Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01659-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01659-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01659-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
6 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01659-01
Accionante: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA
Se confirma la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01659-01
Accionante: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA
Accionada: Consejo de Estado, Sección Primera
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Multa por falta a los deberes de
las partes / Se confirma la improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 19 de julio de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual
se declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional de la acción de
tutela adelantada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico contra los
autos del 31 de marzo y 7 de octubre de 2022 de la Sección Primera del Consejo de
Estado.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 31 de marzo de 2023, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
interpuso –por medio de apoderado– una acción de tutela contra la Sección Primera
del Consejo de Estado. La accionante consideró vulnerado su derecho fundamental
al debido proceso por la imposición de una multa por no remitir copia a la contraparte
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de un memorial con solicitud de remisión del proceso por competencia, en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-23-
33-000-2017-01047-01.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<Primero. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
material a la administración de justicia y cualquier otro que considere el despacho
vulnerado en prevalencia del derecho sustantivo sobre el procesal.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sección Primera del
Honorable Consejo de Estado, dejar sin efecto los autos objetos de la acción
constitucional y convoque el conflicto de competencias solicitado>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El Distrito de Barranquilla demandó en nulidad y restablecimiento del derecho a
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para que se declarara la nulidad de
los actos administrativos que liquidaron intereses por el pago tardío del porcentaje
ambiental y que se abstuviera de ejecutar la obligación a través de un proceso
coactivo.
3.2.- El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda
mediante sentencia del 13 de septiembre de 2019. El Distrito de Barranquilla apeló
la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico y el recurso de apelación fue
repartido a la Sección Primera del Consejo de Estado.
3.3.- El 6 de julio de 2021, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico presentó
un memorial ante la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual solicitó
la remisión del proceso por competencia a la Sección Cuarta del Consejo de Estado
o, subsidiariamente, a la Sala Plena del Consejo de Estado, para resolver el conflicto
de competencias. Lo anterior, con fundamento en que el proceso no. 08001-23-33-
000-2017-01048-01, que trata un caso de igual naturaleza y en el que participan los
mismos sujetos, fue repartido a la Sección Cuarta.
3.4.- El 12 de julio de 2021 el Distrito de Barranquilla informó al despacho que la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico no le envió copia del memorial y solicitó
la aplicación de la sanción establecida en el numeral 14 del artículo 78 del CGP.
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Aseguró que desconocía el contenido del memorial y que solo se enteró de su
radicación por el registro de la actuación en la página web del Consejo de Estado.
3.5.- Mediante auto del 31 de marzo de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado multó con un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico por no remitir copia a la contraparte del memorial,
lo cual constituye un incumplimiento a los deberes procesales establecidos en el
Decreto 806 de 2020.
3.6.- La Corporación Autónoma Regional del Atlántico interpuso recurso de
reposición y en subsidio de súplica contra la anterior decisión. Alegó que la multa no
está prevista en el Decreto 806 de 2020 y que la Ley 2080 de 2021 no se encontraba
vigente.
3.7.- Mediante auto del 7 de octubre de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado resolvió la reposición, confirmó la imposición de la multa y rechazó el recurso
de súplica.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que la providencia objeto de reproche vulneró sus derechos
fundamentales porque incurrió en (i) una violación directa de la Constitución, (ii) un
error inducido o por consecuencia, (iii) un defecto sustantivo y (iv) un defecto fáctico.
4.1.- Sobre la violación directa de la Constitución, señala que la Sección Primera del
Consejo de Estado infringió el artículo 29 de la Constitución, pues la sanción se
impuso sin el agotamiento de los procedimientos establecidos en los artículos 59 y
60A de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
4.2.- Alega también un defecto sustantivo, con base en que el Decreto 806 de 2020
no contempló la imposición de sanciones por no surtir el traslado de memoriales. Así
mismo, señala que el artículo 46 de la Ley 2080 de 20211 no es aplicable al caso
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<<ARTÍCULO 46. Modifíquese el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
ARTÍCULO 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las
actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con
mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.
Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los
sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y
notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del
artículo 78 del Código General del Proceso (…)>>.
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concreto, pues esta norma no estaba vigente al momento de la interposición del
recurso de apelación contra la sentencia del 13 de noviembre de 2019 del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
4.3.- Según la accionante, el artículo 186 del CPACA –modificado por el artículo 46
de la Ley 2080 de 2021– remite al numeral 14 del artículo 78 del Código General del
Proceso, por lo que << mal podría aplicarse la misma en atención a que, la norma
que remite al CGP no es aplicable porque el régimen de transición de la ley 2080 de
2021 no lo permite>>. Añade que, en materia de penas y sanciones, debe aplicarse
la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior.
4.4.- Considera que se configuró un error inducido o por consecuencia, toda vez que
el despacho impuso la multa con ocasión de la solicitud de la contraparte, quien en
todo caso conoció el asunto y alegó el traslado por la falta de competencia.
4.5.- Alega un defecto fáctico porque sostiene que <<la conducta objeto de reproche
fue subsanada dado que el despacho descorrió el traslado a la contraparte y se pudo
tener conocimiento del mismo, presentar el memorial de oposición, por lo cual, no se
causó daño alguno ni hubo la intención del mismo>>. Lo anterior, con fundamento
en la sentencia del 21 de febrero de 2019 de la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado.
4.6.- Agrega que la competente para conocer el proceso ordinario era la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que conoció y resolvió un asunto con similares
supuestos normativos y fácticos.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Sección Primera del Consejo de Estado (accionada) solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela porque no supera los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad. Señaló que la accionante pretende reactivar el
debate del proceso ordinario y que los cargos relacionados con el artículo 59 de la
Ley Estatutaria 270 de 1996 y la aplicación analógica de los artículos 46 de la Ley
2080 de 2021 y el artículo 78 del CGP no fueron propuestos en el recurso de
reposición, de modo que resultan novedosos y el despacho no tuvo la oportunidad
de resolverlos en el auto del 7 de octubre de 2022.
5.1.- Indicó que el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria 270
de 1996 no se extiende al deber consagrado en el numeral 14 del artículo 78 del
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CGP2, pues la norma no hace una remisión expresa al artículo 59 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996 y, además, trata sobre un deber puntual, claro y preciso.
5.2.- Señaló que en la providencia del 7 de octubre de 2022 sustentó por qué el
artículo 46 de la Ley 2080 de 2021 sí podía aplicarse al caso, aun cuando fue
promulgado después de la sentencia de primera instancia, así como los argumentos
por los que el numeral 14 del artículo 78 del CGP no fue suspendido por el Decreto
806 de 2020. Aseguró que no utilizó analógicamente los artículos 46 de la Ley 2080
de 2021 y 78 del CGP, sino que los aplicó de manera directa, pues estas normas
regulan de forma especial la materia objeto de controversia.
5.3.- Afirmó que si bien el auto del 31 de marzo de 2022 corrió traslado del memorial,
ello no excusa la imposición de la multa, pues es evidente que la accionante
incumplió los deberes procesales a su cargo. Además, el artículo 46 de la Ley 2080
de 2021 y el numeral 14 del artículo 78 del CGP no exigen que el juez acredite una
conducta dolosa para imponer la multa.
5.4.- Finalmente, resaltó que los reparos relacionados con la falta de competencia de
la Sección Primera del Consejo de Estado fueron resueltos en auto del 16 de febrero
de 2023. El accionante presentó reposición contra esta providencia y, actualmente,
la resolución del recurso está en proceso.
6.- El Distrito de Barranquilla (tercero interesado) solicitó su desvinculación del
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no es responsable del
menoscabo alegado por la accionante.
7.- El Tribunal Administrativo del Atlántico (tercero interesado) guardó silencio.
E. Fallo impugnado
8.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional mediante sentencia del 19 de julio de
2023.
2 <<Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados: (…) 14.
Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de
correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales
presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar
el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la
actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo
legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción>>
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9.- Para sustentar su decisión, expuso que la accionante reiteró los argumentos
esgrimidos en el proceso ordinario, relacionados con que el Decreto 806 de 2020 no
estableció sanciones y con la indebida aplicación de los artículos 46 de la Ley 2080
de 2021 y 78 del CGP. Además, que los reparos que ahora se pretenden en sede de
tutela se limitan a la mera determinación de aspectos legales y procesales.
F. Impugnación
10.- La Corporación Autónoma Regional del Atlántico impugna la sentencia del 19 de
julio de 2023 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante escrito radicado
31 de julio de 2023. Insiste en que la providencia objeto de reproche incurrió en una
violación directa de la Constitución por no haberse agotado el procedimiento previsto
en el artículo 59 de la Ley 270 de 1996, un error inducido, un defecto sustantivo por
indebida aplicación e interpretación del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2080 de 2021
y un defecto fáctico porque la conducta fue subsanada cuando el despacho corrió
traslado del memorial mediante auto del 31 de marzo de 2022.
11.- Sostiene, además, que la acción de tutela sí tiene relevancia constitucional
porque está relacionada con la vulneración al debido proceso en la actuación
sancionatoria.
II. CONSIDERACIONES
12.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se confirmará la decisión de
declarar la improcedencia de la acción de tutela porque no está acreditado el requisito
de relevancia constitucional. Lo anterior en virtud de que la solicitud de amparo reitera
los mismos argumentos que fueron planteados en el recurso de reposición y
resueltos en el auto del 7 de octubre de 2022 por la Sección Primera del Consejo de
Estado3.
G. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, los cargos formulados
en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperar
13.- En primer lugar, la Sala no advierte una violación directa de la Constitución. En
efecto, como señaló la Sección Primera del Consejo de Estado, el numeral 14 del
3 El magistrado ponente considera que la presente tutela sí cumple con el requisito de relevancia constitucional
porque la accionante alegó la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y explicó los vicios que
consideró configurados en las providencias reprochadas. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala,
según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple
con este requisito.
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artículo 78 del CGP no hace una remisión expresa al artículo 59 de la Ley 270 de
1996, como sí sucede con los numerales 1 a 5 del artículo 44 del CGP 4. Por lo tanto,
como el legislador no exigió agotar el procedimiento previsto en el artículo 59 de la
Ley 270 de 1996 para la imposición de la multa por el desconocimiento del deber de
trasladar los memoriales a la contraparte por correo electrónico, no se constata una
vulneración directa del artículo 29 de la Constitución.
14.- Sobre el defecto sustantivo, se constata que el memorial con la solicitud de
cambio de sección se radicó en vigencia de la Ley 2080 de 2021, por lo que no le
asiste razón al accionante al afirmar que el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021 no es
aplicable al caso. Según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 (modificado por el
artículo 624 del CGP), <<las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar
a regir>>, salvo que se trate de actos procesales que se surtieron o decretaron antes
de la promulgación de la norma.
14.1.- En concordancia con lo anterior, el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021
establece que las modificaciones al CPACA rigen desde su publicación –el 25 de
enero de 2021–, excepto cuando se trata de (i) las normas que modifican las
competencias de los juzgados, tribunales administrativos y del Consejo de Estado y
el dictamen pericial, cuya vigencia fue diferida por el legislador, y (ii) procesos y
trámites iniciados antes de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con
el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 (modificado por el artículo 624 del CGP).
14.2.- En consecuencia, como el memorial con la solicitud de cambio de sección se
radicó el 6 de julio de 2021, y la vigencia de la Ley 2080 de 2021 inició el 25 de enero
de 2021, las disposiciones sobre actuaciones a través de las tecnologías de la
información y las comunicaciones contenidas en el artículo 46 de la Ley 2080 de
2021, incluyendo el deber de enviar a las demás partes del proceso un ejemplar de
los memoriales presentados, sí le son aplicables.
14.3.- Además, contrario a lo que afirma la accionante, no se evidencia que el artículo
3 del Decreto 806 de 2020 hubiese derogado el numeral 14 del artículo 78 del CGP,
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<<Artículo 44. Poderes correccionales del juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez
tendrá los siguientes poderes correccionales: (…)
Parágrafo. Para la imposición de las sanciones previstas en los cinco primeros numerales, el juez seguirá el
procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El juez aplicará la
respectiva sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta. Cuando el infractor no se encuentre presente, la
sanción se impondrá por medio de incidente que se tramitará en forma independiente de la actuación principal
del proceso. Contra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposición, que se resolverá de
plano>>.
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Accionante: Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA
Se confirma la sentencia de primera instancia
pues no consagró una derogación expresa ni se evidencia una contradicción entre
ellas. Por el contrario, ambas normas guardan correlación.
15.- Por otro lado, la Sala concuerda con la Sección Primera del Consejo de Estado
en que no se configura un defecto fáctico porque el despacho hubiera corrido traslado
del memorial mediante auto del 31 de marzo de 2022, pues el traslado se dio con
ocasión a que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico no observó su deber
procesal de remitir copia del memorial al correo electrónico de la contraparte.
16.- La accionante tampoco no logró demostrar la existencia de un defecto por error
inducido. No indicó ni acreditó cuál fue el presunto engaño que llevó a la Sección
Primera del Consejo de Estado a imponer la multa.
17.- Finalmente, no se concederá la solicitud de desvinculación elevada por el Distrito
de Barranquilla, toda vez que fue vinculado al presente proceso de tutela en calidad
de tercero con interés.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 19 de julio de 2023 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO. NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por el Distrito de
Barranquilla.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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