no existió la etapa de cierre de
investigación que opera en el procedimiento ordinario.

159. Las pruebas decretadas de oficio en la sesión de audiencia del 27 de julio de
96
2022 eran procedentes porque aún no se había corrido traslado para alegar y, una
vez allegadas al proceso, fueron puestas en conocimiento de los sujetos procesales
para que se pronunciaran al respecto.

(iii) Violación al debido proceso

160. Las actuaciones desarrolladas en el proceso disciplinario se llevaron a cabo
con observancia de las garantías procesales correspondientes, cada una de las
decisiones del ente disciplinario fueron debidamente adoptadas y notificadas; el
disciplinado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en las etapas
procesales respectivas y, en ningún momento se desconoció el principio de
imparcialidad. Además, el recurrente no argumentó alguna circunstancia en
particular que afectara o amenazara sus garantías constitucionales.

161. Pese a que el disciplinado alega incongruencia entre el pliego de cargos y la
decisión sancionatoria, especialmente en la imputación frente al contrato 682 de
2020, ello no es cierto y así se planteó en acápites anteriores cuando se encontró
probada la congruencia, tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad de la conducta
endilgada en el pliego de cargos, luego del análisis correspondiente de la prueba,
como se plasmó en las decisiones de primera y segunda instancia adoptadas por la
PGN.

(iv) Violación del non bis in ídem

162. En el numeral 2.4. se explicaron ampliamente las razones por las cuales, en
este caso no se configura la figura del non bis in ídem.

94
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «008ED_CUADERNO4FLS12» folios 60 a 63
95 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «014ED_CUADERNO1FLS134» folios 289 a 291,
La audiencia continuó los días 14 de diciembre de 2020 (folios 293 a 308), 18 de diciembre de 2020 (folios 310 a 318), 4 de
enero de 2021 (folios 341 a 348), 6 de abril de 2022 (folios 75 a 77 del cuaderno 2), 19 de julio de 2022 (folios 120 a 123 del
cuaderno 2), 27 de julio de 2022 (folios 168 a 173 del cuaderno 2), 23 de agosto de 2022 (folios 191 a 193 del cuaderno 2),
25 de agosto de 2022 (folios 3 a 5 del cuaderno 3), 30 de septiembre de 2022 (folios 60 a 63 del cuaderno 4) y 8 de marzo
de 2023 (folios 135 a 414 del cuaderno 4).
96
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «022ED_CUAERNO2FLS344» folios 168 a 173.

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2.5.6. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria

163. El artículo 44 de la Ley 734 de 2002, señala que la dosificación de la sanción
disciplinaria depende de la determinación de la falta (gravísima, grave y leve) y del
grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o gravísima), porque «las sanciones deben
ser proporcionadas a la gravedad de las faltas cometidas». De otra parte, a la
duración de la sanción, el artículo 46 del CDU consagra los límites de las sanciones
y el artículo 47 los criterios para su graduación, atenuantes y agravantes. para
graduarla.

164. En el fallo de primera instancia se concluyó que no había unidad de conducta
porque se identificaron varios comportamientos independientes, lo que daba lugar
a un concurso material o real de conductas punibles, las cuales al atribuirse a título
de culpa gravísima y grave daban lugar a las sanciones de destitución y suspensión;
en cuanto a la duración de la sanción, se aplicaron los agravantes de los literales
c), g) y j) y el atenuante del literal a) del artículo 47 de la ley 734 de 2002, en
consecuencia se aplicó la inhabilidad general de veinte años. Sin embargo, se
advirtió que, en aplicación del principio de favorabilidad, la Ley 1952 de 2019
modificada por la Ley 2094 de 2021, consagró para las faltas gravísimas con culpa
gravísima una sanción entre 8 y 10 años, por lo que impuso la máxima de 10 años.

165. La anterior decisión fue confirmada, en tanto fue proporcional a la dosificación
de la falta en relación con el comportamiento del disciplinado. La PGN en el fallo de
segunda instancia encontró que la anterior decisión fue acertada al existir un
concurso de faltas gravísimas con responsabilidad subjetiva de culpa grave y culpa
gravísima. Sin embargo, dado que, en esa instancia se absolvió por el segundo
cargo, en aplicación de los principios de proporcionalidad y racionalidad, se redujo
la sanción en seis (6) meses, quedando en nueve años y seis meses.

166. El artículo 44 de la Ley 734 de 2002 estableció las siguientes sanciones
según la calificación de la falta:

Tipo de sanción Calificación de la falta
Faltas gravísimas dolosas o realizadas con
Destitución e inhabilidad general
culpa gravísima
Suspensión en el ejercicio del cargo e
Faltas graves dolosas o gravísimas culposas
inhabilidad especial
Suspensión Faltas graves culposas
Multa Faltas leves dolosas
Amonestación escrita Faltas leves culposas

167. Por su parte el artículo 47 de la Ley 1952 de 2019 dispuso:

Tipo de sanción Calificación de la falta
Destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20)
Faltas gravísimas dolosas
años
Destitución e inhabilidad general de ocho (8) a diez (10) Faltas gravísimas realizadas con
años culpa gravísima

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Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a dieciocho
Faltas graves dolosas
(18) meses e inhabilidad especial por el mismo término
Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a doce (12)
Faltas graves culposas
meses
Multa de diez (10) a ciento ochenta (180) días del salario
Faltas leves dolosas
básico devengado para la época de los hechos
Amonestación escrita Faltas leves culposas

168. De conformidad con el acervo probatorio analizado en el acápite de los
elementos de la responsabilidad disciplinaria, se considera que fue acertado que se
hiciera la calificación de las faltas como gravísima, el primer cargo a título de culpa
grave y el tercero y cuarto a título de culpa gravísima, de conformidad con el marco
normativo previsto en la Ley 734 de 2002, para concluir que no se desconoció el
principio de proporcionalidad y los criterios de graduación de la sanción previstos
en la ley disciplinaria.

169. En efecto, en los fallos disciplinarios hubo tres tipos de calificación de la falta,
una como falta gravísima a título de culpa grave, a la que le correspondería como
sanción la suspensión; y, dos como falta gravísima a título de culpa gravísima, que
tendrían como sanción la destitución e inhabilidad general, conforme lo previsto en
el artículo 44 de la Ley 734 de 2002. También se observa que se analizó la
existencia de un concurso de faltas y se dio aplicación al principio de
proporcionalidad y los criterios de graduación de la sanción previstos en los artículos
18 y 47 ibidem.

170. Se considera que le asistió razón al operador disciplinario en primera
instancia al dar aplicación al principio de favorabilidad, pues constituye un mandato
97
insoslayable del ordenamiento jurídico constitucional y disciplinario , y el cambio
de regulación normativa frente al tratamiento más beneficioso otorgado por la Ley
1952 de 2019 ameritaba su incorporación al trámite del proceso.

171. Por lo anterior, se concluye que la autoridad disciplinaria explicó de forma
suficiente y detallada la graduación de la sanción y la razón para reducirla, dentro
de los parámetros legales en consideración a las circunstancias de agravación y
atenuación comprobadas en el proceso. Por lo tanto, no se encuentra error en la
dosificación de la sanción, ni una aplicación incorrecta de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.

2.5.7. Las demás causales de revisión previstas en el artículo 56 de la Ley 2094
de 2021

172. Tampoco se configuran las causales 6 a 9 del artículo 56 de la Ley 2094 de
2021, porque no se plantea la existencia de documentos encontrados o recobrados
después de dictada la decisión de segunda instancia, que hubieren dado lugar a
proferir una decisión diferente, o que no pudieron aportarse por fuerza mayor, caso

97
Artículos 29 de la Constitución Política y 14 del CDU y 8 del CGD.

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fortuito o por obra de un tercero. Los funcionarios disciplinarios no fundaron su
decisión en documentos falsos, o en conductas delictivas y, finalmente, no hay
precedentes de la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado que modifiquen los
criterios las decisiones disciplinarias.

2.6. Las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 del CPACA

173. Se advierte que el estudio de estas causales de nulidad quedó comprendido
dentro del control integral previamente expuesto, pues se corroboró que los actos
disciplinarios fueron proferidos conforme a las normas en que debían fundarse, por
las dependencias competentes, con respeto al debido proceso y las etapas del
procedimiento verbal, con suficiente y congruente motivación, con el material
probatorio necesario, sin incurrir en vicios de nulidad, sin que se adviertan otros
hechos que conduzcan a decisiones diferentes, y sin perseguir fines distintos a los
que fija el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no se configuran las causales de
nulidad de los actos administrativos consagradas en el inciso segundo del artículo
137 del CPACA.

2.7. Conclusiones

174. Luego de realizar el control integral de la actuación disciplinaria que culminó
98
con la decisión del 17 de agosto de 2023 proferida por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en la cual se sancionó
con destitución e inhabilidad general de nueve años y seis meses al señor Gorky
Muñoz Calderón en su condición de alcalde de Neiva para el periodo 2020-2023,
considera la Sala que dicha sanción se ajustó al ordenamiento jurídico aplicable, en
consecuencia, se declarará infundado el recurso interpuesto.

175. Finalmente, al efectuar un control de convencionalidad de las decisiones
proferidas por parte de la PGN, que de acuerdo con la sentencia C-030 de 2023
implica:

[...] efectuar un cotejo con todo el ordenamiento jurídico superior, al cual está
sometida la decisión [...]». Así las cosas, el control va más allá de los cargos
expuestos por el disciplinado, puesto que la garantía de reserva judicial comprende
lo siguiente de conformidad con el criterio unificado: «[...] i) el análisis de la actuación
administrativa sancionatoria bajo los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es,
legalidad de la falta y de las sanciones, ilicitud sustancial, debido proceso,
reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, culpabilidad,
favorabilidad, congruencia, igualdad, derecho a la defensa, proporcionalidad y
razonabilidad de la sanción, motivación, interpretación de la ley disciplinaria,
aplicación de los principios e integración normativa con los tratados internacionales
sobre derechos humanos y los convenios internacionales ratificados por Colombia y
ii) la posibilidad de variar la calificación de la falta y la imposición de la sanción, sin
afectar el principio de la no reformatio in pejus, entre otros aspectos [...]».

98
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2023-07238-00; índice 00002. «010ED_CUADERNO6FLS274» folios 80 a 182.

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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07238-00

176. Se observa que los fallos objeto de análisis cumplieron los estándares
interamericanos del debido proceso sancionatorio y garantías reforzadas para el
ejercicio de cargos públicos, las reglas de competencia, la garantía de juez
imparcial, del debido proceso y los derechos políticos, conforme las exigencias de
los artículos 8 y 23.2 de la CADH.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala veintisiete Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR ajustada al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria
que culminó con la decisión del 17 de agosto de 2023, proferida por la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la
Procuraduría General de la Nación, en la cual se sancionó con destitución e
inhabilidad general por nueve años y seis meses al señor Gorky Muñoz Calderón,
en su condición de alcalde de Neiva para el periodo 2020-2023, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Gorky Muñoz Calderón, conforme el análisis expuesto.

TERCERO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, una vez
ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario
competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta.

CUARTO. ARCHIVAR la actuación por intermedio de la Secretaría de la
Corporación, una vez en firme la providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado

ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado

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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Salva parcialmente el voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
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