Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00083-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00083-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2017-00083-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de abril de 2026
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00083-02 (0668-2023)
Demandante: Hugo Aldemar López Muñoz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00083-02 (0668-2023)
Demandante: Hugo Aldemar López Muñoz
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992
Decisión: Revoca para estarse a lo resuelto, modifica restablecimiento
y confirma en lo demás. Sin condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes
contra la sentencia del 5 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.1
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. SG 002185 del 23 de
junio de 20162 que negó el reconocimiento y pago del reajuste solicitado.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] SEGUNDA. [...]
reconocer y pagar a mi poderdante, las diferencias salariales y prestacionales
que resulten de la reliquidación de sus prestaciones sociales laborales
teniéndose en cuenta el cien por ciento (100%) de su remuneración básica
mensual y no con el setenta por ciento (70%), como se viene liquidando, desde
la fecha en que se hizo exigible hasta la ejecutoria de la sentencia y de ahí en
adelante, incluyéndose en la nómina para su pago futuro, como lo son la prima
de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones,
seguridad social, aportes salud y pensión bonificación por servicios prestados y
todos aquellas prestaciones, emolumentos y derechos laborales a que tenga
lugar. TERCERA. […] reconocer y pagar […] la prima especial sin carácter
salarial, la cual equivale el 30% adicional al valor de la remuneración básica
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial
del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso.
2 Folios 13-15 del expediente físico.
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mensual, desde que se inició la relación laboral legal con la Procuraduría General
de la Nación y por todo el tiempo laborado, en adelante hasta que cesen los
hechos que le dan origen conforme lo establece la Ley 4 de 1992».3
Hechos que fundamentan la demanda
4. El demandante se ha desempeñado como procurador judicial I, a partir del 3
de diciembre de 2010.
5. Elevó petición ante la entidad demandada el 27 de mayo de 2016,4 solicitando
se le reconociera y reliquidara sus prestaciones con el 100% de su asignación, a
la que se le ha descontado el 30% de la prima especial de servicios. La cual fue
resuelta de manera negativa mediante el acto demandado.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 150 y 209 de la Constitución Política;
y 152 de la Ley 270 de 1996.
7. Al desarrollar el concepto de violación, el demandante sostuvo que fue
desmejorado en sus condiciones laborales, pues sus prestaciones sociales, en
vez de ser favorecidas, fueron castigadas, ya que no se le reconoció la prima
especial sin carácter salarial, la cual tenía que ser adicional al sueldo base de
liquidación y no ser parte de este, lo que lleva a la violación directa de la
Constitución y del principio de favorabilidad.
Contestación de la demanda
8. La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda5 y se opuso a las
pretensiones en razón a que, conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial para efectos de liquidar las
prestaciones sociales. Agregó que, de acceder a las pretensiones de la demanda,
los ingresos percibidos por el demandante como procurador judicial I, superarían
el tope del Decreto 1251 de 2009.
9. Finalmente, propuso las excepciones de «prescripción extintiva del derecho»,
«prima especial no constituye factor salarial», «respecto la reliquidación de las
prestaciones sociales incluyendo las cesantías y la bonificación por gestión
judicial como factor salarial», «no es potestativo de la Procuraduría General de la
Nación la fijación de salarios de sus funcionarios».
3 Transcripción literal del acápite de pretensiones 2 y 3.
4Folios 5-9 del expediente físico.
5 Folios 106-114 del expediente físico.
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Sentencia de primera instancia
10. Mediante sentencia del 5 de septiembre de 20226, el Tribunal Administrativo
del Tolima accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial conforme lo previsto en la Ley 4 de 1992, pero
lo que resulta contrario a la Constitución es tomar parte del salario para darle la
categoría de prima, porque allí no se estaría creando un beneficio o adición al
salario, sino que este termina reduciéndose en sus efectos prestacionales.
12.Por otra parte, frente a la prescripción, indicó que el actor solicitó el 27 de
mayo de 2016, por lo que el restablecimiento corresponde a partir del 27 de mayo
de 2013.
13. En consecuencia, inaplicó los decretos salariales que regularon la prima
especial de servicios de 1993 a 2004,7 anuló el acto demandado y, a título de
restablecimiento del derecho, dispuso:
CUARTO: […] reconocer y pagar al demandante […], desde el 27 de mayo de 2013
hasta la fecha en que permaneció vinculado en el cargo, todas sus prestaciones
sociales, salariales y laborales, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones,
cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación
por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos laborales,
que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y se causaren durante
su vinculación como procurador judicial, teniendo como base pero [sic] la liquidación
de su sueldo básico mensual legal, incluyendo en la base de liquidación de la prima
especial que no se ha tenido en cuenta, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992.
QUINTO: […] reconocer y pagar […], desde el 27 de mayo de 2013 hasta la fecha
que permaneció vinculado en el cargo, el valor de las diferencias salariales y
prestacionales existentes, entre la liquidación que hasta ahora ha hecho la
Procuraduría con el salario básico y el valor que resulte de reliquidar todas sus
prestaciones sociales y laborales, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones,
cesantías, prima de vacaciones, seguridad, social en salud, pensión, bonificación
por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos laborales,
que se pueden ver incididos, teniendo como base para la liquidación el 100% de su
remuneración básica mensual, incluyendo en la base de liquidación, el porcentaje
del sueldo básico mensual, que no se ha tenido en cuenta, porque se ha computado
como prima especial.
Recurso de apelación
• Parte demandante:
14. El apoderado del actor recurrió en apelación8 la sentencia de primera instancia,
señalando que es claro el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial;
6 Folios 345-367 del expediente físico.
7
Así lo dispuso el a quo en el numeral segundo del fallo.
8 Folio 390 del expediente físico.
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no obstante, «el a quo no individualizó la pretensión en cuanto al reconocimiento
y pago de la prima especial al demandante, conforme a la pretensión efectuada
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se efectuó
en el acápite de las pretensiones de forma individual, y no ocurrió de la misma
forma en la parte resolutiva, pero se hace mención a ella en el numeral tercero y
el numeral cuarto del resuelve de forma que se presta a varias interpretaciones,
por ello se reitera lo solicitado para que dicho reconocimiento y pago respecto de
la prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sea más clara
y específica».
• Parte demandada:
15. El apoderado de la parte demandada presentó recurso de apelación9, en el
que refirió que la prima especial de servicios no tenía carácter salarial, para
efectos de liquidar las prestaciones sociales, excepto para efectos del ingreso
base de cotización del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y
Salud.
16. Indicó que la Procuraduría General de la Nación no tiene la facultad
constitucional o legal para definir el régimen salarial y prestacional de los
funcionarios vinculados a su planta de personal. Además, resaltó que los
decretos anualmente emitidos por el Gobierno nacional que regulan la prima
especial se encuentran vigentes y se presumen ajustados a la Constitución.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
17. Por auto del 31 de octubre de 2025,10 se admitió el recurso de apelación.
18. El Ministerio Público11 presentó concepto, sustentando que aunque la
Procuraduría considera que actuó conforme a derecho al aplicar los decretos
salariales expedidos por el Gobierno nacional, lo cierto es que esta interpretación
es contraria a las normas superiores, por lo tanto, el demandante percibió el 70%
de su salario básico, es decir, que tiene el derecho a que se le reliquide sus
prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación básica mensual, pues en
este escenario se está haciendo la complementación total sumándose el 30% de
remuneración faltante el cual era considerado como prima especial. Bajo esta
premisa, la demandada debe proceder a reliquidar y pagar las primas de
servicios, prima de navidad, vacaciones, auxilio de cesantía, y bonificación por
servicios prestados. Por otro lado, frente al recurso de la parte demandante
consideró que es procedente modificar los numerales tercero y cuarto, ya que la
sentencia impugnada no es muy clara en cuanto al reconocimiento de la prima
especial como un factor adicional a la asignación básica.
19. Las partes guardaron silencio.
9 Folios 384-388 del expediente físico.
10 Índice 27 de SAMAI.
11 Índices 33 y 34 de Samai.
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20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverán las apelaciones, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
22. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho se reconozca
el carácter salarial de la prima especial de servicios para liquidar sus prestaciones
sociales y si los decretos salariales que regularon dicho emolumento gozan de
presunción de legalidad. Por otro lado, si es procedente aclarar y/o modificar la
parte resolutiva de la sentencia impugnada frente al reconocimiento y pago de
dicho emolumento como un factor adicional a la asignación básica.
23.Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
24. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
12
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
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que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
25. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201414 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».
26.Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201915, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez).
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de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969.
27.Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
11 de julio de 202316, 5 de septiembre de 202317, 5 de diciembre de 202318, 6 de
agosto de 202419 y 18 de diciembre de 202420.
28. Igualmente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 2024 21,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
entre los años 2008 y 2018. Pues, bajo el mismo criterio, se insistió en que el
30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Asimismo, en la sentencia del 10 de septiembre de 202422, la Sala de Conjueces
del Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de los decretos salariales de
1993 a 2012 que regularon la prestación mencionada para los servidores de la
Rama Judicial, como de los procuradores judiciales I.
29. Finalmente, mediante sentencia del 19 de marzo de 202623, se declaró la
nulidad parcial de los artículos 9 y 10 Decreto 186 de 2014, en el entendido que
la prima especial de servicios «tendrá que ser calculada en un porcentaje del
30% sobre el 100% del total de la asignación básica mensual fijada por el
Gobierno Nacional para los procuradores judiciales I y II en dicha anualidad, y
que, por consiguiente, deberá ser pagada de manera adicional a esta última».
Hechos probados
30. Dentro del proceso se encuentra probado que el demandante presta sus
servicios a la Procuraduría General de la Nación como procurador judicial I,
ininterrumpidamente, desde el 3 de diciembre de 2010 sin que a la fecha de
expedición de la certificación laboral, se reporte retiro del servicio.24
31.Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
22
Sentencia del 10 de septiembre de 2024, radicación 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-2012) conjuez
ponente, José Ascensión Fernández Osorio.
23
Sentencia del 19 de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020), magistrado
ponente, Jorge Iván Duque Gutiérrez.
24Folio 20 del expediente físico- fecha de certificación 16 de junio de 2016.
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que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario
como las prestaciones sociales.25
32. Que el 27 de mayo de 2016,26 le solicitó a la demandada el reajuste de su
salario y prestaciones sociales con ocasión del 30% que se tenía en cuenta como
prima especial, de la cual obtuvo respuesta negativa mediante el acto
administrativo demandado.
Caso concreto
33. La Sala advierte que la entidad demandada restó la prima especial de
servicios del 100% del salario, en aplicación de una interpretación equivocada de
los decretos expedidos por el Gobierno nacional, a través de los cuales se
desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por lo que el salario y las
prestaciones devengados por el actor se liquidaron sobre un 70% de aquel.
34. En consecuencia, el demandante tiene derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, y de sus prestaciones sociales,
liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto
no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales, salvo para efectos
de pensión. Distinto es que el 30% que fue erradamente descontado de la
remuneración mensual del actor para tenerlo a título de prima especial, sí tiene
carácter salarial e incidencia prestacional, ya que constituye un porcentaje de la
asignación básica que fue descontado por una exégesis errada por parte de la
entidad demandada, por lo que si bien le asiste razón a la Procuraduría General
de la Nación frente al carácter no salarial del mencionado emolumento, lo cierto
es que el a quo no le dio dicho estatus, pues así lo precisó en la providencia
impugnada.
35. Por otro lado, frente a lo sostenido por la entidad demandada, respecto de que
los decretos expedidos por el Gobierno nacional que regulan la mencionada
prestación gozan de presunción de legalidad, se encuentra oportuno indicar que
en la sentencia del 29 de abril de 2014 la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado27 declaró la nulidad de los apartes de los
decretos salariales emitidos entre 1993 a 2007 y precisó que «de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima de servicios no puede
ser inferior al 30% del salario básico mensual».
36. Asimismo, la sentencia del 9 de abril de 202428, declaró la nulidad frente a los
decretos que regulaban tal prestación entre el 2008 y 2018, citada en párrafos
anteriores, en el sentido de entender que la prima especial es una adición al
25Folio 18 del expediente físico.
26Folios 5-9 del expediente físico.
27 Sentencia del 29 de abril de 2014, radicación 11001 03 23 000 2007 00087 00 (1686-07)
conjuez ponente, María Carolina Rodríguez.
28
Proceso 110010325000201900609 00 (4735-2019).
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Demandante: Hugo Aldemar López Muñoz
salario. A su vez, la sentencia del 10 de septiembre de 2024 del Consejo de
Estado, Sala de Conjueces29, declaró la nulidad parcial de los decretos salariales
de 1993 a 2012, que regularon la prestación mencionada para los servidores de
la Rama Judicial, como de procuradores judiciales I. Igualmente, mediante
sentencia del 19 de marzo de 202630, se declaró la nulidad parcial de los artículos
9 y 10 Decreto 186 de 2014, en los mismos términos de las anteriores
providencias. En consecuencia, no le asiste razón a la entidad recurrente, y por
lo tanto se revocará el numeral segundo de la sentencia impugnada que inaplicó
los decretos salariales que regulan la mencionada prestación, para estarse a lo
resuelto en dichas providencias.
37. En cuanto a lo alegado por el demandante respecto a que la parte resolutiva
del fallo no es clara frente al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios como un factor adicional a la asignación básica, se debe hacer la
claridad que en el presente caso lo que procede es el reajuste y pago de los
ingresos mensuales y las prestaciones sociales del actor, liquidados sobre la
base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, que se había
tomado como prima especial de servicios, más no el reajuste de este último
emolumento, pues conforme lo probado en el expediente este fue reconocido y
percibido por el actor en el porcentaje mencionado.
38.No obstante, la Sala accederá a lo solicitado por el recurrente, y se
modificarán los numerales cuarto y quinto, con el fin de precisar que la
mencionada prima que no tiene carácter salarial y es un factor agregado a su
remuneración mensual.
39.De conformidad con lo expuesto, se revocará el numeral segundo de la
sentencia para estarse a lo resuelto en las sentencias del 9 de abril de 2024 y 19
de marzo de 2026 antes indicadas, se modificará el restablecimiento del derecho
con el fin de precisar que la prima especial de servicios es un agregado a su
remuneración mensual, y se confirmará en lo demás la sentencia apelada.
Condena en costas
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
29 Sentencia del 10 de septiembre de 2024, radicación 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-
2012) conjuez ponente, José Ascensión Fernández Osorio.
30
Sentencia del 19 de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020), magistrado
ponente, Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00083-02 (0668-2023)
Demandante: Hugo Aldemar López Muñoz
41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
43. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Respecto a la parte demandante no
se condenará ya que su recurso prosperó. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Tolima.
44.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia impugnada en el
sentido de ESTARSE a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo
de Estado, Sección Segunda del 9 de abril de 2024, en el expediente
110010325000201900609 00 (4735-2019) y del 19 de marzo de 2026, en el
radicado 110010325000202000621 00 (1649-2020), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia de
primera instancia, los cuales quedarán en un solo numeral, así:
A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada
a: i) reconocer, reliquidar y pagar las diferencias correspondientes a los ingresos
mensuales sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde
a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992;
ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al actor: prima de
navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones,
seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás
prestaciones, emolumentos y derechos laborales, liquidadas sobre la base de todo
el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial
de servicios no tiene carácter salarial; iii) lo anterior será reconocido del 27 de
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Demandante: Hugo Aldemar López Muñoz
mayo de 2013 y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de juez y/o
equivalente.
La prima especial de servicios se debe seguir reconociendo y pagando como un
agregado a la remuneración mensual.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 5 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones y con las
precisiones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Tolima.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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