Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00660-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00660-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00660-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00660-01 (1003-2025)
Demandante: Homero Rafael Córdoba Caicedo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00660- 01 (1003-2025)
Demandante: Homero Rafael Córdoba Caicedo
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Estarse a lo resuelto, revocar la sentencia de primera instancia,
y, en su lugar, anular el acto demandado, declarar la
prescripción excepto para aportes pensionales. Se condena
en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de
noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio SG No. 005844 del 3 de
diciembre de 20142, mediante el cual la entidad demandada negó el
reconocimiento y pago del reajuste solicitado.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] SEGUNDA.- [...]
reconocer y pagar las diferencias de los valores cancelados por concepto de
prestaciones sociales, tales como vacaciones, prima de servicios, prima de
navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías y demás, desde la fecha
en que se hizo exigible la mencionada prima, hasta la fecha en que se realice el
pago de lo adeudado, es decir de la suma adicional correspondiente al 30%, de
conformidad con el contenida del artículo 14 de la Ley 4º. de 1992, toda vez que
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso.
2 Índice 65 expediente digital, págs. 53-59, gestión en otros despachos de Samai
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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00660-01 (1003-2025)
Demandante: Homero Rafael Córdoba Caicedo
el doctor HOMERO RAFAEL CORDOBA CAICEDO, laboró para la Procuraduría
General de la Nación, en el cargo enunciado, desde el 4° de agosto de 2004.
TERCERA.- Que en adelante, sus pensiones y prestaciones sociales se vean
positivamente afectadas por el legal reconocimiento de la mencionada prima, que
no debía ser un decremento, sino un incremento salarial desde el año de su
vigencia, […]3».
Hechos que fundamentan la demanda
4. El demandante prestó sus servicios a la Procuraduría General de la Nación
en el cargo de procurador judicial II, desde el 2 de agosto de 2004 hasta el mes
de septiembre de 2010.
5. La parte actora elevó petición ante la entidad demandada el 11 de noviembre
de 2014, en la que solicitó el reajuste del salario y sus prestaciones sociales, la
cual fue resuelta de manera negativa mediante el acto demandado.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado del demandante, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 2, 4, 9, 13, 25, 48, 53, 93, 150, 228 y 230 de la Constitución Política; y
14 de la Ley 4 de 1992.
7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que al actor no se le canceló
el 100% de su salario básico y adicionalmente el 30% por concepto de prima
especial, sino que se vulneraron de sus derechos laborales, de tal manera que el
sueldo se redujo a un 70% y el 30% se le otorgó como prima especial, cuando lo
correcto era que ese 100% se incrementara, en un 30%, tal como se estableció
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Contestación de la demanda
8. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación
contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones, en razón a que es el
Gobierno nacional quien tiene constitucionalmente la investidura para regular el
régimen salarial y prestacional, no siendo jurídicamente posible que dicha entidad
pueda efectuar reconocimientos laborales distintos o con montos diferentes a los
establecidos expresamente en los actos administrativos que se expidan para el
efecto.
9. Finalmente, propuso como excepciones las de «falta de legitimación en la
causa por pasiva», «prescripción extintiva del derecho», «indebida
representación de la parte demandante por carencia total de poder», y genérica.
3 Transcripción literal del acápite de pretensiones.
4 Índice 65 expediente digital, págs. 117-138, gestión en otros despachos de Samai
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Demandante: Homero Rafael Córdoba Caicedo
Sentencia de primera instancia
10.Mediante sentencia del 15 de noviembre de 20245, el Tribunal Administrativo
de Nariño negó las súplicas de la demanda.
11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que no es procedente
reconocer los reajustes prestacionales derivados de la inclusión de la prima
especial de servicios en un 30% de la asignación básica mensual, porque la
nivelación o reajuste posible para el cargo del demandante como procurador
judicial II está prevista en el Decreto 610 de 1998 y ello implicaría sobrepasar el
límite del 80%.
12. Por otra parte, indicó que el actor se desvinculó del servicio el 30 de
septiembre de 2010, y la fecha de la reclamación administrativa fue el 11 de
noviembre de 2014, por lo que para el momento que presentó la petición había
operado la prescripción trienal de los derechos reclamados.
Recurso de apelación
13.Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte actora la recurrió en
apelación.6
14. En su intervención, afirmó que la sentencia apelada establece que el
accionante no tiene derecho al reconocimiento de los reajustes prestacionales
derivados de la inclusión de un 30% a la asignación básica mensual, que
corresponde al pago de la prima especial de servicios al considerar que la
nivelación o reajuste posible para dichos cargos está prevista en el Decreto 610
de 1998, lo que implicaría sobrepasar el límite del 80%. No obstante, refiere que
dicha interpretación no es afín a la providencia del 2 de septiembre de 2019,
proferida por el Consejo Estado, pues el demandante, quien se desempeñó como
procurador 145 judicial grado II penal de Pasto, desde el 2 de agosto de 2004
hasta el 30 de septiembre de 2010, es beneficiario de la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un incremento
al salario y/o asignación básica.
15. Agregó que el reconocimiento de la prima especial de servicios al accionante
como una adición del 30% de su remuneración básica, repercute en el salario
base de liquidación que se tuvo en cuenta para realizar la respectiva cotización
al sistema de seguridad social en pensiones, pues se disminuyó la asignación
básica en un 30%, por lo que se cotizó con base en el 70% y no en el 100%.
16. Por otro lado, mencionó que con relación a los aportes que se debieron
realizar al sistema de seguridad social en pensiones, en armonía de los derechos
5 Índice 61, gestión en otros despachos de Samai.
6 Índice 63, gestión en otros despachos de Samai.
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constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales, estos son imprescriptibles.
17. Finalmente, manifestó que no se encuentra conforme con la aplicación de la
prescripción, puesto que el actor solo tuvo conocimiento de que la entidad
empleadora redujo su remuneración cuando el Consejo de Estado anuló los actos
administrativos que regulaban la prima especial, mediante la sentencia del 29 de
abril de 2014, por ende, la prescripción se debe contar a partir de la ejecutoria de
dicha providencia.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Por auto del 17 de abril de 2026,7 se admitió el recurso de apelación de la
parte actora y corrió traslado a las partes para alegar.
19. Las partes guardaron silencio.
20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
22. Le corresponde a la Sala establecer si el señor Homero Rafael Córdoba
Caicedo tiene derecho a que se reliquiden las prestaciones sociales con base en
el 100% de la asignación, la cual fue reducida en un 30% por concepto de la
prima especial de servicios, o si, por el contrario, en razón al cargo que
desempeña su nivelación está prevista en el Decreto 610 de 1998.
23.Igualmente, si operó la prescripción trienal del periodo reclamado y de los
aportes a pensión.
7 Índice 00012 de Samai.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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24.Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial y 2. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
25. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial9 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
26. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201410 bajo el argumento de que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».
27.Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 2019,11 respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
9 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez).
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1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969.
28.Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
11 de julio de 202312, 5 de septiembre de 202313, 5 de diciembre de 202314, 6 de
agosto de 202415 y 18 de diciembre de 202416.
29. Igualmente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 2024 17,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
entre los años 2008 y 2018. Pues bajo el mismo criterio se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario». Así
mismo, en la sentencia del 10 de septiembre de 202418, la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado, bajo el mismo criterio declaró la nulidad parcial de los
decretos salariales de 1993 a 2012 que regularon la prestación mencionada para
los servidores de la Rama Judicial, como de los procuradores judiciales I.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
18
Sentencia del 10 de septiembre de 2024, radicación 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-2012) conjuez
ponente, José Ascensión Fernández Osorio.
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30. Finalmente, mediante sentencia del 19 de marzo de 2026 19, se declaró la
nulidad parcial de los artículos 9 y 10 Decreto 186 de 2014, en el entendido que
la prima especial de servicios «tendrá que ser calculado en un porcentaje del
30% sobre el 100% del total de la asignación básica mensual fijada por el
Gobierno Nacional para los procuradores judiciales I y II en dicha anualidad, y
que, por consiguiente, deberá ser pagado de manera adicional a esta última».
Hechos probados
31.Dentro del proceso se encuentra probado que el señor Homero Rafael
Córdoba Caicedo prestó sus servicios como procurador judicial II desde 2 de
agosto de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2010.20
32. Que percibió desde un principio la remuneración mensual y las prestaciones
sociales por montos inferiores a los que tenía derecho, ya que la Administración
le restó la prima especial de servicios del 100% del salario, lo que arroja un 70%
de éste, y sobre ese 70% liquidó tanto el salario como las prestaciones sociales21.
33.Que el 11 de noviembre de 2014,22 la parte actora realizó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.
Caso concreto
34. La Sala advierte que la entidad demandada restó la prima especial de
servicios del 100% del salario del demandante, en aplicación de una
interpretación equivocada de los decretos expedidos por el Gobierno nacional, a
través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por lo que
el salario y las prestaciones devengados se liquidaron sobre un 70% de aquel.
35. En consecuencia, el señor Homero Rafael Córdoba Caicedo tenía derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales y de sus
prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Distinto es que el 30% que fue
erradamente descontado de su remuneración mensual para tenerlo a título de
prima especial, sí tiene carácter salarial e incidencia prestacional, ya que
constituye un porcentaje de la asignación básica que fue descontado por una
exégesis errada por parte de la entidad demandada.
19
Sentencia del 19 de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020), magistrado
ponente, Jorge Iván Duque Gutiérrez.
20 Índice 65 expediente digital, pág. 54, gestión en otros despachos de Samai.
21 Índice 65 expediente digital, págs. 287-299, gestión en otros despachos de Samai, y como se desprende
del acto administrativo demandado.
22 Índice 65 expediente digital, págs. 267-285, gestión en otros despachos de Samai
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36. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que no resulta viable interpretar como
lo hizo el a quo que, respecto del funcionario beneficiario de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, se entienda subsumida la
prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
toda vez que dicha disposición no estableció tal limitación para los magistrados
de tribunal ni para los cargos equivalentes. Distinto es que, al momento de
liquidar los ingresos laborales, la entidad deba observar lo dispuesto en el citado
decreto, en el sentido de que estos no superen el ochenta por ciento (80%) de lo
que por todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes.
37. Ahora, en cuanto a la prescripción esta corporación ha sostenido, de forma
pacífica23, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha
de entrada en vigor del Decreto 54 de 199324. En consecuencia, en el presente
caso desde que fue vinculado al cargo de procurador, el demandante pudo
interrumpir el fenómeno prescriptivo, de conformidad con los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, por lo que no le asiste razón al recurrente al señalar que
dicho fenómeno se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014.
38. Según lo expuesto, si bien en principio, la parte demandante tendría derecho
a que se le paguen las diferencias salariales y prestacionales solicitadas, lo cierto
es que el actor se retiró del servicio el 30 de septiembre de 2010 y la petición se
presentó ante la entidad demandada el 11 de noviembre de 2014, de manera que
al haberse retirado en el 2010, los derechos reclamados se vieron afectados por
el fenómeno jurídico de la prescripción, como fue advertido por el Tribunal de
instancia.
39. Ahora, se advierte que como el demandante solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales, se entiende que se encuentran comprendidos también los
aportes al Sistema General en Pensión, los cuales están íntimamente
relacionados con el restablecimiento, por ser un derecho irrenunciable e
imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal de los mismos, sino por la
sostenibilidad del sistema25, por lo que procede su reconocimiento por todo el
tiempo laborado por el demandante como procurador.
23 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
24
Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones.
25 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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40. En consecuencia, se ordenará adicionar la sentencia en el sentido de señalar
que operó la prescripción trienal del reajuste solicitado26, excepto frente a los
aportes a pensión y se modificará el numeral segundo en el sentido de disponer
el restablecimiento frente a dichas cotizaciones.
41. Por otro lado, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril
de 2014 la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado 27,
que declaró la nulidad de los apartes de los decretos salariales emitidos entre
1993 a 2007 y precisó que «de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico
mensual». Asimismo, en la sentencia del 9 de abril de 202428, que declaró la
nulidad frente a los decretos que regulaban tal prestación entre el 2008 y 2018,
citada en párrafos anteriores, en el sentido de entender que la prima especial es
una adición al salario. Y a su vez, en la sentencia del 10 de septiembre de
2024 del Consejo de Estado, Sala de Conjueces29, que declaró la nulidad parcial
de los decretos salariales de 1993 a 2012, que regularon la prestación
mencionada para los servidores de la Rama Judicial, como de procuradores
judiciales I. Igualmente, mediante sentencia del 19 de marzo de 202630, se
declaró la nulidad parcial de los artículos 9 y 10 Decreto 186 de 2014, en los
mismos términos de las anteriores providencias.
42. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) estarse a lo resuelto en las
sentencias expedidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, antes mencionadas; y ii) revocar la sentencia de primera instancia
para en su lugar declarar la nulidad del acto administrativo demandado y declarar
la prescripción, excepto para efectos pensionales.
Condena en costas en ambas instancias
43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
44.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
26
Se hace la claridad que el a quo no declaró la ocurrencia de la prescripción en la parte resolutiva de la
sentencia.
27 Sentencia del 29 de abril de 2014, radicación 11001 03 23 000 2007 00087 00 (1686-07) conjuez ponente,
María Carolina Rodríguez.
28 Proceso 110010325000201900609 00 (4735-2019).
29 Sentencia del 10 de septiembre de 2024, radicación 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-2012)
conjuez ponente, José Ascensión Fernández Osorio.
30 Sentencia del 19 de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020), magistrado
ponente, Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
46. Dado que, se revoca totalmente la sentencia del inferior, en este caso procede
la condena en costas a la parte demandada en ambas instancias.
47.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 29 de abril de 2014 dentro
del radicado 1001032500020070008700 (1686-07), del 9 de abril de 2024, en el
expediente 110010325000201900609 00 (4735-2019), 10 de septiembre de
2024, en el proceso 110010325000201200328 00 (1292-2012), y sentencia del
19 de marzo de 2026, con radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020),
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 15 de noviembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, y en su lugar se
dispone:
PRIMERO: Declarar la nulidad del Oficio SG No. 005844 del 3 de diciembre
de 2014, que negó el reajuste solicitado por el actor.
SEGUNDO: Declarar probada la excepción de prescripción de los derechos
reclamados por el demandante, con excepción de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones.
TERCERO. CONDENAR a la entidad demandada a reajustar y pagar los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración,
calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente por el
Gobierno nacional para los servidores de la Procuraduría General de la
Nación, que serán reconocidos desde 2 de agosto de 2004 hasta el 30 de
septiembre de 2010, de conformidad con la ley.
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CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO. Condenar a la parte demandada en costas en ambas instancias.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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