Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00097-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00097-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2018-00097-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00097-02 (2655-2023)
Demandante: José Rafael Carrillo Acuña
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Temas: Prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Se adiciona el numeral segundo de la sentencia apelada para
señalar que la remuneración del actor deberá sujetarse al tope
previsto en el Decreto 610 de 1998 para los magistrados de
tribunal. Además, se modifica el numeral tercero de la
providencia recurrida para estarse a lo resuelto en la sentencias
que declararon la nulidad de los decretos que establecieron la
prima especial de servicios para los funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia del 14 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se instauró demanda con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
S.G. 8184 del 21 de noviembre de 2017, por medio del cual la autoridad accionada
negó al actor el reconocimiento y pago de la prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992. También se solicitó la inaplicación de las
expresiones contenidas en los decretos salariales expedidos entre 2010 y 2016 que
establecían la prima especial de servicios sin carácter salarial.
2. A título de restablecimiento del derecho, se reclamó el reconocimiento y pago
de la prima especial con carácter salarial, así como las diferencias salariales y
prestacionales correspondientes desde el 05 de marzo de 2010 hasta el 10 de
octubre de 2016.
3. Pidió igualmente la indexación de las sumas reconocidas, la aplicación de
los artículos 192 y 195 del CPACA en materia de intereses y la condena en costas.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00097-02 (2655-2023)
Demandante: José Rafael Carrillo Acuña
4. Como fundamento de las pretensiones, el actor señaló que fue nombrado el
05 de marzo de 2010 como Procurador 154 Judicial II Administrativo de Riohacha
y, luego, Procurador 123 Judicial II Administrativo de Valledupar, cargo que ocupó
hasta el 10 de octubre de 2016.
5. Afirmó que la entidad demandada atribuyó a un porcentaje de su asignación
básica mensual la denominación de prima especial sin carácter salarial, lo que, a
su juicio, implicó que sus prestaciones y demás acreencias laborales fueran
liquidadas sobre un valor inferior.
6. Por tal motivo, el 4 de septiembre de 2017 presentó reclamación
administrativa para obtener el reconocimiento y pago de las diferencias derivadas
de dicho concepto, la cual fue resuelta desfavorablemente a través del acto
demandado.
Contestación de la demanda
7. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda porque considera que carece de competencia para fijar o modificar el
régimen salarial de los servidores de la entidad, por cuanto dicha facultad
corresponde exclusivamente al Gobierno nacional, de conformidad con la
Constitución Política y la Ley 4 de 1992. En ese sentido, afirmó que el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones del demandante se efectuó
con estricta observancia de los decretos salariales expedidos por el Ejecutivo.
8. Asimismo, señaló que el régimen salarial de la Procuraduría General de la
Nación es especial y autónomo frente a los de la Rama Judicial y la Fiscalía General
de la Nación, razón por la cual las decisiones judiciales proferidas respecto de estos
últimos no resultan automáticamente extensibles a los servidores de la entidad.
9. Afirmó que la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia
C-279 de 1996, por lo que no era posible su inaplicación por vía de excepción.
Añadió que el actor no era beneficiario del artículo 15 ibidem, al no obrar prueba de
que su cargo estuviera relacionado con los supuestos allí previstos.
10. Finalmente, sostuvo que las sentencias de nulidad de actos administrativos
generales únicamente producen efectos respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas y que, en todo caso, operó la prescripción trienal frente a las
acreencias causadas con anterioridad al término legal. En consecuencia, solicitó
negar las pretensiones de la demanda y declarar probadas las excepciones
formuladas, así como cualquier otra que resultara acreditada en el proceso.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 14 de julio de
2022, inaplicó los artículos de los decretos salariales expedidos entre 2010 y 2016
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Demandante: José Rafael Carrillo Acuña
que establecieron para sus respectivas vigencias fiscales la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una prestación sin carácter salarial y
anuló el acto demandado.
12. Con fundamento en lo anterior, condenó a la entidad accionada a reliquidar
las prestaciones sociales del demandante con inclusión del 30 % del salario que
erradamente se le otorgó carácter de prima especial. Asimismo, ordenó pagar al
demandante la prima especial reclamada.
13. Lo anterior sin perjuicio de la configuración del fenómeno de la prescripción
trienal respecto de las pretensiones que se causaron con anterioridad al 4 de
septiembre de 2014, como quiera que la reclamación administrativa fue realizada
el 4 de septiembre de 2017.
14. Para sustentar su determinación, el a quo sostuvo que la prima especial de
servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 debía entenderse como
un incremento del salario básico mensual de los servidores beneficiarios, y no como
una parte de aquel.
Recurso de apelación
15. La Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia porque considera que el tribunal incurrió
en un error de interpretación al atribuir a esa entidad una competencia de la que
carece constitucional y legalmente, pues la fijación del régimen salarial de sus
servidores corresponde de manera exclusiva al Gobierno nacional, conforme a la
Constitución Política y a la Ley 4 de 1992. En ese sentido, afirmó que el oficio
demandado se limitó a aplicar el régimen salarial vigente y que la entidad no podía
reconocer emolumentos distintos a los previstos en los decretos expedidos por el
Ejecutivo.
16. Asimismo, manifestó que la sentencia de primer grado desconoció la
presunción de legalidad de los decretos salariales aplicables y realizó una
interpretación extensiva de la normativa que regula el régimen especial de la
Procuraduría General de la Nación. Reiteró que durante la vinculación del
demandante la entidad liquidó y pagó oportunamente los salarios y prestaciones
conforme a las disposiciones vigentes para cada anualidad, por lo que no existe
fundamento jurídico para declarar la nulidad del acto acusado ni para ordenar el
reconocimiento de diferencias salariales o prestacionales. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestaron impedimento para conocer el asunto, respecto del primero de ellos se
declaró infundado y el segundo fue separado del conocimiento del proceso
mediante auto del 29 de noviembre de 2024.
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Demandante: José Rafael Carrillo Acuña
18. Mediante auto del 1 de agosto de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y se corrió traslado a los sujetos procesales
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
19. La agente delegada del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó
revocar la sentencia de primera instancia al estimar que reconocer la prima especial
solicitada por el demandante puede dar lugar a que se desconozcan los topes
salariales establecidos para los procuradores judiciales grado II. Lo anterior, como
quiera que el señor Carillo Acuña percibió la bonificación por compensación.
20. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problemas jurídicos
22. En concordancia con los reparos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en error al reconocer la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una suma adicional al
salario cuando los decretos que regularon la materia disponían que esta era un
porcentaje de la asignación básica.
23. Asimismo, se examinará si la sentencia apelada desconoció el tope
remuneratorio fijado por el Gobierno nacional para los servidores judiciales, en
particular el límite previsto para los magistrados del tribunal.
Análisis de los problemas jurídicos
24. Examinado el caso concreto, la Sala modificará el numeral segundo de la
parte resolutiva de la sentencia apelada para precisar que al efectuar la liquidación
de la condena la remuneración total del actor deberá sujetarse al límite equivalente
al 80 % de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados
de tribunal.
25. Asimismo, se modificará el numeral tercero de la providencia recurrida con
el fin de ordenar estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de
2024 y del 19 de marzo de 2026, proferidas por el Consejo de Estado.
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00097-02 (2655-2023)
Demandante: José Rafael Carrillo Acuña
26. Para resolver el primer problema jurídico, la Sala debe determinar si el
Tribunal erró al ordenar a la entidad demandada reconocer la prima especial de
servicios del accionante como un porcentaje adicional cuando los decretos que
regulaban la materia disponían otra forma de interpretar esta prestación.
27. Al respecto, la Sala considera importante resaltar que en las sentencias
del 10 de septiembre de 20241 y del 19 de marzo de 20262, el Consejo de Estado
declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales para los
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, expedidos entre 1993 y 2012,
así como del correspondiente a 2014. Lo anterior porque establecieron la prima
especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una parte integrante de
la remuneración básica y no como un incremento equivalente al 30 % de aquella.
28. En aquellas providencias se realizó un estudio detallado de la postura de
esta Corporación sobre los decretos que regularon la prima especial, la mayoría de
los cuales han sido declarados nulos porque desconocieron la postura de que el
30% del salario básico mensual de los servidores tanto de la Rama Judicial, como
de la Procuraduría, al igual que los de la Fiscalía, no puede ser considerado como
prima especial de servicios. Esta prestación no puede ser imputada como parte del
salario; sino sumada, agregada, adicionada a éste.
29. Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal no incurrió en un error al
ordenar pagar al demandante la prima especial de servicios como un incremento
adicional al salario básico y reliquidar las prestaciones sociales sobre el porcentaje
que erradamente se tuvo como prima.
30. El segundo problema jurídico consiste en determinar si el reconocimiento
ordenado por el Tribunal desconoció el tope remuneratorio establecido por el
Gobierno nacional para los procuradores judiciales II, en relación con la asignación
prevista para los magistrados del tribunal.
31. Revisado el expediente, la Sala advierte que las certificaciones allegadas
permiten identificar los conceptos devengados por el actor entre el 05 de marzo de
2010 y el 10 de octubre de 2016, entre ellos, sueldo básico, gastos de
representación, prima especial y bonificación por compensación. Sin embargo,
esos elementos probatorios no resultan suficientes para verificar si la remuneración
reconocida al demandante se ajustó o no al límite previsto en el Decreto 610 de
1998, pues no obra prueba para efectuar la comparación con los ingresos laborales
que, por todo concepto, percibían los magistrados del tribunal durante el mismo
período.
32. En consecuencia, con la sola información salarial del actor no es posible
corroborar si lo reconocido en primera instancia implica o no la superación del límite
1 Radicado 11001-03-25 000-2012-00328-00 (1292-2012).
2 Radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020).
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remuneratorio aplicable. No obstante, con el fin de evitar que el cumplimiento de la
condena exceda el tope previsto por el legislador, y dado que la sentencia apelada
no precisó este aspecto, se adicionará la providencia para señalar que al momento
de efectuar la liquidación la remuneración total del actor deberá sujetarse al 80 %
de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de Alta
Corte.
33. Esta precisión no implica afirmar que el demandante hubiera superado
dicho límite remuneratorio, aspecto que no puede establecerse con el material
probatorio obrante en el expediente, sino garantizar que la ejecución de la sentencia
se ajuste al régimen salarial aplicable.
34. Por otro lado, la Sala observa que en el numeral tercero de la sentencia
de primera instancia se ordenó inaplicar los artículos de los decretos salariales
expedidos entre 2010 y 2016. Sobre el particular, debe reiterarse que mediante
sentencias del 10 de septiembre de 20243 y del 19 de marzo de 20264, el Consejo
de Estado declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales
expedidos entre 1993 y 2012, así como del correspondiente a 2014, al considerar
que establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
como una parte integrante de la remuneración básica y no como un incremento
equivalente al 30 % de aquella.
35. En consecuencia, se modificará el numeral tercero de la sentencia apelada
para ordenar estarse a lo resuelto en dichas providencias, en cuanto retiraron del
ordenamiento jurídico disposiciones que sirvieron de fundamento a la interpretación
errada del emolumento discutido en este proceso. En relación con la regulación
salarial de 2013, la Sala advierte que reproduce la misma regla anulada en los
decretos examinados por esta Corporación; por tanto, se extiende para este caso
dicha interpretación.
Condena en costas
36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
37. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
3 Radicado 11001-03-25 000-2012-00328-00 (1292-2012).
4 Radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020).
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00097-02 (2655-2023)
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escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
38. En el caso concreto no procede la condena en costas, pues el recurso de
apelación prosperó parcialmente, por lo que no se puede predicar que alguna de
las partes haya sido vencida en esta instancia. En consecuencia, se prescindirá de
la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. ADICIONAR lo siguiente al numeral segundo de la parte resolutiva de
la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar:
SEGUNDO. […]
El reconocimiento realizado se deberá sujetar al tope salarial del 80 % de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de Alta Corte,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998.
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 14 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual
quedará así:
TERCERO: ESTARSE a lo resuelto en las sentencias de 10 de septiembre de 2024
y 19 de marzo de 2026 del Consejo de Estado dentro de los procesos 11001-03-25
000-2012-00328-00 (1292-2012) y 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020),
conforme a lo indicado en la parte motiva.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.
QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00097-02 (2655-2023)
Demandante: José Rafael Carrillo Acuña
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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