Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00606-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00606-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00606-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001233300020160060601 (0213-2023)
Demandante: Jaily Herazo Miranda
Demandado: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla - DAMAB
Temas: Bonificación por servicios prestados (Decreto 1042 de 1978).
Improcedencia para su reconocimiento a favor de empleado del
orden territorial. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Jaily Herazo Miranda presentó demanda contra el Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla DAMAB, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo de 14 de diciembre de 2015 que
negó el reconocimiento y pago del 35% de la bonificación como factor salarial
correspondiente a las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001233300020160060601 (0213-2023)
Que se ordene emitir un nuevo acto administrativo donde se conceda el
reconocimiento e inclusión del 35% de la bonificación como factor salarial para
reliquidar sus prestaciones sociales y demás emolumentos correspondientes a las
vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012.
Que se ordene reconocer y pagar las diferencias resultantes como también la
indemnización moratoria hasta que se cumpla la obligación por no haber realizado
el pago completo y no haber incluido el 35% por concepto de bonificación como
factor salarial.
Que se condene a pagar los intereses moratorios y actualizar los valores
condenados de acuerdo con el IPC.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Jaily Herazo Miranda labora para la entidad demandada en el cargo
de inspector.
Que la demandada consignó las bonificaciones por servicios prestados de las
vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012 de forma extemporánea, por lo cual no se tuvo
en cuenta su valor al momento de la liquidación de las prestaciones sociales.
Que por acto administrativo del 14 de diciembre de 2015 se negó la inclusión del
35% de la bonificación como factor salarial correspondiente a las vigencias 2009,
2010, 2011 y 2012.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los Decretos 1042 de 1978, artículo 45, 1919 de 2002, artículo
1° y 127 del Código Sustantivo del Trabajo artículo.
Sostuvo que se transgrede el artículo 1° del Decreto 1919 de 2002 toda vez que, a
partir de la vigencia de esa normatividad, la bonificación por servicios prestados
constituye un factor salarial que debe tenerse en cuenta al momento de realizar la
liquidación anual para efectos del presupuesto de la entidad.
Que del aparte del artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo se extrae que entre
los factores que constituyen salario se encuentra la bonificación habitual, por lo que
es un deber del empleador incluirla al momento de liquidar las prestaciones sociales
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del trabajador.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 18 de diciembre de 2018 y se notificó a las
demandadas.
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones. En su defensa sostuvo que no expidió el acto
administrativo demandado y que tampoco interviene en el reconocimiento y pago
de la bonificación reclamada. Que la entidad donde laboraba la parte actora es un
ente descentralizado del orden territorial, con autonomía administrativa, patrimonio
propio y con capacidad jurídica, el cual hoy en día se encuentra liquidado. Que fue
la Dirección Distrital de Liquidaciones la entidad encargada del trámite
correspondiente, por lo que el Distrito de Barranquilla desconoce las consignaciones
y pagos efectuados por el DAMAB al demandante.
Propuso como excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo
en cuenta que no fue el empleador del demandante y tampoco asumió obligación
alguna con relación a la misma. ii) caducidad iii) no comprender la demanda todos
los litisconsortes necesarios vi) falta de agotamiento del requisito de procedibilidad
de la conciliación y de agotamiento de la vía gubernativa. v) compensación vi)
inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.
El Establecimiento Público Ambiental de Barranquilla Verde contestó la
demanda y manifestó que nunca ha tenido relación laboral con el demandante por
lo que no le asiste el deber de responder por situaciones que se desprendan de la
relación laboral con el extinto DAMAB. Propuso como excepciones falta de
legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido y la genérica.
El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMAB en
liquidación – Dirección Distrital de Liquidaciones no contestó la demanda.
Las excepciones propuestas fueron desestimadas mediante auto de 29 de julio de
2021 y se celebró audiencia inicial el 15 de agosto de 2018 en la cual se
incorporaron al expediente las pruebas documentales allegadas y se corrió traslado
para alegar de conclusión. Vencido el termino se profirió sentencia anticipada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico, accedió parcialmente a las pretensiones.
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Consideró que la bonificación por servicios prestados constituye factor salarial de
conformidad con el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978.
Que como esa disposición fue la que se aplicó para el reconocimiento y pago de la
bonificación, en atención al principio de inescindibilidad de la norma, debe incluirse
dicho concepto como factor salarial en el pago de las prestaciones sociales que se
hayan generado durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012 en el porcentaje que fue
reconocido mediante Resolución 0103 del 25 de enero de 2013 expedida por el
DAMAB.
Que no hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria teniendo en cuenta que
para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 no se había reconocido la bonificación ya
que solo aconteció en el 2013 por lo que no se puede concluir que durante esos
años se realizó una liquidación o pago incompleto del auxilio de cesantías.
Respecto a la excepción de falta de legitimación propuesta por el Distrito de
Barranquilla, manifestó que la Dirección Distrital de Liquidaciones es una entidad
creada por la Alcaldía Distrital, como ente liquidador del Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente DAMAB Barranquilla, por tanto le corresponde
asumir la condena impuesta en esta sentencia, advirtiendo que en caso de que deje
de existir o le sea imposible cumplir la sentencia, la asumirá el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla por ser responsable solidario.
En cuanto a la prescripción, se tiene que contados 3 años atrás desde la fecha en
que se elevó la solicitud (1° de octubre de 2015) el derecho a la reliquidación de
prestaciones sociales que se generaron antes del 1° de octubre de 2012 se
encuentra prescrito, siendo dable reconocer los valores correspondientes desde el
1° de octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
RECURSO DE APELACIÓN
La Dirección Distrital de Liquidaciones interpuso recurso de apelación, actuando
como administradora de las situaciones jurídicas no definidas del DAMAB.
Manifestó que los trabajadores de los entes territoriales no tenían derecho al
reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, ya que esta únicamente
era de exclusividad para los del orden nacional, por lo que no debió ser reconocida
a los empleados vinculado en el DAMAB durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
Que la bonificación por servicios prestados fue suspendida por el Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMAB, acogiéndose a la Circular
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00034 del 14 de noviembre del 2008, expedida por el Distrito Especial Industrial y
Portuario de Barranquilla, precisamente por la improcedencia de su reconocimiento.
Que fue solo hasta el año 2013 que a través de la Resolución 103 del 25 de enero
del 2013, se ordenó liquidar y pagar el valor de la bonificación por servicios
prestados, la cual no tiene carácter retroactivo.
Que el auxilio de Cesantías al que tenía derecho la parte demandante se consignó
y pagó debidamente en las vigencias correspondientes a los años 2009 a 2012, no
habiendo lugar a reliquidación alguna.
Finalmente, solicitó se apliquen los precedentes que sobre este asunto ha proferido
esta corporación, en los que se ha concluido que la bonificación por servicios
prestados es de aplicación exclusiva de los empleados del orden nacional, y en
manera alguna tiene cabida respecto de los empleados del orden territorial.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 27 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación, las partes y el
ministerio público guardaron silencio.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe determinar si el señor Jaily Herazo Miranda tiene derecho a la
reliquidación de sus prestaciones sociales causadas durante las vigencias 2009,
2010, 2011 y 2012 con la inclusión de la bonificación por servicios prestados.
Bonificación por servicios prestados
El Decreto Ley 1042 de 1978 en sus artículos 45 y 46 creó la bonificación por
servicios y determinó la cuantía de esta.
De la regulación normativa se colige que la referida bonificación se reconoce al
empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad
oficial y, conforme al artículo 9.º del Decreto 660 de 2002 es equivalente al 50 %
del valor conjunto de su asignación básica, los incrementos por antigüedad y los
gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se
cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual
por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a
setecientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y seis pesos ($768.986)
moneda corriente.
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Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres factores de salario
señalados en el inciso anterior.
Por su parte, el artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1978 señaló que la bonificación
por servicios prestados constituiría factor de salario, en los siguientes términos:
Artículo 42.- De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la
ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas
que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este
Decreto.
b) Los gastos de representación.
c) La prima técnica.
d) El auxilio de transporte.
e) El auxilio de alimentación.
f) La prima de servicio.
g) La bonificación por servicios prestados.
h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión
En consecuencia, es plausible concluir que la bonificación por servicios sólo es
aplicable a los funcionarios enunciados dentro del artículo 1.° del Decreto Ley 1042
ejusdem, esto es, a los empleados públicos que desempeñan las distintas
categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, con excepción de las singularidades que establece
la propia norma.
Ahora bien, tal como lo previó el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, es el Gobierno
Nacional quien dentro de las leyes marco dictadas por el legislador, debe fijar el
régimen prestacional y salarial de los servidores públicos de las entidades
territoriales. De ahí, que dicha facultad no está en cabeza de las entidades públicas
del orden territorial.
Con el Decreto 1919 de 2002 se dispuso la homologación en materia prestacional
en el orden territorial y sus entes descentralizados con el sector nacional, de manera
que en el sector local no sería procedente el reconocimiento de prestaciones
sociales distintas a las ordenadas para los empleados públicos de la rama ejecutiva
del orden nacional.
Bajo este entendido y debido a las competencias funcionales para la regulación
laboral de la remuneración y las contingencias de los servidores públicos, debe
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concluirse que únicamente a partir de la expedición de la norma referida, es posible
concluir que existe la posibilidad de dar aplicación extensiva a favor de los
empleados territoriales de las previsiones que en materia de prestaciones sociales
preveía el Decreto 1042 de 1978 para los servidores públicos de la Nación.
No obstante, en virtud del artículo 1° del Decreto 1919 de 2002, esta Corporación1
ha señalado que:
«No se discute que con la entrada en vigencia del Decreto 1919 de 2002 se
extendió a todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las
entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los
niveles Departamental, Distrital y Municipal, así como el personal administrativo
de empleados públicos de las Instituciones de Educación Superior del mismo
orden, la aplicación del régimen de prestaciones sociales señalado para los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional
contempladas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, lo que permite afirmar en
principio que a partir de la vigencia del Decreto 1919 de 2002, resultarían
aplicables a los empleados de las Instituciones de Educación Superior del nivel
territorial los regímenes prestacionales de los empleados del orden nacional.
Sin embargo, es necesario decir que -aún con la equiparación realizada por el
artículo 1º del Decreto 1919- la bonificación por servicios y la prima de
antigüedad constituyen factores de salario conforme se deriva de los literales
a) y g) del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, y corolario de ello no podrían
regirse por el Decreto 1919 de 2002, por cuanto lo único que extendió éste al
orden territorial fue el régimen de prestaciones sociales del nivel nacional».
(Negritas del texto original).
De conformidad con lo anterior, resulta válido advertir que, dada la calidad de factor
salarial de la bonificación por servicios2, mal se haría al ampliar su efecto a los
empleados de entidades descentralizadas del orden territorial, pues el Decreto 1919
de 2002 sólo se refirió al régimen de prestaciones del orden nacional. Además,
como lo ha sostenido el Consejo de Estado, la facultad de crear o extender
prestaciones sociales o salariales al orden territorial únicamente compete al
Gobierno Nacional, según se dispuso en la Ley 4ª de 1992, y no a las instituciones
municipales, departamentales o distritales.
Ahora bien, se destaca que esta Corporación3 con anterioridad había planteado en
los casos de reconocimiento de los haberes laborales a favor de los empleados
públicos del orden territorial, que debía inaplicarse lo previsto en el artículo 1.° del
Decreto 1042 de 1978 (referente al campo de aplicación exclusivo de dicha norma
1 Al respecto, véase: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2015,
radicación: 54001233100020080016401(2445-2014) y sentencia del 30 de julio de 2015, radicación:
54001233100020080017201(4251-2013).
2 Según lo previsto en el literal g) del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6
de agosto de 2008. Número interno: 0507-2006.
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para los funcionarios nacionales), esto con el fin de extender sus prerrogativas en
beneficio de los primeros, luego de asegurar que aquel era el fin del Ejecutivo
Central cuando en clave de igualdad expidió el Decreto 1919 de 2002 que
materializó lo propio al reconocer expresamente que el régimen prestacional de los
servidores de las entidades territoriales sería igual al de los vinculados a la Nación.
Empero, con posterioridad a la mentada providencia, la Corte Constitucional a
través de sentencia C-402 de 2013 examinó bajo un control abstracto de
constitucionalidad la expresión «del orden nacional» que se encuentra contenida en
el artículo 1.° del Decreto 1042 de 1978, y declaró su exequibilidad al considerar
que la norma analizada no genera una discriminación entre los empleados públicos
del orden nacional y los del nivel territorial, por cuanto sus situaciones jurídicas no
son equiparables, en la medida que cada entidad nominadora desde la perspectiva
de la esquematización de los empleos, tiene una regulación diferente y unas
condiciones particulares divergentes que impiden esa estimación en grado de
paridad, según se observa:
«En otras palabras, frente al régimen salarial de los servidores de la Rama
Ejecutiva en el nivel territorial, opera un mecanismo de armonización entre el
principio del Estado unitario, que se expresa en la potestad del Congreso de
prever objetivos y criterios generales y del Gobierno de prescribir la regulación
particular, y el grado de autonomía de las entidades territoriales, que comprende
la facultad para fijar las escalas de remuneración y los emolumentos
correspondientes, en concordancia con el marco y topes previstos en la ley. Esta
articulación responde, por ende, a un modelo jerárquico en el que las normas de
raigambre legal, así como las de origen gubernamental, operan como marco de
referencia para el ejercicio de la competencia que en materia de régimen salarial
tienen los entes locales y respecto de sus servidores públicos. Esto, por
supuesto, sin que esas normas de superior jerarquía estén constitucionalmente
habilitadas para regular en su integridad el asunto, desconociendo con ello el
mencionado grado de autonomía.
[…]
14. De esta manera, cada entidad territorial está investida de la facultad de
determinar los aspectos concretos de su régimen salarial, que respondan a las
particularidades del ejercicio de la función pública en cada departamento,
municipio o distrito, así como las variables presupuestales, la estructura
institucional de la entidad territorial, el nivel de especialización profesional
requerida, etc.
14.1. La tesis sostenida por el actor, por lo tanto, presentaría al menos dos tipos
de problemas. En primer lugar, sostener que el régimen salarial de los
servidores públicos adscritos a la Rama Ejecutiva debe estar contenido en un
solo estatuto, promulgado por el Gobierno en desarrollo de la ley marco fijada
por el Congreso, vaciaría de contenido las competencias de las entidades
territoriales explicadas en el fundamento jurídico 6 de esta sentencia. Esto a
partir de una maximización del principio de Estado unitario y en abierta
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contradicción con la eficacia del grado de autonomía que la Constitución
reconoce a las mencionadas entidades.
14.2. En segundo lugar, esta vez desde el punto de vista formal, exigir que el
Decreto acusado tenga alcance no solo para los servidores públicos del orden
nacional, sino también para aquellos adscritos al nivel territorial, configuraría un
exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas para la
expedición de la norma acusada».
En atención a la aludida providencia, el Consejo de Estado varió su postura frente
al enunciado en comento, de manera que se adhirió al análisis de constitucionalidad
referido, para concluir que en efecto el decreto en mención y sus prerrogativas no
eran aplicables in extenso a los empleados públicos de los departamentos, distritos
y municipios, según lo precisado en sentencias del 4 de diciembre de 2017 y del 1.°
de marzo de 20184, cuando se indicó lo siguiente:
«Así las cosas, para la Sala resulta claro que al ser la Corte Constitucional la
que decidió declarar exequible la expresión «del orden nacional» contenida en
el Decreto 1042 de 1978, que en diversos fallos el Consejo de Estado venía
inaplicando con fundamento en los artículos 4 y 13 de la Constitución Política,
no se requiere de mayores razonamientos para establecer que lo procedente
es entender que el régimen salarial establecido por el aludido decreto, dentro
del cual figuran la bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad,
son de aplicación exclusiva de los empleados del orden nacional».
Por ende, es evidente a la luz de lo expuesto que, lo procedente en cuanto al
entendimiento del régimen salarial establecido en el Decreto 1042 de 1978, dentro
del cual figura la bonificación por servicios prestados, es la aplicación exclusiva de
aquel a los empleados del orden nacional, y en manera alguna tiene cabida respecto
a los empleados del orden territorial, pues tal como lo consideró la Corte, en caso
contrario se configuraría un exceso en la potestad del ejercicio de las facultades
extraordinarias otorgadas al Gobierno Nacional, ello, en ocasión al grado de
autonomía que gozan las entidades territoriales de fijación de escalas salariales y
emolumentos de los cargos adscritos a ella.
Resolución al caso concreto
De conformidad con los elementos probatorios que reposan en el expediente se
tiene lo siguiente:
Que el señor Jaily Herazo Miranda mediante Resolución 0356 del 31 de agosto de
2004, fue nombrado en provisionalidad en el cargo de inspector código 515, grado
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del
4 de diciembre de 2017, radicado: 54001233100020080017902 (3656-2013), y del 1.° de marzo de 2018,
Radicado: 08001-23-33-000-2014-00258-01 (0216-2016).
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04 en el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
y tomó posesión el 6 de septiembre de la misma anualidad.5
Que el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla,
DAMAB, cuya naturaleza jurídica le otorga el carácter de establecimiento Público
de orden Distrital, adscrito al despacho del alcalde y dotado de personería jurídica,
con autonomía administrativa y patrimonio propio, profirió la Resolución 0103 del 25
de enero de 20136 en la cual reconoció la bonificación por servicios prestados para
los funcionarios de la planta de personal de dicho departamento.
Las consideraciones realizadas en el marco normativo y jurisprudencial conllevan a
afirmar que el señor Jaily Herazo Miranda, en calidad de empleado público
vinculado a la Rama Ejecutiva el orden distrital, no tenía derecho a percibir la
bonificación por servicios prestados de que trata el artículo 45 del Decreto 1042 de
1978, pues según se expuso en precedencia dicho emolumento constituyó su
calidad de factor salarial propiamente frente a los empleados públicos del orden
nacional, así lo definió la Corte constitucional en la sentencia C-402 de 2013, al
señalar que dicha expresión no vulneraba el derecho a la igualdad de los
trabajadores territoriales, interpretación que fue acogida por esta corporación.
Una vez determinado que no había fundamento legal para que el demandante
percibiera la bonificación por servicios prestados, la Subsección concluye que
tampoco le asiste el derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales
causadas entre los años 2009 a 2012, con inclusión de dicho rubro, postura que ha
sido reiterada por esta Subsección al definir asuntos similares.7
Por último, debe tenerse en cuenta que los conceptos correspondientes a factores
salariales únicamente fueron fijados por el Gobierno Nacional con posterioridad para
los servidores de distritos, departamentos y municipios, a través de los Decretos
2351 de 2014 y 2418 de 2015, los cuales fueron expedidos en el marco de las
competencias constitucionales del Ejecutivo para el momento y con la efectividad
que aquel estimó pertinentes.
Las anteriores razones conllevan a revocar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en consecuencia serán
5 Expediente digital archivo «ED_C01_01DemandaPoderYAnexos» folios 15 y 16. Índice 00015 de SAMAI.
6 Expediente digital archivo « ED_C01_01DemandaPoderYAnexos» folios 23-25.Ibid
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 27 de junio de 2024 Exp. 08001-23-33-
000-2016-00724-01 (6754-2023) C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez y 30 de enero de 2025, Exp. 08001-23-33-
000-2016-00924-01 (1699-2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. En ambas providencias se concluyó que no
había lugar a la reliquidación solicitada teniendo en cuenta que no existía fundamento legal para reconocer a
los demandantes la bonificación por servicios prestados. Adicionalmente, que solo a partir de la expedición de
los Decretos 2351 de 2014 y 2418 de 2015 nació el derecho a favor de los empleados territoriales.
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negadas por las razones anteriormente expuestas.
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 8 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte actora en sus distintas intervenciones, no se
presenta tal supuesto, por el contrario, se observa que manifestó argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que pese a revocarse
la decisión del tribunal no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno
(2021) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las
pretensiones y en su lugar se NIEGAN por las razones anteriormente expuestas.
Segundo. Sin condena en ambas instancias.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
8
Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
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Radicación: 08001233300020160060601 (0213-2023)
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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