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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00605-02

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00605-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 15 de julio de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así: PRIMERO. Estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024 y 19 de marzo de 2026 del Consejo de Estado, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida. TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-00605-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2015 00605 02 (5553-2024)
Demandante: Félix Joaquin Cárdenas Carrillo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia, se modifica para estarse
a lo dispuesto en las sentencias de nulidad de los decretos salariales
anuales de 1993 a 2012 y 2014. Se condena en costas a la entidad.

La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia expedida el 15 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. El actor instauró demanda en ejercicio del medio de control de la referencia con el
objeto de que se declare la nulidad del oficio SG 005620 del 18 de noviembre de 2014 y
de la Resolución de 075 del 3 de febrero de 2015. Además, solicitó la inaplicación de los
decretos salariales expedidos entre 2007 y 2014, que reiteraron disposiciones que fueron
anuladas.

2. A título de restablecimiento del derecho reclamó el pago de la prima especial con
carácter salarial, así como las diferencias salariales, prestacionales y de los aportes en
pensiones desde el mes de octubre de 2010 hasta la fecha de presentación de la
demanda y en adelante. Por último, pidió que se reconozcan intereses moratorios y se
impongan costas contra la entidad demandada.

3. Adujo que ha laborado en la Procuraduría General de la Nación como procurador
judicial II desde el 10 de octubre de 2010 hasta fecha2, y que en octubre de 2014 presentó
reclamación ante la entidad demandada con el fin de lograr el reconocimiento y pago de

1 Si bien es cierto que el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves se manifestaba impedido para conocer de este

tipo de asuntos al tener vigente un proceso cuyas pretensiones estaban encaminadas al reconocimiento
de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, también lo es, que por medio de la
sentencia del 16 de septiembre de 2025 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, fue resuelta
dicha controversia; razón por la cual integra la Sala que resuelve esta controversia.
2 Entiéndase la fecha de presentación de la demanda.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001 23 33 000 2015 00605 02 (5553-2024)
Demandante: Félix Joaquin Cárdenas Carrillo

las diferencias adeudadas, la cual fue resuelta desfavorablemente a través de los actos
acusados que se deben declarar nulos, pues a su juicio desconocen los principios del
derecho laboral, el carácter adicional y el porcentaje mínimo de la prima especial.

Contestación de la demanda.

4. La Procuraduría General de la Nación no contestó la demanda3.

Sentencia apelada4.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se estuvo a lo resuelto en la
sentencia del 2 de septiembre de 2019 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado;
inaplicó por inconstitucional el artículo 11 de los decretos salariales expedidos entre 2010
y 2013 y todos los demás que hubieren reproducido los yerros que dieron lugar a la
nulidad de las normas que se examinaron en la sentencia del «20» de abril de 20145;
declaró la prescripción de los derechos causados con anterioridad al 4 de noviembre de
20116, anuló los actos acusados e impuso condena en costas contra la demandada.

6. Consideró que la prima especial es un emolumento retributivo adicional a la
asignación básica, sin carácter salarial, salvo para efectos del cálculo de los aportes
pensionales y su reconocimiento en ningún caso puede conllevar que se supere el tope
fijado por el Gobierno nacional, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado7.

7. En virtud de lo anterior, ordenó a la entidad demandada reconocer, reliquidar y
pagar la prima especial como una adición al salario, así como las diferencias
prestacionales liquidadas con el 100% del salario durante el tiempo en que el actor ha
laborado como procurador judicial II; precisando que el reconocimiento no podía superar
el tope salarial establecido para dicho cargo.

Recurso de apelación.

8. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación8
en el que adujo que carece de competencia para fijar el régimen salarial y prestacional
de sus funcionarios, por lo cual no puede reconocer montos diferentes a los dispuestos
en los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional.

3 De conformidad con la constancia secretarial del 19 marzo de 2019, se advirtió que la demandada no

allegó escrito de contestación de la demanda. Folio 126 del expediente físico.
4 Índice 70 de SAMAI de Tribunales.
5 Aunque así se mencionó en el numeral primero de la parte resolutiva, se entiende que se refiere a la del

29 de abril de 2014, radicado 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07); conjuez ponente María Carolina
Rodríguez Ruiz, pues fue la providencia a la que se aludió en la parte considerativa.

6 De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
7 Puntualmente lo resuelto en las sentencias del 29 de abril de 2014, radicación 11001 03 23 000 2007

00087 00 (1686-07) conjuez ponente: María Carolina Rodríguez, y 2 de septiembre de 2019, radicación
41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-18) conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos.
8 Índice 73 de SAMAI de Tribunales.

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Radicación: 76001 23 33 000 2015 00605 02 (5553-2024)
Demandante: Félix Joaquin Cárdenas Carrillo

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

9. Mediante auto del 13 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación9, en el
término de ejecutoria el Ministerio Público rindió concepto solicitando que se confirme la
sentencia de primera instancia10.

III. CONSIDERACIONES.

Competencia.

10. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

11. En concordancia con el reparo concreto formulado en el recurso de apelación,
esta Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció
las competencias propias de la entidad, de cara a establecer su responsabilidad en torno
a lo pretendido en la demanda.

Análisis del problema jurídico

12. La Sala anuncia que, si bien se confirmará el fallo de primera instancia, se
modificará el numeral primero de su parte resolutiva para estarse a lo resuelto en las
sentencias del 10 de septiembre de 2024 y 19 de marzo 2026 del Consejo de Estado.
Por último, se impondrán costas contra la entidad demandada.

13. El problema jurídico se concentra en la falta de competencia de la entidad para
definir el régimen salarial de la entidad, pues sus atribuciones en esa materia se limitan
a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno nacional. Al respecto, se debe precisar
que si bien es cierto tales competencias están asignadas al Congreso de la República11
y al Gobierno nacional12, también lo es que la prima especial fue establecida en el artículo
14 de la Ley 4a de 1992, en esa medida la demandada debía sujetarse a esa disposición
legal a efecto del reconocimiento del emolumento en cuestión y no basarse
exclusivamente en los decretos salariales expedidos por el Gobierno. En consecuencia,
no prospera el reparo planteado.

9 Índice 5 de SAMAI.
10 Índice 10 ibidem.

11 Artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
12 Artículo 189 ibidem.

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Radicación: 76001 23 33 000 2015 00605 02 (5553-2024)
Demandante: Félix Joaquin Cárdenas Carrillo

14. Finalmente, la Sala debe mencionar que en las sentencias del 10 de septiembre
de 202413 y 19 de marzo de 202614 del Consejo de Estado se declaró la nulidad de
algunos artículos de los decretos salariales anuales expedidos de 1993 a 2012 y 2014,
porque establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 a de 1992
como una parte integrante de la remuneración básica y no como un incremento
equivalente al 30% de aquel; tal interpretación se extiende para los decretos de los años
posteriores en cuanto constituyan una reproducción de las normas anuladas. En
consecuencia, se modificará el numeral primero de la parte resolutiva, comoquiera que
la sentencia a la que se acogió no es de unificación jurisprudencial 15 e inaplicó los
decretos salariales emitidos entre 2010 a 2013; en su lugar se ordenará estarse a lo
decidido en dichas providencias.

Condena en costas.

15. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

16. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

17. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

18. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por cuanto se
niegan las peticiones de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

13 Radicado 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-2012).
14 Radicado 11001 03 25 000 2020 00621 00 (1649-2020).
15 Comoquiera que la sentencia del 2 de septiembre de 2019, a la que allí se aludió no es de unificación

jurisprudencial, como se ha sostenido en autos del 27 de marzo y 24 de julio de 2025, proferidos en el
trámite del proceso identificado con el número de radicado 11001-03-25-000-2021- 00377-00 (1891-2021).
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Radicación: 76001 23 33 000 2015 00605 02 (5553-2024)
Demandante: Félix Joaquin Cárdenas Carrillo

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 15
de julio de 2024 expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así:

PRIMERO. Estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024 y
19 de marzo de 2026 del Consejo de Estado, de conformidad con lo manifestado
en las consideraciones.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.

TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Ausente con permiso
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DVM

5

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