Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2017-00081-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Daño antijurídico: definición; MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE – REPARACIÓN
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2017-00081-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2017-00081-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
21 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
Demandante: Fundación por una Colombia Digna
Demandado: Departamento del Atlántico
Proceso: Reparación Directa
DAÑO ANTIJURÍDICO – definición; MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE – REPARACIÓN
DIRECTA es idónea cuando el daño se deriva del ejercicio de una operación administrativa, en el
marco de un proceso de vigilancia sanitaria; NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Y/O
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – medios de control procedentes frente al reclamo de la
pérdida de oportunidad derivada de la no inclusión en el banco de oferentes y/o acto de adjudicación
y/o de la decisión de no prorrogar el contrato; VULNERACIÓN AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA
– acreditación-; DEBIDO PROCESO EN LA VIGILANCIA SANITARIA – alcance-; FALLA EN EL
SERVICIO POR LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA – la información
epidemiológica tiene el carácter de reservada, lo que exige un tratamiento conforme a los principios
de confidencialidad y legalidad, especialmente cuando se trata de información personal sometida a
reserva; DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA – se restringe a las autoridades
sanitarias y debe estar motivada por razones de prevención en salud pública; AFECTACIÓN O
VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y
CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS – vulneración del habeas data y de la intimidad de
personas jurídicas ante la revelación de información confidencial o sometida a reserva sin respaldo
legal, excusas.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra la sentencia del 18 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, mediante la cual
se denegaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
En el año 2015, la Unión Temporal Alimentar suscribió un contrato de aporte con el
Ministerio de Educación, cuyo objeto fue el suministro del Plan de Alimentación
Escolar (PAE) a menores matriculados en los municipios del departamento del
Atlántico, con excepción de Barranquilla, Malambo y Soledad. Durante la ejecución
del contrato, se divulgó —a través de un informe de la Defensoría del Pueblo y de
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Demandante: Fundación por una Colombia Digna
Demandado: Departamento del Atlántico
Proceso: Reparación Directa
medios de comunicación— información relacionada con los resultados de análisis
microbiológicos realizados por la Secretaría de Salud del Atlántico, en el marco de
una inspección sanitaria de alimentos llevada a cabo entre los años 2014 y 2015 en
instituciones de educación oficial.
ANTECEDENTES
La demanda
El 14 septiembre de 2016 1, por intermedio de apoderada judicial, FUNDACIÓN
ENLACE -FUNDAENLACE (hoy Funcodic Fundación por una Colombia Digna2)-
interpuso el medio de control de reparación directa, con el fin que se declare la
responsabilidad patrimonial del Departamento del Atlántico- Secretaría de Salud,
por los daños derivados de la(s) falla(s) del servicio originada(s), que habrían
vulnerado los derechos al debido proceso administrativo y al buen nombre, de la
fundación demandante, en los siguientes términos:
«(…) PRIMERA.- Que LA NACIÓN -DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO -
SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO -
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, son responsables administrativa y
extracontractualmente del daño antijurídico causado a la demandante FUNDACIÓN
ENLACE -FUNDAENLACE, como integrante de la UNIÓN TEMPORAL
ALIMENTAR, al violar sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo
(art. 29 C.P.) y al buen nombre (art.15 C.P.), durante las etapas de tomas de
muestras microbiológicas de alimentos , análisis de esas muestras y notificación,
publicación y comunicación de los resultados arrojados. Por contera, con su proceder
irregular la administración lesionó el derecho constitucional al buen nombre (art. 15
C.P.) de las personas integrantes de la UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR, como
son, la FUNDACIÓN ENLACE -FUNDAENLACE y la COOPERATIVA DE
SERVICIOS GENERALES LA HEROICA – COOSEHEROICA, al someterlas al
desprestigio y al escarnio público, al publicar de forma directa e indirecta, los
resultados de los análisis microbiológicos de las muestras tomadas en los indicados
procesos espurios surtidos en los establecimientos educativos y centros infantiles de
17 poblaciones del departamento del Atlántico y no permitiendo su revalidación y
contradicción por parte de otro profesional.
SEGUNDA. - Que, a consecuencia de lo anterior, LA NACIÓN -DEPARTAMENTO
DEL ATLÁNTICO- SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTEMENTO DEL
ATLÁNTICO -SUBSECRETARIA DE SALUD PÙBLICA, pague a mi poderdante en
moneda legal colombiana los siguientes guarismos: (…)
TERCERA. - Que el monto de los perjuicios a conciliar equivale a la suma de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
PESOS MCTE ($826.290.200)»
1SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivos: «5ED01DEMANDAANEXOSPDF» y
«1ED05REFORMADEMANDAADMISIONREFORMAPDF» Fecha presentación SAMAI TA 0001. Expediente
físico C1 1-23(demanda inicial), corrección folios 1284-1288 CP; reforma ff. 1302-1331 CP (presentada el 4 de
mayo de 2018).
2 Ver Certificado de existencia y representación obrante a folios 1393-1397 CP
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Demandante: Fundación por una Colombia Digna
Demandado: Departamento del Atlántico
Proceso: Reparación Directa
CUARTA.- Que se ordene a LA NACIÓN- DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO –
SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO -
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, rectificar la información entregada a la
opinión pública y demás autoridades, y por contera, se proceda a publicar en diversos
medios de comunicación de carácter nacional , regional y local que los resultados de
los análisis microbiológicos de alimentos derivados de las 210 muestras tomadas en
los procesos de inspección, vigilancia y control adelantados durante los años 2014 y
2015 en las distintas instituciones Educativas, Centros de Desarrollo Integran -CDI y
Hogares Infantiles del departamento del Atlántico no son determinantes y se
recaudaron con violación del derecho de defensa y contradicción. Particularmente,
en aquellas instituciones educativas y centros donde el PAE era operado por la Unión
Temporal Alimentar, no son concluyentes por haber sido obtenidas con violación del
debido proceso del operar y por ende, de la FUNDACIÒN ENLACE -
FUNDAENLACE, en su condición de entidad constituyente de aquella. (…) »
Como fundamento fáctico de las pretensiones, se expuso que, conforme con el
parágrafo 4 del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el Programa de Alimentación
Escolar (PAE) fue asignado al Ministerio de Educación Nacional (MEN), con el
propósito de alcanzar una cobertura universal. Esta disposición legal establece
además que el programa se financia con recursos provenientes de diversas fuentes,
entre ellas el presupuesto del MEN.
Indicó que, el 9 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional abrió
una convocatoria pública para conformar un banco de oferentes, con el fin de
suscribir un contrato de aporte para la operación del Programa de Alimentación
Escolar (PAE) en los municipios del departamento del Atlántico, con excepción de
Barranquilla, Malambo y Soledad. A dicha convocatoria se presentaron siete
uniones temporales, entre las cuales fue seleccionada la Unión Temporal Alimentar,
conformada por la Fundación Enlance (Fundaenlace) y la Cooperativa de Servicios
Generales La Heroica (Cooseheroica).
Así, entre el MEN y la UT Alimentar se celebró, el 17 de febrero de 2015, el contrato
de aporte No. 427 de 2015, por un valor de $12.871.815.970, cuyo objeto era brindar
un complemento alimentario a los menores matriculados en instituciones oficiales
del departamento del Atlántico, conforme con los lineamientos técnicos del
Programa de Alimentación Escolar (PAE). Posteriormente, entre el 21 de abril de
2014 y el 27 de abril de 2015, la Secretaría de Salud del Atlántico, en su calidad de
autoridad sanitaria, realizó un análisis de calidad e inocuidad de alimentos para
consumo humano con enfoque de riesgo, como parte de las actividades de
vigilancia rutinaria sobre los productos distribuidos en la región. En ese contexto, la
Subsecretaría de Salud Pública inspeccionó los programas PAE en colegios
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municipales, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y hogares comunitarios de 17
municipios del departamento.
Posteriormente, entre los meses de julio y agosto de 2015, la Secretaría de Salud
del Atlántico, por medio de la Defensoría del Pueblo Regional y de diversos medios
de comunicación de alcance nacional, regional y local, divulgó los resultados
microbiológicos obtenidos a partir de 210 muestras de alimentos suministrados a
menores en 31 instituciones educativas, 55 hogares comunitarios y 8 Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) del departamento. Dichos análisis revelaron la presencia de
coliformes totales y fecales, mohos, levaduras, salmonella y mesófilos aeróbicos en
las raciones alimentarias distribuidas a través del Programa de Alimentación Escolar
(PAE).
Con la difusión de los anteriores resultados, en la demanda se afirmó que se
configuró una campaña mediática de desprestigio contra la Unión Temporal
Alimentar y sus integrantes. En particular, se señaló que la Secretaría de Salud del
Atlántico divulgó los resultados de los análisis microbiológicos correspondientes a
instituciones que no eran operadas por la entidad demandante, sin precisar dicha
circunstancia y sin comunicar previamente esa información a la Unión Temporal,
impidiéndole ejercer su derecho a la defensa y contradicción.
De igual forma, se denunció que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) decidió
no prorrogar el contrato de aporte suscrito con la Unión Temporal Alimentar, como
consecuencia de los resultados microbiológicos y su difusión pública. En el
comunicado No. 20150930038081 del 26 de octubre de 2015, el MEN respondió a
los requerimientos formulados por Fundaenlace y reconoció que: i) los resultados
obtenidos en las muestras correspondientes al año 2014 no son atribuibles a la
entidad demandante, dado que en ese periodo aún no operaba el Programa de
Alimentación Escolar (PAE); ii) no todas las instituciones en las que se tomaron
muestras en abril de 2015 estaban bajo la operación de la Unión Temporal
Alimentar; y iii) los funcionarios de la Subsecretaría de Salud no recolectaron ni
entregaron la respectiva contramuestra a los representantes del operador que
atendieron la visita.
De igual forma, se arguyó que, mediante comunicado del 2 de mayo de 2016, la
Subsecretaría de Salud entregó copia de las actas de toma de muestras y de la
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factura entregada al «Almacén Laboratorio de Salud» No. 2012000261 del 24 de
octubre de 2012, en la que consta la compra de elementos de bioseguridad e
insumos para el muestreo de alimentos. Sin embargo, en la demanda se adujo que
el ente territorial no aportó prueba alguna de que dichos elementos e insumos
hubieran sido efectivamente entregados a cada uno de los funcionarios que
participaron en el proceso de recolección y embalaje de las muestras. Además, se
señaló que en las referidas facturas se advierte la ausencia de elementos
indispensables para la adecuada toma de muestras de alimentos.
Agregó que el Grupo IS Colombia S.A.S., en cumplimiento de la interventoría No.
871-2015, relativa al contrato de aporte No. 427 de 2015, emitió el informe «GISC-
871/2015-S1151», en el que manifestó que no se encontró mérito para considerar
que la Unión Temporal Alimentar había incumplido el contrato.
Contestación de la demanda
El Departamento del Atlántico3, en la exposición de los hechos, refirió que la
autoridad departamental no divulga sus actuaciones de manera directa, y agregó
que, salvo reserva legal, estas son públicas, lo que permite que los medios de
comunicación y la Defensoría del Pueblo puedan conocerlas.
Como excepciones, se propuso la ineptitud sustantiva de la demanda, la falta de
integración del litisconsorcio necesario, la falta de legitimación en la causa por
pasiva y la inexistencia de los elementos de responsabilidad extracontractual en
cabeza de la Gobernación del Departamento del Atlántico. A juicio de la entidad
demandada, las pretensiones de la demanda, a pesar de alegar una «pérdida de
oportunidad», se fundamentan en la terminación y/o no prórroga del contrato de
aporte, así como en las actuaciones adelantadas por la gobernación del Atlántico
en su calidad de autoridad sanitaria.
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SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivos:
«012ED06CONTESTACIONDPTOINFORMEXCEPCIONES». Fecha presentación SAMAI TA 0001. Ff. 370-
380C1.
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En dicho sentido, se estimó que la parte demandante debió acudir al medio de
control de controversias contractuales para ventilar las inconformidades surgidas de
la relación contractual que mantuvo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
escenario en el cual el ente territorial carece de legitimación en la causa por pasiva
y por ende, se integró indebidamente el contradictorio. En igual medida, respecto
de las actuaciones adelantadas por el departamento en su calidad de autoridad
sanitaria, consideró que debió ejercerse el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las decisiones que indagaron las condiciones
higiénicas de los alimentos suministrados.
Sentencia de primera instancia
Por sentencia del 18 de agosto de 20234, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral – Sección B –, identificó que la demanda tomó como hecho
dañoso la presunta violación al debido proceso, que habría impedido a la sociedad
demandante participar e intervenir en futuros procesos licitatorios. Ahora bien,
analizados los elementos probatorios obrantes en el plenario, la Sala descartó que,
en el desarrollo de las funciones sanitarias de la Secretaría de Salud Departamental
del Atlántico, esta hubiera incurrido en una falla del servicio o en un exceso frente
al principio de igualdad respecto de las cargas públicas.
A juicio del a quo, si bien se demostró que la entidad demandada, en ejercicio de
sus facultades de inspección, vigilancia y control, tomó y analizó muestras de los
alimentos consumidos por estudiantes en instituciones educativas, las cuales
presentaron indicios de contaminación, mal almacenamiento o conservación, no se
acreditó que dicha entidad hubiera difundido información a los medios de
comunicación sobre la fundación actora. Por el contrario, el a quo identificó que las
notas de prensa aportadas con la demanda reflejan declaraciones de
representantes de otras entidades, específicamente de la ministra de Educación
Nacional y del contralor general de la República.
Consideró que la entidad demandada no fue la única que participó en la verificación
de los alimentos suministrados en los centros educativos, y en ese contexto se hizo
4 SAMAI índice 02 «Expediente Digital», archivo: 38ED24SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA201700081HPDF
(pdf)
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referencia a los informes y visitas de la Defensoría del Pueblo, así como al
interventor del contrato celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la
Unión Temporal Alimentar para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar
(PAE). Respecto de este último, se indicó que, ante el posible incumplimiento de la
Unión Temporal, se verificó la implementación de un plan de mejora, cuyo impacto
se evidenció en las «especificaciones microbiológicas», así como en la realización
de capacitaciones y en el fortalecimiento de la dotación de las manipuladoras de
alimentos.
De otra parte, se señaló que el sometimiento a procedimientos de vigilancia,
inspección, visitas y demás controles no constituye, per se, un daño antijurídico, en
la medida en que todos los ciudadanos están llamados a soportar el ejercicio
legítimo de las funciones atribuidas a las entidades de control, especialmente
tratándose de los responsables del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyo
financiamiento es público. Asimismo, se hizo referencia al derecho al buen nombre
y a la honra, y a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad
patrimonial derivada de señalamientos públicos o sindicaciones realizadas a través
de canales de comunicación.
Sobre este último aspecto, se indicó que el daño antijurídico alegado en la demanda
—consistente en la afectación al buen nombre y a la honra— no se acreditó; por el
contrario, se demostró que la actuación del Departamento del Atlántico se desarrolló
con prudencia y sensatez, dada la naturaleza de la situación acaecida, «(…) por
cuanto los resultados de las visitas fueron dados a conocer al operador de los
comedores escolares y al Ministerio de Educación Nacional, que oficiaba como
entidad contratante, sin efectuar señalamientos directos y particulares en contra de
los miembros de la Unión Temporal Alimentar (…)».
Esta conclusión se extendió a la alegada vulneración o desconocimiento del debido
proceso de la Fundación Enlace, en la medida en que esta tuvo conocimiento de los
resultados de todas las visitas, informes, muestras y demás material producido en
el curso de la actuación administrativa, lo cual se evidencia en la implementación
de un plan de mejora. Asimismo, se consideró que no se acreditó una afectación
por pérdida de oportunidad de los integrantes de la Unión Temporal Alimentar para
seguir participando en los programas del PAE, al no demostrarse las razones por
las cuales no hicieron parte de la convocatoria para el Banco de Oferentes,
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destinada a ejecutar la operación en el segundo semestre de 2015 en los municipios
del Atlántico y Barranquilla.
Recurso de apelación5
Contra la anterior decisión, la apoderada de la parte actora interpuso recurso de
apelación, mediante el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, que se accediera a las pretensiones de la demanda. Adujo
que el objeto de la demanda no fue cuestionar el ejercicio de las facultades de
inspección y vigilancia por parte de la entidad demandada en su calidad de
autoridad sanitaria.
Por el contrario, se aclaró que la demanda cuestionó la actuación ilegal e irregular
de la autoridad demandada «antes, durante y después» de las visitas realizadas a
distintas instituciones educativas con el propósito de tomar muestras de los
alimentos elaborados. Se recalcó que la principal irregularidad atribuida a la entidad
consistió en la divulgación «de forma directa e indirecta» de los resultados de dichas
muestras a terceros y ante la opinión pública, sin haber realizado el traslado previo
ni haber informado a la parte demandante, impidiéndole ejercer su derecho de
defensa frente a los señalamientos efectuados.
Con relación a la valoración probatoria, se expuso que la sentencia de primera
instancia omitió considerar los medios de prueba que acreditaban que la Fundación
por una Colombia Digna – FUNCODIG – no tenía responsabilidad sobre los
alimentos cuyas muestras evidenciaron una posible contaminación en el año 2014,
periodo en el cual la sociedad aún no operaba el Programa de Alimentación Escolar
(PAE), pues la Unión Temporal Alimentar fue constituida hasta el año 2015. En ese
sentido, se indicó que en las actas de toma de muestras se reflejó que, de las 78
muestras tomadas en el año 2015, únicamente ocho fueron recopiladas en
instituciones educativas oficiales del departamento del Atlántico.
Además, indicó que la fundación demandante no debía considerarse responsable
por dichas muestras, pues ninguna de ellas correspondía a instituciones educativas
sobre las cuales la Unión Temporal mencionada desempeñó su objeto contractual.
5 SAMAI índice 02 «Expediente Digital», archivo:
42ED251RECURSODEAPELACIONCONTRASENTENCIADEL18DEAGOSTODE2023(pdf)
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Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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Al respecto, argumentó que el contrato de aporte No. 427 de 2015 se ejecutó entre
el 17 de febrero y el 31 de agosto de 2015, y su objeto se enmarcó en instituciones
educativas del departamento del Atlántico, con exclusión de los municipios de
Malambo, Soledad y Barranquilla. En este sentido, sostuvo que el objeto contractual
no comprendía los hogares infantiles ni los hogares comunitarios a cargo del ICBF,
en los cuales se recopilaron la mayoría de las muestras que evidenciaron
contaminación de alimentos y que fueron atribuidas a la fundación demandante.
En cuanto a la vulneración del debido proceso, arguyó que, en los procesos de
recolección de muestras adelantados, entre los años 2014 y 2015 no se recogió ni
se entregó la contramuestra a los operadores de los establecimientos educativos y
centros infantiles. Además, se verificó la ausencia de traslado y notificación de los
resultados a la fundación, comunicación que, sí se ejerció frente al ICBF y la
Secretaría de Educación de Atlántico, según consta en el informe de la Defensoría
del Pueblo. Insistió en que la demandada por medios de comunicación local y
nacional, así como por intermedio de la Defensoría del Pueblo, divulgó la
información de los resultados microbiológicos y agregó que al momento de tomar
las muestras no se contaba con los equipos e indumentaria idóneos
Por último, sostuvo que la UT Alimentar no participó en la siguiente convocatoria del
MEN para contratar el PAE del segundo semestre, debido al desprestigio que,
según afirmó, afectó su buen nombre.
Trámite en la segunda instancia
El 29 de enero de 2024, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por
la entidad demandada6, el cual fue admitido por esta corporación mediante
providencia del 2 de diciembre de 20247. En la etapa prevista en los numerales 4 y
6 del artículo 247 del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021),
las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron.
CONSIDERACIONES
6 SAMAI índice 002 «Expediente Digital», archivo: 044ED27AUTOCONCEDERAPELACIONPDF.
7 SAMAI índice 0004.
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1. Como la demanda se presentó el 14 de septiembre de 2016, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a
regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del 2 de julio
de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos
no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa
sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA.
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual, conoce los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
esto es, $ 368’858. 500.oo millones de pesos8.
Medio de control procedente.
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo.9
8 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2017], [$737.717.oo], por 500 y la demanda la
pretensión mayor se calculó en 1.000 SMLMV, relativo al lucro cesante.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP Mauricio
Fajardo Gómez, Auto del 9 de diciembre de 2013, rad: 70001-23-33-000-2013-00115-01 (47783) [ Fundamento
de derecho i], «(…) La Sala ha considerado que se configura una operación administrativa cuando, por ejemplo,
se ejecuta de manera anticipada un acto administrativo, cuestión que se presenta cuando éste no es notificado
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Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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4. En este caso, el medio de control resulta procedente, al verificarse que la causa
petendi no incluye pretensiones orientadas a cuestionar la validez o ejecución del
«Contrato de Aporte n.º 427 de 2015», celebrado entre el Ministerio de Educación
Nacional y la Unión Temporal Alimentar, que puedan ser conocidas mediante el
medio de control de controversias contractuales (art. 141 del CPACA). Si bien en la
demanda se solicitó, como reparación de perjuicios, «(…) la pérdida de la
oportunidad por los dineros dejados de percibir por la Fundación Enlace con los
contratos del PAE por culpa del hecho dañoso (…)», dicha pretensión no puede ser
conocida a través del presente medio de control, ni es susceptible de adecuarse a
otro cauce procesal distinto a la reparación directa, pues no se ajusta a la causa
petendi contenida en la demanda, en cuanto la génesis del daño se identificó con la
recolección, análisis y divulgación de resultados de muestras microbiológicas10.
En efecto, la alegada pérdida de oportunidad encuentra sustento fáctico en el
«hecho 12» de la demanda, en el que se afirmó que los resultados de los análisis
microbiológicos motivaron la decisión del Ministerio de Educación de no prorrogar
el contrato de aporte mencionado. Sobre este punto, la Sala aclara que los contratos
del PAE corresponden a contratos de aporte (parágrafo 4 del art. 136 de la Ley 1450
de 2011, art. 21 de la Ley 7 de 1979, Decreto 2388 de 1979), cuyo marco jurídico
está regido por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 200711, especialmente en lo
relativo a su formación. En consecuencia, el medio de control adecuado para
reclamar la supuesta pérdida de oportunidad sería el de nulidad y restablecimiento
del derecho (art. 138 del CPACA), si se dirige contra el acto mediante el cual se
debidamente, o por falta de notificación, o cuando la ejecución del acto se produce antes de quedar en firme la
decisión que desata el recurso interpuesto en su contra, es decir, cuando la Administración ejecuta
materialmente un acto administrativo que no ha cumplido con las exigencias previstas en el artículo 64 del C.C.A
16., lo cual puede dar lugar a la configuración de un daño antijurídico cuyos perjuicios pueden perseguirse a
través del ejercicio del medio de control de reparación directa17 previsto en el artículo 140 del C.P.A.C.A.(…)».];
y fue reiterado recientemente en Subsección B Sentencia del 13 de julio de 2022, CP Alberto Montaña Plata,
rad. 76001-23-31-000-2011-00888-01 (53420) [ Fundamento de derecho 46]. Sobre la distinción entre validez y
eficacia de los actos administrativos ver Subsección A, Sentencia del 25 de agosto 2011, CP Mauricio Fajardo
Gómez, rad. 25000-23-26-000-1994-00367-01(16435) [Fundamento de derecho 2.3]
10 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Marta Nubia
Velásquez Rico, Sentencia del 2 de diciembre de 2015, rad.: 4 19 y 20]7001-23-31-000-2001-00660-01(36285)
[ Fundamento de derecho 5]; Subsección A, Sentencia del 22 de noviembre de 2021, CP José Roberto Sáchica,
rad: 470012333000201900443-01(66773) [ Fundamentos de derecho 19 y 20] ; Subsección C , Sentencia del
22 de noviembre de 2021, CP Nicolás Yepes Corrales, rad. 520012333000201800549-01(65501) [ Fundamento
de derecho 3.2].
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de
2010, rad. 760012325000199501884-01(16.941), CP Enrique Gil Botero [Fundamento de derecho 2.2]; Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia del 6 de junio de 2024, CP. Martín Bermúdez Muñoz, Rad. 05001-23-33-000-
2012-00888-01 (65983)
11
Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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Demandado: Departamento del Atlántico
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conformó el banco de oferentes y/o el acto de adjudicación12; o el de controversias
contractuales (art. 141 del CPACA), si se cuestiona la decisión de acceder o no a la
prórroga del contrato13.
En este caso, no resulta procedente adecuar el medio de control, habida cuenta de
que en la demanda no se identificó de manera individual ninguna de las decisiones
mencionadas, lo que permite evidenciar, desde el inicio, que la causa petendi no es
susceptible de ser encauzada por dicho mecanismo procesal.
5. Por otra parte, en lo que refiere al estudio de la posible configuración de
responsabilidad administrativa el Departamento del Atlántico como consecuencia
de vulneración al debido proceso y al buen nombre, «(…) durante las etapas de
tomas de muestras microbiológicas de alimentos, análisis de esas muestras y
notificación, publicación y comunicación de los resultados arrojados (…)», se
precisa por parte de la Sala, que el medio de control procedente para su examen es
el de reparación directa. Ello atendiendo que el hecho dañoso alegado se inscribe
en el ejercicio de las competencias como autoridad sanitaria sin que las mismas
tuvieran concreción en un acto administrativo o contrato14.
En efecto, las medidas sanitarias que constituyen el objeto de la demanda
corresponden a aquellas relacionadas con la recolección de información
epidemiológica (art. 479 de la Ley 9 de 1979), como la toma de muestras
microbiológicas destinadas a laboratorios de salud pública, con el fin de determinar
la calidad de los alimentos en cuanto a contaminación, polución o toxicidad (art. 487
de la Ley 9 de 197915). En ese sentido, el daño alegado se atribuye a una medida
12; Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejera Ponente: Ruth Stella
Correa Palacio Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil once (2011) Rad.: 54001-23-31-000-1998-01333-
01(19936): Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 12d e abril de 2024, CP. Alberto Montaña Plata, rad.
68001-23-33-000-2018-00634-02 (69459)[ Fundamento de derecho 26 y ss]
13 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección b, cp: stella conto díaz
del castillo, Sentencia del 15 de octubre de 2015,rad: 18001-23-31-000-2006-00458-01(35213), [Fundamento
de derecho 2.3]
14 Otro caso donde en ausencia de acto administrativa, en el ejercicio de funciona de vigilancia y control ver.
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 21
de mayo De 2021 CP: José Roberto Sáchica Méndez Rad: 76001-23-31-000-2001-02120-01(52796), también
se ha referido que la configuración de responsabilidad en el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia
y control pueden derivar de un deber «imperfectamente ejecutado» Subsección C, Sentencia del 23 de agosto
de 2024, CP: William Barrera Muñoz, rad. 05001-23-33-000-2013-01136-01 (63696) [Fundamento de derecho
8].
15 ARTÍCULO 487.- Los resultados de los servicios de laboratorio clínico y de determinación de calidad de
bebidas, alimentos, cosméticos, plaguicidas, aguas, suelos y aire, en cuanto a contaminación, polución o
toxicidad, se consideran información epidemiológica y estarán sometidos a las normas de la presente Ley y sus
reglamentaciones.
12
Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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sanitaria que, por sí sola, carece de carácter decisorio 16, al tratarse de una
operación administrativa enmarcada en el ejercicio de funciones de inspección,
vigilancia y control, específicamente en lo relativo a la vigilancia y control
epidemiológico (arts. 478 y siguientes de la Ley 9 de 1979).
Si bien la información recolectada y analizada por los laboratorios de salud pública
puede ser utilizada para motivar o justificar la adopción de licencias, registros,
medidas de seguridad o sanciones, su recolección, manejo y custodia, por sí sola,
no puede calificarse como un acto administrativo, en ausencia de una manifestación
de voluntad que implique un acto de carácter decisorio17.
Demanda en tiempo
6. De acuerdo con el artículo 164.2. del CPACA, se cuenta con un término de
«(…) dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, (…) o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior (…)».
7. Comoquiera que el daño alegado se atribuye a la obtención y posterior
divulgación o publicación de los resultados de las pruebas microbiológicas
realizadas en instituciones educativas —algunas de las cuales, presuntamente,
recibieron alimentos distribuidos por la UT Alimentar, en la que participó la sociedad
FUNDACIÓN ENLACE - FUNDAENLACE—, a juicio de la Sala se identifican dos
hechos que podrían constituir daño: el primero, relacionado con la recolección y
análisis de las muestras microbiológicas; y el segundo, con la publicación o
divulgación de dichos resultados.
16 Consejo de Estado, Sentencia del 24 de septiembre de 1971 SEC1-EXP1971 N1389, «(…) b) Por tanto,para
que exista acto administrativo se requiere, entre otros requisitos, que el funcionario u órgano que obra en función
administrativa exprese su voluntad con la finalidad de producir un efecto en derecho, como sucede con todos
los actos jurídicos en forma de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales o particulares o colocar
una o más personas indeterminadas jurídicas estatutarias por ello los países de régimen administrativo se
caracterizan por el poder de la Administración de dictar actos unilaterales y obligatorias y de obrar material y
unilateralmente en interés público Jean Rivero, Droit Administrative,Pag.11):y, recíprocamente, los particulares
pueden ocurrir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en interés de la legalidad o en defensa de sus
derechos, civiles administrativos, violados o desconocidos por actos o hechos de la administración.(…)»
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del
31 de agosto de 2015 CP Ramiro De Jesús Pazos Guerrero, rad: 080012331000199801923-01(36.043) [
Fundamento de derecho 1.2] Sobre los actos policivos que constituyen actos administrativos ver: Sección
Tercera, Auto del 17 de agostos de 2006 rad. 250002326000200402126-01(30701), CP Mauricio Fajardo
Gómez; Sección Primera, Sentencia del 20 de febrero de 2020, rad: 2500023240002004-00934-02 CP Roberto
Augusto Serrato Valdés [ Fundamento de derecho II.3.] Subsección A, Sentencia del 19 de marzo de 2021 CP.
Marta Nubia Velásquez Rico, rad: 150012331000200700039-01(55789) [ Fundamento de derecho 3]
13
Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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Demandado: Departamento del Atlántico
Proceso: Reparación Directa
Considerando que la demanda fue presentada el 14 de septiembre de 2016, y que
entre el 1 de junio y el 12 de agosto de ese mismo año 18 se intentó la conciliación
extrajudicial —según constancia expedida por la Procuraduría 117 Judicial II para
Asuntos Administrativos—, la Sala concluye que la acción fue ejercida
oportunamente respecto de la toma de muestras y las publicaciones realizadas
después del 30 de octubre de 2014. En otras palabras, el medio de control fue
interpuesto dentro del término legal frente a los hechos dañosos alegados en la
demanda.
Legitimación en la causa
8. En el presente caso, se acreditó la legitimación activa de la FUNDACIÓN
ENLACE – FUNDAENLACE, quien integró la UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR,
según el documento de constitución del 29 de enero de 201519. En este sentido, la
Sala destaca que la jurisprudencia unificada de esta corporación, relativa a la
capacidad de las uniones temporales y consorcios para acudir al proceso, aclaró
que los integrantes de dichos entes también pueden acudir individualmente ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ya sea como demandantes o como
demandados20.
De igual forma, se acreditó que la Unión Temporal Alimentar celebró y ejecutó el
Contrato de Aporte n.º 427 de 2015, que tuvo por objeto «(…) implementar el
programa de alimentación escolar a través del cual se brinda un complemento
alimentario a los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial, en el
departamento del Atlántico de conformidad con los lineamientos técnico
administrativos del programa de alimentación escolar del ministerio de educación
nacional y bajo la modalidad del contrato de aporte (…)».
18 Folio. 33 C1
19 Ff. 1172-1173 CP
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 25 de septiembre
de 2012, rad. 250002326000199703930-01(19933), CP. Mauricio Fajardo Gómez [ Fundamento de derecho 3
.] (…) cuestión que de ninguna manera excluye la opción, que naturalmente continúa vigente, de que los
integrantes de tales consorcios o uniones temporales también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello
satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el efecto, comparecer a los
procesos judiciales –bien como demandantes, bien como demandados, bien como terceros legitimados o
incluso en la condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda–, opción que de ser
ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las exigencias relacionadas con la debida integración
del contradictorio(…)
14
Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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9. En lo que respecta al Departamento del Atlántico, cuenta con legitimidad en
la causa por pasiva, al verificarse que el daño alegado se deriva del ejercicio de sus
facultades como autoridad sanitaria del sistema de vigilancia en salud pública
(arts.1521 y4022 Decreto 3518 de 2006 y arts. 43 la Ley 715 de 200123), a través de
su Secretaría de Salud y su Subsecretaría de Salud Pública.
Problema jurídico
10. Vista la demanda y el recurso de apelación, corresponde a la Sala analizar si,
con ocasión de la obtención, custodia y posterior divulgación o publicación de los
resultados de las pruebas microbiológicas realizadas en instituciones educativas
donde, presuntamente, la fundación demandante prestó el servicio de alimentación
escolar, se configuró la responsabilidad extracontractual del departamento del
Atlántico- Secretaría de Salud. Ello ante una alegada falla del servicio en el ejercicio
de las facultades de vigilancia sanitaria reconocidas, por el ordenamiento jurídico,
al ente territorial.
Análisis en el que la Sala deberá determinar si en la recolección y análisis de
muestras existió una vulneración al debido proceso y al buen nombre de la
demandante. Asimismo, deberá establecerse si se acreditó la divulgación de los
resultados de laboratorio microbiológico atribuible a la parte demandada, y si esta
puede dar lugar a la responsabilidad del Departamento del Atlántico.
Análisis de la Sala
De la ausencia de daño derivado de vulneración de la afectación al buen nombre
por la divulgación de informaciones falsas o al debido proceso en la recopilación de
la muestra biológicas.
21 Artículo 15. Procesos. Los procesos básicos de la vigilancia en salud pública incluyen la recolección y
organización sistemática de datos, el análisis e interpretación, la difusión de la información y su utilización en la
orientación de intervenciones en salud pública. En todo caso, las autoridades sanitarias deberán velar por el
mejoramiento continuo de la oportunidad y calidad de los procesos de información y la profundidad del análisis
tanto de las problemáticas como de las alternativas de solución.
22 Artículo 40. Autoridades Sanitarias del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Para efectos de la aplicación
del presente decreto, entiéndase por Autoridades Sanitarias del Sivigila, el Ministerio de la Protección Social; el
Instituto Nacional de Salud, INS; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las
Direcciones Territoriales de Salud, y todas aquellas entidades que de acuerdo con la ley ejerzan funciones de
vigilancia y control sanitario, las cuales deben adoptar medidas sanitarias que garanticen la protección de la
salud pública y el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma, así como adelantar los procedimientos y aplicar
las sanciones a que hubiere lugar.
23 44.3.6. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario previstas en la Ley 9 de 1979
y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
15
Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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11. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión, las autoridades públicas. En desarrollo de este
postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del
Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando
debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos
de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese
orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de
Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño sin
cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.
12. De esta manera, entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración
o lesión a un interés legítimo y lícito24 25 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido, la
doctrina nacional expone:
[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de
que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de
ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y
juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar,
hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la
calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil26.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340
25 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses lícitos de
una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos,
que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la
posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil
–imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir
de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis
doctoral, universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada
en el artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en
todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado
de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual del Estado”.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
26 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan
Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
16
Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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13. El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto27, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 28. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.
Además, el daño debe ser probado teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: «(…) incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen (…)». De ahí que no es suficiente que en la demanda se hagan
afirmaciones sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede
limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo
probatorio 29.
14. En relación con la alegada vulneración del buen nombre y la honra de la
fundación demandante, la Corte Constitucional ha señalado que se configura un
daño antijurídico respecto de estos bienes cuando «(…) sin justificación ni causa
cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien sea de
forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas-
informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público que se tiene
del individuo (…)»30.
Por ende, para tener por acreditado el daño por este concepto, esta Corporación ha
indicado que debe acreditarse que: «(…) (i) la información fue inexacta o errónea o
que se trató de expresiones injuriosas u ofensivas, (ii) la conducta de la parte
demandada no dio lugar a la publicación de tal información, (iii) que con esa
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No. 13.186 ““…el
perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio
indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el
perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas
producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente
No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del
daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque no
se probó su existencia.”
28 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio 1998, P. 88 y
104
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802 [fundamento jurídico
4.3].
30 Corte Constitucional, Sentencia del 26 de octubre de 1994, T-471 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[Consideración Segunda]. Citada en Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, CP: María Adriana Marín, Sentencia del 4 de diciembre de 2020, rad: 25001-23-33-
000-2014-01144-01(54461).
17
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situación se generó un perjuicio cierto y (iv) que se distorsionó el concepto público
que se tenía sobre el individuo directamente afectado (…)» 31.
15. En lo que respecta a la identificación de la información difundida, con la
demanda se allegaron recortes de prensa correspondientes a publicaciones del
periódico El Heraldo, entre ellas las del 17 de agosto de 2015 («El billonario negocio
de los alimentos escolares bajo la lupa»32), 20 de agosto de 2015 («Mineducación
cancela los contratos de comida escolar»33), 21 de agosto de 2015 («$6 mil millones
para alimentación escolar en 2016 garantiza Atlántico»34) y 20 de abril de 2016
(«Estos son los operadores de alimentos con tres o más contratos» 35). También se
aportó el informe de la Defensoría del Pueblo del 30 de julio de 2015,
titulado Alimentación Escolar: Resultados de las visitas aleatorias de la Defensoría
del Pueblo en los departamentos del Atlántico, Chocó y La Guajira36.
Adicionalmente, con la reforma a la demanda se allegaron enlaces del diario El
Tiempo, entre ellos el del 18 de agosto de 2015 («Estas son las empresas que les
dan comida podrida a los niños del país»37), junto con otros vínculos que no
arrojaron resultados o no estaban disponibles38.
16. En relación con el carácter probatorio de los recortes de prensa, si bien estos
documentos reflejan el registro mediático de los sucesos, la jurisprudencia de esta
corporación ha señalado que no pueden otorgar certeza sobre los hechos que en
ellos se exponen39. En consecuencia, la Sala aclara que, en el presente caso, dichos
recortes permiten identificar la información divulgada, pero no acreditar su
veracidad.
31 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: María
Adriana Marín, Sentencia del 4 de diciembre de 2020, rad: 25001-23-33-000-2014-01144-01(54461).
32 Folio 1215Cp
33 Folio 1212 ib.
34 Folio 1214 ib
35 Folio1213 ib.
36 Ff. 1010-1052 C1 y 1053-1086 C1.
37 http://www.eltiempo.com/archivo / documento/CMS-16241035, consultado el 22 de julio de 2025.
38 http://zonacero.com/?q=generales/intereses-ocultos-oscurecen-programa-de-alimentos-escolar-en-el-
atlantico-62503; http://hchr.org.co/index.php/compilacion-de-noticias/56-desc/7180-piden-declarar-
emergencia-por-crisis-en-alimentos-escolares; http://www.wradio.com.pa/noticias/regionales/bucaramanga-
procuraduria-abre-investigacion-al-alcalde-por-contrato-de-refrigerios/20150828/nota/2910488.aspx;
http://larazon.co/2014/07/ninos-estuvieron-a-punto-de-consumir-leche-vencida-y-carne-en-mal-estado/;
http://www.lagranoticia.com/departamentales/1909-garrotazo-a-la-corrupcion-con-alimentos-escolar-en-
atlantico-y-bolivar-suspendidos-contratos, consultados el 22 de julio de 2025, no remiten a las notas de prensa
u otro contenido.
39 Sobre la apreciación de los recortes de prensa ver: Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, CP: Danilo Rojas Betancourth, Sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos
mil catorce (2014), rad: 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832) [Fundamento de derecho 9.2]; Consejo De
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP: Guillermo Sánchez Luque,
Sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), Rad: 18001-23-31-000-2001-00320-
01(44648)[Fundamento de derecho 10]
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Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
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En relación con este punto, la información contenida en las notas de prensa indica
que, en 2015, se evidenció la distribución de alimentos contaminados a menores de
edad beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país. Varios
artículos40 señalaron, entre los responsables del mal estado de los alimentos, a la
Unión Temporal Alimentar —integrada por Fundaenlace— como operador del
Contrato de Aporte 427 de 2015.
17. Ahora bien, en la demanda se objeta la veracidad de la información
divulgada, señalando que varias de las muestras a las que se hace referencia fueron
obtenidas en 2014, cuando la Unión Temporal Alimentar aún no operaba como
ejecutora del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y además fueron
recolectadas en instituciones que no estaban comprendidas dentro del objeto del
Contrato de Aporte No. 427. Asimismo, se cuestionó la regularidad del
procedimiento mediante el cual se recopilaron las muestras microbiológicas, debido
a la ausencia de contramuestras y a que dicho proceso no se habría realizado
conforme a los protocolos establecidos.
18. En lo que respecta a la veracidad de la información publicada en los medios
de comunicación, a juicio de la Sala, los datos difundidos no pueden calificarse
directamente como erróneos o falsos, toda vez que dichos medios replicaron o
hicieron referencia a lo consignado en el informe de la Defensoría del Pueblo
titulado Alimentación Escolar: Resultados de las visitas aleatorias de la Defensoría
del Pueblo en los departamentos del Atlántico, Chocó y Guajira, fechado el 30 de
julio de 2015.
En relación con la información revelada por la Defensoría del Pueblo, vale precisar
que, en el acápite titulado «Gestiones Adelantadas, 3. Visita a la Secretaría de Salud
Departamental», dicho ente de control indicó haber realizado una visita a la
Secretaría de Salud Departamental del Atlántico. En esa oportunidad, según lo
consignado en el documento, se expresó que la Secretaría de Salud territorial «(…)
realizó una evaluación detallada de la calidad y la inocuidad de alimentos para
consumo humano con enfoque de riesgo, dentro de las actividades de vigilancia
rutinaria de la calidad de los alimentos que se distribuyen en los establecimientos
educativos (…)» (subrayado por fuera del original).
40 Heraldo del 17 de agosto de 2015.
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Más adelante, se constata que en dicho documento se reprodujo un cuadro
proveniente del informe de la Secretaría de Salud Departamental, relativo a dicha
actividad, en el cual se reflejan los resultados de laboratorio correspondientes a 210
muestras microbiológicas recolectadas entre abril de 2014 y 2015, sobre alimentos
suministrados en comedores escolares, jardines infantiles, centros de desarrollo
infantil y hogares comunitarios en municipios del departamento del Atlántico. La
información reproducida incluyó el municipio, el lugar de toma de muestras, la
cantidad de muestras, el concepto y las observaciones, en las que se indicó el tipo
de contaminación encontrado, por ejemplo: coliformes totales y fecales, moho,
levaduras, entre otros.
19. Evidenciado lo anterior, se deduce que los reproches formulados en la
demanda, en últimas, recaen sobre los datos consignados en el informe que la
Secretaría de Salud del Atlántico remitió a la Defensoría del Pueblo, en el cual se
detallan los resultados de laboratorio obtenidos durante las inspecciones sanitarias
realizadas entre 2014 y 2015. En otras palabras, el hecho dañoso alegado se
relaciona con la recolección, custodia y divulgación de dichos resultados
microbiológicos, cuya copia fue aportada al expediente junto con el Oficio No.
20150930039081 del 26 de octubre de 2015 41, emitido por la Secretaría de Salud
Departamental del Atlántico y allegado con la demanda.
20. En lo que respecta a la obtención de las muestras de laboratorio, debe
recordarse que esta se originó en el ejercicio de las competencias de vigilancia
sanitaria reconocidas por la Ley 9 de 1979, los artículos 1542 y 4043 del Decreto
3518 de 2006, y el artículo 43 de la Ley 715 de 2001 44, atribuidas a los
41 Ff. 25-47 C1
42 Artículo 15. Procesos. Los procesos básicos de la vigilancia en salud pública incluyen la recolección y
organización sistemática de datos, el análisis e interpretación, la difusión de la información y su utilización en la
orientación de intervenciones en salud pública. En todo caso, las autoridades sanitarias deberán velar por el
mejoramiento continuo de la oportunidad y calidad de los procesos de información y la profundidad del análisis
tanto de las problemáticas como de las alternativas de solución.
43 Artículo 40. Autoridades Sanitarias del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Para efectos de la aplicación
del presente decreto, entiéndase por Autoridades Sanitarias del Sivigila, el Ministerio de la Protección Social; el
Instituto Nacional de Salud, INS; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las
Direcciones Territoriales de Salud, y todas aquellas entidades que de acuerdo con la ley ejerzan funciones de
vigilancia y control sanitario, las cuales deben adoptar medidas sanitarias que garanticen la protección de la
salud pública y el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma, así como adelantar los procedimientos y aplicar
las sanciones a que hubiere lugar.
44 44.3.6. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario previstas en la Ley 9 de 1979
y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
20
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departamentos45. En este caso, la Sala identifica que la recolección de muestras
tuvo como finalidad verificar que la distribución de alimentos se ajustara a los
lineamientos sanitarios establecidos en el Decreto 3075 de 1997 46, el Decreto 539
de 2014 y la Resolución 2674 de 2013, expedidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Dicho lo anterior, se reitera que la actuación de la Secretaría de Salud del
Departamento del Atlántico se limitó a ejecutar una operación administrativa
destinada a recopilar información sanitaria que, eventualmente, podría dar lugar al
inicio de un procedimiento administrativo orientado a la adopción de un acto que
contenga licencias, registros, medidas de seguridad y/o sanciones sanitarias (ver ut
supra).
21. En dicho sentido, en principio, la regularidad y legalidad de la operación
administrativa referida debía discutirse en el marco de la contradicción del eventual
acto administrativo que culminara dicha actuación; no obstante, en el plenario no se
acreditó que esa operación haya finalizado en una decisión formal. Aun así, en la
demanda se objetó que la toma de muestras no se hubiera sujetado a la entrega de
contramuestras, deber que la Sala encontró vigente en el ordenamiento jurídico
hasta el 12 de marzo de 2015, conforme al artículo 75 del Decreto 3075 de 1997,
sin que dicha obligación se mantuviera en el Decreto 539 del 12 de marzo de 2014,
norma que derogó la anterior47.
22. Pese a los reclamos formulados en la demanda y en el recurso de apelación,
a juicio de esta Sala no se aportaron elementos suficientes que permitan concluir
que la información divulgada fuera errónea o falsa. Si bien la parte actora tiene razón
al afirmar que la toma de muestras se realizó en algunas instituciones en las que no
se suministraron alimentos, ya fuera porque no se había iniciado la ejecución del
45 Aspecto que además se reconoció en el oficio del 26 de octubre de 2015, así: «(…) La Secretaría de Salud
no realiza auditorias sino visitas de inspección Vigilancia y Control Sanitario IVC a los restaurantes
establecimientos gastronómicos diligencia un acta que se notifica a la persona que en representación del
establecimiento hace acompañamiento durante la visita y quien puede consignan(sic) por escrito las
consideraciones que estime pertinentes. Copia de esta acta queda en poder de la persona que atendió la visita.
46 Vigente hasta el 12 de marzo de 2015, en virtud de la derogatoria prevista en el artículo 21 del Decreto 539
de 2014 y que dicha decretó determinó su entrada en vigencia 12 meses después de su publicación.
47 «Artículo 21. Vigencia y derogatorias. Modificado por el Decreto Nacional 590 de 2014. De conformidad
con el numeral 5 del artículo 9° de la Decisión Andina 562 de 2003, el presente decreto empezará a regir
después de doce (12) meses, contados a partir de su publicación, excepto lo dispuesto en el Capítulo V que
entrará a regir de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de este acto. Este decreto deroga los
Decretos 3075 de 1997, 1270 de 2002, 1175 de 2003, 4444 y 4764 de 2005, y las disposiciones que le sean
contrarias.»
21
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Contrato de Aporte No. 427 o porque se trataba de entidades ajenas a su objeto,
ello no excluye que, en varias de las instituciones donde sí operó la Unión Temporal
Alimentar, se hayan registrado resultados que evidenciaban contaminación en los
alimentos durante el período de ejecución del referido contrato, esto es, entre el 17
de febrero4849 y el 31 de agosto de 201550.
A título ilustrativo, se advierte que existieron resultados microbiológicos
correspondientes a muestras obtenidas durante el año 2015 en municipios e
instituciones comprendidos dentro del objeto del Contrato de Aporte suscrito por la
Unión Temporal Alimentar, tales como Usiacurí51, Tubará52, Palmar de Varela53,
Puerto Colombia54, entre otros. Estas instituciones aparecen mencionadas en el
documento aportado por la parte demandante, en el cual se individualizan los
establecimientos en los que dicha unión temporal actuó como proveedor del
Programa de Alimentación Escolar (PAE)55. Además, ninguna de las muestras
recolectadas en 2015 corresponde a una fecha anterior al 21 de abril de ese año,
por lo que no existe fundamento en el derecho positivo para concluir que, en el
proceso de recolección, la demandada estuviera obligada a entregar una
contramuestra a la fundación demandante.
23. Tampoco resulta conducente, para acreditar que la información divulgada
fuera errónea o falsa, lo afirmado por la fundación demandante en relación con las
manifestaciones del interventor del Contrato de Aporte No. 427 de 2015, contenidas
en el informe GISC-871/2015-S1151 del 1 de diciembre de 2015. Aunque en dicho
informe56, la sociedad interventora Grupo IS Colombia S.A.S. señaló que «no
encontró mérito para ejercer acciones de posible incumplimiento», también dejó
constancia de la existencia de desviaciones respecto de las especificaciones
48 Ib. «(…) CLAUSULA QUINTA: El término de ejecución del presente contrato se contará a partir de la firma
del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de
agosto de 2015. Igualmente, no se podrá superar el 31/12/2015(…)»
49 Ib. Anexo 1 archivo: « I_ACT_INI_0427_17», Acta de inicio del Contrato No. 427 de 2017 entre el MEN y la
UT Alimentar, donde se registró como fecha de inicio el 17 de febrero de 2015.
50 Ib. Anexo 2 archivo: « Cto 427 de 2015 Acta de liquidación»
51 Toma de muestras del 21 de abril de 2015, en el «Colegio IE Nuestra Señora del Tránsito»;
52 Toma de muestras del 21 de abril de 2015 en el «Colegio IETA San Junio Luis Beltrán»
53 Toma de muestras del 21 de abril de 2015 en el «Colegio IETECI sede junio José María Córdoba»
54 Toma de muestras del 21 de abril de 2015 en el «Colegio IE turístico Simón Bolívar»
55 Ff. 1332-1338 CP
56 Ff. 1088-1093 CP. Allí se lee: «(…) En conclusión, la interventoría encuentra apropiadas las acciones de
mejora adaptadas por el Operador Unión Temporal Alimentar para subsanar los posibles incumplimientos por
los que fue requerido frente a la desviación de los resultados microbiológicos, los cuales no presentan ningún
patógeno. Así las cosas, se emite concepto de cierre al requerimiento por cuanto la firma interventora no
encuentra mérito para ejercer acciones de posible incumplimiento, pues no se afectaron las obligaciones
contractuales del Contrato de aporte No. 427 de 2015. (…)»
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microbiológicas en instituciones comprendidas dentro del objeto del contrato, frente
a las cuales la Unión Temporal Alimentar adoptó planes de mejora. Según lo
indicado en el mismo documento, la interventoría realizó un análisis de muestras
recolectadas durante visitas efectuadas entre el 18 y el 25 de agosto de 201557, en
las que se evidenció la presencia de agentes contaminantes como Escherichia coli
(E. coli) y aerobios mesófilos, lo que confirma la veracidad de la información
microbiológica recaudada por la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico.
24. Por último, la parte actora reprochó que, en la toma de muestras, no se
hubieran utilizado equipos o indumentaria idóneos para el recaudo de muestras
microbiológicas. Ahora bien, la Sala observa que, en lo que concierne al manejo de
este tipo de muestras, los lineamientos técnicos se encuentran contenidos en
protocolos, reglamentos y normas sanitarias58, que frecuentemente se armonizan
en manuales de procedimientos, como el Manual de procedimientos para la toma,
conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia del
Instituto Nacional de Salud59. Aunque dichos protocolos pueden incorporar
disposiciones normativas —como el Decreto 2323 de 2006, reglamentario de la Ley
9 de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios, o la Resolución 2115
del 22 de junio de 200760 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
y del Ministerio de Protección Social, relativa al control y vigilancia del agua
destinada al consumo humano— su interpretación y aplicación requieren
conocimientos científicos y técnicos especializados, que no son del dominio del juez.
25. En este sentido, las pruebas aportadas por la parte demandante no resultan
conducentes para demostrar que la toma de muestras se haya realizado con
equipos, insumos o personal carentes de idoneidad. En efecto, en el proceso se
practicaron los testimonios de: Kissi María Macías Bolívar61- nutricionista-; Yeraldine
57 Certificados de Análisis efectuados por «Bio Trends Laboratorios S.A.S». ff. 1125-1171 CP.
58 (…) Resolución 1229 del 23 de abril de 2013 del Ministerio de Salud y de Protección Social. Artículo 11.
Procesos de Vigilancia y Control Sanitario. El modelo sistémico de inspección, vigilancia y control sanitario se
encuentra organizado en unos procesos básicos que permitirán el desarrollo integral de la función esencial de
la vigilancia y control sanitario. (…) Parágrafo 1. Entiéndase como Protocolos, reglamentos o normas técnicas
sanitarias, el conjunto de definiciones, criterios, reglas, técnicos y procedimientos estandarizados necesarios
para la correcta organización y desarrollo de acciones sanitarias bien sean públicas o privadas y la adecuada
consecución final de las mismas dentro de los términos que sean definidos por la autoridad competente para la
ejecución desde políticas, estrategias y programas, hasta servicios y productos (…)
59 Ver: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/Manual-
toma-envio-muestras-ins.pdf
60 «Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control
y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.»
61 SAMAI TA índice 00009«Expediente Digital», audiencia de pruebas del 7 de junio de 2019, archivo
«20_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_082CONTINUACIONAUD(.wmv) Nro.Actua
9».
23
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Hernandez Barrios-supervisora de ventas-62 Eliana Vanessa Luquetta Toloza63-
microbióloga-y Antonio Rafael Sarmiento Cervantes – supervisor programa de
alimentación escolar-.
Si bien algunos de los perfiles profesionales de los declarantes podrían dar lugar a
considerarlos como testimonios técnicos, la Sala verifica que la mayoría de las
declaraciones se basaron únicamente en información recibida de manera indirecta,
es decir, de oídas, respecto del procedimiento sanitario adelantado por la Secretaría
de Salud del Departamento. En este sentido, no obran en el expediente
declaraciones de personas que hayan estado presentes en el momento de la
recolección de las muestras de laboratorio por parte de dicha entidad y que además
contaran con las competencias técnicas necesarias para establecer si el personal
encargado siguió los protocolos aplicables al procedimiento sanitario.
En concreto, la declaración de la señora Eliana Vanessa Luquetta Toloza da cuenta
de que ingresó a trabajar en la fundación demandante el 23 de septiembre de 2015,
es decir, con posterioridad a la toma de muestras sanitarias efectuada por el
departamento, cuya última recolección se realizó el 4 de mayo de 2015. Esta
circunstancia fue reconocida por la declarante64, quien además admitió que su
conocimiento sobre el procedimiento provino de “otros supervisores” 65. Situaciones
similares se desprenden de las versiones del señor Antonio Rafael Sarmiento
Cervantes y de la señora Kissi María Macías Bolívar, quienes indicaron estar
vinculados laboralmente a la fundación demandante al momento de los hechos 66..
62 Ib.
63 SAMAI TA índice 00009«Expediente Digital», audiencia de pruebas del 31 de mayo de 2019 archivo:
«19_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_081AUDIENCIAPRUEBAS(.wmv) NroActua
9»
64 Al respecto declaró: «(…) CONTESTÓ: Pues yo nunca estuve presente en la toma de las muestras, porque
ellos nunca nos notificaban en el momento de la llegada a la institución educativa. Ellos llegaban y tomaban las
muestras, quienes manifestaban que ellos llegaban ahí eran las manipuladoras, eran las personas que de pronto
atendían la llegada de ellos, porque ellos al llegar al lugar nunca nos manifestaban, de pronto por la
manipuladora que nos hicieran saber que ellos estaban en el lugar nunca lo hicieron. O sea, si llegaron nunca
fue mi presencia. (…)» [ Minutos 13:34-14:06]
65 Ib. «(…) PREGUNTÓ: Sí, señora. Manifestó que es diferente la toma de muestra como la hacen ahora a como
la hacían antes. ¿Estuvo usted presente en ese lapso de tiempo de 2015 en alguna toma de muestra que hiciera
la Secretaría de Salud? CONTESTÓ: Manifestado por otros supervisores que estuvieron en ese tiempo
trabajando en otra zona, pues ellos manifestaban de que ellos no llevaban ninguna indumentaria adecuada para
una toma de muestra. Se sabe que si entramos a un lugar donde se preparan alimentos 100% seguro para
niños menores o población vulnerable, porque sabemos que los niños son susceptibles a cualquier tipo de
enfermedad, no entraban con la indumentaria que debía ser correspondiente como lo hacen ahora. Pues ahora
tenemos un laboratorio externo que ellos nos hacen un seguimiento, unas interventorías donde ellos realizan
un seguimiento total del proceso en el lugar donde van a tomar las muestras. (…)» [minutos 18:24 -19:28]
66
En el caso de la señora Macías Bolívar, esta declaró: «(…) Bueno, atendiendo su pregunta, señor magistrado,
me permite informarle que en el año 2013 empecé a laborar por orden de prestación de servicios con la
Fundación, en ese entonces Fundación Enlace. Mi cargo, mi actividad principal allí era la dirección de los
programas de alimentación que tenía en ese momento la fundación, a saber, el programa de alimentación
escolar en el Departamento del Atlántico, en la zona oriental solamente. Tenía también programas de primera
24
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En el caso de la señora Macías Bolívar, manifestó que la información que conocía
provenía de reportes elaborados por supervisores y manipuladores de alimentos,
sin haber estado presente durante el procedimiento sanitario adelantado por el
departamento67. Por su parte, el señor Sarmiento Cervantes relató que los hechos
los conoció a través del testimonio de las manipuladoras de alimentos68.
26. Por último, en relación con la declaración de la señora Geraldine Hernández,
aunque esta relató haber estado presente en algunos procesos de toma de
muestras —en su calidad de supervisora de la fundación demandante al momento
de los hechos—, a juicio de esta Sala, no cuenta con los conocimientos técnicos
suficientes para determinar si el procedimiento sanitario se ajustó a los protocolos
aplicables. En cuanto a su formación académica, indicó no haber concluido sus
estudios universitarios en el programa de Nutrición y Dietética69, y en su declaración
no hizo referencia a lineamientos técnicos ni a protocolos específicos de toma de
muestras, lo que permite a la Sala concluir que sus apreciaciones no se sustentan
en documentos de carácter técnico70, sino que derivan de su experiencia personal.
infancia en algunos municipios del departamento y también tenía programas de recuperación nutricional en el
departamento del Magdalena. Eso fue al inicio del año escolar, en febrero, allí inicié también coordinando ese
programa. En ese mismo mes yo recibo la propuesta de trabajo de la Universidad del Atlántico para empezar
como docente catedrática en la Facultad de Nutrición y, digamos, empiezo mi labor allí en la facultad también
en el mes de febrero. Sin embargo, no me desligo totalmente de la fundación. [ minutos 7:29-9:58].
Por su parte, el señor Sarmiento Cervantes: «(…) PREGUNTÓ: Por consiguiente, se le solicita que de manera
espontánea usted nos relate todo lo que sepa y le conste al respeto, es decir, lo que motivó que esa entidad
demandara al Departamento del Atlántico. CONTESTÓ: Claro, yo tuve conocimiento de eso, pues trabajaba
con esta fundación en el municipio de Ponedera. Para mí fue extraño ese informe que ellos suministraron, en
donde decían de que los niños estaban recibiendo alimentos dañados, en donde ellos nunca evidenciaron por
medios fotográficos de esa calidad de alimentos y supuestamente ellos lo vieron. (…)» [ Minutos 29:20-30:08]
67
«(…) CONTESTÓ: Entonces, en el momento de la toma de muestras, tengo reporte de supervisores y
también de manipuladoras, en ese momento lo tuve, que el técnico que fue a tomar la muestra, pues no llevaba
la indumentaria número uno adecuada. La indumentaria adecuada para una toma de muestras es una bata que
se coloca en el momento en que se ingresa al sitio, digamos a la cocina, al comedor como tal, donde se están
preparando los alimentos. La persona no puede ponérsela fuera y entrar porque pues ya lógicamente hay una
serie de microorganismos que pueden estar presentes en esa bata. (…)» [ minutos 12:41-13:27]
68 (…) CONTESTÓ Lo ideal era que la persona que fue a tomar la muestra me hubiese llamado para yo verificar
si fueron tomadas bien las muestras. Preguntándole a las manipuladoras, ellas me dicen o me dijeron en ese
tiempo de que el funcionario llegó con un chaleco, que ellos lo identifican como Secretaría de Educación, con
una gorra que no son las como la indumentaria que debe llevar a tomar una muestra, no llevaron unas pinzas,
en fin, para mi concepto no fue una muestra tomada con todas las garantías para tal fin. [minutos 32:14-33:02]
69 «(…) CONTESTÓ: Estuve estudiando en la Universidad del Atlántico Nutrición y Dietética, quinto semestre,
próximo a retomar. Estuve trabajando, bueno, estudiando en un centro de capacitación en ciencias de atención
al cliente. (…)» [minuto 57:56-58:15]. PREGUNTÓ Se le concede el uso de la palabra al señor representante
del Ministerio Público. Le haré varias preguntas. La primera tiene que ver con… Sí, doctor. Tiene que ver con
su grado de formación. Cuando usted inició sus labores con esta empresa, ¿qué estudios tenía? CONTESTÓ:
Estaba estudiando nutrición y dietética en la Universidad del Atlántico. [ minutos 1:19:06-1:19 50]
70 Al respecto declaró: «(…) PREGUNTÓ: ¿Cuáles eran los elementos mínimos que debían llevar ellos?,¿Y
cuál es su fuente de conocimiento sobre esos elementos que debían portar estos trabajadores del Estado en
esa labor de toma de muestras y de visitas técnicas? Al momento de tomar una muestra, debe llevarse las
medidas necesarias, guantes, gorro, tapabocas, para evitar una contaminación de estos alimentos. Era lo que
todas las manipuladoras y todo el grupo de supervisores debíamos saber en estos momentos. Y era
indispensable para evitar más adelante algún tipo de contaminación a alguno de los estudiantes. De hecho, fue
la única vez que vi que en estas visitas se realizaba esto. Hago la comparación porque después de eso, de
nosotros los operadores en los que estuve trabajando, creo que la gobernación contrató a una entidad que se
llama Labormar, no sé si se llamaba, no sé si todavía funciona, y al momento de que ellos tomaban las muestras,
25
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En dicho sentido, la documentación aportada por la parte demandante, relativa a la
adquisición de insumos para la toma de muestras de laboratorio —allegada junto
con el Oficio No. 20160930022961 del Secretario de Salud Departamental, fechado
el 27 de junio de 201671,— tampoco resulta conducente, en la medida en que no se
cuenta en el expediente con testimonios técnicos ni experticias que permitan ilustrar
al juez sobre la idoneidad de los insumos empleados o adquiridos para la
recolección de las muestras respecto de las cuales se ha alegado la existencia de
un daño.
Acreditación e imputación del daño derivado de la revelación de información
confidencial o sometida a reserva (datos epidemiológicos) en el marco de un
procedimiento de vigilancia sanitaria.
27. Ahora bien, la Sala considera que, pese a no haberse demostrado una
vulneración al buen nombre o al debido proceso derivada del procedimiento de
recolección y análisis de las muestras microbiológicas, realizado en ejercicio de las
facultades sanitarias del departamento, sí se configuró un daño a la fundación
demandante como consecuencia de la difusión de dicha información, la cual estaba
sometida a confidencialidad.
En este punto la Sala se sirve aclarar, que comoquiera en la demanda se solicitó la
declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, como producto no solo
del análisis de muestras microbiológicas de alimentos, sino de la publicación y
comunicación de los resultados, este estudio comprende el análisis en relación
con la revelación de información confidencial y/o sometida a reserva. Vale precisar
que en los hechos de la demanda (hechos 10, 30 y 31) la fundación demandante
estimó que sus derechos al buen nombre y debido proceso resultaron vulnerados,
como producto del «desprestigio», y «escarnio público» que padeció como resultado
de la «actuación irregular» de la demandada al publicar información sobre los
análisis de laboratorio.
llevaban todas las medidas que se necesitaban, sus gorros, tapabocas, llevaban sus neveras para tomar y
refugiar estos alimentos. Y fue una comparación bastante grande. (…)» [minutos 1:20:20- 1:21:40]
71 Folios 1219-1232 CP.
26
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Al respecto, la Sala recuerda que, en el ámbito de la responsabilidad
extracontractual del Estado, el principio iura novit curia72, permite al juez de lo
contencioso-administrativo aplicar el derecho «(…) con presidencia del invocado por
las partes (…)», calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo
en las normas jurídicas que lo rigen (…)» 73. En el caso concreto, este principio
implica que, esta Sala está habilitada para examinar si la demandada incurrió en
una falla del servicio como resultado de revelar, irregularmente, información
sometida a reserva o confidencialidad, circunstancia que es susceptible de afectar
los derechos a la intimidad, al habeas data, al debido proceso y al buen nombre de
la fundación demandante.
28. En efecto, la información obtenida como resultado de la recopilación y
análisis de muestras microbiológicas corresponde a información pública clasificada,
conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 —Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública—, en tanto se trata de datos
que, por su naturaleza, están sometidos a reserva legal. En otras palabras:
«(…) es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado
o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá
ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas
y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el Artículo
18 de esta ley;(…)» (negrilla por fuera del original).
En concordancia con lo anterior, el literal i) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014
reconoce la protección de la salud pública como una causa legítima para rechazar,
de manera motivada y por escrito, el acceso a información solicitada ante las
autoridades. Esta disposición se complementa con lo establecido en el literal b) del
artículo 13.2 del Pacto de San José de Costa Rica 74, que también contempla la
protección de la salud como límite al derecho de acceso a la información. Asimismo,
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp 1988- N488,1 Sentencia del 5 de agosto de 1988, CP Antonio José
De Iriarri Restrepo.
73 Corte Constitucional T-851 de 2010, citada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 6 de mayo de 2024, rad: 17001-23-33-000-2013-00031-02
(62.548), CP: José Roberto Sáchica Méndez [Fundamento jurídico 82]. In extenso preceptuó la Corte
Constitucional, «(…) El principio iura novit curia, es aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del
derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador,
a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos
según el derecho vigente calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas
jurídicas que lo rigen.(…)»
74 Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: (…)2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: (…) ii) La protección de la seguridad nacional,
el orden público o la salud o la moral públicas. (…)
27
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el artículo 481 de la Ley 9 de 1979 establece que la información epidemiológica
«es de carácter confidencial y se deberá utilizar únicamente con fines sanitarios»
(subrayado por fuera del original) 75, o con fines de investigación en el campo de la
salud, previa autorización del Ministerio de Salud o de la entidad delegada para tal
efecto, conforme al artículo 48276 de la misma ley.
Por otra parte, dicha ley estableció que la facultad para divulgar esta información
corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud o a la entidad delegada (art. 483
ejusdem y art. 24 del Decreto 3518 de 200677). Asimismo, el artículo 487 ejusdem
identificó como información epidemiológica los resultados de (…) laboratorio clínico
y de determinación de calidad de bebidas, alimentos, cosméticos, plaguicidas,
aguas, suelos y aire, en cuanto a contaminación, polución o toxicidad (…)
(subrayado fuera del original). En consecuencia, los datos obtenidos mediante
pruebas de laboratorio realizadas por la entidad demandada, en ejercicio de sus
funciones como autoridad sanitaria, tienen carácter confidencial o reservado
conforme a las disposiciones normativas mencionadas.
En relación con el alcance de esta categoría de información, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha reconocido que su acceso es limitado y su divulgación
irregular es susceptible de transgredir los derechos a la intimidad y al habeas data,
así en sentencia T-238 de 201878, el alto tribunal expuso:
(…) Una primera tipología distingue entre la información personal y la impersonal. De
conformidad con el literal c) del artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, el dato personal
es “[c]ualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables;
Además, existe una segunda tipología, dirigida a clasificar la información desde un
punto de vista cualitativo, en función de su publicidad y la posibilidad legal de acceder
a la misma, a saber, (i) pública o de dominio público, (ii) semiprivada, (iii) privada, y (iv)
reservada o secreta. La anterior caracterización permite delimitar la información que se
puede divulgar en desarrollo de los derechos fundamentales a la información y el de
75 ARTÍCULO 481.- La información epidemiológica es de carácter confidencial y se deberá utilizar únicamente
con fines sanitarios. El secreto profesional no podrá considerarse como impedimento para suministrar dicha
información.
76 ARTÍCULO 482.- Para solicitar datos o efectuar procedimientos relacionados con investigaciones en el campo
de la salud, cualquier persona o institución requiere de autorización previa del Ministerio de Salud o la entidad
delegada al efecto.
77 Artículo 24. Divulgación de resultados. Todos los responsables del Sistema de Vigilancia en Salud Pública
que desarrollen procesos de análisis de información de salud pública, deberán divulgar los resultados de la
vigilancia en el ámbito de influencia de cada entidad, con el propósito de orientar las acciones que correspondan
frente a la salud colectiva, en la forma y periodicidad que establezca el Ministerio de la Protección Social,
adaptando la información para su difusión, de acuerdo al medio de divulgación, tipo de población y usuarios a
los que se dirige.
78 Corte Constitucional, T-238 de 2018, Sentencia del 26 de junio de 2018, [ Fundamentos de derecho 31 y ss]
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petición, y aquella que, por mandato constitucional, no puede ser revelada, porque de
hacerlo se transgredirían los derechos a la intimidad y al hábeas data.
32.A continuación se describirán los tipos de información anteriormente mencionada,
con énfasis en la información semiprivada, por las especificidades del presente caso:
32.2. La información privada es aquella que por versar sobre información personal y
por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de
autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los
comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas y la información extraída
a partir de la inspección del domicilio.
32.3. La información reservada versa sobre información personal y guarda estrecha
relación con los derechos fundamentales del titular a la dignidad, a la intimidad y a la
libertad, motivo por el cual se encuentra reservada a su órbita exclusiva y “(…) no
puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus
funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados "datos
sensibles" o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la
persona, etc.”[80]
32.4. La información pública es aquella que, según los mandatos de la ley o de la
Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si se trata
de información general, privada o personal. Se trata por ejemplo de los documentos
públicos, las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el
estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Este tipo de
información se puede solicitar por cualquier persona de manera directa y no existe el
deber de satisfacer algún requisito para obtenerla.
32.5. La información semiprivada. Esta Corporación se ha pronunciado sobre los
datos que pueden constituir información semiprivada. En efecto, desde la sentencia T-
729 de 2002[81] reiterada por la sentencia C-337 de 2007[82], la Corte señaló que ésta
se refiere “a los datos que versan sobre información personal o impersonal que no está
comprendida en la regla general anterior, porque para su acceso y conocimiento
presenta un grado mínimo de limitación, de tal forma que sólo puede ser obtenida y
ofrecida por orden de autoridad administrativa o judicial en el cumplimiento de sus
funciones o en el marco de los principios de la administración de datos
personales” (negrilla fuera del texto original).
Los temas en los que la jurisprudencia ha clasificado la información como semiprivada
generalmente se refieren a datos relativos a las relaciones con las entidades de la
seguridad social, al comportamiento financiero de las personas o sus condiciones
médicas. No obstante, este Tribunal ha estudiado otros casos en los que ha tenido que
establecer qué tipo de información puede ser considerada semiprivada. Lo anterior
teniendo en cuenta que como autoridad judicial, la Corte está en la obligación de, en
caso de ser necesario, determinar el tipo de información de la que se trata, teniendo en
cuenta los principios de: veracidad o calidad de los registros o datos, temporalidad de
la información, interpretación integral de los derechos constitucionales, seguridad,
confidencialidad, circulación restringida y finalidad. (…)
29. En este contexto, la información recolectada y procesada por la Secretaría
de Salud no podía ser divulgada con fines distintos a los de vigilancia, investigación
o prevención sanitaria, conforme al artículo 479 de la Ley 9 de 1979 79. Solo podía
79 ARTÍCULO 479.- La información epidemiológica servirá para actualizar el diagnóstico y divulgar el
conocimiento de la situación de salud de la comunidad, para promover la reducción y la prevención del daño en
la salud.
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ser entregada mediante requerimiento de autoridad judicial (artículo 19 del Decreto
3518 de 2006) o con autorización expresa de los titulares de la información personal
(ver L. 1581 de 2012)80. Dado su carácter confidencial, la divulgación de los
resultados de análisis microbiológicos, así como la identidad de las personas
obtenida durante el proceso de vigilancia en salud pública, está protegida por
reserva legal. Su difusión no autorizada puede constituir un hecho dañoso,
susceptible de generar responsabilidad administrativa, conforme al precedente
jurisprudencial de esta corporación81. Además, puede representar una afectación
del habeas data susceptible de constituir una vulneración al debido proceso, según
lo ha señalado el alto tribunal constitucional 82, al considerar que las normas relativas
a la protección de la información personal también constituyen garantías de dicho
derecho fundamental.
30. Retomando las consideraciones anteriores en relación con el caso de
referencia, la Sala observa que el Departamento del Atlántico, a través de su
Secretaría de Salud, en su calidad de autoridad sanitaria, tenía el deber de custodiar
la información obtenida durante las visitas sanitarias realizadas para el control de
calidad de alimentos, conforme a lo dispuesto en el artículo. 76 del Decreto 3075 de
80 Artículo 9°. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento
se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que
pueda ser objeto de consulta posterior.
81Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, CP: Ramiro
Pazos Guerrero, Sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015), Rad: 25000-23-26-000-1999-
01535-01 (25631) [Fundamento de derecho 4.1.2.2.] Ver también: Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, CP: Stella Conto Díaz Del Castillo, Sentencia del cinco (5) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 25000-23-26-000-2001-01774-01(34549)
(ACUMULADO)[Fundamento de derecho 5.2]; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, CP: Stella Conto Díaz Del Castillo, Sentencia del siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
Rad: 20001-23-31-000-2009-00143-02(40592) [ Fundamento de derecho 7.2.3]., Subsección C, Sentencia del
8 de agosto de 2023, rad. 2500023260002011-000253-01(51428) acumulado 2500023260002010000941-
01(51406), CP Guillermo Sánchez Luque.
82 Corte Constitucional, Sentencia del 16 de octubre de 2008, C-2011 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
(…)3.2.4. Frente a los usuarios, el artículo [ el artículo 6 de la L. 1266 de 2008] permite que los titulares puedan
solicitar información sobre la utilización que el usuario le está dando a la información, cuando dicha información
no hubiere sido suministrada por el operador. Además, confiere al sujeto concernido la potestad de solicitar
prueba de la autorización, cuando ella sea requerida conforme lo previsto en la normatividad estatutaria. Por
último, el precepto contempla en su parágrafo que los titulares de la información podrán acudir ante la autoridad
de vigilancia para presentar quejas contra las fuentes, operadores o usuarios por violación de las normas sobre
administración de la información financiera y crediticia. Así mismo, pueden acudir ante la autoridad de vigilancia
para pretender que se ordene a un operador o fuente la corrección o actualización de sus datos personales,
cuando ello sea procedente conforme lo establecido en la presente ley.
Las anteriores disposiciones toman la forma de garantías de debido proceso y protección de datos que no
riñen con la Constitución, sino que, establecen obligaciones jurídicas necesarias para que el titular pueda ejercer
adecuadamente las competencias constitucionales de actualización, conocimiento y rectificación de sus datos
personales. (…) [ Negrilla por fuera del original]
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199783, arts.39 y 41 del Decreto 3518 de 2006 y art. 16 D. 539 de 2014 84. En otras
palabras, el Departamento del Atlántico era la entidad territorial responsable del
tratamiento de los datos85, por lo que la divulgación de la información confiada en
virtud de sus competencias legales y reglamentarias le resulta imputable como una
falla en el servicio, ante la infracción de los deberes que tenía como custodia de
esos datos. Esto aplica incluso si dicha información fue remitida a un órgano de
control, como la Defensoría del Pueblo, que posteriormente la difundió en el informe
titulado “Alimentación Escolar: Resultado de las Visitas Aleatorias de la Defensoría
del Pueblo en los Departamentos del Atlántico, Chocó y La Guajira86, en la medida
que debió haber advertido al referido órgano de control, el carácter confidencial y
reservado de la información contenida en el informe entregado y prevenirlo sobre
su imposibilidad de divulgarla (art. 32 Decreto 103 de 201587).
31. En efecto, aunque las autoridades y los particulares tienen el deber de
suministrar la información necesaria para el ejercicio efectivo de las funciones del
Defensor del Pueblo, sin que puedan alegar reserva alguna, salvo en los casos
previstos por la Constitución (art. 15 de la Ley 24 de 199288), dicho deber debe ser
ponderado frente a los principios constitucionales que protegen la confidencialidad
de los datos epidemiológicos y sanitarios89. Esta información, por su naturaleza
83 ARTICULO 76.- REGISTRO DE LA INFORMACION.- Las Entidades Territoriales deberán llevar un registro
sistematizado de la información de los resultados de las visitas practicadas a los establecimientos objeto del
presente decreto, toma de muestras, resultados de laboratorio, la cual estará disponible para efectos de
evaluación, seguimiento, control y vigilancia sanitarios.
84 Artículo 16. Inspección, Vigilancia y Control. Corresponde al Invima ejercer las funciones de inspección,
vigilancia y control, en coordinación con las Direcciones Territoriales de Salud, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley 1122 de 2007 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, y en desarrollo del Modelo
de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
LEY 24 DE 1992, ARTÍCULO 15. Todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya
atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, deberán suministrar la información necesaria para el
efectivo ejercicio de las funciones del Defensor, sin que les sea posible oponer reserva alguna, salvo los casos
que la Constitución lo disponga. La información deberá ser suministrada en un plazo máximo de cinco días.
85 Ley Estatutaria 1581 de 2012 «(…) Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende
por: (…) e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o
en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;(…)»
86 FF. 1011- 1086 CP
87 Artículo 32. Coordinación interinstitucional. Si un sujeto obligado remite o entrega información pública
calificada como clasificada o reservada a otro sujeto obligado, deberá advertir tal circunstancia e incluir la
motivación de la calificación, para que este último excepcione también su divulgación.
88 ARTÍCULO 15. Todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o
adjudicado la prestación de un servicio público, deberán suministrar la información necesaria para el efectivo
ejercicio de las funciones del Defensor, sin que les sea posible oponer reserva alguna, salvo los casos que la
Constitución lo disponga. La información deberá ser suministrada en un plazo máximo de cinco días.
89 Un análisis cercano se efectuó frente a las finalidades del DAS la recolección y difusión irregular por parte de
los funcionarios del DAS, sobre información sometida a reserva, en relación con los magistrados de la CSJ. Ver
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 8 de
agosto de 2023, rad. 2500023260002011-000253-01(51428) acumulado 2500023260002010000941-
01(51406), CP Guillermo Sánchez Luque, «(…)Según lo probado, funcionarios del DAS, en ejercicio de sus
funciones de inteligencia del Estado y en provecho de sus cargos y del acceso que tenían a todos los
documentos y bases de datos de la Administración, interceptaron sesiones -que no eran públicas- de la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia, obtuvieron información reservada de procesos penales de trascendencia
nacional, recolectaron información de los magistrados de la Sala de Casación Penal y, de forma irregular la
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personal y sensible, está destinada exclusivamente a fines de vigilancia, prevención
e intervención en salud pública, según lo previsto por el legislador. En consecuencia,
su tratamiento y divulgación90 deben respetar los límites impuestos por el derecho
a la intimidad, el hábeas data y la finalidad específica para la cual fue recolectada.
Ahora bien, es preciso destacar que en el presente caso la información recolectada
por la Secretaría de Salud tenía carácter reservado, tanto por contener datos
personales como por su naturaleza epidemiológica. Aunque su tratamiento estaba
autorizado para las autoridades administrativas competentes, su divulgación era
una facultad exclusiva de las autoridades sanitarias y requería, además, la
autorización expresa de los titulares de la información personal. Estos debían ser
informados sobre el uso que se le daría a sus datos, conforme a lo dispuesto en el
literal m del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.
32. Además, como se especificó anteriormente, la divulgación de la información
epidemiológica es una facultad exclusiva de las autoridades sanitarias autorizadas
por la ley, con fines estrictamente de salud pública, como lo es para prevenir riesgos
sanitarios – ej. Art 75 Decreto. 3518 de 200691-. Así la falla del servicio incurrida por
la entidad demandada se explica ante el tratamiento indebido de los datos
personales y epidemiológicos recaudados en el ejercicio de sus competencias de
vigilancia sanitaria. Ello en la medida que no informó a la Defensoría de Pueblo el
carácter reservado de dicha información, a efecto que este organismo de control se
abstuviera de divulgarla -art. 32 Decreto 103 de 201592)-y /o no anonimizó los datos
personales que fueron compartidos, tampoco informó a los titulares de la
información personal ni obtuvo su autorización -art. 31 del Decreto 103 de 201593-,
dieron a conocer a los medios de comunicación. Con estas actividades, desconocieron el carácter de secreto y
la reserva legal de los datos recolectados Además se probó que no existía relación entre la información y la
toma de decisiones o formulación de políticas públicas de seguridad interior o exterior, pues el objetivo era
desprestigiar a los magistrados. Desconocieron la naturaleza, finalidad y funciones del DAS, pues sus
actividades no pretendían lograr el bienestar de la sociedad, garantizar la seguridad del Estado, ni mantener el
régimen democrático (…)» [ Fundamento de derecho 24]. También ver Corte Constitucional [ Fundamentos de
derecho 61 72
90 Liretal e), art. 6 Ley 1712 de 2014. Publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una forma de acceso
general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión
91 Artículo 75. Publicidad de los hechos para prevenir riesgos sanitarios. La s autoridades sanitarias podrán dar
publicidad a los hechos que, como resultado del incumplimiento de las disposiciones sanitarias, deriven riesgos
para la salud de las personas con el objeto de prevenir a la comunidad.
92 Artículo 32. Coordinación interinstitucional. Si un sujeto obligado remite o entrega información pública
calificada como clasificada o reservada a otro sujeto obligado, deberá advertir tal circunstancia e incluir la
motivación de la calificación, para que este último excepcione también su divulgación.
93 Artículo 31. Existencia y divulgación integral o parcial de la información. Si un mismo acto o documento
contiene información que puede ser divulgada e información clasificada o reservada, el sujeto obligado debe
revelar los datos no protegidos y presentar los fundamentos constitucionales y legales por los que retiene los
datos que no puede divulgar.
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u opuso el carácter constitucional de reserva que pesa sobre dicha información por
motivos de salud pública.
33. En ese orden de ideas, resulta imputable al Departamento del Atlántico –
Secretaría de Salud el daño causado a los derechos fundamentales a la intimidad y
al hábeas data de la fundación demandante, al verificarse que, en el caso concreto,
no se otorgó un manejo adecuado a los datos recolectados en el ejercicio de sus
funciones de vigilancia sanitaria.
Liquidación de perjuicios
34. Atendiendo que la decisión de primera instancia denegó las pretensiones de
la demanda y fue recurrida por la parte demandante, procede la Sala a pronunciarse
sobre los perjuicios solicitados en la demanda con sujeción al artículo 281 del CGP.
35. Como perjuicios materiales, en la demanda se solicitó como indemnización,
en la modalidad de: i) daño emergente, el pago de 200 SMLMV, por concepto de
honorarios profesionales de abogados contratados por la Fundación Enlace «(…)
durante todo el proceso extrajudicial y judicial (futuro) para resarcir o reparar su
derecho a bueno(sic) nombre (…)»; ii) lucro cesante, la suma de 1000 SMLMV, por
concepto de pérdida de oportunidad por los dineros dejados de percibir por la
Fundación Enlace con los contratos del PAE.
En lo que tiene que ver con la petición de solicitar los honorarios, pese aportarse el
contrato de mandato civil con representación Ref.CMC-0003-2015-0994, se recalca
que además de acreditarse la prestación efectiva del servicio del abogado debe
aportarse la factura (art. 615 y 167 Estatuto Tributario) o documentos equivalentes,
así como la prueba del pago95. En lo que se refiere a la solicitud de reconocimiento
Los sujetos obligados podrán tachar los apartes clasificados o reservados del documento, anonimizar,
transliterar o editar el documento para suprimir la información que no puede difundirse; abrir un nuevo
expediente con la información pública que puede ser divulgada; o acudir a las acciones que sean adecuadas
para cumplir con su deber de permitir el acceso a toda aquella información que no esté clasificada o reservada,
teniendo en cuenta el formato y medio de conservación de la información.
94 FF.37-43 C1
95 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 18 de
julio de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación No. 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572);
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 10
de septiembre de 2021. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Radicación No. 76001-23-33-000-2012-00667-
01(52894); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B.
Sentencia del 8 de septiembre de 2021. C.P. Alberto Montaña Plata. Radicación No. 25000-23-26-000-2009-
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de lucro cesante, la Sala reitera los motivos por los cuales dicha petición resultaba
improcedente reconocerse y discutirse, a través del presente medio de control y en
virtud de la litis propuesta (ver ut supra)
36. Precisado lo anterior, se identifica que en la demanda se solicitó condenar a
la entidad demandada en la suma de 100 SMLMV, como consecuencia de los
perjuicios morales, derivados por el desprestigio, el escarnio público y el daño al
buen nombre de la Fundación Enlace. No obstante, la Sala tampoco accederá a
esta petición, en la medida que no se aportó ningún medio de convicción para
acreditarlo, además que en el antecedente de la corporación se considera que las
personas jurídicas, por regla general, no son susceptibles de padecer esta clase de
afectación dada su inhabilidad afectiva para percibir sentimientos de aflicción,
angustia o congoja 96.
Por último, en la demanda se solicitó que se ordene al Departamento de Atlántico-
Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico- Subsecretaría de Salud
Pública,
«(…) rectificar la información entregada a la opinión pública y demás autoridades, y
por contera, se proceda a publicar en diversos medios de comunicación de carácter
nacional, regional y local que los análisis de las 210 muestras tomadas en los
procesos de inspección, vigilancia y control adelantados durante los años 2014 y
2015 en las distintas Instituciones Educativas, Centros de Desarrollo Integral CDI y
Hogares Infantiles del departamento del Atlántico no son determinantes y se
recaudaron con violación del derecho de defensa y contradicción. Particularmente,
en aquellas instituciones educativas y centros donde el PAE era operado por la
UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR, no son concluyentes por haber sido obtenidas
con violación del debido proceso del operar(sic) y por ende, de la FUNDACIÓN
ENLACE-FUNDAENLACE, en su condición constituyente de aquella. (…)»
37. En esta medida, se aprecia por la Sala que la lesión ocasionada a la intimidad
de la sociedad demandante se enmarca en la categoría de la afectación o
vulneración relevante de bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados, reconocida por la Sala Plena de la Sección
00459-01(47210); Subsección C. Sentencia del 19 de diciembre de 2020. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
Radicación No. 23001-23-31-000-2010-00039-01(47554), entre otros.
96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30
de agosto de 2024, rad. 250002336000201301338-01(62952), CP María Adriana Marín; Subsección A,
Sentencia del 12 de junio de 2013, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera, rad: 25000-23-26-000-2002-01795-
01(27199). [ Fundamento de derecho a]Por regla general, se ha entendido que el daño moral es de carácter
eminentemente subjetivo, personal, íntimo, integrado por todas aquellas manifestaciones psicológicas, afectivas
o emocionales que se sufren de manera antijurídica y que no son constatables, de forma directa, en su ámbito
económico; por ello, se ha asumido que, por regla general, las personas jurídicas no padecen esta clase de
daños, por cuanto carecen de la capacidad afectiva y sentimental sobre la cual pudiere recaer el perjuicio de tal
raigambre, sin que, en estos casos, haya lugar a identificar la situación de la persona jurídica con la de las
personas naturales que la integran, pues, para todos los efectos, se trata de sujetos diferentes entre sí.
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Tercera de esta Corporación el 28 de agosto de 201497. En este sentido, se privilegia
la reparación no pecuniaria y solo en casos excepcionales se avizora la procedencia
de medidas pecuniarias98.
En dicho sentido, al considerarse que la información divulgada no resultó falsa ni
errónea, pero si vulneró la confidencialidad y por ende la intimidad y el debido
proceso de la fundación demandante, la Sala accederá a la solicitud de la actora,
con la precisión que no se ordenará una rectificación de información, en la medida
que se reveló información relativa a la misma que tenía el carácter de confidencial,
que no era inexacta ni falsa. Debe recordarse, que en la jurisprudencia
constitucional99 reconocido que las personas jurídicas también son titulares del
derecho al habeas data y que este derecho, incluso en su caso, guarda una relación
directa con su intimidad y buen nombre100.
Como se indicó anteriormente, la divulgación de la información relativa a las
instituciones en las que se detectó contaminación de alimentos no respetó las
restricciones especiales previstas por el legislador, quien limitó su difusión
exclusivamente a las autoridades sanitarias y únicamente por motivos de salud
pública.
En el caso concreto, no existió una justificación válida para la divulgación de los
resultados microbiológicos obtenidos por el ente territorial, los cuales no fueron
97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de
agosto de 2014, radicación número: 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988)[ Fundamento de derecho 15.1].
98 Ib. F(…) iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se
privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales
cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá
otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una
medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido
reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional
a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.(…)
99 A título de ilustración vale la pena referir la sentencia de la Corte Constitucional del 6 de octubre de 2011, C-
748- 2011. [Fundamento de derecho 2.5.6.3], allí se precisó: (…) 2.5.6.3.Por otra parte, llama la atención de la
Sala que la definición del literal c) se restrinja a los datos de las personas naturales. Por tanto, la definición
pareciera reñir, en principio, con algunos pronunciamientos de esta Corporación en los que se ha admitido que
las personas jurídicas también pueden ser titulares del derecho al habeas data, como la sentencia T-462 de
1997[187] y C-1011 de 2008[188].Sin embargo, en sentir de la Sala, no se trata de una restricción que desconozca
la doctrina constitucional sobre la protección del habeas data en cabeza de las personas jurídicas, ni el principio
de igualdad. Ciertamente, la garantía del habeas data a las personas jurídicas no es una protección autónoma
a dichos entes, sino una protección que surge en virtud de las personas naturales que las conforman. Por tanto,
a juicio de la Sala, es legítima la referencia a las personas naturales, lo que no obsta para que, eventualmente,
la protección se extienda a las personas jurídicas cuando se afecten los derechos de las personas que la
conforman. (…). Ver también C-1011 de 2008,
100 Corte Constitucional, Sentencia del 26 de junio de 2018, T-238 de 2018, CP Gloria Stella Ortiz Delgado, [
Fundamento de derecho 30.] (…) Con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala reitera que de
conformidad con el artículo 15 de la Carta Política y la jurisprudencia constitucional, todas las personas incluidas
las jurídicas, tienen derecho a la protección de sus derechos fundamentales al hábeas data, a la intimidad
personal, al buen nombre, a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas. (…)
35
Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
Demandante: Fundación por una Colombia Digna
Demandado: Departamento del Atlántico
Proceso: Reparación Directa
empleados para imponer medidas de seguridad orientadas a la protección de la
salud pública (art. 576 de la Ley 9 de 1979 y Decreto 1545 de 1998), ni para iniciar
un proceso sancionatorio con el fin de aplicar alguna de las sanciones previstas en
los artículos 577 y siguientes de la Ley 9 de 1979, en un contexto donde la autoridad
sanitaria debía verificar los hechos (art. 55 del Decreto 1545 de 1998) garantizando
el debido proceso y el derecho de contradicción101, así como constatar la existencia
de riesgos para la salud que justificaran la divulgación de la información recaudada
con fines preventivos (art. 68 del Decreto 1545 de 1998102).
De lo anterior se colige que la divulgación de la información vulneró los derechos de
la fundación demandante, al no estar amparada en los motivos previstos por el
legislador para su difusión, especialmente al no haberse empleado para prevenir
riesgos en salud pública. En efecto, la divulgación de datos epidemiológicos por
entes públicos o privados sin competencia legal ni capacidad técnica para valorar
circunstancias de carácter sanitario dio lugar a la difusión de información
inconcluyente respecto de una posible violación de medidas sanitarias por parte de
la UT Alimentar, lo cual, lejos de contribuir a la protección de la salud, constituye
una práctica que puede desalentar la colaboración de los particulares con los
procedimientos de vigilancia sanitaria.
En el presente caso, se advirtió la ausencia de un procedimiento sanitario que
permitiera establecer la causa de la contaminación de alimentos evidenciada por la
Secretaría de Salud del Atlántico entre los años 2014 y 2015, y, a pesar de la
intervención de la Defensoría del Pueblo y de las denuncias realizadas por medios
de comunicación, como lo evidenció la interventoría en agosto de 2015, aún
persistía el suministro de alimentos contaminados. En consecuencia, se vislumbra
que los hallazgos microbiológicos publicados no eran concluyentes para valorar
jurídicamente la conducta de la fundación demandante.
En este sentido la Sala condenará a la entidad demandada a enviar un documento
de excusas a la fundación demandante, por los inconvenientes derivados de la
revelación indebida de la información confidencial, relativa a los resultados de las
101 En efecto el decreto 1545 de 1998, prevé la posibilidad de rendir descargos y aportar pruebas dentro de los
procedimientos sancionatorios administrativos
102 (…) Artículo 68. Información preventiva. Cuando del incumplimiento de las disposiciones del presente
decreto, se deriven riesgos para la salud de las personas, deberá divulgarse o informarse de tal hecho para
prevenir a los usuarios.(…)
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Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
Demandante: Fundación por una Colombia Digna
Demandado: Departamento del Atlántico
Proceso: Reparación Directa
muestras microbiológicas recopiladas en la vigilancia sanitaria efectuada Programa
de Alimentación Escolar (PAE), en el año 2015. De igual forma, la Sala dispondrá
que se consulte a la fundación demandante, para que, si así lo dispone y como
medida de satisfacción, se ordene a al Departamento del Atlántico, publicar dichas
disculpas en su sitio web institucional, así como exponer que dichos resultados, no
suponen una actuación concluyente, al no haberse concluido ninguna actuación
sanitaria sobre los mismos.
En virtud de lo anterior, para esta Sala de Subsección, se desvirtuaron los
razonamientos de la sentencia proferida el 18 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral-Sección B, para negar las
pretensiones de la demanda. Por lo cual, hay lugar a revocar esta decisión y en su
lugar, se dispondrá a acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Costas
38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.
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Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
Demandante: Fundación por una Colombia Digna
Demandado: Departamento del Atlántico
Proceso: Reparación Directa
En atención a lo dicho, la Sala condenará en costas a la parte demandada pero no
fijará suma de agencias en derecho en segunda instancia a cargo de esta, por
observarse que, en el desarrollo de esta etapa procesal, actos de gestión judicial
con posterioridad a la interposición del recurso de apelación. Por otro lado, al.
prosperado parcialmente el recurso de apelación, se mantendrá la decisión del a
quo de no condenar en costas, en primera instancia, habida cuenta, no se configuró
el evento previsto en el numeral 4 del artículo 365 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 18 de febrero de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral-Sección B-, y en su
lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad extracontractual del Departamento del
Atlántico – Secretaría de Salud, por la divulgación indebida de información
epidemiológica confidencial, correspondiente a los resultados de laboratorio de las
muestras microbiológicas recolectadas en el marco de la vigilancia sanitaria
realizada al Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el año 2015, en las
instituciones educativas donde la demandante —como integrante de la Unión
Temporal Alimentar— suministró alimentos.
TERCERO: CONDENAR, como resultado de la anterior declaración al
Departamento del Atlántico- Secretaría de Salud a enviar, memorial escrito de
excusas a la fundación demandante, por los inconvenientes derivados de la
revelación indebida de la información confidencial, relativa a los resultados de las
muestras microbiológicas recopiladas en la vigilancia sanitaria efectuada Programa
de Alimentación Escolar (PAE), en el año 2015. De igual forma, la Sala dispondrá
que se consulte a la fundación demandante, para que, si así lo dispone y como
medida de satisfacción, se ordene a al Departamento del Atlántico, publicar dichas
disculpas en su sitio web institucional, así como exponer allí que dichos resultados,
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Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)
Demandante: Fundación por una Colombia Digna
Demandado: Departamento del Atlántico
Proceso: Reparación Directa
no suponen una actuación concluyente, al no haberse concluido ninguna actuación
sanitaria sobre los mismos.
CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO. Sin condena en costas en primera instancia, por lo motivos expuestos.
SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia, sin fijación
de agencias en derecho en segunda instancia
SEPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/docume
ntos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de
validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de
tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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