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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar la nulidad parcial del Decreto 186 del 7 de febrero de 2014, específicamente de sus artículos 9 y 10, de conformidad y bajo los términos de las consideraciones y efectos expuestos en esta providencia. Segundo. Negar las demás pretensiones de nulidad dirigidas contra los artículos 1 y 2 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019; por las razones desarrolladas en esta sentencia. Tercero. Sin condena en costas. 25 Sobre la postura de la aplicación retrospectiva de los efectos de la nulidad, ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 22 de noviembre de 2012 en el proceso con radicado: 25000-23-24-000-2004-00334-01. 26 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020) Cuarto. Reconocer personería como apoderados del Ministerio de Justicia y del Derecho al abogado John Jairo Guzmán Benítez con tarjeta profesional 97.689 (índice 57) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al abogado Carlos Johann Saavedra Bohórquez con tarjeta 185.688 (índice 58); lo anterior de conformidad y en los términos de los poderes que les fueron conferidos. Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020)
Demandante: Lessdy Denisse López Espinosa
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio
de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la
Función Pública y Procuraduría General de la Nación

Temas: Prima especial de la Procuraduría General de la Nación fijada
por Decreto 186 de 2014. Ausencia de pronunciamiento sobre
Decretos de reajuste salarial 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019. DECLARA NULIDAD
PARCIAL

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala1 a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por la señora Lessdy Denisse López Espinosa, quien actúa a través de
apoderado, contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio
de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la Función Pública y la
Procuraduría General de la Nación.

ANTECEDENTES

1. La señora Lessdy Denisse López Espinosa instauró demanda con acumulación
de pretensiones en ejercicio de los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho consagrados en los artículos 137 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. El 7 de noviembre de 20232, el conjuez sustanciador escindió la demanda, por lo
que ordenó remitir copia a los Juzgados Administrativos de Cali para que se tramiten
las pretensiones de carácter particular, y admitió en única instancia el medio de
control de nulidad simple que tiene las siguientes:

1 Cabe precisar que si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido respecto de la prima

especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, esto por tener un proceso activo en el que se debatía un asunto
similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra
ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
2 Folios 74 a 77.

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PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad de los artículos 9 y 10 del Decreto 186 de 2014, cuyo
texto es el siguiente:

«[…] Artículo 9°. A partir del 1° de enero de 2014, la remuneración mensual de los
Procuradores Judiciales II ante los Tribunales: Superiores de Distrito Judicial, Contencioso
Administrativo, Penal Militar, Nacional, ante Jurisdicción Agraria de Menores y Familia, será
de ocho millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos
($8.623.464) moneda corriente, distribuida así:

Asignación Básica 3.383.514
Gastos de Representación 3.383.511
Prima Especial 1.856.439

Artículo 10. A partir del 1° de enero de 2014, la remuneración mensual de los Procuradores
Judiciales I será de cinco millones novecientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos
($5.992.084) moneda corriente. El treinta por ciento (30%) de esta remuneración se
considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, aplicable a los Jueces de la República.

Igualmente, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de
manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales,
tendrán derecho a percibir la bonificación judicial para aquellas, en los términos y
condiciones establecidos en el Decreto número 383 de 2013. […]».

4. Igualmente, que se declare la nulidad de los artículos 1 y 2 de los Decretos 1257
de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019; cuyo texto común
es el siguiente:

«[…] Artículo 1°. Reajústase, a partir del 1° de enero […] las escalas salariales que regulan
la remuneración mensual y asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría
del Pueblo señaladas en los decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014, modificados por los
Decretos […]

Artículo 2°. Reajústase, a partir del 1° de enero de […] los valores señalados para los
beneficios salariales y prestacionales determinados en los Decretos números 186, 194, 196
y 1239 de 2014, modificados por los Decretos […]».

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que el Gobierno Nacional a través de los actos acusados inobservó los
lineamientos previstos en la Ley 4.ª de 1992 para fijar el régimen salarial y
prestacional de los procuradores judiciales I y II, desconoció el concepto de salario,
la naturaleza de las primas y vulneró los derechos de carácter laboral, los principios
de progresividad, favorabilidad y no regresividad al haber tenido el 30% de la

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remuneración mensual como componente integrante de la asignación básica y no
como un pago adicional a esta.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Consideró vulnerados: los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123,
150 numeral 19 literales e) y f), 189 numeral 11, 209, 228 y 253 de la Constitución
Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Convenio 95
Sobre la Protección del Salario; 4 del Protocolo de San Salvador; 152 numeral 7 de
la Ley 270 de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del CST; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4ª
de 1992.

7. Expresó que las normas demandadas desatendieron los lineamientos previstos
por la Ley 4ª de 1992 particularmente, el que dispone que en ningún caso podrán
desmejorarse los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos.

8. Planteó que al modificar o suprimir la prima especial, el Gobierno Nacional
excedió las facultades otorgadas por el legislador. Que el hecho de reconocer la
prima especial de servicios como una parte integrante de la asignación básica, lo
que implicó fue una disminución del valor del salario y al mismo tiempo del monto
de las prestaciones sociales que se liquidan con este último, lo que conllevó al
desconocimiento de los principios de progresividad y favorabilidad.

9. Afirmó que ya se conoce un precedente judicial que declara la nulidad de los
decretos reguladores de la prima especial para los funcionarios del Ministerio
Público, específicamente desde el año 1993 hasta el 2007, esto por haberse
expedido en forma contraria a la Constitución y a la ley, de manera que esa misma
suerte deben correr los demás actos que con su mismo contenido el Ejecutivo
expidió debido a una mala interpretación de la norma que derivó en la disminución
del salario de los procuradores judiciales I y II.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

10. El Departamento Administrativo de la Función Pública3 adujo que no puede
dársele a la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 un carácter
ejecutorio o de condena como pretende hacerlo ver la parte accionante, pues
acceder al derecho reclamado desconoce el carácter general e impersonal de los
fallos de nulidad (erga omnes), y sus efectos en el tiempo (ex nunc), donde además
nada se resuelve sobre temas subjetivos, ni sobre reconocimientos salariales o
prestacionales.

11. Añadió que el Gobierno Nacional al dictar los decretos que dieron cumplimiento
al artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 no desconoció el concepto de que la prima

3 Índice 27 de SAMAI.

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especial es un “plus”, pues según reportes del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el reconocimiento de dicho emolumento a partir del año de 1993 representó
para sus destinatarios un incremento por este concepto del treinta por ciento (30%)
del salario. Por tanto, en el desarrollo de los actos demandados no existió un
castigo, disminución o afectación de la asignación básica mensual.

12. Propuso como excepciones las de prescripción, indebida representación de la
Nación, inexistencia de título de imputación presupuestal de la reclamación laboral
de la accionante, inexistencia del derecho reclamado, inexistencia de un perjuicio
indemnizable y genérica.

13. La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho4 manifestó que ninguna de
las normas demandadas establece que el 30 % de la asignación básica de los
procuradores judiciales I y II tenga el carácter de prima especial, sino que, para el
caso de estos últimos contempló un valor de dicho emolumento inclusive superior
al 30 % del salario básico o asignación básica, el cual es apenas uno de los
componentes de la remuneración mensual, constituida por todos los beneficios
salariales mensuales que recibe el respectivo servidor público.

14. Argumentó que no es cierto que, en virtud de lo dispuesto en las normas
acusadas se reduzca a un 70 % la asignación básica de los procuradores I y II, sino
que, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, su
prima especial de servicios se liquida sobre la asignación básica, la cual es diferente
a la remuneración mensual, que es la sumatoria de todos los elementos, incluida
esa asignación, más la prima especial liquidada sobre la misma y los demás
elementos que le correspondan al funcionario, de acuerdo con su investidura y
categoría del cargo.

15. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público5 aseguró que al ser la
prima especial un asunto salarial objeto de una ley marco como la 4.ª de 1992, las
normas que se adoptan en desarrollo de las facultades generales solo pueden ser
declaradas ilegales cuando desborden los principios generales fijados por el
Legislador, lo cual no sucedió en el presente caso, porque los decretos reprochados
se enmarcan dentro de esa técnica legislativa y no constituyen un indebido ejercicio
de las competencias del Gobierno Nacional.

16. Añadió que, como característica propia, la referida prima especial no tiene
carácter salarial, esto es, no se toma como base para liquidar las prestaciones
sociales, excepto cuando se trate de pensión de jubilación, tal como lo expresó el
Consejo de Estado en la sentencia del 19 de septiembre de 1996.

4 Índice 33 de SAMAI.
5 Índice 34 de SAMAI.

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17. La Procuraduría General de la Nación6 afirmó que el Gobierno Nacional tiene
competencia constitucional y legal exclusiva y excluyente para definir los montos y
valores que debe percibir cada servidor vinculado a este órgano de control, al punto
de que no resulta jurídicamente posible que esta entidad pueda efectuar
reconocimientos laborales distintos o con montos diferentes a los establecidos
expresamente en los actos administrativos que se expidan para el efecto.

18. Expresó que los cargos aducidos por el demandante no tienen sustento jurídico,
porque el contenido material de los actos demandados no encuentra relación con el
monto ni con el porcentaje de la prima especial, sino con el incremento porcentual
que anualmente deben tener los salarios de los empleados públicos.

19. Propuso las excepciones de incompetencia de la Procuraduría General de la
Nación para la fijación de salarios y emolumentos de sus funcionarios; conformidad
de los artículos 9 y 10 del Decreto 186 de 2014 con la norma legal en que deberían
fundarse; constitucionalidad y legalidad de la prima especial del artículo 10 del
Decreto 186 de 2014 en cuanto a su naturaleza de no tener carácter salarial; y
constitucionalidad y legalidad de los artículos 1 y 2 de los Decretos 1257 de 2015,
245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019.

TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA

20. El 7 de noviembre de 20237 se escindió la demanda de nulidad con acumulación
de pretensiones de nulidad y restablecimiento, por lo que se admitió la primera y se
remitió esta última al juez competente. El 3 de diciembre de 20248 se resolvieron
las excepciones previas y el 3 de febrero de 20269 se avocó conocimiento del asunto
en el que se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los términos
del artículo 182A del CPACA, por lo que se decretaron las pruebas, se fijó el litigio,
y se corrió traslado para alegar de conclusión.

21. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho,10 el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público,11 y la Procuraduría General de la Nación12
ratificaron los planteamientos de sus contestaciones.

Se decidirá previas las siguientes,

6 Índice 36 de SAMAI.
7 Folios 74 a 77.
8 Folios 79 a 85.
9 Índice 53 de SAMAI.
10 Índice 57 de SAMAI.
11 Índice 58 de SAMAI.
12 Índice 59 de SAMAI.

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CONSIDERACIONES

22. Deberá resolver la Subsección si se encuentran viciados de nulidad los actos
administrativos demandados al supuestamente haber desconocido el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992, esto por haber establecido y reajustado la prima especial de
carácter no salarial en un porcentaje del 30% de la asignación básica de los
procuradores judiciales I y II, bajo el entendido de que era un componente integrante
de la misma y no un pago adicional a esta.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

23. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

24. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los mencionados servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 2014,13 por considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación
básica a título de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la
remuneración total y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones
sociales, al liquidarlas sobre un setenta por ciento (70%).

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz. Con esta providencia se
declaró la nulidad de las siguientes disposiciones: «[…] Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54
de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de
1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996;
10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de
1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998;
9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de
2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º
del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004;
9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006;
9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del
Decreto 3048 de 2007. […]».

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25. Además, bajo ese entendido, dichas normas inobservaban la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».

26. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201914, 11 de julio de 202315, 5 de septiembre de 202316, 5 de
diciembre de 202317, 6 de agosto de 202418 y 18 de diciembre de 202419.

27. En particular, se ha ratificado lo que se planteó en el fallo del 29 de abril de 2014
bajo los siguientes planteamientos:

«[…] En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió
los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario
devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería
considerado como prima.

Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente
por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico
era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%.

Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la
primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la
segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, […] implica
que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima
especial, para luego adicionarla al salario básico. […]»

28. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9
de abril de 202420 declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018, y reiteró que, el 30% correspondiente a la prima especial «no
puede ser deducido del salario».21

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
21
En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020)

29. Ahora, específicamente en el caso de la regulación salarial de los servidores del
Ministerio Público, esta tesis también fue convalidada en sentencia del 10 de
septiembre de 202422 bajo el siguiente análisis:

«[…] En consecuencia, el 30% del salario básico mensual de los servidores tanto de la
Rama Judicial, como de la Procuraduría, al igual que los de la Fiscalía no puede ser
considerado como prima especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice. Se
repite, la prima especial de servicios no puede ser imputada como parte del salario, sino
sumada, agregada, adicionada a éste. Si la prima especial de servicios correspondiese al
30% del salario, habría que concluir que el salario sería la prima misma, en la medida en
que la incorpora, la integra, la contiene. Y, en el mismo sentido, la base para liquidar las
prestaciones sociales no puede ser el salario básico reducido en un 30%, sino el 100% del
salario básico. […]»

Caso concreto

30. Inicialmente, luego de revisar los enunciados normativos de los artículos 9 y 10
del Decreto 186 de 2014 (que es uno de los actos demandados), la Sala advierte
que al regular para ese mismo año el concepto de “remuneración mensual” de los
procuradores judiciales I y II, el Gobierno Nacional consagró el pago de la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 al que tales servidores
tienen derecho, pero lo hizo como un componente integrador del monto total del
salario básico, es decir, un emolumento incluido en el valor global de la asignación
fijada en el decreto en un porcentaje del 30%, y no en calidad de un haber laboral
independiente y adicional a esta última.

31. Por tanto, de acuerdo con los criterios establecidos en la aludida ley marco, se
advierte que el Ejecutivo con la expedición de las disposiciones reprochadas
contravino los criterios fijados por el legislador, pues el literal a) del artículo 2º de la
mencionada ley estableció que, de ninguna manera se podían desmejorar los
salarios y prestaciones sociales.

32. Sin embargo, el decreto en los apartes demandados lo que en realidad generó
fue una interpretación errónea y una aplicación indebida de la norma superior al
haber mermado materialmente el salario de los referidos funcionarios en un 30%
del valor total previsto para el año 2014, pese a que la naturaleza jurídica de la prima
especial era la de constituir un emolumento agregado al 100% de la asignación
básica, en lugar de hacer parte de esta.

33. Esto es una razón más que suficiente para considerar que dicho acto, en lo que
es materia de estudio, desconoce la Constitución y la ley en cuanto a los principios
de progresividad, no regresividad de derechos laborales y favorabilidad y las
previsiones normativas de los artículos 2.º, literal a) y 14 de la Ley 4.ª de 1992, lo

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia

del 10 de septiembre de 2024. Radicado: 11001-03-25-000-2012-00328-00 (1292-2012)

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8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020)

cual implica declarar su nulidad.

34. Se debe destacar que en las sentencias mencionadas en el marco normativo y
jurisprudencial, específicamente las proferidas por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, el 9 de abril de 2024
y el 10 de septiembre de 2024, esta corporación anuló varias disposiciones de los
decretos salariales entre 1993 y 2018 que corresponden exactamente a una
reproducción literal de los enunciados que son objeto de análisis en el presente caso
(artículos 9 y 10 del Decreto 186 de 2014), pero para otros años, por ejemplo,
cuando se declaró la nulidad de los artículos 8 y 9 del Decreto 3048 de 2007, 23 o 9
del Decreto 841 de 2012,24 entre otros.

35. Lo expuesto demuestra que, al margen de la expedición anual de los decretos
salariales, lo que ya fue declarado ilegal de manera pacífica es el presupuesto
normativo abstracto de que el 30% a título de prima especial pagadera a los
funcionarios beneficiarios de la Rama Judicial, del Ministerio Público o de la Fiscalía
General de la Nación, estaba incluido como componente de la asignación básica; y
por ello, la misma suerte correrá la norma aquí demandada pues los fundamentos
expresados en las sentencias anteriores no han variado.

36. Ahora, tal como se precisó en la sentencia del 10 de septiembre de 2024, el
hecho de declarar nulos estos apartados normativos de ninguna manera implica que
haya desaparecido el derecho al pago de la prima especial para el año 2014, por el
contrario, se desvirtúa la interpretación errada de incluir dicho emolumento como
componente del salario básico.

37. De allí que, en su lugar, se deberá entender que este tendrá que ser calculado
en un porcentaje del 30% sobre el 100% del total de la asignación básica mensual
fijada por el Gobierno Nacional para los procuradores judiciales I y II en dicha
anualidad, y que, por consiguiente, deberá ser pagado de manera adicional a esta
última.

23 «[…] Artículo 8°. A partir del 1° de julio de 2007, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales II

ante los Tribunales: Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Nacional, ante
Jurisdicción Agraria, de Menores y Familia, será de: Seis millones cuatrocientos cuarenta mil setecientos
sesenta y cuatro pesos ($6.440.764) m/cte, distribuida así:

ASIGNACION BASICA 2.527.105

GASTOS DE REPRESENTACION 2.527.105

PRIMA ESPECIAL 1.386.554

Artículo 9°. A partir del 1° de julio de 2007, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales 1 será de:
Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos dieciséis pesos ($4,475.416) m/cte. El treinta
por ciento (30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, aplicable a los jueces de la República. […]»
24 «[…] Artículo 9°. A partir del 1° de enero de 2012, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales

I será de cinco millones seiscientos veintisiete mil trescientos sesenta y seis pesos ($5.627.366) moneda
corriente El treinta por ciento (30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de
conformidad con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, aplicable a los Jueces de la República. […]»

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020)

38. Además, en virtud de lo previsto en el artículo 189 del CPACA, como la decisión
en este caso fue de acceder a la nulidad frente a los artículos 9 y 10 del Decreto
186 de 2014, esta providencia tendrá efectos generales (erga omnes) de obligatorio
cumplimiento y con retrospectividad,25 bajo el entendido de que se afectan todas las
situaciones jurídicas anteriores no consolidadas que se encuentren en discusión
respecto de la aplicación de las normas anuladas.

39. Por último, tal como se resolvió en la sentencia del 9 de abril de 2024, en
relación con los artículos 1.º y 2.º de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017, 337 de 2018, y especialmente del 991 de 2019 en el presente proceso (los
cuales establecieron el reajuste salarial para los años en que fueron expedidas tales
disposiciones), nuevamente se negará la pretensión de nulidad por cuanto la
demandante no expuso ningún argumento para lograr su retiro del ordenamiento
jurídico, ya que el enfoque de este medio de control fue en relación con la prima
especial y nada se dijo de en que consistía la ilegalidad de que se realizara un ajuste
o incremento anual de los valores salariales y prestacionales reconocidos.

Condena en costas

40. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA26.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar la nulidad parcial del Decreto 186 del 7 de febrero de 2014,
específicamente de sus artículos 9 y 10, de conformidad y bajo los términos de las
consideraciones y efectos expuestos en esta providencia.

Segundo. Negar las demás pretensiones de nulidad dirigidas contra los artículos 1
y 2 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991
de 2019; por las razones desarrolladas en esta sentencia.

Tercero. Sin condena en costas.

25 Sobre la postura de la aplicación retrospectiva de los efectos de la nulidad, ver sentencia del Consejo de

Estado proferida el 22 de noviembre de 2012 en el proceso con radicado: 25000-23-24-000-2004-00334-01.
26 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020)

Cuarto. Reconocer personería como apoderados del Ministerio de Justicia y del
Derecho al abogado John Jairo Guzmán Benítez con tarjeta profesional 97.689
(índice 57) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al abogado Carlos Johann
Saavedra Bohórquez con tarjeta 185.688 (índice 58); lo anterior de conformidad y
en los términos de los poderes que les fueron conferidos.

Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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