Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01376-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01376-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-01376-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1
Tema: Pensión de vejez / alto riesgo / bombero
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ramón Nicolás Herrera Serret presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones GNR 281992 del 11 de
agosto de 2014, GNR 172898 del 12 de junio de 2015 y VPB 13641 de 22 de marzo
de 2016 mediante las cuales Colpensiones negó el reconocimiento y pago de la
pensión especial de vejez, por cuanto no acreditó los requisitos previstos en la Ley
797 de 2003.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
1 En adelante Colpensiones.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
solicitó i) el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo,
a partir del 11 de septiembre de 2012, con el 90% del IBL ii) el pago del retroactivo
pensional desde el 11 de septiembre de 2012 y «a título de sanción moratoria, por cada
día de demora, a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión y hasta cuando el pago
se verifique» y iii) el pago de la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
4. Ramón Herrera Serret prestó sus servicios en las siguientes entidades:
Desde Hasta Entidad
15 de marzo de 1979 1 de octubre de 1979 Todomar Ltda
1 de mayo de 1985 31 de enero de 1986 Morrison Knudesn Int Co Inc
15 de abril 1988 31 de mayo de 1988 Suárez y Ordosgoitia Ltda
10 de julio de 1990 30 de agosto de 1993
Alcaldía Distrital de Barranquilla
4 de abril de 1994 31 de marzo de 2014
5. Laboró en el Departamento de Bomberos de la Secretaría de Gobierno de manera
continua por 23 años y 1 mes, periodo en el que se desempeñó como «motorista
operario»
6. Durante toda su historia laboral cotizó por 24 años, 5 meses y 10 días.
7. El 12 de marzo de 2014, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión especial
de vejez, el cual fue negado por Colpensiones mediante las resoluciones GNR
281992 del 11 de agosto de 2014 y GNR 172898 del 12 de junio de 2015, por cuanto
no cumplía con los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. Como tales, señalaron los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; Ley 100
de 1993; los decretos 2351 de 1965, 1068 de 1995 y 2090 de 2003.
8.1. En cuanto al concepto de violación3, expuso lo siguiente:
«Los decretos 1068 de 1995 y 2090 de 2003, determinan una cotización especial,
estipulando que el monto de la cotización al sistema general en pensiones para las
actividades de alto riesgo es el previsto en la ley 100 de 1993 más seis (6) y diez (10)
puntos adicionales (respetivamente) a cargo del empleador.
ED_ONEDRIVE_20231113(.zip) NroActua 2».
3 Índice 2 de Samai, actuación «
2
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
Inicialmente, la pensión especial de vejez por alto riesgo, se reglamentó mediante el
artículo 15 del Acuerdo 049 y el Decreto 758 de 1990, por el ordinal 2, del artículo 139
de la Ley 100 de 1993, fue expedido el Decreto 1281 de 1994, que reglamentó las
actividades de alto riesgo. El artículo 3° dispuso que las condiciones y requisitos para
tener derecho a la pensión especial de vejez son: Haber cumplido cincuenta y cinco (55)
años de edad, y haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas, precisando que la
edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año
por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras 1000
semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.
Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 2090 de 2003, incluyendo más
actividades de alto riesgo, precisando que los afiliados al régimen de prima media con
prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades riesgosas, durante por lo menos 700 semanas
continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan
los siguientes requisitos: Haber cumplido 55 años de edad; Haber cotizado el número
mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9° de la Ley 797 de 2003.
En relación con la edad para el reconocimiento especial de vejez señaló que esta se
disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser
inferior a cincuenta (50) años.
Esta prestación especial exige al empleador el pago de 6 puntos adicionales al monto
de la cotización al sistema, por tratarse de una actividad riesgosa. El pago de ese
porcentaje adicional debe exigirse al empleador, por parte de la entidad a la cual
estuviera afiliado el empleado, incluso se puedan imponer sanciones por las vías
legalmente establecidas sin que los trabajadores asuman las consecuencias negativas
de la falta de pago o la mora del empleador» (sic).
1.2. Contestación de la demanda
9. No presentó escrito de contestación de la demanda .
1.3. La sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:
4 Índice 2 de Samai, actuación «ED_ONEDRIVE_20231113(.zip) NroActua 2».
3
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
11. Ramón Nicolás Herrera Serrat prestó sus servicios en la Alcaldía Distrital de
Barranquilla, en el Cuerpo de Bomberos desde el 10 de junio de 1990 hasta el 31
de marzo de 2014, tiempo durante el cual desempeñó los cargos de teniente y de
bombero; sin embargo, no resultó probado que entre sus funciones específicas
estuviera actuar en las operaciones de extinción de incendios y demás emergencias
relacionadas con el cuerpo de bomberos, toda vez que en la certificación laboral
aportada solo se especificaron las funciones que cumplió en los empleos de
«OPERARIO, Código y Grado 487 – 05, SECRETARIO DE GOBIERNO» entre el 22 de marzo
de 2011 y el 31 de marzo de 2014.
12. Por lo anterior, no es procedente el reconocimiento de la pensión especial de
vejez, toda vez que, de conformidad con los artículos 2.5 y 3 del Decreto 1835 de
1994, es necesario establecer «con toda claridad el tiempo y, la verdadera exposición a
la actividad de alto riesgo a la que estuvo sometido y si en gracia de discusión estuviera,
que en los cargos de Teniente y Bombero el actor “[actuó] en las operaciones de extinción
de incendios y demás emergencias relacionadas con el objeto de los cuerpos de bomberos”
lo cierto es que el tiempo laborado en dicho período (desde el 22 de marzo de 2011 hasta
el 31 de marzo de 2014) no corresponde a las semanas exigidas por la norma para ser
beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003,
y en ese orden, tener la posibilidad de que el estudio de la pensión especial» objeto de
litigio.
1.4. El recurso de apelación
13. Ramón Nicolás Herrera Serrat interpuso recurso de apelación5, con fundamento
en lo siguiente:
14. «Difiero de las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta que la Alcaldía Distrital
de Barranquilla, en todo momento a los miembros del cuerpo de Bomberos de Barranquilla,
les ha vulnerado los derechos fundamentales de todo trabajador, iniciando con el no pago
de los 6 y 10 puntos adicionales y no darle cumplimiento a las normas establecidas en
cuanto al funcionamiento del cuerpo de bombero y prueba de ello es que al momento de
emitir la certificación de las funciones que ejercía mi poderdante como teniente, bombero y
operario – maquinista, no tuvo en cuenta lo establecido en la Ley 1575 de 2012, por medio
de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia y en su artículo 22 señala
cuales son las funciones esenciales» (sic).
15. En ese sentido, las funciones de un motorista, oficial o suboficial de servicio
están relacionadas con elaborar estrategias para extinguir el incendio, tales
funcionarios tienen la calificación nivel 5 que se le otorga a un trabajador que realiza
actividades de alto riesgo. De otra parte, en la certificación expedida por la Alcaldía
5 Índice 2 de Samai, actuación «ED_ONEDRIVE_20231113(.zip) NroActua 2».
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
de Barranquilla no fue tenido en cuenta el Decreto 2090 de 2003, toda vez que el
demandante durante más de 20 años puso en riesgo su vida para salvar la de otros.
Además, hasta el 26 de julio de 2017 «es cuando se implementa el manual de funciones
y competencias específicas, en donde se puede observar que las funciones que aparecen
en la certificación emitida anexa al bono pensional, son totalmente diferentes a las
realizadas por un teniente, bombero y operario – maquinista, quien las venía ejerciendo
desde que ingreso a la planta de personal del cuerpo de bomberos» (sic).
16. Finalmente, la certificación proferida por el ente territorial no se encontraba
acorde con la realidad, comoquiera que resultaba evidente que cualquier ejercicio
como bombero, teniente, sargento o motorista resultaba de alto riesgo, sin que fuese
necesario aportar algún elemento probatorio adicional para su acreditación, pues a
las emergencias no asisten con el fin de «tomarse fotos», sino para controlar y evitar
accidentes que pueda costarles la vida.
1.5. Trámite en segunda instancia
17. Con el recurso de apelación6 fue allegada la copia de los «nuevos manuales de
funciones de los tres cargos ejercidos […], en donde se puede observar que es totalmente
diferente al expedido por la Alcaldía inicialmente y […] desde que inició a laborar en el
cuerpo de bomberos siempre ha realizado la función esencial de extinguir incendios» (sic).
18. Mediante auto proferido el 30 de abril de 2025 fue negada la solicitud probatoria
en segunda instancia y se decretó como prueba de oficio «el manual de funciones de
los 3 cargos de ‘bomberos código 475, grado 02; teniente de bomberos código 419, grado
06, operario código 487, grado 05».
1.6. Concepto del Ministerio Público
19. En esta oportunidad el Ministerio Público no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
20. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 7 el
problema jurídico se circunscribe a determinar:
20.1. ¿Si durante el periodo en el que Ramón Nicolás Herrera Serrat ocupó los
6 Índice 2 de Samai, actuación «ED_ONEDRIVE_20231113(.zip) NroActua 2»
7 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
empleos de teniente, bombero y operario – maquinista, desempeñó actividades de
alto riesgo?
20.2. Y si la respuesta al anterior interrogante es positiva, ¿Si el demandante contaba
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión especial de
vejez por alto riesgo?
2.2. Marco normativo
2.2.1. El Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo dentro del
sistema de seguridad social
21. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte8. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas9.
22. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción10. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»11. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
23. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos12. Está integrado por dos regímenes
8 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
9 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
10 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
11 Preámbulo y artículo 6.
12 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad». Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos,
la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del
Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que
reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.
24. En este sentido, en el artículo 279 ibidem fue establecida la existencia de unos
regímenes exceptuados del Sistema General, tales como el presidente de la
República, la fuerza pública y los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y de otros que, a pesar de hacer parte de ese
sistema se erigieron como regímenes especiales de actividades de alto riesgo con
características más favorables en cuanto a los requisitos de edad y semanas
cotizadas.
25. A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
dispuesto en la Ley 100 de 1993 se unificó el régimen pensional; no obstante, en
atención a lo dispuesto en el artículo 140 ibidem, sería el gobierno nacional el que
definiría «el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto
riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos».
Además, la norma dispuso que este establecería los puntos porcentuales
adicionales de cotización a cargo del trabajador y/o el empleador, según cada
actividad.
26. Ahora, en virtud de lo manifestado en el artículo 273 de igual normativa 13 fue
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
13 «Régimen Aplicable a los Servidores Públicos. El Gobierno Nacional, sujetándose a los objetivos,
criterios y contenido que se expresan en la presente Ley, y en particular a lo establecido en los
artículos 11 y 36 de la misma, podrá incorporar, respetando los derechos adquiridos, a los servidores
públicos, aun a los congresistas, al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
La seguridad social procurará ser universal para toda la población colombiana».
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
proferido el Decreto 691 de 1994 en el cual fueron incorporados los servidores
públicos al sistema general de pensiones y se estableció en el artículo 5 que: «[l]os
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se entienden
incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicarán las condiciones
especiales que para cada caso se determinen».
27. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno nacional profirió el Decreto 1835
del 3 de agosto de 199414, por el cual clasificó como actividad de alto riesgo, la
desarrollada por los capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos I, sargentos II,
cabos y bomberos de los Cuerpos de Bomberos «que tengan como una de sus
funciones específicas actuar en las operaciones de extinción de incendios y demás
emergencias relacionadas con el objeto de los cuerpos de bomberos». Quienes serían
acreedores de una pensión especial de vejez, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 3. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos
que ingresen a partir de la vigencia del presente Decreto, a las actividades previstas en
los numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán derecho a la pensión especial de vejez,
cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. 55 años de edad.
2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1º de
este artículo.
La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en un
año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras
1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.
ARTÍCULO 12. Monto de las cotizaciones. El monto de la cotización para las
actividades de alto riesgo de que trata este Decreto, es el previsto para el sistema
general de pensiones por la Ley 100 de 1993 más 6 puntos adicionales, a cargo
exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de la rama judicial y el Ministerio Público,
y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades empleadoras de
que trata este Decreto.
Cuando se trate de afiliados beneficiados por los regímenes de transición especiales
descritos en los artículos 4º, 7º, 9º y 10, de este Decreto, el régimen de cotizaciones
será el ordinario, señalado para pensiones por la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
excepto cuando el servidor público desarrolle cualquiera de las actividades de alto
riesgo señaladas en el artículo 2º del presente Decreto, en cuyo caso se causarán las
cotizaciones especiales adicionales antes señaladas».
28. Como corolario, la labor de algunos servidores que hacen parte de los cuerpos
de bomberos tenía la naturaleza de alto riesgo, de manera que estaba sujeta a lo
previsto en el Decreto 1835 de 1994. Asimismo, en el artículo 4 de esa normativa
14
«Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
8
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se dispuso un régimen de transición para los empleados enumerados en el numeral
1 del artículo 2, de la siguiente forma:
«Régimen de transición. Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo
que laboren en las actividades descritas en el numeral 1º del artículo 2º de este
Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán
condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión
de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas
cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993».
29. Por su parte, a través del artículo 1 del Decreto 898 de 1996 modificó el anterior
artículo 4, para tal efecto corrigió un error tipográfico, respecto de la inclusión en la
transición de los servidores del cuerpo de bomberos.
30. Posteriormente, el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades
extraordinarias otorgadas en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 «[p]or la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales», profirió el Decreto 2090 de 2003 «[p]or la cual se definen las actividades de
alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos
y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades», mediante el cual derogó el citado Decreto 1835 de 1994, e indicó lo
siguiente:
«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.
NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-663 de 2007, en el entendido de que para el cómputo de las "500
semanas de cotización especial", se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de
alto riesgo».
31. Al respecto, esta Corporación consideró que para acceder al mencionado
régimen especial, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial,
exigir el cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 resultaba desproporcionado, de manera que concluyó que para los
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
servidores públicos que ejercieran actividades de alto riesgo que estuvieran
amparados por el Decreto 1835 de 1994, y resultaran beneficiarios del régimen de
transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, por contar con al menos 500
semanas para el 28 de julio de 2003, tendrán derecho al reconocimiento de la
prestación en iguales condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban actividades del alto riesgo15, es decir el Decreto 1835 de 1994, siempre
que cumplieran con el número mínimo de semanas dispuesto en la Ley 797 de 2003,
el cual corresponderá a 1000, según lo manifestado por esta Subsección en la
sentencia del 29 de junio de 2017:
«Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse como requisito
necesario para ser beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder
al derecho pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de
cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de
alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994,
artículo 6»16.
32. Respecto del número de semanas dispuesto en la Ley 797 de 2003, el artículo
33 de la Ley 100 de 1993 estipuló lo siguiente:
«Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener el derecho a la Pensión
de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años
si es hombre.
A partir del 1º. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57)
años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1º. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y
a partir del 1º. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015» (Resalta la Sala).
33. Luego, para acceder a la pensión de vejez del régimen de la Ley 100 de 1993
se debe acreditar: a) 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del 1° de
enero de 2014 serán 57 y 62, en su orden; y b) 1000 semanas cotizadas en cualquier
tiempo, las cuales aumentan a partir de 2005, así:
Año Semanas
15 Al respecto se pueden encontrar las consideraciones expuestas por esta Corporación en las
sentencias del 12 de junio de 2014, expediente 3287-2013, del 22 de abril de 2015, expediente 255-
13 y del 27 de octubre de 2013, expediente (2019-2020).
16 Expediente 08001-23-33-000-2012-00062-0 (0391-14).
10
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
2003 1000
2004 1000
2005 1050
2006 1075
2007 1100
2008 1125
2009 1150
2010 1175
2011 1200
2012 1225
2013 1250
2014 1275
2015 1300
34. Asimismo, el Decreto 2090 de 2003 estipuló como requisitos para el
reconocimiento de la pensión especial de vejez, haber realizado cotizaciones
especiales por 700 semanas y cumplido 55 años de edad, además la cantidad
mínima de semanas previstas en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003.
35. Por otra parte, a través de la Ley 1575 de 2012 [Ley General de Bomberos]
fueron determinadas las funciones del cuerpo de bomberos:
«Artículo 22. Funciones
Los cuerpos de bomberos tendrán las siguientes funciones:
1. llevar a cabo la gestión integral del riesgo en incendios que comprende:
a) Análisis de la amenaza de incendios;
b) Desarrollar todos los programas de prevención;
c) Atención de incidentes relacionados con incendios;
d) Definir, desarrollar e implementar programas de mitigación;
e) Llevar a cabo los preparativos tanto en los cuerpos de bomberos, como en la
comunidad y todas las instalaciones de personas de derecho público y privado para
garantizar la respuesta oportuna, eficiente y eficaz.
2. Adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates, tanto
en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en todas las instalaciones de
las personas de derecho público y privado, de acuerdo con sus escenarios de riesgo.
11
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
3. Adelantar los preparativos, coordinación y la atención de casos de incidentes con
materiales peligrosos, tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en
todas las instalaciones de las personas de derecho público y privado, de acuerdo con
sus escenarios de riesgo.
4. Investigar las causas de las emergencias que atienden y presentar su informe
oficial a las autoridades correspondientes.
5. Servir de organismo asesor de las entidades territoriales en temas relacionados
con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana.
6. Apoyar a los comités locales de gestión del riesgo en asuntos bomberiles.
7. Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones de los
bomberos de Colombia.
8. Prestación del servicio de traslado de pacientes para la atención de emergencias
médicas en salud de forma subsidiaria».
36. Respecto del régimen de personal, en el Decreto Ley 256 de 2013 «[p]or el cual
se establece el Sistema Específico de Carrera para los Cuerpos Oficiales de Bomberos»
fue previsto el sistema aplicable para los empleados de carrera de esos cuerpos
que ejercieran funciones relacionadas con la gestión integral del riesgo contra
incendios, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y de
incidentes con materiales peligrosos17.
37. A su vez, los empleados del cuerpo de bomberos se dividen en los
pertenecientes al nivel operativo y los del nivel administrativo, así:
«Artículo 4°. Clasificación de los empleos. Los empleos públicos de la planta de
personal de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, son de carrera, con excepción de los
de libre nombramiento y remoción, que corresponde a los cargos de Director y
Subdirector, los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan
asignadas funciones de ase-soría institucional, asistenciales o de apoyo que estén al
servicio directo e inmediato de los empleos de director y subdirector, siempre y
cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos y los
empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros
y/o valores del Estado.
Los empleos públicos de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, estarán agrupados así:
A. Operativo
Está integrado por los empleos que tienen asignadas funciones misionales
17 «Artículo 3°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto son
aplicables a los empleados de carrera de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, que ejerzan funciones
relacionadas con la Gestión Integral del Riesgo contra Incendios, los preparativos y atención de
rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos».
12
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
relacionadas con la gestión del Riesgo y Desastres, el cual se regirá por el Sistema
Específico que se adopta en el presente decreto.
B. Administrativo
Está integrado por los empleos que tienen asignadas funciones administrativas o de
apoyo al área misional; y estarán regidos en el ingreso, permanencia y retiro por el
Sistema General de Carrera Administrativa».
38. Para el nivel operativo fue estipulado un escalafón conformado por 2 categoría
correspondientes a oficiales y suboficiales:
«[…] a) Categoría de Oficiales:
1. Comandante de Bomberos.
2. Subcomandante de Bomberos.
3. Capitán de Bomberos.
4. Teniente de Bomberos.
5. Subteniente de Bomberos.
b) Categoría de Suboficiales:
1. Sargento de Bomberos.
2. Cabo de Bomberos.
3. Bombero.
Los anteriores grados son los máximos establecidos para el Escalafón del Sistema
Específico de Carrera para los Cuerpos Oficiales de Bomberos.
Corresponderá a cada municipio, a través de la autoridad competente, adoptar la
planta de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos que requiera para el cumplimiento
de la función, para lo cual deberá respetar la gradualidad del escalafón con el fin de
permitir la movilidad de los servidores al interior del mismo».
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
40. Ramón Nicolás Herrera Serret nació el 11 de septiembre 195718.
41. El 23 de diciembre de 2011, el gerente de gestión humana de la Alcaldía del
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla certificó que Ramón Nicolás
Herrera Serret estaba vinculado en el cargo de operario código y grado 487-05, en
18 Según las copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil, obrante en el Índice 2 de Samai,
actuación «ED_ONEDRIVE_20231113(.zip) NroActua 2».
13
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
la Secretaría de Gobierno desde el «22 de marzo de 2011» hasta al menos la
expedición de ese documento.
42. El gerente de gestión humana de la Alcaldía de Barranquilla, mediante el formato
1 expedido el 2 de enero de 2012, certificó los cargos desempeñados por el
demandante así:
Cargo Desde Hasta
Operador II- Cuerpo de bomberos municipal, Secretaría de Gobierno 10/07/1990 30/12/1992
Teniente del Departamento Técnico Operativo del Cuerpo de 01/01/1993 30/08/1993
Bomberos, Secretaría de Gobierno municipal
Bombero, Unidad Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gobierno 04/04/1994 30/12/1994
distrital
Motorista, Cuerpo de bomberos, Secretaría de Gobierno distrital 01/01/1995 05/10/1998
Operario, División operativa, Cuerpo de Bomberos, Secretaría de 06/10/1998 13/09/2001
gobierno
Operario código y grado 625-06, División Operativa, Departamento 14/09/2001 03/08/2004
de Cuerpo de Bomberos
Operario código y grado 625-08, Departamento Cuerpo de 04/08/2004 30/12/2005
Bomberos, Secretaría de Gobierno
Operario código y grado 487-07, oficina del Cuerpo Oficial de 01/01/2006 30/12/2008
Bomberos del Distrito de Barranquilla, Secretaría del Interior y
Participación Ciudadana
Operario código y grado 487-05, Cuerpo Oficial de Bomberos del 31/12/2008 21/03/2011
Distrito, Secretaría de Gobierno
43. El 6 de marzo de 2012, Positiva Compañía de Seguros S.A. en el formulario de
novedades de ingreso y retiro del trabajador dependiente, calificó con 5 la clase de
riesgo del demandante cuyo cargo era el de operario de bomberos.
44. El 15 de enero de 2014, por medio de la Resolución 060 la gerente de gestión
humana de la Alcaldía de Barranquilla reconoció provisionalmente la pensión
especial de alto riesgo a favor del demandante, a partir del «mes de abril» de 2014,
en cuantía de $2’212.796, en la cual se indicó que el ingreso a la nómina de
pensionados estaría supeditada al comprobante de radicación de la solicitud de
reconocimiento pensional en Colpensiones. Además, se consideró que, en el evento
de no lograr la sustitución de esa prestación dentro de los 2 años siguientes a la
ejecutoria de ese acto administrativo, el distrito asumiría definitivamente esa
pensión.
44.1. En las consideraciones del acto relacionado en el párrafo anterior se indicó:
«Que el señor ramón NICOLÁS HERRERA SERRET, se encuentra prestando sus servicios al
Distrito de Barranquilla desde el 10 de julio de 1990 ocupando a la fecha el cargo de
bombero, código y grado 487-05, contando a la fecha con más de 22 años de servicio,
14
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
de las cuales una parte se encuentran cotizadas en la Administradora Colombiana de
Pensiones COLPENSIONES, y otra se reconocerán a través de bono pensional.
Que […] en su calidad de bombero, del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, es
beneficiario de la Ley 2090 de 2003, que en el artículo 2 clasifica las actividades de alto
riesgo, incluyendo en el numeral 6 de la norma a las realizadas por los cuerpos de
bomberos, para aquellos trabajadores cuya función específica sea de apagar incendios.
[…]
Que verificada la historia laboral […] se encontró que se encuentra afiliado al régimen
de prima media con prestación definida y ha prestado sus servicios en actividades de
alto riesgo (bombero) durante más de 20 años en el Distrito de Barranquilla.
[…]
Que la entidad encargada del reconocimiento de la pensión especial de alto riesgo
conforme a los criterios definidos en el Decreto 2090 de 2003, es el Instituto de Seguros
Sociales, entidad que fue liquidada mediante Decreto 2011 de 2012, manifestando en la
misma norma que la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, asumiría
la administración del régimen de prima media con prestación definida que estaba a cargo
del mencionado instituto, correspondiéndole a esta última la recepción de las
cotizaciones y al reconocimiento y pago de la pensión especial de alto riesgo.
Que el tiempo de servicio y/o semanas cotizadas del señor RAMÓN NICOLÁS HERRERA
SERRET, laborado en el Distrito es de más de 20 años, no obstante no aparece reportado
el número de semanas cotizadas que conforme a este tiempo debería tener y que le
permitiera acceder a la pensión conforme a los parámetros del Decreto 2090 de 2003,
proceso que está realizando el Distrito, con el fin que sea COLPENSIONES, quien asuma
la pensión.
Que el Distrito ha estado gestionando ante el Instituto de Seguros Sociales y ahora la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, la liquidación de los valores
adeudados por concepto de cotización especial de los empleados en actividades de alto
riesgo, incluido el señor RAMÓN NICOLÁS HERRERA SERRET, con el fin de ponerse al día y
se le reconozca el derecho prestacional a que tiene derecho, pero la mencionada entidad
no ha aceptado la realización de pagos.» (sic)
45. El 17 de febrero de 2014, mediante el Formato 1 certificado de información
laboral, el gerente de gestión humana indicó que el demandante realizó aportes
desde el 10 de julio de 1990 hasta el 30 de agosto de 1993 y desde el 4 de abril de
1994 hasta ese momento, toda vez que estaba activo en el servicio.
46. El 12 de marzo de 2014 solicitó el reconocimiento de la pensión especial de
vejez, la cual fue negada por Colpensiones a través de la Resolución GNR 281992
del 11 de agosto de ese año. Lo anterior con fundamento en que:
15
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
«Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 7.637 días laborados,
correspondientes a 1.091 semanas. Que nació el 11 de septiembre de 1957 y
actualmente cuanta con 57 años de edad.
Que una vez verificada la página de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, se evidencia que el peticionario realizó un traslado al Régimen de Ahorro
Individual el día 14 de febrero de 1996, retornando al Régimen de Prima Media el día 01
de diciembre de 2003.
Que según la Circular 08 de 2014 expedida por Colpensiones: ‘(…) 3. Los afiliados que
se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 y el 28 de enero de 2004, periodo que
corresponde al periodo de gracia que dio la Ley 797 de 2003 para que las personas
pudieran recuperar el régimen de transición, NO requieren que se les solicite a la
Gerencia de Ingresos y Egresos de la Vicepresidencia de Financiamiento e inversiones
de Colpensiones el cálculo de rentabilidad, para recuperar el régimen de transición, ni los
15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Que de acuerdo con lo anterior, el peticionario no requiere de la realización de estudio
de rentabilidad para recobrar el régimen de transición del cual era beneficiario, sin
embargo es pertinente manifestar:
Que el Acto Legislativo 01 de 2005, señaló que el régimen de transición no podrá
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando
en dicho Régimen, además tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo
de servicios a la entrada en vigencia del mencionado Acto Legislativo (25 de julio de
2005), a los cuales se les mantendrá hasta el año 2014.
Que el (la) asegurado (a) no acredita 750 semanas al 25 de julio de 2005, razón por la
cual no conserva el régimen de transición, siendo procedente el estudio de la prestación
a la luz de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que señala como
requisitos para acceder al a pensión de vejez:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para obtener la pensión
de vejez, son los siguientes: haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es
mujer o sesenta (60) si es hombre. A partir del 1 de enero de 2014 la edad se
incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer y sesenta y dos (62)
años para el hombre.
Es necesario señalar que el estatus de pensionado sólo se adquiere cuando coincidan
los requisitos mínimos de semanas de cotización y edad de acuerdo al año respectivo.
Que […] el peticionario no logra acreditar los requisitos mínimos de edad y/o semanas
cotizadas, es decir 62 años de edad y 1275 semanas cotizadas, razón por la cual se
niega la prestación solicitada.
Finalmente se hace saber al interesado que podrá continuar cotizando para completar
los requisitos exigidos en la Ley para acceder a la pensión de vejez» (sic).
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
47. Mediante las resoluciones GNR 172898 del 12 de junio de 2015 y VPB 13641
de 22 de marzo de 2016, fue confirmada esa decisión. Por su parte en el primer acto
se indicó:
«Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 7.635 días laborados,
correspondientes a 1.090 semanas. Que nació el 11 de septiembre de 1957 y
actualmente cuanta con 57 años de edad […]
Debe someterse a las condiciones que señala la nueva norma, que para nuestro caso
es la Ley 797 de 2003.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para obtener la pensión
de vejez, son los siguientes: haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es
mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1 de enero del año 2014 la edad se
incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62)
años para el hombre […]
Que así las cosas se evidencia que el afiliado a la fecha cuenta con ‘1,0920’ semanas
cotizadas y 57 años de edad, no acreditando los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la prestación solicitada, siendo necesario contar con 62 años de edad
para el caso de los hombres y 1300 semanas cotizadas para el año 2015.
Que en consideración a lo anterior, el(a) peticionario(a) no logra acreditar los requisitos
mínimos de edad y/o semanas cotizadas, razón por la cual se niega la prestación
solicitada.
Que son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Acto Legislativo
01 de 2005» (sic).
48. El 25 de marzo de 2014, el 17 de noviembre de 2015 y el 27 de septiembre de
2016, Colpensiones reportó inicialmente 673,93 semanas cotizadas, luego 865,29
y finalmente 922,06 entre el 15 de marzo de 1979 y el 31 de marzo de 2014. Antes
del 1° de marzo de 1996 sus aportes se efectuaron en los siguientes términos:
Razón social Desde Hasta Semanas
TODOMAR LTDA 15/03/1979 01/10/1979 28,71
MORRISON KNUDSEN INTERNACIO 03/02/1984 31/01/1985 52
MORRISON KNUDSEN INTERNACIO 01/05/1985 31/01/1986 39,43
SUAREZ Y ORDOSGOITIA LTDA 15/04/1988 31/05/1988 6,71
49. El 2 de febrero de 2016, Colpensiones expidió la ficha técnica para conciliación
judicial en la cual determinó que:
«Pretende el demandante el reconocimiento de la prestación de conformidad con el
régimen especial para las pensiones de Alto Riesgo, sobre el particular es pertinente
manifestar quien pretenda el reconocimiento en su favor de una pensión especial de alto
riesgo, tiene el deber de probar que su actividad el desempeño en alto riesgo, para lo
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
cual debe aportar certificación expedida por el empleador que así lo indique, Dentro del
presente proceso, no se acreditó que el demandante haya laborado en las actividades
de alto riesgo que le harían beneficiario de la pensión especial que hoy reclama […]
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, debe inferirse que el objetivo del
estudio de la prestación especial de alto riesgo, es el beneficio de pensionarse con edad
anticipada requerida a la pensión de vejez ordinaria, es decir antes de los 60 años, y en
consecuencia obtener el retroactivo que de esto se deriva, sin embargo es preciso
mencionar que el demandante, solicitó ante las dependencias de mi representada la
pensión que persigue con esta demanda y la misma fue desatada mediante las
resoluciones obrantes en el expediente, aunado a que su empleador no canceló los
aportes especiales a que estaba obligado al amparo del Decreto 1281 de 1994, por
consiguiente no hay lugar a su reconocimiento» (sic).
50. El 13 de abril de 2016, el gerente de gestión humana de la Alcaldía de
Barranquilla certificó los cargos ejercidos por el demandante en términos similares
a la certificación proferida el 23 de diciembre de 2011, y además indicó que prestó
sus servicios en calidad operario código y grado 487-05, Secretaría de Gobierno,
en los siguientes términos:
Cargo Desde Hasta
Operador II- Cuerpo de bomberos municipal, Secretaría de gobierno 10/07/1990 30/12/1992
Teniente del departamento técnico operativo del Cuerpo de 01/01/1993 30/08/1993
bomberos, Secretaría de gobierno municipal
Bombero, Unidad cuerpo de bomberos, Secretaría de gobierno 04/04/1994 30/12/1994
distrital
Motorista, Cuerpo de bomberos, Secretaría de gobierno distrital 01/01/1995 05/10/1998
Operario, División operativa, Cuerpo de bomberos, Secretaría de 06/10/1998 13/09/2001
gobierno
Operario código y grado 625-06, división operativa, Departamento 14/09/2001 03/08/2004
de cuerpo de bomberos
Operario código y grado 625-08, Departamento cuerpo de 04/08/2004 30/12/2005
bomberos, Secretaría de gobierno
Operario código y grado 487-07, oficina del cuerpo oficial de 01/01/2006 30/12/2008
bomberos del Distrito de Barranquilla, Secretaría del interior y
participación ciudadana
Operario código y grado 487-05, cuerpo oficial de bomberos del 31/12/2008 21/03/2011
Distrito, Secretaría de gobierno
Operario código y grado 487-05, Secretario de gobierno 22/03/2011 31/03/2014
Asimismo, describió las funciones realizadas en ese cargo, en los siguientes
términos:
«1. Efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo a nivel preventivo.
2. Responder por las herramientas y accesorios asignados a su vehículo, teniendo en
cuenta que todo daño ocasionado al mismo y la pérdida de los elementos a su cargo
deberán ser debidamente justificadas ya que están bajo su total responsabilidad.
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
3. Solicitar oportunamente los combustibles, lubricantes y demás elementos necesarios
para el buen funcionamiento del vehículo.
4. Informar de las anomalías que se le presente; a los maquinistas, al oficial de servicios.
5. Observar la reglamentación del tránsito y conducir a velocidad moderada, utilizando
la prelación de vías solamente cuando se cerciore que esta ha sido despejada por los
conductores que escuchen la sirena.
6. Responder por el aseo, mantenimiento de los talleres de los cuarteles de bomberos.
7. Asistir a todos los actos del servicio sin excepción alguna como instrucción,
entrenamiento, formación, deporte y capacitación.
8. Efectuar el aseo y lavado del vehículo al regreso de un servicio, junto con la tripulación,
así como el tanqueo y cambio de mangueras y demás accesorios cuando así lo requiera.
9. Efectuar el calentamiento de motores y el aseo de los mismos en las horas señaladas
en el horario interno.
10. Efectuar las reparaciones menores que se requieran por parte de la dependencia.
11. Conservar en buen estado las herramientas y responder por los demás implementos
puestos a su cuidado.
12. Llevar una libreta de registros de trabajos ejecutados.
13. Diligenciar en el formato señalado y reportar mensualmente al superior inmediato las
peticiones, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía ante la dependencia.
14. Cumplir lo previsto en las normas, reglamentos, procedimientos y demás
disposiciones legales de carácter general y las específicas establecidas por la
Administración Central.
15. Contribuir con el diseño e implementación de un sistema de Gestión de calidad y
MECI en la Alcaldía Distrital de Barranquilla como herramienta de gestión sistemática y
transparente que permita dirigir e evaluar el desempeño institucional en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de servicios basados en un enfoque de
procesos y en las expectativas de los usuarios destinatarios y beneficiarios de las
funciones de la entidad.
16. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel la
naturaleza y el área de desempeño del cargo».
51. El 31 de agosto de 2016, con el expediente administrativo de Colpensiones se
allegó un documento denominado «GEN-REQ-IN-2016_5281547-20160831020628» en
el que se indicó que entre enero de 2008 y marzo de 2014 fue aplicado el pago por
«ALTO RIESGO», por parte del municipio de Barranquilla a favor de Ramón Nicolás
Herrera Serret.
52. Mediante auto proferido el 30 de abril de 2025, este despacho decretó como
prueba de oficio «el manual de funciones de los 3 cargos de ‘bomberos código 475, grado
02; teniente de bomberos código 419, grado 06, operario código 487, grado 05», el cual se
evidenciaron las funciones de los siguientes cargos:
«Bombero 475-02 […]
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO – CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
• Atender los incendios, incidentes con materiales peligrosos y demás emergencias
conexas […]»
• Revisar diariamente los vehículos, equipos y las máquinas de la institución […]
• Prestar los turnos de atención de teléfonos y radio – comunicaciones en la guardia y
otros que le asignen en las instalaciones de la Institución
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
• Realizar visitas de inspección a establecimientos públicos, comerciales y sitios donde
haya amenaza de calamidad […]
• Realizar actividades de aseo y sostenimiento complementarias de las instalaciones […]
• Prestar apoyo en caso de emergencias cuando el comité de gestión de riesgo lo solicite
Teniente de bomberos 419-06
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO – CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
• Comandar la escuadra asignada durante los respectivos turnos.
• Autorizar la salida de las máquinas en asuntos propios del servicio público.
• Encabezar la salida de máquinas para atender incendios y dirigir las maniobras en el
terreno de desastre, cuando la situación lo amerite.
• Asumir las delegaciones que le asigne el superior inmediato cumpliendo las funciones
propias de las mismas.
• Atender los incendios, incidentes con materiales peligrosos y demás emergencias
conexas que presenten en el distrito.
• Mantener la disponibilidad permanente de recursos humanos y técnicos en la
jurisdicción o área asignada para mantener la capacidad de respuesta oportuna.
• Verificar el adecuado del funcionamiento de la estación a su cargo […]
• Verificar la implementación de los protocolos distritales y procedimientos operativos en
la atención de emergencias.
Operario 487-05
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO – CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
• Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y
calamidades conexas en el Distrito de Barranquilla de acuerdo con las instrucciones del
superior inmediato.
• Conducir y accionar técnicamente el vehículo de emergencia asignado de acuerdo con
el manual del mismo, con los procedimientos establecidos y las normas legales vigentes.
• Apoyar las actividades de cargue y descargue de elementos, salvaguardando la
integridad de los mismos […]
• Hacer seguimiento al trámite de los documentos propios de su dependencia, de
acuerdo con las instrucciones del superior inmediato […]».
2.5. Análisis sustancial
53. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en que Ramón Nicolás Herrera Serrat prestó sus
servicios en el Cuerpo de Bomberos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla desde el
10 de junio de 1990 hasta el 31 de marzo de 2014, lapso en el cual desempeñó los
cargos de teniente y de bombero; sin embargo, no resultó probado que entre sus
funciones específicas estuviera actuar en las operaciones de extinción de incendios
y demás emergencias relacionadas.
54. Ramón Nicolás Herrera Serret manifestó que el tribunal de primera instancia
pasó por alto que las funciones de un motorista, oficial o suboficial de servicio están
relacionadas con elaborar estrategias para extinguir el incendio, tales funcionarios
tienen la calificación nivel 5 que se le otorga a un trabajador que realice actividades
de alto riesgo. Por su parte en la certificación expedida por la Alcaldía de
Barranquilla no tuvo en cuenta el Decreto 2090 de 2003, toda vez que el
demandante, durante más de 20 años, puso en riesgo su vida por salvar la de otros.
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
55. Finalmente, la constancia proferida por esa alcaldía estuvo alejada de la
realidad, comoquiera que resultaba evidente que cualquier ejercicio como bombero,
teniente, sargento o motorista resultaba de alto riesgo, sin que fuera necesario
aportar algún elemento probatorio para su acreditación, pues a las emergencias no
asisten con el fin de «tomarse fotos», sino para controlar y evitar accidentes que
pueda costarles la vida.
56. Al respecto, se advierte que en el sub judice el demandante pretendió el
reconocimiento de una pensión especial de vejez con ocasión del tiempo que prestó
sus servicios en el Cuerpo de Bomberos del distrito de Barranquilla. En ese sentido,
como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, para
acceder al reconocimiento de esa pretensión, en primer lugar, el trabajador debe
demostrar que prestó sus servicios en el Cuerpo de Bomberos en el ejercicio de «la
función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios», de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2090 de 2003.
2.5.1. En cuanto a las funciones desempeñadas por el demandante para
efectos del reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de
alto riesgo
57. Se encuentra que Ramón Nicolás Herrera Serret se vinculó en el Cuerpo de
Bomberos el 10 de julio de 1990 y ocupó diferentes empleos, en relación con los
cuales obra certificación expedida por la gerente de gestión humana de la Alcaldía
de Barranquilla según la cual las funciones que desempeñó se encontraban, entre
otras, las relacionadas con el mantenimiento «del vehículo a su cargo» y el aseo de
«los talleres de los cuarteles de bomberos». Sin embargo, esta información dista del
manual de funciones, según el cual el empleo de operario 487-05 tenía la función
de «[a]tender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y
calamidades conexas en el Distrito de Barranquilla de acuerdo con las instrucciones del
superior inmediato» y «[c]onducir y accionar técnicamente el vehículo de emergencia
asignado de acuerdo con el manual del mismo».
58. Lo anterior permite evidenciar que existe imprecisión en la constancia expedida
por el ente territorial, puesto que lo certificado no coincide con lo establecido en el
manual de funciones. Al respecto, para la sala resulta pertinente darle mayor valor
a la información contenida en el manual de funciones, puesto que, de conformidad
con el mandato contenido en el artículo 122 de la Constitución Política no «habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento».
59. En línea con lo anterior, se encuentra la motivación contenida en la Resolución
060 del 15 de enero de 2014, por medio de la cual la gerente de gestión humana
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
del distrito de Barranquilla reconoció al demandante una pensión especial de alto
riesgo, por cuanto «en su calidad de bombero del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla»
prestó «sus servicios en actividades de alto riesgo (bombero) durante más de 20 años en
el Distrito de Barranquilla». Asimismo, la entidad empleadora puso de presente que
adeudaba al sistema de pensiones cotizaciones especiales de empleados que se
desempeñaron en actividades de alto riesgo, dentro de quienes se encontraba el
demandante.
60. Así las cosas, en el expediente obra material probatorio suficiente para concluir
que Ramón Nicolás Herrera Serret prestó sus servicios en el Cuerpo de Bomberos
de Barranquilla entre el 10 de julio de 1990 y el 30 de marzo de 2014 [con algunas
interrupciones], periodo durante el cual cumplió la «función específica de actuar en
operaciones de extinción de incendios».
61. Ahora bien, de conformidad con el Decreto 1835 de 1994 los servidores que
cumplan las funciones asignadas al demandante tenían derecho al reconocimiento
de una pensión especial de vejez cuando cumplieran 55 años de edad y contaran
con 1000 semanas de servicio en actividades de alto riesgo19. Asimismo, la edad se
disminuiría «un año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a
las primeras 1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años».
62. El anterior régimen fue derogado por el Decreto 2090 de 2003, sin embargo, se
estableció una transición según la cual, los servidores que al 28 de julio de 200320
«hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a
que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en
las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo».
63. En relación con el caso concreto, en la fecha en la que entró en vigor el referido
Decreto 2090, Ramón Nicolás Herrera Serret había prestado sus servicios en
actividades de alto riesgo durante 12 años, 5 meses y 16, esto es, durante 640.8
semanas, por lo que tenía derecho al reconocimiento de la pensión especial de
vejez de conformidad con el Decreto 1835 de 1994.
2.5.2. En torno a la verificación de los requisitos previstos del régimen
especial por actividades de alto riesgo
19
De conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 3 del Decreto 1835 de 1994, en
cuanto, para acceder a esta prerrogativa, la exigencia de las semanas de cotización se podía
acreditar con el tiempo prestado en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente
como de alto riesgo.
20 Publicado el 28 de julio de 2003 en el Diario Oficial 45262.
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
64. De acuerdo con lo expuesto, se procederá a verificar si el demandante acreditó
los requisitos previstos para el reconocimiento pensional de conformidad con el
régimen especial por actividades de alto riesgo, los cuales se encuentran contenidos
en el artículo 3 del Decreto 1835 de 1994, así: i) 55 años de edad [el cual podrá
disminuir 1 año por cada 60 semanas de cotización especial, sin que pueda ser
inferior a 50 años]; ii) haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en actividades
de alto riesgo; y iii) contar con el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797
de 2003 para acceder a la pensión [de conformidad con el régimen de transición del
Decreto 2090 de 2003].
65. En cuanto al requisito de la edad: Ramón Nicolás Herrera Serret nació el 11
de septiembre de 1957, por lo que en el año 2012 adquirió la edad exigida.
66. En cuanto a las semanas cotizadas en actividades de alto riesgo: en el
expediente se observa que prestó sus servicios en estas durante 23 años, 1 mes y
14 días, por lo que sí cumplió con esta exigencia puesto que cotizó 1189.1
semanas21, así:
Entidad Desde Hasta Total
10 de julio de 1990 30 de diciembre de 1992 2 años, 5 meses y 20 días
Distrito Especial, 1 de enero de 1993 30 de agosto de 1993 7 meses y 29 días
Industrial y
Portuario de 4 de abril de 1994 30 de diciembre de 1994 8 meses y 26 días
Barranquilla 10 años, 11 meses y 29
1 de enero de 1995 30 de diciembre de 2005
días
1 de enero de 2006 31 de marzo de 2014 8 años y 3 meses
Total 23 años, 1 mes y 14 días [1189.1 semanas]
67. En cuanto al mínimo de semanas exigidas por la Ley 797 de 2003: de
conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, durante toda su vida laboral el
demandante acreditó un total de 1304,8 semanas cotizadas, por cuanto, adicional
a las efectuadas con ocasión de actividades de alto riesgo contaba con 115.7
efectuados por la vinculación laboral con otros empleadores, así:
Entidad Desde Hasta Total
TODOMAR
15 de marzo de 1979 1 de octubre de 1979 6 meses y 16 días
LTDA
MORRISON 3 de febrero de 1984 31 de enero de 1985 11 meses y 28 días
KNUDSEN
INTERNACIO 1 de mayo de 1985 31 de enero de 1986 9 meses
21
En la Resolución VPB 13641 de 22 de marzo de 2016, Colpensiones concluyó que el demandante
contaba con 1181 semanas cotizadas, por lo que negó el reconocimiento de la prestación.
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
SUÁREZ Y
ORDOSGOITIA 15 de abril de 1988 31 de mayo de 1988 1 meses y 16 días
LTDA
Total 2 años y 3 meses [1313,4 semanas]
68. En ese orden, Ramón Nicolás Herrera Serret tenía derecho al reconocimiento y
pago de la prestación especial por alto riesgo desde el 1° de abril de 2014 [día
siguiente a su retiro del servicio] fecha en la que contaba con más de 1000 semanas
de cotizaciones en ejercicio de actividades de alto riesgo y 56 años de edad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en los decretos 1835 de 1994 y 2090 de
2003.
69. Por lo anterior se ordenará a Colpensiones reconocer y pagar al demandante una
pensión especial de vejez, para lo cual se tendrá en cuenta el monto y el ingreso
base de liquidación previstos en el artículo 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 1281 de 1994.
2.5.3. En torno a la prescripción de las mesadas pensionales
70. Ahora bien, de conformidad con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969, resulta oportuno precisar que entre la fecha en la cual el
demandante solicitó el reconocimiento de la prestación, esto es el 17 de febrero de
2014, y la fecha en la que se retiró definitivamente del servicio, el 31 de marzo de
2014, no transcurrieron más 3 años, por lo que se encuentra que no operó el
fenómeno jurídico de la prescripción. Asimismo, porque de conformidad con la
posición mayoritaria de la sala, acudió a la jurisdicción el 12 de agosto de 2015, esto
es, dentro de los 3 años siguientes a la reclamación administrativa.
71. En línea con lo expuesto, en consideración a que mediante la Resolución 060 del
15 de enero de 2014, el Distrito de Barranquilla le reconoció al demandante a partir
de abril de 2014 la pensión especial de alto riesgo, se ordenará que las mesadas
causadas con anterioridad a que Colpensiones le dé cumplimiento de esta sentencia
sean pagadas al ente territorial, toda vez que este asumió transitoriamente el pago
de la prestación hasta tanto se definiera la situación pensional.
72. De otra parte, se advierte que de conformidad con la condición resolutoria del
acto de reconocimiento expedido por el empleador, según la cual « una vez
reconocida por Colpensiones, desaparece para el Distrito la obligación de seguir pagando
esta prestación», se precisa que esta solo se podrá suspender una vez Colpensiones
incluya en nómina de pensionados a Ramón Nicolás Herrera Serret.
2.5.4. En torno a las cotizaciones especiales
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
73. Finalmente, esta Subsección no pasa por alto que el Distrito de Barranquilla
incumplió con su obligación de efectuar las cotizaciones especiales durante el
periodo en el que el actor desempeñó actividades de alto riesgo. En ese sentido, en
la Resolución 060 del 2014, la entidad empleadora puso de presente que adeudaba
al sistema de pensiones dichas sumas de dinero, por lo que, le corresponderá a
Colpensiones adelantar las actuaciones administrativas tendientes a lograr el cobro
coactivo frente a las cotizaciones no efectuadas.
74. Lo anterior, con el fin de materializar el principio de sostenibilidad financiera del
Sistema Pensional y en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 24 de
la Ley 100 de 1993, según el cual «[c]orresponde a las entidades administradoras de los
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor
adeudado, prestará mérito ejecutivo».
75. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se declarará la nulidad de las resoluciones
GNR 281992 del 11 de agosto de 2014, GNR 172898 del 12 de junio de 2015 y VPB
13641 de 22 de marzo de 2016 mediante las cuales se negó el reconocimiento
pensional. A título de restablecimiento del derecho se ordenará a Colpensiones
efectuar el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto
riesgo con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha
en la que se retiró definitivamente del servicio, con el monto que corresponda de
acuerdo con el número de semanas cotizadas que, en todo caso, no podrá superar
el 80% de la asignación básica mensual y demás factores expresamente regulados
en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo previamente señalado.
2.5. Costas
76. Lanorma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
25
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
77. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
78. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma22.
79. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
80. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
81. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Ramón Nicolás Herrera
Serret prestó sus servicios en el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla entre el 10
de julio de 1990 y el 30 de marzo de 2014 [con algunas interrupciones], periodo
durante el cual cumplió la «función específica de actuar en operaciones de extinción de
incendios».
82. Asimismo, en la fecha en la que entró en vigor el referido Decreto 2090, Ramón
Nicolás Herrera Serret había prestado sus servicios en actividades de alto riesgo
durante 12 años, 5 meses y 16, esto es, durante 640.8 semanas, por lo que tenía
derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez de conformidad con el
Decreto 1835 de 1994.
83. De otra parte, en consideración a que el Distrito de Barranquilla le reconoció
transitoriamente al demandante la pensión especial de vejez, se ordenará a
Colpensiones pagar al ente territorial el retroactivo pensional causado entre el 1° de
22
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
abril de 2014 [fecha del retiro definitivo del servicio] y la fecha en la que sea incluido
en nómina de pensionados.
84. Por lo anterior se revocará la sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones
de la demanda y en su lugar se declarará la nulidad de las resoluciones GNR
281992 del 11 de agosto de 2014, GNR 172898 del 12 de junio de 2015 y VPB
13641 de 22 de marzo de 2016 mediante las cuales se negó el reconocimiento
pensional. A título de restablecimiento del derecho se ordenará a Colpensiones
efectuar el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto
riesgo con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha
en la que se retiró definitivamente del servicio, con el monto que corresponda de
acuerdo con el número de semanas cotizadas que, en todo caso, no podrá superar
el 80% de la asignación básica mensual y demás factores expresamente regulados
en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo previamente señalado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se
dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones GNR 281992 del 11 de agosto de
2014, GNR 172898 del 12 de junio de 2015 y VPB 13641 de 22 de marzo de 2016
con las que Colpensiones le negó el reconocimiento pensional a Ramón Nicolás
Herrera Serret.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a Colpensiones a reconocer la pensión especial de vejez por
actividad de alto riesgo, de conformidad con los decretos 1835 de 1994 y 2090 de
2003, con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha
en la que se retiró definitivamente del servicio, con el monto que corresponda de
acuerdo con el número de semanas cotizadas que, en todo caso, no podrá superar
el 80% de la asignación básica mensual y demás factores expresamente regulados
en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo previamente señalado.
Cuarto. Ordenar a Colpensiones pagar al Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla las mesadas pensionales causadas entre el 1° de abril de 2014 [fecha
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01376-01 (7146-2023)
Demandante: Ramón Nicolás Herrera Serret
del retiro definitivo del servicio] y la fecha en la que Ramón Nicolás Herrera Serret
sea incluido en la nómina de pensionados, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.
Séptimo. No condenar en costas en esta instancia.
Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMTL/JMC
28
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