Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00649-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00649-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00649-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
2 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Alci José Villanueva Castro en contra
de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de amparo
El 6 de febrero de 20252 Alci José Villanueva Castro interpuso acción de tutela en procura
de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia e igualdad, prerrogativas que considera vulneradas por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, debido a que al interior del
proceso de reparación directa 08001-23-33-000-2017-00787-01, la autoridad judicial
emitió la sentencia del 30 de agosto de 2024 mediante la que revocó la providencia del
28 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas en ambas instancias
a la parte accionante.
2. Hechos
2.1. Alci José Villanueva Castro, José del Carmen Villanueva Ramos, Rosario Castro de
Villanueva, Fredys Villanueva Castro, Ruby Villanueva Castro, Yeimy Villanueva Castro,
Nidia Villanueva de Ramos, Silvana Carolina Villanueva Arteta, Susana Margarita
Villanueva Arteta y Viviana Paola Villanueva Arteta interpusieron demanda de reparación
directa3 en contra del Ministerio del Interior, de la Unidad Nacional de Protección, del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional con el fin de que se les declarara
responsables por el daño antijurídico que sufrió el tutelante, con ocasión de un atentado
en su contra ocurrido el 23 de marzo de 2015.
1 Obra en el certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
2 Según el índice 2.
3 Folios 1 – 37 del archivo 02CuadernoDemanda del link que obra en el certificado 9F70D9CF8ADEE43A
5F1A5BC14A0D208B 7235951F1208863B B288BF4BFB10DE1F, índice 26.
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Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.2. El 28 de mayo de 20214 el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió a las
pretensiones de la demanda, pues estimó que el daño antijurídico resultó imputable a las
entidades demandadas, en tanto quedó acreditado que la Policía Nacional y la Unidad
Nacional de Protección tenían conocimiento de las amenazas en contra del señor Alci
José Villanueva Castro y de un primer atentado que había sufrido el 15 de diciembre de
2011, pero, pese a ello fue valorado con un riesgo ordinario y se le retiró un escolta que
tenía asignado.
Sumado a lo anterior, se consideró que el siniestro fue una materialización de las
amenazas que sufrió el actor en su calidad de dirigente político, hecho que era de
conocimiento de la Policía Nacional, la que no intervino de manera positiva ni eficaz para
proteger a la víctima y tampoco logró demostrar una causa extraña que le impidiera
ejercer sus labores de protección.
2.3. Inconforme, la Policía Nacional5 y la Unidad Nacional de Protección6 interpusieron
sus respectivos recursos de apelación, a los cuales la parte demandante7 se adhirió8.
Frente a ello, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció
en sentencia del 30 de agosto de 20249, en el sentido de revocar la decisión controvertida,
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas de ambas
instancias a los accionantes.
Como fundamento se expuso que al proceso contencioso administrativo no se allegó la
investigación penal adelantada con ocasión del atentado sufrido por el actor, lo cual
impidió tener por confirmada la teoría relacionada con que el ataque tuvo móviles
políticos.
Por otro lado, se encontró que la UNP, de conformidad con el trámite previsto en el
Decreto 4912 de 2011, inicialmente calificó al tutelante con un nivel de riesgo
extraordinario y le asignó medidas de protección específicas, pero, cumplida la vigencia
de ellas, se reevaluó el nivel de riesgo como ordinario y se desmontó gradualmente el
esquema asignado. Frente a este punto, se consideró que no se configuró una falla del
4 Folios 1 – 29 del archivo 03PrincipalConcejoEstado del certificado 29C75B74FF1754C5 59816A691E945439
B41461848964C41A 9C5DFBAE1D15B790, índice 26.
5 Folios 45 – 55, ibid.
6 Folios 58 – 68, ibid.
7 Obra en los folios 99 – 102, ibid.
8 La apelación adhesiva se admitió mediante auto del 1 de julio de 2022. Folio 155, ibid.
9 Folios 160 – 193, ibid.
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servicio, pues el reajuste del esquema de seguridad obedeció a lo reglado en el Decreto
4065 de 2011 y el Decreto 4912 de 2011.
Sumado a lo anterior, el juez de la reparación directa sostuvo que no se allegó el acto
administrativo mediante el cual se adoptó la decisión de retirar el esquema de seguridad
asignado al señor Villanueva Castro, solo obró una comunicación de dicha decisión, la
cual fue cuestionada vía tutela, escenario judicial en el que no se encontró la vulneración
de ningún derecho fundamental.
Así mismo, tampoco se probó si el actor cuestionó en sede administrativa dicho acto, si
solicitó la ejecución de medidas de emergencia o si informó de nuevos hechos que
pudieran generar una variación del riesgo, así como tampoco se evidenció que entre la
fecha en que se retiró de manera definitiva a su escolta y el día en que ocurrió el hecho
dañoso se pidiera una nueva medida de protección ante la UNP o denunciara nuevas
amenazas.
Finalmente, se expuso que la víctima era conocedora de las medidas preventivas que
tenía a su favor, pues contaba con un plan padrino de la Policía Nacional y con el apoyo
de las Fuerzas Militares para sus desplazamientos en áreas rurales, a pesar de ello, el
actor, por su cuenta, optó por desplazarse a la zona rural del municipio Juan de Acosta
sin informar de su movimiento ni solicitar protección, de manera que desatendió las
recomendaciones de autoprotección y evitó usar los mecanismos preventivos a su
disposición, lo que permitió afirmar que el atentado fue un hecho imprevisible e irresistible
para las demandadas.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante estimó que se incurrió en una vulneración de sus derechos
fundamentales, por las siguientes razones:
3.1. Se omitió la valoración de material probatorio que fue arrimado al expediente de
reparación directa y resultaba determinante para la decisión judicial, por lo que consideró
configurado un defecto fáctico. En ese mismo sentido, estimó que no se utilizó la facultad
del juez natural para decretar pruebas de oficio a fin de solicitar la copia del expediente
de la investigación penal, la petición del 8 de noviembre de 2014 dirigida a la Unidad
Nacional de Protección y el acto administrativo de la misma entidad mediante el cual se
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calificó el nivel de riesgo, además de que, en su concepto, era un hecho notorio en el
municipio Juan de Acosta y en el departamento del Atlántico que con anterioridad había
sido víctima de un atentado y de la inminente probabilidad de que ocurriera un segundo
evento de la misma naturaleza, de modo que no era posible considerar que el siniestro
se trató de un hecho imprevisible e irresistible para las entidades demandadas.
Por otro lado, sostuvo que el plan padrino de la Policía Nacional no ofrecía una respuesta
suficientemente trascendente para protegerlo, todos los elementos de convicción
arrimados al proceso de reparación directa fueron puestos en conocimiento de las
entidades demandadas entre el 30 de agosto de 2014 y el 23 de marzo de 2015, la
medida para su protección durante los desplazamientos rurales nunca fue implementada
y, en todo caso, el lugar donde ocurrió el atentado es una vía de tránsito frecuente desde
su residencia hacia Barranquilla, se trata de una carretera principal y no fue cierto que se
encontrara en algún tipo de reunión cuando fue atacado.
Así, señaló que no se valoraron las siguientes pruebas:
“1. Derecho de Petición, Calendado 08 de Noviembre de 2014, dirigido al
director de la Unidad Nacional de protección, Andrés Villamizar, solicitándole
un esquema de protección reforzado, ante las multiplex amenazas concretas que
venía recibiendo, (a pesar de tener un esquema de protección asignado), que
anunciaban que sería víctima de un segundo atentado, remitido al correo:
nazly.salinas@unp.gov.co, Presentado 2 Meses y 8 Días Después, del retiro
definitivo del esquema de seguridad que tenía asignado, retiro formalizado, el día 30
de agosto de 2014, y Presentado 4 Meses y 15 Días Antes, de que me ocurriera el
segundo atentado criminal, el día 23 de marzo de 2015. Vislumbrándose la conducta
arbitraria y caprichosa de la Sala Accionada, al reconocer que efectivamente este
derecho de petición, obraba dentro del proceso, Sobre el particular señalaron, “Se
advierte que la anterior solicitud no tiene fecha ni sello de recibido, por lo que se
desconoce si, en efecto, la petición fue radicada en la entidad a la que se dirigió. Si
bien, junto con este documento se allegó un pantallazo de un correo dirigido el “8-11-
2012” a la UNP, tampoco se sabe si el archivo adjunto que muestra la imagen
corresponde al oficio en cuestión (f. 70 c-1)”. pero para omitir su valor decisorio,
apelaron a la siguiente conjetura o suposición: “Sí bien, junto con la demanda se
allegó una solicitud de refuerzo de dicho esquema, la Sala, como lo advirtió,
desconoce si, en efecto, la petición se radicó”.
2. Acción de Tutela, Adiada 11 de Marzo de 2014, presentada desesperadamente
por este Accionante, Alci José Villanueva Castro, suplicando el amparo urgente de
mis derechos fundamentales a la Vida, Libertad, Integridad y Seguridad Personal, al
encontrarme totalmente desprotegido e indefenso a merced de los sicarios, al
retirárseme de manera definitiva el esquema de protección que tenía asignado, el dia
30 de agosto de 2014, Tutela que le correspondió en primera instancia, a un
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE
B/QUILLA, denegándome el amparo solicitado, mediante fallo de fecha 4 de julio de
2014, impugnando el mencionado Fallo de Tutela, con el siguiente argumento: “Que
no pretendía que el Juez de Tutela, ordenara un nuevo estudio de mi nivel de riesgo,
sino que, el mismo se ajustara mediante orden judicial, habida cuenta, que fue
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realizado con apoyos anti técnicos, que no incluyeron factores de alto riesgo, como
las multiplex amenazas que venía recibiendo” correspondiéndole en segunda
instancia, al TRIBUNAL SUPERIOR DE B/QUILLA-SALA OCTAVA CIVIL FAMILIA,
confirmando el fallo de primera instancia, mediante fallo de fecha 4 de agosto de
2014. Esta Tutela fue Presentada Año y 12 días Antes, que me ocurriera el segundo
atentado criminal, el día 23 de marzo de 2015, y Presentada 1 Mes y 9 días Después,
que se me retirara definitivamente el esquema de protección que tenía asignado, el
dia 30 de agosto de 2014, Pero más allá del resultado del fallo de Tutela, lo más
relevante es que la Sala Accionada, omitió el valor probatorio y decisorio de este
elemento de convicción, que acompañaba el Escrito de Tutela, máxime cuando los
Jueces de Tutela, en primera y segunda instancia, les dieron traslado de ese Escrito
de Tutela, a la Unidad Nacional de Protección, con todos los elementos de convicción
que contenía.
3. Derecho de Petición Dirigido a José Antonio Segebre, Gobernador del
Atlántico, Radicado con No. 20120500013212 de 2012-01-12, mediante el cual este
Accionante, Alci José Villanueva Castro, en mi condición de Primer Vicepresidente
del Concejo del municipio de Juan de Acosta-Atlántico, solicitaba urgentemente:
“Protección para mi vida, con el objeto de poder ejercer el cargo de Concejal
Municipal de Juan de Acosta, además asegurar la protección de toda mi familia".
Derecho de Petición, que el precitado funcionario, remitió oportunamente a la Unidad
Nacional de Protección, conforme al Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, funcionario
sin competencia. “Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco
(5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado
remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o
en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para
decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición
por la autoridad competente”.
4. Derecho de Petición Dirigido a Jaime Verdugo, Secretario del Interior de la
Gobernación del Atlántico, Radicado con No. 20120500013222 de 2012-01-12,
mediante el cual este Accionante, Alci José Villanueva Castro, en mi condición de
Primer Vicepresidente del Concejo del Municipio de Juan de Acosta-Atlántico,
solicitaba urgentemente: “Protección para mi vida, con el objeto de poder ejercer el
cargo de Concejal Municipal de Juan de Acosta, además asegurar la protección de
toda mi familia". Derecho de Petición, que el precitado funcionario, remitió
oportunamente a la Unidad Nacional de Protección, conforme al Artículo 21 de la Ley
1755 de 2015, funcionario sin competencia. “Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
5. Denuncia Penal Contra Jairo Vázquez Gutiérrez, Gerente de la Empresa,
EXPRESO COLOMBIA CARIBE S.A.S., presentada ante la Fiscalía General de la
Nación, el día 15 de noviembre de 2013, este señor me amenazó de muerte y me
constreñía frecuentemente, como consecuencia de mi ejercicio de control político,
como Concejal del municipio de Juan de Acosta-Atlántico. Al citarlo al recinto del
honorable Concejo municipal de Juan de Acosta, en su calidad de Gerente de la
empresa, EXPRESO COLOMBIA CARIBE S.A.S., prestataria del servicio terrestre
de pasajeros, entre el municipio de Juan de Acosta-Atlántico, y la ciudad de
Barranquilla y viceversa; sobre la cual, había un descontento generalizado de los
usuarios, por el pésimo servicio que prestaba.
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6. Oficio No 1610 de Fecha 11 de Marzo de 2014, Suscrito por William Barragán,
Secretario del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil Familia, y Dirigido a la
Fiscalía General de la Nación.
7. Denuncia por Amenazas de Muerte, Constreñimiento Ilegal, y Extorsión,
contra Ramiro Blanco, cuñado del alcalde de la época, hoy enjuiciado, Abelardo
Mario Padilla Blanco, ante la Inspección Central de Policía del municipio de Juan de
Acosta-Atlántico, de Fecha 1 de Noviembre de 2012, por competencia remitida a la
Fiscalía General de la Nación. Este señor en su doble condición de Veedor
Ciudadano, y Cuñado del Alcalde de la época, se constituyó en mi encarnizado
enemigo, por mi condición de Concejal de oposición a la administración municipal,
que diariamente estaba denunciado hechos gravísimos de corrupción, hasta el punto
que el segundo atentado criminal, devino de la siguiente denuncia: “Denuncia en el
recinto del Concejo municipal de Juan de Acosta. Atlántico, que el Alcalde de la
época, Abelardo Mario Padilla Blanco, había adicionado al presupuesto municipal y
contratado varias obras públicas, con una simple Carta de Pre Aprobación de un
Crédito, expedida por un Banco Determinado, para el cual, la plenaria de la
corporación, le habíamos otorgado facultades precisas por tres (3) meses, para que
gestionara un cupo de endeudamiento, empréstito que consiguieron ocho (8) meses
después, y con otro Banco, distinto al que supuestamente había expedido la carta de
pre aprobación del crédito”.
8. Proposición Presentada por el Concejal del Partido Alianza Verde, Alci José
Villanueva Castro, en el recinto del honorable Concejo municipal de Juan de Acosta.
Atlántico, en Sesión Plenaria de Fecha 1 de Noviembre de 2013, denunciando
públicamente las amenazas que venía recibiendo, y poniéndole de presente a los
demás diez (10) Concejales y a la comunidad. La situación de peligro en que me
encontraba, indefenso ante la inminente ocurrencia de un anunciado y cantado
segundo atentado criminal, que a la postre me sucedió el día 23 de marzo de 2015.
9. Informe Ejecutivo -FPJ-3 de Policía Judicial, de Fecha 23 de Marzo de 2015,
Delito Homicidio Tentado, Lugar de los hechos: Kilómetro 5 vía que conduce al
corregimiento de Santa Verónica, localidad de Juan de Acosta-Atlántico, Narración
de los hechos: "Para el día 23-03-2015 a eso de las 07:30 horas aproximadamente
fuimos informados por vía (sic) telefónica por el señor Jefe de Grupos Delitos Contra
La Vida de la Seccional de Investigación Criminal Sijin Atlántico que en el municipio
de Juan de Acosta más exactamente en kilómetro 5 cerca al finca misericordia y a la
vereda todo fierro, se había presentado un hecho en donde habían herido a una
persona de sexo masculino con arma de fuego, el cual se desplazaba al interior de
su vehículo, desde la ciudad de barranquilla hacia el municipio de Juan de acosta de
(sic) inmediato esta unidad investigativa se desplazó hasta el lugar de los hechos con
el fin de corroborar mencionada (sic) información y desplegar las diferentes
actuaciones de policía judicial (...) esta persona corresponde al nombre de ALCI
JOSÉ VILLANUEVA CASTRO, quien hace parte del concejo Municipal de Juan de
Acosta.".
10. Proceso Penal, Fiscalía Seccional del Municipio de Soledad-Atlántico,
Carpeta con Noticia Criminal No 087586001106-201101547, Investigación Penal:
Primer Atentado Criminal, ocurrido el día 15 de diciembre de 2011, Lugar de los
Hechos: Urbanización Soledad 2000, del municipio de Soledad-Atlántico, Victima:
Alci José Villanueva Castro, recibiendo heridas con proyectil de arma de fuego en mi
humanidad, que me mantuvieron internado en una Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital Universidad del Norte de Barranquilla, durante 13 días. Como
consecuencia de este Primer Atentado, la Policía Nacional, me asigno un esquema
de protección provisional, consistente: “En un hombre de protección de la Policía
Nacional, durante 24 horas”, Posteriormente me formalizo un nuevo estudio de mi
nivel de riesgo, validándolo y calificándolo como Extraordinario, asignándome un
esquema de protección por un año, consistente: “En ratificar el hombre de protección
de la Policía Nacional, además de un salario mínimo mensual legal vigente por 12
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
meses, un equipo de comunicación y un chaleco antibalas”; Ulteriormente la Unidad
Nacional de Protección, me formalizo un nuevo Estudio de mi Nivel de Riesgo,
valorándolo y calificándolo de manera inadmisible como Ordinario, conociendo
plenamente el elevado grado de peligro, en que se encontraba la vida de este
Accionante, Alci José Villanueva Castro, toda vez, que el Analista de la Unidad
Nacional de Protección, encargado de realizarme el estudio de mi nivel de riesgo,
estaba obligado a revisar el expediente de la Investigación Penal, que se surtía en la
Fiscalía Seccional del municipio de Soledad- Atlántico, o en su defecto solicitar
información por escrito, sobre la mencionada investigación penal, luego entonces la
UNP, conocía claramente que, las causas que originaron el Primer AtentadoCriminal,
del que fui víctima el día 15 de diciembre de 2011, no habían desaparecidos, al no
existir capturados, ni condenados en el proceso, estando los victimarios en la calle,
por lo tanto ese era un factor de riesgo, que les impedía dejarme desprotegido..”10.
3.2. También argumentó el desconocimiento del precedente y de su situación personal
que lo hacía un sujeto de especial protección constitucional. En esa línea, estimó
desconocidas las sentencias:
“1. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera,
Subsección A, Sentencia del 18 de marzo de 2022.
2. Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, Sentencia del 11 de Abril de
2019.
3. Sentencia T-288 del 27 de Agosto de 2021, Sala Séptima de Revisión de Tutelas,
de la Corte Constitucional.
4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia del 15 de Abril de 2010.
5. Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, Sentencia del 29 de Julio de
2015.
6. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Subsección A, Sentencia del 23 de Marzo de 2017”11.
3.3. También, señaló que la providencia atacada tuvo efectos extra y ultra petita, ya que
se pronunció sobre situaciones distintas a las expuestas en el escrito introductorio y las
contestaciones de las entidades demandadas. Lo anterior, debido a que se realizó un
control de legalidad del acto administrativo a través del que la UNP retiró el esquema de
protección que tenía asignado, pese a que dicho examen no es procedente cuando se
tramita el medio de control de reparación directa.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante textualmente solicitó:
10 Folios 51 – 53 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987
EE68B51537ED73ED, índice 2.
11 Folio 28, ibid.
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Accionante: Alci José Villanueva Castro
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
“PRIMERA: Se amparen nuestros derechos constitucionales fundamentales, al
Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia e Igualdad, amparándonos
con el mismo rigor, nuestros legítimos derechos como Sujeto de Especial Protección
Constitucional. En respeto a este Accionante, Alci José Villanueva Castro, en calidad
de víctima directa y a las otras personas relacionadas, en calidad victimas indirectas:
Viviana Paola Villanueva Arteta, hija de la víctima; Silvana Carolina Villanueva Arteta,
hija de la víctima; Susana Margarita Villanueva Arteta, hija de la víctima; José del
Carmen Villanueva Ramos (Q.E.P.D.), padre de la víctima; Rosario Castro de
Villanueva, madre de la víctima; Margarita Rosa Arteta Ramos (Q.E.P.D.),
compañera de la víctima, Fredys Villanueva Castro, hermano de la víctima, Ruby
Villanueva Castro, hermano de víctima, Yeimi Villanueva Castro, hermano de la
víctima, y Nidia Villanueva de Ramos (Q.E.P.D.), hermanos de la víctima.
SEGUNDA: Se deje sin efectos jurídicos, la Sentencia Adiada 30 de Agosto de 2024,
proferida en segunda instancia, por la honorable, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante la
cual, se revocó arbitraria, caprichosa y contraevidentemente, la Sentencia Calendada
28 de Mayo de 2021, proferida legítimamente en primera instancia, por él honorable,
Tribunal Administrativo del Atlántico, en Sala de Decisión Oral, Sección B. Que
despacho parcialmente favorable, nuestras legitimas pretensiones, dentro del marco
del medio de control de reparación directa, declarando administrativa,
extracontractual y solidariamente responsables a las entidades demandadas, Unidad
Nacional de Protección y Policía Nacional, condenándolas al reconocimiento y pago
del daño antijurídico, ocasionado a este Accionante, Alci José Villanueva Castro,
como víctima directa y como victimas indirectas, a las siguientes personas: Viviana
Paola Villanueva Arteta, hija de la víctima; Silvana Carolina Villanueva Arteta, hija de
la víctima; Susana Margarita Villanueva Arteta, hija de la víctima; José del Carmen
Villanueva Ramos (Q.E.P.D.), padre de la víctima; Rosario Castro de Villanueva,
madre de la víctima; Margarita Rosa Arteta Ramos (Q.E.P.D.), compañera de la
víctima, también demandaron, Fredys Villanueva Castro, hermano de la víctima,
Ruby Villanueva Castro, hermana de víctima, Yeimi Villanueva Castro, hermano de
la víctima y Nidia Villanueva de Ramos (Q.E.P.D.), hermana de la víctima.
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la honorable, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado,
que dentro del término de los veinte (20) días, contados a partir de la notificación del
presente fallo de tutela, profiera una nueva sentencia, que incluya en su contenido el
respeto a nuestros derechos constitucionales fundamentales, al Debido Proceso,
Acceso a la Administración de Justicia, e Igualdad y con el mismo rigor, nuestros
legítimos derechos como Sujeto de Especial Protección Constitucional, valorándose
la realidad probatoria, dentro del marco del medio de control de reparación directa y
dándole aplicación al reiterado precedente judicial fijado por el Consejo de Estado y
Corte Constitucional. En casos de supuestos de hecho y de derechos similares al
aquí reclamado, por parte de este Accionante, Alci José Villanueva Castro, como
víctima directa y de las personas relacionadas, como victimas indirectas: Viviana
Paola Villanueva Arteta, hija de la víctima; Silvana Carolina Villanueva Arteta, hija de
la víctima; Susana Margarita Villanueva Arteta, hija de la víctima; José del Carmen
Villanueva Ramos (Q.E.P.D.), padre de la víctima; Rosario Castro de Villanueva,
madre de la víctima; Margarita Rosa Arteta Ramos(Q.E.P.D.), compañera de la
víctima, Fredys Villanueva Castro, hermano de la víctima, Ruby Villanueva Castro,
hermano de víctima, Yeimi Villanueva Castro, hermano de la víctima, y Nidia
Villanueva de Ramos (Q.E.P.D.), hermano de la víctima.
CUARTA: Se ordene a la honorable, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, que dentro del término de los veinte
(20) días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia de tutela,
proceda a resolver nuevamente el recurso de apelación, profiriendo una nueva
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
sentencia confirmando, la Sentencia Calendada 28 de Mayo de 2021, proferida en
primera instancia, por él honorable, Tribunal Administrativo del Atlántico, en Sala de
Decisión Oral, Sección B. Mediante la cual, se resuelven todos los reclamos de los
Accionantes, toda vez, que esta sentencia de primera instancia, valoro
adecuadamente la realidad probatoria decisoria, dentro del marco de la demanda
ordinaria de reparación directa y se aplicaron efectivamente los lineamientos
jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado y Corte Constitucional; en torno a
la responsabilidad del estado, por el incumplimiento del deber constitucional y legal
de protección estatal, a la vida y la seguridad de este Accionante, Alci José Villanueva
Castro, en calidad de víctima de manera directa, y a otros personas en calidad de
victimas indirectas, en casos de supuestos de hecho y de derechos similares al aquí
reclamado.”12.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Por auto del 10 de febrero de 202513 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar, en calidad de demandada, a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y se vinculó a Silvana Carolina Villanueva Arteta, a Susana Margarita
Villanueva Arteta, a Viviana Paola Villanueva Arteta, a José del Carmen Villanueva
Ramos, a Rosario Castro de Villanueva, a Fredys Villanueva Castro, a Ruby Villanueva
Castro, a Yeimy Villanueva Castro, a Nidia Villanueva Castro, al Ministerio del Interior, a
la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional y al Tribunal Administrativo del
Atlántico14.
5.2. El Ministerio del Interior15 hizo un recuento de sus funciones y solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no existe un nexo
causal entre la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados y sus
actuaciones.
5.3. La Unidad Nacional de Protección16 elevó la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, dado que las pretensiones de la demanda tuitiva se dirigieron en contra
de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo que no existe
conexidad entre ellas y las funciones de la entidad. Adicionalmente, aseguró que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno porque se han adelantado todas las actuaciones
administrativas necesarias en favor de la seguridad del actor y la presente solicitud de
amparo en realidad fue utilizada para abrir un debate judicial en una instancia adicional.
12 Folios 100 – 101, ibid.
13 Obra en el certificado D1A27898BEBA398D 0167F1A5295195DB 099C48C932A5846D E27C0968B6FF80D8,
índice 5.
14 Los soportes de notificación obran en los índices 8 y 17.
15 Obra en el certificado F816B086CDE103CB 2E8145661F07F59C EAD27AD2BA98C5C0 23F59813E82053A9,
índice 11.
16 Obra en el certificado C2C6B114245D06C5 191746A24C9AF355 3FB30F0731FB0661 CA46EFC3E7B14D73,
índice 12.
10
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Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado17 argumentó que el
mecanismo constitucional carece de relevancia constitucional porque no cumplió con la
carga argumentativa necesaria para censurar la providencia atacada, ya que se limitó a
reproducir las actuaciones de primera y segunda instancia del proceso ordinario,
enumerar pruebas y transcribir fragmentos del fallo cuestionado, sin estructurar
claramente los verdaderos cargos de inconformidad, lo que evidencia que se eleva para
lucir un desacuerdo con la decisión judicial. Adicionalmente, consideró que la tutela
interpuesta pretende abrir una instancia adicional al proceso ordinario, a pesar de que en
dicho trámite se analizó cada una de las pruebas allegadas al plenario.
Finalmente, estimó que i) no se configuró un defecto fáctico, toda vez que en el fallo
censurado se evidencia un análisis completo y riguroso del material probatorio y la
facultad de decretar pruebas de oficio no debe ser utilizada para relevar a las partes de
su carga probatoria; ii) tampoco se realizó un juicio de legalidad en el trámite de
reparación directa, sino que se señaló que la decisión de retirar el esquema de seguridad
se adoptó a través de un acto administrativo que no fue cuestionado por el tutelante; iii)
ni se declaró la culpa exclusiva de la víctima y iv) jamás se desconoció la calidad de
sujeto de especial protección constitucional del actor, la cual, si bien es relevante, no lo
exoneró de su carga probatoria.
5.5. La Policía Nacional18 afirmó que ninguna prerrogativa constitucional ha sido
menoscabada, ya que la parte actora no aportó material probatorio para acreditar su
afectación de derechos con ocasión de la providencia judicial controvertida. Además,
sostuvo la inexistencia de una falla del servicio, pues el atentado que sufrió el accionante
no era previsible para la institución y él tenía conocimiento de las medidas preventivas
disponibles a su favor. Sumado a ello, señaló que no se probó el acontecimiento de un
perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional.
5.6. El Tribunal Administrativo del Atlántico19 solicitó su desvinculación del trámite
constitucional, debido a que la parte accionante no elevó ningún reparo en contra de la
sentencia de primera instancia, emitida por esta autoridad judicial, sino que sus
17 Obra en el certificado 8F55288B14459862 B368B51E22721F0C 1E0C0DE8C3601EA9 4CDA9C39E443FA65,
índice 13.
18 Obra en el certificado 1DFDEF8AA7B123BE E49BF9997C0F7B75 295AB030A7F94754 65D29B0C09FEB6CD,
índice 16.
19 Obra en el certificado 0E9782F861B2268A DD8334E4DC43548F 3BB254299DD666BF 5C8136D416770C33,
índice 18.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
inconformidades radicaron en las consideraciones realizadas por la providencia de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
5.7. El 13 de marzo de 202520 el despacho ponente requirió el expediente de reparación
directa 08001-23-33-000-2017-00787-01.
5.8. Los demás interesados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Alci José
Villanueva Castro en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si la
providencia censurada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante.
Como se vio, el accionante denunció que la sentencia atacada adolecía del defecto de
desconocimiento del precedente, resolvió el caso de manera extra y ultra petita y,
además, contenía un defecto fáctico. Entonces, para atender el problema jurídico
planteado, la Sala resolverá, en primer lugar, sobre los pedidos de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, en segundo lugar, estudiará el presupuesto
de subsidiariedad respecto a cada una de las censuras y, en particular, revisará si en el
cargo por haberse fallado de manera extra y ultra petita también tiene lugar el
presupuesto de relevancia constitucional y si el cargo por defecto fáctico satisface el
20 Obra en el certificado B6E42E07F40FC837 EF2CD79826A84B71 DF2434518166FD6E F7C247710A8DCE4A,
índice 21.
12
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Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
requisito lógico jurídico necesario para pedir la protección de los derechos fundamentales
a través de la acción de tutela.
3. Cuestión Previa
Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, dada su participación en el litigio ordinario, como parte demandada y como juez
ordinario de primera instancia, la Sala considera que resulta evidente el interés que les
asiste a todas las autoridades en mención en este asunto constitucional, de manera que
negará la mencionada solicitud.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
4.1. La Sala comenzará por reiterar la dogmática constitucional sobre los requisitos de
procedibilidad de subsidiariedad, relevancia constitucional y el presupuesto lógico jurídico
necesario para pedir la protección de los derechos fundamentales a través de la acción
de tutela, así:
4.1.1. Respecto del requisito de subsidiariedad, el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución Política claramente expresa que la acción de tutela resulta procedente
cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo procede de forma excepcional i)
cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la
protección de los derechos fundamentales o ii) cuando se ejerce para evitar la causación
de un perjuicio irremediable21. En el primero de los casos la orden de protección sería
definitiva y, en el segundo, transitoria.
4.1.2. En lo relativo al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”22.
21 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.
22 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13
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En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional,
la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos,
a saber23: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se erija en una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo especial constitucional está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202224, advirtió
que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, era necesario verificar
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra de
una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.”.
4.1.3. Por otro lado, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue
estatuida por el constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección
inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los términos del artículo 86 constitucional y del
artículo 1º del Decreto 2591 de 199125. Esta protección “consistirá en una orden para que
aqu[e]l respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”.
En esa medida, ha señalado la Alta Corte que, en atención a una interpretación
sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido decreto, el “amparo
23 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
24 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
25 Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.
14
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación
u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o
vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”26. Lo anterior, en tanto “(…) para
que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden
lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos
fundamentales existan (…)”27, ya que “sin la existencia de un acto concreto de
vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la
cual proteger al interesado (…)”28.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial, como lo es la
existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de
vulnerabilidad de derechos fundamentales, el mecanismo tuitivo resulta improcedente.
4.2. Así pues, en lo relativo al cargo por el supuesto desconocimiento del precedente, el
tutelante consideró que en la sentencia atacada no se tuvieron en cuenta 6 sentencias
que, indicó, resultaban aplicables a su caso en concreto.
A pesar de ello, la Sala encuentra que durante el trámite de segunda instancia el actor
presentó una apelación adhesiva29 en la que se pronunció únicamente respecto a los
perjuicios que le fueron reconocidos en primera instancia, pero no hizo consideración
alguna frente al examen de responsabilidad que se llevaría a cabo en segunda instancia,
dado que este era el tema propuesto en los recursos de su contraparte, ni puso de
presente las sentencias que ahora, en sede constitucional, considera desconocidas, las
cuales, valga aclarar, ya existían en el mundo jurídico para el momento en que se
presentó este recurso.
En ese sentido, no se puede considerar superado el requisito de subsidiariedad frente al
cargo por desconocimiento del precedente, dado que el tutelante, aunque tuvo la
oportunidad de poner en consideración ante la autoridad judicial demandada dichas
providencias judiciales, no lo hizo ni alegó una justificación respecto de este actuar.
4.3. En la misma línea, frente al reproche relacionado con que se emitió una sentencia
extra y ultra petita, debido a que, según el actor, dentro del trámite de reparación directa
26 Sentencia T-130 de 2014.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Obra en los folios 99 – 102 del archivo 03PrincipalConcejoEstado del certificado 29C75B74FF1754C5
59816A691E945439 B41461848964C41A 9C5DFBAE1D15B790, índice 26.
15
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
se hizo un análisis de legalidad de un acto administrativo, esta Subsección considera que
tampoco se logra superar el requisito de subsidiariedad, toda vez que, en esencia, este
alegato está encaminado a demostrar una violación al principio de congruencia30.
En ese sentido, la Sala estima que existía otro medio de defensa idóneo para controvertir
la decisión censurada antes de acudir a la vía constitucional. Puntualmente, en
tratándose del desconocimiento del principio de congruencia por parte de la autoridad
judicial, esta Corporación ha decantado que ello da lugar a la nulidad originada en la
sentencia, de modo que procede el recurso extraordinario de revisión al configurarse la
causal consignada en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 201131. Así ha sido
considerado desde el precedente judicial del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-
15-000-2015-02342-00, en el que la Sala 22 Especial de Decisión del Consejo de Estado
sostuvo:
“(…) la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA –
antes 6 del artículo 188 del C.C.A.–, es decir, nulidad originada en la sentencia, se
puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia
interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio…”32.
Examinadas las circunstancias del caso concreto, no se encuentra que el actor hubiera
siquiera intentado ejercer el medio de controversia anteriormente mencionado.
Adicionalmente, frente a los dos cargos examinados anteriormente, aunque esta Sala no
desconoce el estado de salud del actor, de todas maneras considera que no se logró
probar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
Por otro lado, en gracia de discusión, tampoco se considera que respecto a la segunda
censura analizada en este capítulo se hubiera superado el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que, más allá de la argumentación expuesta, se advierte que la
solicitud de amparo fue utilizada como un medio para editar el debate dado por el juez
denunciado.
30 “Respecto de este principio orientador del derecho procesal, la jurisprudencia de esta Corte ha explicado que, a la
luz de tal postulado, el juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente, es su obligación
explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis de fondo de alguna de las pretensiones. Adicionalmente,
el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en la realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión,
de ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser, pero que las partes ni
él de oficio, lograron establecer en el curso de la actuación procesal”. Corte Constitucional. Sentencia T 079 de 2018.
M.P. Carlos Bernal Pulido.
31 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales
de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación. (…)”.
32 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintidós Especial de Decisión. Radicado
11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
16
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Esto resulta palmario, pues la posición adoptada por la Sala mayoritaria de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al margen de la aclaración de voto del
Consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, hace referencia a que las actuaciones de la
UNP se adecuaron a lo reglado en el Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 4912 de 2011 y
el actor no controvirtió la legalidad del acto administrativo de calificación de su riesgo en
sede administrativa.
Lo anterior no implica un análisis de legalidad propio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino un argumento utilizado por el juez natural para
sostener que el desmonte progresivo del esquema de seguridad no configuró, per se, una
falla del servicio. De manera que es evidente la intención del actor de utilizar el
mecanismo constitucional como una forma de hacer prevalecer su interpretación sobre
la decisión mayoritariamente adoptada en sede ordinaria, razón por la cual no existe
mérito suficiente para la intervención de este juez constitucional.
4.4. La Sala encuentra que el cargo referente a la configuración de un defecto fáctico
tampoco goza de subsidiariedad, dado que existe otro medio judicial idóneo para proteger
los intereses del accionante.
Ciertamente, el actor, al advertir que el fallo censurado supuestamente omitió
pronunciarse sobre todas las pruebas obrantes en el expediente, pudo haber elevado una
solicitud de adición o complementación de la sentencia, de conformidad con el artículo
28733 del Código General del Proceso34, con el fin de que la autoridad judicial
complementara su análisis, pero, se observa que la parte accionante no adelantó la
diligencia señalada durante el curso del trámite ordinario, no allegó argumentación alguna
encaminada a justificar este actuar y, como ya se mencionó, tampoco logró demostrar la
configuración de un perjuicio irremediable.
4.4.1. Pese a lo antes dicho, la Sala nota que la mayoría de los medios de prueba
denunciados como excluidos de la valoración probatoria no lo fueron y respecto de otros,
en cambio, ni siquiera se acreditó que se hubiesen aportado al plenario.
33 “Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio
de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad”.
34 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
17
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4.4.2. En punto de lo primero, es decir, del reproche relativo a la falta de valoración de
todos los documentos que integraron el acervo probatorio, con el fin de verificar el análisis
adelantado por la sentencia censurada, esta Sala realizará un paralelo entre las pruebas
que el demandante estimó desconocidas, su mención o no en el fallo de reparación
directa y su ubicación en el expediente ordinario así:
Elemento probatorio Valoración probatoria en la Ubicación en el expediente
desconocido, según el sentencia del 30 de agosto ordinario
escrito de tutela de 2024
“Derecho de Petición, “También se allegó una Folios 91 – 92 del archivo
Calendado 08 de Noviembre solicitud de refuerzo del 02CuadernoDemanda del
de 2014, dirigido al director esquema de seguridad certificado
de la Unidad Nacional de asignado por la UNP en la que 29C75B74FF1754C5
protección, Andrés se pidió, entre otras cosas, un 59816A691E945439
Villamizar, solicitándole un carro blindado y dos hombres B41461848964C41A
esquema de protección de protección, debido a la 9C5DFBAE1D15B790, índice
reforzado , ante las multiplex naturaleza de sus funciones 26.
amenazas concretas que como concejal y los
venía recibiendo, (a pesar de desplazamientos frecuentes
tener un esquema de que requería su cargo (f. 71-
protección asignado), que 72 c-1). Sobre el particular, se
anunciaban que sería víctima advierte que la anterior
de un segundo atentado, solicitud no tiene fecha ni sello
remitido al correo: de recibido, por lo que se
nazly.salinas@unp.gov.co, desconoce si, en efecto, la
Presentado 2 Meses y 8 Días petición fue radicada en la
Después, del retiro definitivo entidad a la que se dirigió. Si
del esquema de seguridad bien, junto con este
que tenía asignado, retiro documento se allegó un
formalizado, el día 30 de pantallazo de un correo
agosto de 2014, y Presentado dirigido el “8-11-2012” a la
4 Meses y 15 Días Antes, de UNP, tampoco se sabe si el
que me ocurriera el segundo archivo adjunto que muestra
atentado criminal, el día 23 de la imagen corresponde al
marzo de 2015. oficio en cuestión (f. 70 c-1”).
36
Vislumbrándose la conducta
arbitraria y caprichosa de la
Sala Accionada, al reconocer
que efectivamente este
derecho de petición, obraba
dentro del proceso, Sobre el
particular señalaron, “Se
advierte que la anterior
solicitud no tiene fecha ni sello
de recibido, por lo que se
desconoce si, en efecto, la
petición fue radicada en la
entidad a la que se dirigió. Si
bien, junto con este
documento se allegó un
pantallazo de un correo
dirigido el “8-11-2012” a la
36 Folio 16 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357, índice
24 del expediente digital 08001233300020170078701.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
UNP, tampoco se sabe si el
archivo adjunto que muestra
la imagen corresponde al
oficio en cuestión (f. 70 c-1)”.
pero para omitir su valor
decisorio, apelaron a la
siguiente conjetura o
suposición: “Sí bien, junto con
la demanda se allegó una
solicitud de refuerzo de dicho
esquema, la Sala, como lo
advirtió, desconoce si, en
efecto, la petición se radicó”35.
“Acción de Tutela, Adiada “Las amenazas contra el Folios 277 – 308 del archivo
11 de Marzo de 2014, señor Villanueva Castro 02CuadernoDemanda del
presentada persistieron y fueron certificado
desesperadamente por este denunciadas ante las 29C75B74FF1754C5
Accionante, Alci José autoridades 59816A691E945439
Villanueva Castro, suplicando correspondientes. A pesar de B41461848964C41A
el amparo urgente de mis ello, “a finales del año 2013”, 9C5DFBAE1D15B790, índice
derechos fundamentales a la la UNP reevaluó el nivel de 26.
Vida, Libertad, Integridad y riesgo del referido señor y lo
Seguridad Personal, al calificó como ordinario, lo que
encontrarme totalmente resultó en la finalización del
desprotegido e indefenso a esquema de protección en
merced de los sicarios, al febrero de 2014. Por lo
retirárseme de manera anterior, el señor Alci José
definitiva el esquema de Villanueva Castro presentó
protección que tenía una acción de tutela que fue
asignado, el dia 30 de agosto negada en ambas
de 2014, Tutela que le instancias”38.
correspondió en primera
instancia, a un JUZGADO “Por lo anterior, el señor Alci
PENAL DEL CIRCUITO CON José Villanueva Castro
FUNCIONES DE interpuso una tutela en contra
CONOCIMIENTO DE de la UNP y la Policía
B/QUILLA, denegándome el Nacional por la vulneración de
amparo solicitado, mediante sus derechos fundamentales
fallo de fecha 4 de julio de a la “vida, integridad y
2014, impugnando el seguridad personal”, por
mencionado Fallo de Tutela, considerar que el estudio que
con el siguiente argumento: calificó su nivel de riesgo
“Que no pretendía que el Juez como ordinario fue superficial
de Tutela, ordenara un nuevo y sin profundidad. Según la
estudio de mi nivel de riesgo, demanda, no se realizaron
sino que, el mismo se ajustara visitas a sus residencias, ni se
mediante orden judicial, entrevistó a sus vecinos para
habida cuenta, que fue verificar su situación de
realizado con apoyos anti seguridad. Tampoco se
técnicos, que no incluyeron investigó el estado de las
factores de alto riesgo, como denuncias que presentó por
las multiplex amenazas que amenazas en 2011 y 2013. El
venía recibiendo” funcionario responsable se
correspondiéndole en limitó a hacerle una llamada
segunda instancia, al telefónica para una entrevista
35 Folio 51 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
38 Folio 3 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357, índice
24 del expediente digital 08001233300020170078701.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
TRIBUNAL SUPERIOR DE breve en la sede de la Unidad
B/QUILLA-SALA OCTAVA Nacional de Protección y
CIVIL FAMILIA, confirmando realizó contactos telefónicos
el fallo de primera instancia, con funcionarios del municipio
mediante fallo de fecha 4 de de Juan de Acosta, sin
agosto de 2014. Esta Tutela indagar más a fondo (f. 233-
fue Presentada Año y 12 días 244 c-1).
Antes, que me ocurriera el
segundo atentado criminal, el Mediante sentencia del 20 de
día 23 de marzo de 2015, y marzo de 2014, la Sala Civil-
Presentada 1 Mes y 9 días Familia del Tribunal Superior
Después, que se me retirara del Atlántico negó el amparo
definitivamente el esquema (f. 245-254 c-1). Indicó que
de protección que tenía existía un estudio reciente de
asignado, el dia 30 de agosto nivel de riesgo, comunicado al
de 2014, Pero más allá del actor el 20 de febrero de
resultado del fallo de Tutela, 2014, realizado por un órgano
lo más relevante es que la competente con el equipo
Sala Accionada, omitió el humano y herramientas
valor probatorio y decisorio de adecuadas, lo que hacía difícil
este elemento de convicción, para la Sala ignorar o
que acompañaba el Escrito de reevaluar las conclusiones de
Tutela, máxime cuando los los expertos que calificaron el
Jueces de Tutela, en primera riesgo. Por tanto, concluyó
y segunda instancia, les que las actuaciones de la
dieron traslado de ese Escrito Unidad Nacional de
de Tutela, a la Unidad Protección no vulneraban
Nacional de Protección, con derecho alguno, pero se
todos los elementos de aclaró que el accionante
convicción que contenía”37. podía iniciar el procedimiento
ordinario del programa de
protección en cualquier
momento, ya que la norma
permitía reevaluaciones del
riesgo cuando fuera
necesario, garantizando así
un programa de protección
efectivo y dirigido a quienes
realmente lo requirieran. La
sentencia fue confirmada por
la Sala Penal del Tribunal
Superior del Atlántico en
providencia del 28 de agosto
de 2014 por las mismas
razones (f. 260-265 c-1)”39.
“Derecho de Petición “Previa posesión, el señor Alci Folio 80 del archivo
Dirigido a José Antonio José Villanueva Castro fue 02CuadernoDemanda del
Segebre, Gobernador del víctima de un atentado con certificado
Atlántico, Radicado con No. arma de fuego el 15 de 29C75B74FF1754C5
20120500013212 de 2012- diciembre de 2011, que lo 59816A691E945439
01-12, mediante el cual este dejó gravemente herido. B41461848964C41A
Accionante, Alci José Según las denuncias que se 9C5DFBAE1D15B790, índice
Villanueva Castro, en mi presentaron, el ataque tuvo 26.
condición de Primer móviles políticos. Por estos
Vicepresidente del Concejo hechos, el 1° de enero de
37 Folios 51 – 52 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987
EE68B51537ED73ED, índice 2.
39 Folios 17 – 18 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357,
índice 24 del expediente digital 08001233300020170078701.
20
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
del municipio de Juan de 2012, el referido señor
Acosta-Atlántico, solicitaba presentó “solicitud de
urgentemente: “Protección medidas de protección” ante
para mi vida, con el objeto de la Gobernación del Atlántico
poder ejercer el cargo de en los siguientes términos (f.
Concejal Municipal de Juan 60-62 c 1):”41.
de Acosta, además asegurar
la protección de toda mi
familia". Derecho de Petición,
que el precitado funcionario,
remitió oportunamente a la
Unidad Nacional de
Protección, conforme al
Artículo 21 de la Ley 1755 de
2015, funcionario sin
competencia. “Si la autoridad
a quien se dirige la petición no
es la competente, se
informará de inmediato al
interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los
cinco (5) días siguientes al de
la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia
del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no
existir funcionario competente
así se lo comunicará. Los
términos para decidir o
responder se contarán a partir
del día siguiente a la
recepción de la Petición por la
autoridad competente”.”40.
“Derecho de Petición “Previa posesión, el señor Alci Folio 140 del archivo
Dirigido a Jaime Verdugo, José Villanueva Castro fue 02CuadernoDemanda del
Secretario del Interior de la víctima de un atentado con certificado
Gobernación del Atlántico, arma de fuego el 15 de 29C75B74FF1754C5
Radicado con No. diciembre de 2011, que lo 59816A691E945439
20120500013222 de 2012- dejó gravemente herido. B41461848964C41A
01-12, mediante el cual este Según las denuncias que se 9C5DFBAE1D15B790, índice
Accionante, Alci José presentaron, el ataque tuvo 26.
Villanueva Castro, en mi móviles políticos. Por estos
condición de Primer hechos, el 1° de enero de
Vicepresidente del Concejo 2012, el referido señor
del Municipio de Juan de presentó “solicitud de
Acosta-Atlántico, solicitaba medidas de protección” ante
urgentemente: “Protección la Gobernación del Atlántico
para mi vida, con el objeto de en los siguientes términos (f.
poder ejercer el cargo de 60-62 c 1):”43.
Concejal Municipal de Juan
de Acosta, además asegurar
40 Folio 52 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
41 Folio 14 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357, índice
24 del expediente digital 08001233300020170078701.
43 Folio 14 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357, índice
24 del expediente digital 08001233300020170078701.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
la protección de toda mi
familia". Derecho de Petición,
que el precitado funcionario,
remitió oportunamente a la
Unidad Nacional de
Protección, conforme al
Artículo 21 de la Ley 1755 de
2015, funcionario sin
competencia. “Si la autoridad
a quien se dirige la petición no
es la competente, se
informará de inmediato al
interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los
cinco (5) días siguientes al de
la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia
del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no
existir funcionario competente
así se lo comunicará. Los
términos para decidir o
responder se contarán a partir
del día siguiente a la
recepción de la Petición por la
autoridad competente”.”42
“Denuncia Penal Contra “El 15 de noviembre de 2013, Folios 93 – 96 del archivo
Jairo Vázquez Gutiérrez, el concejal Villanueva Castro 02CuadernoDemanda del
Gerente de la Empresa, presentó ante la Fiscalía certificado
EXPRESO COLOMBIA General de la Nación una 29C75B74FF1754C5
CARIBE S.A.S., presentada denuncia en contra del señor 59816A691E945439
ante la Fiscalía General de la Jairo Vázquez Gutiérrez, B41461848964C41A
Nación, el día 15 de gerente de la empresa 9C5DFBAE1D15B790, índice
noviembre de 2013, este Expreso Colombia Caribe 26.
señor me amenazó de muerte S.A.S., por los delitos de
y me constreñía “amenazas, constreñimiento
frecuentemente, como ilegal, injuria y calumnia” (f.
consecuencia de mi ejercicio 73-76 c-1)”45.
de control político, como
Concejal del municipio de
Juan de Acosta-Atlántico. Al
citarlo al recinto del honorable
Concejo municipal de Juan de
Acosta, en su calidad de
Gerente de la empresa,
EXPRESO COLOMBIA
CARIBE S.A.S., prestataria
del servicio terrestre de
pasajeros, entre el municipio
de Juan de Acosta-Atlántico, y
la ciudad de Barranquilla y
viceversa; sobre la cual, había
un descontento generalizado
42 Folio 52 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
45 Folio 16 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357, índice
24 del expediente digital 08001233300020170078701.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
de los usuarios, por el pésimo
servicio que prestaba”44.
“Oficio No 1610 de Fecha 11 No se encuentra mencionado No obra en el expediente
de Marzo de 2014, Suscrito en la sentencia. ordinario y no fue citado
por William Barragán, dentro de los documentos
Secretario del Tribunal aportados con la demanda.
Superior de Barranquilla, Sala Folios 22 – 24 archivo
Civil Familia, y Dirigido a la 02CuadernoDemanda del
Fiscalía General de la certificado
Nación”46. 29C75B74FF1754C5
59816A691E945439
B41461848964C41A
9C5DFBAE1D15B790, índice
26.
“Denuncia por Amenazas de “El 1° de noviembre de 2012, Folio 83 del archivo
Muerte, Constreñimiento el señor Alci José Villanueva 02CuadernoDemanda del
Ilegal, y Extorsión, contra Castro presentó la siguiente certificado
Ramiro Blanco, cuñado del denuncia ante la Inspección 29C75B74FF1754C5
alcalde de la época, hoy de Policía del municipio de 59816A691E945439
enjuiciado, Abelardo Mario San Juan de Acosta (f. 64 c- B41461848964C41A
Padilla Blanco, ante la 1): 9C5DFBAE1D15B790, índice
Inspección Central de Policía 26.
del municipio de Juan de Mi denuncia consiste en que
Acosta-Atlántico, de Fecha 1 hoy jueves 01 de noviembre
de Noviembre de 2012, por de 2012, siendo las 8:30 A.M.
competencia remitida a la aproximadamente, me
Fiscalía General de la Nación. encontraba en la Iglesia del
Este señor en su doble Municipio de Juan de Acosta,
condición de Veedor ubicada en la Plaza Central,
Ciudadano, y Cuñado del cuando de pronto se me
Alcalde de la época, se acercó el señor RAMIRO
constituyó en mi encarnizado BLANCO ARANGO (…)”48
enemigo, por mi condición de
Concejal de oposición a la
administración municipal, que
diariamente estaba
denunciado hechos
gravísimos de corrupción,
hasta el punto que el segundo
atentado criminal, devino de
la siguiente denuncia:
“Denuncia en el recinto del
Concejo municipal de Juan de
Acosta. Atlántico, que el
Alcalde de la época, Abelardo
Mario Padilla Blanco, había
adicionado al presupuesto
municipal y contratado varias
obras públicas, con una
simple Carta de Pre
Aprobación de un Crédito,
expedida por un Banco
Determinado, para el cual, la
44 Folio 52 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
46 Folio 52 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
48 Folios 14 – 15 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357,
índice 24 del expediente digital 08001233300020170078701.
23
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
plenaria de la corporación, le
habíamos otorgado
facultades precisas por tres
(3) meses, para que
gestionara un cupo de
endeudamiento, empréstito
que consiguieron ocho (8)
meses después, y con otro
Banco, distinto al que
supuestamente había
expedido la carta de pre
aprobación del crédito”.”47
“8. Proposición Presentada No se encuentra mencionado No obra en el expediente
por el Concejal del Partido en la sentencia. ordinario y no fue citado
Alianza Verde, Alci José dentro de los documentos
Villanueva Castro, en el aportados con la demanda.
recinto del honorable Concejo Folios 22 – 24 del archivo
municipal de Juan de Acosta. 02CuadernoDemanda del
Atlántico, en Sesión Plenaria certificado
de Fecha 1 de Noviembre de 29C75B74FF1754C5
2013, denunciando 59816A691E945439
públicamente las amenazas B41461848964C41A
que venía recibiendo, y 9C5DFBAE1D15B790, índice
poniéndole de presente a los 26.
demás diez (10) Concejales y
a la comunidad. La situación
de peligro en que me
encontraba, indefenso ante la
inminente ocurrencia de un
anunciado y cantado segundo
atentado criminal, que a la
postre me sucedió el día 23
de marzo de 2015”49.
“Informe Ejecutivo -FPJ-3 “El 23 de marzo de 2015, el Folios 250 – 256 archivo
de Policía Judicial, de señor Villanueva Castro fue 02CuadernoDemanda del
Fecha 23 de Marzo de 2015, víctima de un segundo certificado
Delito Homicidio Tentado, atentado con arma de fuego. 29C75B74FF1754C5
Lugar de los hechos: Sobre estos hechos, solo se 59816A691E945439
Kilómetro 5 vía que conduce cuenta con el informe B41461848964C41A
al corregimiento de Santa ejecutivo de la Fiscalía 9C5DFBAE1D15B790, índice
Verónica, localidad de Juan General de la Nación, en el 26.
de Acosta-Atlántico, que se relataron los
Narración de los hechos: siguientes hechos (f. 212-216
"Para el día 23-03-2015 a eso c-1): (…)”51
de las 07:30 horas
aproximadamente fuimos
informados por vía (sic)
telefónica por el señor Jefe de
Grupos Delitos Contra La
Vida de la Seccional de
Investigación Criminal Sijin
Atlántico que en el municipio
de Juan de Acosta más
47 Folio 52 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
49 Folio 53 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
51 Folio 19 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357, índice
24 del expediente digital 08001233300020170078701.
24
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
exactamente en kilómetro 5
cerca al finca misericordia y a
la vereda todo fierro, se había
presentado un hecho en
donde habían herido a una
persona de sexo masculino
con arma de fuego, el cual se
desplazaba al interior de su
vehículo, desde la ciudad de
barranquilla hacia el municipio
de Juan de acosta de (sic)
inmediato esta unidad
investigativa se desplazó
hasta el lugar de los hechos
con el fin de corroborar
mencionada (sic) información
y desplegar las diferentes
actuaciones de policía judicial
(...) esta persona corresponde
al nombre de ALCI JOSÉ
VILLANUEVA CASTRO,
quien hace parte del concejo
Municipal de Juan de
Acosta.".”50
“Proceso Penal, Fiscalía “Según la demanda y las No obra en el expediente
Seccional del Municipio de denuncias presentadas por la ordinario y no fue citado
Soledad-Atlántico, Carpeta víctima el ataque tuvo móviles dentro de los documentos
con Noticia Criminal No políticos; sin embargo, al aportados con la demanda.
087586001106-201101547, expediente no se allegó la Folios 22 – 24 del archivo
Investigación Penal: Primer investigación penal y, por ello, 02CuadernoDemanda del
Atentado Criminal, ocurrido el se desconoce si dicha teoría certificado
día 15 de diciembre de 2011, fue confirmada en el marco de 29C75B74FF1754C5
Lugar de los Hechos: la instrucción”53. 59816A691E945439
Urbanización Soledad 2000, B41461848964C41A
del municipio de Soledad- (…) 9C5DFBAE1D15B790, índice
Atlántico, Victima: Alci José 26.
Villanueva Castro, recibiendo “La Sala no desconoce que el
heridas con proyectil de arma actor en el año 2011 y 2013 el
de fuego en mi humanidad, actor presentó diferentes
que me mantuvieron denuncias; sin embargo,
internado en una Unidad de como en el expediente no se
Cuidados Intensivos del cuenta con el proceso penal
Hospital Universidad del adelantado por los atentados
Norte de Barranquilla, durante realizados en contra del señor
13 días. Como consecuencia Alci José Villanueva Castro,
de este Primer Atentado, la se desconoce si las mismas
Policía Nacional, me asigno estuvieron relacionadas con
un esquema de protección los hechos por los que hoy se
provisional, consistente: “En demanda”54.
un hombre de protección de la
Policía Nacional, durante 24
horas”, Posteriormente me
formalizo un nuevo estudio de
mi nivel de riesgo, validándolo
50 Folio 53 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
53 Folio 25 del certificado 326FE1411F1B840F 6456A2B563867533 151757293B356662 0F01974C6E2E1357, índice
24 del expediente digital 08001233300020170078701.
54 Folio 28, ibid.
25
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
y calificándolo como
Extraordinario, asignándome
un esquema de protección por
un año, consistente: “En
ratificar el hombre de
protección de la Policía
Nacional, además de un
salario mínimo mensual legal
vigente por 12 meses, un
equipo de comunicación y un
chaleco antibalas”;
Ulteriormente la Unidad
Nacional de Protección, me
formalizo un nuevo Estudio de
mi Nivel de Riesgo,
valorándolo y calificándolo de
manera inadmisible como
Ordinario, conociendo
plenamente el elevado grado
de peligro, en que se
encontraba la vida de este
Accionante, Alci José
Villanueva Castro, toda vez,
que el Analista de la Unidad
Nacional de Protección,
encargado de realizarme el
estudio de mi nivel de riesgo,
estaba obligado a revisar el
expediente de la Investigación
Penal, que se surtía en la
Fiscalía Seccional del
municipio de Soledad
Atlántico, o en su defecto
solicitar información por
escrito, sobre la mencionada
investigación penal, luego
entonces la UNP, conocía
claramente que, las causas
que originaron el Primer
Atentado Criminal, del que fui
víctima el día 15 de diciembre
de 2011, no habían
desaparecidos, al no existir
capturados, ni condenados en
el proceso, estando los
victimarios en la calle, por lo
tanto ese era un factor de
riesgo, que les impedía
dejarme desprotegido.”52.
Relatada la anterior valoración, se observó que el juez natural del proceso resolvió en
contra de los intereses de la parte activa, con fundamento en el acervo probatorio que lo
llevó a determinar que el tutelante no logró demostrar todos los elementos necesarios
52 Folio 53 del certificado 336E52CF2C970233 E5C74B63687CBBBF DCB3E199A5BC0987 EE68B51537ED73ED,
índice 2.
26
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en cabeza de las entidades
demandadas, pues aunque varios de los medios de convicción aportados por el actor
permitieron acreditar el daño antijurídico que sufrió, según las consideraciones del fallo
censurado, no fueron suficientes para tener por demostrada su imputabilidad.
4.4.3. Ahora, en punto de la segunda censura, relacionada con la ausencia de valoración
del Oficio No 1610 de Fecha 11 de Marzo de 2014, de la Proposición Presentada por el
Concejal del Partido Alianza Verde, Alci José Villanueva Castro y del proceso penal, luego
de que este juez constitucional examinara con detenimiento el expediente ordinario
allegado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se encuentra que ninguna de estas
pruebas obran en dicho plenario, tampoco fueron citadas dentro de los documentos que
se allegarían junto con la demanda de reparación directa con fines probatorios y en el
escrito introductorio el actor no señaló la relevancia y utilidad del primer documento en
cita.
De esta manera, se impone concluir que frente a la ausencia de valoración de los medios
de convicción en mención no se cumple el requisito lógico jurídico, pues previo a
denunciar, a través de la presente demanda tuitiva, la supuesta configuración de un
defecto fáctico por la falta de estudio de estas pruebas, el tutelante debía demostrar que
las aportó al proceso, pero ello no acaeció. Además, debe aclararse que esta situación
no podía suplirse a través de la facultad para decretar pruebas de oficio con la que cuenta
el juez natural del proceso, ya que, como bien lo señaló la Subsección enjuiciada, esta
potestad no puede ser utilizada para relevar a las partes de su carga probatoria. Así,
frente a este cargo, no existe una acción u omisión imputable a la autoridad judicial
demandada que permita analizar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por el Ministerio del
Interior, la Unidad Nacional de Protección y el Tribunal Administrativo del Atlántico.
27
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-00
Accionante: Alci José Villanueva Castro
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo constitucional, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por
el medio más expedito.
CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugnada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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