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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00299-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00299-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia del 2 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”. En su lugar: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución nro. 00703 del 5 de junio de 2017, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, mediante la cual se formuló liquidación oficial de corrección en contra de la sociedad SZ- Logistic International SAS hoy C.I.STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS en relación con las seis (6) declaraciones de importación indicadas en el acto, y de la Resolución nro. 008209 del 24 de octubre de 2017, por la que la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN decidió el recurso de reconsideración, en el sentido de confirmar la citada liquidación oficial de corrección. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR la firmeza de las declaraciones de importación con autoadhesivos nros. 23830016807125, 23830016807141 y 23830016807132 del 29 de abril de 2014, y 23830016818207, 23830016818221 y 23830016818214 del 13 de mayo de 2014. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2018-00299-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

8 de septiembre de 2022

Radicado: 08001-23-33-000-2018-00299-01 [25456]
Demandante: C.I. STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00299-01 [25456]
Demandante: C.I. STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS1
Demandado: UAE - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
– DIAN

Temas: Tributos aduaneros. Corrección de irregularidades en la
actuación administrativa aduanera (art. 41 de la Ley 1437 de
2011)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante2 contra la
sentencia del 2 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, en la que se negaron las pretensiones
de la demanda, sin condena en costas3.

ANTECEDENTES

Los días 29 de abril y 13 de mayo de 2014, SZ- LOGISTIC INTERNATIONAL SAS
hoy C.I. STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS, introdujo al territorio
aduanero nacional mercancías del sector calzado (sandalias, chancletas, botas y
zapatos) originarias de México y exportadas por la sociedad Comercializadora
Habitat SA, mediante las siguientes seis (6) declaraciones de importación4:

Nro. Nro. declaración5 Fecha Subpartida IVA Arancel

1. 23830016807125 29/04/2014 6402.91.00.00
2. 23830016807141 29/04/2014 6402.99.90.00
3. 23830016807132 29/04/2014 6404.19.00.00 16% 0%

1
Antes SZ – LOGISTIC INTERNATIONAL SAS.
2
Fls. 389 a 424 c.p. 2.
3
Fls. 349 a 380 c.p. 2.
4
Fls. 24 a 43 c.a. 1.
5
Corresponde con el número de autoadhesivo.
1

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Demandante: C.I. STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SA

4. 23830016818207 13/05/2014 6402.99.90.00
5. 23830016818221 13/05/2014 6402.20.00.00
6. 23830016818214 13/05/2014 6404.19.00.00

El arancel a la tarifa del 0% se dio en virtud del trato preferencial contenido en el
Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Colombia. Para acogerse al mismo, la sociedad señaló los certificados
de origen nros. SE2014007308LMOA-66105-63 del 27 de marzo de 2014 y
SE2014009075LMOA-50-77-499 del 14 de abril de 20146.

El 19 de febrero de 2016, la Coordinación del Servicio de Origen de la DIAN profirió
la Resolución nro. 0011327, en la que resolvió, entre otras cosas que: (i) las
mercancías exportadas desde México por la sociedad Comercializadora Habitat SA
no calificaban como originarias de ese país en los términos del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Colombia y (ii) negar el trato
aduanero preferencial a las mercancías importadas.

El 31 de agosto de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla expidió el Requerimiento Especial Aduanero
nro. 154, en el que propuso la corrección de las seis (6) declaraciones de
importación, liquidando un arancel mixto compuesto por un arancel ad valorem del
10% más un arancel específico de 5 USD por par. El valor de los mayores valores
se liquidó en los siguientes montos: $971.409.000 (Arancel), $155.426.000 (IVA) y
$112.684.000 (sanción), para un total de $1.239.519.0008. El 19 de septiembre de
2016, la apoderada de la sociedad respondió el requerimiento especial aduanero9.

El 2 de noviembre de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla profirió la Resolución nro. 01832, por la que
se formuló liquidación oficial de corrección a las citadas declaraciones de
importación acogiendo las glosas propuestas en el requerimiento especial
aduanero10.

Contra el anterior acto, el 18 de noviembre de 2016 la apoderada de la usuaria
aduanera interpuso recurso de reconsideración11, decidido con la Resolución nro.
001584 del 8 de marzo de 201712, por medio de la cual la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN revocó el acto
recurrido y ordenó remitir el expediente a la División de Gestión de Fiscalización y a
la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla para que, si a bien lo consideraban, expidieran un nuevo requerimiento
especial aduanero y una nueva liquidación oficial de corrección.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 23 de marzo de 2017 la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla profirió el
Requerimiento Especial Aduanero nro. 3113, en el que se propuso la modificación de
6
Fls. 51, 52, 69, 70 y 71 c.a. 1.
7
Fls. 5 a 18 c.a. 1.
8
Fls. 91 a 95 c.a. 1.
9
Fls. 96 a 128 c.a. 1.
10
Fls. 163 a 168 c.a. 1.
11
Fls. 172 a 189 c.a. 1.
12
Fls. 227 a 237 c.a. 2.
13
Fls. 254 a 257 c.a. 2.
2

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las seis (6) declaraciones de importación objeto del trámite administrativo, por los
mismos valores del Requerimiento Especial Aduanero nro. 154 del 31 de agosto de
2016. Acto que fue respondido el 17 de abril de 2017 por la apoderada del usuario
aduanero14.

El 5 de junio de 2017, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla expidió la Resolución nro. 0070315 por medio
de la cual se profirió liquidación oficial de corrección de acuerdo con las glosas
propuestas en el requerimiento especial aduanero, de la siguiente manera:

CONCEPTO VALOR
ARANCEL $ 971.409.000
IVA $155.426.000
TOTAL MAYORES TRIBUTOS $1.126.835.000
SANCIÓN 10% $112.684.000
VALOR TOTAL A PAGAR $1.239.519.000

El 21 de junio de 2017, la apoderada de la citada sociedad interpuso recurso de
reconsideración contra la anterior liquidación oficial de corrección16.

El 24 de octubre de 2017, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN profirió la Resolución nro. 008209
mediante la cual decidió el recurso de reconsideración, en el sentido de confirmar el
acto recurrido17.

DEMANDA

C.I. STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011, formuló las siguientes pretensiones18:
«PRIMERA: Que se declare la nulidad de:

Resolución No. 00703 del 5 de junio de 2017, por medio de la cual se impone liquidación
oficial de corrección, expedida por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, por valor de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MILLONES, QUINIENTOS DIECINUEVE MIL, PESOS MONEDA C/TE
($1.239.519.000).

Resolución No. 008209 del 24 de octubre de 2017, Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reconsideración, suscrita por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de
la Dirección de Gestión Jurídica de la UAE- DIAN, la cual confirma en su integridad la
RESOLUCIÓN No. 00703 DEL 5 DE JUNIO DE 2017 por valor de MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS DIECINUEVE MIL, PESOS MONEDA C/TE
($1.239.519.000).

14
Fls. 267 a 286 c.a. 2.
15
Fls. 75 a 82 c.p. 1.
16
Fls. 316 a 366 c.a. 2.
17
Fls. 57 a 69 c.p. 1.
18
Fls. 2 a 3 c.p. 1.
3

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SEGUNDA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho se declare la firmeza de las declaraciones de importación,
identificadas con los autoadhesivos números 23830016818207 del 13/05/2014,
23830016818221 del 13/05/2014, 23830016818214 del 13/05/2014, 23830016807125 del
29/04/2014, 23830016827141 del 29/04/2014 y 23830016807132 del 29/04/2014, que fueron
objeto de liquidación en los actos demandados y presentadas por SZ-LOGISTIC
INTERNATIONAL SAS hoy C.I STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS.

TERCERA: Que en consecuencia se declare que SZ LOGISTIC INTERNATIONAL SAS hoy
C.I STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS, sociedad que represento, se encuentra
a paz y salvo ante la DIAN respecto de las sumas objeto de discusión.

CUARTO: Que, se condene en costas y agencia en derecho a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales».

Invocó como disposiciones violadas las siguientes19:

• Artículos 29 y 83 de la Constitución Política
• Artículos 41 y 214 de la Ley 1437 de 2011
• Artículo 554 del Decreto 390 de 2016

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente20:

Violación al debido proceso por indebida aplicación de los artículos 41 del
CPACA y 554 del Decreto 390 de 2016. Violación del principio de non bis in
ídem

Explicó que la Resolución nro. 01832 del 2 de noviembre de 2016 (primera
liquidación oficial de corrección), se expidió con fundamento en el Decreto 74 de
2013, que no estaba vigente para la fecha en la que se presentaron las
declaraciones de importación objeto de fiscalización (abril y mayo de 2014),
circunstancia advertida por el obligado aduanero en el recurso de reconsideración,
lo que dio lugar a que se revocara el acto y se expidiera nuevamente el
requerimiento especial aduanero y la liquidación oficial de corrección.

Anotó que en virtud del artículo 4121 del CPACA en concordancia con el artículo
55422 del Decreto 390 de 2016, la DIAN puede corregir las irregularidades formales
de la actuación administrativa aduanera antes de que se profiera el acto
administrativo definitivo, es decir, la liquidación oficial.

Aclaró que, con fundamento en las anteriores normas, la entidad demandada
corrigió el error en el que incurrió al fundamentar los actos en un decreto que no
estaba vigente, pero desconoció que dichos preceptos permiten la corrección de
irregularidades en la actuación administrativa antes de la expedición del acto, pero
no crearlos nuevamente.

Manifestó que el procedimiento administrativo ya había culminado, pues se
interpuso el recurso de reconsideración contra el acto definitivo que resolvió el fondo
del asunto y, por ende, al advertir el error material en la motivación, la
19
Fl. 12 c.p. 1.
20
Fls. 12 a 46 c.p. 1.
21
Corrección de irregularidades en la actuación administrativa.
22
Correcciones en la actuación administrativa.
4

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Administración debía terminar el procedimiento y archivarlo, no proceder a
cambiarlo.

Señaló que bajo ninguna circunstancia la corrección de sentencias o de actos
administrativos da lugar a reabrir el debate jurídico de fondo. Agregó que el error
cometido por la entidad no es de tipo formal, sino sustancial.

Indicó que una vez expedidos los actos definitivos se culmina la «actuación
administrativa» y se da paso a la «decisión administrativa», conceptos que son
diferentes. En todo caso, precisó que las irregularidades pueden subsanarse hasta
antes de que se expida el acto que decide de fondo el asunto.

Explicó que los actos administrativos están falsamente motivados porque la entidad
confundió las expresiones «actuación administrativa» y «procedimiento administrativo»,
conceptos sobre los cuales en la sentencia C-640 de 200223 se consideró que «las
actuaciones administrativas constituyen la etapa del procedimiento administrativo que
antecede al acto administrativo».

Por consiguiente, manifestó que el artículo 41 del CPACA permite corregir la
actuación administrativa como etapa previa al acto, mas no el procedimiento
administrativo como se hizo en este caso.

Adujo que se violó el principio de non bis in ídem y la cosa juzgada porque se
investigaron dos veces los mismos hechos, teniendo en cuenta que no se corrigió la
actuación administrativa, sino que se profirió un nuevo acto administrativo que
resolvió de fondo la situación jurídica particular de la sociedad.

Precisó que según el artículo 588 del Decreto 390 de 2016, el acto que decide de
fondo es la liquidación oficial y no la resolución que resuelve el recurso de
reconsideración.

Inexistencia de la prueba principal que sustenta la liquidación oficial de
corrección

Anotó que en la liquidación oficial de corrección la DIAN tuvo como prueba
determinante para desconocer el origen de la mercancía importada y modificar los
tributos aduaneros, la Resolución nro. 001132 del 19 de febrero de 2016, que negó
el trato preferencial aduanero. No obstante, precisó que una resolución no puede
ser considerada como prueba de una liquidación, y tan solo puede valorarse como
un documento auxiliar.

Expuso que, si en gracia de discusión se aceptara que la citada resolución es una
prueba, esta no fue trasladada en los términos del artículo 174 del CGP, además,
no se le notificó al proveedor del exterior, por ende, no está ejecutoriada y no sirve
como prueba del desconocimiento del origen de la mercancía.

Violación al debido proceso y derecho de defensa por no tacharse de falsos
los certificados de origen

23
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
5

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Indicó que durante la actuación administrativa se desconocieron los certificados de
origen proferidos por el proveedor del exterior, pero no se tacharon de falsos
siguiendo el procedimiento del artículo 269 del CGP, que es el mecanismo legal
para restarles autenticidad, con lo que se vulneraron los derechos al debido proceso
y a la defensa.

Agregó que también se desconocieron los citados derechos, por no practicarse las
pruebas solicitadas en la respuesta al requerimiento especial, por ejemplo, la de
oficiar a la Subdirección de Servicios de Origen para que remitiera copia del
expediente en el que se expidió la Resolución nro. 001132 del 19 de febrero de
2016, con el fin de comprobar su ejecutoria.

Manifestó que los funcionarios que profirieron los actos administrativos tenían que
declararse impedidos, en atención a que habían conocido del caso con anterioridad.

Violación al principio de buena fe

Señaló que los actos administrativos vulneraron el principio de buena fe que es
reconocido y rige las compraventas internacionales según lo dispone el artículo 7 de
la Convención de Viena. Además, no existe norma que le imponga al comprador
internacional que verifique el origen de las mercancías.

Precisó que en este caso se realizó la venta bajo lo dispuesto en el TLC entre
Colombia y México, operación demostrada con las facturas comerciales, lo que
prueba la buena fe que rigió la negociación.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente24:

Expuso que el artículo 41 del CPACA le otorga a la Administración la potestad de
corregir las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa,
para evitar errores sustanciales o formales que vicien los actos administrativos,
criterio que se precisó en el Concepto nro. 045 del 29 de mayo de 2007 de la DIAN.

Adujo que la actuación administrativa culmina con el acto administrativo que decide
sobre el asunto particular, por lo tanto, la DIAN en atención a los artículos 25 a 32
del Código Civil (formas y criterios de interpretación) hizo uso de las facultades
concedidas en el artículo 554 del Decreto 390 de 2016, para corregir las
irregularidades de aquella, circunstancia previa a la expedición de la Resolución nro.
00703 del 5 de junio de 2017 (liquidación demandada).

Afirmó que no se violó el principio de non bis in ídem porque fue mediante la
Resolución nro. 00703 del 5 de junio de 2017, que la DIAN modificó los tributos
aduaneros liquidados en las declaraciones de importación, sin que exista otro acto
administrativo por los mismos hechos.
24
Fls. 280 a 295 c.p. 2.
6

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Explicó que la Administración ordenó expedir un nuevo requerimiento especial
aduanero y una liquidación oficial de corrección en ejercicio de la facultad conferida
en los artículos 41 del CPACA y 554 del Decreto 390 de 2016 para corregir los
actos administrativos, pero no se terminó un proceso para iniciar otro.

Indicó que la Resolución nro. 001132 del 19 de febrero de 2016, que negó el trato
preferencial arancelario, es el resultado del procedimiento administrativo de estudio
de verificación de origen, en el que se constató, previa valoración probatoria, el
incumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio, siendo el acto que sirvió
de fundamento para la determinación de los tributos aduaneros y la correspondiente
sanción mediante la liquidación oficial de corrección.

Advirtió que la sociedad no ejerció los recursos de ley contra la resolución que negó
el trato preferencial aduanero, por lo que quedó ejecutoriada el 15 de marzo de
2016, no siendo esta la oportunidad para reabrir su debate. Aclaró que, solo se
otorgó poder para actuar en la vía administrativa el 19 de septiembre del mismo
año.

Sostuvo que no hay un reparo concreto frente a la liquidación oficial de corrección
porque la demandante solo analizó las normas de origen del Tratado de Libre
Comercio con México y la presunta violación al debido proceso, derecho de defensa
y contradicción.

Puntualizó que la buena fe es una presunción de orden legal que admite prueba en
contrario y, en el caso particular, la DIAN desvirtuó dicho principio con las pruebas
practicadas y utilizadas para la expedición de los actos acusados como, por
ejemplo, la visita de verificación en la que se demostró que la mercancía amparada
en las declaraciones de importación no calificaba como originaria de México.

Aseguró que no era necesario devolver la actuación a una dependencia diferente a
la División de Fiscalización de Barranquilla que fue la que profirió el acto primigenio,
pues aquella actúa en virtud de las competencias asignadas y en cumplimiento de la
orden del superior funcional, quien invalidó lo actuado para corregir los errores
cometidos en el trámite administrativo.

Precisó que la causal de impedimento debe ser argumentada y probada por quien la
invoca ante el funcionario que profirió el acto administrativo para que se surta el
procedimiento previsto legalmente, lo que no ocurrió en este caso. Además, la
dependencia que recibió el expediente para corregir los errores actuó en ejercicio de
sus funciones.

AUDIENCIA INICIAL

El 28 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 201125. En dicha diligencia no se advirtieron irregularidades

25
Fls. 314 a 318 c.p. 2.
7

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procesales, nulidades26, excepciones o medidas cautelares que debieran ser
declaradas. El litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos
administrativos demandados.

Por otra parte, se tuvieron como pruebas las aportadas con la demandada y la
contestación y, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para que emitiera su concepto, respectivamente.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, en la
decisión apelada negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con
fundamento en lo siguiente27:

Indicó que en los actos demandados no se evidencia que la DIAN hubiese ordenado
corregir una decisión con fundamento en los artículos 41 del CPACA y 554 del
Decreto 390 de 2016.

Aclaró que la Resolución nro. 001584 del 8 de marzo de 2017, que revocó la
Resolución nro. 01832 del 2 de noviembre de 2016, fue la que dispuso la corrección
de la actuación administrativa con sustento en los citados artículos. Puntualizó que
como esos actos no son objeto del presente proceso, no era viable analizar si la
DIAN incurrió en alguna irregularidad.

Manifestó que en este caso no se vulneró el principio de non bis in ídem28,
comoquiera que una de las decisiones de fondo sobre el mismo hecho fue
revocada, es decir, que dejó de producir efectos y desapareció del mundo jurídico.
Por el mismo motivo, tampoco se desconoció el principio de cosa juzgada, además
este aplica para las decisiones judiciales y no administrativas, que pueden ser
cuestionadas mediante las causales de nulidad del CPACA.

En relación con la resolución que negó el trato aduanero preferencial, adujo que con
la misma no se violó el debido proceso, porque: (i) en el procedimiento de discusión
del origen se vinculó a la sociedad mexicana exportadora y a la demandante, se les
notificó el acto y se les concedió la oportunidad para ejercer el derecho a la defensa
y (ii) esa resolución no fue la única prueba en la que se fundaron los actos
demandados.

Sobre la tacha de falsedad de los certificados de origen, precisó que estos
documentos están relacionados con el procedimiento de verificación de origen que
culminó con la resolución que negó el trato preferencial aduanero, acto que no es
objeto del presente proceso, razón por la cual, no emitió pronunciamiento al
respecto.

26
La demandante alegó la existencia de nulidad en la actuación administrativa realizada por la DIAN. El a quo consideró que
no se trataba de una nulidad del proceso judicial, por lo que decidió continuar con el trámite de la diligencia.
27
Fls. 349 a 380 c.p. 2.
28
Se refirió a la sentencia del 18 de abril de 2018, Exp. 2005-01501, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
8

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Demandante: C.I. STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SA

Señaló que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación29 el principio de
buena fe en los asuntos aduaneros no puede servir de excusa para desconocer o
vulnerar las normas sobre la materia, ni para limitar la facultad fiscalizadora de la
Administración. Precisó que este aspecto está relacionado con el procedimiento de
verificación de origen, y no con los actos de liquidación de los tributos aduaneros.

Consideró que los actos demandados no están falsamente motivados, porque
jurídicamente se probaron los hechos sobre los que se fundan.

Indicó que mediante el Auto nro. 00314 del 26 de abril de 2017 la DIAN se
pronunció sobre las pruebas y negó la solicitada por la actora, consistente en la
remisión del expediente administrativo que dio origen a la resolución que negó el
trato preferencial aduanero para comprobar su ejecutoria, decisión que no recurrió
la sociedad, por lo que no existió vulneración al debido proceso y al derecho de
defensa.

Respecto a la falta de competencia de los funcionarios que expidieron los actos
administrativos, expuso que ese impedimento tenía que manifestarse en el
procedimiento administrativo y recusarlos aportando las pruebas.

Por último, no condenó en costas por no estar probadas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la sentencia en los siguientes términos30:

Precisó que el tribunal interpretó indebidamente los actos demandados, pues de su
contenido sí se extrae que se profirieron en aplicación del artículo 41 del CPACA,
como se sugirió en la resolución que ordenó expedir nuevamente el requerimiento y
la liquidación, lo que generó violación al debido proceso por entenderse de forma
errada el alcance de la citada disposición y por corregirse el acto de liquidación
expidiendo uno nuevo. Reiteró que solo se puede subsanar la actuación
administrativa hasta antes de proferirse el acto definitivo.

Afirmó que es indebida la valoración sobre la procedencia del artículo 41 del
CPACA para corregir el procedimiento administrativo de liquidación aduanera, ya
que no se puede enmendar un acto administrativo con la expedición de dos
requerimientos y dos resoluciones que resuelven recursos contra el acto definitivo.
Contrario a esto, lo que se permite es la corrección de irregularidades presentadas
durante la actuación administrativa y hasta antes de la expedición del acto.

Explicó que para el a quo el debido proceso solo se predica de la parte sustantiva,
no para la procedimental, pues avaló la aplicación del artículo 41 del CPACA para
corregir el procedimiento administrativo, desconociendo que se instituyó para
reorganizar la actuación administrativa.

29
Citó la sentencia del 26 de febrero de 2015, Exp. 2014-01114, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
30
Fls. 389 a 424 c.p. 2.
9

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Manifestó que no se requería demandar la Resolución nro. 001584 del 8 de marzo
de 201731, porque lo allí decidido al resolverse el recurso de reconsideración era
beneficioso para la sociedad (revocatoria de la liquidación oficial de corrección), y
solo se sugirió la utilización del artículo 41 del CPACA, aclarando que, fue en
aplicación de esa norma que se expidieron los nuevos actos.

Agregó que para la fecha en la que se agotó la sede administrativa, con la
expedición de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración (acto
demandado), ya había operado la caducidad para demandar la citada Resolución
nro. 001584 de 2017 y, además, no era un acto definitivo que resolviera algo en
contra de la sociedad, por lo que no era viable demandarlo.

Indicó que el principio de non bis in ídem se refiere a ser juzgado dos veces por el
mismo hecho, pero no a que se condene o exonere dos veces, de suerte que, al
proferirse una nueva liquidación oficial de corrección se juzgó en más de una
oportunidad los mismos supuestos fácticos (iguales declaraciones de importación y
tributos liquidados), lo que desconoce el mencionado principio. Aclaró que la
sentencia que citó el a quo se refiere a una situación diferente a la analizada, pues
en ese caso se trató de dos investigaciones por un mismo hecho en distintas
jurisdicciones, una penal y otra disciplinaria.

Señaló que la Resolución nro. 001132 del 19 de febrero de 2016 que negó el trato
arancelario y con la que se culminó el procedimiento de verificación de origen, es
independiente y constituye la prueba principal de la liquidación oficial de corrección,
pues con ella se dejan sin efecto legal los certificados de origen y, por consiguiente,
el levante de la mercancía expedido por la DIAN.

Precisó que la mencionada resolución no se notificó a la sociedad exportadora
mexicana, pues los documentos a los que se hizo referencia en la sentencia de
primera instancia corresponden a un formato que no reemplaza dicha actuación,
máxime cuando no hay prueba de su ejecutoria. Agregó que, de entenderse
notificado el acto que negó el trato arancelario, eso no implica que pueda
trasladarse a otro proceso de cualquier forma.

Adujo que se configuró la causal de nulidad por falsa motivación de los actos
administrativos, porque la Administración no tuvo en cuenta la existencia previa del
requerimiento especial aduanero, la liquidación oficial y la resolución que resolvió el
recurso contra ésta que, de haber sido valorados, evidenciaban la vulneración del
principio de non bis in ídem, con lo que la decisión hubiese sido otra.

Sostuvo que en la instancia administrativa interpuso el recurso de reposición contra
el auto que negó la práctica de las pruebas, circunstancia que se demuestra con las
respuestas a los dos requerimientos especiales, aclarando que el recurso no está
en el expediente porque la DIAN no aportó los antecedentes administrativos
completos.

31
Por medio de la cual, entre otras cosas, se revocó la liquidación oficial de corrección al resolver el recurso de
reconsideración (inicial) y se ordenó remitir el expediente a la dependencia competente para que decidiera si profería
nuevamente o no los actos de determinación.
10

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Manifestó que en el procedimiento administrativo y en la instancia procesal alegó el
impedimento de los funcionarios que expidieron los actos administrativos
demandados, no obstante, la DIAN no se pronunció.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el
recurso de apelación32.

La parte demandada insistió en los planteamientos de la contestación de la
demanda33.

El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Decide la Sala sobre la legalidad de la Resolución nro. 00703 del 5 de junio de 2017
expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla, mediante la cual se formuló liquidación oficial de
corrección a seis (6) declaraciones de importación34 presentadas a nombre de la
demandante, y de la Resolución nro. 008209 del 24 de octubre de 2017, por la que
la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica decidió el recurso de reconsideración en el sentido de confirmar el acto
recurrido.

En los términos del recurso de apelación presentado por la actora, se debe
determinar: (i) si se vulneró el debido proceso de la sociedad demandante al aplicar
el artículo 41 del CPACA en el procedimiento administrativo aduanero, (ii) si con los
actos administrativos demandados se vulneró el principio de non bis in ídem, (iii) si
la resolución que negó el trato arancelario es la prueba principal de la liquidación
oficial de corrección, se notificó al exportador mexicano y puede trasladarse de un
expediente a otro y (iv) si los funcionarios de la DIAN que expidieron los actos
enjuiciados estaban impedidos para el efecto.

(i) Corrección de irregularidades en la actuación administrativa (art. 41 del
CPACA). Violación al debido proceso

En el presente caso, la demandante discute la indebida aplicación del artículo 41
del CPACA por parte de la DIAN. A su juicio, la facultad conferida por esa norma no
puede ejercerse para corregir, al momento de resolver el recurso de
reconsideración, irregularidades de índole sustancial contenidas en el acto definitivo
(liquidación oficial de corrección), pues lo que se permite es subsanar las

32
Índice 17 de SAMAI.
33
Índice 18 de SAMAI.
34
Se trata de las declaraciones de importación nros. 23830016807125, 23830016807141 y 23830016807132 del 29 de abril
de 2014, y 23830016818207, 23830016818221 y 23830016818214 del 13 de mayo de 2014.
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inconsistencias presentadas durante la actuación administrativa hasta antes de la
expedición del acto.

De ahí que la apelante no comparta que, amparada en el citado artículo, la entidad
demandada haya expedido un nuevo requerimiento especial aduanero y una
liquidación oficial de corrección, para corregir la irregularidad presentada en el
primer acto de liquidación, que tuvo como fundamento un decreto que no estaba
vigente para la fecha en la que se presentaron las declaraciones de importación,
circunstancia advertida en el recurso de reconsideración, que dio lugar a la
revocatoria del acto y posterior expedición de los aquí demandados.

El tribunal sostuvo que en los actos objeto del presente proceso no se evidencia
que la DIAN hubiese ordenado corregir una decisión con fundamento en los
artículos 41 del CPACA y 554 del Decreto 390 de 2016. Aclaró que fue en la
Resolución nro. 001584 del 8 de marzo de 2017 que revocó la Resolución nro.
01832 del 2 de noviembre de 2016 (liquidación oficial de corrección), en la que se
dispuso la corrección de la actuación administrativa con sustento en las citadas
normas. Y como esos actos no son objeto del presente proceso, se abstuvo de
analizar si la DIAN incurrió en alguna irregularidad.

En ese orden, la Sala se pronunciará sobre el alcance de la facultad conferida por
el ordenamiento jurídico para corregir las irregularidades presentadas en la
actuación administrativa.

Para resolver, lo primero que se advierte que es en el procedimiento administrativo
aduanero lo referente a las correcciones en la actuación administrativa está previsto
en el artículo 554 del Decreto 390 de 201635, según el cual, «[p]ara la corrección de la
actuación administrativa se acudirá a lo que sobre el particular disponen el artículo 41 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los artículos
285 al 287 del Código General del Proceso».

De modo que, la DIAN, en ejercicio de sus atribuciones aduaneras tiene la facultad
de corregir la actuación administrativa, para lo cual debe seguir los lineamientos
descritos en el artículo 41 del CPACA, conforme con el cual, «[l]a autoridad, en
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte,
corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para
ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla», y en los artículos
285, 286 y 287 del CGP, que en su orden, regulan lo referente a la aclaración,
corrección y adición de las providencias.

La corrección de irregularidades de la actuación administrativa es la herramienta
otorgada legalmente a las autoridades para «enmendar los defectos y las vicisitudes
que se presenten en el transcurso de una actuación administrativa» y tiene por objeto
«asegurar que las decisiones finales, que se consignan en los actos administrativos
definitivos, sean el resultado de actuaciones congruentes con las exigencias del
ordenamiento jurídico»36 [Se destaca].

35
Con la expedición de la Resolución nro. 001584 del 8 de marzo de 2017, la DIAN revocó la primera liquidación oficial de
corrección con fundamento en el artículo 41 del CPACA. Para esa fecha ya estaba vigente el artículo 554 del Decreto 390 de
2016 (art. 674).
36
Corte Constitucional, sentencia SU–067 del 24 de febrero de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
12

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Esta Corporación ha considerado que la figura prevista en el artículo 41 del CPACA
consiste en «una modalidad de saneamiento de los errores en que haya podido incurrir la
actuación administrativa para ajustarla a la legalidad y procurar la expedición de un acto
definitivo que esté acorde al derecho […]»37 [Se destaca].

Con dicha facultad se materializa el principio de la eficacia de la función
administrativa (art. 209 CP), que según el artículo 3 (núm. 11) del CPACA,
propende porque las autoridades busquen «que los procedimientos logren su finalidad
y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa» [Se destaca].

En ese contexto, lo que se permite corregir es la actuación administrativa,
concepto definido por la doctrina como «la etapa en la que se examina y se decide un
asunto propio de la función administrativa, sea de interés general o de interés individual,
que ha sido planteado a una autoridad o que esta ha asumido oficiosamente, y por
consiguiente en la que se gesta y nace el acto administrativo» (Berrocal, 2016, p. 389)38.

Sobre la corrección de la actuación administrativa esta Corporación precisó que «el
legislador previó esta posibilidad bajo el entendido de que dicha autonomía en el control
extra o prejudicial de los propios actos de la administración, no implica la facultad de los
organismos públicos para declarar la nulidad de sus decisiones con efectos propios de una
sentencia, sino que aquella posibilidad subsanatoria debe someterse a ciertas reglas que
en el caso de las correcciones están previstas en los artículos 41 y 45 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»39.

Como lo ha sostenido la Corte Constitucional40, las reglas que regulan el ejercicio de
la facultad conferida en el artículo 41 del CPACA, son las siguientes: (i) la
corrección procede a petición de parte o de oficio, (ii) la medida puede ser adoptada
en cualquier momento anterior a la expedición del acto, (iii) su objeto consiste en
asegurar que la actuación sea conforme a derecho y (iv) debe estar acompañada de
las medidas necesarias para su conclusión efectiva.

Ahora, existe un elemento de carácter temporal en cuanto a la oportunidad para
ejercer la facultad de corrección de la actuación administrativa, que según el artículo
41 del CPACA, es «cualquier momento anterior a la expedición del acto», lo que implica
establecer a qué clase de «acto» se refiere la norma, cuya expedición es el límite
para hacer uso de ese mecanismo legal.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «el artículo 41 de la Ley 1437
permite la abrogación y la modificación de los actos administrativos de trámite que sean
expedidos antes de la expedición del acto definitivo», agregando que «de tal suerte, en
atención a que el ejercicio de esta facultad únicamente acarrea la alteración de actos de
trámite, no requiere el consentimiento de las personas que toman parte en la actuación
administrativa»41.

37
Auto del 12 de noviembre de 2020, Exp. 76001-23-33-000-2020-00895-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
38
BERROCAL GUERRERO Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Séptima Edición, 2016, p. 389.
39
Sentencia del 3 de septiembre de 2020, Exp. Acumulado 3251-17 y 4103-18, C.P. William Hernández Gómez.
40
Cfr. Sentencia SU–067 del 24 de febrero de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
41
Ibídem.
13

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De lo anterior se concluye que, la corrección de la actuación administrativa se
circunscribe a irregularidades surgidas durante su desarrollo y frente a actos
preparatorios y de trámite, y como lo que pretende es asegurar que la decisión final
sea congruente con el ordenamiento jurídico, no se permite su aplicación respecto
del acto definitivo, pues en ellos ya se define la voluntad de la Administración.

En el procedimiento administrativo aduanero, el acto administrativo definitivo es la
liquidación oficial, pues de acuerdo con el artículo 575 del Decreto 390 de 2016,
este es «el acto administrativo mediante el cual la autoridad aduanera modifica la
declaración aduanera de importación, para corregir las inexactitudes que ella presente». Lo
anterior significa que «la liquidación oficial remplaza la declaración aduanera
correspondiente» todo porque «tiene la virtud de sustituir la declaración tributaria
presentada por el contribuyente y es susceptible de los recursos previstos en la ley»42.

De acuerdo con el artículo 577 ibídem, la liquidación oficial de corrección se
profiere, entre otros casos, cuando la DIAN adelanta el procedimiento de
verificación de origen de las mercancías importadas y, en firme la resolución que
niega el trato arancelario preferencial, se inicia el procedimiento tendiente a
determinar los derechos, impuestos y sanción correspondiente, si a ello hubiere
lugar.

En ese contexto, en el procedimiento administrativo aduanero procede la aplicación
del artículo 41 del CPACA, bajo el entendido que es una herramienta para corregir
errores formales en los actos de trámite que conforman la actuación administrativa,
prerrogativa que solo se puede aplicar hasta antes de proferirse el acto definitivo,
es decir, la liquidación oficial de corrección.

En el expediente están probados los siguientes hechos:

Los días 29 de abril y 13 de mayo de 2014, SZ- LOGISTIC INTERNATIONAL SAS
hoy C.I. STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS, introdujo al territorio
aduanero nacional mercancías del sector calzado (sandalias, chancletas, botas y
zapatos) originarias de México y exportadas por la sociedad Comercializadora
Habitat SA, mediante las siguientes seis (6) declaraciones de importación43:

Nro. Nro. declaración44 Fecha Subpartida IVA Arancel

1. 23830016807125 29/04/2014 6402.91.00.00
2. 23830016807141 29/04/2014 6402.99.90.00
3. 23830016807132 29/04/2014 6404.19.00.00 16% 0%
4. 23830016818207 13/05/2014 6402.99.90.00
5. 23830016818221 13/05/2014 6402.20.00.00
6. 23830016818214 13/05/2014 6404.19.00.00

El arancel a la tarifa del 0% se dio en virtud del trato preferencial contenido en el
Tratado de Libre Comercio Celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la

42
Sentencia del 7 de octubre de 2021, Exp. 25589, en la que se reitera la sentencia del 28 de noviembre de 2018, Exp. 23076,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
43
Fls. 24 a 43 c.a. 1.
44
Corresponde con el número de autoadhesivo.
14

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República de Colombia. Para acogerse al mismo, la sociedad señaló los certificados
de origen nros. SE2014007308LMOA-66105-63 del 27 de marzo de 2014
SE2014009075LMOA-50-77-499 del 14 de abril de 201445.

El 19 de febrero de 2016, la mencionada dependencia profirió la Resolución nro.
00113246, en la que resolvió, entre otras cosas que: (i) las mercancías exportadas
desde México por la sociedad Comercializadora Habitat SA, amparadas con los
citados certificados de origen, no calificaban como originarias de ese país en los
términos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y
Colombia y (ii) negar el trato aduanero preferencial a las mercancías importadas.

El 31 de agosto de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla expidió el Requerimiento Especial Aduanero
nro. 154, en el que propuso la corrección de las seis (6) declaraciones de
importación, liquidando un arancel mixto compuesto por un arancel ad valorem del
10% más un arancel específico de 5 USD por par. El valor de los mayores valores
se liquidó en los siguientes montos: $971.409.000 (Arancel), $155.426.000 (IVA) y
$112.684.000 (sanción), para un total de $1.239.519.00047.

El 2 de noviembre de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla profirió la Resolución nro. 001832, por la que
se formuló liquidación oficial de corrección a las declaraciones de importación
acogiendo las glosas propuestas en el requerimiento especial aduanero48. Como se
señaló en precedencia, según los artículos 575 y 577 del Decreto 390 de 2016, la
liquidación oficial de corrección es el acto definitivo dentro del procedimiento
administrativo aduanero.

En la liquidación oficial de corrección se consideró lo siguiente en relación con la
modificación a las declaraciones de importación presentadas por el obligado
aduanero:

«En consecuencia y de conformidad con el acervo probatorio que reposa en el
expediente, este despacho encuentra que los artículos 1° y 2° de la Resolución No.
001132 del 19/02/2016, expedida por la Coordinación del Servicio de Origen de la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera (Folios 16-17) y teniendo en cuenta que
para las declaraciones de importación objeto de investigación no se liquidó sobre el
arancel, se procede a determinar los tributos aduaneros a liquidar de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 89 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 4°
del Decreto 4136 de 2004, que establece que serán los vigentes a la fecha de
presentación y aceptación de la declaración de importación, correspondiendo
entonces para las declaraciones de importación con autoadhesivo Nos.
23830016807125, 23830016827141 y 23830016807132 del 29/04/2014 un arancel
mixto compuesto, por un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de 5
dólares de Estados Unidos de América por par, para la importación de los productos
clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, según el Decreto No. 0074
del 23 de enero de 2013 […] para las declaraciones de importación con
autoadhesivo Nos. 238300168182207, 23830016818221 y 23830016818214 del
13/05/2014, un arancel mixto compuesto por un arancel ad valorem del 10%, más un

45
Fls. 51, 52, 69, 70 y 71 c.a. 1.
46
Fls. 5 a 18 c.a. 1.
47
Fls. 91 a 95 c.a. 1.
48
Fls. 163 a 172 c.a. 1.
15

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arancel específico de 5 dólares de Estados Unidos de América por par, para la
importación de los productos clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas,
tal como lo señala el Decreto No. 456 del 28 de febrero de 2014 […]»49 [Se destaca].

El 18 de noviembre de 2016, la apoderada de la sociedad interpuso recurso de
reconsideración contra la anterior liquidación, en el que manifestó que el
requerimiento especial y el acto definitivo estaban falsamente motivados, porque el
Decreto 74 de 2013, fundamento de la modificación al arancel liquidado en las
declaraciones de importación, no estaba vigente para la fecha de las operaciones
comerciales50. Textualmente, se argumentó lo siguiente:

«Este Decreto [se refiere al Decreto 74 de 2013] entró en vigencia desde el 1° de marzo de
2013, por un año, el cual venció el día 28 de febrero de 2014.

Al revisarse las declaraciones de importación, tenemos que, las mismas sobre las que se
expiden las liquidaciones oficiales de corrección y la sanción, corresponden a las siguientes:

[…]

Como se observa son importaciones realizadas el 19 de abril de 2014 y el 29 de mayo de
2014, es decir cuando el decreto 074 de 23 de enero de 2013, ya no estaba vigente, porque
su vigencia fue hasta el día 28 de febrero de 2014, que iba entre el 1° de marzo de 2013 y el
28 de febrero de 2014, de acuerdo con las reglas de vigencia, contenida en el mismo, el cual
fue publicado en el Diario Oficial No. 48682 del 23 de enero de 2013, por ello existe falsa
motivación del mismo […]».

El 8 de marzo de 2017, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN profirió la Resolución nro. 00158451,
mediante la cual decidió el recurso de reconsideración, en el sentido de revocar el
acto definitivo (liquidación oficial de corrección), tras considerar que como lo
manifestó la sociedad, los actos estaban falsamente motivados, en razón a que el
Decreto 074 de 2013, fundamento del aumento de arancel, no estaba vigente para
la fecha en la que se presentaron las declaraciones de importación fiscalizadas. En
ese acto administrativo se consideró que52:

«De otro lado, en lo que atañe a la carga probatoria de la citada causal de anulación, la
Corporación ha expresado lo siguiente:

"La falsa motivación, quien la aduce tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la
falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto
administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan
revestidos los actos administrativos."

[…]

Lo considerado determina que el argumento sobre la inaplicación del Decreto No. 0074
del 23 de enero de 2013 en la Liquidación Oficial de Corrección que nos ocupa
prospera.

Y en ese entendido el Despacho revocará el acto impugnado, Resolución 639-01832 del 2 de
noviembre de 2016, para que la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla proceda de

49
Fl. 168 c.p. 1.
50
Fls. 172 a 189 c.a. 1.
51
Fls. 227 a 237 c.a. 2.
52
Fls. 236 a 237 c.a. 2.

16

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conformidad, en tanto que dicho yerro jurídico afecta toda la Liquidación Oficial de Corrección
en revisión.

Ahora bien, teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 que establece:

"La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a
petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la
actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas
necesarias para concluirla."

Y siendo palmario el hecho de que el presente procedimiento administrativo sancionatorio
está viciado desde el momento en que la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla expidió el requerimiento especial aduanero, la solución
que se presenta ajustada a Derecho en este momento es Revocar la Resolución 639-01832
del 2 de noviembre de 2016, para que en aras de garantizar el debido proceso y el principio
de la doble instancia, la División de Gestión de Fiscalización y la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, en atención a las
competencias que les asisten, si es procedente, procedan a expedir un nuevo Requerimiento
Especial Aduanero y una nueva Liquidación Oficial de Corrección respecto de las
declaraciones de importación […]» [Se destaca].

De manera que, la DIAN al advertir la falsa motivación en el acto administrativo
definitivo, aplicó el artículo 41 del CPACA y con base en ello revocó la liquidación
oficial de corrección y ordenó remitir el expediente a la División de Gestión de
Fiscalización y a la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla para que, si a bien lo consideraban, expidieran
nuevamente el requerimiento especial aduanero y la liquidación oficial de
corrección.

Con fundamento en lo anterior, el 23 de marzo de 2017, la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla profirió el
Requerimiento Especial Aduanero nro. 3153, en el que se propuso la modificación de
las seis (6) declaraciones de corrección objeto del trámite administrativo, por los
mismos valores del Requerimiento Especial Aduanero nro. 154 del 31 de agosto de
2016.

De igual forma, el 5 de junio de 2017, la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla expidió la Resolución nro. 0070354
por la que se profirió liquidación oficial de corrección de acuerdo con las glosas
propuestas en el requerimiento especial aduanero, de la siguiente manera:

CONCEPTO VALOR
ARANCEL $ 971.409.000
IVA $155.426.000
TOTAL MAYORES TRIBUTOS $1.126.835.000
SANCIÓN 10% $112.684.000
VALOR TOTAL A PAGAR $1.239.519.000

En ese acto administrativo se consideró que: «[p]ara el despacho si bien resulta exótico
la existencia de dos Requerimientos en un mismo proceso de liquidación oficial de
corrección en aplicación del artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, resulta perfectamente

53
Fls. 254 a 257 c.a. 2.
54
Fls. 75 a 82 c.p. 1.
17

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viable en la medida en que la decisión tomada a través de la Resolución No. 1584 de fecha
8/03/2017 ha sido entendida como una forma de retrotraer la actuación al punto de la
expedición del Requerimiento Especial Aduanero para corregir la irregularidad que implica
haber puesto unos argumentos jurídicos que no correspondían para subsanar dicha
situación en garantía del debido proceso y de los intereses y derechos de la sociedad
investigada»55.

El 21 de junio de 2017, la apoderada de la sociedad interpuso recurso de
reconsideración contra la referida liquidación oficial de corrección56.

El 24 de octubre de 2017, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN expidió la Resolución nro. 008209
mediante la cual decidió el recurso de reconsideración, en el sentido de confirmar el
acto recurrido57.

De lo anterior se advierte que el fundamento para que se expidiera una segunda
liquidación oficial fue la corrección de la actuación administrativa cimentada en el
artículo 41 del CPACA ordenada con la Resolución nro. 001584 del 8 de marzo de
2017.

Luego de hacer la reseña del procedimiento administrativo y de acuerdo con el
análisis del artículo 41 del CPACA, para la Sala, la DIAN sí vulneró el debido
proceso durante la actuación administrativa a la sociedad demandante y desconoció
la citada disposición, por las siguientes razones:

i) Corrigió la actuación administrativa con ocasión del recurso de reconsideración
presentado por la sociedad demandante, es decir, cuando ya se había expedido el
acto administrativo definitivo que, en materia aduanera y para el sub examine,
según los artículos 575 y 577 del Decreto 390 de 2016, es la liquidación oficial de
corrección.

ii) Corrigió un asunto de fondo como es la falsa motivación de la que adolecía
tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial de corrección. Como se
expuso, la facultad que se le otorga a la Administración al amparo del artículo 41 del
CPACA se concreta en la corrección de asuntos de trámite o meramente formales
que no afectan ni involucran una variación material a la esencia de la decisión. En
este caso está probado que se subsanó el fondo del acto definitivo al variar el
fundamento normativo sobre el cual se basó el arancel mixto con el que se
modificaron las declaraciones de importación presentadas por el usuario aduanero.

Lo anterior, evidencia que lo actos administrativos enjuiciados son nulos por la
vulneración al debido proceso que se presentó durante la actuación administrativa,
ante el desconocimiento del artículo 41 del CPACA, por lo que es del caso revocar
el fallo de primera instancia. Ante la prosperidad de este cargo de apelación, la Sala
se abstiene de analizar los restantes.

En conclusión, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
declarará la nulidad de los actos administrativos demandados. A título de

55
Fl. 80 vto. c.p. 1.
56
Fls. 316 a 366 c.a. 2.
57
Fls. 57 a 69 c.p. 1.
18

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restablecimiento del derecho se dispondrá la firmeza de las declaraciones de
importación presentadas por el obligado aduanero, que fueron objeto de
fiscalización por la DIAN.

Conforme con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 2 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”. En su lugar:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución nro. 00703 del 5 de junio de
2017, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla, mediante la cual se formuló liquidación oficial de corrección
en contra de la sociedad SZ- Logistic International SAS hoy C.I.STORM GENERAL
TRADING PETROLEUM SAS en relación con las seis (6) declaraciones de
importación indicadas en el acto, y de la Resolución nro. 008209 del 24 de octubre de
2017, por la que la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica de la DIAN decidió el recurso de reconsideración, en el sentido de
confirmar la citada liquidación oficial de corrección.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR la firmeza de las
declaraciones de importación con autoadhesivos nros. 23830016807125,
23830016807141 y 23830016807132 del 29 de abril de 2014, y 23830016818207,
23830016818221 y 23830016818214 del 13 de mayo de 2014.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen
y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

19

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