Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00848-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00848-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-00848-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00848-02 (3557-2024)
Demandante: Simón Miguel Ackerman Sánchez
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Se modifican los ordinales segundo y cuarto de la sentencia
apelada, para ordenar estarse a lo resuelto en las sentencias del
10 de septiembre de 2024 y del 19 de marzo de 2026, proferidas
por el Consejo de Estado; precisar que el reconocimiento
corresponde a las diferencias derivadas del 30 % de la
asignación básica indebidamente sustraído al demandante, y no
a la prima especial como factor salarial; y limitar la condena al 5
de diciembre de 2016. Asimismo, se adiciona la providencia para
señalar que la remuneración del actor deberá sujetarse al tope
previsto en el Decreto 610 de 1998.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia de primera instancia del 10 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor instauró demanda con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio S.G. 006096 del 18 de diciembre de 2014, de la Resolución 999 del 18 de
diciembre de 2015 y del Oficio S.G. 006055 del 21 de octubre de 2016, por medio
de los cuales la autoridad accionada negó sus solicitudes de reliquidación de
prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios como factor
salarial y resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera decisión.
También se solicitó la inaplicación de las expresiones contenidas en el Decreto 186
de 2014 que establecían dicho emolumento sin carácter salarial.
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Demandante: Simón Miguel Ackerman Sánchez
2. A título de restablecimiento del derecho, se reclamó el reconocimiento y pago
de la prima especial con carácter salarial, así como las diferencias salariales y
prestacionales correspondientes desde el 14 de noviembre de 2007 hasta el 5 de
diciembre de 2017, fecha en que se retiró del cargo de procurador judicial II.
3. Pidió igualmente el pago de la sanción moratoria por la falta de consignación
oportuna de las cesantías y la condena en costas.
4. Como fundamento de las pretensiones, el actor señaló que se desempeñó
en el cargo de Procurador 14 Judicial II Administrativo de Barranquilla, entre el 14
de noviembre de 2007 y el 5 de diciembre de 2017, periodo durante el cual la
entidad demandada liquidó su remuneración tomando el 30 % de la asignación
básica mensual como prima especial sin carácter salarial, con lo que redujo la base
de liquidación de sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales al 70 %
del salario.
5. Por tal motivo, el 13 de mayo de 2014 presentó reclamación administrativa
para obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la prima
especial como factor salarial, solicitud que fue resuelta desfavorablemente
mediante el Oficio S.G. 006096 del 18 de diciembre de 2014. Contra esa
determinación interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación.
6. La entidad confirmó la decisión inicial mediante la Resolución 999 del 18 de
diciembre de 2015 y en la misma decisión rechazó por improcedente la alzada.
7. Posteriormente, el 21 de septiembre de 2016, reiteró la solicitud de
reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la prima especial como
factor salarial, petición que fue negada por medio del Oficio S.G. 006055 del 21 de
octubre de 20161.
Contestación de la demanda
8. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda precisando, en primer lugar, que la vinculación del señor Ackerman
Sánchez se produjo entre el 14 de noviembre de 2007 y el 5 de diciembre de 2016,
y no hasta el año 2017, como se afirmó en la demanda.
9. Indicó que carece de competencia constitucional y legal para fijar el
régimen salarial y prestacional de sus servidores, pues dicha atribución
1 Aunque ambas solicitudes tuvieron por objeto la reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión de la prima especial como factor salarial, no comprendieron idéntico período. La primera
reclamación se refirió al lapso comprendido entre el 14 de noviembre de 2007 y el 13 de mayo de
2014, mientras que la segunda abarcó el período transcurrido desde el 14 de noviembre de 2007
hasta la fecha de su desvinculación.
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corresponde al Gobierno nacional de conformidad con la Constitución Política y la
Ley 4 de 1992.
10. Mencionó que, durante la vinculación del demandante, aplicó los decretos
salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional, los cuales gozaban de
presunción de legalidad y establecían que la prima especial de servicios no tenía
carácter salarial, razón por la cual no era procedente incluir dicho emolumento
como factor para liquidar prestaciones sociales.
11. En esa misma línea, destacó que la sentencia proferida el 29 de abril de
2014 por el Consejo de Estado no declaró que la prima especial tuviera carácter
salarial ni ordenó su inclusión para la liquidación de prestaciones sociales, de
manera que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a la
normativa vigente.
12. Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia del derecho
pretendido, caducidad, prescripción trienal y la innominada.
Decisión de excepciones previas
13. En la audiencia inicial celebrada el 24 de marzo de 2022, se declaró no
probada la excepción de caducidad propuesta contra el Oficio S.G. 006096 del 18
de diciembre de 2014 y la Resolución 999 del 18 de diciembre de 2015.
Sentencia apelada
14. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 10 de mayo
de 2022, ordenó inaplicar la expresión «sin carácter salarial» contenida en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y declaró la nulidad del Oficio S.G. 006055 del 21
de octubre de 2016.
15. Asimismo, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
respecto de las sumas causadas con anterioridad al 21 de septiembre de 2013.
Para ello, tuvo por acreditado que el señor Ackerman Sánchez presentó la
reclamación administrativa el 21 de septiembre de 2016, por lo que solo procedía
el reconocimiento de las acreencias causadas dentro de los tres años anteriores a
esa solicitud.
16. Con fundamento en lo anterior, condenó a la entidad demandada a
reliquidar las prestaciones sociales del demandante con inclusión del 30 %
correspondiente a la prima especial como factor salarial, desde el 21 de septiembre
de 2013 y «hasta la fecha en que se verifique el pago de la sentencia».
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17. Para sustentar su determinación, el a quo sostuvo que la prima especial de
servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 debía entenderse como
un incremento del salario básico mensual de los servidores beneficiarios, y no como
una parte de aquel. En ese sentido, indicó que dicho emolumento tiene incidencia
salarial y prestacional.
18. Finalmente, ordenó la actualización de las sumas reconocidas, el pago de
intereses en los términos del CPACA, negó las demás pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas.
Recurso de apelación2
19. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia argumentando que la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 carece de carácter salarial, salvo para efectos pensionales,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, motivo por el cual no procede
incluirla como factor para reliquidar prestaciones sociales.
20. Igualmente, cuestionó que el Tribunal hubiera reconocido valores
adicionales a los ya devengados por el demandante, pues ello implicaría superar el
límite salarial previsto para los magistrados de tribunal, en particular el establecido
en el Decreto 610 de 1998.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
21. Los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestaron impedimento para conocer el asunto, en cuanto al primero de ellos se
declaró infundado y el segundo fue separado del conocimiento del proceso
mediante decisión del 30 de enero de 2025.
22. Mediante auto del 23 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y se corrió traslado a los sujetos procesales
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
23. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó revocar la sentencia
de primera instancia, al estimar que si bien el actor tiene derecho a percibir la prima
especial de servicios, no resulta procedente reconocerla como factor salarial ni
ordenar su inclusión para reliquidar las prestaciones sociales, porque ello implicaría
superar el límite del 80 % de lo que por todo concepto devengan los magistrados
de las Altas Cortes, previsto para los procuradores judiciales II.
2 Revisado el escrito de apelación, se advierte que la entidad demandada también señaló que la
Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para fijar el régimen salarial y prestacional
de sus servidores, por tratarse de una atribución del Gobierno nacional. Sin embargo, esa afirmación
no constituye un reproche concreto contra la sentencia de primera instancia.
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24. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problemas jurídicos
26. En concordancia con los reparos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en error al reconocer la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como factor salarial para la
reliquidación de salarios y prestaciones sociales, pese a que dicho emolumento solo
tiene incidencia salarial para efectos pensionales.
27. Asimismo, se examinará si la sentencia apelada desconoció el límite
remuneratorio aplicable a los procuradores judiciales II, en particular el equivalente
al 80 % de lo percibido por todo concepto por los magistrados de Altas Cortes.
Análisis de los problemas jurídicos
28. Examinado el caso concreto, la Sala modificará el ordinal cuarto de la parte
resolutiva para precisar que, si bien la prima especial no constituye factor salarial,
salvo para efectos pensionales, el reconocimiento ordenado recae sobre las
diferencias derivadas del 30 % de la asignación básica que fue indebidamente
sustraído al demandante. Asimismo, se limitará la condena al 5 de diciembre de
2016, fecha en la que finalizó su vinculación.
29. También se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada, con el
fin de ordenar estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre de 2024
y del 19 de marzo de 2026, proferidas por el Consejo de Estado.
30. De igual manera, se adicionará el ordinal cuarto de la sentencia apelada
para señalar que, al momento de efectuar la liquidación de la condena, la
remuneración total del actor deberá sujetarse al 80 % de los ingresos laborales que
por todo concepto perciben los magistrados de Altas Cortes.
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31. Para resolver el primer problema jurídico, la Sala debe determinar si la
sentencia de primer grado erró al atribuir carácter salarial a la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Sobre el particular, es necesario
precisar que, por disposición legal y conforme al examen de constitucionalidad
efectuado por la Corte Constitucional3, dicho emolumento no tiene carácter salarial,
salvo para efectos pensionales, en los términos de la Ley 332 de 1996; además se
trata de un emolumento adicional a la asignación básica del beneficiario.
32. Sin embargo, se precisa que la prima especial establecida en la Ley 4 de
1992 es un valor agregado o adicional a la asignación básica que no tiene carácter
salarial, salvo para efectos pensionales; mientras que el 30% del salario que fue
descontado de la remuneración mensual del demandante para darle la connotación
de prima sí tiene incidencia prestacional, dado que comprende una porción del
100% de esta.
33. Aclarado lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal incurrió en error al
reconocer la prima especial como factor salarial, pues así lo indicó tanto en sus
consideraciones como en el ordinal cuarto de la parte resolutiva. Por ello, se
modificará dicha orden con el fin de precisar que el reconocimiento procede
respecto de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de incluir el 30%
de la asignación básica que fue indebidamente sustraído al actor, la cual si tiene
naturaleza salarial.
34. El segundo problema jurídico consiste en determinar si el reconocimiento
ordenado por el a quo desconoció el tope remuneratorio establecido por el Gobierno
nacional para los procuradores judiciales II, en relación con la asignación prevista
para los magistrados de tribunal.
35. Revisado el expediente, la Sala advierte que las certificaciones allegadas
permiten establecer los conceptos devengados por el actor entre el 14 de
noviembre de 2007 y el 5 de diciembre de 2016, fecha de su retiro del cargo, sueldo
básico, gastos de representación, prima especial de servicio y bonificación por
compensación. Sin embargo, esos elementos probatorios no resultan suficientes
para verificar si la remuneración reconocida al demandante se ajustó o no al límite
previsto en el Decreto 610 de 1998, pues no obra prueba que permita efectuar la
comparación con los ingresos laborales que, por todo concepto, percibían los
magistrados de tribunal durante el mismo período.
36. En consecuencia, a partir de la sola información salarial del demandante
no es posible corroborar si lo reconocido en primera instancia comporta o no la
superación del límite remuneratorio aplicable. No obstante, con el fin de evitar que
el cumplimiento de la condena exceda el tope previsto por el legislador, y dado que
3 Corte Constitucional, Sentencia C- 279 de 1996 conjuez ponente, Hugo Palacios Mejía.
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la sentencia apelada no precisó este aspecto, se adicionará la providencia para
señalar que al momento de efectuar la liquidación la remuneración total del actor
deberá sujetarse al 80 % de los ingresos laborales que por todo concepto perciben
los magistrados de Altas Cortes.
37. De otra parte, se modificará el período de reconocimiento, toda vez que el
Tribunal ordenó la reliquidación desde el 21 de septiembre de 2013 y «hasta la
fecha en que se verifique el pago de la sentencia». No obstante, como el actor se
retiró del cargo el 5 de diciembre de 2016, la condena solo procede hasta esa fecha,
pues a partir de entonces dejó de devengar la prima especial reclamada.
38. Finalmente, se advierte que mediante sentencias del 10 de septiembre de
20244 y del 19 de marzo de 20265, el Consejo de Estado declaró la nulidad de
algunos artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2012,
así como del correspondiente a 2014, al considerar que establecieron la prima
especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una parte integrante
de la remuneración básica y no como un incremento equivalente al 30 % de aquella.
39. En consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva de
la sentencia apelada para suprimir la inaplicación dispuesta, y en su lugar, se
ordenará estarse a lo resuelto en dichas providencias, en cuanto retiraron del
ordenamiento jurídico disposiciones que sirvieron de fundamento a la interpretación
errada del emolumento discutido en este proceso. En relación con la regulación
salarial de 2013, la Sala advierte que reproduce la misma regla anulada en los
decretos examinados por esta Corporación; por tanto, se extiende para este caso
dicha interpretación.
Condena en costas
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
41. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
4 Radicado 11001-03-25 000-2012-00328-00 (1292-2012).
5 Radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020).
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interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
42. En el caso concreto no procede la condena en costas pues el recurso de
apelación prosperó parcialmente, por manera que no puede predicarse que alguna
de las partes haya sido vencida en esta instancia. En consecuencia, se prescindirá
de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de
la parte resolutiva de la sentencia proferida el 10 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, así:
SEGUNDO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre
de 2024 y 19 de marzo de 2026 del Consejo de Estado dentro de los procesos
11001-03-25 000-2012-00328-00 (1292-2012) y 11001-03-25-000-2020-
00621-00 (1649-2020), conforme a lo indicado en la parte motiva.
CUARTO. CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar a favor de
Simón Miguel Ackerman Sánchez las prestaciones sociales causadas entre
el 21 de septiembre de 2013 y el 5 de diciembre de 2016, con inclusión del
treinta por ciento (30 %) de la asignación básica que fue indebidamente
sustraída al actor, sin que ello implique reconocer la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como factor salarial.
El reconocimiento realizado se deberá sujetar al tope salarial del 80% de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de Altas
Cortes.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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