Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2013-00394-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2013-00394-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2013-00394-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 54001-23-33-000-2013-00394-02 (5298-2022)
Demandante: Eduardo José Galvis Ursprumg
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Temas: Prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y
bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de
1998.
Decisión: Se modifican los ordinales segundo, cuarto y quinto de la
sentencia apelada, a fin de ordenar estarse a lo resuelto en las
sentencias del 10 de septiembre de 2024 y del 19 de marzo de
2026, proferidas por el Consejo de Estado; corregir la
imprecisión terminológica referida a la bonificación por
compensación; y precisar que el reconocimiento ordenado
corresponde a las diferencias derivadas del 30 % de la
asignación básica indebidamente sustraído al demandante, no a
la prima especial como factor salarial. Asimismo, se adiciona la
providencia para señalar que la remuneración del actor deberá
sujetarse al tope previsto en el Decreto 610 de 1998.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia de primera instancia del 21 de abril de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor instauró demanda con el objeto de que se declare la nulidad de los
Oficios S.G. 2562 del 9 de julio de 2013 y S.G. 3091 del 9 de agosto de 2013,
mediante los cuales la entidad accionada negó el reajuste de la remuneración
equivalente al 80% de lo devengado por los magistrados de las Altas Cortes
conforme al Decreto 610 de 1998, y la reliquidación de prestaciones sociales con
inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como
factores salariales.
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Demandante: Eduardo José Galvis Ursprumg
2. También se solicitó la inaplicación de las expresiones contenidas en los
decretos salariales expedidos entre 1993 y 2013 que establecían la prima especial
de servicios sin carácter salarial, así como de las decretos proferidos entre 1998 y
2012 que restringían los efectos salariales de la bonificación por compensación al
ámbito pensional.
3. A título de restablecimiento del derecho, se reclamó (i) el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales dejadas de percibir como consecuencia de la no
aplicación del Decreto 610 de 1998, con los correspondientes reajustes, intereses
y actualizaciones; (ii) la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de
la prima especial de servicios y de la bonificación por compensación como factores
salariales, desde el 1 de septiembre de 2009 «hasta la fecha»; y (iii) la sanción
moratoria por mora en el pago de cesantías prevista en el parágrafo del artículo 5
de la Ley 1071 de 2006.
4. Pidió igualmente la indexación de las sumas reconocidas, la aplicación de
los artículos 192 y 195 del CPACA en materia de intereses y la condena en costas.
5. Como fundamento de las pretensiones, el actor relató que desde el 1 de
septiembre de 2009 se ha desempeñado como procurador judicial II en la
Procuraduría 24 Judicial Administrativa de Cúcuta, y que el 2 y 3 de julio de 2013
presentó reclamaciones ante la entidad demandada con el objeto de que se le
reliquidara el salario y se le reconocieran y pagaran las diferencias adeudadas, con
inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como
factores salariales, de conformidad con el Decreto 610 de 1998 y el artículo 15 de
la Ley 4 de 1992.
6. Adujo que las solicitudes fueron resueltas desfavorablemente a través de los
actos acusados, los cuales, a su juicio, desconocieron los principios
constitucionales del derecho laboral, conforme al precedente del Consejo de Estado
sobre la materia.
Contestación de la demanda
7. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda. En primer lugar, sostuvo que no procedía la inaplicación por
inconstitucionalidad de los decretos invocados, pues estos no resultaban aplicables
al demandante, quien se vinculó en el año 2009 y, en todo caso, las disposiciones
expedidas con posterioridad se encontraban amparadas por la presunción de
legalidad.
8. Afirmó que la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la
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sentencia C-279 de 1996, por lo que no era posible su inaplicación por vía de
excepción. Añadió que el actor no era beneficiario del artículo 15 ibidem, al no obrar
prueba de que su cargo estuviera relacionado con los supuestos allí previstos.
9. Señaló que el régimen salarial y prestacional de los servidores de la
Procuraduría General de la Nación corresponde fijarlo al Gobierno nacional, de
modo que la entidad no podía reconocer factores salariales distintos de los
previstos en los decretos anuales aplicables. Agregó que la bonificación por
compensación reconocida al actor solo constituye factor salarial para efectos
pensionales y no para liquidar prestaciones sociales.
10. Finalmente, propuso las excepciones de improcedencia de la aplicación de
la extensión de jurisprudencia invocada, falta de legitimación en la causa por pasiva
y la prescripción trienal.
Sentencia apelada
11. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del
21 de abril de 2022, ordenó inaplicar los artículos de los decretos salariales
expedidos entre 1993 y 2007 que establecieron la prima especial prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 sin carácter salarial, declaró la nulidad parcial del
Oficio S.G. 3091 del 9 de agosto de 2013 y la nulidad del Oficio S.G. 2562 del 9 de
julio de 2013.
12. Asimismo, determinó que no se configuró la prescripción trienal, pues dicho
término debía contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de
2014, por ser el momento a partir del cual se hizo exigible el derecho solicitado.
Bajo esa premisa, concluyó que la reclamación administrativa presentada el 3 de
julio de 2013 fue oportuna.
13. Con fundamento en lo anterior, condenó a la entidad demandada a
reconocer y pagar las diferencias salariales dejadas de percibir por la no aplicación
del Decreto 610 de 1998, así como a reliquidar las prestaciones sociales
devengadas entre el 1 de septiembre de 2009 y el 10 de enero de 2017, fecha de
su retiro del cargo, con inclusión de la prima especial de servicios como factor
salarial.
14. Finalmente, negó la inclusión de la bonificación por compensación como
factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, así como las demás
pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas.
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Recurso de apelación1
15. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación insistiendo en que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 carece de carácter salarial, salvo para efectos pensionales, razón por la
cual no procede su inclusión como factor para la reliquidación de las «diferencias
salariales y/o prestacionales».
16. También aseguró que el Tribunal incurrió en error al reconocer valores
adicionales a los ya devengados por los beneficiarios de la prima especial, pues
ello supondría superar el tope salarial de los magistrados de las Altas Cortes, en
particular el previsto en el Decreto 610 de 1998.
17. Por último, cuestionó el análisis efectuado por el a quo sobre la prescripción
de la bonificación por compensación, al considerar que la «sentencia SUJ-016-CE-
S2-2019 de 2 de septiembre de 2019» fue aplicada de manera errónea, pues el
demandante no podía acreditar interrupción de la prescripción antes del año 2004,
dado que solo ingresó al cargo de procurador judicial II en septiembre de 2009. Por
tanto, solicitó declarar prescritos los derechos causados con anterioridad al «5 de
mayo de 2011».
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Los magistrados Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestaron impedimento para conocer el asunto, en cuanto al primero de ellos se
declaró infundado y el segundo fue separado del conocimiento del proceso
mediante decisión del 31 de julio de 2025.
19. Mediante auto del 7 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada y se corrió traslado a los sujetos
procesales para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
20. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó revocar la sentencia
de primera instancia, al estimar que la prima especial prima especial de servicios
no tiene carácter salarial, salvo para efectos pensionales, por lo que no resulta
procedente su inclusión como factor para la liquidación de prestaciones sociales.
21. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal.
1 Revisado el escrito de apelación, se advierte que la entidad reprodujo un concepto emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, según el cual la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial. Asimismo, indicó que la Procuraduría General de la Nación no tiene atribuida
la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de sus servidores, pues dicha facultad
corresponde al Gobierno nacional. Sin embargo, tales consideraciones no constituyen reproches
concretos contra la sentencia de primera instancia.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problemas jurídicos
23. En concordancia con los reparos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en error al reconocer la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como factor salarial para la
reliquidación de salarios y prestaciones sociales, pese a que dicho emolumento solo
tiene incidencia salarial para efectos pensionales.
24. Asimismo, se examinará si la sentencia apelada desconoció el tope
remuneratorio fijado por el Gobierno nacional para los servidores judiciales, en
particular el límite previsto para los magistrados de tribunal.
25. Finalmente, la Sala estudiará si el a quo erró al no declarar probada la
prescripción trienal las acreencias reclamadas por concepto de la bonificación por
compensación, al contabilizar la exigibilidad del derecho desde la ejecutoria de la
sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014 y no desde la fecha en que las
diferencias salariales y prestacionales se hicieron exigibles.
Análisis de los problemas jurídicos
26. Examinado el caso concreto, la Sala modificará el ordinal quinto de la parte
resolutiva para precisar que, si bien la prima especial no constituye factor salarial,
salvo para efectos pensionales, el reconocimiento ordenado recae sobre las
diferencias derivadas del 30 % de la asignación básica que fue indebidamente
sustraído al demandante.
27. Asimismo, se modificará el ordinal segundo y cuarto de la sentencia
apelada, con el fin de ordenar estarse a lo resuelto en las sentencias del 10 de
septiembre de 2024 y del 19 de marzo de 2026, proferidas por el Consejo de
Estado; y corregir la imprecisión terminológica advertida, en cuanto hizo referencia
a la «bonificación judicial a favor de los procuradores judiciales II», pese a que el
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acto administrativo demandado negó el reconocimiento de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.
28. De igual manera, se adicionará la sentencia apelada para señalar que, al
momento de efectuar la liquidación de la condena, la remuneración total del actor
deberá sujetarse al 80 % de los ingresos laborales que por todo concepto perciben
los magistrados de Altas Cortes.
29. Para resolver el primer problema jurídico, la Sala debe determinar si el
Tribunal erró al atribuir carácter salarial a la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992. Sobre el particular, es necesario precisar que, por
disposición legal y conforme al examen de constitucionalidad efectuado por la Corte
Constitucional2, dicho emolumento no tiene carácter salarial, salvo para efectos
pensionales, en los términos de la Ley 332 de 1996; además se trata de un
emolumento adicional a la asignación básica del beneficiario.
30. Sin embargo, se precisa que la prima especial establecida en la Ley 4 de
1992 es un valor agregado o adicional a la asignación básica que no tiene carácter
salarial, salvo para efectos pensionales; mientras que el 30% del salario que fue
descontado de la remuneración mensual del demandante para darle la connotación
de prima sí tiene incidencia prestacional, dado que comprende una porción del
100% de esta.
31. Aclarado lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal incurrió en error al
reconocer la prima especial como factor salarial, pues así lo indicó tanto en sus
consideraciones como en el ordinal quinto de la parte resolutiva. Por ello, se
modificará dicha orden con el fin de precisar que el reconocimiento procede
respecto de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de incluir el 30%
de la asignación básica que fue indebidamente sustraído al actor.
32. El segundo problema jurídico consiste en determinar si el reconocimiento
ordenado por el Tribunal desconoció el tope remuneratorio establecido por el
Gobierno nacional para los procuradores judiciales II, en relación con la asignación
prevista para los magistrados de tribunal.
33. Revisado el expediente, la Sala advierte que las certificaciones allegadas
permiten establecer los conceptos devengados por el actor entre el 1 de septiembre
de 2009 y el 31 de diciembre de 20163, entre ellos, sueldo básico, gastos de
representación, prima especial y bonificación por compensación. Sin embargo,
esos elementos probatorios no resultan suficientes para verificar si la remuneración
reconocida al demandante se ajustó o no al límite previsto en el Decreto 610 de
2 Corte Constitucional, Sentencia C- 279 de 1996 conjuez ponente, Hugo Palacios Mejía.
3 La certificación fue expedida el 24 de enero de 2017 por el Jefe de la División de Gestión Humana
de la Procuraduría General de la Nación. Folios 4 a 5, 012 Pruebas.
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1998, pues no obra prueba que permita efectuar la comparación con los ingresos
laborales que, por todo concepto, percibían los magistrados de tribunal durante el
mismo período.
34. En consecuencia, a partir de la sola información salarial del actor no es
posible corroborar si lo reconocido en primera instancia comporta o no la
superación del límite remuneratorio aplicable. No obstante, con el fin de evitar que
el cumplimiento de la condena exceda el tope previsto por el legislador, y dado que
la sentencia apelada no precisó este aspecto, se adicionará la providencia para
señalar que al momento de efectuar la liquidación la remuneración total del actor
deberá sujetarse al 80 % de los ingresos laborales que por todo concepto perciben
los magistrados de Altas Cortes.
35. El tercer problema jurídico recae en examinar si el Tribunal erró al no
declarar la prescripción trienal de las diferencias reclamadas por concepto de
bonificación por compensación.
36. Para resolver este punto, la Sala se remite al criterio adoptado por la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado en las sentencias del 18 de mayo de 2016 4 y
del 2 de septiembre de 20195. En la primera providencia se concluyó lo siguiente:
El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que
ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible
hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios
de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que reconoce la
Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del Decreto 4040 de
2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se podía
establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual
resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la
nulidad del Decreto 40406, es decir el 28 de enero de 2012. [Se destaca]
37. Por su parte, en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 se precisó:
[…] En efecto, la prescripción trienal del derecho se computa a partir de la vigencia
del Decreto 4040 de 2004, toda vez que antes de la expedición de éste el único
régimen vigente respecto de la bonificación por compensación era el Decreto 610
de 1998 y el derecho era plenamente exigible, por lo que quien consideraba tenía
derecho a percibirla tenía la carga de solicitarla antes de que operara el fenómeno
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces.
Radicado 25000 23 25 000 2010 00246 02 (0845-2015), Conjuez ponente Jorge Iván Acuña Arrieta.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de
Conjueces. Radicado 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-2018), Actor: Joaquín Vega Pérez.
6 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc
2ª, Sala de Conjueces, Rad. N° 11001-0325-000-2005-00244-01 (10067-2005), Sentencia de 14 de
diciembre de 2011 M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora».
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de la prescripción trienal de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969.
Esta Sala de igual manera ha reconocido al resolver casos análogos que si bien a
través de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día 27 de enero de 2012 se hizo
exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje
que contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no
se aplicaría la prescripción trienal, lo cierto es que entre el período comprendido
entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de
expedición del Decreto 4040 de 2004, procede decretarla. Durante este lapso no
hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2°
del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla. (Negrilla y
subrayado fuera del texto original)
En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por compensación entre
el 5 de [octubre]7 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general.
Esta regla tiene una excepción, que consiste en que, si la persona logra demostrar
en el expediente, con pruebas [sic] documental, que antes del 3 de diciembre de
2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la
prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha
de presentación de esa interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de
septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción y como
toda excepción, es de aplicación restrictiva.
Y para las reclamaciones posteriores al 27 de enero de 2012 la prescripción
trienal aplica ya sin excepciones. [Se destaca]
38. En virtud de lo anterior, resulta pertinente señalar que en el presente
asunto el demandante se desempeñó como procurador judicial II desde el 1 de
septiembre de 2009 hasta el 10 de enero de 2017, cargo beneficiario de la
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. Por tanto, para
efectos de la prescripción, debe tenerse en cuenta que el período reclamado inició
cuando se encontraba vigente la coexistencia normativa entre los decretos 610 de
1998 y 4040 de 2004.
39. En consecuencia, las diferencias causadas entre el 1 de septiembre de
2009 y el 27 de enero de 2012 solo se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de
2012, fecha de ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004, de
modo que el término trienal vencía el 28 de enero de 2015. Como la reclamación
administrativa fue presentada el 2 de julio de 2013, esta se formuló dentro de dicho
lapso, razón por la cual no operó la prescripción.
40. Ahora bien, aunque el Tribunal acudió a la sentencia del 29 de abril de
2014 para descartar la prescripción, dicha providencia se refirió a la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Para la bonificación por
7 Entiéndase incluido el auto de la misma Sala de Conjueces del 7 de octubre de 2019 que aclaró
parcialmente y la corrigió. En ese sentido se entiende que la prescripción de la bonificación por
compensación procede entre el 5 de octubre de 2001 y no del 5 de septiembre de 2001.
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compensación, el criterio aplicable corresponde a la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 4040 de 2004, en los términos expuestos.
41. Con todo, la conclusión del a quo resulta acertada, pues reconoció el
derecho por la totalidad del período reclamado y, como se reseñó, la reclamación
administrativa fue presentada oportunamente. En consecuencia, el reparo
formulado por la entidad demandada no prospera.
42. Por otro lado, se advierte que el ordinal cuarto de la sentencia apelada
incurrió en un error de denominación, pues al declarar la nulidad del Oficio S.G.
2562 del 9 de julio de 2013 hizo referencia a la «bonificación judicial a favor de los
Procuradores Judiciales II», cuando en realidad dicho acto administrativo negó el
reconocimiento de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de
1998. Por tanto, se modificará ese ordinal con el fin de corregir la imprecisión
advertida.
43. Aunado a lo anterior, la Sala observa que en el ordinal segundo de la
sentencia de primera instancia se ordenó inaplicar los artículos de los decretos
salariales expedidos entre 1993 y 2007. Sin embargo, dicho período no corresponde
íntegramente al reclamado por el demandante, quien solicitó el reconocimiento de
las diferencias salariales y prestacionales causadas «desde el 1 de septiembre de
2009» hasta la fecha de su retiro del cargo, lo cual ocurrió el 10 de enero de 2017.
44. Sobre el particular, debe señalarse que mediante sentencias del 10 de
septiembre de 20248 y del 19 de marzo de 20269, el Consejo de Estado declaró la
nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre
1993 y 2012, así como del correspondiente a 2014, al considerar que establecieron
la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una parte
integrante de la remuneración básica y no como un incremento equivalente al 30 %
de aquella.
45. En consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la sentencia
apelada para ordenar estarse a lo resuelto en dichas providencias, en cuanto
retiraron del ordenamiento jurídico disposiciones que sirvieron de fundamento a la
interpretación errada del emolumento discutido en este proceso. En relación con la
regulación salarial de 2013, la Sala advierte que reproduce la misma regla anulada
en los decretos examinados por esta Corporación; por tanto, se extiende para este
caso dicha interpretación.
Condena en costas
8 Radicado 11001-03-25 000-2012-00328-00 (1292-2012).
9 Radicado 11001-03-25-000-2020-00621-00 (1649-2020).
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46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
47. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
48. En el caso concreto no procede la condena en costas pues el recurso de
apelación prosperó parcialmente, por manera que no puede predicarse que alguna
de las partes haya sido vencida en esta instancia. En consecuencia, se prescindirá
de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo, cuarto y quinto de la parte resolutiva
de la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, así:
SEGUNDO. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias del 10 de septiembre
de 2024 y 19 de marzo de 2026 del Consejo de Estado dentro de los procesos
11001-03-25 000-2012-00328-00 (1292-2012) y 11001-03-25-000-2020-
00621-00 (1649-2020), conforme a lo indicado en la parte motiva.
CUARTO. DECLARAR la nulidad del Oficio S.G. 2562 del 9 de julio de 2013,
suscrito por la secretaria general de la Procuraduría General de la Nación,
mediante el cual se negó a Eduardo José Galvis Ursprumg, en su condición
de procurador judicial II, el reconocimiento del reajuste de su remuneración
equivalente al ochenta por ciento (80 %) de lo devengado por los magistrados
de Altas Cortes, conforme al Decreto 610 de 1998.
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Radicación: 54001-23-33-000-2013-00394-02 (5298-2022)
Demandante: Eduardo José Galvis Ursprumg
QUINTO. CONDENAR a la entidad demandada a: (i) reconocer y pagar a
favor de Eduardo José Galvis Ursprumg las diferencias dejadas de percibir
como consecuencia de la no aplicación del Decreto 610 de 1998, con los
correspondientes reajustes, intereses y actualizaciones, por el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2009 y el 10 de enero de 2017,
durante el cual ejerció el cargo de procurador judicial II, código 3 PJ-EC, en
la Procuraduría 24 Judicial Administrativa de Cúcuta; y (ii) reliquidar las
prestaciones sociales causadas durante ese mismo período, con inclusión
del treinta por ciento (30 %) de la asignación básica que fue indebidamente
sustraída al actor, sin que ello implique reconocer la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como factor salarial.
El reconocimiento realizado se deberá sujetar al tope salarial del 80% de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de Altas
Cortes.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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