Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00881-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00881-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2016-00881-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 15001 23 33 000 2016 00881 02 (6519-2024)
Demandante: Oscar Mauricio Becaria Suárez
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia, se adiciona para ordenar
que al momento de la liquidación se descuenten los valores
reconocidos por un emolumento con igual denominación pero en
valor inferior y para imponer tope. Se ordena estarse a lo dispuesto
en las sentencias de nulidad de los decretos salariales anuales.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia expedida el 15 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El actor instauró demanda en ejercicio del medio de control de la referencia con el
objeto de que se declare la nulidad del oficio SG 001832 del 31 de mayo de 2016. A título
de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas de la prima especial entendida como adicional a la
asignación básica, desde el 1º de enero de 2008 hasta el 1º de agosto de 2016. Por
último, pidió que se ajuste la condena y se reconozcan intereses moratorios desde la
fecha de ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 de la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado.
2. Adujo que laboró en la Procuraduría General de la Nación como procurador judicial
en el periodo antes descrito y presentó reclamación ante la entidad demandada con el fin
de lograr el reconocimiento y pago de las diferencias adeudadas, la cual fue resuelta
desfavorablemente a través del acto acusado que se debe declarar nulo, pues a su juicio
desconoce los principios del derecho laboral y el carácter adicional de la prima especial,
de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado1.
1 Sentencia del 29 de abril de 2014, radicación 11001 03 23 000 2007 00087 00 (1686-07) conjuez ponente,
María Carolina Rodríguez.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 15001 23 33 000 2016 00881 02 (6519-2024)
Demandante: Oscar Mauricio Becaria Suarez
Contestación de la demanda2.
3. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda
alegando que carece de competencia para fijar el régimen salarial de sus funcionarios,
pues se limita a dar estricto cumplimiento a los decretos expedidos por el Gobierno
nacional. Agregó que la prima especial no tiene carácter salarial salvo para efectos
pensionales y que las sentencias de nulidad de la regulación salarial de la Rama Judicial
o de la Fiscalía General de la Nación no le son oponibles. En virtud de lo anterior, formuló
las excepciones de prescripción extintiva de los derechos y genérica.
Sentencia apelada3.
4. El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró probada la excepción de prescripción
de los derechos causados con anterioridad al 11 de mayo de 20134, anuló el acto acusado
y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; además, se abstuvo de
imponer condena en costas. Consideró que la prima especial es un emolumento
retributivo adicional a la asignación básica, sin carácter salarial, salvo para efectos del
cálculo de los aportes pensionales.
5. En virtud de lo anterior, ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar las
diferencias salariales y prestacionales derivadas de incluir el 30% de la asignación básica
que fue mermado, por el tiempo en que laboró como procurador judicial desde el 11 de
mayo de 2013; igualmente, dispuso el reajuste de los aportes de pensiones con el 130%
del salario básico durante todo el tiempo laborado como procurador judicial desde 2008.
Recurso de apelación.
6. Inconforme con la decisión, la demandada interpuso recurso de apelación5, en él
aseveró que la prima especial de los procuradores judiciales II no corresponde al 30% de
la asignación básica, sino al porcentaje fijo establecido en los decretos anuales que rigen
a la entidad y es incompatible con la dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, de
conformidad con el artículo 11 del Decreto 726 de 2009. Agregó que el reconocimiento
es improcedente, pues supera el tope salarial establecido por el Gobierno nacional para
el cargo ocupado por el actor6.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
2 Folios 41 a 52 del expediente digitalizado en el índice 59 de SAMAI de Tribunales.
3 Índice 33 de SAMAI de Tribunales.
4 De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
5 Índice 37 de SAMAI de Tribunales.
6 Al revisar el recurso de apelación se expuso que la entidad no tiene competencia para fijar la regulación
remuneratoria de sus funcionarios y que la prima especial no tiene carácter salarial salvo para efectos
pensionales; dichos argumentos fueron mencionados en la contestación, así como en los alegatos de
conclusión de la entidad, y fueron analizados en la sentencia apelada, por lo cual no constituyen un reparo
concreto que controvierta lo analizado en la primera instancia.
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Radicación: 15001 23 33 000 2016 00881 02 (6519-2024)
Demandante: Oscar Mauricio Becaria Suarez
7. Los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestaron impedimento para conocer el asunto7, en cuanto al primero de ellos se
declaró infundado y el segundo fue separado del conocimiento8.
8. Mediante auto del 10 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación9,
en el término de ejecutoria el Ministerio Público rindió concepto solicitando que se
revoque la sentencia de primera instancia, pues el reconocimiento desatiende el tope
salarial dispuesto por el Gobierno nacional10.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
9. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
10. En concordancia con los reparos concretos formulados en el recurso de
apelación, esta Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció
la presunta incompatibilidad de la prima especial de la Ley 4a de 1992 con la concedida
para el cargo de procurador judicial II en la regulación especial de la entidad, y si omitió
pronunciarse en torno al tope de remuneración establecido por el Gobierno Nacional
aplicable al cargo ocupado por el demandante.
Análisis del problema jurídico
11. La Sala anuncia que, si bien se confirmará el fallo de primera instancia, se
adicionará el numeral tercero de su parte resolutiva para ordenar el descuento de lo
pagado al demandante por un emolumento reconocido con igual denominación pero en
menor valor y se adicionará para imponer tope salarial. Finalmente, se ordenará estarse
a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024 y 19 de marzo 2026 del
Consejo de Estado.
12. En el sub lite se encuentra acreditado que el demandante laboró en la
Procuraduría General de la Nación en diferentes periodos, así: como procurador judicial
I del 1º de abril de 2005 al 9 de diciembre de 200811 y procurador judicial II del 10 de
diciembre de 2008 al 1º de agosto de 201612. Además, presentó reclamación
7 Índice 4 SAMAI.
8 Mediante providencia del 21 de agosto de 2025 fue aceptado el impedimento del doctor Luis Eduardo
Mesa Nieves, índice 15 ibidem.
9 Índice 21 ibidem.
10 Índice 28 ibidem.
11 De conformidad el certificado laboral expedido el 25 de mayo de 2017. Folio 9 del expediente digitalizado
en el índice 59 de SAMAI de Tribunales.
12 De conformidad el certificado laboral expedido el 23 de agosto de 2017. Folio 53 ibidem
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Demandante: Oscar Mauricio Becaria Suarez
administrativa ante la entidad demandada el 10 de mayo de 201613, dirigida a obtener el
reconocimiento de las diferencias por concepto del 30% de salario que fue descontado,
para tenerlo a título de prima especial.
13. El primer problema jurídico se centra en la incompatibilidad entre la prima especial
del artículo 14 de la Ley 4a de 1992 y la dispuesta en los decretos salariales de la entidad
para el cargo de procurador judicial II14. Sobre ello, es oportuno indicar que en la
regulación salarial de la entidad se estableció una «prima especial»15 en un monto
determinado16, como parte integrante de la remuneración de dichos servidores públicos
e incompatible con la prevista en la citada ley17; sin embargo, la Sala considera que dicho
componente remuneratorio no podía desatender el derecho legalmente reconocido, el
cual no debe ser inferior al 30% de la asignación básica18, como expresamente se señala
en la disposición legal y como lo ha reconocido, en forma pacífica la jurisprudencia19.
14. En consecuencia, no se acoge el argumento de incompatibilidad planteado por la
recurrente, ya que la prima especial a la que tiene derecho el demandante, debido al
cargo que ostenta como procurador judicial II, es la prevista en el artículo 14 de la Ley 4a
de 1992, correspondiente al 30% adicional al 100% de su remuneración básica.
15. Aunado a lo anterior, la Sala debe mencionar que en las sentencias del 10 de
septiembre de 202420 y 19 de marzo de 202621 del Consejo de Estado se declaró la
nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales expedidos de 1993 a 2012
y 2014, porque establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 a de
1992 como una parte integrante de la remuneración básica y no como un incremento
equivalente al 30% de aquel. En consecuencia, se ordenará estarse a lo decidido en
dichas providencias.
16. Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala advierte que en la certificación de ingresos
del demandante22 consta que percibió un rubro denominado «prima especial de
servicios»23; por lo tanto y con el fin de evitar que se mantengan los dos haberes
mencionados, esto es, el ya percibido y el ordenado en el numeral tercero de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, se adicionará con el fin de ordenar que al momento
de efectuar la liquidación, la entidad deberá descontar las sumas que hubiere pagado al
demandante por concepto del mencionado emolumento.
13 Folios 13 a 15 ibidem.
14 Con base en lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 726 de 2009.
15 Concretamente en el artículo 8 de los Decretos 661 de 2008; 726 de 2009; 1391 de 2010; 1043 de 2011;
841 de 2012; 1016 de 2013 y 186 de 2014.
16 Inferior al 30%.
17 Concretamente en el artículo 11 de los Decretos 661 de 2008; 726 de 2009; 1391 de 2010; 1043 de
2011; 841 de 2012; 1016 de 2013 y 186 de 2014.
18 Entendido como una adición a la remuneración básica, sin carácter salarial, y no como una reducción.
19 En sentencia del 29 de abril de 2014, de la Sala de Conjueces, expediente 11001 03 25 000 2007 00087
00 (1686-07) se concluyó: «Finalmente, se precisa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la
ley 4a de 1992, la prima especial de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual».
[negrilla del texto original]
20 Radicado 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-2012).
21 Radicado 11001 03 25 000 2020 00621 00 (1649-2020).
22 Folios 10 y 11 del expediente digitalizado en el índice 59 de SAMAI de Tribunales.
23 De un monto en especifico menor al 30% dispuesto en la Ley 4 a de 1992.
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17. El segundo problema consiste en cuestionar que el Tribunal hubiera omitido
pronunciarse acerca del tope al que se debe sujetar el reconocimiento ordenado. En
efecto, al revisar la sentencia apelada se observa que se omitió pronunciamiento frente
a ello, por consiguiente, resulta necesario condicionarlo al límite remuneratorio del cargo
ocupado por el demandante, al tenor de lo establecido en el Decreto 610 de 1998 y en
ese sentido se adicionará la sentencia recurrida.
Condena en costas.
18. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
19. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
20. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
21. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez
que el recurso de apelación prosperó parcialmente, por manera que no puede predicarse
que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. Estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024 y 19 de
marzo de 2026 del Consejo de Estado, de conformidad con lo manifestado en las
consideraciones.
SEGUNDO. ADICIONAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 15
de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el sentido de que, al
momento se efectuar la liquidación, la entidad deberá descontar las sumas que hubiere
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pagado al demandante por concepto de «prima especial de servicios» en un monto
inferior al ordenado en la Ley 4a de 1992, según lo expuesto en la parre motiva.
TERCERO. ADICIONAR la sentencia de primera instancia en cuanto el reconocimiento
que se ordena está sujeto a que en ningún caso se podrá superar el tope salarial impuesto
por el Gobierno nacional.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
QUINTO. Sin condena en costas de segunda instancia.
SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DVM
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