Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01487-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01487-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-01487-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01487-01 (2802-2024)
Demandante: Jhon Jairo Mejía Blanco
Demandadas: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Naturaleza jurídica del informe administrativo por lesiones.
Decreto 1796 de 2000. REVOCA PARCIALMENTE
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Jhon Jairo Mejía Blanco instauró demanda contra la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Informativo Administrativo Prestacional por Lesión No.
094 de 2015, proferido por el comandante de la Policía Metropolitana de
Barranquilla, por medio del cual se indicó que las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se lesionó el demandante, ocurrieron “en actos realizados contra la ley,
el reglamento, la orden superior, Decreto 1796 del 2000”.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada a
expedir un acto administrativo en el que reconozca que las lesiones y secuelas
sufridas ocurrieron en actos propios del servicio y con ocasión del mismo, en
cumplimiento de una orden legal, emanada de un superior jerárquico.
Que se condene a la accionada a reconocer y pagar las mesadas correspondientes
a las bonificaciones anuales y mensuales; y la prima de navidad, incluyendo el valor
de los aumentos que se hubieren generado, debidamente indexados, desde el 27
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de julio de 2015 y hasta que se defina la calificación por parte del Tribunal Médico
del Ministerio de Defensa Nacional.
Que se condene a la demandada a dar cumplimiento a la Resolución No. 03302 del
15 de octubre de 2010, mediante la cual se expidió el Manual para la Administración
del Personal de Auxiliar de Policía Bachilleres.
Que se condene a la accionada a pagar la suma de $1.500.000, por concepto de
daños materiales; 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto
de daños morales y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto
de daño fisiológico.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que se incorporó a prestar el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, como
auxiliar de policía bachiller, prestando sus servicios en el Departamento de Policía
del Atlántico y que sus labores las ejercía en el Grupo de Protección Ambiental y
Ecológica, al mando del intendente Ever González Gil.
Que el 19 de abril de 2015, se presentó en el lugar de trabajo y, vía comunicación
radial, el intendente Víctor Hugo Navarro Mejía le ordenó al comandante del Grupo
de Protección Ambiental y Ecológica que enviara a 9 auxiliares de policía a cubrir el
servicio de ciclo vía.
Que fue uno de los 9 auxiliares que enviaron a cubrir el servicio de ciclo vía y que
no les suministraron ningún medio de transporte, razón por la que decidió prestar
una motocicleta para trasladarse al lugar, junto con un compañero.
Que, en aras de cumplir la orden impartida por sus superiores, no dimensionó las
consecuencias de conducir un vehículo sin licencia de conducción y que no verificó
que la motocicleta no tenía vigente el SOAT.
Que camino al lugar al que le habían ordenado desplazarse, sufrió un accidente de
tránsito, resultando gravemente lesionado.
Que fue trasladado a la Clínica Jaller S.A.S. donde los diagnósticos médicos fueron
los siguientes: luxofractura expuesta de la primera falange del pie derecho;
amputación parcial del segundo dedo; edema palpebral izquierdo más conjuntivitis,
producto del daño de un nervio cerebral; contusión ósea a nivel de platillo tibial;
ausencia completa de menisco lateral; hidrartrosis moderada con desgarro parcial
del ligamento cruzado anterior y cambios inflamatorios en el ligamento cruzado
posterior.
Que le programaron la práctica de varias cirugías, las cuales no pudieron llevarse a
cabo por agotamiento del cubrimiento de la cuenta de FOSYGA, por lo cual
interpuso acción de tutela, la cual fue resuelta a su favor, por parte del Tribunal
Superior del Distrito Judicial Sala Quinta de Decisión.
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Que el 11 de julio de 2016, la Dirección General de la Policía Nacional confirmó el
dictamen de calificación emitido por el Comando del Departamento de Policía del
Atlántico, donde se le otorgó un 42.30% de pérdida de capacidad psicofísica laboral.
Que la demandada nunca realizó seguimiento al reporte del accidente de tránsito
que sufrió; no definió su situación médico-laboral; no continuó prestándole los
servicios de salud hasta que se resolviera todo lo relacionado con sus patologías;
omitió el procedimiento de recuperación médica y las respectivas indemnizaciones
de secuelas; y tampoco cumplió con los parámetros legales de acuerdo a la
calificación de secuelas.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 25 y 29 de la
Constitución Política; el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 4, 15 y 37
del Decreto 1769 del 2000; y la Resolución No. 03302 del 15 de octubre de 2010.
En el concepto de violación indicó que se transgredieron las disposiciones
constitucionales citadas, porque se desconocieron las obligaciones en ellas
contenidas, dado que es preponderante dar cumplimiento al Estado Social de
Derecho.
Que también se desconoció el mandato de protección del derecho a la igualdad ante
la ley, dado que no calificaron su lesión como accidente ocurrido en actos del
servicio y fue relacionado, de manera arbitraria y de mala fe, como “realizado contra
la ley, el reglamento, la orden superior”.
Que no deben justificarse las fallas y errores en el servicio por parte de la misma
institución, escudándose en la aplicación de una norma que está
descontextualizada con relación a las circunstancias fenomenológicas de tiempo,
modo y lugar.
Que el Decreto 1796 de 2000 imparte la forma en la que se debe redactar el informe,
pero que la accionada no fue veraz al hacerlo, debido a que infirió circunstancias
ajenas a la realidad, lo que hizo que la calificación no fuera objetiva, sino
especulativa.
Que la demandada omitió suministrar los elementos propios y necesarios al
personal auxiliar de policía bachiller, tal como el transporte a su lugar de trabajo.
Que se accidentó en cumplimiento de una orden legítima dada por su superior
jerárquico, motivado por ejecutar el mandato que le dieron, aun cuando este fue
irregular.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida en providencia del 22 de marzo de 2018 1. La accionada
contestó oponiéndose a las pretensiones, tras indicar que la calificación hecha se
1
Véase el archivo “02.INADMISION-SUBSANACION-ADMISION…”, en la carpeta
“4ED_08001233300020160148(.zip) NroActua 2”, a índice 2 de SAMAI.
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ajustó a lo preceptuado en el literal d, del artículo 24 del Decreto 1796 del 2000, lo
cual se hizo con base en las pruebas recaudadas.
Que, al momento de ocurrencia de los hechos, el demandante conducía una
motocicleta sin portar licencia de conducción y sin seguro obligatorio contra
accidentes de tránsito, con lo cual violó las disposiciones contempladas en la Ley
769 de 2002.
Que no obró prueba que demostrara que al accionante le era imposible trasladarse
a cumplir el servicio, máxime cuando de forma voluntaria decidió desplazarse en
una motocicleta, teniendo pleno conocimiento que no tenía licencia de conducir.
Que el acto acusado se expidió por la autoridad competente, sin desviación de
poder, falsa motivación u otra causal que ataque su presunción de legalidad 2.
El 8 de noviembre de 2018 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas 3. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión,
se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el once (11)
de agosto de dos mil veintitrés (2023), negó las pretensiones tras indicar que las
conclusiones contenidas en el informe administrativo de lesiones del 26 de julio de
2015 y, su posterior confirmación, estuvieron sustentadas en la realidad fáctica y las
pruebas documentales recaudadas en el decurso de la investigación del accidente
de tránsito, lo cual no fue desvirtuado por el demandante, aun cuando era su carga
al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso.
Que las afirmaciones de la Dirección General de la Policía Nacional y la
Comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla están respaldadas con los
documentos públicos pertinentes, como los informes de policía judicial y de tránsito,
las ordenes de comparendo y la versión libre entregada por el propio auxiliar de
policía, quien reconoció que no portaba licencia de conducción al momento del
siniestro vial.
Que la carga argumentativa de la demanda no estuvo direccionada a controvertir
esos hechos, sino a establecer que el accidente se produjo mientras el accionante
se encontraba en servicio y ejecutando una orden directa de su superior. Que esa
circunstancia, reconocida por la demandada, no es suficiente para anular la decisión
libre y voluntaria del demandante de asumir el riesgo de conducir un vehículo
respecto del cual no tenía autorización y el cual no tenía SOAT, ni revisión técnico
mecánica.
Que resultaba improcedente anular o modificar la calificación contenida en el
informe, en tanto el accidente sí se produjo en actos realizados en contra de la ley,
el reglamento o la orden superior.
2
Véase el archivo “03.CONTESTACION”, en la carpeta “4ED_08001233300020160148(.zip)
NroActua 2”, a índice 2 de SAMAI.
3
Véase el archivo “04.AUD.INICIAL-DECRETO PRUEBAS”, en la carpeta
“4ED_08001233300020160148(.zip) NroActua 2”, a índice 2 de SAMAI.
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Que, si bien el actor fue valorado por la Junta Médico Laboral de Policía y el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, quienes dictaminaron una
disminución de la capacidad laboral equivalente al 35.04%, con una imputabilidad
al servicio correspondiente al literal d, del artículo 24 del Decreto 1796 del 2000, lo
cual supuso la ratificación del informe administrativo de lesiones. Que como esos
actos no fueron censurados, por la naturaleza de jurisdicción rogada, se estaba
relevado de su estudio.
Que era importante aludir a eso, porque ratificaba que la postura de la demandada
no fue producto del capricho, sino que varias instancias, en sedes distintas al interior
de la jerarquía policial, arribaron a la misma conclusión, reafirmándose la presunción
de legalidad de la actuación administrativa por lesiones, iniciada a raíz del accidente
de tránsito4.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que está
plenamente probado que ingresó a la Policía Nacional a prestar el servicio militar
obligatorio, y que estando en servicio sufrió un accidente el 19 de abril de 2015, sin
que exista sentencia que indique que él tuvo la culpa del accidente.
Que el no contar con licencia de conducción ni con SOAT, fue lo que causó el
accidente. Que sí está demostrado que el accidente se originó cuando estaba
cumpliendo una orden de la entidad demandada, así como las secuelas que el
mismo le causó.
Que las secuelas son de carácter permanente, dado que le produjeron deformidad
física al haber perturbación del órgano de locomoción con perturbación psicológica,
con tendencia al suicidio, así como hipoacusia bilateral.
Que, lo que es cierto que el demandante, le estaba prestando un servicio a la Policía
Nacional, en esa prestación del servicio tuvo una disminución de su capacidad
laboral y que la Policía Nacional debe responder por una indemnización, como son
los daños materiales, morales, fisiológicos, lucro cesante 5.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 24 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad
de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta
antes de que el proceso ingresara para fallo 6.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
4
Véase el archivo “23. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 2016-01487-H”, en la carpeta
“4ED_08001233300020160148(.zip) NroActua 2”, a índice 2 de SAMAI.
5
Véase el archivo “24.1 JHON J. MEJIA BLANCO 2 - APELACION”, en la carpeta
“4ED_08001233300020160148(.zip) NroActua 2”, a índice 2 de SAMAI.
6
Véase a índice 4 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá resolver, de oficio, si el Informativo Administrativo Prestacional por
Lesión No. 094 de 2015 es susceptible o no de control judicial, en virtud del artículo
187 de la Ley 1437 de 2011.
De encontrar que sí lo es, conforme al recurso de apelación, deberá determinarse
si Informativo Administrativo Prestacional por Lesión No. 094 de 2015, se encuentra
viciado por nulidad y si como consecuencia de ello, la entidad demandada es
responsable por las secuelas de carácter permanente del accionante, producto del
accidente de tránsito en el que se vio involucrado.
Naturaleza jurídica del informe administrativo por lesiones
El Congreso de la República profirió la Ley 578 de 2000, por medio de la cual revistió
al presidente de facultades extraordinarias para, entre otras, expedir el reglamento
de aptitud psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional. En ejercicio de esas facultades extraordinarias se
expidió el Decreto 1796 del 2000 que regula la evaluación de la capacidad sicofísica
y la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades,
indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones de
los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus
equivalentes en la policía nacional.
El anterior decreto, en su Título IV, regula la figura del informe administrativo por
lesiones, así:
“ARTICULO 24. INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES. Es
obligación del Comandante o Jefe respectivo, en los casos de lesiones
sufridas por el personal bajo su mando, describir en el formato establecido
para tal efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que se
produjeron las lesiones e informarán si tales acontecimientos ocurrieron en
una de las siguientes circunstancias:
a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad
y/o accidente común.
b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad
profesional y/o accidente de trabajo.
c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado
con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento
o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.
d. En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.
PÁRRAFO. Cuando el accidente en que se adquirió la lesión pase
inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado deberá
informarlo por escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a su ocurrencia.
En todo caso los organismos médico-laborales deberán calificar el origen de
la lesión o afección”.
Del decreto en mención también se desprende que el informe debe elaborarlo el
comandante o jefe respectivo dentro de los 2 meses siguientes, contados a partir
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del momento en que tenga conocimiento del accidente, ya sea por el superior del
lesionado, por informe del directamente lesionado o por conocimiento directo de los
hechos ─artículo 25 ibidem─. Igualmente, el informe puede modificarse por los
comandos de fuerza y por la Dirección General de la Policía Nacional, cuando sea
contrario a las pruebas allegadas, y dentro de los 3 meses siguientes, contados a
partir de su notificación ─artículo 26 ibidem─.
Visto de ese modo, el informe administrativo por lesiones hace parte de la etapa
inicial a partir de la cual se tiene conocimiento del hecho que generó la lesión y sirve
de sustento para que los organismos médico laborales califiquen el origen de la
lesión o afectación y, en tal sentido, es un acto preparatorio.
Sobre la naturaleza del informe, se pone de presente que la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación indicó que este:
“[…] tiene la característica de no poner fin a la actuación administrativa de
reconocimiento de las prestaciones generadas por las lesiones, que es el
efecto final buscado por la ley y al cual se llega cumpliendo todos los pasos
del procedimiento especial por ella señalado.
En este orden de ideas, el informe administrativo por lesiones constituye un
acto administrativo preparatorio, de acuerdo con la terminología empleada
por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo7, por cuanto se dicta
para hacer viable la expedición del acto siguiente que es el dictamen de la
Junta Médico-Laboral y en últimas, del acto definitivo, cual es la resolución
de reconocimiento y liquidación de prestaciones correspondientes a la
persona lesionada, pues ésta se basa en él, ya que dependiendo de la
calificación dada a los hechos, se otorgan las respectivas prestaciones”8
(negrillas originales).
De ese modo, el informe administrativo por lesiones no comporta una decisión
administrativa definitiva, dado que:
“[…] es a los «organismos médico-laborales» a los que les corresponde
calificar las afecciones, es dable aseverar que es un acto administrativo de
trámite, puesto que aunque los comandantes de los miembros de la fuerza
pública están en la obligación de elaborarlo en el evento en que estos
resulten heridos, no crea, modifica o extingue una situación jurídica, pues
solo es un soporte de la junta médico-laboral militar o de policía, cuanto más
si no pone fin al trámite administrativo.
Es oportuno advertir que el acto administrativo definitivo en las actuaciones
administrativas adelantadas para determinar el origen de las heridas de los
uniformados de la fuerza pública, es el acta de la junta médico-laboral militar
o de policía, o la del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía,
en caso de ser convocado”9 (cursivas originales).
Conforme con lo expuesto, se tiene que el informe administrativo por lesiones es un
acto preparatorio o de trámite que, como los de ejecución de una decisión
administrativa o jurisdiccional, no son susceptibles de control judicial, dado que solo
los actos que deciden directa o indirectamente el fondo de un determinado asunto
7
Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-339/96.
8
CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 22 de abril de 2004. Exp.
1558. C.P. Gustavo Aponte Santos.
9
CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de mayo de 2017.
Rad. 25000-23-42-000-2017-00785-01(AC). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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o hagan imposible continuar la actuación, son objeto de análisis de legalidad por la
jurisdicción.
Ahora bien, como el acto a demandar debe ser aquel que crea, modifica o extingue
una situación jurídica particular del actor, si no se demanda dicho acto, el juez
administrativo no tiene más opción que proferir una sentencia inhibitoria, sin que ello
implique, en manera alguna, la vulneración de los derechos fundamentales del
demandante, pues, al haberse acreditado que hubo una incorrecta individualización
del acto acusado, no podría ser otra la decisión, pues demandar un acto no
susceptible de control judicial constituye un impedimento para adoptar una decisión
de fondo.
Al respecto, se pronuncó la Corporación10, así:
“Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
es relevante identificar la actuación que produjo el perjuicio, es decir, debe
demandarse judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión
alegada sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse
en un restablecimiento en favor de la parte demandante.
Nótese que las pretensiones que se plantean en la demanda delimitan el
ejercicio de la capacidad decisoria del juez y por supuesto debe guardar
congruencia la nulidad del acto con el restablecimiento del derecho
pretendido, de lo contrario, se torna dificultosa la labor de adoptar una
decisión de fondo, lo que indiscutiblemente llevaría a un fallo inhibitorio.
De manera que lo importante es que el juez analice en cada caso, si el acto
definitivo particular que se demanda, es una declaración de voluntad de la
administración dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o
extingue la situación subjetiva de la cual se pueda pedir el correspondiente
restablecimiento en sede judicial y a través del respectivo medio de control”.
Caso concreto
Verificado el expediente, para esta Sala es claro que el debate se centra en que el
demandante no está de acuerdo con la conclusión a la que llegó la demandada en
el Informativo Administrativo Prestacional por Lesión No. 094 de 2015, dado que se
estimó que el accidente de tránsito en el que este se vio involucrado ocurrió en
“actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior”, de acuerdo con
el literal d, del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.
Así las cosas, como fue precisado en párrafos anteriores, el informe administrativo
por lesiones no es un acto enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo pues, aun cuando se trata de una declaración unilateral emanada del
comandante o jefe respectivo y tiene efectos jurídicos sobre los administrados ─la
persona lesionada─, este no pone fin a la actuación administrativa de
reconocimiento de las prestaciones generadas por las lesiones.
En ese caso, si el demandante estaba en desacuerdo, podía hacer uso del derecho
10
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA. SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Bogotá, D.C.,
veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 25000-23-42-000-2016-
03390-01(4082-17)
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especial que le otorga la norma, cual era solicitar la modificación del informe dentro
de los 3 meses siguientes contados a partir de la notificación de este, por considerar,
sustentado en pruebas, que, de acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y
lugar, la modalidad ocurrida en la realidad era distinta, verbigracia, “en actos propios
del servicio y con ocasión del mismo”.
Así las cosas, la Sala revocará parcialmente la sentencia proferida el once (11) de
agosto de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por
medio de la cual se negaron las pretensiones y, en su lugar, declarará probada, de
oficio, la excepción de acto no susceptible de control judicial, por haberse
presentado la demanda contra un acto de trámite o preparatorio.
De la condena en costas en segunda instancia
Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.
No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que ha adoptado una nueva postura, en la que en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el once (11) de
agosto de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por
medio de la cual se negaron las pretensiones para, en su lugar, DECLARAR
probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de control judicial, por
haberse presentado la demanda contra un acto de trámite o preparatorio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-01487-01 (2802-2024)
Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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