RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2016-00924-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00924-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00924-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar la sentencia proferida de 26 de junio de 2020, proferida por el Despacho 003 del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “B”, que declaró probada la excepción de prescripción del derecho. SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-00924-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00924-01 (1699-2022)
Demandante: Richard Bernal Rodríguez
Demandado: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla - DAMAB

Temas: Reliquidación de la bonificación por servicios prestados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 26 de junio de 2020, proferida por el
Despacho 003 del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “B”, que declaró
probada la excepción de prescripción del derecho y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones de la demanda.

El señor Richard Bernal Rodríguez por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la
nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago del 35% de la
bonificación como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales
correspondiente a las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, requirió que: i) se ordene a la entidad demandada emitir un nuevo acto
administrativo donde se reconozca a favor del demandante la bonificación por servicios
prestados como factor salarial, a efectos de reliquidar sus prestaciones sociales y
demás emolumentos por los años 2009 a 2012, ii) se cancelen las diferencias que
resulten, como también la sanción moratoria hasta que se cumpla con la obligación,
iii) se paguen los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas, iv) se actualice la
condena de acuerdo con el IPC y v) se condene en costas y agencias en derecho.

1.1. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

El señor Richard Bernal Rodríguez labora para el Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla - DAMAB de ahora en adelante, en
el cargo de técnico, entidad que omitió incluir el 35% de la bonificación como factor
salarial al momento de liquidar sus prestaciones sociales durante las vigencias 2009,
2010, 2011 y 2012.

Solicitó ante la entidad pública su reconocimiento y pago, reclamación que fue negada
mediante acto administrativo del 12 de abril de 2016, notificado el 26 del mismo mes y
año.

El DAMAB incluyó en su presupuesto la bonificación por servicios prestados, lo cual
demuestra que dicho concepto se reconoce de manera habitual y permanente a sus
trabajadores.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 53 de la Constitución
Política; 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 del Decreto 1919 de 2002 y 1 del
Decreto 4150 de 2004.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso que la
bonificación por servicios prestados es factor salarial y, por lo tanto, se debe incluir en
la liquidación final de las prestaciones sociales del trabajador, desconocer este
derecho es evadir la responsabilidad frente a los derechos que se reclaman.

1.3. Contestación de la demanda

El DAMAB a través de su apoderada1, solicitó negar las súplicas con fundamento en
los siguiente:

La bonificación por servicios fue suspendida en acogimiento de la Circular 0034 del 14
de noviembre de 2008 expedida por la Alcaldía Distrital de Barranquilla. No obstante,
dicho emolumento para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 fue reconocido a los
empleados y programado para pago mediante la Resolución 0103 del 25 de enero de
2013.

Ahora, si se tiene por cierto que la bonificación no se encontraba suspendida, sino que
le asistía el deber legal a la entidad ambiental, es claro que ha operado el fenómeno
de la prescripción.

Frente a la sanción moratoria, no es cierto que a la entidad le correspondía liquidar el
aludido auxilio incluyendo la bonificación por servicios prestados, pues tal prerrogativa
se encontraba suspendida durante las vigencias reclamadas. Y no procede el pago de
los intereses moratorios comoquiera que las sumas reconocidas por concepto de la
bonificación fueron debidamente indexadas.

1 PDF 13 del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

Propuso las excepciones de «la solicitud de reconocimiento y pago de la reliquidación
de las prestaciones sociales de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 para incluir el
porcentaje correspondiente a la bonificación por año de servicio prestado, se
encuentran prescritos», «cobro de lo no debido», «la sanción moratoria y/o
indemnización moratoria solicitada por el demandante no tiene cabida por no cumplir
de manera objetiva con el fin jurídico con que fue creado».

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 26 de junio de 20202,
declaró probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la entidad
demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Consideró el tribunal de instancia que en el proceso no se discute el derecho de la
parte actora al reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, comoquiera
que esta prestación fue reconocida por la entidad demandada mediante la Resolución
0103 del 25 de enero de 2013, ordenando el pago correspondiente a los años 2009,
2010, 2011 y 2012, acto administrativo sobre el cual pesa la presunción de legalidad.
Partiendo de ello, la bonificación por servicios prestados constituye factor salarial de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 norma que
le fue aplicada, por lo que en atención al principio de inescindibilidad de la norma,
debía incluirse dicho concepto como factor salarial en el pago de las prestaciones
sociales durante las vigencias reclamadas, en el porcentaje reconocido en la
Resolución 0103 de 2013.

No obstante, conforme el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, la
prestación en debate se encuentra prescrita, toda vez que el demandante elevó la
reclamación administrativa el 1° de abril de 2016 y lo pedido corresponde a las
vigencias 2009 a 2012. Entonces, si se cuenta retrospectivamente 3 años desde la
fecha de reclamación, se tiene que la reliquidación de las prestaciones sociales
anteriores al 1 de abril de 2013 se encuentra afectadas por dicho fenómeno.

Y frente al reconocimiento de la sanción moratoria sostuvo que no hay lugar a ello
dado que su reconocimiento solo tuvo lugar con la Resolución 0103 de 2013, no
pudiendo concluirse que durante esos años se realizó una liquidación o pago
incompleto.

1.5. Recurso de apelación

El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia en la cual solicitó se revoque, por los siguientes motivos3:

A diferencia de lo dicho por el tribunal no operó el fenómeno prescriptivo, en tanto la
reclamación administrativa no se pudo hacer en los años anteriores, por la simple
razón de que en los años 2009 a 2012, el DAMAB no había reconocido dicho derecho,

2 PDF 32 del expediente digital.
3 PDF 33 del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

y es hasta la expedición de la Resolución 0103 del 25 de enero de 2013, en donde se
les otorga a sus empleados la bonificación por servicios prestados como factor salarial.

Los derechos nunca debieron ser suspendidos por la Circular 0034 del 14 de
noviembre de 2008, pues la bonificación hace parte integral del salario y, por tanto,
debió computarse en el pago final de las prestaciones sociales.

Resulta inocuo decretar la prescripción de derechos que eran inexistentes y que solo
nacieron a la vida jurídica con la expedición de la Resolución 0103 del 25 de enero de
2013, por lo que es a partir de dicha expedición, que el señor Bernal Rodríguez de
manera oportuna realizó la respectiva reclamación administrativa.

Frente a la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria expuso lo
siguiente:

«Y al denegar la petición de pago de sanción moratoria, en el sentido de que a pesar de los
reconocimientos del 35% de la bonificación por servicios prestados surgieron con la expedición
de la Resolución 0103 del 25 de enero de 2013, para las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012, la
señora MAURY GOMEZ tiene derecho a que le sean reliquidadas sus prestaciones sociales,
para así obtener el pago completo y no parcial de sus auxilios de cesantías correspondientes
para cada vigencia, y dado a que este ha sido parcial, y el hecho de consignar parcialmente
tiene la misma incidencia que no consignar nada, por lo que el hecho sancionable sigue
existiendo».

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto del 5 de julio de 20224 se admitió el recurso de apelación.

Dentro de la oportunidad legal, solo el procurador segundo delegado ante esta
Corporación rindió concepto en el cual solicitó que se confirme la sentencia de primer
grado, por cuanto se demostró la materialización del fenómeno de prescripción del
derecho, ya que la reclamación administrativa se efectuó el 1° de abril de 2016 y la
última vigencia fue en el año 20125.

Control de legalidad. La Sala advierte que el proceso fue tramitado en legal forma y
comoquiera que no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, se procederá
a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES
2. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo6.

4 PDF 39 del expediente digital.
5 PDF 42 del expediente digital.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.

2.1. Problema jurídico

Le corresponde a la Subsección determinar si la sentencia de primera instancia que
declaró probada la excepción de prescripción se encuentra ajustada a derecho o, por
el contrario, como alega la parte demandante en el recurso, dicho fenómeno jurídico
no operó.

Previo a ello, le compete a la Sala establecer si el demandante tiene derecho a la
reliquidación de la bonificación por servicios prestados y al pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de dicha prestación durante las vigencias 2009, 2010,
2011 y 2012.

A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes
temas: 2.2. Marco normativo y jurisprudencial de la bonificación por servicios
prestados, 2.3. Prescripción de los derechos laborales, 2.4. Hechos probados y 2.5.
Caso concreto.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial de la bonificación por servicios
prestados.

El Decreto 1042 de 19787 dispuso en el artículo 45, la creación de la bonificación por
servicios, en los siguientes términos:

«Artículo 45. De la bonificación por servicios prestados. A partir de la
expedición de este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados
para los funcionarios a que se refiere el artículo 1.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un
año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un
funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de
este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos
del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de
continuidad en el servicio.

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de
la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la
asignación básica y no será acumulativa».

7 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan
otras disposiciones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

Este emolumento se reconoce al empleado que cumple un año continuo de labor en
una misma entidad oficial y, conforme al artículo 9 del Decreto 660 de 20028, es
equivalente al 50 % del valor conjunto de su asignación básica, los incrementos por
antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha
en que se cause el derecho a percibirla.

De igual manera, el artículo 42 ibidem dispuso que la bonificación por servicios
prestados es un factor salarial, así:

«Artículo 42. De otros factores de salario. Además de la asignación básica
fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y
del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen
salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como
retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de
este Decreto.
b) Los gastos de representación.
c) La prima técnica.
d) El auxilio de transporte.
e) El auxilio de alimentación.
f) La prima de servicio.
g) La bonificación por servicios prestados.
h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión».

A su turno, el Decreto 1919 de 20029 extendió el régimen de prestaciones sociales de
los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los servidores del
orden territorial y sus entes descentralizados.

Previo a la declaratoria de exequibilidad de la expresión «del orden nacional»
contenida en el artículo 1.º del Decreto 1042 de 1978, por parte de la Corte
Constitucional10, está Corporación inaplicaba por vía de excepción de
inconstitucionalidad dicha expresión, haciendo factible el reconocimiento de factores
salariales dispuestos en el Decreto 1042 de 1978 a empleados públicos del orden
territorial.

8 La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados públicos que trabajan en las entidades

a que se refiere el presente decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la
asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación, que correspondan al funcionario
en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por
concepto de asignación básica y gastos de representación superior a setecientos sesenta y ocho mil novecientos
ochenta y seis pesos ($768.986) moneda corriente.
Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento
(35%) del valor conjunto de los tres factores de salario señalados en el inciso anterior.
9 «Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen

mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».
10 Véase la sentencia del 2 de mayo de 2013, expediente 0477-12, M.P., Luis Rafael Vergara Quintero.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

Constituyendo dicha sentencia precedente de obligatorio cumplimiento, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política y, quedando zanjada cualquier
discusión al respecto.

Así las cosas, dado que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión
«del orden nacional» contenida en el Decreto 1042 de 1978, el régimen salarial
establecido en el aludido decreto, dentro del cual figura la bonificación por servicios
prestados, es de aplicación exclusiva de los empleados del orden nacional.

Con posterioridad, se expidió el Decreto 2418 de 2015, por medio del cual se creó la
bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial, a
partir del 1. ° de enero del año 2016, cada vez que cumplan un año continuo de labor
en una misma entidad pública11.

El Decreto 1919 de 2002, si bien extendió el régimen de prestaciones sociales de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los del orden territorial,
resulta que este emolumento, de acuerdo con el literal g) del artículo 42 del Decreto
1042 de 1978, tiene el carácter de factor salarial y, en atención de ello, no existía
sustento legal para reconocerlo a los empleados públicos del nivel territorial», pues tal
derecho surgió solo con la expedición del Decreto 2418 de 2015.

2.3. Prescripción de los derechos laborales

El artículo 2512 del Código Civil define la prescripción como «un modo de adquirir las
cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las
cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso».

En ese escenario, se erige en un fenómeno jurídico por el que el ejercicio de un
derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, en virtud de los
términos establecidos por el legislador para cada tópico.

Tratándose de los derechos laborales, esta Corporación ha precisado que la
prescripción tiene relación con el deber que tiene cada persona de reclamar sus
derechos en un tiempo prudencial fijado en la Ley; es decir, si los derechos que se han
adquirido no se solicitan en el lapso previsto en una norma, se pierde la oportunidad
para ejercerlos ante la ausencia del interés que presume el legislador, por parte de
quien ostenta el derecho12.

Los Decretos 3135 de 1968, artículo 4113 y 1848 de 1969, artículo 10214 disponen lo
relativo a la prescripción de las prestaciones de los empleados públicos, en los
siguientes términos:
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subsección B. Radicado: 08001-

23-33-000-2016-00557 (0512-2021). Demandante: Rita Isabel Navarro González. CP Juan Enrique Bedoya
Escobar.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subsección A. Radicado: 19001-

23-33-000-2014-00225-01 (3010-2016). Demandante: Marlenys Banguero Possu. CP William Hernández Gómez.
13 Artículo 41. «Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años

contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual».
14 Artículo 102.- Prescripción de acciones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

«Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual»

De lo anterior se tiene que el interesado cuenta con un plazo de 3 años para exigir o
reclamar un derecho laboral ante la entidad competente, contado desde el momento
que se haya hecho exigible, so pena que opere la prescripción, sin embargo, ese
tiempo puede ser interrumpido por un lapso igual de 3 años, con la presentación de
escrito requiriendo el derecho al ente encargado15.

2.4. Hechos probados

Conforme el material probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra
probados los siguientes:

i) El señor Richard Orlando Bernal Rodríguez fue vinculado al Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla en provisionalidad,
en el cargo de inspector de servicios ambientales, posteriormente como técnico,
cargo que ocupaba el 12 de abril de 201616. Vinculación que finalizó con la
aceptación de su renuncia mediante la Resolución 009 del 30 de enero de
201717

ii) Mediante la Resolución 0103 del 25 de enero de 201318 la directora general del
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla le
reconoció entre otros al demandante «el pago por concepto de bonificación por
servicios prestados a los funcionarios activos e inactivos del DAMAB,
correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y s.s».

iii) Por concepto de bonificación por servicios prestados, se acreditaron los
siguientes pagos al demandante19 :

VIGENCIA FECHA DE PAGO COMPROBANTE VALOR
2009 Enero 24 2013 Trf-07-035 525.226.00
2010 Febrero 07 013 Trf-07-085 543.609.00
2011 18 febrero 2014 Egreso 02-1423 565.353.00
2012 16 septiembre 2013 Egreso 02-839 587.967.00
2013 13 de mayo 2014 Egreso 02-2286 617.366.00
2014 25 septiembre 2015 Egreso 02-6005 648.233.00
2015 30 abril 2016 Egreso 10-10970 733.055.00

«1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Auto de 15 de abril

de 2021. Radicado: 20001-23-33-000-2014- 00089-01 (5052-2015). CP. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Páginas 3 y 4 del PDF 7 del expediente digital.
17 Páginas 1 y 2 del PDF 14 del expediente digital.
18 Páginas 10 a 12 del PDF 7 del expediente digital.
19 Página 5 del PDF 7 del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

iv) El señor Richard Bernal Rodríguez, solicitó el 1 de abril de 2016, la «la
reliquidación de las cesantías, vacaciones y primas correspondientes a la
vigencia 2009, 2010, 2011 y 2012 por verse afectadas en el momento en que
se suspendió el pago de la bonificación del año 2008 y canceladas a partir del
24 de enero de 2013, al igual que el reconocimiento de los intereses generados
por el no pago oportuno de las bonificaciones correspondientes a las vigencias
ya mencionadas y el reconocimiento de los intereses moratorios por afectación
a cesantías, vacaciones y primas de las vigencias 2009, 2010, 211 y 2012»;
petición que fue negada por la subdirectora general del DAMAB20.

2.5. Caso concreto

Del marco normativo de esta providencia, extrae la Sala que la bonificación por
servicios prestados fue creada solo para los empleados públicos del orden nacional,
dentro del régimen salarial previsto en el Decreto 1042 de 1978.

De otro lado, el DAMAB, era un «[…] establecimiento Público de orden Distrital, adscrito
al Despacho del alcalde y dotado de personería jurídica, con autonomía administrativa
y patrimonio propio»21, es decir una entidad del orden territorial.

Bajo ese contexto, la Sala advierte que el señor Richard Bernal Rodríguez en su
condición de empleado de una entidad del nivel territorial, no tenía derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados, posición que ha sido
reiterada por esta Corporación22 en diversos fallos.

Por lo que, ante la inexistencia de fundamento legal, la subsección concluye que no le
asiste el derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales causadas entre
vigencias de 2009 a 2012 con inclusión de dicho rubro y muchos menos al
reconocimiento de sanción moratoria, circunstancias que releva a la Sala de estudiar
la configuración del fenómeno jurídico de la prescripción extintiva y de la sanción
moratoria aludida.

Así las cosas, la Sala procederá revocar el ordinal primero de la sentencia, que declaró
probada la excepción de prescripción y, se confirmará en lo demás la providencia
apelada, por las razones contenidas en esta providencia, decisión que no vulnera el
principio de non reformatio in peius del demandante, comoquiera que no es más
desfavorable la situación del apelante único.

2.6. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
20 Páginas 1 y 2 del PDF 7 del expediente digital.
21 Así se observa en las consideraciones de la Resolución 0103 del 25 de enero de 2013.
22 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 26 de mayo de 2022, M.P., William Hernández Gómez, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, M.P., Rafael Francisco Suárez
Vargas y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 27 de junio de 2024, M.P., Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00924-01
Demandante: Richard Bernal Rodríguez

Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que,
se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Revocar la sentencia proferida de 26 de junio de 2020, proferida por el
Despacho 003 del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección “B”, que declaró
probada la excepción de prescripción del derecho.

SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.