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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2017-00787-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2017-00787-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a los accionantes y en favor de las entidades demandadas, para lo cual por agencias en derecho se fijan los siguientes montos: i) por la primera instancia el 3% de lo pedido y ii) por la segunda instancia 1 smmlv. La liquidación de las costas la efectuará de manera concentrada la primera instancia, según el artículo 366 del C.G.P., y se hará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: Demandante Porcentaje costas Alci José Villanueva Castro (víctima) 38.90% Masa sucesoral de la señora Margarita Rosa 10.47% Arteta Ramos Silvana Carolina Villanueva Arteta 10.13% Susana Margarita Villanueva Arteta 10.13% Viviana Paola Villanueva Arteta 10.13% José del Carmen Villanueva Ramos 5.06% Rosario Castro de Villanueva 5.06% Fredys Villanueva Castro 2.53% Ruby Villanueva Castro 2.53% Yeimi Villanueva Castro 2.53% Nidia Villanueva Castro 2.53% TOTAL 100% TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo 33 Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938) Actor: Alci José Villanueva Castro y otros Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros Referencia: Medio de control de reparación directa SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2017-00787-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)

Actor: ALCI JOSÉ VILLANUEVA CASTRO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO – Muerte de
concejal del municipio de Juan de Acosta, Atlántico / FALLA EN EL SERVICIO POR
OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN – Aunque se probó la configuración
del daño, se trató de un hecho irresistible e imprevisible para las demandadas.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación presentados contra la
sentencia del 28 de mayo de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 23 de marzo de 2015, el señor Alci José Villanueva Castro sufrió un atentado con
arma de fuego que le causó una discapacidad severa. Para ese entonces, no
contaba con protección, ya que la UNP y la Policía Nacional le habían retirado su
esquema de seguridad en 2014, por considerar que su riesgo era ordinario, a pesar
de las constantes amenazas que denunció y que en diciembre de 2011 había sido
víctima de otro ataque.

Según la demanda, el daño alegado se concretó por la omisión de las demandadas
en cumplir con su obligación de proporcionar seguridad y protección, lo que facilitó
y propició el atentado.

Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Mediante escrito presentado el 13 de junio de 2017 (f. 1-37 c-1), el señor Alci
José Villanueva Castro (víctima); las señoras Silvana Carolina, Susana Margarita y
Viviana Paola Villanueva Arteta (hijas), quienes actúan en nombre propio y como
herederas de su madre, la señora Margarita Rosa Arteta Ramos (compañera
permanente); los señores José del Carmen Villanueva Ramos y Rosario Castro de
Villanueva (padres); y los señores Fredys, Ruby, Yeimi y Nidia Villanueva Castro
(hermanos), por conducto de apoderado judicial (f. 38-48 c-1), presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio del Interior, la
Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional, con el fin de que se les
declarara patrimonialmente responsables por las lesiones personales sufridas por
el señor Alci José Villanueva Castro, como consecuencia de un atentado con arma
de fuego perpetrado en su contra el 23 de marzo de 2015.

1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se solicitó por
concepto de perjuicios morales, la suma de 300 SMLMV para cada uno de los
siguientes: el señor Alci José Villanueva Castro, su fallecida compañera
permanente, sus hijas y sus padres, y 150 SMLMV para cada uno de sus hermanos.
Por el “daño a la vida de relación” se pidieron 300 SMLMV para la víctima y cada
una de las personas que componen su núcleo principal. Por el daño a la salud se
reclamó en favor del referido señor el equivalente a 400 SMLMV. Por perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, se deprecó la suma de $179’486.1571
y, por daño emergente, $798’412.9782.

1.3. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

El 30 de octubre de 2011, se llevaron a cabo elecciones regionales en todo el
territorio nacional para elegir gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y
ediles. En el municipio de Juan de Acosta, Atlántico, la lista del Partido Verde obtuvo
dos curules en el concejo municipal. El señor Alci José Villanueva Castro, quien
ocupó la tercera mejor votación en dicha lista, advirtió que uno de los elegidos tenía
una prohibición legal para asumir el cargo de concejal. Ante esta situación,

1 Por los ingresos dejados de percibir por el señor Alci José Villanueva Castro por causa de su

incapacidad permanente, y por lo dejado de recibir por la señora Margarita Rosa Arteta Ramos,
quien, en vida, tuvo que renunciar a su trabajo para cuidar de su compañero permanente.
2 Por gastos vitalicios de enfermería, medicamentos y silla de ruedas.

2

Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

emprendió acciones legales para evitar la posesión del candidato electo, quien
renunció a su curul en diciembre de 2011.

Para impedir que el señor Alci José Villanueva Castro asumiera el cargo de concejal,
el 15 de diciembre de 2011 fue víctima de un atentado con arma de fuego en el
exterior de su residencia que lo dejó gravemente herido. A pesar de ello, el señor
Villanueva Castro se posesionó el 6 de enero de 2012.

Tras el atentado, la Policía Nacional le brindó protección. Posteriormente, la UNP
realizó un estudio de riesgo que fue calificado como extraordinario y, por ello, para
su seguridad, dispuso de un esquema más completo.

Las amenazas contra el señor Villanueva Castro persistieron y fueron denunciadas
ante las autoridades correspondientes. A pesar de ello, “a finales del año 2013”, la
UNP reevaluó el nivel de riesgo del referido señor y lo calificó como ordinario, lo que
resultó en la finalización del esquema de protección en febrero de 2014. Por lo
anterior, el señor Alci José Villanueva Castro presentó una acción de tutela que fue
negada en ambas instancias.

El 23 de marzo de 2015, el señor Villanueva Castro sufrió un segundo atentado con
arma de fuego en la vía que de Santa Verónica conduce a Juan de Acosta, Atlántico.
El señor Alci José Villanueva Castro, como consecuencia de los impactos de bala
que recibió, quedó postrado en una silla de ruedas y con una pérdida de capacidad
laboral superior al 55%.

De manera general, se expuso que el daño alegado en la demanda, esto es, las
lesiones permanentes sufridas por el señor Alci José Villanueva Castro, debía ser
reparado e indemnizado de conformidad con el artículo 90 de la Constitución
Política, pues el mismo se produjo como consecuencia del incumplimiento de la
obligación de seguridad y protección a cargo de las demandadas, quienes
permitieron la concreción de un atentado que les era previsible y resistible.

Finalmente, se adujo que, con ese hecho se generó a los demandantes múltiples
perjuicios de orden material, además de las afecciones de índole inmaterial.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

2. La respuesta de las accionadas3

2.1. La Nación-Ministerio del Interior contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones. De manera puntual, solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto dentro de sus funciones no estaba la de
garantizar el control del orden público, ni mucho menos la de prestar el servicio de
seguridad a los ciudadanos que así lo requirieran (f. 301-309 c-2).

2.2. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda (f. 315-331 c-
2). Manifestó que no incurrió en imprevisión u omisión alguna, puesto que quien
ordenó el desmonte del esquema de protección que tenía el señor Alci José
Villanueva Castro fue la UNP, previa evaluación de sus condiciones de seguridad
que arrojaron como resultado un nivel de riesgo ordinario; por tanto, fue la referida
unidad quien retiró el hombre de protección que le había asignado de manera
preventiva y cambió las condiciones de su esquema.

Propuso como excepciones (i) el hecho exclusivo y determinante de un tercero, con
fundamento en que los autores del daño causado al actor fueron delincuentes
ajenos a la entidad y (ii) culpa exclusiva de la víctima, porque el señor Villanueva
Castro desconoció las medidas y recomendaciones de seguridad que se le habían
dado según su nivel de riesgo.

2.3. La UNP también contestó la demanda (f. 341-364 c-2). Adujo que no incurrió
en falla del servicio, porque cuando el señor Villanueva Castro presentaba un nivel
de riesgo extraordinario le brindó las medidas de seguridad y protección que
requería. Posteriormente, al reevaluar su situación de peligro, determinó que las
condiciones de vulnerabilidad del señor Villanueva Castro eran ordinarias, por lo
que procedió a desmontar el esquema de protección asignado. Destacó que, tras
esta decisión, el demandante no presentó solicitudes nuevas de protección o
medidas emergencia, ni probó la existencia de hechos sobrevinientes que
ameritaran el despliegue de una actuación distinta.

Propuso como excepciones (i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
indicando que para la época de los hechos el señor Alci José Villanueva Castro “no
pertenecía al programa de protección de la unidad”; (ii) culpa exclusiva de la víctima,

3 El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda el 22 de noviembre de 2017 (f. 276-277

c-1), decisión que se notificó de manera electrónica a las entidades accionadas, el Ministerio Público
y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

por la inobservancia del actor de las recomendaciones de seguridad que se le dieron
y (iii) hecho exclusivo y determinante de un tercero, porque fueron personas
extrañas a la UNP las que perpetraron el delito.

3. Audiencia inicial

3.1. El 17 de septiembre de 2018, se fijó fecha para la celebración de la audiencia
inicial prevista en el artículo 180 del CPACA (f. 389 c-2), la cual se llevó a cabo el
24 de abril de 2019, oportunidad en la que se agotaron las etapas previstas en la
norma en comento4 (f. 397-402, c.1 y CD No. 2).

3.2. Los sujetos procesales no advirtieron vicios que requirieran la adopción de
medidas de saneamiento. Luego, el Tribunal Administrativo del Atlántico se
pronunció sobre las excepciones. Manifestó que, de las planteadas en las
contestaciones, solo la “falta de legitimación en la causa por pasiva” propuesta por
las demandadas tenía el carácter de previa, y que la misma debía ser negada,
porque en este momento procesal solo se revisaba la “legitimación formal”, la cual
se encontraba plenamente acreditada, en virtud de las imputaciones realizadas. Los
demás argumentos de defensa, por atacar el fondo del asunto, debían ser
analizados al momento de dictar sentencia.

3.3. El litigio se fijó en el sentido de determinar si la responsabilidad de las entidades
accionadas se encontraba comprometida por el incumplimiento de la obligación de
seguridad y protección a su cargo, “como consecuencia del retiro de esquema de
seguridad” que tenía asignado el señor Alci José Villanueva Castro, quien fue
víctima de un atentado con arma de fuego el 23 de marzo de 2015. El problema
jurídico fue puesto a consideración de las partes, quienes manifestaron
expresamente su aceptación.

3.4. Posteriormente, el magistrado tuvo como pruebas las allegadas con la demanda
y las contestaciones, y decretó las solicitadas en estos mismos escritos. La
diligencia concluyó con la fijación de fecha para la celebración de la audiencia de
pruebas prevista en el artículo 181 del CPACA.

4 De acuerdo con el aludido artículo, durante la audiencia inicial el juez adoptará las medidas de

saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias; resolverá las excepciones previas y las
de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción
extintiva; fijará el litigio, se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares y decretará pruebas.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

4. Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión

4.1. En audiencias del 13 y 15 de agosto de 2019 se incorporaron las pruebas
pedidas por ambas partes y se escucharon los testimonios solicitados (f. 423-428 y
447-451, c-1, Cd. No. 3). Por auto del 8 de octubre de 2020 se ordenó la
presentación de alegatos de conclusión por escrito y el concepto del representante
del Ministerio Público (f. 458 c-2).

4.2. La parte actora pidió que se declarara la responsabilidad de las accionadas,
para lo cual reiteró los criterios de imputación expuestos en el escrito de demanda
(f. 465-475 c-2). El Ministerio del Interior (f. 460-464 c-2) y la UNP (f. 476-484 c-2)
insistieron en las excepciones de defensa propuestas en cada una de sus
contestaciones. La Policía Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

5.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del 28 de mayo
de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte
resolutiva es la siguiente (f. 489-503 c-ppal):

1. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Unidad Nacional de Protección y DECLARARLA
probada respecto del Ministerio del Interior.

2. DECLARAR administrativa, extracontractual y solidariamente
responsables a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la POLICÍA
NACIONAL por los daños producidos al señor ALCI JOSÉ VILLANUEVA
CASTRO y otros, en la modalidad de falla en el servicio, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la Policía
Nacional a pagar al señor ALCI JOSÉ VILLANUEVA CASTRO lo siguiente:

3.1. Por concepto de PERJUICIOS MORALES 100 SMLMV.
3.2. Por concepto de DAÑO A LA SALUD 100 SMLMV.
3.3. Por concepto de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN 100 SMLMV.
3.4. Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES - LUCRO CESANTE
CONSOLIDADO la suma (…) $101’132.824.
3.5. Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES - LUCRO CESANTE
FUTURO, la suma de (…) $180.276.311.
3.6. Por concepto de DAÑO EMERGENTE la suma de (…) $19.426.000.

4. CONDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la POLICÍA
NACIONAL a pagar a favor de la sucesión de la señora MARGARITA ROSA

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

ARTETA RAMOS, por concepto de perjuicio material en la modalidad de
lucro cesante la suma (…) $19.167.645.

5. CONDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la POLICÍA
NACIONAL a pagar por concepto de perjuicios morales lo siguiente:

5.1. 100 SMLMV a las siguientes personas demandantes:

SILVANA CAROLINA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima;
SUSANA MARGARITA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima;
VIVIANA PAOLA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima;

JOSÉ DEL CARMEN VILLANUEVA RAMOS, padre de la víctima;
ROSARIO CASTRO DE VILLANUEVA, madre de la víctima;

A favor de la sucesión de la señora MARGARITA ROSA ARTETA RAMOS
(Q.E.P.D.), compañera de la víctima.

5.2. 50 SMLMV a sus hermanos que fungen como demandantes: FREDYS
VILLANUEVA CASTRO, RUBY VILLANUEVA CASTRO, YEIMI
VILLANUEVA CASTRO y NIDIA VILLANUEVA CASTRO.

6. CONDENAR a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la POLICÍA
NACIONAL, a pagar por concepto de daño a la vida de relación la suma de
100 SMLMV a favor de:

SILVANA CAROLINA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima;
SUSANA MARGARITA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima;
VIVIANA PAOLA VILLANUEVA ARTETA, hija de la víctima;

A favor de la sucesión de la señora MARGARITA ROSA ARTETA RAMOS
(Q.E.P.D.), compañera de la víctima.

7. Denegar las demás pretensiones de la demanda de la referencia.

(…)

10. Sin condena en costas.

5.2. En primer lugar, el a quo declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva planteada por la Nación-Ministerio del Interior, por considerar
que dentro de sus funciones no se encontraba la de proteger a personas en
situación de riesgo. Esta competencia recaía en la Policía Nacional y la UNP,
entidades que, por tanto, contaban con legitimación material.

5.3. Frente al fondo del asunto, precisó que el daño alegado, entendido como las
lesiones de carácter permanentes sufridas por el señor Alci José Villanueva Castro,
se encontraba plenamente acreditado con las anotaciones de las historias clínicas

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa

allegadas al plenario y el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Atlántico, según el cual el referido señor vio reducida su capacidad laboral en un
55.85%, como consecuencia del atentado con arma de fuego del que fue víctima el
23 de marzo de 2015.

Verificado el daño reclamado en la demanda, el a quo consideró que el mismo le
resultaba imputable a la UNP y a la Policía Nacional, a título de falla del servicio,
por la omisión en el deber de protección y seguridad que tenían con el señor
Villanueva Castro.

En criterio del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso se acreditó que
tanto la Policía Nacional como la UNP conocían que en contra del señor Alci José
Villanueva Castro ya se había perpetrado un primer atentado en diciembre de 2011
y que de manera posterior se siguieron profiriendo amenazas en su contra. A pesar
de ello, calificaron su riesgo como ordinario y le retiraron la protección, omisión que
propició la configuración del segundo atentado el 23 de marzo de 2015.

Consideró que dado el contexto, la Policía Nacional y la UNP tenían la obligación
de proteger al señor Villanueva Castro, pues estaban al tanto del peligro que
enfrentaba. La omisión de esta obligación, estipulada en el artículo 2 de la
Constitución Política, resultó en un daño antijurídico imputable a ambas entidades.

En otras palabras, la responsabilidad de estas entidades se vio comprometida por
no intervenir de manera positiva y eficaz para proteger al demandante, sin que se
acreditara la ocurrencia de una causa extraña, dado que se trató de un hecho que
les era previsible y resistible.

5.4. Finalmente, el tribunal a quo reconoció los perjuicios y negó lo pretendido por
daño emergente, al considerar que se trataba de un pedimento que no fue probado.
Por otra parte, se abstuvo de condenar en costas a las entidades que resultaron
vencidas.

6. Los recursos de apelación

6.1. La Policía Nacional solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
(f. 817-822 c-ppal). Manifestó que en el plenario no existían pruebas suficientes para
establecer su responsabilidad, pues no se presentó evidencia que respaldara la
acusación de omisión en el deber de seguridad y la falta de previsión. Por el

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contrario, se probó que el señor Villanueva Castro no acató las medidas de
autoprotección informadas en agosto de 2014.

Indicó que fue la UNP la que reevaluó el nivel de riesgo del señor Alci José
Villanueva Castro y lo calificó como ordinario, ajustando las medidas de seguridad
en consecuencia. A pesar de ello, la Policía Nacional, de manera preventiva, asignó
un policía como padrino para mantener comunicación constante con el señor
Villanueva Castro, brindar acompañamiento y atender cualquier situación de riesgo.

Finalmente, indicó que antes del atentado, la Policía Nacional no recibió ninguna
solicitud de protección especial para el señor Alci José Villanueva Castro, e insistió
en la configuración de los eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima y el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

6.2. La UNP también apeló la decisión (f. 816-821 c-ppal). Manifestó que no incurrió
en falla del servicio, ya que en cada momento desplegó las medidas de seguridad
requeridas según el nivel de riesgo del señor Alci José Villanueva Castro. Para el
23 de marzo de 2015, el señor Villanueva Castro no pertenecía al programa de
protección porque su riesgo había sido calificado como ordinario desde 2014, pero
esta situación no le impedía acudir a las autoridades para denunciar problemas o
amenazas, o solicitar un nuevo estudio de riesgo si consideraba que su vida estaba
en peligro, lo cual no ocurrió.

La UNP garantizó sus derechos fundamentales, y las decisiones tomadas
estuvieron ajustadas a derecho, al punto que el actor agotó, sin éxito, los recursos
administrativos disponibles, e interpuso una acción de tutela que fue denegada en
ambas instancias, respaldando la actuación de la unidad y confirmando la valoración
del riesgo como ordinario.

Calificó el atentado contra el señor Villanueva Castro como un hecho aislado y
propiciado por el mismo demandante, pues se demostró que Villanueva Castro se
reunió de manera independiente con el alcalde de Juan de Acosta para informarle
sobre supuestas actuaciones ilegales, sin dar aviso a las autoridades. Esta reunión,
que fue coordinada de manera autónoma, ocurrió en la carretera entre Santa
Verónica y Juan de Acosta, donde fue atacado.

Por otra parte, indicó que el daño fue causado por un tercero. El ataque se debió a
temas particulares no denunciados ante las autoridades, y fue planeado en

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retaliación a la información que Villanueva Castro tenía contra el alcalde. Las
circunstancias del atentado fueron imprevisibles e irresistibles, lo que hizo imposible
para las autoridades del Estado prevenir la situación.

6.3. La parte actora presentó apelación adhesiva contra la sentencia de primera
instancia, oportunidad en la que únicamente se limitó a solicitar el pago “del daño
emergente futuro reclamado”, esto es, los gastos vitalicios de enfermería y
medicamentos (f. 545-546 c-ppal). Los argumentos planteados por la parte actora
se desarrollarán de manera amplia en caso de analizarse este punto.

7. Alegatos en segunda instancia5

7.1. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia. En su criterio, en el presente caso existía una doble condición que
justificaba la permanencia del esquema de seguridad asignado al concejal Alci José
Villanueva Castro en noviembre de 2012, pues no solo había informado a las
autoridades competentes sobre su situación de riesgo, sino que este ya se había
materializado en un atentado contra su vida en diciembre de 2011. La combinación
de estas circunstancias hacía inexplicable el cambio en la valoración del riesgo,
dejando desprotegida a una persona que claramente necesitaba la protección del
Estado.

7.2. Las partes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

En virtud del numeral 6° del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 6, los tribunales
administrativos conocen en primera instancia de los procesos de reparación directa

5 Los recursos de apelación fueron admitidos por esta Corporación por autos del 24 de febrero y 1

de julio de 2022 (f. 544 y 574 c-ppal) y el 1 de julio de 2022 El trámite para alegar de conclusión,
ante la ausencia de pruebas por decretar en segunda instancia, se siguió conforme a lo dispuesto
en el artículo 76 de la Ley 2080 de 2021, modificatoria del CPACA.
6 La demanda se radicó el 13 de junio de 2017, de ahí que sea ésta la normatividad aplicable.

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en los que la cuantía exceda de 500 SMMLV7, cuya apelación le corresponde
tramitarla al Consejo de Estado, según el artículo 150 ejusdem8.

En el sub lite la parte demandante solicitó por concepto de perjuicios materiales en
la modalidad de daño emergente un total de $798’412.978, suma que para la fecha
de presentación de la demanda era superior a 500 SMMLV9, de ahí que el
conocimiento en primera instancia le correspondiera al a quo.

2. La legitimación en la causa

2.1. El señor Alci José Villanueva Castro está legitimado para demandar. De las
pruebas presentadas en el expediente se desprende que, el 23 de marzo de 2015,
fue víctima de un atentado con arma que lo dejó gravemente herido, lo que justifica
su interés para acudir a esta jurisdicción.

Las demandantes Silvana Carolina, Susana Margarita y Viviana Paola Villanueva
Arteta están legitimadas en la causa por activa, pues con los respectivos registros
civiles de nacimiento probaron ser sus hijas (f. 84, 85 y 86 c-1).

La masa sucesoral de la señora Margarita Rosa Arteta Ramos, conformada por los
demandantes Alci José Villanueva Castro -compañero permanente-10 y Silvana
Carolina, Susana Margarita y Viviana Paola Villanueva -hijas- (f. 84, 85 y 86 c-1),
también se encuentra legitimada para reclamar los perjuicios que, en vida, padeció
la señora Arteta Ramos, en virtud de la transmisión hereditaria.

Con los demás registros civiles de nacimiento allegados al plenario, se probó que
los señores José del Carmen Villanueva Ramos y Rosario Castro de Villanueva son
los padres del señor Alci José Villanueva Castro (f. 82 c-1), y que los señores
Fredys, Ruby, Yeimi y Nidia Villanueva Castro son sus hermanos (f. 80, 81,83 y 84
c-1).

7 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)
“6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
8“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos (…)”.
9 Para el 2017 el SMMLV era de $737.717 suma que al multiplicarse por 500 da como resultado

$368’858.500.
10 Así lo hicieron saber los deponentes María Cecilia Castañeda (f. 429-432 c-2), Brayan de Jesús

Mendoza Rocha (f. 477-450 c-2), Mercedes Arteta Ramos (f. 452-455 c-2) y Líder José Ramos
Barraza (f. 456-459 c-2) en sus testimonios.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

2.2. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que el daño alegado
en la demanda se hace derivar de las acciones y omisiones endilgadas a la UNP y
a la Policía Nacional. En ese sentido, se observa que respecto de estas entidades
se efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta y, por tanto, le asiste
legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará
al examinar el fondo del asunto.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior, decisión que no fue
cuestionada en las apelaciones, por lo que la Sala se estará a lo resuelto.

3. Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción

3.1. De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2°, del artículo 164 del
CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos (2)
años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.

En el caso concreto, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda
se originó en el daño que alega haber sufrido la parte actora como consecuencia de
las lesiones personales padecidas por el señor Alci José Villanueva Castro, por
causa de un atentado con arma de fuego que se perpetró en su contra el 23 de
marzo de 2015.

Así las cosas, en principio, la demanda podía ser presentada hasta el 24 de marzo
de 2017; sin embargo, el 2 de marzo de ese año se radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 14 Judicial II Administrativa de Barranquilla, esto
es, cuando faltaban 23 días para que operara la caducidad (f.51-52 c-1).

La constancia de no conciliación se expidió el 31 de mayo de 2017, por manera que
a partir de esta última fecha se reanudó el término de caducidad restante, el cual
vencía el 23 de junio siguiente, y, como la demanda se presentó el 13 de junio de
ese mismo año, resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que
operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción (f. 13 c-1).

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

4. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la UNP y la Policía Nacional incurrieron en
una falla del servicio por el incumplimiento de la obligación de protección a su cargo,
al retirarle al señor Alci José Villanueva Castro el esquema que tenía asignado y no
brindarle la seguridad que requería, situaciones que, se afirmó, propiciaron el
atentado con arma de fuego que se perpetró en contra de la víctima el 23 de mayo
de 2015.

Para tal efecto, la Sala deberá analizar las obligaciones constitucionales y legales
de estas entidades, así como la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho. De
confirmarse el carácter condenatorio de la sentencia de primera instancia, se
estudiará la procedencia de lo pretendido por el daño emergente futuro.

5. Elementos de la responsabilidad

5.1.Tratándose de asuntos en los que se debate la responsabilidad extracontractual
del Estado, el primer presupuesto que se debe observar en el respectivo análisis es
la existencia del daño.

5.2. En el presente asunto, el daño alegado por los actores se hizo consistir en las
lesiones personales de carácter permanente padecidas por el señor Alci José
Villanueva Castro, por causa de un atentado con arma de fuego que se perpetró en
su contra el 23 de mayo de 2015. Este elemento que se probó de manera adecuada
en primera instancia11 y, como el mismo no fue objeto de discusión por las partes
en las apelaciones, la Sala prescindirá de su análisis.

5.3. Frente a la imputación, el material probatorio allegado al plenario permite tener
por acreditado los siguientes hechos:

11 con (i) la epicrisis de la Clínica Portoazul de Barranquilla, en la que se anotó que en la referida

fecha el hoy demandante ingresó “por herida por proyectil de arma de fuego y trauma torácico con
contusión pulmonar y trauma medular torácico con compromiso neurológico y nivel sensitivo” (f. 123-
132 c-1); (ii) el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico,
según el cual, por los hechos en cuestión, el señor Villanueva Castro vio reducida su capacidad
laboral en un 55.85% (f. 230-231 c-1) y, (iii) el informe pericial de clínica forense del Instituto Nacional
de Medicina legal en el que como secuelas se anotaron una deformidad física permanente con
perturbaciones funcionales permanentes en el sistema nervioso central, urinario, sexual y
reproductivo, y una pérdida funcional de locomoción (f. 420-421 c-2).

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

El señor Alci José Villanueva Castro fue elegido como concejal del municipio de San
Juan de Acosta “para el periodo 2012-2015”. Así lo certificó el secretario general del
concejo municipal el 30 de diciembre de 2015 (f. 90 c-1).

Previa posesión, el señor Alci José Villanueva Castro fue víctima de un atentado
con arma de fuego el 15 de diciembre de 2011, que lo dejó gravemente herido 12.
Según las denuncias que se presentaron, el ataque tuvo móviles políticos. Por estos
hechos, el 1° de enero de 2012, el referido señor presentó “solicitud de medidas de
protección” ante la Gobernación del Atlántico en los siguientes términos (f. 60-62 c-
1):

[M]e dirijo para solicitarle de manera urgente protección para mi vida, con el
objeto de poder ejercer el cargo de concejal municipal de Juan de Acosta,
además de asegurar la protección de toda mi familia.

El día 15 de diciembre del año 2011, fui víctima de un atentado criminal que
me mantuvo 18 días internado en la UCI de una clínica de la ciudad de
Barranquilla, hecho de conocimiento público, donde se ha pregonado que
este atentado tuvo fines políticos por mi condición de hombre crítico e
independiente en el Departamento del Atlántico y sobre todo en el Municipio
de Juan de Acosta. Desde el mismo momento del atentado he contado con
seguridad policial, tanto en la clínica como actualmente, cuento con un
escolta de la policía nacional, quien tiene un horario de 7:00 de la mañana a
7:00 de la noche.

Se hace necesario, para salvaguardar mi vida y la de mi familia, contar con
un esquema de protección adecuado las 24 horas del día, es decir, un
escolta para mis desplazamientos y otro escolta que permanezca en el lugar
de mi residencia para proteger la vida de mi familia. Igualmente solicitó el
suministro de un vehículo para mis desplazamientos, habida cuenta de que
no puedo andar en carros particulares por el asunto de mi seguridad.

La Constitución Nacional y la ley son contestes en garantizar la vida, bienes
y honra de los ciudadanos, máxime cuando el blanco de un atentado es un
concejal del Municipio de Juan de Acosta, que requiere de la protección del
Estado. Por ello, apelo al señor Gobernador para que me suministre la
protección necesaria, en aras de preservar mi vida y la de mi familia.

El 1° de noviembre de 2012, el señor Alci José Villanueva Castro presentó la
siguiente denuncia ante la Inspección de Policía del municipio de San Juan de
Acosta (f. 64 c-1):

Mi denuncia consiste en que hoy jueves 01 de noviembre de 2012, siendo
las 8:30 A.M. aproximadamente, me encontraba en la Iglesia del Municipio

12 Según el informe técnico médico legal de lesiones no fatales del 25 de abril de 2012, la herida fue

causada por un proyectil de arma de fuego. Se determinó una incapacidad médico-legal definitiva de
ciento cincuenta (150) días. Como resultado, el afectado presentó varias secuelas permanentes: una
deformidad física que afectó su cuerpo, una perturbación funcional del miembro superior izquierdo,
una perturbación funcional del sistema nervioso periférico y una perturbación funcional del órgano
de la percepción (f. 36 c-1).

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

de Juan de Acosta, ubicada en la Plaza Central, cuando de pronto se me
acercó el señor RAMIRO BLANCO ARANGO y me dijo que me callara la
boca, que no criticara más al alcalde, que si yo no sabía que el papá del
alcalde y el alcalde tenían gente pesada, que cuidara lo que iba a decir del
alcalde en la sesión del Concejo, programada para las 9:00 A.M. en el recinto
del Concejo Municipal, para hoy 01 de noviembre de 2012, que él iba para la
sesión a estar pendiente y que si hablaba mal del alcalde, me atuviera a las
consecuencias, que si no me conformaba con lo que me había pasado (…).
Quiero decir que yo hago parte de un sistema de protección de la Policía
Nacional y se me acaba de hacer un estudio de riesgo por parte de la Unidad
Nacional de Protección. Además, fui víctima de un atentado ocurrido el 15
de diciembre de 2011, en la puerta de mi residencia en Soledad 2000. Me
preocupa esta amenaza, ya que el señor me aseguró de manera impecable
que el papá del alcalde y el alcalde tienen gente pesada que sabe resolver
las cosas. De los hechos de esta amenaza dejé constancia en la minuta de
población de la estación de policía de Juan de Acosta, al igual que al
Intendente Jefe ORLANDO MENDOZA DEL VALLE, Comandante de la
estación de Juan de Acosta.

El 8 de noviembre de 2012, el actor presentó una nueva denuncia ante la SIJIN de
la Policía Nacional en la que reiteró lo acontecido el 1° de noviembre anterior y
agregó (f. 65 c-1):

Hoy, 08 de noviembre del presente año, siendo las 11:28 horas, estando en
el recinto de la Asamblea Departamental, al lado de la Gobernación del
Departamento, recibí una llamada del número 3006585734, donde un señor
me dice que si no estaba contento con el atentado que tuve el 15 de
diciembre de 2011, y que me callara o, de lo contrario, me iban a matar a mí
y a mi familia. El sujeto me hablaba de manera amenazante, utilizando
vulgaridades, y manifestándome que tenía que callar, por lo que estoy
preocupado. A pesar de que tengo un miembro de la Policía Nacional que
me presta seguridad de 07:00 horas a 19:00 horas, siento que mi vida está
en peligro y que las causas son las críticas que le he hecho al alcalde
municipal de Juan de Acosta, ABELARDO PADILLA BLANCO, a través de
mis intervenciones en el Concejo Municipal y a través de las redes de
comunicaciones.

Soy vicepresidente del Concejo de Juan de Acosta, pertenezco al Partido
Verde y no tengo vínculos de ninguna naturaleza con los grupos al margen
de la ley. Mi actividad es representar a los electores en el Concejo Municipal
de Juan de Acosta. En esa oportunidad lo denuncié por amenaza de
extorsión y constreñimiento ilegal. Quiero dejar constancia de que el
atentado que me hicieron el 15 de diciembre de 2011 fue por causas políticas
y se encuentra en investigación bajo el número 0875860011062011-01547,
y que estas amenazas provienen de mi actividad como concejal de Juan de
Acosta, donde he sido reiterativo en criticar la gestión del señor alcalde en el
manejo de los recursos públicos y que dio origen a que le presentara
denuncias ante la Hacienda Municipal y al señor alcalde.

Mediante oficio del 23 de noviembre de 2012, la UNP le comunicó al señor Alci José
Villanueva Castro la validación y confirmación de su estudio de nivel de riesgo
extraordinario. En dicho oficio, se le informó que, debido a la situación de peligro
que enfrentaba, se le asignaron medidas de protección específicas, como un

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

hombre de protección, un auxilio de transporte, un medio de comunicación y un
chaleco antibalas (f. 119-120 c-1):

La Unidad Nacional de Protección (…)se permite comunicarle que el
resultado de su estudio de nivel de riesgo fue ponderado y posteriormente
validado como EXTRAORDINARIO, determinación a la cual se llegó
teniendo en cuenta las indagaciones, verificaciones y labor de campo hechas
por personal calificado que hace parte de la UNP, insumo con el cual se hizo
el diligenciamiento del Instrumento Estándar de Valoración de Riesgo (…),
con base en la cual el Grupo de Valoración Preliminar analizó su situación
de riesgo y la remitió al Comité Especial de Servidores y Ex Servidores
Públicos, el cual, contando con quórum deliberatorio y decisorio, validó el
nivel ponderado.

Las medidas que fueron recomendadas por parte de los miembros del
Comité Especial (…) consisten en: PONAL: ratificar un hombre de
protección. UNP: Un salario SMLV para apoyo de transporte o apoyo de
reubicación, un medio de comunicación y un chaleco antibalas con una
vigencia de doce (12) meses, aclarando que dichas medidas sólo podrán ser
modificadas cuando exista una variación de las situaciones que generaron el
nivel de riesgo (…).

También se allegó una solicitud de refuerzo del esquema de seguridad asignado
por la UNP en la que se pidió, entre otras cosas, un carro blindado y dos hombres
de protección, debido a la naturaleza de sus funciones como concejal y los
desplazamientos frecuentes que requería su cargo (f. 71-72 c-1).

Sobre el particular, se advierte que la anterior solicitud no tiene fecha ni sello de
recibido, por lo que se desconoce si, en efecto, la petición fue radicada en la entidad
a la que se dirigió. Si bien, junto con este documento se allegó un pantallazo de un
correo dirigido el “8-11-2012” a la UNP, tampoco se sabe si el archivo adjunto que
muestra la imagen corresponde al oficio en cuestión (f. 70 c-1).

El 15 de noviembre de 2013, el concejal Villanueva Castro presentó ante la Fiscalía
General de la Nación una denuncia en contra del señor Jairo Vázquez Gutiérrez,
gerente de la empresa Expreso Colombia Caribe S.A.S., por los delitos de
“amenazas, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia” (f. 73-76 c-1).

La denuncia se fundamentó en los hechos ocurridos después de que Villanueva
Castro, en su función de concejal, promoviera un debate público sobre las
deficiencias del servicio de transporte prestado por la empresa Expreso Colombia
Caribe S.A.S. Luego, durante una entrevista radial, el señor Vázquez Gutiérrez
intervino y acusó públicamente al concejal de extorsión, afectando gravemente su
reputación y la de su familia. Además, el señor Villanueva Castro relató que, tras las

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

acusaciones, un individuo sospechoso merodeó su residencia, preguntando
insistentemente por él, lo que incrementó su preocupación por su seguridad.

El señor Villanueva Castro interpretó estos hechos como una amenaza directa a su
vida, relacionada con las acusaciones y la campaña de desprestigio lanzada por el
señor Jairo Vázquez Gutiérrez.

Obra en el expediente “comunicación” del 20 de febrero de 2014 dirigida al señor
Alci José Villanueva Castro en la que se informa que su nivel de riesgo había sido
objeto de reevaluación y que el mismo había sido calificado como ordinario, lo cual
implicaba una modificación en su esquema de seguridad (f. 62 c-1):

Para la Unidad Nacional de Protección es grato comunicarle que el resultado
de su estudio de nivel de riesgo fue validado como ORDINARIO. Para su
tranquilidad, la determinación a la cual se llegó obedece a las indagaciones,
verificaciones y labor de campo hechas por personal calificado que forma
parte de la UNP, insumo con el cual se hizo el diligenciamiento del
Instrumento Estándar de Valoración de Riesgo, matriz creada por el
Ministerio del Interior y de Justicia y encontrada adecuadamente concebida
para valorar el riesgo en casos individuales por la Corte Constitucional
mediante el Auto 266 de 2009, con base en la cual el Grupo de Valoración
Preliminar analizó su situación de riesgo.

(…)

El Comité Especial para Servidores y Ex Servidores Públicos, en sesión del
día 31 de enero de 2014, contando con la asistencia del Director de la Unidad
Nacional de Protección o su delegado, el Director de Protección y Servicios
Especiales de la Policía Nacional o su delegado y el Subdirector de
Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección o su delegado,
determinó que en virtud del resultado de su estudio de nivel de riesgo, el cual
fue ponderado como ORDINARIO por el Grupo de Valoración Preliminar, no
puede ser beneficiario de medidas por parte del Programa de Protección,
liderado por la Unidad Nacional de Protección.

(…)

De conformidad con lo anterior (…) la Unidad Nacional de Protección le
comunica que la ponderación de su nivel de riesgo fue ORDINARIO y que
en consecuencia no habrá lugar a la implementación de medidas de
protección por parte de la UNP.
Por último, y en caso de que usted sea beneficiario de medidas como
vehículo(s) y/o hombre(s) de protección por parte de la UNP y/o la Policía
Nacional (…) se comunica que habrá un desmonte gradual de las mismas,
desmonte que en ningún caso será superior a tres (3) meses. En caso de
que la medida de protección sea diferente a las mencionadas, el desmonte
será inmediato.

Por lo anterior, el señor Alci José Villanueva Castro interpuso una tutela en contra
de la UNP y la Policía Nacional por la vulneración de sus derechos fundamentales
a la “vida, integridad y seguridad personal”, por considerar que el estudio que calificó

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

su nivel de riesgo como ordinario fue superficial y sin profundidad. Según la
demanda, no se realizaron visitas a sus residencias, ni se entrevistó a sus vecinos
para verificar su situación de seguridad. Tampoco se investigó el estado de las
denuncias que presentó por amenazas en 2011 y 2013. El funcionario responsable
se limitó a hacerle una llamada telefónica para una entrevista breve en la sede de
la Unidad Nacional de Protección y realizó contactos telefónicos con funcionarios
del municipio de Juan de Acosta, sin indagar más a fondo (f. 233-244 c-1).

Mediante sentencia del 20 de marzo de 2014, la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior del Atlántico negó el amparo (f. 245-254 c-1). Indicó que existía un estudio
reciente de nivel de riesgo, comunicado al actor el 20 de febrero de 2014, realizado
por un órgano competente con el equipo humano y herramientas adecuadas, lo que
hacía difícil para la Sala ignorar o reevaluar las conclusiones de los expertos que
calificaron el riesgo. Por tanto, concluyó que las actuaciones de la Unidad Nacional
de Protección no vulneraban derecho alguno, pero se aclaró que el accionante
podía iniciar el procedimiento ordinario del programa de protección en cualquier
momento, ya que la norma permitía reevaluaciones del riesgo cuando fuera
necesario, garantizando así un programa de protección efectivo y dirigido a quienes
realmente lo requirieran. La sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Atlántico en providencia del 28 de agosto de 2014 por las mismas
razones (f. 260-265 c-1).

Mediante oficio del 30 de agosto de 2014, la Policía Nacional informó al señor Alci
José Villanueva Castro que, en atención al oficio de referencia No. ST-C1864-14
procedente de la Unidad Nacional de Protección, el resultado de su estudio de nivel
de riesgo había sido validado como ordinario. Se le explicó que el riesgo ordinario
era aquel al que estaban sometidas todas las personas en igualdad de condiciones
por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad, lo que generaba para el
Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad pública, pero no implicaba la
adopción de medidas de protección específicas.

Por lo anterior, se le notificó la finalización de la medida de protección. Sin embargo,
se le informó que, por su condición de concejal, se nombraría un policía como
padrino, quien estaría en constante comunicación con él para atender cualquier
situación de riesgo o acompañamiento que lo ameritara dentro de la jurisdicción del
municipio de Juan de Acosta (f. 112 c-1).

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

El 23 de marzo de 2015, el señor Villanueva Castro fue víctima de un segundo
atentado con arma de fuego. Sobre estos hechos, solo se cuenta con el informe
ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, en el que se relataron los siguientes
hechos (f. 212-216 c-1):

El día 23-09-2015, a eso de las 07:30 horas aproximadamente, fuimos
informados por vía satelital por el señor Jefe de Grupo Delitos Contra La Vida
de la Seccional de Investigación Criminal Sijín Atlántico que en el municipio
de Juan de Acosta, más exactamente en el kilómetro 5, cerca de la finca
Misericordia y la vereda Todofierro, se había presentado un hecho en donde
resultó herida una persona de sexo masculino con arma de fuego, quien se
desplazaba al interior de su vehículo desde la ciudad de Barranquilla hacia
el municipio de Juan de Acosta. De inmediato, esta unidad investigativa se
desplazó hasta el lugar de los hechos con el fin de corroborar la información
mencionada y desplegar las diferentes actuaciones de policía judicial.

Al llegar al lugar, nos percatamos de que la persona lesionada había sido
trasladada por otras personas que manifestaron conocer o distinguir a la
víctima. La desplazaron a bordo del vehículo en el que minutos antes se
transportaba la víctima, y fue trasladado desde el lugar de los hechos hasta
las instalaciones del Hospital de Juan de Acosta con la finalidad de prestarle
los primeros auxilios. Esta persona responde al nombre de ALCI JOSÉ
VILLANUEVA CASTRO, quien hace parte del Concejo Municipal de Juan de
Acosta.

(…)

Estando en el Hospital de Juan de Acosta, luego de que el señor ALCI JOSÉ
VILLANUEVA CASTRO fue estabilizado por los médicos de turno, debido a
la gravedad de las heridas que presentaba, fue trasladado o remitido hacia
la Clínica Porto Azul de la ciudad de Barranquilla, donde fue intervenido
quirúrgicamente y, en la actualidad, se encuentra en la unidad de cuidados
intensivos del mencionado centro asistencial. Asimismo, esta unidad
investigativa se entrevistó de forma verbal con familiares de la víctima, que
había salido en horas de la mañana, a eso de las 05:00 de la mañana
aproximadamente, con la finalidad de cumplir con una cita imprevista que
había acordado el día anterior con una persona por vía telefónica.

Mediante oficio del 26 de marzo de 2015, la UNP informó al señor Alci José
Villanueva Castro que, una vez conocida la novedad, el grupo de solicitudes de
protección, siguiendo instrucciones de la Asesora de Dirección para la población de
ex servidores y servidores públicos de la entidad, solicitó al grupo de trámite de
emergencia realizar el estudio del caso a fin de determinar la posible inminencia y
excepcionalidad de los hechos, y se solicitaron medidas preventivas al Comando
del Departamento de Policía Atlántico en su favor (f. 219 c-1).

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

El 16 de septiembre de 2015, la UNP informó al señor Alci José Villanueva Castro
que su estudio de nivel de riesgo había sido determinado como extremo por el
Grupo de Valoración Preliminar. Esta conclusión se basó en indagaciones,
verificaciones y labores de campo realizadas por personal calificado de la unidad
utilizando un instrumento estándar de valoración de riesgo. El caso fue presentado
ante el Comité Especial de Servidores y Ex Servidores Públicos, que, en su sesión
del 20 de agosto de 2015, con quórum deliberatorio y decisorio, definió las medidas
correspondientes para proteger su seguridad.

Las medidas adoptadas incluyeron la ratificación de un medio de comunicación, un
chaleco blindado y dos hombres de protección. Además, se determinó finalizar el
uso de un vehículo convencional y en su lugar implementar un vehículo blindado (f.
229-230 c-1).

Obra la diligencia de interrogatorio de parte13 realizada ante el Tribunal a quo por el
señor Alci José Villanueva Castro (f. 423-428 c-2). El declarante indicó que, tras
haber sido víctima de un atentado en diciembre de 2011, la UNP le asignó un
esquema de protección. Sin embargo, en un estudio posterior, su nivel de riesgo fue
calificado como ordinario, a pesar de las amenazas recibidas y de las denuncias
que había presentado. Indicó que conocía parcialmente el procedimiento para
solicitar protección y que, a pesar de haber solicitado un esquema reforzado, la UNP
nunca accedió a otorgárselo.

Mencionó que, en el año 2012, se le otorgó un esquema de protección que fue
retirado a finales de 2013, a pesar de sus repetidas peticiones para que no se
levantara, ya que seguía recibiendo amenazas. Consideraba que la evaluación de
su riesgo fue antitécnica y que la amenaza en su contra seguía latente debido a la
falta de capturas de los responsables. Agregó que a lo largo de 2014, había
solicitado reiteradamente a la UNP que no le retiraran el esquema de protección,
pero sus solicitudes no fueron atendidas, lo que, según él, permitió que ocurriera el
atentado.

Explicó que, como concejal, se enteró de que el exalcalde de Juan de Acosta había
asignado recursos de manera ilegal y que le había enviado la documentación que

13 Esta declaración será valorada en conjunto con los demás elementos probatorios y de acuerdo

con el principio de la sana crítica, pues los artículos 165 y 184 del CGP catalogan el interrogatorio
de parte como un medio de prueba, el artículo 198 del mismo cuerpo normativo dispone las reglas
de conformidad con las cuales debe practicarse y no califica como sospechoso al interrogatorio que
rinda una de las partes del proceso.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

probaba la irregularidad vía WhatsApp. El día del atentado de 2015, se levantó a las
5 de la mañana, sin saber que ya había una persona siguiéndolo. Al entrar en la vía
de Juan de Acosta, un campanero avisó al sicario, quien lo recibió con más de 12
disparos.

Finalmente, se cuenta con los testimonios rendidos por los señores María Cecilia
Castañeda (f. 429-432 c-2), Brayan de Jesús Mendoza Rocha (f. 477-450 c-2),
Mercedes Arteta Ramos (f. 452-455 c-2) y Líder José Ramos Barraza (f. 456-459 c-
2), quienes, por su cercanía, familiaridad y amistad con los demandantes, dieron
cuenta de los perjuicios morales y materiales sufridos por aquellos.

5.4. Caso concreto: La responsabilidad de la Policía Nacional y la UNP

El artículo 2° de la Constitución Política de 1991 establece que las autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona
invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales
circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad
pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del
Estado14.

En efecto, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, ha sostenido que la
Administración responderá patrimonialmente, a título de falla en el servicio, por la
omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las
personas, al menos en dos eventos: “(i) cuando se solicita protección especial con
indicación de las condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y (ii)
cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta
evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían pruebas o
indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba
amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus
funciones”15.

14 Ver al respecto entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de julio 19 de 1997,

Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos; 14 de febrero
de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
15Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

del 13 de mayo de 2014, exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128), CP: Mauricio Fajardo
Gómez.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

En ese sentido, cuando la Administración tiene conocimiento acerca de una
situación de vulnerabilidad en la que se encuentre determinada persona16, el deber
genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de su
parte que, de omitirse, permite que se declare su responsabilidad por el daño
derivado de la materialización del peligro.

Lo anterior se evidencia en los eventos en los que se reclama del Estado la
reparación de daños producidos por la actividad de terceros. En tales oportunidades
ha precisado esta Corporación17 que, para que surja el deber de indemnización a
cargo de la entidad accionada, se requiere que el hecho del tercero haya sido
previsible y resistible para la Administración18.

Ahora bien, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 4065 de 2011 19, creó la
Unidad Nacional de Protección -UNP- como una entidad de orden nacional, “con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio,
adscrita al Ministerio del Interior, hará parte del Sector Administrativo del Interior y
tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad” (Art. 1).

El artículo 3° de citado decreto establece que el objetivo de la UNP es “articular,
coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes por virtud de
sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales,
humanitarias, culturales, étnicas o de género, entre otras, se encuentren en
situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida,
integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo público
u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario”.

Por su parte, el artículo 4° de la referida norma establece que, entre otras funciones,
a la UNP le corresponde:

1. Articular y coordinar la prestación del servicio de protección con las
entidades competentes a nivel nacional y territorial.

16 Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal

grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o
resistir el peligro que sobre ella se cernía.
17 Ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias: febrero 3 de 2000, Exp.

14787, C.P. Alier Hernández; agosto 16 de 2000, Exp. 13131, C.P. Ricardo Hoyos; mayo 2 de 2002,
Exp. 13251; marzo 18 de 2004, Exp. 13318, C.P. María Elena Giraldo; marzo 10 de 2005, Exp.
14395; abril 28 de 2005, Exp. 17300 y septiembre 20 de 2007, Exp. 15699, las tres últimas con
ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra.
18 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de 27 de marzo de 2008, Exp. 16234.
19 Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

2. Definir, en coordinación con las entidades o instancias responsables, las
medidas de protección que sean oportunas, eficaces e idóneas, y con
enfoque diferencial, atendiendo a los niveles de riesgo identificados.

3. Implementar los programas de protección que determine el Gobierno
Nacional, de competencia de la Unidad, dirigidos a salvaguardar los
derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal.

4. Hacer seguimiento y evaluación a la oportunidad, idoneidad y eficacia de
los programas y medidas de protección implementadas, así como al manejo
que de las mismas hagan sus beneficiarios y proponer las mejoras a que
haya lugar.

5. Brindar de manera especial protección a las poblaciones en situación de
riesgo extraordinario o extremo que le señale el Gobierno Nacional o se
determine de acuerdo con los estudios de riesgo que realice la entidad.

6. Realizar la evaluación del riesgo a las personas que soliciten protección,
dentro del marco de los programas que determine el Gobierno Nacional, de
competencia de la Unidad, en coordinación con los organismos o entidades
competentes.

Por su parte, en el Decreto 4912 de 201120 se organizó el Programa de Prevención
y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de
personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como
consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas,
sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, en cabeza de la Unidad
Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

El artículo 3.9 del referido decreto define las medidas de prevención como “las
acciones que emprende o elementos físicos de que dispone el Estado con el
propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad,
y seguridad personal de los protegidos”. Según el artículo 10 , estas medidas son:
(i) los planes de prevención y de contingencia; (ii) los cursos de
autoprotección; (iii) el patrullaje y, (iv) la revista policial.

Por su parte, el artículo 3.10 dispone que las medidas de protección son las
“acciones que emprende o elementos físicos de que dispone el Estado para el
cumplimiento del deber de prevención en lo que se refiere a la promoción del
respeto y garantía de los derechos humanos de los sujetos protegidos del
programa”. Los artículos 6 y 7 del Decreto 4912 de 2011 establecen que estas

20Compilado en el Decreto 1066 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

medidas proceden en razón del cargo21 y en virtud del riesgo, cuando el mismo es
calificado como “extraordinario o extremo”.

Las medidas de protección22 a otorgar se ajustan según el nivel de riesgo evaluado.
La UNP es la encargada de determinar este nivel, así como la necesidad y
adecuación de las medidas a implementar. Para ello, se basa en las
recomendaciones del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información
(CTRAI), del Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y del Comité de Evaluación de
Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).

De conformidad con el Decreto 4912 de 2011 el riesgo extraordinario se refiere a
situaciones en las que, debido a sus actividades o funciones políticas, públicas,
sociales, o humanitarias, una persona enfrenta un peligro que no está obligada a
soportar y que requiere protección especial del Estado. El riesgo extremo ocurre
cuando todas las características del riesgo extraordinario están presentes, pero
además es grave e inminente. Por otro lado, el riesgo ordinario es el que enfrentan
todas las personas por el simple hecho de pertenecer a una sociedad, lo que implica
la obligación del Estado de garantizar la seguridad pública, pero no de adoptar
medidas de protección específicas23.

Ahora bien, también en casos de “riesgo inminente y excepcional” proceden las
“medidas de emergencia”. En estos eventos, el Director de la UNP puede
implementar medidas provisionales de protección sin necesidad de una evaluación
previa del riesgo, teniendo en cuenta un enfoque diferencial. Estas medidas deben
ser informadas al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
(Cerrem), para que se decida si es necesario recomendar medidas definitivas. Para
implementar estas medidas de emergencia, se hará una valoración inicial del riesgo
del peticionario y se dispondrá de una evaluación inmediata del riesgo para ajustar
o modificar las decisiones iniciales (artículo 9).

21 La protección de personas en virtud de su cargo, incluye al Presidente de la República de Colombia

y su núcleo familiar, el Vicepresidente y su familia, Ministros del Despacho, Fiscal General,
Procurador General, Contralor General, Defensor del Pueblo, Senadores y Representantes a la
Cámara, Gobernadores de Departamento, y a los Magistrados de altas cortes (artículo 7).
22 Según el artículo 11 del Decreto 4912 de 2011, son: Esquema de protección, recursos Físicos de

soporte a los esquemas de seguridad, medio de movilización, apoyo de Reubicación Temporal,
apoyo de trasteo, medios de Comunicación y blindaje de inmuebles e instalación de sistemas
técnicos de seguridad.
23 Al respecto, véase: Sentencia T-002/20, Sentencia T-473/18 y Sentencia T-473/18.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Por último, los artículos 44, 45 y 46 del Decreto 4912 de 2011 establecen las
razones y procedimientos para la suspensión y finalización de las medidas de
protección. El Comité correspondiente puede recomendar la finalización de dichas
medidas por varias razones, incluyendo: (i) si la valoración del nivel de riesgo indica
que la protección ya no es necesaria, (ii) si se demuestra que la información
proporcionada es falsa, (iii) si el protegido impide la reevaluación del riesgo, (iv) si
el protegido lo solicita de manera libre y voluntaria, (v) por vencimiento del periodo
o cargo, (vi) si se impone una medida de aseguramiento o pena privativa de la
libertad, (vii) por sanción de destitución del cargo, o (viii) en caso de fallecimiento
del protegido.

En el caso concreto, se probó que el señor Alci José Villanueva Castro fue elegido
como concejal del municipio de San Juan de Acosta para el periodo 2012-2015, y
que, previo a su posesión, el 15 de diciembre de 2011, fue víctima de un atentado
con arma de fuego que lo dejó gravemente herido. Según la demanda y las
denuncias presentadas por la víctima el ataque tuvo móviles políticos; sin embargo,
al expediente no se allegó la investigación penal y, por ello, se desconoce si dicha
teoría fue confirmada en el marco de la instrucción.

Ahora bien, por los hechos antes relacionados, la Policía Nacional le brindó
seguridad inmediata al señor Alci José Villanueva Castro “con un escolta de (…)
7:00 de la mañana a 7:00 de la noche”. También se sabe que el 1° y 8 de noviembre
de 2012, ante la Inspección de Policía de San Juan de Acosta y la SIJIN de la Policía
Nacional, respectivamente, el hoy demandante denunció que estaba siendo víctima
de amenazas por parte del señor Ramiro Blanco Arango, instándolo a cesar sus
críticas hacia el alcalde bajo amenaza de consecuencias severas, hecho que vinculó
al atentado previo que había sufrido en diciembre de 2011 y su postura crítica en el
concejo municipal.

Una vez agotado el trámite previsto en el Decreto 4912 de 2011, la UNP, mediante
oficio del 23 de noviembre de 2012, le comunicó al señor Villanueva Castro la
validación y confirmación de su estudio de nivel de riesgo, el cual fue calificado
como extraordinario, por lo que se le asignaron medidas de protección específicas,
incluyendo un escolta permanente de la Policía Nacional, auxilio de transporte, un
medio de comunicación, y un chaleco antibalas con una vigencia de 12 meses.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Si bien, junto con la demanda se allegó una solicitud de refuerzo de dicho esquema,
la Sala, como lo advirtió, desconoce si, en efecto, la petición se radicó.

Ahora bien, cumplida la vigencia de las medidas, el 20 de febrero de 2014, la UNP
informó al señor Villanueva Castro que su nivel de riesgo había sido reevaluado y
calificado como ordinario, lo que implicaba el desmonte gradual del esquema de
seguridad asignado, lo cual finalizó el 30 de agosto de 2014, cuando la Policía
Nacional le retiró el uniformado que tenía asignado para su protección. También se
le comunicó que, para efectos de su seguridad, se nombraría un policía como
padrino, quien estaría en constante comunicación para atender cualquier situación
de riesgo o acompañamiento.

La Sala no desconoce que el 23 de marzo de 2015 esto es, 6 meses y 22 días
después del retiro gradual del esquema, el hoy demandante fue víctima de un
segundo atentado con arma de fuego; sin embargo, se trató de un hecho
imprevisible e irresistible para las demandadas, tal como pasa a explicarse.

Lo primero que se debe advertir es que al proceso no se allegó la decisión mediante
la cual la UNP calificó el riesgo como ordinario en 2014 y, por ello, definió retirar el
esquema de protección al afectado, pues al proceso solo se aportó la comunicación
de esa determinación. Sin embargo, de conformidad con el Decreto 4912 de 2011,
se trata de un verdadero acto administrativo particular que, al no haber sido
cuestionado en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, se presume legal y,
por ende, ajustado a derecho.

Ahora, aunque no le corresponde a la Sala analizar la legalidad de la decisión, sí
está llamada a verificar si las demandadas omitieron el cumplimiento de un
contenido obligacional y si dicha situación propició la causación del daño. Desde ya
advierte la Sala que no evidencia la configuración de una falla del servicio por el
hecho de que al señor Villanueva Castro se le hubiera retirado el esquema de
seguridad que tenía asignado, pues, como se verá, dicha decisión se ajustó a lo
reglado en los Decretos 4065 de 2011 y 4912 de 2011.

En efecto, el primero de los decretos dispone que es obligación de la UNP
“reevaluar, una vez al año, los niveles de riesgo de las personas beneficiarias de los
programas de protección, mediante la actualización de la evaluación del riesgo, o
antes si se presentan hechos sobrevinientes que varíen el riesgo” (artículo 16), y, el

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

segundo, establece24 que el “respectivo Comité podrá recomendar la finalización
de las medidas de protección (…) por el resultado de la valoración de nivel de
riesgo, si de este se concluye que la medida de protección ha dejado de ser
necesaria o que no la amerita, en atención a la realidad del riesgo que pese sobre
el protegido del programa” (artículo 46).

Como se dijo, al expediente no se allegó el acto administrativo mediante el cual se
adoptó la decisión consistente en retirar el esquema de seguridad que tenía
asignado el señor Villanueva Castro porque su riesgo había sido calificado como
ordinario, pero sí obra la comunicación de dicha decisión, la cual evidencia que se
trató de una determinación que se adoptó en el marco del “comité Especial para
Servidores y Ex Servidores Públicos, en sesión del día 31 de enero de 2014”, el cual
estaba conformado por el “Director de la Unidad Nacional de Protección o su
delegado, el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional o
su delegado y el Subdirector de Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de
Protección o su delegado”, cumpliéndose así por lo establecido en los referidos
decretos.

Sobre el particular, se advierte que a pesar de que se desconocen las razones por
las cuales se ponderó el riesgo del señor Villanueva Castro como ordinario, lo cierto
es que los argumentos que fundamentaron esa decisión fueron cuestionados por el
actor vía tutela, escenario judicial en el cual no se encontró una vulneración a un
derecho fundamental.

Inclusive, al resolverse la impugnación, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Atlántico le puso de presente al tutelante que en su favor se había dispuesto “la
aplicación inmediata de la medida preventiva de seguridad Plan Padrino por parte
de la Policía Nacional mediante el refuerzo de su seguridad durante las sesiones
como concejal del municipio de Juan de Acosta (Atlántico) y el apoyo de las FFMM
cuando deba desplazarse hacia la zona rural, así como también podrá informar a la
accionada nuevas circunstancias que considere como graves y que ameriten la
adopción de nuevas medidas de protección” (f. 264 c-1).

24 El decreto 4912 de 2011 también dispone en su Artículo 40, parágrafo 2: “El nivel de riesgo de las

personas que hacen parte del Programa de Protección será revaluado una vez al año, o antes si
existen nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo.

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Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

En el presente asunto solo se probó que para efectos de continuar con la protección
que de manera mancomunada le brindaban la UNP y la Policía Nacional, el señor
Villanueva Castro emprendió las acciones constitucionales a las que se hizo
referencia; sin embargo, se desconoce si hizo uso del proceso ordinario establecido
en el Decreto 4912 de 2011 para continuar siendo beneficiario de las medidas. Por
ejemplo, no se sabe si (i) el referido señor cuestionó en sede administrativa el acto
mediante el cual se ponderó su riesgo como ordinario y se ordenó el desmonte de
su esquema; (ii) si hubiera solicitado medidas de emergencia por “riesgo inminente
y excepcional” (artículo 9); (iii) radicado ante la UNP nuevas solicitudes de
protección (artículo 40) o (iv) informado “nuevos hechos que puedan generar una
variación del riesgo”.

Tampoco se demostró que, entre el 30 de agosto de 2014, fecha en que la Policía
Nacional retiró de manera definitiva el escolta, y el 23 de marzo de 2015, día del
atentado, el señor Alci José Villanueva Castro hubiera solicitado medidas de
protección ante autoridades diferentes a la UNP o denunciado nuevas amenazas.

La Sala no desconoce que el actor en el año 2011 y 2013 el actor presentó
diferentes denuncias; sin embargo, como en el expediente no se cuenta con el
proceso penal adelantado por los atentados realizados en contra del señor Alci José
Villanueva Castro, se desconoce si las mismas estuvieron relacionadas con los
hechos por los que hoy se demanda.

Con todo, se debe insistir en que para la época en que se presentaron las referidas
denuncias el señor Villanueva Castro ya contaba con protección y que el desmonte
de su esquema obedeció a la ponderación del riesgo, situación que, como se
advirtió, no revela falla alguna.

Ahora bien, aunque no hubo una solicitud de protección entre la fecha en que la
Policía Nacional retiró de manera definitiva al escolta y el día del atentado, el
contexto no permite concluir que las demandadas estuvieran obligadas a prevenir
el ataque. A pesar de que el señor Villanueva Castro no contaba con un esquema
permanente de seguridad, tenía a su disposición medidas preventivas, como el
"plan padrino", que le garantizaban cierto nivel de protección, pero estas no fueron
utilizadas.

En efecto, como lo expuso la demanda y las diferentes denuncias, el señor
Villanueva Castro temía por su vida por el control político que, como concejal, hacía

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
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Referencia: Medio de control de reparación directa

en contra del entonces alcalde del municipio de Juan de Acosta. En el interrogatorio
de parte, el señor Villanueva Castro indicó que se enteró que el referido político
había asignado recursos de manera irregular y que le había enviado toda la
documentación vía WhatsApp. Luego de esto, el día de los hechos, el hoy
demandante optó por acudir a una “cita imprevista” y, en la ruta, fue atacado.

El señor Villanueva Castro era conocedor de las medidas preventivas que tenía a
su favor, pues las mismas se le habían puesto de presente en la comunicación del
30 de agosto de 2014 en la que la Policía Nacional le informaba que, para su
seguridad y acompañamiento, contaba con un policía padrino para cuando se
requiriera, y con la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2014, en la que se le
puso de presente que en su favor se implementó el Plan Padrino para reforzar su
seguridad en las sesiones del concejo y que, además, contaría con el apoyo de las
Fuerzas Militares en sus desplazamientos hacia áreas rurales.

A pesar de lo anterior, el día de los hechos, el señor Villanueva Castro, por su cuenta
y riesgo, optó por desplazarse a una zona rural del municipio de Juan de acosta,
“exactamente en el kilómetro 5, cerca de la finca Misericordia y la vereda
Todofierro”, sin informar a las autoridades de su movimiento y sin solicitar
protección. Tampoco era dable prevenir el hecho por la denuncia de corrupción que
dio cuenta la víctima, pues como lo informó, no lo hizo ante una autoridad, sino que
se lo envió de manera privada al ex alcalde del municipio a su WhatsApp.

Lo anterior evidencia que el referido señor desatendió las recomendaciones de
autoprotección y evitó hacer uso de las medidas preventivas que tenía a su favor,
las cuales incluía acompañamiento en sus desplazamientos, pues, se insiste, el hoy
demandante optó por acudir solo a una reunión en zona rural del municipio de Juan
de Acosta sin informar de manera previa a las autoridades ni pedir protección, todo
lo cual torna el atentado como un hecho imprevisible e irresistible para las
demandadas.

En relación con la situación de seguridad del señor Alci José Villanueva Castro en
marzo de 2015, es importante destacar que no existían elementos de público
conocimiento que indicaran un riesgo tan evidente como para que el Estado, sin una
solicitud específica de protección, estuviera obligado a intervenir de manera
proactiva.

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Si bien el señor Villanueva Castro desempeñaba funciones como concejal y había
manifestado preocupaciones sobre su seguridad en el pasado, la decisión de retirar
el esquema de seguridad se basó en una evaluación formal del riesgo que, en ese
momento, se consideró ordinario. Las medidas preventivas, como el "plan padrino",
estaban a su disposición, pero no se utilizaron, y no se aportaron pruebas que
demuestren que él o su entorno hubieran alertado a las autoridades sobre nuevas
amenazas o circunstancias que elevaran significativamente su nivel de riesgo.

Además, el hecho de que no hubiera denuncias recientes o solicitudes de protección
entre la fecha de retiro del escolta y el atentado refuerza la conclusión de que el
riesgo no era evidente ni previsible para las autoridades. Por tanto, no se puede
concluir que el Estado hubiera estado en el deber de prevenir el ataque, dado que
no existían indicios claros y manifiestos de un peligro inminente que lo hicieran
necesario.

Finalmente, se destaca que tampoco es posible considerar que por el hecho de que
en el municipio de Juan de Acosta y el departamento del Atlántico se viviera un
ambiente de inseguridad, era previsible para las accionadas un suceso como el
ocurrido, toda vez que, como se vio, se trató de un acto sorpresivo, y si bien los
deberes de protección y vigilancia del Estado son irrenunciables y obligatorios, esto
no implica que en todos los casos en que los intereses de los asociados resulten
perjudicados, la administración sea responsable y deba indemnizarlos.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia apelada, esto es, la proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico el 28 de mayo de 2021.

6. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 202125, en concordancia con el numeral 4° del artículo

25 En la referida ley se dispuso: En el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre

la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal”.
La Ley 2080 del 25 de enero de 2021, aplicable al presente asunto por cuanto los recurso de
apelación fueron presentados en septiembre de 2021, corresponde a una normativa de orden
público, de aplicación inmediata y, por ende, rige en todos los procesos en curso para la fecha de su
entrada en vigor, salvo frente a algunos supuestos específicos, de los cuales no hace parte el tema
de costas.
En cuanto al alcance de la modificación señalada, la Subsección reitera que no implica que se
hubiese retomado el criterio subjetivo de la condena establecido en el CCA frente a los procesos
ordinarios, sino que tal regla aplica a los asuntos en los que se ventila un interés público, pues, si
bien en estos, en principio, es improcedente la condena por tal concepto, no es menos cierto que es
posible imponerla cuando “se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de

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365 del C.G.P.26, la Sala condenará en costas a la parte actora por ambas
instancias, dada la revocatoria total de la sentencia dictada en el sub lite por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

Las costas incluyen las agencias en derecho27, que se fijan a partir de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, así como con observancia de
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la
parte que litigó personalmente28, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales29.

En atención a lo señalado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo
10554 del 5 de agosto de 2016, en los procesos declarativos la tarifa de las agencias
en derecho dependerá de que el asunto tenga o no cuantía y de su monto 30, regla
en virtud de la cual en los procesos de reparación directa como el de la referencia
el quantum para la primera instancia oscilará entre el 3% y el 7.5% de lo pedido31,
mientras que, para la segunda, el rango de las agencias será entre 1 y 6 smmlv.

fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700. En el mismo sentido, se
pronunció la Subsección B en sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, CP: Fredy
Ibarra Martínez).
26“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 4. Cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias”.
27 El artículo 361 del CGP señala que “[l]as costas están integradas por la totalidad de las expensas

y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
28 A juicio de la Subsección, esta regla es aplicable a las entidades, al margen de que el apoderado

fuese de planta, pues, si bien en tal escenario no incurren en gastos adicionales a los de nómina, no
es menos cierto que sí tuvo que destinar alguno de sus funcionarios para atender el asunto, quien
ejerce tales funciones de manera onerosa (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente
67.700).
29 El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán

aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
30 De conformidad con el artículo 5 de tal normativa, si las pretensiones son de menor cuantía la

tarifa por agencias en derecho de primera instancia será “entre el 4% y el 10% de lo pedido” y si es
de mayor cuantía el rango oscilará “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”.
Mientras que, en la segunda, al margen de la cuantía, las costas oscilarán entre 1 y 6 smmlv.
31 Como se explicó en la nota precedente, el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas

dependiendo de que el proceso sea de menor o mayor cuantía; sin embargo, en esta jurisdicción la
cuantía de los asuntos no en esos términos, por lo que para ello habrá recurrirse a los montos
establecidos en el CGP, en virtud de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, que establece
que “[c]uando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas
generales de derecho”. Al respecto, consultar sentencia del 19 de marzo de 2021 de esta
Subsección, expediente 63.836.
El artículo 25 del CGP señala que la mínima cuantía va hasta los 40 smmlv, la menor cuantía cuando
las “pretensiones (…) excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales

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Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Así las cosas, la Subsección, con observancia de la actuación desplegada por la
entidad durante el trámite del presente proceso, fijará en su favor y a cargo de las
demandantes, por partes iguales, los montos mínimos de las tarifas agencias en
derecho, en los siguientes términos: i) por la primera instancia el 3% de lo pedido y
ii) por la segunda instancia 1 smmlv.

Para efectos del pago, la Subsección aplicará lo previsto en el numeral 6° del
artículo 366 del CGP, según el cual, “ante dos (2) o más litigantes que deban pagar
las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso (…). Por
tanto, en este caso, la condena será reconocida en favor de las demandadas en
partes iguales y estará a cargo de los demandantes, según lo pretendido32 por cada
uno, así:

Demandante Pretensión del proceso de reparación Porcentaje
directa costas
Alci José Villanueva $1.700’304.291 (1000 SMLMV + 38.90%
Castro (víctima) 164174313 lucro cesante + 798412978
daño emergente)
Masa sucesoral de la 10.47%
señora Margarita Rosa $457’882.044 (600 SMLM + 15’251.844
Arteta Ramos lucro cesante)
Silvana Carolina $442’630.200 (600 SMLMV) 10.13%
Villanueva Arteta
Susana Margarita $442’630.200 (600 SMLMV) 10.13%
Villanueva Arteta
Viviana Paola Villanueva $442’630.200 (600 SMLMV) 10.13%
Arteta
José del Carmen $221’315.100 (300 SMLMV) 5.06%
Villanueva Ramos
Rosario Castro de $221’315.100 (300 SMLMV) 5.06%
Villanueva
Fredys Villanueva Castro $110’657.550 (150 SMLMV) 2.53%
Ruby Villanueva Castro $110’657.550 (150 SMLMV) 2.53%
Yeimi Villanueva Castro $110’657.550 (150 SMLMV) 2.53%
Nidia Villanueva Castro $110’657.550 (150 SMLMV) 2.53%
TOTAL $4.371’337.335. 100%

vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (150 smlmv), y el de mayor cuanto se sobrepasa este último monto.
Así las cosas, en los procesos de reparación directa de conocimiento en primera instancia de los
tribunales administrativo y en segunda del Consejo de Estado, las tarifas serán las establecidas para
la mayor cuantía, toda vez que estos asuntos se caracterizan por tener una cuantía superior a 500
smmlv, quantum superior al establecido en las normas procesales civiles para la mayor cuantía.
32 En la demanda radicada el 13 de junio de 2017 se pidió en favor en favor de los demandantes un

total de 4.600 SMLMV por concepto de perjuicios morales -$3.393’498.200- y $977’839.135 por
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, lo cual suma un total de
$4.371’337.335.

32

Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Finalmente, en cumplimiento del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas,
con inclusión de las agencias en derecho, se efectuará de manera concentrada en
la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de
la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a los accionantes y en
favor de las entidades demandadas, para lo cual por agencias en derecho se fijan
los siguientes montos: i) por la primera instancia el 3% de lo pedido y ii) por la
segunda instancia 1 smmlv. La liquidación de las costas la efectuará de manera
concentrada la primera instancia, según el artículo 366 del C.G.P., y se hará
teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:

Demandante Porcentaje costas
Alci José Villanueva Castro (víctima) 38.90%
Masa sucesoral de la señora Margarita Rosa 10.47%
Arteta Ramos
Silvana Carolina Villanueva Arteta 10.13%
Susana Margarita Villanueva Arteta 10.13%
Viviana Paola Villanueva Arteta 10.13%
José del Carmen Villanueva Ramos 5.06%
Rosario Castro de Villanueva 5.06%
Fredys Villanueva Castro 2.53%
Ruby Villanueva Castro 2.53%
Yeimi Villanueva Castro 2.53%
Nidia Villanueva Castro 2.53%
TOTAL 100%

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para su cumplimiento.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo

33

Radicación Número: 08001-23-33-000-2017-00787-01 (67938)
Actor: Alci José Villanueva Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio del Interior y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

34

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