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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25001-23-33-000-2014-01144-01

Caducidad de la acción

Fecha
4 de diciembre de 2020
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25001-23-33-000-2014-01144-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR, de oficio, la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto del Oficio OSG N° 0767 del 6 de marzo de 2008, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en las demás partes la sentencia del 28 de abril de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte actora, en favor de la entidad demandada Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Para el efecto, las agencias en derecho de la segunda instancia se fijan en la suma de cuatro millones ciento noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($4.195.845) a favor de la entidad accionada. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. QUINTO: Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \t "_blank" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25001-23-33-000-2014-01144-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

4 de diciembre de 2020

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIOS DE CONTROL / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En primer lugar, se pretende la reparación del perjuicio material -lucro cesante- sufrido con ocasión de la remoción del cargo de magistrada de tribunal que tuvo la señora (…) a raíz de la compulsa de copias ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, (…) En relación con este primer punto, la Sala debe señalar que operó la caducidad, por las siguientes razones. (…) En la demanda se parte de justificar la procedencia del medio de control de reparación directa, toda vez que en el presente asunto no se debate la legalidad del acto administrativo por medio del cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia removió del cargo de magistrada de tribunal a la señora (…) sino los perjuicios ocasionados con unas actuaciones de esa Corporación judicial, (…) Como puede advertirse, los fundamentos de la responsabilidad expresados en la demanda parten del reconocimiento de la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para remover del cargo a la accionante, pero cuestiona sus fundamentos, al sostener que se trata de una decisión basada en un juicio a priori de responsabilidad penal efectuado por la citada corporación judicial. En efecto, en la demanda se señala que, si bien la accionante debía soportar la carga impuesta por la existencia de investigaciones penales y disciplinarias en su contra, la remoción del cargo de magistrada con base en la existencia de esas investigaciones fue una decisión desproporcionada, en la medida en que se adoptó sin que se hubiera dado un pronunciamiento condenatorio. Para la Sala, esos argumentos están encaminados a controvertir las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la decisión de remoción, en la medida en que se cuestiona el haber revocado el nombramiento de la demandante, con base en la mera existencia de investigaciones en su contra. De este modo, se considera que, para un correcto abordaje de esas imputaciones, tendría que efectuarse un estudio sobre la juridicidad de la motivación con que se profirió el acto de retiro, en el sentido de precisar la plausibilidad jurídica de sus fundamentos fácticos y normativos, cuestión que corresponde a un juicio de nulidad -falsa motivación- y restablecimiento del derecho y no a uno de reparación directa. La jurisprudencia de la Corporación ha establecido que la escogencia de los medios de control en ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta Jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido. Y aunque también ha reconocido que el medio de control de reparación directa procede excepcionalmente cuando se pretende la condena por los perjuicios causados con la expedición y ejecución de un acto administrativo, esto se ha dicho bajo el entendido de que no se cuestione su legalidad, pues en tal situación el medio de control idóneo para reclamar el reconocimiento de tales perjuicios es el de nulidad y restablecimiento del derecho.De acuerdo con lo expuesto, no era procedente el medio de control de reparación directa, por cuanto los argumentos de la demanda están encaminados a desvirtuar la legalidad de un acto administrativo por deficiencias en su motivación relacionadas con la ausencia de razones válidas para la remoción en el cargo de magistrada de tribunal. De este modo, como la fuente del supuesto daño se sitúa en un acto administrativo que se cuestiona, en lo que se refiere a este proceso, su impugnación se debió entablar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, dado que el Oficio (…) mediante el cual se revocó el nombramiento de la accionante en el cargo de magistrada de tribunal (…) no tiene constancia de notificación o comunicación a la demandante, la fecha a partir de la cual se computa el término de caducidad en el presente asunto es el 9 de marzo de esa anualidad, por ser el día en el que, según se sostuvo en el hecho primero de la demanda la señora (…) cesó sus funciones como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá. De este modo, la oportunidad para impetrar la demanda de nulidad y restablecimiento (…) se entiende que operó la caducidad y así se declara en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver, Sala en providencia del 19 de julio de 2007, expediente 33628, Consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio, auto del 12 de mayo de 2016, Exp. 68001-23-33-000-2015-00511-01 (55032); auto del 10 de diciembre de 2014, Exp. 76001-23-33-000-2014-00387-01 Consejero ponente Hernán Andrade Rincón (E). Conejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 27 de febrero de 2019, Exp. 60161.

PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PERJUICIO INMATERIAL / DAÑO MORAL / DAÑO AL BUEN NOMBRE / PRENSA / ARTÍCULOS DE PRENSA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PUBLICACIÓN EN PRENSA / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO

En la demanda también se pretendió la reparación del perjuicio inmaterial -moral- derivado de la afectación al buen nombre que sufrió la demandante con ocasión de la publicación de dos notas de prensa en las que se informó de las decisiones adoptadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -compulsa de copias y remoción del cargo de magistrada. Al respecto, en la demanda se consideró que, si bien las publicaciones se efectuaron los días 8 y 16 de marzo de 2008, el cómputo de la caducidad debía hacerse desde la fecha en que la señora fue absuelta en las investigaciones penal y disciplinaria, toda vez que fue a partir de esa época en que se tuvo conocimiento del carácter antijurídico del daño alegado, consistente en la afectación al buen nombre. Sin perjuicio del análisis que, sobre la existencia del daño que se hace páginas más adelante, para la Sala son de recibo los argumentos esgrimidos por la accionante en el sentido de comprender que, según se plantea en el libelo introductorio, la señora (…) solamente tuvo certeza del carácter antijurídico de la afectación al buen nombre cuando se archivaron las investigaciones que se adelantaban en su contra. Así las cosas, si se tiene en cuenta que la providencia mediante la cual se archivó la investigación que se surtía contra la señora (…) fue proferida el 13 de septiembre de 2012 (…) el término de caducidad corría hasta el 13 de septiembre de 2014. Y como la demanda fue presentada el 12 de agosto de 2014(…) se entiende que el derecho de acción se ejerció oportunamente.

DAÑO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DERECHO AL BUEN NOMBRE / DAÑO AL BUEN NOMBRE / PRUEBA DOCUMENTAL / PRENSA / PERIÓDICO / PUBLICACIÓN EN PRENSA / PRUEBA / REQUISITOS DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / UTILIDAD / LICITUD DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE DAÑO

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. En este sentido, la situación que debe acreditarse como condición sine qua non para continuar con el juicio de responsabilidad patrimonial de la accionada es la afectación al buen nombre que alega haber sufrido la señora (…) con ocasión de la publicación de unas notas de prensa en los periódicos Nuevo Siglo y El Tiempo, (…) el artículo 167 del Código General del Proceso (…) conjugado con lo previsto en el artículo 168 del mismo estatuto procesal, impone a los extremos de la relación procesal la carga de acreditar los hechos que son objeto de controversia en el litigio, mediante los medios de prueba que cumplan con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. (…) se advierte que en el presente asunto no se acreditó la afectación al buen nombre, en la medida en que la información publicada en las notas de prensa obrantes en el plenario no fue errónea y no presentó a la señora (…) como autora de un delito o infracción disciplinaria. (…) Dicho esto, la Sala observa que, en aplicación de los criterios jurisprudenciales reseñados en párrafos anteriores, los recortes de prensa aportados con la demanda, pese a tener el valor probatorio que se le asigna a los documentos en la medida en que son publicaciones que contienen declaraciones de servidores públicos, en sí mismos no constituyen la prueba de una afectación al buen nombre, toda vez que en ellos se publica información veraz que no presenta a la señora (…) como autora de un hecho punible, sino que simplemente comunican la existencia de unas investigaciones. Finalmente, la Sala pone de presente que ni aún apreciando los mencionados recortes de prensa con los demás documentos obrantes en el plenario, puede tenerse como acreditado el daño antijurídico alegado. (…) Por lo expuesto, la Sala mantendrá incólume la decisión de negar las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que la parte actora no demostró la existencia de un daño antijurídico.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver: Auto del 5 de mayo de 2009, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080074200, auto del 9 de septiembre de 2009, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080074100, auto del 9 de abril de 2010, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080073800, auto del 5 de mayo de 2010, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080074400, auto del 12 de mayo de 2010, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080073900

PRUEBA / ALCANCE DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / MEDIOS DE COMUNICACIÓN / PRENSA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / HECHO NOTORIO / DERECHO AL BUEN NOMBRE / DAÑO AL BUEN NOMBRE / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO

[E]sta Corporación se pronunció sobre el alcance o valor probatorio de las noticias, opiniones, reportajes y columnas que se publican en los medios de comunicación, en el sentido de fijar una regla según la cual estos medios de prueba son representativos del hecho que se dice registrar, pero no sirven para probar, por sí solos, la existencia de lo que en ellos se plasma, dice, narra o cuenta, de manera que, para que tengan valor probatorio deben ser valorados en conjunto con otros medios de prueba que sean idóneos para determinar la veracidad de su contenido. A esta postura se le añadieron dos excepciones mediante sentencia del 14 de julio de 2015, según las cuales esos medios de prueba tienen valor probatorio cuando informan acerca de hechos notorios o cuando contienen declaraciones de servidores públicos. (…) En consonancia con esa tesis jurisprudencial, la Corporación ha decidido varios casos en los que se pretendió la reparación de los perjuicios causados con ocasión de la afectación al buen nombre del demandante y se aportaron recortes de prensa como medio de prueba de ese daño. (…) con la sola aportación de la copia de las publicaciones había prueba suficiente de la vulneración del derecho al buen nombre, toda vez que en esos reportes, publicados en medios oficiales o en notas de prensa basados en declaraciones de servidores públicos, se presentó a los investigados como infractores o delincuentes, es decir, no se habló en términos de presunta comisión del delito o falta disciplinaria. Así las cosas, la Sala observa que a las notas de prensa aportadas por la parte actora se les debe reconocer, autónomamente, el carácter de prueba documental, en la medida en que contienen declaraciones del entonces Fiscal General de la Nación y del otrora presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver jurisprudencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de 2012, Exp. 110010315000201101378-00 consejera ponente; Susana Buitrago Valencia, Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de julio de 2015, Exp. (SU)11001031500020140010500 consejera ponente: Alberto Yepes Barreiro, aso Radilla Pacheco Vs. Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Es importante advertir que esta regla que el Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa, expuso en la providencia de 2012, es la misma que ha defendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1988, en las decisiones reseñadas en otros apartes de esta providencia. Sobre este punto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2020, Exp. 49611. Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (e); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de febrero de 2019, Exp. 53009. Consejero ponente. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2018, Exp. 44145. Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de abril de 2017, Exp. 47751. Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de octubre de 2016, Exp. 43525. Consejero ponente. Marta Nubia Velásquez Rico. Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de febrero de 2020, Exp. 46731. Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (e); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Exp. 53852. Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 2018, Exp. 40434B. consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2017, Exp. 31534. Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo de 2017, Exp. 42831. Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Exp. 21288. Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo.

DERECHO AL BUEN NOMBRE / DAÑO AL BUEN NOMBRE / ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / PRUEBA / ALCANCE DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN / PRUEBA DOCUMENTAL / DAÑO ANTIJURÍDICO

Mediante sentencia del 29 de mayo de 2012, esta Corporación se pronunció sobre el alcance o valor probatorio de las noticias, opiniones, reportajes y columnas que se publican en los medios de comunicación, en el sentido de fijar una regla según la cual estos medios de prueba son representativos del hecho que se dice registrar, pero no sirven para probar, por sí solos, la existencia de lo que en ellos se plasma, dice, narra o cuenta, de manera que, para que tengan valor probatorio deben ser valorados en conjunto con otros medios de prueba que sean idóneos para determinar la veracidad de su contenido. (…) A esta postura se le añadieron dos excepciones mediante sentencia del 14 de julio de 2015, según las cuales esos medios de prueba tienen valor probatorio cuando informan acerca de hechos notorios o cuando contienen declaraciones de servidores públicos. (…) En consonancia con esa tesis jurisprudencial, la Corporación ha decidido varios casos en los que se pretendió la reparación de los perjuicios causados con ocasión de la afectación al buen nombre del demandante y se aportaron recortes de prensa como medio de prueba de ese daño. En algunos fallos se negaron las pretensiones debido a la ausencia de elementos de convicción que sirvieran para acreditar la afectación al bien jurídico cuya protección se deprecó , mientras que en otras se entendió que con la sola aportación de la copia de las publicaciones había prueba suficiente de la vulneración del derecho al buen nombre, toda vez que en esos reportes, publicados en medios oficiales o en notas de prensa basados en declaraciones de servidores públicos, se presentó a los investigados como infractores o delincuentes, es decir, no se habló en términos de presunta comisión del delito o falta disciplinaria. Así las cosas, la Sala observa que a las notas de prensa aportadas por la parte actora se les debe reconocer, autónomamente, el carácter de prueba documental, en la medida en que contienen declaraciones del entonces Fiscal General de la Nación y del otrora presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esa sola consideración no es fundamento suficiente para declarar la responsabilidad de la accionada, por cuanto aún debe analizarse si las mencionadas publicaciones tuvieron la virtualidad de causar el daño antijurídico alegado.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sobre el tema, Corte Constitucional, Sentencia T-471 de 1994. Magistrado ponente: Hernando Herrera Vergara. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 23478. Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de octubre de 2016, Exp. 34357. Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón.

PRUEBA / ALCANCE DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / MEDIOS DE COMUNICACIÓN / PRENSA / ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / DERECHO AL BUEN NOMBRE

[L]a Sala observa que, en aplicación de los criterios jurisprudenciales reseñados en párrafos anteriores, los recortes de prensa aportados con la demanda, pese a tener el valor probatorio que se le asigna a los documentos en la medida en que son publicaciones que contienen declaraciones de servidores públicos, en sí mismos no constituyen la prueba de una afectación al buen nombre, toda vez que en ellos se publica información veraz que no presenta a la señora (…) como autora de un hecho punible, sino que simplemente comunican la existencia de unas investigaciones. (…) la Sala pone de presente que ni aún apreciando los mencionados recortes de prensa con los demás documentos obrantes en el plenario, puede tenerse como acreditado el daño antijurídico alegado. A esa conclusión se arriba si se tiene en cuenta que los otros medios probatorios lo único que acreditan es (i) el periodo de funcionamiento de la Sala Penal de Descongestión para Foncolpuertos y el salario devengado por los magistrados que la conformaron -oficios (…) (ii) la compulsa de copias efectuada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -providencia (…) (iii) la notificación a la señora (…) de la remoción en el cargo de magistrada de tribunal (…) y (iv) el archivo de la investigación penal -providencia del 13 de septiembre de 2012 (…) cuestiones todas que no guardan relación con el menoscabo a la reputación o el concepto que de una persona tienen los demás, a que alude la afectación al buen nombre. (…) la Sala mantendrá incólume la decisión de negar las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que la parte actora no demostró la existencia de un daño antijurídico.

COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES

La Sala advierte que estos argumentos no se abren paso, sino que se confirmará la condena costas de la primera instancia y se impondrán las respectivas en la segunda, por las razones que pasan a exponerse. (…) A diferencia de lo que sucedía en vigencia del artículo 55 de la Ley 446 de 1998, en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso, se consagra un régimen objetivo de la condena en costas, según el cual debe imponerse su pago a la parte vencida en la respectiva instancia, sin que deba observarse cuál fue la conducta procesal desplegada, con la excepción de los eventos en que se trate de un interés público. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso (…) vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4° del artículo 366 del mismo estatuto procesal. (…) la Sala no encuentra sustento a lo expresado por el impugnante en cuanto a que no podían ser fijadas las costas en el fallo de primer grado, puesto que, de conformidad con las normas en cita, la condena en costas sí debe incluirse en la providencia que ponga fin a la respectiva instancia, bajo un régimen objetivo que alude a una imposición directa por el hecho de haber sido vencido en el proceso (…) si la parte actuó a nombre propio y aun así tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado que lo representara, igual razonamiento debe aplicarse cuando se trata de entidades públicas que actúan a través de un apoderado que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55 / CPACA - ARTÍCULOS 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 25001-23-33-000-2014-01144-01(54461)

Actor: DIANA AIDEE CASTRO HERNÁNDEZ

Demandado: NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD / RECORTES DE PRENSA – Valor probatorio. Reiteración jurisprudencial / BUEN NOMBRE – Concepto / AFECTACIÓN AL BUEN NOMBRE – Requisitos para su configuración.

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia denegatoria las pretensiones proferida el 28 de abril de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

SÍNTESIS DEL CASO

Se pretende la declaración de responsabilidad patrimonial de la Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los daños sufridos por la señora Diana Aidee Castro Hernández, con ocasión de la compulsa de copias, remoción del cargo de magistrada del Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal de Descongestión para Foncolpuertos y Cajanal- y la publicación en medios de comunicación de esas decisiones por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

II. ANTECEDENTES

1.- La demanda

Mediante escrito presentado el 12 de agosto de 2014 (fl. 2 c. ppal.), la señora Diana Aidee Castro Hernández, por conducto de apoderado judicial (fl. 1 c. ppal.), interpuso demanda de reparación directa contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Corte Suprema de Justicia - Sala Penal, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales que sufrió como consecuencia de la compulsa de copias, efectuada mediante auto del 3 de marzo de 2018, y por haberse publicado en medios de comunicación la existencia de investigaciones penal y disciplinaria en su contra, quien, antes de los hechos de que trata este proceso, se desempeñaba como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal de Descongestión para Foncolpuertos y Cajanal.

En la demanda se solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 2 c. ppal.):

Primera: Declarar que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- Corte Suprema de Justicia - Sala Penal es patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a la doctora Diana Aidee Castro Hernández en razón de las acusaciones que le fueron hechas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, durante el periodo en que fungió como magistrada de la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal para Foncolpuertos y Cajanal.

Segunda: Como consecuencia de la anterior declaración, solicito condenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Corte Suprema de Justicia - Sala Penal, a que reconozca y pague a título de indemnización por los perjuicios materiales causados a mi mandante en la modalidad de lucro cesante, la suma de $357.984.552,00 millones de pesos m/cte.

Tercera: Condenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Corte Suprema de Justicia - Sala Penal, a que reconozca y pague a título de indemnización por los perjuicios morales causados a mi mandante el equivalente a 100 SMLMV.

Cuarta: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Corte Suprema de Justicia - Sala Penal que rectifique en los medios de comunicación, que mi mandante Diana Aidee Castro Hernández, jamás incurrió en conductas objeto de sanción disciplinaria, ni mucho menos penal, durante el tiempo en que fungió como magistrada de la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal para Foncolpuertos y Cajanal.

Quinta: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Corte Suprema de Justicia - Sala Penal que, sobre la indemnización reconocida en los términos de esta demanda, reconozca y pague las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor, tal como lo ordena el artículo 187 de la ley 1437 de 2011.

Sexto: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Corte Suprema de Justicia - Sala Penal que dé cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 de la ley 1437 de 2011 y reconozca intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

Séptimo: Condenar en costas a la entidad demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se adujo lo siguiente:

La demandante Diana Aidee Castro Hernández, fungió como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal de Descongestión para Foncolpuertos y Cajanal, en los periodos comprendidos entre el 08 y 28 de noviembre de 2004, el 29 de noviembre de 2004 y 31 de diciembre de 2007, y entre el 17 de enero y 9 de marzo de 2008. En el ejercicio de sus funciones, hizo parte de la sala de decisión que adoptó, entre otras, las siguientes decisiones:

Fecha de la providencia
Radicado
Decisión
19/02/2008
110010704010320030002107
Declaró la nulidad parcial de la sentencia de primera instancia. Declaró la terminación del proceso.
7/02/2008
11001070401020060000102
Revocó la sentencia condenatoria. Absolvió.
22/01/2008
11001070401020020000803
Revocó la sentencia condenatoria. Absolvió.
13/09/2007
11001310405720050000904
Declaró la nulidad parcial de la actuación. Declaró la ruptura de la unidad procesal.
1/08/2007
11001070401020020000802
Absolvió a uno de los implicados y modificó la condena impuesta al otro.

A raíz de esta situación, la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 3 de marzo de 2008, compulsó copias para que se investigara a la entonces magistrada Diana Aidee Castro Hernández, por presuntas irregularidades en esos procesos.

Luego, mediante comunicación del 6 de marzo de 2008, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le informó a la señora Castro Hernández que su nombramiento como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá había sido revocado.

El 8 de marzo siguiente, en el periódico Nuevo Siglo se publicó una nota periodística en la que el entonces Fiscal General de la Nación lanzó serias acusaciones contra los integrantes de la Sala de Descongestión de la que hacía parte la señora Castro Hernández, por haber modificado algunos fallos y haber decretado la prescripción de la acción penal en otros.

Días después, el 16 de marzo de ese año, en el periódico El Tiempo también se hizo una publicación en la que se señaló que la señora Castro Hernández cambió la adecuación típica en cinco procesos penales, situación que dio lugar a la apertura de investigaciones en su contra ordenadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entidad que a su vez la removió del cargo de magistrada de tribunal.

Mediante providencias del 5 de mayo y 9 de septiembre de 2009, así como del 9 de abril, 5 y 12 de mayo de 2010, el Consejo Superior de la Judicatura archivó las investigaciones disciplinarias que se adelantaban contra la señora Castro Hernández, al no hallarse irregularidad alguna en las decisiones adoptadas por la Sala Penal del Tribunal.

Así mismo, mediante auto del 13 de septiembre de 2012, el Fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó el archivo de las diligencias por encontrarse que las conductas investigadas no eran constitutivas de delito.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Mediante auto del 1 de septiembre de 2014 (fl. 23 c. ppal.), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda. Esta providencia fue notificada en debida forma a la entidad accionada (fl. 28 c. ppal.), al Ministerio Público (fl. 29 c. ppal.) y a la ANDJE (fl. 39 c. ppal.).

2.2. El apoderado de la accionada contestó la demanda oportunamente y se opuso a sus pretensiones (fl. 36 c. ppal.). Argumentó que hubo una indebida escogencia de la acción porque en la demanda no se cuestiona la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de juez, sino que se controvierte el fundamento del acto administrativo que revocó el nombramiento de la señora Castro Hernández como magistrada de Tribunal. Así las cosas, como en realidad se estaba formulando una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, debía entenderse que operó la caducidad, por cuanto la demanda se presentó vencidos los cuatro meses consagrados en la ley.

Adujo que los daños alegados son el resultado de aseveraciones meramente subjetivas de la accionante que no tiene respaldo probatorio alguno, razón por la cual, ante la ausencia de prueba de la causación de un daño antijurídico, debían negarse las pretensiones.

2.3. Mediante auto del 8 de abril de 2015 se convocó a audiencia inicial (fl. 56 c. ppal.), la cual se celebró el 28 de abril siguiente (fl. 64 c. ppal.).

2.3.1. En audiencia se resolvieron las excepciones de inepta demanda y caducidad del medio de control.

En relación con la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, el magistrado sustanciador señaló que en el presente asunto no se debate la legalidad del acto administrativo del 6 de marzo de 2008, mediante el cual se comunicó a la aquí accionante que sería reemplazada en su cargo como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, sino que el conflicto se centra exclusivamente en determinar la existencia de perjuicios ocasionados con la compulsa de copias efectuada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y su publicación en medios de comunicación. Es decir, no hay pretensiones de nulidad, sino de reparación, de modo que el medio de control elegido por la accionante fue el adecuado y, en consecuencia, se negó la excepción formulada (CD audiencia inicial min. 6:40).

En lo tocante a la caducidad del medio de control se precisó que la demanda se edifica sobre dos situaciones derivadas de la compulsa de copias efectuada por la Corte Suprema de Justicia: la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía y de varios procesos disciplinarios por el Consejo Superior de la Judicatura. En relación con la primera situación se señala que no hubo caducidad porque el auto de archivo se profirió el 13 de septiembre de 2012. Sin embargo, frente a la terminación -con absolución- de los procesos disciplinarios, se señaló que había operado la caducidad debido a que esos procedimientos concluyeron en el 2010 y la demanda fue presentada en 2014 (CD audiencia inicial min. 9:55).

La decisión sobre las excepciones no fue recurrida por las partes.

2.3.2. Seguidamente se fijó el litigio en los siguientes términos (CD audiencia inicial min. 21:20):

¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial de la demandada por las acusaciones adelantadas por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de la doctora Diana Aidee Castro Hernández mientras fungió como magistrada de la Sala de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial para Foncolpuertos y Cajanal que conllevaron a los perjuicios alegados por la actora con fundamento en un supuesto juicio a priori que hizo esa Corporación frente a la presunta comisión de conductas punibles en el ejercicio del cargo, situación que se hizo pública en los medios de comunicación, y como consecuencia, reconocer los perjuicios alegados?

2.3.3. Una vez fijado el litigio, se procuró la conciliación del conflicto entre las partes, pero la entidad accionada manifestó no tener ánimo conciliatorio (CD audiencia inicial min. 23:34).

2.3.4. En relación con las pruebas, se decidió tener como tales todos los documentos aportados con la demanda, excepto las copias de las providencias que terminaron los procedimientos disciplinarios adelantados por el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que tendían a acreditar situaciones que estaban por fuera del tema de la prueba, dada la declaratoria de caducidad en relación con estos hechos (CD audiencia inicial min. 25:37). Esta decisión no fue recurrida por las partes.

2.3.5. Al no haber pruebas por practicar, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión (CD audiencia inicial min. 31:15).

2.3.5.1. La apoderada de la parte actora hizo un recuento de los hechos de la demanda para precisar que la pretensión de declaratoria de responsabilidad se fundamentaba en dos hechos. El primero fue la expedición del auto del 3 de marzo de 2005, mediante el cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la compulsa de copias para que se investigara penal y disciplinariamente a la señora Castro Hernández. Esto tuvo como consecuencia inmediata que, pasados tres días, se revocara por parte de la misma sala el nombramiento de la hoy accionante como magistrada de la Sala Penal de Descongestión, razón por la cual se pretende el reconocimiento de las sumas de dinero que hubiera percibido de haber continuado ejerciendo ese cargo.

En este punto, la apoderada llama la atención acerca de la relación causal entre el hecho dañoso y la actuación de la accionada, pues se pregunta si en el evento de no haberse compulsado copias, también se hubiera removido del cargo a la funcionaria en la forma en que lo hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El segundo hecho dañoso, consecuencial de la expedición del mencionado auto, fue haber publicitado en los medios de comunicación la decisión de compulsar copias, situación a partir de la cual se pretende el reconocimiento de un perjuicio moral y la imposición de unas medidas no pecuniarias, dada la afectación al buen nombre que esto conllevó.

También alegó que, aunque esos hechos ocurrieron en 2008, en realidad el daño antijurídico se consumó con el archivo de las investigaciones penal y disciplinaria. Decisiones a partir de las cuales se pudo determinar que la señora Castro Hernández no actuó irregularmente (CD audiencia inicial min. 31:44).

2.3.5.2. Por su parte, la apoderada de la entidad accionada señaló que por virtud de lo previsto en los artículos 67 del Código de Procedimiento Penal y 34 inc. 24 y 70 del Código Único Disciplinario, todo servidor público tiene el deber legal de poner en conocimiento de las autoridades competentes, los hechos irregulares o delitos de los cuales tenga conocimiento, máxime cuando tal conocimiento es obtenido con ocasión de sus funciones.

Aunado a esto, indicó que en el expediente no obra prueba de que la Corte Suprema de Justicia hubiera publicitado el auto que compulsó copias, ante los medios de comunicación (CD audiencia inicial min. 46:10).

3. La sentencia de primera instancia

En la audiencia del 28 de abril de 2015 (fl. 64 c. ppal.), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, dictó sentencia denegatoria de las pretensiones.

Para adoptar esa decisión el a quo argumentó que los recortes de prensa de El Siglo y El Tiempo, por sí solos, no acreditan la veracidad de lo allí indicado y, por el contrario, aseguró que para que ese principio de prueba pudiera tener grado de convicción debía estar respaldado por otro medio probatorio -verbigracia un testimonio o la prueba del origen (fuente) de esos anuncios-, toda vez que tales publicaciones solo pueden tenerse como un indicio.

Aun así, se leyeron las publicaciones de los periódicos obrantes en el expediente, para precisar que no había vínculo causal entre la conducta de la entidad accionada con la causación del daño alegado, toda vez que en la nota de prensa de El Siglo aparece el entonces Fiscal General de la Nación como la fuente periodística -razón por la cual se dijo de paso que debió demandarse a esa entidad- y porque en la publicación de El Tiempo, aunque se cita entre comillas las palabras del otrora presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que no hay pruebas de que esa Corporación estuviera publicitando la información.

Se consideró que los hechos narrados en los informes de prensa no eran falsos, pues en los mismos se señalaba que en la sala de decisión integrada por la demandante, en segunda instancia se había variado la calificación jurídica o tipicidad de los hechos, lo que propició la declaratoria de prescripción.

Se agregó que la Corte Suprema de Justicia tenía el deber jurídico de compulsar copias, de modo que el daño alegado por la demandante es jurídico, toda vez que los servidores públicos están en la obligación de soportar las investigaciones que se adelanten en su contra con ocasión del ejercicio de sus funciones.

Por lo anterior, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

4. El recurso de apelación y su concesión

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte actora formuló recurso de apelación (fl. 77 c. ppal.), por considerar que el Tribunal de instancia erró al calificar como jurídico el daño ocasionado a la señora Diana Aidee Castro Hernández, ya que la carga que debía soportar la demandante era la de atender el trámite de las investigaciones disciplinarias o penales en virtud del ejercicio de sus funciones, y no la afectación a su buen nombre, ni la remoción de su cargo como magistrada de tribunal, circunstancias que le dan el carácter de antijurídico al daño sufrido, toda vez que partió de un juicio a priori de responsabilidad efectuado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

También se adujo que la sentencia de primera instancia contiene una apreciación equivocada sobre la vinculación causal de la entidad accionada con los daños cuya reparación se pretende. Específicamente, se argumentó que fue la Corte Suprema de Justicia la que reveló a los medios de comunicación la existencia de la compulsa de copias para la apertura de la investigación penal y disciplinaria contra la señora Castro Hernández, y que fue esa misma Corporación la que decidió remover a la hoy accionante del cargo de magistrada de tribunal, sin esperar a que se concluyeran las diligencias investigativas. Sobre este punto, en el recurso de apelación se adujo (fl. 82 c. ppal.):

Obsérvese que la Corte Suprema adoptó la decisión de revocar el nombramiento como magistrada de mi mandante, antes de conocer el resultado de las investigaciones que había ordenado, pues tal decisión, la adoptó, solo tres días después de haberlas ordenado. Es decir, la Corte dio por cierto los hechos por los cuales ordenó investigar a mi representada y la desvinculó de la Rama Judicial y con esa decisión acabó su vida laboral, después de 27 años al servicio de la Rama Judicial, pues mientras estuvo investigada obviamente no pudo volver a la Rama Judicial y ni siquiera se atrevió a ejercer la profesión por la misma razón, por la poca credibilidad que su nombre profesional tenía en el medio jurídico. Esta decisión no tenía por qué soportarla mi representada como consecuencia de las investigaciones disciplinarias y penales ordenadas por la Corte Suprema.

Como si ello fuera poco, esa situación fue publicitada en los medios de comunicación; situación que afectó el buen nombre y reputación de mi mandante. La publicación de las investigaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia sala de casación penal y los comentarios del presidente de la Corte a los medios de comunicación, son hechos que mi mandante no tenía que soportar por el simple hecho de la investigación a la cual estaba sujeta (…).

Queda demostrado (…), que el ordenamiento jurídico no le impone a ningún funcionario judicial (…) el tener que soportar como consecuencia de la orden de las investigaciones penal y disciplinaria por el ejercicio de su función judicial, la revocatoria de su nombramiento y menos el que se le sometiera al escarnio público en los medios de comunicación por parte de la Corte Suprema de Justicia y eso hace que el daño soportado sea antijurídico.

Aunado a lo anterior, se argumentó que las notas periodísticas debían ser valoradas como prueba documental en conjunto con el acto de desvinculación proferido por la Corte Suprema de Justicia. Por esta razón, consideró como un contrasentido que, en la decisión de primera instancia, se indicara que la nota de prensa carecía de valor probatorio, pero que a partir de ella se infería que a quien debió demandarse fue a la Fiscalía General de la Nación. Además, consideró que a la demandante no le era exigible la aportación de pruebas que acreditaran cuál fue la fuente de las publicaciones periodísticas, así (fl. 89 c. ppal.):

Resulta absurdo, con el debido respeto, que un juez pretenda que a la prueba de una publicación periodística se le acompaña la prueba expedida por el periodista en la que certifique quién le suministró la información, cuando sabemos que constitucionalmente está protegido el secreto profesional del periodista, en los artículos 73 y 74 de la C.P. pero más incoherente resulta la afirmación del magistrado ponente, cuando luego de leer uno de los escritos periodísticos, el otro lo ignoró, afirma que la demanda debió dirigirse contra la Fiscalía, afirmación con la cual da por cierta la prueba periodística, sin embargo para negar las pretensiones de la demanda, la misma prueba periodística no tiene valor.

Finalmente, en cuanto a la condena en costas, manifestó que, en materia contenciosa administrativa, esta figura no opera de manera automática, sino que es necesario acreditar la temeridad de la parte vencida, circunstancia que no ocurrió en el presente asunto.

4.1. El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal a quo a través de auto del 25 de mayo de 2015 (fl. 93 c. ppal.).

5. El trámite en segunda Instancia

5.1. Mediante auto del 6 de agosto de 2015 esta Corporación admitió la apelación (fl. 103 c. ppal.).

5.2. Mediante providencia del 3 de septiembre de 2015 (fl. 106 c. ppal.) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

5.2.1. El apoderado de la parte actora calcó los argumentos expresados en el recurso de apelación, salvo en la aducción de nuevos argumentos en torno a la improcedencia de haber promovido la demanda de reparación contra la Fiscalía General de la Nación (fl. 107 c. ppal.).

5.2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia por el factor de la cuantía

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente caso, de acuerdo con los artículos 150, 152 y 157 del CPACA, por tratarse de un proceso de doble instancia en virtud de la cuantía de la pretensión mayor, estimada por la demandante en la suma de $357.984.522, la que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.

2. Medio de control procedente y su ejercicio oportuno

Un abordaje integral de la demanda y de las actuaciones de las partes a lo largo del proceso permite concluir que son dos los hechos a partir de los cuales se edifican las pretensiones resarcitorias, y dos los daños cuya reparación se pretenden.

En primer lugar, se pretende la reparación del perjuicio material -lucro cesante- sufrido con ocasión de la remoción del cargo de magistrada de tribunal que tuvo la señora Diana Aidee Castro Hernández, a raíz de la compulsa de copias ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue calificada como un juicio a priori por la demandante.

En relación con este primer punto, la Sala debe señalar que operó la caducidad, por las siguientes razones.

En la demanda se parte de justificar la procedencia del medio de control de reparación directa, toda vez que en el presente asunto no se debate la legalidad del acto administrativo por medio del cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia removió del cargo de magistrada de tribunal a la señora Diana Aidee Castro Hernández, sino los perjuicios ocasionados con unas actuaciones de esa Corporación judicial, así (fl. 11 c. ppal.):

Es necesario precisar que lo que se debate en esta demanda no es la legalidad del acto administrativo de fecha 06 de marzo de 2008 mediante el cual se revocó el nombramiento de mi mandante como magistrada de la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Penal para Foncolpuertos y Cajanal. El objeto de esta demanda se centra única y exclusivamente en obtener la reparación por los perjuicios que sufrió mi mandante con ocasión de las actuaciones de la Sala Penal de la Suprema de Justicia Sala Penal (sic), qué conllevaron a que se le revocara el nombramiento como magistrada, con fundamento en un juicio a priori que hizo esta corporación frente a la presunta comisión de faltas disciplinarias y conductas punibles en el ejercicio del cargo, situación que se hizo pública en los medios de comunicación nacionales.

Como puede advertirse en el párrafo en cita, y en otros apartes de la demanda, el cuestionamiento que hace la parte actora consiste en advertir que la remoción en el cargo de magistrada de la señora Castro Hernández en realidad obedeció a un juicio a priori efectuado por la Corte Suprema de Justicia, a partir del cual se adoptó una decisión definitiva, pese a que no habían concluido las investigaciones penal y disciplinaria. Esto se planteó en los siguientes términos (fl. 12 y ss. c. ppal.):

Mediante auto del 03 de marzo de 2008 la presidencia de la Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia; ordenó compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria y a la Fiscalía General de la Nación (…) para que se investigara si la Doctora Diana Aidee Castro Hernández había incurrido en alguna conducta penal o disciplinariamente sancionable (…).

Como consecuencia de la anterior actuación y juicio de responsabilidad a priori que efectuó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue divulgado en los medios de comunicación, dicha corporación el 6 de marzo de 2008 le revocó su nombramiento como Magistrada de la Sala de Descongestión Penal para Foncolpuertos y Cajanal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (…).

De lo anterior se concluye entonces, que las actuaciones de la doctora Diana Aidee Castro Hernández, en ejercicio de su investidura como magistrada de la sala de descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Penal para Foncolpuertos y Cajanal, nunca fueron irregulares en su ejercicio y que la apreciación a priori que hizo la Corte Suprema de Justicia, que trajo como una de las muchas consecuencias, que esta misma corporación, le revocara su nombramiento como magistrada, y que su buen nombre fuera afectado ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, ese [es] el hecho generador de los perjuicios causados a mi mandante, los cuales, solo vinieron a consumarse, una vez fue decidido tanto por el Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria y por la Fiscalía General de la Nación, que mi mandante no había incurrido en ninguna conducta objeto de sanción penal o disciplinaria (…).

La anterior decisión [alude a la remoción del cargo de magistrada] aunque fue legal y legítima dentro de las competencias de la Sala de Casación Penal, privó a mi mandante de continuar ejerciendo su labor como magistrada de la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Penal para Foncolpuertos y Cajanal, y esta privación, si bien se produjo en virtud de la facultad discrecional legal y legítima de esa corporación, no puede desconocerse esta (sic) se produjo a raíz de un juicio a priori de responsabilidad que efectuó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con fundamento en las presuntas irregularidades en que habían (sic) incurrido mi mandante Diana Aidee Castro Hernández en el ejercicio de sus funciones (…).

Como puede advertirse, los fundamentos de la responsabilidad expresados en la demanda parten del reconocimiento de la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para remover del cargo a la accionante, pero cuestiona sus fundamentos, al sostener que se trata de una decisión basada en un juicio a priori de responsabilidad penal efectuado por la citada corporación judicial.

En efecto, en la demanda se señala que, si bien la accionante debía soportar la carga impuesta por la existencia de investigaciones penales y disciplinarias en su contra, la remoción del cargo de magistrada con base en la existencia de esas investigaciones fue una decisión desproporcionada, en la medida en que se adoptó sin que se hubiera dado un pronunciamiento condenatorio.

Para la Sala, esos argumentos están encaminados a controvertir las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la decisión de remoción, en la medida en que se cuestiona el haber revocado el nombramiento de la demandante, con base en la mera existencia de investigaciones en su contra. De este modo, se considera que, para un correcto abordaje de esas imputaciones, tendría que efectuarse un estudio sobre la juridicidad de la motivación con que se profirió el acto de retiro, en el sentido de precisar la plausibilidad jurídica de sus fundamentos fácticos y normativos, cuestión que corresponde a un juicio de nulidad -falsa motivación- y restablecimiento del derecho y no a uno de reparación directa.

La jurisprudencia de la Corporación ha establecido que la escogencia de los medios de control en ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta Jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido. Y aunque también ha reconocido que el medio de control de reparación directa procede excepcionalmente cuando se pretende la condena por los perjuicios causados con la expedición y ejecución de un acto administrativo, esto se ha dicho bajo el entendido de que no se cuestione su legalidad, pues en tal situación el medio de control idóneo para reclamar el reconocimiento de tales perjuicios es el de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con lo expuesto, no era procedente el medio de control de reparación directa, por cuanto los argumentos de la demanda están encaminados a desvirtuar la legalidad de un acto administrativo por deficiencias en su motivación relacionadas con la ausencia de razones válidas para la remoción en el cargo de magistrada de tribunal. De este modo, como la fuente del supuesto daño se sitúa en un acto administrativo que se cuestiona, en lo que se refiere a este proceso, su impugnación se debió entablar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, dado que el Oficio OSG N° 0767 del 6 de marzo de 2008, mediante el cual se revocó el nombramiento de la accionante en el cargo de magistrada de tribunal (fl. 5 c. pruebas), no tiene constancia de notificación o comunicación a la demandante, la fecha a partir de la cual se computa el término de caducidad en el presente asunto es el 9 de marzo de esa anualidad, por ser el día en el que, según se sostuvo en el hecho primero de la demanda, la señora Diana Aidee Castro Hernández cesó sus funciones como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá.
De este modo, la oportunidad para impetrar la demanda de nulidad y restablecimiento iba hasta el 10 de julio de 2008, y comoquiera que esta fue presentada el 12 de agosto de 2014 (fl. 2 c. ppal.), se entiende que operó la caducidad y así se declara en la parte resolutiva de esta providencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 inc. 2 de la Ley 1437 de 2011.

En la demanda también se pretendió la reparación del perjuicio inmaterial -moral- derivado de la afectación al buen nombre que sufrió la demandante con ocasión de la publicación de dos notas de prensa en las que se informó de las decisiones adoptadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -compulsa de copias y remoción del cargo de magistrada-.

Al respecto, en la demanda se consideró que, si bien las publicaciones se efectuaron los días 8 y 16 de marzo de 2008, el cómputo de la caducidad debía hacerse desde la fecha en que la señora fue absuelta en las investigaciones penal y disciplinaria, toda vez que fue a partir de esa época en que se tuvo conocimiento del carácter antijurídico del daño alegado, consistente en la afectación al buen nombre.

Sin perjuicio del análisis que, sobre la existencia del daño que se hace páginas más adelante, para la Sala son de recibo los argumentos esgrimidos por la accionante en el sentido de comprender que, según se plantea en el libelo introductorio, la señora Castro Hernández solamente tuvo certeza del carácter antijurídico de la afectación al buen nombre cuando se archivaron las investigaciones que se adelantaban en su contra.

Así las cosas, si se tiene en cuenta que la providencia mediante la cual se archivó la investigación que se surtía contra la señora Castro Hernández fue proferida el 13 de septiembre de 2012 (fl. 101 c. pruebas), el término de caducidad corría hasta el 13 de septiembre de 2014. Y como la demanda fue presentada el 12 de agosto de 2014 (fl. 2 c. ppal.), se entiende que el derecho de acción se ejerció oportunamente.

3. La legitimación en la causa

Se encuentra legitimada en la causa por activa la señora Diana Aidee Castro Hernández, quien acreditó ser la persona que desempeñó el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal de Descongestión para Foncolpuertos y Cajanal (fl. 5 c. pruebas) y contra quien se adelantaron diligencias de investigación en la Fiscalía General de la Nación, bajo el radicado 110016000102200800041(fl. 101 c. pruebas).

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que los daños que se invocan en la demanda provienen de actuaciones que se imputan directamente a la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Corte Suprema de Justicia, razón por la cual esta accionada es la llamada a actuar dentro del presente proceso, sin perjuicio del análisis que sobre su legitimación material pueda hacerse páginas más adelante.

4. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación, y teniendo en consideración lo señalado en el acápite de la oportunidad de la acción, corresponde a la Sala determinar si la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afectó el buen nombre de la señora Diana Aidee Castro Hernández, al publicitar en medios de comunicación la noticia de la compulsa de copias ordenada en su contra y de su posterior remoción en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal de Descongestión para Foncolpuertos y Cajanal.

5. El daño

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. En este sentido, la situación que debe acreditarse como condición sine qua non para continuar con el juicio de responsabilidad patrimonial de la accionada es la afectación al buen nombre que alega haber sufrido la señora Diana Aidee Castro Hernández, con ocasión de la publicación de unas notas de prensa en los periódicos Nuevo Siglo y El Tiempo, los días 8 y 16 de marzo de 2008.

Se resalta inicialmente que el artículo 167 del Código General del Proceso establece que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Este mandato legal, conjugado con lo previsto en el artículo 168 del mismo estatuto procesal, impone a los extremos de la relación procesal la carga de acreditar los hechos que son objeto de controversia en el litigio, mediante los medios de prueba que cumplan con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud.

En cumplimiento de esa carga, la demandante aportó pruebas documentales y no solicitó la práctica de otros medios de convicción (fl. 18 c. ppal.).

La Sala memora que en la audiencia inicial se excluyeron del tema de la prueba los hechos relacionados con el archivo de las investigaciones disciplinarias que adelantó el Consejo Superior de la Judicatura contra la accionante. En consecuencia, se decidió que la prueba documental relacionada con estos hechos quedaba excluida del acervo probatorio que debe valorarse en el fallo, decisión que fue avalada en audiencia por las partes, quienes manifestaron expresamente estar de acuerdo (CD audiencia inicial min. 14:14).

Tanto en la demanda como en el recurso de apelación, se adujo que las notas de prensa arrimadas al expediente tienen la virtualidad de acreditar la existencia del daño antijurídico consistente en la afectación al buen nombre de la demandante, razón por la cual la Sala debe ocuparse de evaluar el valor probatorio que esos recortes de prensa tienen frente a lo pretendido por la accionante.

Mediante sentencia del 29 de mayo de 2012, esta Corporación se pronunció sobre el alcance o valor probatorio de las noticias, opiniones, reportajes y columnas que se publican en los medios de comunicación, en el sentido de fijar una regla según la cual estos medios de prueba son representativos del hecho que se dice registrar, pero no sirven para probar, por sí solos, la existencia de lo que en ellos se plasma, dice, narra o cuenta, de manera que, para que tengan valor probatorio deben ser valorados en conjunto con otros medios de prueba que sean idóneos para determinar la veracidad de su contenido.

A esta postura se le añadieron dos excepciones mediante sentencia del 14 de julio de 2015, según las cuales esos medios de prueba tienen valor probatorio cuando informan acerca de hechos notorios o cuando contienen declaraciones de servidores públicos. Esto se señaló en los siguientes términos:

La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, v. gr. Congresistas, Presidente de la República, Ministros, Alcaldes, Gobernadores, etc.

Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia y que, en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión.

En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro (…).

En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad (…).

El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba.

En el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.

En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen.

De esta manera, la Sala Plena Contenciosa adiciona y complementa la postura que, hasta la fecha de esta decisión, solo reconocía a los reportajes, entrevistas, crónicas registradas en los diferentes medios de comunicación valor probatorio si, en conjunto con otras pruebas, le permitían al funcionario judicial llegar a la convicción sobre la veracidad del hecho registrado en ellos.

En consonancia con esa tesis jurisprudencial, la Corporación ha decidido varios casos en los que se pretendió la reparación de los perjuicios causados con ocasión de la afectación al buen nombre del demandante y se aportaron recortes de prensa como medio de prueba de ese daño.

En algunos fallos se negaron las pretensiones debido a la ausencia de elementos de convicción que sirvieran para acreditar la afectación al bien jurídico cuya protección se deprecó, mientras que en otras se entendió que con la sola aportación de la copia de las publicaciones había prueba suficiente de la vulneración del derecho al buen nombre, toda vez que en esos reportes, publicados en medios oficiales o en notas de prensa basados en declaraciones de servidores públicos, se presentó a los investigados como infractores o delincuentes, es decir, no se habló en términos de presunta comisión del delito o falta disciplinaria.

Así las cosas, la Sala observa que a las notas de prensa aportadas por la parte actora se les debe reconocer, autónomamente, el carácter de prueba documental, en la medida en que contienen declaraciones del entonces Fiscal General de la Nación y del otrora presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, esa sola consideración no es fundamento suficiente para declarar la responsabilidad de la accionada, por cuanto aún debe analizarse si las mencionadas publicaciones tuvieron la virtualidad de causar el daño antijurídico alegado.

Mediante sentencia C-489 de 2002, la Corte Constitucional definió el derecho al buen nombre como “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”.

La misma Corporación ha definido que hay una afectación al buen nombre cuando “sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen".

De manera más concreta, la Sección tercera del Consejo de Estado ha precisado que “para efectos de declarar la responsabilidad del Estado por difusión de información, el juez deberá examinar si se encuentra demostrado que (i) la información fue inexacta o errónea o que se trató de expresiones injuriosas u ofensivas, (ii) la conducta de la parte demandada no dio lugar a la publicación de tal información, (iii) que con esa situación se generó un perjuicio cierto y (iv) que se distorsionó el concepto público que se tenía sobre el individuo directamente afectado”.

Puestas estas consideraciones en el caso concreto, se advierte que en el presente asunto no se acreditó la afectación al buen nombre, en la medida en que la información publicada en las notas de prensa obrantes en el plenario no fue errónea y no presentó a la señora Diana Aidee Castro Hernández como autora de un delito o infracción disciplinaria.

En efecto, mediante el artículo publicado el 8 de marzo de 2008 en la sección “Protagonista” del periódico El Nuevo Siglo, se puede leer (fl. 6 c. pruebas):

La alerta lanzada por el fiscal general Mario Iguarán Arana en torno de la preocupación de su entidad y otros organismos de control por las prescripciones decretadas por el Tribunal Superior de Bogotá en procesos relacionados con el desfalco millonario a las arcas de la nación a través de Foncolpuertos.

Según el jefe del ente acusador esas prescripciones ocurrieron porque el Tribunal Superior de Bogotá no aceptó la tesis de la Fiscalía en cuanto a que se trataba de un peculado y no de una estafa.

De acuerdo con Iguarán por esa vía jurisprudencial se podría revivir el pago de pensiones y prestaciones sociales ordenadas de manera ilegal.

La posibilidad de que pueda quedar en la impunidad (…) desfalco millonario depende (…) reunión inmediata de toda la rama judicial para establecer una estrategia que sin violar el debido proceso permita castigar a los responsables del caso que se ha convertido en lamentable insignia de la corrupción en Colombia.

Como puede verse, en esta publicación se hace un recuento de unas declaraciones rendidas por el entonces Fiscal General de la Nación, pero en ellas no se menciona el nombre de la señora Diana Aidee Castro Hernández, ni se presenta a los magistrados de la Sala Penal de Descongestión del Tribunal de Cundinamarca como autores de un delito o falta disciplinaria.

En ese artículo tampoco se falta a la verdad, toda vez que simplemente se alude a una disparidad de criterios jurídicos entre la Fiscalía y el Tribunal en torno a la decisión de prescribir la acción penal en determinados casos y se deja en evidencia una preocupación que tenía el entonces Fiscal sobre la eventual impunidad que comportarían esas decisiones en relación con los sujetos procesados penalmente, sin que se hiciera consideración alguna sobre alguna inobservancia del ordenamiento jurídico por parte de la señora Castro Hernández.

A su vez, en el artículo titulado “Lupa de Fiscalía y Judicatura a dos magistrados por caso Foncolpuertos”, publicado el 16 de marzo de 2008 por el periódico el tiempo, en lo relevante para el presente asunto, se señala (fl. 7 c. pruebas):

En cinco casos de condenas por robo con pensiones se cambió el delito de peculado por uno menos grave. Fiscal Iguarán alertó sobre boquete en contra de intereses del Estado. Alarma judicial.

Las prescripciones que decidieron en cinco procesos penales relacionadas con el escándalo del robo a Foncolpuertos tiene en líos a dos magistrados de la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.

Aunque fue el fiscal Mario Iguarán quien la semana pasada puso el tema sobre la mesa, y en realidad fue la Corte Suprema de Justicia la que alertó sobre posibles irregularidades en casos de segunda instancia decididos por Álvaro Weiss Bautista y Diana Castro.

Los dos habían sido nombrados temporalmente en la Sala de Descongestión y saldrán de sus cargos cuando cumplan los tres meses de su período. Ahora se exponen a investigaciones de la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura.

Pero ¿qué encendió las alarmas en la Corte? Los magistrados cambiaron el tipo de delito por el que habían sido condenados en primera instancia [en este punto nombra a los procesados respecto de los cuales se tomó la decisión] (…).

Los dos magistrados investigados, según la Fiscalía, decidieron que el delito no era peculado sino estafa y abuso de confianza. Como se trata de conductas que tiene penas menores, los tiempos de prescripción son también más cortos. Es decir, que esas personas no podían ser procesadas porque el tiempo para investigarlas había expirado (…).

La preocupación es que, si esa puerta se abre, las demandas por pensiones que ha ganado la Nación podría quedarse en el aire.

“Eso sería revivir el pago de pensiones y prestaciones sociales que se han ordenado de manera ilegal e ilícita”, advirtió el fiscal Mario Iguarán (…).

En enero, Weiss Bautista y Castro Hernández fueron nombrados en la Sala de Descongestión por la Corte Suprema, pero ese Tribunal estaba tan inconforme con sus fallos en los cinco casos de Foncolpuertos que no los ratificó y en cambio sí lo hizo con la tercera magistrada de la Sala, Carmen Rodríguez, quién se apartó de las decisiones de sus dos colegas en los casos cuestionados.

“Hay dudas jurídicas sobre la interpretación de las sentencias examinadas por los magistrados. Para despejar cualquier duda se decidió reestructurar la sala”, le dijo a El Tiempo el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte.

El magistrado confirmó que se remitieron copias de las decisiones a la Fiscalía para que evalúe si hubo una conducta ilegal. El nuevo presidente del Consejo Superior de la judicatura, Magistrado Hernán Torres, dijo que la Sala Disciplinaria también está al tanto del caso (…).

Observa la Sala que en el artículo periodístico en cita tampoco se falta a la verdad porque se hace un recuento de las decisiones adoptadas por los magistrados del tribunal y de la misma disparidad de criterios jurídicos que tenía la Fiscalía y las preocupaciones del Fiscal en torno a los efectos de la decisión frente al erario.

Ahora bien, aunque en esta publicación sí se menciona expresamente el nombre de la aquí demandante, esto se hizo para señalar la existencia de investigaciones en su contra y que fue removida de su cargo a causa de una reestructuración ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho esto, la Sala observa que, en aplicación de los criterios jurisprudenciales reseñados en párrafos anteriores, los recortes de prensa aportados con la demanda, pese a tener el valor probatorio que se le asigna a los documentos en la medida en que son publicaciones que contienen declaraciones de servidores públicos, en sí mismos no constituyen la prueba de una afectación al buen nombre, toda vez que en ellos se publica información veraz que no presenta a la señora Diana Aidee Castro Hernández como autora de un hecho punible, sino que simplemente comunican la existencia de unas investigaciones.

Finalmente, la Sala pone de presente que ni aún apreciando los mencionados recortes de prensa con los demás documentos obrantes en el plenario, puede tenerse como acreditado el daño antijurídico alegado.

A esa conclusión se arriba si se tiene en cuenta que los otros medios probatorios lo único que acreditan es (i) el periodo de funcionamiento de la Sala Penal de Descongestión para Foncolpuertos y el salario devengado por los magistrados que la conformaron -oficios UDAEOF13-1228 -11 de junio de 2013- (fls. 8 y 128 c. pruebas) y DEAJRH14-1729 -27 de febrero de 2014- (fl. 126 c. pruebas)-; (ii) la compulsa de copias efectuada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -providencia del 3 de marzo de 2008 (fl. 2 c. pruebas)-; (iii) la notificación a la señora Castro Hernández de la remoción en el cargo de magistrada de tribunal -oficio OSG N° 0767 del 6 de marzo de 2008 (fl. 5 c. pruebas)- y (iv) el archivo de la investigación penal -providencia del 13 de septiembre de 2012 (fl. 101 c. pruebas)-, cuestiones todas que no guardan relación con el menoscabo a la reputación o el concepto que de una persona tienen los demás, a que alude la afectación al buen nombre.

Por lo expuesto, la Sala mantendrá incólume la decisión de negar las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que la parte actora no demostró la existencia de un daño antijurídico.

6. Costas

Como en la sentencia de primera instancia se condenó en costas a la demandante por ser la parte vencida, en el recurso de apelación se consideró que, en materia contenciosa administrativa, esta figura no opera automáticamente, sino que es necesario acreditar la temeridad de quien se condena, circunstancia que no ocurrió en el presente asunto.

La Sala advierte que estos argumentos no se abren paso, sino que se confirmará la condena costas de la primera instancia y se impondrán las respectivas en la segunda, por las razones que pasan a exponerse.

6.1. Procedencia de la condena en costas

A diferencia de lo que sucedía en vigencia del artículo 55 de la Ley 446 de 1998, en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso, se consagra un régimen objetivo de la condena en costas, según el cual debe imponerse su pago a la parte vencida en la respectiva instancia, sin que deba observarse cuál fue la conducta procesal desplegada, con la excepción de los eventos en que se trate de un interés público.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; mientras que el artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4° del artículo 366 del mismo estatuto procesal.

De conformidad con el artículo 366 ejusdem, la secretaría del tribunal de origen del proceso liquidará las costas, para lo cual incluirá los gastos judiciales en los que incurrió la parte beneficiada con la presente providencia, siempre que aparezcan comprobados y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. Además, tomará en consideración las agencias en derecho fijadas previamente en los fallos de instancia.

Así las cosas, la Sala no encuentra sustento a lo expresado por el impugnante en cuanto a que no podían ser fijadas las costas en el fallo de primer grado, puesto que, de conformidad con las normas en cita, la condena en costas sí debe incluirse en la providencia que ponga fin a la respectiva instancia, bajo un régimen objetivo que alude a una imposición directa por el hecho de haber sido vencido en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto (…) a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe”.

En relación con la fijación de agencias en derecho, la Sala precisa que esta no se ve afectada en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio, sin apoderado, pues, aun en ese caso, tiene derecho a que se fije el monto de agencias para retribuir su actuación, tal como se desprende de lo señalado en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, en los siguientes términos:

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado (…).

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas estableen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas).

Por lo anterior, si la parte actuó a nombre propio y aun así tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado que lo representara, igual razonamiento debe aplicarse cuando se trata de entidades públicas que actúan a través de un apoderado que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas.

La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

6.2. Fijación de agencias en derecho en segunda instancia

El Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios y a la fijación de las tarifas en los asuntos contenciosos administrativos, el artículo 3 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes.

A su vez, el artículo 5 del Acuerdo consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

En lo que a este caso interesa, conviene señalar que, en los asuntos contenciosos administrativos con cuantía, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, se advierte que en consideración a la gestión procesal de los apoderados de las entidades demandadas en esta instancia, con fundamento en la relación porcentual del 1% de la pretensión que fue presentada en este proceso por el monto de $419.584.552, se fijan las agencias en derecho, en la suma de $4.195.845, en favor de la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR, de oficio, la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto del Oficio OSG N° 0767 del 6 de marzo de 2008, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en las demás partes la sentencia del 28 de abril de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte actora, en favor de la entidad demandada Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Para el efecto, las agencias en derecho de la segunda instancia se fijan en la suma de cuatro millones ciento noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($4.195.845) a favor de la entidad accionada. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
QUINTO: Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link  HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \t "_blank" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

CPACA “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…). // (…). // Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos En Primera Instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. // (…) // Artículo 157. Competencia por razón de la Cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. (…) // Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor”. Folio 158 del cuaderno 1. A la fecha de presentación de la demanda (12 de agosto de 2014), 500 SMMLV equivalían a $616.000 x 500 = $308.000.000. Al respecto, y en relación con los supuestos de procedencia de las acciones de reparación directa y de la de nulidad y restablecimiento del derecho esta Sala en providencia del 19 de julio de 2007, expediente 33628, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, señaló:
“Con la acción de reparación directa en los términos del artículo 86 del C.C.A. se busca la declaratoria de responsabilidad del Estado, cuando con un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa, se ocasione un daño antijurídico que se le pueda imputar y, por ende, tiene el deber jurídico de indemnizar. Jurisprudencialmente se ha establecido, además, como la acción idónea para demandar la indemnización por el daño causado por el acto legal, cuando este rompe el principio de la igualdad frente a las cargas públicas. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente cuando el daño proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es menester que el juez declare su nulidad, porque solo entonces el daño causado por éste será antijurídico y comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que siempre que exista un acto administrativo con el cual se afirma haber causado un perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, ésta será la acción correcta”. En vigencia de la Ley 1437 de 2011 véase: auto del 12 de mayo de 2016, exp. 68001-23-33-000-2015-00511-01 (55032); auto del 10 de diciembre de 2014, exp. 76001-23-33-000-2014-00387-01 C.P. Hernán Andrade Rincón (E). Conejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 27 de febrero de 2019, exp. 60161.
“Primero: La Doctora Diana Aidee Castro Hernández se desempeñó como como (sic) magistrada de la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Penal para Foncolpuertos y Cajanal en los siguientes periodos: del 08 al 28 de noviembre de 2004, del 29 de noviembre de 2004 al 31 de diciembre de 2007 y del 17 de enero al 9 de marzo de 2008” (fl. 3 c. ppal.).
“Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…). En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)”.
“Artículo 168. Rechazo de plano.

El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”. Auto del 5 de mayo de 2009, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080074200 (fl. 10 c. pruebas); auto del 9 de septiembre de 2009, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080074100 (fl. 24 c. pruebas); auto del 9 de abril de 2010, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080073800 (fl. 42 c. pruebas); auto del 5 de mayo de 2010, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080074400 (fl. 59 c. pruebas) y auto del 12 de mayo de 2010, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, radicado 11001010200020080073900 (fl. 78 c. pruebas). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de 2012, exp. 110010315000201101378-00 (M.P. Susana Buitrago Valencia). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de julio de 2015, exp. (SU)11001031500020140010500 (M.P. Alberto Yepes Barreiro). Alude a la señalada en la sentencia del 29 de mayo de 2012. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco Vs. Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia
Es importante advertir que esta regla que el Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa, expuso en la providencia de 2012, es la misma que ha defendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1988, en las decisiones reseñadas en otros apartes de esta providencia. Sobre este punto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 49611. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de febrero de 2019, exp. 53009. M.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2018, exp. 44145. M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de abril de 2017, exp. 47751. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de octubre de 2016, exp. 43525. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 46731. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 53852. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 2018, exp. 40434B. M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2017, exp. 31534. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo de 2017, exp. 42831. M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, exp. 21288. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-471 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2012, exp. 23478. M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de octubre de 2016, exp. 34357. M.P. Hernán Andrade Rincón. Los espacios marcados con puntos suspensivos corresponden a pequeños fragmentos del artículo de prensa que no son legibles en la copia aportada con la demanda. Numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso. Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…). III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…)
3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Cifra obtenida de la sumatoria de las pretensiones de lucro cesante y daño moral incorporadas en la demanda.

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