Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00098-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00098-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-00098-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00098-02 (5030-2024)
Demandante: Alfredo García Wilfer
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Se modifican los ordinales segundo y cuarto de la sentencia
apelada, a fin de ordenar estarse a lo resuelto en las sentencias
del 10 de septiembre de 2024 y del 19 de marzo de 2026,
proferidas por el Consejo de Estado; y precisar que el
reconocimiento ordenado corresponde a las diferencias
derivadas del 30 % de la asignación básica indebidamente
sustraído al demandante, no a la prima especial como factor
salarial. Asimismo, se adiciona la providencia para señalar que
la remuneración del actor deberá sujetarse al tope previsto en el
Decreto 610 de 1998.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia de primera instancia del 17 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor instauró demanda con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio S.G. 002547 del 14 de julio de 2016, por medio del cual la autoridad
accionada negó el reconocimiento y pago de la prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992. También se solicitó la inaplicación de las
expresiones contenidas en los decretos salariales expedidos entre 1998 y 2007 que
establecían la prima especial de servicios sin carácter salarial.
2. A título de restablecimiento del derecho, se reclamó el reconocimiento y pago
de la prima especial con carácter salarial, así como las diferencias salariales y
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prestacionales correspondientes desde «su vinculación a la Procuraduría General
de la Nación» hasta la fecha y en adelante.
3. Pidió igualmente la indexación de las sumas reconocidas, la aplicación de
los artículos 192 y 195 del CPACA en materia de intereses y la condena en costas.
4. Como fundamento de las pretensiones, el actor señaló que fue nombrado el
11 de junio de 1993 como Procurador 49 Judicial II Penal de Barranquilla, cargo
que desempeñaba para la fecha de la interposición del presente medio de control.
5. Afirmó que la entidad demandada le otorgó a un porcentaje de su asignación
básica mensual la denominación de prima especial sin carácter salarial, lo que, a
su juicio, implicó que sus prestaciones y demás acreencias laborales fueran
liquidadas sobre un valor inferior.
6. Por tal motivo, el 21 de junio de 2016 presentó reclamación administrativa
para obtener el reconocimiento y pago de las diferencias derivadas de dicho
concepto, la cual fue resuelta desfavorablemente a través del acto demandado.
Contestación de la demanda
7. La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda de manera
extemporánea.
Sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 17 de
octubre de 2023, ordenó inaplicar los artículos de los decretos salariales expedidos
entre 1998 y 2007 que establecieron la prima especial prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 sin carácter salarial, y anuló el acto demandado.
9. Asimismo, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
respecto de las sumas causadas con anterioridad al 21 de junio de 2013. Para ello,
tuvo por acreditado que el señor García Wilfer se desempeña como procurador
judicial II desde el 11 de junio de 1993 y que presentó la reclamación administrativa
el 21 de junio de 2016.
10. Con fundamento en lo anterior, condenó a la entidad demandada a
reliquidar las prestaciones sociales del demandante con inclusión del 30 %
correspondiente a la prima especial como factor salarial, desde el 21 de junio de
2013 y hasta que dicho emolumento fuera efectivamente incorporado en la
liquidación mensual de su salario.
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11. Para sustentar su determinación, el a quo sostuvo que la prima especial de
servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 debía entenderse como
un incremento del salario básico mensual de los servidores beneficiarios, y no como
una parte de aquel. En ese sentido, indicó que dicho emolumento tiene incidencia
salarial y prestacional.
12. Finalmente, ordenó la actualización de las sumas reconocidas, el pago de
intereses en los términos del CPACA y se abstuvo de condenar en costas.
Recurso de apelación1
13. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación contra los ordinales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia,
relativos a la nulidad del acto acusado y a la condena impuesta a título de
restablecimiento del derecho.
14. Como sustento, argumentó que la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 carece de carácter salarial, salvo para efectos pensionales,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, motivo por el cual no procede
incluirla como factor para reliquidar prestaciones sociales.
15. Igualmente, cuestionó que el Tribunal hubiera reconocido valores
adicionales a los ya devengados por el demandante, pues ello implicaría superar el
límite salarial previsto para los magistrados de las Altas Cortes, en particular el
establecido en el Decreto 610 de 1998.
16. Añadió que, de otorgarse incidencia salarial a la prima especial, sería
necesario reliquidar la bonificación por compensación reconocida al actor, con el fin
de evitar que su remuneración excediera el 80 % de lo percibido por dichos
magistrados.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestaron impedimento para conocer el asunto, en cuanto al primero de ellos se
declaró infundado y el segundo fue separado del conocimiento del proceso
mediante decisión del 30 de enero de 2025.
18. Mediante auto del 23 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y se corrió traslado a los sujetos procesales
1 Revisado el escrito de apelación, se advierte que la entidad demandada también señaló que la
Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para fijar el régimen salarial y prestacional
de sus servidores, por tratarse de una atribución del Gobierno nacional. Sin embargo, esa afirmación
no constituye un reproche concreto contra la sentencia de primera instancia.
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para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. Sin embargo,
todos guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problemas jurídicos
20. En concordancia con los reparos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en error al reconocer la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como factor salarial para la
reliquidación de salarios y prestaciones sociales, pese a que dicho emolumento solo
tiene incidencia salarial para efectos pensionales.
21. Asimismo, se examinará si la sentencia apelada desconoció el límite
remuneratorio aplicable a los procuradores judiciales II, en particular el equivalente
al 80 % de lo percibido por todo concepto por los magistrados de Altas Cortes.
Análisis de los problemas jurídicos
22. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que modificará el ordinal
cuarto de la parte resolutiva para precisar que, si bien la prima especial no
constituye factor salarial, salvo para efectos pensionales, el reconocimiento
ordenado recae sobre las diferencias derivadas del 30 % de la asignación básica
que fue indebidamente sustraído al demandante.
23. Asimismo, se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada, con el
fin de ordenar estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024
y del 19 de marzo de 2026, proferidas por el Consejo de Estado.
24. De igual manera, se adicionará la sentencia apelada para señalar que, al
momento de efectuar la liquidación de la condena, la remuneración total del actor
deberá sujetarse al 80 % de los ingresos laborales que por todo concepto perciben
los magistrados de Altas Cortes.
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25. Para resolver el primer problema jurídico, la Sala debe determinar si la
sentencia de primer grado erró al atribuir carácter salarial a la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Sobre el particular, es necesario
precisar que, por disposición legal y conforme al examen de constitucionalidad
efectuado por la Corte Constitucional2, dicho emolumento no tiene carácter salarial,
salvo para efectos pensionales, en los términos de la Ley 332 de 1996; además se
trata de un emolumento adicional a la asignación básica del beneficiario.
26. Sin embargo, se precisa que la prima especial establecida en la Ley 4 de
1992 es un valor agregado o adicional a la asignación básica que no tiene carácter
salarial, salvo para efectos pensionales; mientras que el 30% del salario que fue
descontado de la remuneración mensual del demandante para darle la connotación
de prima sí tiene incidencia prestacional, dado que comprende una porción del
100% de esta.
27. Aclarado lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal incurrió en error al
reconocer la prima especial como factor salarial, pues así lo indicó tanto en sus
consideraciones como en el ordinal cuarto de la parte resolutiva. Por ello, se
modificará dicha orden con el fin de precisar que el reconocimiento procede
respecto de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de incluir el 30%
de la asignación básica que fue indebidamente sustraído al actor, la cual si tiene
naturaleza salarial.
28. El segundo problema jurídico consiste en determinar si el reconocimiento
ordenado por el Tribunal desconoció el tope remuneratorio establecido por el
Gobierno nacional para los procuradores judiciales II, en relación con la asignación
prevista para los magistrados del tribunal.
29. Revisado el expediente, la Sala advierte que las certificaciones allegadas
permiten establecer los conceptos devengados por el actor entre el 11 de junio de
1993 y el 29 de febrero de 20163, entre ellos, sueldo básico, gastos de
representación, «prima especial de servicios no salarial», bonificación por
compensación y prima de nivelación. Sin embargo, esos elementos probatorios no
resultan suficientes para verificar si la remuneración reconocida al demandante se
ajustó o no al límite previsto en el Decreto 610 de 1998, pues no obra prueba que
permita efectuar la comparación con los ingresos laborales que, por todo concepto,
percibían los magistrados del tribunal durante el mismo período.
30. En consecuencia, a partir de la sola información salarial del actor no es
posible corroborar si lo reconocido en primera instancia comporta o no la
2 Corte Constitucional, Sentencia C- 279 de 1996 conjuez ponente, Hugo Palacios Mejía.
3 La certificación fue expedida el 29 de febrero de 2016 por el Jefe de la División de Gestión Humana
de la Procuraduría General de la Nación.
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superación del límite remuneratorio aplicable. No obstante, con el fin de evitar que
el cumplimiento de la condena exceda el tope previsto por el legislador, y dado que
la sentencia apelada no precisó este aspecto, se adicionará la providencia para
señalar que al momento de efectuar la liquidación la remuneración total del actor
deberá sujetarse al 80 % de los ingresos laborales que por todo concepto perciben
los magistrados de Altas Cortes.
31. Ahora bien, la entidad accionada sostuvo que, de otorgarse incidencia
salarial a la prima especial, sería necesario reliquidar la bonificación por
compensación reconocida al actor, con el fin de evitar que su remuneración
excediera el límite previsto en el Decreto 610 de 1998. Sobre este punto, la Sala
precisa que dicho planteamiento parte de una premisa que no será acogida en esta
providencia, pues no se reconocerá la prima especial como factor salarial para la
liquidación de prestaciones sociales.
32. En efecto, la modificación que se dispondrá tiene por objeto precisar que el
restablecimiento procede respecto de las diferencias derivadas de incorporar a la
asignación básica el 30 % que fue indebidamente sustraído al demandante, y no
de atribuir carácter salarial a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992. Por esa razón, no hay lugar a ordenar una reliquidación de la bonificación
por compensación en los términos planteados por la entidad recurrente, sin
perjuicio de que la liquidación final de la condena deba observar el límite del 80 %
antes señalado.
33. Finalmente, se advierte que mediante sentencias del 10 de septiembre de
20244 y del 19 de marzo de 20265, el Consejo de Estado declaró la nulidad de
algunos artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2012,
así como del correspondiente a 2014, al considerar que establecieron la prima
especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una parte integrante
de la remuneración básica y no como un incremento equivalente al 30 % de aquella.
34. En consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva de
la sentencia apelada para suprimir la inaplicación dispuesta, y en su lugar, se
ordenará estarse a lo resuelto en dichas providencias, en cuanto retiraron del
ordenamiento jurídico disposiciones que sirvieron de fundamento a la interpretación
errada del emolumento discutido en este proceso. En relación con la regulación
salarial de 2013, la Sala advierte que reproduce la misma regla anulada en los
decretos examinados por esta Corporación; por tanto, se extiende para este caso
dicha interpretación.
Condena en costas
4 Radicado 11001-03-25 000-2012-00328-00 (1292-2012).
5 Radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020).
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35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
36. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
37. En el caso concreto no procede la condena en costas pues el recurso de
apelación prosperó parcialmente, por manera que no puede predicarse que alguna
de las partes haya sido vencida en esta instancia. En consecuencia, se prescindirá
de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo y quinto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, así:
SEGUNDO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre
de 2024 y 19 de marzo de 2026 del Consejo de Estado dentro de los procesos
11001-03-25 000-2012-00328-00 (1292-2012) y 11001-03-25-000-2020-
00621-00 (1649-2020), conforme a lo indicado en la parte motiva.
QUINTO. CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar a favor de Alfredo
García Wilfer las prestaciones sociales causadas desde el 21 de junio de
2013 y hasta que se dé cumplimiento a la sentencia, con inclusión del treinta
por ciento (30 %) de la asignación básica que fue indebidamente sustraída al
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Demandante: Alfredo García Wilfer
actor, sin que ello implique reconocer la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como factor salarial.
El reconocimiento realizado se deberá sujetar al tope salarial del 80% de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de Altas
Cortes.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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