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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00361-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00361-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024 y 19 de marzo de 2026 del Consejo de Estado, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones. SEGUNDO. MODIFICAR y UNIFICAR los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 29 de septiembre de 2023 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, así: SEGUNDO. CONDENAR a la entidad demandada a reconocer a favor del demandante la prima especial sin carácter salarial como un incremento de su remuneración mensual desde el 25 de marzo de 2012 hasta el 8 de agosto de 2016 en aplicación de la prescripción trienal. CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales al demandante causadas desde el 25 de marzo de 2012 y hasta el 8 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% del salario que hasta ahora se ha tenido como prima especial sin carácter salarial. El reconocimiento que se ordena está sujeto a que en ningún caso se podrá superar el tope salarial impuesto por el Gobierno nacional, según lo expuesto en la parte motiva. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida. CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2015-00361-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 23001 23 33 000 2015 00361 02 (4544-2024)
Demandante: Marco Tulio Noriega Noguera
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia, se modifica para precisar
el restablecimiento del derecho e imponer tope remuneratorio. Se
está a lo dispuesto en las sentencias de nulidad de los decretos
salariales anuales.

La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia expedida el 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. El actor instauró demanda en ejercicio del medio de control de la referencia con el
objeto de que se declare la nulidad del oficio SG No. 001501 del 13 de abril de 2015. A
título de restablecimiento del derecho reclamó el pago de la prima especial con carácter
salarial y su incidencia prestacional, así como en los aportes de Seguridad Social desde
el 7 de abril de 1995 hasta la fecha. Por último, pidió que se dé cumplimiento a la
sentencia en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo2 y se impongan costas contra la entidad demandada.

2. Adujo que ha laborado en la Procuraduría General de la Nación como procurador
judicial II desde el 7 de abril de 1995 hasta fecha3, y que presentó reclamación ante la
entidad demandada con el fin de lograr el reconocimiento y pago de las diferencias

1 Si bien es cierto que el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves se manifestaba impedido para conocer de este

tipo de asuntos al tener vigente un proceso cuyas pretensiones estaban encaminadas al reconocimiento
de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, también lo es, que por medio de la
sentencia del 16 de septiembre de 2025 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, fue resuelta
dicha controversia; razón por la cual integra la Sala que resuelve esta controversia. Adicionalmente, en el
índice 21 de Samai expresó las razones por las cuales integra la Sala que conoce este proceso, pese a
que en su momento fue acepado el impedimento que manifestó cuando fungía como magistrado del
mencionado Tribunal.
2 En adelante CPACA
3 Entiéndase por la fecha de presentación de la demanda.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 23001 23 33 000 2015 00361 02 (4544-2024)
Demandante: Marco Tulio Noriega Noguera

salariales y prestacionales adeudadas, la cual fue resuelta desfavorablemente a través
del acto acusado que se debe declarar nulo, pues a su juicio desconoce principios del
derecho laboral, así como el carácter salarial y adicional de la prima especial, de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Contestación de la demanda.

3. La Procuraduría General de la Nación no contestó la demanda4.

Sentencia apelada5.

4. El Tribunal Administrativo de Córdoba anuló el acto acusado, accedió a las
pretensiones y se abstuvo de imponer costas a las partes. Consideró que la prima
especial es un emolumento retributivo adicional a la asignación básica. En virtud de lo
anterior, ordenó el reconocimiento y pago de la prima especial, su naturaleza salarial y
su incidencia prestacional, así como en los aportes de Seguridad Social desde el 25 de
marzo de 2012, este límite temporal partió del análisis de prescripción trienal realizado
en las consideraciones6.

Recurso de apelación.

5. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación7,
expuso que la sentencia de nulidad de los decretos salariales expedidos entre 1993 y
2007 no puede afectar situaciones consolidadas. Agregó que, el Gobierno nacional es el
encargado definir el régimen remuneratorio de sus funcionarios, por lo que la entidad solo
se limita a dar cumplimiento a lo dispuesto en los decretos respectivos. Precisó que el
demandante fue beneficiario de la bonificación de gestión judicial y la bonificación por
compensación, por tal razón sus salarios y prestaciones sociales se han reconocido
ajustándose al tope salarial, en esa medida con lo ordenado se desatendería el límite
establecido para el cargo ocupado por el actor.

6. Aunando a lo anterior, mencionó que reconocer el carácter salarial a la prima
especial, afectaría las cotizaciones pensionales del demandante, pues ello impactaría
sobre prestaciones sociales respecto de las cuales no se efectúan tales cotizaciones.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

7. Mediante auto del 10 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación8, en el
término de ejecutoria no hubo pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público9.

8. Con la finalidad de esclarecer la fecha en que se radicó la reclamación
administrativa y el periodo de vinculación del actor, en providencia del 5 de febrero de
2026 se decretó una prueba de oficio tendiente a que se allegara copia de los documentos

4 De conformidad con la constancia secretarial del 9 de abril de 2019. Índice 16 de SAMAI de Tribunal.
5 Índice 43 de SAMAI de Tribunales.
6 De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
7 Índice 46 de SAMAI de Tribunales.
8 Índice 5 de SAMAI.
9 Índice 10 ibidem.

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Demandante: Marco Tulio Noriega Noguera

pertinentes10. La entidad dio cumplimiento a la orden efecto para el cual se adjuntó lo
requerido11. Las partes no hicieron ningún pronunciamiento, dentro del término de
traslado de tales pruebas.

III. CONSIDERACIONES.

Competencia.

9. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

10. En concordancia con los reparos concretos formulados en el recurso de
apelación, esta Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en
error al otorgar carácter salarial a la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 a de 1992,
si la sentencia apelada omitió pronunciarse sobre el tope de remuneración establecido
por el Gobierno nacional aplicable al cargo ocupado por el demandante y sobre la falta
de competencia de la demandada para fijar salarios; finalmente, referirse a los efectos de
la sentencia de nulidad de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007.

Análisis del problema jurídico

11. La Sala anuncia que, si bien se confirmará el fallo de primera instancia, ordenará
estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024 y 19 de marzo 2026
del Consejo de Estado que declararon la nulidad de decretos salariales de la entidad y
se modificará el numeral segundo de su parte resolutiva para precisar el restablecimiento
e imponer tope remuneratorio.

12. En el sub lite se encuentra acreditado que el demandante laboró como procurador
agrario entre el 7 de abril de 1995 y el 23 de julio de 1996, procurador judicial agrario
entre el 24 de julio de 1996 y el 4 de agosto de 1999, procurador judicial II desde el 5 de
agosto de 1999 y hasta el 8 de septiembre de 201612. Además, presentó reclamación
administrativa ante la entidad demandada el 25 de marzo de 201513, dirigida a obtener el
reconocimiento de las diferencias por concepto del 30% de salario que fue descontado,
para tenerlo a título de prima especial.

13. El primer problema jurídico se centra en cuestionar la decisión del Tribunal de
dotar de efectos salariales a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4a de 1992, pues con ello contrarió el ordenamiento jurídico, el precedente de la Corte

10 Índice 12 ibidem.
11 Índice 16 ibidem.
12 De conformidad el certificado laboral expedido el 17 de marzo de 2026. ibidem.

13 ibidem.

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Demandante: Marco Tulio Noriega Noguera

Constitucional y repercute en las cotizaciones pensionales del demandante. Al efecto, es
necesario mencionar que por disposición legal y según el examen de su
constitucionalidad14 la prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos
pensionales conforme a lo dispuesto en la Ley 332 de 1996; además se trata de un
emolumento adicional a la asignación básica del beneficiario.

14. Sin embargo, se precisa que la prima especial establecida en la Ley 4 a de 1992
es un valor adicional a la asignación básica que no tiene carácter salarial, salvo para
efectos pensionales; mientras que el 30% del salario que fue descontado de la
remuneración mensual del demandante para darle la connotación de prima sí tiene
incidencia prestacional, dado que comprende una porción del 100% de esta.

15. Precisado lo anterior y una vez verificado el contenido de la sentencia de primera
instancia, se concluye que el Tribunal sí incurrió en error al darle carácter salarial, pues
así lo dijo expresamente en los numerales segundo y tercero de su parte resolutiva; en
tal sentido, se modificarán dichos numerales, unificando lo decidido en ellos para ordenar
el reconocimiento de la prima especial sin carácter salarial, así como de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas de incluir el porcentaje del salario que fue reducido.

16. En el segundo problema jurídico la entidad advierte que ha reconocido las
bonificaciones de gestión judicial y por compensación, conforme al cargo ocupado por el
demandante, es decir que su remuneración se ha sujetado al tope legalmente
establecido; en ese contexto, el reconocimiento ordenado en primera instancia llevaría a
desatender el límite fijado por el Gobierno nacional. Al revisar las pruebas documentales
aportadas al proceso no se puede establecer si, en efecto, la remuneración se ha
reconocido en los topes anunciados por la entidad; no obstante, como en la sentencia de
primera instancia se omitió un pronunciamiento frente a ello, se condicionará el
reconocimiento al tope salarial, al tenor de lo establecido en el Decreto 610 de 1998 y
sobre ese aspecto también versará la modificación del numeral segundo de su parte
resolutiva.

17. El tercer problema jurídico se concentra en la falta de competencia de la entidad
para definir el régimen salarial de la entidad, pues sus atribuciones en esa materia se
limitan a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno nacional. Al respecto, se debe
precisar que si bien es cierto tales competencias están asignadas al Congreso de la
República15 y al Gobierno nacional16, también lo es que la prima especial fue establecida
en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, en esa medida la demandada debía sujetarse a
esa disposición legal a efecto del reconocimiento del emolumento en cuestión y no
basarse exclusivamente en los decretos salariales expedidos por el Gobierno. En
consecuencia, no prospera el reparo planteado.

18. El cuarto problema jurídico se centra en afirmar que la sentencia del 29 de abril
de 2014 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado17 tiene efectos ex tunc y por esa

14 Corte Constitucional, Sentencia C- 279 de 1996 conjuez ponente, Hugo Palacios Mejía.
15 Artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

16 Artículo 189 ibidem.

17 Radicado 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07).

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Demandante: Marco Tulio Noriega Noguera

razón no puede afectar situaciones consolidadas. Al respecto, se advierte que el lapso
del reconocimiento ordenado por el a quo comprende desde el 25 de marzo de 201218,
es decir que no se trata de derechos causados en vigencia de los decretos salariales
expedidos entre el 1993 y el 2007, que fueron anulados en dicha providencia, razón
suficiente para negar el planteamiento.

19. Por otra parte, se debe mencionar que en sentencias del 10 de septiembre de
202419 y 19 de marzo de 202620 del Consejo de Estado se declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales expedidos de 1993 a 2012 y 2014, porque
establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 a de 1992 como una
parte integrante de la remuneración básica y no como un incremento equivalente al 30%
de aquel. En consecuencia, se ordenará estarse a lo decidido en dichas providencias, en
tanto que retiraron del ordenamiento jurídico algunas de las disposiciones que sirvieron
de base para la incorrecta interpretación del emolumento que se discutió en el sub lite.

Condena en costas.

20. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

21. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

22. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

23. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez
que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas parcialmente, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

18 En razon a la declaratoria de prescripción trienal.
19 Radicado 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-2012)
20 Radicado 11001 03 25 000 2020 00621 00 (1649-2020)

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Radicación: 23001 23 33 000 2015 00361 02 (4544-2024)
Demandante: Marco Tulio Noriega Noguera

RESUELVE

PRIMERO. Estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024 y 19 de
marzo de 2026 del Consejo de Estado, de conformidad con lo manifestado en las
consideraciones.

SEGUNDO. MODIFICAR y UNIFICAR los numerales segundo y tercero de la parte
resolutiva de la sentencia del 29 de septiembre de 2023 expedida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, así:

SEGUNDO. CONDENAR a la entidad demandada a reconocer a favor del demandante la
prima especial sin carácter salarial como un incremento de su remuneración mensual
desde el 25 de marzo de 2012 hasta el 8 de agosto de 2016 en aplicación de la
prescripción trienal.

CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar y pagar las diferencias salariales y
prestacionales al demandante causadas desde el 25 de marzo de 2012 y hasta el 8 de
septiembre de 2016, teniendo en cuenta como base de liquidación el 100% de la
remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% del salario que hasta ahora se ha
tenido como prima especial sin carácter salarial.

El reconocimiento que se ordena está sujeto a que en ningún caso se podrá superar el
tope salarial impuesto por el Gobierno nacional, según lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.

CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Radicación: 23001 23 33 000 2015 00361 02 (4544-2024)
Demandante: Marco Tulio Noriega Noguera

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DVM

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