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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04255-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04255-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04255-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., primero (01) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04255-00
Accionante: Jimmy Morales Sáenz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección A y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto emitido
dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Rechaza demanda.
Actos administrativos atacados no eran susceptibles de control judicial / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional
– Se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario y reproches carecen de carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 8 de julio de 2025, el señor Jimmy Morales Sáenz promovió acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
A y Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
debido proceso, igualdad, salud y seguridad social.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos los autos de 11 de diciembre de 2024 y 19 de
mayo de 2025, emitidos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho3 que instauró contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, encaminado a obtener un nuevo informe administrativo por lesiones y el
pago de los perjuicios.

1 Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 11001-33-42-052-2024-00380-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04255-00
Accionante: Jimmy Morales Sáenz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y
otro

3.
Mediante la providencia de 19 de mayo de 2025, el Tribunal confirmó la decisión
adoptada el 11 de diciembre de 2024 por el Juzgado, de rechazar la demanda
ordinaria porque los actos administrativos atacados no eran susceptibles de control
judicial. Se precisó que el informe administrativo de lesiones es la primera parte de
un procedimiento administrativo que concluye con el reconocimiento o no de
prestaciones con ocasión de la lesión sufrida. Es decir, comporta un acto
preparatorio, por ende, no pone fin a la actuación administrativa y tampoco crea,
extingue o modifica una situación jurídica. En ese sentido, como este resulta
determinante únicamente para hacer viable la etapa siguiente dentro del respectivo
trámite, el acto administrativo pasible de enjuiciamiento, por contar con la
característica de ser definitivo, sería la resolución de reconocimiento y liquidación de
prestaciones sociales.

4.
La parte actora sostuvo que en las providencias censuradas no se tuvo en cuenta
que el informe administrativo por lesiones que se ataca es un elemento contundente
y trasgresor dentro de las decisiones administrativas que se vayan a adoptar, en
cuanto a ascensos, junta médico-laboral, entre otras. En el evento de ser valorado
por las autoridades médicas, estas se fundamentarán en dicho informe, sin que haya
lugar a modificación alguna, a pesar de existir inconsistencias. En ese documento se
calificó el accidente que sufrió como de origen común, pese a que este ocurrió en
cumplimiento de una orden oficial fuera de las instalaciones. En esa medida, aquel
tiene la virtud de definir su situación médico-laboral y jurídica, por lo que se torna
necesaria y de manera urgente la admisión de la demanda ordinaria.

5.
Las decisiones judiciales acusadas quebrantaron la premisa constitucional, según
la cual la Constitución es norma de normas (artículo 4 Superior), y en estas se realizó
una defectuosa valoración probatoria. Además, no se tuvo en cuenta que se presentó
ante el ente policial una petición en diciembre de 2019, con el fin de que se modificara
la calificación del informe administrativo de lesiones 110-2019, cuya respuesta fue
suministrada 5 años después, de manera negativa.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

6.
Mediante auto de 15 de julio de 20254, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las autoridades demandadas. De igual modo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
A

7.
Indicó que el accionante insiste en los argumentos que expuso en el proceso
ordinario, consistentes en que el informe administrativo por lesiones cumple los

4 Notificado el 21 de julio de 2025.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04255-00
Accionante: Jimmy Morales Sáenz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y
otro

presupuestos de un acto definitivo sujeto a control judicial. En esa medida, pretende
emplear la tutela como una tercera instancia, lo que la torna improcedente.

(ii) Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá

8.
Adujo que en el proveído acusado de primera instancia se explicó que los informes
administrativos por lesiones o muerte son actos preparatorios que no ponen fin a la
actuación administrativa y, en virtud de ello, lo procedente era rechazar la demanda,
conforme al numeral 3 del artículo 169 del CPACA.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

9.La tutela no satisface el presupuesto de relevancia constitucional y por ello debe
ser declarada improcedente.

10. El accionante, además de no enmarcar sus inconformidades en alguna causal

específica de procedibilidad de la tutela, pretende se acoja la manera como, a su
juicio, se debió haber catalogado el acto administrativo objeto de censura.

11. El señor Morales Sáenz insiste en la naturaleza de definitivo del acto
administrativo cuya anulación pretendía en sede judicial, bajo el argumento de que
este influye en las decisiones administrativas que se vayan a adoptar.

12. Al respecto, se evidencia que el Tribunal accionado explicó jurídicamente, al citar

la normativa5 y jurisprudencia del Consejo de Estado6 pertinente, que para que un
acto administrativo fuera pasible de control jurisdiccional debía ser definitivo, es
decir, que tuviera la virtud de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Por
consiguiente, los actos de mero trámite o preparatorios estaban excluidos de tal
control.

13. Dentro de esa última categoría se encuentra el informe administrativo por lesiones

acusado, en la medida en que su finalidad es viabilizar la expedición del acto
siguiente que es el acta de la junta médico-laboral militar o de policía, en la medida
en que en esta se califican las afecciones, la cual comporta el acto definitivo de dicha
actuación administrativa o, en el evento de ser recurrida, también tiene la naturaleza
de definitiva el acta del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía.

14. Además, la autoridad judicial precisó que, conforme al artículo 19 del Decreto

1796 de 2000, “con independencia de lo que se precise en el Informe, hay lugar a
que se realice una Junta Médico-Laboral, por lo tanto, contrario a lo afirmado por el

5 Artículo 43 del CPACA y Decreto 1796 de 2000 (artículos 19, 24 y 25).
6 Sentencias de 8 de marzo de 2012, expediente 11001-03-25-000-2010-00011-00, y 30 de enero de 2025,

expediente 08001-23-33-000-2016-01487-01 (2802-2024).
3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04255-00
Accionante: Jimmy Morales Sáenz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y
otro

recurrente, no es que con la existencia del Informe se haya cercenado de manera
definitiva su posibilidad de ascenso al interior de la entidad o algún reconocimiento
prestacional, ya que debe surtirse el procedimiento propio en el que se deberán
valorar las secuelas y que, además, es pasible de ser apelado ante el Tribunal”.

15. Por lo anterior, se advierte que la argumentación de la parte actora deviene en

una reiteración de lo planteado en sede ordinaria acerca de la clasificación del acto
administrativo acusado. Insiste en que este tiene el carácter de definitivo, al influir
en las decisiones administrativas que se deban adoptar con posterioridad, sin tener
en cuenta que sobre el particular se le indicó que si bien el acta de junta médico-
laboral podría fundamentarse en tal informe administrativo, lo cierto es que esta es
susceptible de ser recurrida, con el fin de que se expongan las inconformidades a
que hubiere lugar, motivación frente a la cual el accionante no hace referencia.

16. Es decir, para la autoridad accionada el acto administrativo objeto de
enjuiciamiento no crea, modifica o extingue una situación jurídica, razonamiento que
para esta Sala no comporta arbitrariedad alguna ni un capricho del juez natural de
la causa, pues se basó en normativa y jurisprudencia aplicables.

17. Así las cosas, lo que se evidencia es que la parte actora pretende que se le

imponga a la autoridad judicial acoger la tesis que pregona acerca de la viabilidad
de someter a control jurisdiccional el informe administrativo por lesiones cuya
anulación pretendía, sin desvirtuar los motivos esgrimidos por el juez natural de la
causa para confirmar el rechazo de la demanda al no ser el asunto susceptible de
control judicial, con el propósito de probar la afectación constitucional que se alega
en este asunto.

18. Lo anterior involucra una desatención en la carga argumentativa requerida para

que sea dable examinar una tutela contra providencia judicial, con el fin de que se
lograra dilucidar por parte del juez de tutela si las irregularidades advertidas originan
la afectación constitucional invocada.

19. Ello por cuanto no es dable que en sede de tutela se analice el asunto puesto en

conocimiento como si se tratara de una instancia adicional, en la que se formulan
argumentos y se solicita que sean acogidos.

20. La parte actora sostiene que la autoridad judicial quebrantó la premisa
constitucional, según la cual la Constitución es norma de normas, y realizó una
defectuosa valoración probatoria. Sin embargo, la Sala advierte que dichos
reproches fueron planteados de manera enunciativa, pues no se suministraron las
razones que conllevaron arribar a esas conclusiones, deficiencia argumentativa que
impide examinar la trascendencia constitucional del asunto.

21. Además, no se evidencia que la decisión acusada contraríe de alguna manera

preceptos constitucionales ni que haya incurrido en una indebida valoración

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04255-00
Accionante: Jimmy Morales Sáenz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y
otro

probatoria, máxime cuando para adoptar la determinación de rechazo de la
demanda acudió al contenido del acto administrativo acusado, diferente es que el
accionante no comparta la clasificación que se le otorgó a aquel, desacuerdo que
no habilita que se acuda a este mecanismo constitucional con el objetivo de que se
acoja su criterio frente al particular.

22. Por último, adujo que la autoridad judicial omitió el hecho de que en diciembre de

2029 se formuló una petición ante la Administración, encaminada a que se
modificara la calificación contenida en el informe administrativo de lesiones 110-
2019, la cual fue atendida de manera negativa 5 años después.

23. Laanterior aserción, si bien podría representar un actuar reprochable por la
presunta mora en que incurrió la entidad ante la cual se presentó la solicitud, lo cierto
es que la Sala no evidencia de qué modo dicha circunstancia tiene la potencialidad
de modificar la decisión adoptada, pues ello no repercute en la naturaleza del acto
administrativo acusado, que fue el motivo de rechazo de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

24. En ese orden de ideas, se concluye que la inconformidad del tutelante sobre el

rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento que incoó denota una
discrepancia con dicha determinación, por no resultar favorable a sus intereses, sin
que se haga referencia a que esta incurra en algún tipo de arbitrariedad, por ende,
el hecho de que la autoridad judicial no acogiera el modo que considera correcto la
parte actora no involucra la afectación constitucional alegada.

25. Por ende, el simple desacuerdo con la decisión judicial atacada no habilita a la

parte a la que aquella le resultó desfavorable para promover esta acción con el
objeto de que se acoja la tesis que pregona. Acceder a lo pretendido implicaría
invadir la órbita de competencia del juez natural, como si este escenario
constitucional hubiera sido instituido como una tercera instancia, para imponer el
sentido en que se deben zanjar los litigios sin considerar el razonamiento
desplegado por la autoridad judicial accionada para arribar a la conclusión que no
comparte una de las partes.

26. Así las cosas, las inconformidades del tutelante no demuestran afectación
constitucional alguna ni contiene la suficiente carga argumentativa que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales. La simple inconformidad de criterios no comporta por sí sola
afectación constitucional.

27. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional, pues la acción

de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con
el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04255-00
Accionante: Jimmy Morales Sáenz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y
otro

28.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

29.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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