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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01048-01

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01048-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2019, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Contraloría Distrital, y denegó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Onocíforo Rafael Durán Aguilar, en contra de las autoridades ya citadas, por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden. Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Tercero. Reconocer personería adjetiva al abogado Jhan Carlos Santos López, 17 Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020) Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar como apoderado de la Contraloría de Barranquilla, de conformidad con el poder que aparece en el índice 18 de la plataforma Samai. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-01048-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

20 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
(Contraloría de Barranquilla)

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante, contra la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se declaró probada la
excepción de prescripción extintiva propuesta por las entidades demandadas, se
negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte
demandante.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Onocíforo Rafael Durán Aguilar, por conducto
de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en orden a que se declare la nulidad del Oficio 130-005-001-0038-
2017, expedido el 9 de mayo de 2017, por el jefe de las Oficinas Asesoras con
Funciones del Departamento Jurídico (E) de la Contraloría Distrital de Barranquilla
y del Oficio QUILLA-17-095460 del 30 de junio de 2017, suscrito por el jefe de la
Oficina de Presupuesto del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
por los cuales se negó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de sus cesantías
definitivas.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó reconocer la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas concedidas a través
de la Resolución 0866 del 26 de julio de 2002, a razón de un día de salario por cada
día de retraso, en los términos previstos en la aludida ley; indexar la suma que
resulte por concepto de condena, en aplicación de lo previsto en el artículo 187,
numeral 4, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; disponer el pago de intereses moratorios, según lo señalado en los
artículos 192 y 195 ibidem.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El demandante laboró en la Contraloría Distrital de Barranquilla entre el 13 de
diciembre de 2001 y el 14 de mayo de 2002, en el cargo de profesional universitario,
código 340, grado 07.

(ii) A través de la Resolución 0866 del 26 de julio de 2002, se reconocieron sus
cesantías definitivas.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

(iii) En el caso concreto aún no se ha configurado la prescripción, teniendo en
consideración que las cesantías reconocidas a través de la resolución antes
mencionada aún no han sido pagadas, y el término extintivo se contabiliza a partir
del momento en que se hace efectivo el pago de la prestación.

(iv) El actor presentó demanda ejecutiva laboral que se tramita ante el Juzgado
Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, con radicado
080001310500920080038100, el cual, a través del auto del 12 de junio de 2013
declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó el archivo del proceso; además, el
aludido juzgado constató que producto de ese trámite no se realizó pago alguno.

(v) Al demandante no se le ha reconocido ni pagado, hasta la fecha, la sanción
moratoria por el retardo en el pago de sus cesantías definitivas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 2.º de la Ley 244 de 1995.

(vi) El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla es solidariamente
responsable del pago de la sanción, pues los recursos de la Contraloría provienen
de ese ente territorial.

(vii) El 3 de mayo de 2017, el señor Durán Aguilar formuló reclamación
administrativa ante la Contraloría Distrital y ante la Alcaldía de Barranquilla, en
procura de obtener el pago de sus cesantías definitivas y demás prestaciones
reconocidas a través de la Resolución 0866 del 26 de julio de 2002 y obtuvo como
respuesta los oficios 130-005-001-0038-2017 del 9 de mayo de 2017, emanado de
la Contraloría Distrital y QUILLA-17-095460 del 30 de junio de 2017, proveniente
del Distrito Especial, Industrial y Portuario.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política,
1, parágrafo, 2, parágrafo, 3 y 4 de la Ley 244 de 1995 y 138, 152, 162 y 166 de la
Ley 1437 de 2011.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se relacionan a continuación:

(i) La administración ha incurrido en violación de normas constitucionales y legales
al negarse a expedir el acto administrativo que reconozca el derecho reclamado,
pues al no haber pagado oportunamente las cesantías definitivas, se causó la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

(ii) En los actos administrativos cuya nulidad se pretende se refleja la voluntad de
la administración de negarse a reconocer la sanción moratoria reclamada, pese a
que su morosidad en el pago de las cesantías definitivas adeudadas conlleva la
sanción que se reclama.

(iii) La actuación de la parte demandada no deriva de la ignorancia de las normas
superiores, sustantivas y adjetivas que se invocan, ni de la necesidad económica y
financiera de la entidad, sino del desconocimiento de los derechos mínimos
laborales que imponían el pago oportuno de las cesantías al ex servidor público, y
esa tardanza va en detrimento de los derechos de este, por ende, la administración
infringió las normas en que debía fundarse.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

El ente territorial demandado, por conducto de su apoderada, contestó la demanda1
y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso lo siguiente:

(i) El ente de control con quien el actor mantuvo su relación laboral cuenta con
autonomía administrativa, financiera y presupuestal y es el llamado a responder por

1 Folios 84 a 95.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

sus actos laborales, por lo que no es procedente que se vincule a la entidad
territorial, en forma solidaria, razón por la cual deben prosperar las excepciones de
falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de obligatoriedad del Distrito en
el pago de las cesantías del actor.

(ii) En todo caso, en el asunto bajo examen se configuró la prescripción de la
sanción moratoria, comoquiera que esta deriva de las cesantías que se
reconocieron al demandante a través del acto del año 2002; por ello, tanto esa
prestación como la sanción que se reclama se hicieron exigibles desde el año 2002
y a partir de ahí se deben contabilizar los tres años para la configuración del
fenómeno extintivo.

1.2.2. La Contraloría de Barranquilla

El ente de control territorial, por intermedio de su apoderado, contestó la demanda2
y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual expuso lo siguiente:

(i) En el caso que se examina si se configuró la caducidad, en tanto que se trata de
una obligación que se causó en el año 2002 y solo se reclamó en el año 2017 por
el actor, lo que quiere decir que la petición que dio origen al acto acusado pretende
revivir términos. En efecto, las cesantías se reconocieron a través de la Resolución
866 del 26 de julio de 2002, notificada el 14 de agosto de 2002; por lo tanto, a partir
de esta última fecha, el interesado contaba con 4 meses para acudir a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y no esperar hasta el año 2017, para formular una
nueva reclamación.

(ii) Adicional a lo anterior, se configuró la prescripción extintiva de la obligación,
comoquiera que, se insiste, el cobro se hizo más de 15 años después de su
causación y, para que los derechos no se extinguieran, se debieron reclamar dentro
de los tres años siguientes a la fecha en que se hicieron exigibles.

2 Folios 105 a 120.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

(iii) Finalmente, y sin que implique reconocimiento de ninguna obligación, en caso
de que resulten prósperas las pretensiones, el cumplimiento de estas debe recaer
el ente territorial, por virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 017 de 2004,
ya que este asumió todas las obligaciones pendientes de la Contraloría Distrital, con
corte al 31 de diciembre de 2003.

(iv) Finalmente, en este caso no se configuró la mala fe, la cual se debe demostrar
para efecto del reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, 3 lo anterior en el
entendido de que la tardanza en el pago de la prestación surgió como consecuencia
de la difícil situación financiera por la que ha venido atravesando el ente de control.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 8 de
noviembre de 2019,4 declaró probada la excepción de prescripción de los derechos
laborales planteada por las demandadas y, en consecuencia, negó las pretensiones
del libelo. Las razones que lo llevaron a tal conclusión fueron las siguientes:

(i) El término prescriptivo que aplica a la sanción moratoria por la tardanza en el
pago de las cesantías definitivas es el previsto en el artículo 151 del Código
Sustantivo del Trabajo y, en el sub lite, se configuró el fenómeno extintivo, teniendo
en consideración que el demandante contaba con el término de 3 años para
reclamar la sanción, contados a partir del 26 de octubre de 2002, los cuales
fenecieron el 26 de octubre de 2005.

(ii) Como la reclamación se la sanción moratoria se formuló hasta el 3 de mayo de
2017, es evidente que se configuró el fenómeno extintivo, comoquiera que el actor
excedió el plazo de 3 años para reclamar la aludida penalidad, lo cual da lugar a

3 Se citan las sentencias 30480 de 2008 y 10475 de 1998 de esa Corporación.
4 Folios 246 a 259.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

declarar probada la excepción que, al respecto, propusieron las entidades
demandadas.

1.4. El recurso de apelación

El señor Onocíforo Rafael Durán Aguilar, por conducto de su apoderado, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,5 con base en los
argumentos que se enuncian a continuación:

(i) La sentencia recurrida declaró la prescripción de la sanción moratoria; sin
embargo, esa interpretación es errónea toda vez que el fenómeno extintivo se debe
empezar a contabilizar desde el momento en que se efectuó el pago de las
cesantías definitivas, máxime cuando el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos
lleva implícita la suspensión de los términos de prescripción y la inoperancia de la
caducidad, tal como se dispone en el artículo 58, numeral 13, de la Ley 550 de 1999.

(ii) Con base en lo anterior y en consideración a que el Distrito de Barranquilla
estuvo sometido a proceso de reestructuración de pasivos desde el año 2001 y
hasta finales del año 2017, está claro que el término de prescripción quedó
suspendido; por lo tanto, no procedía declarar tal fenómeno.

(iii) En el evento de que se diera aplicación al termino de prescripción establecido
en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, este correría respecto de
las sumas causadas con tres años de anterioridad a la fecha de la reclamación en
sede administrativa y no la totalidad de ellas, como se dispuso en la decisión
recurrida.

(iv) Adicional a lo expuesto, el término de prescripción también estuvo suspendido,
por razón del proceso ejecutivo que se tramitó ante el Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Barranquilla, como se explicó en el acápite de hechos de la demanda.

5 Folios 230 a 239.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como la Contraloría
de ese ente territorial descorrieron el término para alegar,6 el primero de ellos reiteró
lo señalado en el memorial de contestación de la demanda y, el segundo, solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de
prescripción.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer si procedía
declarar probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria propuesta
por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Contraloría de ese
ente territorial o si era inviable declarar ese fenómeno, pues, en sentir del
demandante, el hecho de que la entidad hubiera estado atravesando por un proceso
de reestructuración de pasivos y que se hubiera iniciado un proceso ejecutivo,
interrumpía la configuración de ese fenómeno.

2.2. Marco normativo

6 Como consta en los índices 15 y 16 de la plataforma Samai.
7 Folio 289.
8 Folio 289.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin

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Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

ningún reconocimiento para el trabajador9.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales10 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

Según lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006, son:

Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas

9 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
10 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

(i) El 26 de julio de 2002,11 el contralor distrital de Barranquilla expidió la resolución
0866, mediante la cual reconoció unas cesantías definitivas a favor del señor
Onocíforo Rafael Durán Aguilar, por la labor prestada en ese ente de control entre
el 13 de diciembre de 2001 y el 14 de mayo de 2002. El acto administrativo se
notificó al demandante el 14 de agosto de 200212 y, respecto de él, no aparece que
se hubieran interpuesto recursos en sede administrativa.

(ii) En el año 2006,13 se expidió el Acuerdo 011,14 emanado del Concejo Distrital de
Barranquilla, «[p]or el cual se crean los fondos cuenta de liquidaciones del Concejo,
Personería, Contraloría y Fondo Cuenta de Liquidaciones del Sector Salud de
Barraquilla». Los recursos de dichos fondos tenían por objeto, entre otros, el
siguiente: «pago de obligaciones laborales y pensionales derivados del Acuerdo de
Reestructuración del Distrito de Barranquilla». En todo caso, se precisa que en la
exposición de motivos que le dio origen se dejó claro que «si bien es cierto que el
Concejo, la Personería y la Contraloría, no están en liquidación sí están en
Saneamiento Financiero con ocasión del Acuerdo de Reestructuración del Distrito».

(iii) El 3 de mayo de 2017,15 el demandante formuló solicitud ante el contralor
distrital de Barranquilla y ante el alcalde de esa entidad territorial, con el fin de que

11 Folios 15 y 16.
12 Folio 139 vuelto.
13 En el expediente no aparece fecha del acuerdo, pero fue posterior al 5 de julio de 2006, fecha en

la cual se presentó la exposición de motivos que le dio origen, según la documental de folio 157.
14 Folios 158 y 159.
15 Folios 17 y 18.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

se pagaran las cesantías definitivas reconocidas a través de la resolución antes
citada, junto con la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

(iv) El 9 de mayo de 2017,16 el jefe de Oficinas Asesoras con Funciones de
Departamento Jurídico de la Contraloría Distrital de Barranquilla expidió el Oficio
130-005.001-0038-2017, a través del cual respondió la petición formulada por el
actor y le indicó que la reclamación de las cesantías definitivas está prescrita, al
tenor de lo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. De igual
manera, señaló que, según la información que reposa en sus archivos, el 28 de
marzo de 2012 se pagaron las obligaciones laborales de exfuncionarios, entre ellos,
el demandante, y, respecto de él, se refleja el pago de lo debido por concepto de la
Resolución 0866 del 26 de julio de 2002, consignado al Banco Agrario, dirigido al
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla.

(v) El 14 de junio de 2017,17 el secretario del Juzgado Noveno Laboral del Circuito
de Barranquilla expidió constancia que da cuenta de que en ese despacho cursó
proceso ejecutivo laboral iniciado, entre otros, por el demandante, en contra de la
Contraloría de Barranquilla y ese ente territorial, y que, a través del auto del 12 de
junio de 2012, se declaró la nulidad de todo lo actuado desde la providencia que
libró mandamiento de pago y, en su lugar, se negó a disponer tal orden y se dispuso
la terminación y el archivo del proceso. Adicional a ello, que ante ese juzgado no se
realizó pago a favor del señor Durán Aguilar ni de los otros demandantes.

(vi) El 30 de junio de 2017,18 el jefe de la Oficina de Presupuesto de la Alcaldía de
Barranquilla expidió el Oficio QUILLA-17-095460, por el cual respondió la reclamación
del demandante, e informó que la Contraloría es un ente que goza de autonomía
administrativa y presupuestal y, por ende, las obligaciones que surjan como
consecuencia del vínculo laboral sostenido con ese ente de control, deben ser
asumidas por él. En todo caso, frente a la sanción moratoria señaló que como se

16 Folios 67 y 68.
17 Folio 22.
18 Folios 19 y 20.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

trata de la aplicación de una norma sancionatoria, debe demostrarse la mala fe y,
por lo tanto, como no existe una decisión judicial que determine su pago, no es
procedente acceder a su solicitud. Finalmente, preciso que la solicitud en ningún
momento revive términos de caducidad o de prescripción que se hubieran dejado
vencer.

(vii) El 1 de abril de 2019,19 el secretario general de la Contraloría de Barranquilla
expidió certificación laboral del demandante, en la que consta que la última relación
laboral por él sostenida con ese ente de control transcurrió entre el 13 de diciembre
de 2001 y el 14 de mayo de 2002, cuando se declaró la insubsistencia de su
nombramiento, a través de la Resolución 0355 del 10 de mayo de ese año.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Con el propósito de pronunciarse frente a los argumentos del recurrente, se debe
advertir, en primer lugar, que, conforme a lo previsto en los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el objeto del
recurso de apelación se circunscribe a que el ad quem «examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante» y, por ende, su pronunciamiento debe sujetarse a «los argumentos
expuestos» por este.

Así las cosas, se ha de señalar que el problema jurídico consiste en establecer si
con ocasión del proceso de reestructuración de pasivos por el que estaba
atravesando la Contraloría Distrital de Barranquilla y el ente territorial, se suspendió
o no el término de prescripción, a fin de determinar si la declaratoria de ese
fenómeno, por parte del a quo, está ajustada a derecho.

Con el propósito de resolver lo anterior, sería del caso identificar las particularidades

19 Folio 212.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

del proceso de reestructuración de pasivos a que estuvo sometida la entidad
territorial y su ente de control; sin embargo, en el expediente no hay prueba sobre
tales extremos, pues, según lo relacionado en el acápite 2.3 de esta providencia, la
única constancia de ese proceso de reestructuración de pasivos, en el sub lite, es
la exposición de motivos que le dio origen al Acuerdo 011 de 2006 y el referido
acuerdo.

En tales condiciones, y según lo previsto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, si el demandante pretendía hacer valer la presunta interrupción del término
de prescripción con ocasión del proceso de reestructuración de pasivos, debió
demostrar la suscripción del acuerdo respectivo, el término de duración de dicho
proceso y las determinaciones que allí se adoptaron, para confrontar sus
argumentos con lo decidido y arribar a las conclusiones que de tal análisis derivaran;
sin embargo, como ello no ocurrió en el caso bajo análisis, no puede acudir a ese
argumento para eximirse de la obligación de reclamar oportunamente el derecho
pretendido.

En todo caso, la Sala considera oportuno señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación ha considerado que un proceso de reestructuración, como el que alude
el recurrente, no tiene por virtud suspender el término de prescripción de la sanción
moratoria que surge como consecuencia de la tardanza en el pago de las cesantías,
comoquiera que esta es una penalidad que se causa por el incumplimiento del
empleador y no una prerrogativa laboral, de manera que tal connotación —de
penalidad— le permitía promover el reclamo ante la administración y en sede judicial
aún a pesar de la reorganización financiera por la que estaba atravesando la entidad
territorial y su ente de control, sin que respecto de esta se predicara la suspensión
que se invoca. Así se ha sostenido:

28. Además, la norma transcrita establece una garantía a favor de las obligaciones
laborales causadas durante un proceso de reestructuración. Sin embargo, ello no
puede suspender el término de prescripción de la sanción moratoria, pues dicha
penalidad no constituye una prestación social ni una prerrogativa laboral sino
un apremio al empleador para el reconocimiento oportuno de las cesantías

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

definitivas20, de manera que el acuerdo de reestructuración no le impedía a la
actora efectuar el reclamo ante la administración, pues como se expuso, es una
obligación cuya naturaleza jurídica y exigibilidad difiere sustancialmente de la
prerrogativa laboral.21 [Resalta la Sala]

En las anteriores condiciones, la Sala concluye que el argumento aducido por el
demandante no tiene vocación de prosperidad, pues al tratarse de una penalidad,
debió realizar el reclamo oportuno de esta ante la autoridad correspondiente, y como
no lo hizo, pues las cesantías fueron reconocidas a través de la Resolución 0866
del 26 de julio de 2002 y la reclamación de la sanción moratoria se formuló hasta el
3 de mayo de 2017, es decir, cuando habían transcurrido casi 15 años desde el
momento en que tal penalidad era exigible —19 de octubre de 2002—22 era viable
que el juez de instancia declarara probado el fenómeno extintivo propuesto por la
parte demandada.

Ahora bien, el actor, en el escrito del recurso, plantea un elemento adicional que, en
su sentir, habría dado lugar a la suspensión del término extintivo, que consiste en la
tramitación de un proceso ejecutivo encaminado a obtener el pago de las sumas
reconocidas por concepto de cesantías, a través de la Resolución 0866 del 26 de
julio de 2002; no obstante, en el expediente no obra prueba de la demanda
ejecutiva, a fin de establecer si en ella se pretendió el reconocimiento de la sanción
moratoria que se reclama en este asunto y, con ello, identificar si su tramitación
tenía incidencia en torno a esa pretensión.

No obstante, al revisar la información suministrada por el demandante, en particular

20 Cita propia del texto transcrito: «En sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 de fecha 18 de julio

de 2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez se estableció que la sanción moratoria es: «[…] es una
sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de manera
oportuna la mencionada prestación…»
21 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de septiembre de 2020, radicación: 08001 23

33 000 2014 00032 01, número interno: 2318-2015, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En todo caso,
se precisa que esa postura también ha sido acogida por la Subsección A, en sentencia del 29 de
septiembre de 2022, radicación: 08001 23 33 000 2015 00340 01, número interno: 1266-2019, M.P.
William Hernández Gómez.
22 Se precisa que los 45 días con que la administración contaba para realizar el pago de las cesantías

definitivas se cuentan a partir del 15 de agosto de 2002, comoquiera que el 14 de ese mes y año se
notificó la resolución de reconocimiento de esa prestación y, en el expediente no obra prueba de la
fecha de reclamación de tales cesantías.

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

en el hecho 5 de la demanda, se observa que el radicado del proceso ejecutivo fue
08000131050092008038100, lo que se corrobora con la certificación expedida por
el secretario del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, 23 lo que
quiere decir que la acción ejecutiva se inició en el año 2008, es decir, 6 años
después de que se hizo exigible la sanción moratoria, de manera que, en todo caso,
y aun a pesar de que en ese trámite judicial se hubiera pretendido tal penalidad,
este no habría tenido la virtualidad de interrumpir el fenómeno prescriptivo, pues ya
se había configurado desde el 19 de octubre de 2005, esto es, tres años después
del momento en que se hizo exigible y tres años antes del inicio del proceso
ejecutivo que se pretende invocar como hito de suspensión del término extintivo.

En las anteriores condiciones, la Sala concluye que el señor Durán Aguilar no logró
demostrar que, en el caso bajo análisis, no se configuró el fenómeno extintivo y ello
da lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la
excepción que, al respecto, propusieron el Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla y la Contraloría Distrital.

2.5. Condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,24 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las
partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,25 la Sala se abstendrá de

23 Folio 22.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
25 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, pues aunque no
prosperó el recurso de apelación, la postura jurisprudencial, en lo que respecta a la
prescripción extintiva de la sanción moratoria, fue definida durante el curso del
proceso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró probada la excepción de prescripción extintiva
propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la
Contraloría Distrital, y denegó las pretensiones de la demanda, y no se impondrá
condena en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de
prescripción extintiva propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y la Contraloría Distrital, y denegó las pretensiones de la demanda en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor
Onocíforo Rafael Durán Aguilar, en contra de las autoridades ya citadas, por las
razones expuestas en las consideraciones que anteceden.

Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería adjetiva al abogado Jhan Carlos Santos López,

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Radicado: 08001 23 33 000 2017 01048 01 (2018-2020)
Demandante: Onocíforo Rafael Durán Aguilar

como apoderado de la Contraloría de Barranquilla, de conformidad con el poder que
aparece en el índice 18 de la plataforma Samai.

Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

18

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