Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04142-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04142-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04142-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2026
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04142-02 (0548-2023)
Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04142-02 (0548-2023)
Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros1
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992
Decisión: Revoca numeral segundo y adiciona numeral primero para
estarse a lo resuelto, modifica numerales quinto y séptimo y
adiciona frente a la prescripción y restablecimiento de
cesantías y aportes a Seguridad Social y confirma en lo
demás. Sin condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 31 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.2
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de los Oficios Nos. 000476 del 19 de
febrero de 2016, 003470 del 29 de julio de 2014; 0414 del 15 de febrero de 2016,
001067 del 5 de abril de 2016 y 0815 del 10 de marzo de 20163, que negaron el
reconocimiento y pago del reajuste solicitado.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionaron: «[…] CUARTA. [...]
reconocer y pagar a los demandantes […] el 30% de la remuneración faltante
para un total del 100% del salario con las consecuencias prestacionales de este
30% del salario incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la prima
especial […] desde la posesión de cada uno de mis mandates como procuradores
judiciales I hasta la fecha que ocupen el cargo […]» SEXTA. Reconocer y pagar
a los demandantes […] el valor de las prestaciones sociales incluidas las
1 María Catalina Jaramillo González, Edna Marcela Méndez Palma, Luis Alfonso Duarte Torres, Gloria Liliana
Pérez y José Ubarles Díaz Hoyos.
2 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial
del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso.
3 Folios 50-67 del expediente físico.
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Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
cesantías, intereses a las cesantías, correspondientes al 30% del salario que a
través de los años le han cancelado como prima sin carácter salarial, desde la
posesión de cada uno de mis mandantes como procuradores judiciales I hasta la
fecha que ocupen el cargo […].4
Hechos que fundamentan la demanda
4. Indicó que los demandantes se han desempeñado como procuradores
judiciales I, así:
• María Catalina Jaramillo González: desde el 2 de julio de 2009 hasta «el
14 de diciembre de 2015».
• Edna Marcela Méndez Palma: desde el «17 de junio de 1997 hasta el 7
de agosto de 2006».
• Luis Alfonso Duarte Torres: desde el 1 de septiembre de 2000 hasta la
fecha.
• Gloria Liliana Pérez: desde el «1 de junio de 2009 hasta la fecha».
• José Ubarles Díaz Hoyos: desde el «1 de septiembre de 2006 hasta el 29
de junio de 2009».
5. Los actores elevaron peticiones ante la entidad demandada,5 solicitando se
les reconociera y reliquidara sus prestaciones con el 100% de su asignación, a la
que se le ha descontado el 30% de la prima especial de servicios. La cual fue
resuelta de manera negativa mediante los actos demandados.
Fundamentos de derecho
6. Para la abogada de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política; 2 de la Ley 4 de 1992; 14 del Código Sustantivo del Trabajo; 84 del CCA;
y 152 de la Ley 270 de 1996.
7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que los actos administrativos
demandados desconocen la Ley 4 de 1992, ya que desmejora el régimen salarial
y prestacionales de los demandantes, vulnerando el principio de igualdad.
Contestación de la demanda
8. La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda6 y se opuso a las
pretensiones en razón a que, conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial para efectos de liquidar las
prestaciones sociales. Agregó que, de acceder a las pretensiones de la demanda,
los ingresos percibidos por los demandantes como procuradores judiciales I,
superarían el tope del Decreto 1251 de 2009.
4 Transcripción literal del acápite de pretensiones 4 y 6.
5 En los hechos no específica en que fechas se presentaron las peticiones ante la demandada.
6 Folios 174-178 del expediente físico.
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9. Finalmente, propuso las excepciones de «inexistencia del derecho
pretendido», y genérica.
Sentencia de primera instancia
10. Mediante sentencia del 31 de octubre de 20197, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que la prima especial de
servicios es un incremento sobre el salario básico y no una disminución, por lo
que procede el reajuste del salario y las prestaciones sociales en un 30%. Así
mismo, precisó que dicho emolumento no tiene carácter salarial.
12. Por otra parte, frente a la prescripción, indicó que a partir de la vigencia del
Decreto 57 de 1993 los demandantes pudieron interrumpir la prescripción trienal,
por lo que aplicó dicho fenómeno, teniendo en cuenta las reclamaciones
administrativas realizadas por cada uno de ellos.
13. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de
20148, y en la sentencia del 2 de septiembre de 2019,9 anuló los actos
demandados y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso:
CUARTO.- Declarar probada de oficio la excepción de prescripción de las sumas
a que hubiere lugar a favor de EDNA MARCELA MÉNDEZ PALMA Y JOSÉ
UBARLES DÍAZ HOYOS, por el reconocimiento de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, de conformidad con lo expuesto en
el acápite del caso concreto de esta sentencia, salvo que si debe ser tenida en
cuenta para la liquidación de la pensión.
QUINTO.- […] reconocer y pagar a MARÍA CATALINA JARAMILLO GONZÁLEZ
[…], retroactivamente el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del
salario básico mensual con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación
de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios
prestados, etc, porcentaje que le fue deducido en su calidad de procuradora judicial
I desde el 29 de enero de 2013 y hasta el 14 de diciembre de 2015, al haber
operado el fenómeno jurídico de la prescripción de las sumas causadas con
anterioridad al 29 de enero de 2013; computando para este ejercicio el 100% que
corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para
cada cargo, luego del pago de la prima consagrada en esa norma, ya cancelada
[…]
SEXTO.- reconocer y pagar a LUIS ALFONSO DUARTE TORRES […],
retroactivamente el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario
básico mensual con sus consecuencias prestacionales […] desde el 4 de marzo
de 2013 y hasta que funja como procurador judicial I, al haber operado el fenómeno
jurídico de la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 4 de marzo
de 2013 […].
7 Folios 234-241 del expediente físico.
8 Así lo dispuso el Tribunal en el numeral primero de la sentencia.
9 Así lo dispuso el a quo en el numeral segundo del fallo.
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Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
SÉPTIMO. reconocer y pagar a GLORIA LILIANA PÉREZ […], retroactivamente el
REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual con
sus consecuencias prestacionales […] desde el 4 de marzo de 2013 y hasta que
funja como procurador judicial I, al haber operado el fenómeno jurídico de la
prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 4 de marzo de 2013 […].
Recurso de apelación
14. La apoderada de la parte actora recurrió en apelación10 la sentencia de
primera instancia, únicamente11 frente a las demandantes María Catalina
Jaramillo González, Edna Marcela Méndez Palma y Gloria Liliana Pérez, en
cuanto a que la sentencia de primera instancia aplicó la prescripción trienal.
15. Al respecto, consideró que el derecho surge a partir de la ejecutoria de las
sentencias constitutivas proferidas por el Consejo de Estado, por medio de las
cuales se declararon la nulidad de los decretos salariales, pues a partir de dichos
pronunciamientos se da certeza sobre la existencia del derecho.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
16. Por auto del 7 de noviembre de 2025,12 se admitió el recurso de apelación.
17. La parte demandante13 presentó alegatos de conclusión reiterando los
argumentos expuestos en el recurso de alzada.
18. El Ministerio Público14 presentó concepto, sustentando que contrario a lo
expuesto en el escrito de apelación, no solo existen disposiciones legales que
determinan la procedencia de la declaración de prescripción de las pretensiones
de restablecimiento de derecho de las recurrentes, sino que, además, en el caso
de las señoras María Catalina Jaramillo González y Gloria Liliana Pérez Gaitán
se evidencia que las reclamaciones fueron presentadas por fuera del término
para retrotraer la prescripción trienal. En efecto, la primera presentó reclamación
el 29 de enero de 2016, por lo que solo interrumpió la prescripción a partir del 29
de enero de 2013; la segunda lo hizo el 4 de marzo de 2016, por lo que ésta solo
opera desde el 4 de marzo de 2013.
19. Respecto a la prescripción de las pretensiones de la señora Edna Marcela
Méndez Parra, quien laboró hasta el 7 de agosto de 2006, a la fecha en que
radicó el derecho de petición —22 de enero de 2016— habían transcurrido más
de diez años desde la causación de los derechos reclamados. En consecuencia,
superó ampliamente el término de prescripción trienal.
10 Folio 390 del expediente físico.
11 La parte actora señaló «Me permito señalar que con respecto a los doctores José Urbales Díaz y Luis
Alfonso Duarte Torres, no interpongo recurso de apelación»
12 Índice 27 de SAMAI.
13 Índice 33 de Samai.
14 Índice 34 de Samai.
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20. La parte demandada guardó silencio.
21. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
23. Le corresponde a la Sala establecer si frente a las demandantes María
Catalina Jaramillo González, Edna Marcela Méndez Palma y Gloria Liliana Pérez
operó la prescripción trienal de los derechos reclamados.
24. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
25. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial16 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
15 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
16 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
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Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
26. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201417 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».
27. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201918, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04142-02 (0548-2023)
Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969.
28. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
11 de julio de 202319, 5 de septiembre de 202320, 5 de diciembre de 202321, 6 de
agosto de 202422 y 18 de diciembre de 202423.
29. Igualmente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 2024 24,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
entre los años 2008 y 2018. Pues, bajo el mismo criterio, se insistió en que el
30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Asimismo, en la sentencia del 10 de septiembre de 202425, la Sala de Conjueces
del Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de los decretos salariales de
1993 a 2012 que regularon la prestación mencionada para los servidores de la
Rama Judicial, como de los procuradores judiciales I.
30. Finalmente, mediante sentencia del 19 de marzo de 202626, se declaró la
nulidad parcial de los artículos 9 y 10 Decreto 186 de 2014, en el entendido que
la prima especial de servicios «tendrá que ser calculado en un porcentaje del
30% sobre el 100% del total de la asignación básica mensual fijada por el
Gobierno Nacional para los procuradores judiciales I y II en dicha anualidad, y
que, por consiguiente, deberá ser pagado de manera adicional a esta última».
Hechos probados
31. Dentro del proceso se encuentra probado que las demandantes prestaron sus
servicios a la Procuraduría General de la Nación como procuradoras judiciales I,
así:
• María Catalina Jaramillo González desde el 2 de julio de 2009, sin que a la
fecha de expedición de la certificación laboral se reporte retiro27 del servicio 28
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
25 Sentencia del 10 de septiembre de 2024, radicación 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-2012) conjuez
ponente, José Ascensión Fernández Osorio.
26 Sentencia del 19 de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020), magistrado
ponente, Jorge Iván Duque Gutiérrez.
27 No obstante, se advierte que el Tribunal limitó el restablecimiento al 14 de diciembre de 2015, sin que
hubiere sido objeto de apelación por la parte interesada.
28 Folios 52 y 202-203 del expediente físico- fecha de certificación 4 de octubre de 2016.
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• Edna Marcela Méndez Palma desde el 12 de junio de 1997 hasta el 8 de
agosto de 200629.
• Gloria Liliana Pérez desde el 9 de junio de 2009, sin que a la fecha se reporte
retiro del servicio30
32. Que han percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tienen derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo
que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario
como las prestaciones sociales.31
33. Que el 29 de enero de 2016,32 22 de enero de 2016,33 y 4 de marzo de 201634
las actoras solicitaron a la demandada el reajuste de su salario y prestaciones
sociales con ocasión del 30% que se tenía en cuenta como prima especial, de la
cual obtuvieron respuesta negativa mediante los actos administrativos
demandados.
Caso concreto
34. En el sub lite la Sala se circunscribirá al objeto de la apelación de la parte
actora, el cual se limitó a la prescripción. Al respecto, esta corporación ha
sostenido, de forma pacífica35, que el hecho constitutivo del derecho a la prima
especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero
de 1993, fecha de entrada en vigor del Decreto 54 de 199336.
35. En consecuencia, en el presente caso desde que fueron vinculadas al cargo
de procuradoras judiciales I, las demandantes pudieron interrumpir el fenómeno
prescriptivo, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por
lo que no le asiste razón a las recurrentes al señalar que dicho fenómeno se
cuenta a partir de la ejecutoria de las sentencias que declararon la nulidad de los
preceptos que regulaban el mencionado emolumento.
29 Ver folio 59 del expediente físico.
30 Ver folio 62 del expediente físico.
31Folios 50-67 del expediente físico.
32Folios 24-28 del expediente físico- Petición de la señora María Catalina Jaramillo González.
33 Folios 30-34 del expediente físico- Petición de la señora Edna Marcela Méndez Palma.
34 Folios 36-41 del expediente físico- Petición de la señora Gloria Liliana Pérez.
35 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
36 Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
36. Conforme a lo expuesto, se advierte que el Tribunal de instancia aplicó en
debida forma el fenómeno jurídico de la prescripción trienal de los derechos
reclamados por las demandantes, así:36
• María Catalina Jaramillo González: operó la prescripción de las diferencias
reclamadas con anterioridad al 29 de enero de 2013.
• Edna Marcela Méndez Palma: si bien, en principio, la demandante tendría
derecho a que se le paguen las diferencias salariales y prestacionales
solicitadas, lo cierto es que se retiró del servicio el 8 de agosto de 2006 y la
petición se presentó ante la entidad demandada el 22 de enero de 2016, de
manera que al haberse retirado en el 2006, los derechos reclamados se vieron
afectados por el fenómeno jurídico de la prescripción, como fue advertido por
el Tribunal de instancia.
• Gloria Liliana Pérez operó la prescripción de las diferencias reclamadas
con anterioridad al 4 de marzo de 2013.
37. No obstante, se advierte que dicho fenómeno no opera frente a las
diferencias de cesantías causadas durante el periodo en que han ocupado el
cargo de procurador judicial I las demandantes, tal como se expuso en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 201637, según la cual este derecho
no prescribe mientras la relación laboral esté vigente, como ocurre en el presente
caso, por lo que no procede la prescripción de dicho emolumento por los periodos
reclamados, para la señora María Catalina Jaramillo González desde el 2 de julio
de 2009 y hasta el 14 de diciembre de 2015 y respecto de la señora Gloria Liliana
Pérez desde el 9 de junio de 2009 y en adelante hasta que desempeñe el cargo
de procuradora judicial I y/o un cargo equivalente o similar.
38. Igualmente, dicho fenómeno no aplica frente a la cotización al Sistema
General en Pensión y Salud38, ya que está íntimamente relacionada con el
restablecimiento del derecho, por ser un derecho irrenunciable e
imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal de la misma, sino por la
sostenibilidad del sistema39, por lo que procede su reconocimiento por el todo el
tiempo laborado por las mencionadas demandantes como procuradoras
judiciales I.
39. Así las cosas, procede la modificación de los numerales quinto y séptimo
para precisar que:
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-
000-2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
38 Teniendo en cuenta que el a quo accedió al reajuste de «seguridad social en salud y pensión».
39 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04142-02 (0548-2023)
Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
-La señora María Catalina Jaramillo González tiene derecho al reajuste y
pago de los aportes mencionados desde el 2 de julio de 2009 y hasta el 14
de diciembre de 2015.
-La señora Gloria Liliana Pérez tiene derecho al reajuste y pago de los
aportes mencionados desde el 9 de junio de 2009 y en adelante hasta que
desempeñe el cargo de procuradora judicial I y/o un cargo equivalente o
similar.
40. Ahora, respecto de la señora Edna Marcela Méndez Palma, se advierte que
si bien el a quo en el numeral cuarto frente a las pretensiones de la actora declaró
probada la excepción de prescripción «salvo que si debe ser tenida en cuenta
para la liquidación de la pensión», no dispuso restablecimiento alguno respecto
al pago de las diferencias de dichos aportes, por lo que se deberá adicionar la
sentencia para precisar el reajuste que le atañe a la actora frente a dicho aspecto,
desde el 12 de junio de 1997 hasta el 8 de agosto de 2006.
41. Igualmente, se revocará el numeral segundo, en cuanto dispuso «Estese
a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la Sentencia de Unificación SUJ-016- CE-S2-2019 de 2 de septiembre
del 2019, con ponencia de la Conjuez Carmen Anaya de Castellanos», en tanto,
esa sentencia no corresponde a una sentencia de nulidad de actos
administrativos, sino a un precedente invocado en la sentencia para resolver el
caso concreto.
42. Asimismo, se adicionará el numeral primero, para estarse a lo resuelto en la
en la sentencia del 9 de abril de 202440, que declaró la nulidad frente a los
decretos que regulaban tal prestación entre el 2008 y 2018, citada en párrafos
anteriores, en el sentido de entender que la prima especial es una adición al
salario. Y a su vez, en la sentencia del 10 de septiembre de 2024 del Consejo de
Estado, Sala de Conjueces41, que declaró la nulidad parcial de los decretos
salariales de 1993 a 2012, que regularon la prestación mencionada para los
servidores de la Rama Judicial, como de procuradores judiciales I. Igualmente,
mediante sentencia del 19 de marzo de 202642, se declaró la nulidad parcial de
los artículos 9 y 10 Decreto 186 de 2014, en los mismos términos de las anteriores
providencias.
43. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) adicionar el numeral
primero, para estarse a lo resuelto en las sentencias expedidas por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces mencionadas; ii) revocar el
numeral segundo que se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 2 de septiembre
de 2019; iii) modificar los numerales quinto y séptimo para precisar que no operó
40 Proceso 110010325000201900609 00 (4735-2019).
41 Sentencia del 10 de septiembre de 2024, radicación 11001 03 25 000 2012 00328 00 (1292-2012)
conjuez ponente, José Ascensión Fernández Osorio.
42 Sentencia del 19 de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020), magistrado
ponente, Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
el fenómeno jurídico de la prescripción frente a las cesantías y cotizaciones a
seguridad social en pensión conforme lo antes precisado, y disponer el
restablecimiento frente a dichos aspectos, así como el periodo que procede la
condena frente a la señora Jaramillo González; iv) adicionar el restablecimiento
de los aportes a pensión de la señora Méndez Palma; y v) confirmar en lo demás
la sentencia apelada.
Condena en costas
44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
47. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido parcialmente43, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo y ADICIONAR el numeral primero de
la sentencia impugnada en el sentido de ESTARSE a lo resuelto en las
43 Frente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y las diferencias en el periodo
de reconocimiento de las cesantías sin prescripción.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04142-02 (0548-2023)
Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
sentencias expedidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 29 de abril de 2014 dentro del radicado
1001032500020070008700 (1686-07), del 9 de abril de 2024, en el expediente
110010325000201900609 00 (4735-2019), 10 de septiembre de 2024, en el
proceso 110010325000201200328 00 (1292-2012), y 19 de marzo de 2026 en el
expediente 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR los numerales quinto y séptimo de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán así:
QUINTO.- Condénese a la NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a reconocer y pagar a MARÍA CATALINA JARAMILLO GONZÁLEZ:
i) retroactivamente el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del
salario básico mensual con sus consecuencias prestacionales en la
reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados, etc, porcentaje que le fue
deducido, desde el 29 de enero de 2013 y hasta el 14 de diciembre de 2015, al
haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción de las sumas causadas
con anterioridad al 29 de enero de 2013, excepto para efectos de diferencias
de cesantías y aportes a Seguridad Social en salud y pensión, las cuales se
reconocerán hasta el 14 de diciembre de 2015; computando para este ejercicio
el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para cada cargo, luego del pago de la prima consagrada en
esa norma, ya cancelada; y ii) Se ORDENA a la entidad demandada reajustar
y pagar las diferencias de cesantías y los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones y salud, utilizando como ingreso
base de cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre el total de la
asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los
servidores de la Procuraduría General de la Nación, que serán reconocidas
desde 2 de julio de 2009 y hasta el 14 de diciembre de 2015.
SEPTIMO.- Condénese a la NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a reconocer y pagar a GLORIA LILIANA PÉREZ: i) retroactivamente
el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual
con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación de la prima de
navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por
servicios prestados, etc, porcentaje que le fue deducido, desde el 4 de marzo
de 2013 y en adelante hasta que desempeñe el cargo de procuradora judicial I
y/o un cargo equivalente o similar, al haber operado el fenómeno jurídico de la
prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 4 de marzo de 2013,
excepto para efectos de diferencias de cesantías y aportes a Seguridad Social
en salud y pensión; computando para este ejercicio el 100% que corresponde
a la asignación básica mensual devengada correspondiente para cada cargo,
luego del pago de la prima consagrada en esa norma, ya cancelada; y ii) Se
ORDENA a la entidad demandada reajustar y pagar las diferencias de
cesantías y los aportes los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
materia de pensiones y salud, utilizando como ingreso base de cotización el
100 % de la remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica
fijada anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04142-02 (0548-2023)
Demandante: María Catalina Jaramillo González y otros
Procuraduría General de la Nación, que serán reconocidos desde el 9 de junio
de 2009 y en adelante hasta que desempeñe el cargo de procuradora judicial I
y/o un cargo equivalente o similar, de conformidad con la ley.
TERCERO. ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido de ORDENAR
a la entidad demandada reajustar y pagar a la señora EDNA MARCELA
MÉNDEZ PALMA los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
materia de pensiones utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de
la remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada
anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Procuraduría
General de la Nación, que serán reconocidos desde el 12 de junio de 1997
hasta el 8 de agosto de 2006, de conformidad con la ley.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 31 de octubre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.
SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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