Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00789-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00789-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00789-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
Demandados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro1
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por C.I. Storm General Trading
Petroleum S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “4ED_CARATULAPDF(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital
2
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderada2, presentó solicitud de tutela contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico,
porque, a su juicio: i) el Consejo de Estado, al proferir, la sentencia de 8 de
septiembre de 2022; y ii) el Tribunal, al proferir, la sentencia de 2 de agosto de 2019,
el auto de 13 de septiembre de 2023 y el auto de 15 de enero de 2024, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 080012333000201800299-01:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN con el fin de que: i) se declarara la nulidad de la “[…] Resolución
No. 00703 del 5 de junio de 2017, por medio de la cual se impone liquidación oficial
de corrección, expedida por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, por valor de MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS DIECINUEVE MIL, PESOS
MONEDA C/TE ($1.239.519.000) […]”, y la nulidad de la “[…] Resolución No.
008209 del 24 de octubre de 2017, Por medio de la cual se resuelve un recurso de
reconsideración, suscrita por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de
la Dirección de Gestión Jurídica de la UAE- DIAN, la cual confirma en su integridad
la RESOLUCIÓN No. 00703 DEL 5 DE JUNIO DE 2017 por valor de MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS DIECINUEVE MIL,
PESOS MONEDA C/TE ($1.239.519.000) […]”; y ii) a título de restablecimiento del
derecho, “[…] se declare la firmeza de las declaraciones de importación,
2 Cfr. Índice núm. 8 de SAMAI. Documento denominado
“12RECIBEMEMORIAL_MEMORIALES_PODERESPECIALPARATUT(.pdf) NroActua 8”. Archivo aportado en
medio digital.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
identificadas con los autoadhesivos números 23830016818207 del 13/05/2014,
23830016818221 del 13/05/2014, 23830016818214 del 13/05/2014,
23830016807125 del 29/04/2014, 23830016827141 del 29/04/2014 y
23830016807132 del 29/04/2014, que fueron objeto de liquidación en los actos
demandados y presentadas por SZ-LOGISTIC INTERNATIONAL SAS hoy C.I
STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS […]”
4. Señaló que, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia en
primera instancia, el 2 de agosto de 2019, mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda, sin condena en costas.
5. Sostuvo que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 8 de septiembre de 2022, resolvió:
“[…] 1. REVOCAR la sentencia del 2 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”. En su lugar:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución nro. 00703 del 5 de junio de
2017, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Aduanas de Barranquilla, mediante la cual se formuló liquidación oficial de
corrección en contra de la sociedad SZ- Logistic International SAS hoy C.I.STORM
GENERAL TRADING PETROLEUM SAS en relación con las seis (6) declaraciones
de importación indicadas en el acto, y de la Resolución nro. 008209 del 24 de
octubre de 2017, por la que la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN decidió el recurso de reconsideración, en
el sentido de confirmar la citada liquidación oficial de corrección.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho DECLARAR la firmeza de las
declaraciones de importación con autoadhesivos nros. 23830016807125,
23830016807141 y 23830016807132 del 29 de abril de 2014, y 23830016818207,
23830016818221 y 23830016818214 del 13 de mayo de 2014.
2. Sin condena en costas en esta instancia […]”.
5.1. Al respecto, consideró lo siguiente:
“[…] Luego de hacer la reseña del procedimiento administrativo y de acuerdo con el
análisis del artículo 41 del CPACA, para la Sala, la DIAN sí vulneró el debido proceso
durante la actuación administrativa a la sociedad demandante y desconoció la citada
disposición, por las siguientes razones:
i) Corrigió la actuación administrativa con ocasión del recurso de reconsideración
presentado por la sociedad demandante, es decir, cuando ya se había expedido el
acto administrativo definitivo que, en materia aduanera y para el sub examine, según
los artículos 575 y 577 del Decreto 390 de 2016, es la liquidación oficial de corrección.
4
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
ii) Corrigió un asunto de fondo como es la falsa motivación de la que adolecía tanto el
requerimiento especial como la liquidación oficial de corrección. Como se expuso, la
facultad que se le otorga a la Administración al amparo del artículo 41 del CPACA se
concreta en la corrección de asuntos de trámite o meramente formales que no afectan
ni involucran una variación material a la esencia de la decisión. En este caso está
probado que se subsanó el fondo del acto definitivo al variar el fundamento normativo
sobre el cual se basó el arancel mixto con el que se modificaron las declaraciones de
importación presentadas por el usuario aduanero.
Lo anterior, evidencia que lo (sic) actos administrativos enjuiciados son nulos por la
vulneración al debido proceso que se presentó durante la actuación administrativa,
ante el desconocimiento del artículo 41 del CPACA, por lo que es del caso revocar el
fallo de primera instancia. Ante la prosperidad de este cargo de apelación, la Sala se
abstiene de analizar los restantes […]”.
[…]
“[…] Conforme con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el expediente […]”.
6. Advirtió que, el 28 de julio de 2023 presentó escrito dirigido al Tribunal
Administrativo del Atlántico solicitando la liquidación de las costas y agencias en
derecho, frente a lo cual el Tribunal, mediante auto de 13 de septiembre de 2023,
resolvió negar la solicitud de la actora, por las siguientes razones.
“[…] De manera preliminar, es relevante precisar que el auto de obedecimiento al
superior fechado 11 de enero de 2023, fue notificado por estado electrónico fijado el
día 12 de enero de 2023 y mediante mensaje de datos remitido en esa misma calenda
a los buzones electrónicos para notificaciones judiciales de las partes. Esto significa
que la mencionada solicitud fue presentada posterior al archivo del expediente de este
proceso; no obstante, se estima pertinente hacer las siguientes acotaciones:
El numeral 2 del artículo 366 del Código General del Proceso, de manera clara y como
regla general, estatuye: «La condena se hará en sentencia o auto que dio lugar a
aquella». Por su parte, el artículo 366 del Código General del Proceso señala: «Las
costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento del superior».
De acuerdo con el texto de las disposiciones legales transcritas, no hay duda de que
la liquidación de las costas y agencias en derecho procede y debe practicarse con
posterioridad a la ejecutoria del auto de obedecimiento del superior, siempre que la
misma la anteceda un pronunciamiento judicial vertido en una sentencia, en la cual
se le imponga a la parte vencida en juicio el deber de corresponder con el pago de
esos conceptos (costas y/o agencias en derecho), pues, por sustracción de materia,
no procede la liquidación prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso
[…]”.
[…]
5
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
“[…] es claro que las decisiones proferidas al interior del trámite de este proceso, tanto
en primera como en segunda instancia, coincidieron en un todo en que no había lugar
a condenar en costas, razón por la cual se negará la solicitud presentada por la
apoderada de la parte demandante […]”.
7. Indicó que, procedió a presentar recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el auto en mención supra, no obstante, el Tribunal Administrativo
del Atlántico mediante auto de 15 de enero de 2024, resolvió rechazar por
extemporáneo, el recurso de reposición y en subsidio de apelación, al considerar
que:
“[…] La secretaría general del Tribunal Administrativo del Atlántico ha informado al
despacho del suscrito magistrado sustanciador que la apoderada judicial de la parte
actora alega haber enviado el día 19 de octubre de 2023 a las 7:20 p.m., mensaje de
datos dirigido al correo electrónico: ventanilla02tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co,
contentivo del recurso de reposición y subsidio de apelación que ahora nos ocupa;
sin embargo, dicho buzón electrónico no corresponde al canal instituido para recibir
correspondencia dirigida a los procesos ordinarios que viene sustanciando el
Despacho 002 del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el cual figura como titular
el suscrito magistrado.
De suerte que, la fecha de presentación de cualquier memorial o petición dirigida a
los procesos sustanciados por el despacho del suscrito magistrado ponente será
aquella en que, de manera efectiva, se reciba en el siguiente correo electrónico:
ventanillad02tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co. La diferencia entre uno y otro
correo electrónico radica en que en el correcto, a la palabra ventanilla, la sucede la
letra “d”.
Expresado lo anterior, ha de decirse que, si en gracia de discusión el despacho tuviera
el día 19 de octubre de 2023 a las 7:20 p.m., como fecha de presentación del recurso
de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la
parte demandante, igualmente devendría inoportuno, pues, entre esa calenda y la
fecha en que fue notificado el auto de 13 de septiembre de 2023 (estado electrónico
fijado el 21 de septiembre de 2023), transcurrieron más de 10 días hábiles. Esto sin
realizar el estudio sobre la presentación del recurso en horario inhábil, ya que los
memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados
oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela3::
“[…] PRIMERO: Tutelar el Derecho Fundamental a la Igualdad consagrado en el
artículo 13 en la C.P. ordenando liquidar las costas y agencias en derecho a favor de
mi poderdante la Sociedad CI STROM GENERAL TRADING PETROLEUM S.A.S
3 Transcripción literal del texto.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
dentro de la casusa radicado 2018-0299-01 conforme el precedente jurisprudencial
de la Sala Cuarta del Conejo de Estado citado en este mecanismo, la Sentencia SU
335 de 2023 y la normatividad vigente en la ley 1437/11 articulo 188 modificado por
la Ley 2080/21 articulo 47 y el Código General del Proceso 365 y 366.
SEGUNDO: ORDENE Al Tribunal del Atlántico Despacho 02 y/o quien corresponda
en virtud al artículo 366 del CGP liquidar las costas y agencias en derecho en las dos
instancias conforme lo establece el Consejo Superior de la judicatura en un 6%
porcentaje que asciende a la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($74.371.140)
con base en la cuantía del proceso radicado No 2018-0299-01 la cual fue estimada
por la DIAN en ($1.239.519.000), conforme lineamientos que utilizó la Sala Cuarta del
Consejo de Estado en favor de la sociedad PROMOTORA EL CARMELO SAS EN
LIQUIDACIÓN dentro del radicado 17001-23-33-000-2019-00427-01 (26230).
TERCERO; ORDENE a la DIAN que de manera perentoria realice el pago de las
costas y agencias en derecho una vez le sea notificada el auto de liquidación de estos
conceptos.
CUARTO: TENGASE como pruebas las aportadas a esta Acción y las que obran en
el plenario del radicado 2018-299-01 […]”.
9. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente4:
“[…] En fecha 13 de Septiembre de 2023,el Tribunal Administrativo del Atlántico
mediante auto resolvió negar la solicitud de liquidación de las costas y agencias en
derecho a la que mi defendida en virtud del artículo 188 del CPCA que remite al
Código General del Proceso al articulo 365 y 366 tiene derecho a percibir por haber
vencido en juicio a la entidad demandada, cuyo origen deviene de unos actos
administrativos expedidos con falsa motivación y temeridad de los funcionarios de la
DIAN al violar el Principio Constitucional del NON BIS IN IDEM y el procedimiento
administrativo estatuido en el CPACA art. 41, por lo que en consecuencia tuvo mi
cliente que incurrir en gastos de honorarios de abogados, comunicaciones, y demás
gastos del proceso para defenderse de esas actuaciones en mi criterio lesivas. […]”.
[…]
“[…] que habiendo revisado las Sentencia SU del CONSEJO DE ESTADO SALA
PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Magistrada Ponente: ROCÍO
ARAÚJO OÑATE de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022),
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11312-00 (IJ) infiero de ella que en asuntos de
liquidación de costas y agencias en derecho, SÓLO los recursos proceden cuando
estas han sido aprobadas, en tal razón, se considera si en dicha sentencia no se
enuncia que este recurso procede a las costas no aprobadas, presumo de derecho
que todas las cosas se tienen que liquidar a favor de la parte vencedora.
14.- Que en virtud a esta Sentencia de Unificación de Jurisprudencia, el recurso de
reposición y apelación agotado ante el Tribunal del Atlántico fue inocuo para reclamar
se liquidaran las costas y agencias en derecho dentro del radicado 2018-0299-01
habida cuenta que, es un incidente que debe tramitar el Despacho de Primera
Instancia cuando profiere el Auto de Cúmplase de la segunda instancia.
15.- En vista de la negativa de liquidar las costas y agencias en derecho a favor de
mi defendida, es menester interponer esta acción de Tutela, por cuanto tanto el
4 Transcripción literal del texto.
7
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
Tribunal del Atlántico Despacho 02 como la Sala Cuarta del Concejo de Estado
Violaron los derechos fundamentales a la igualdad y Debido proceso, desconociendo
los precedentes jurisprudenciales fomentando la violación de los Principio de
Inseguridad Jurídica y Confianza Legitima […]”.
[…]
“[…] La violación del Principio de Confianza Legitima Y Seguridad Jurídica invocado
en la presente Tutela se encuentra cimentado en las posturas omisivas y nugatoria
por parte del operador judicial de las reglas establecidas por el Estado en el
Ordenamiento jurídico, en lo que se refiere a la obligación existente de reconocer,
liquidar y ordenar el pago al extremo vencido, de las costas y agencias en derecho
del proceso […]”.
[…]
“[…] 2.- La violación al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 Superior tiene
su origen en el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Sección Cuarta del Consejo
de Estado quienes inaplican las disposiciones de la Ley 1437/11 en su artículo 188
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080/21, y el procedimiento establecido en los
artículos 365 numerales 1 y 4 y 366 numeral 1,2 y 5 del Código General del Proceso,
para negar el reconocimiento, liquidación y pago por la parte vencida, las costas y
agencias en derecho a las que tiene derecho a percibir mi poderdante como sujeto
que prosperó en segunda instancia.
Igualmente, el Tribunal Administrativo del Atlántico desconoció que el trámite surtido
ante ese despacho era improcedente dado que el artículo 62 de la Ley 2080/21
modificó el artículo 243 del CPACA sólo procede frente al auto que aprueba las
costas, es decir, que para que este Despacho pudiera tramitar el Recurso, debió
haberme liquidado las costas y agencias en derecho y no lo hizo ni lo ha hecho
desconociendo los precedentes jurisprudenciales que sobre el caso existen en virtud
al Derecho a la Igualdad Art. 13 Superior […]”.
[…]
“[…] 3.1 En el proceso radicado 2018-0299-01 la Sala Cuarta de este Alto Tribunal
negó a mi cliente la Sociedad CI STORM GENERAL TRADING PETROLEUM SAS
las costas y agencias del proceso legalmente establecida en el artículo 188 del
CPACA modificado pro el artículo 47 de la Ley 2080/21 y Artículos 365 y 366 del CGP,
presuntamente por que las pruebas no estaban en el expediente y resulta que, todo
el acervo probatorio de etapas agotadas dan cuenta que efectivamente el argumento
del Despacho Superior, es falso.
3.2 En cambio que, dentro del Radicado: 17001-23-33-000-2019-00427-01 (26230)
de la empresa PROMOTORA EL CARMELO SAS EN LIQUIDACIÓN, la Sala Cuarta
del Consejo de Estado , la misma Consejera y consejeros, SÍ reconoció, liquidó
conforme lo estableció el Consejo Superior de la Judicatura y ordenó a la DIAN el
pago las costas y agencias en derecho, en las dos instancias, prerrogativa que NO
se dio a mi cliente.
Frente a estos dos casos que son coetáneo, se configuró la violación del Derecho a
la IGUALDAD […]”.
8
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de febrero de 2024 5,
inadmitió la solicitud de la acción de tutela, la cual fue corregida dentro del término
legal6.
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de marzo de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Atlántico; y iii) vinculó a la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en
calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
12. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó i) declarar la improcedencia
de la acción de tutela; y subsidiariamente ii) negar las pretensiones de la solicitud
de tutela, por las siguientes razones:
“[…] La Sala Plena del Consejo de Estado mediante sentencia de unificación de 5 de
agosto de 20147 estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe
promoverse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite
temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.
En tales condiciones, comoquiera que la solicitud de amparo fue promovida el 19 de
febrero de 2024, es claro que transcurrieron más de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación del proveído tutelado -23 de septiembre de 2022-, término que
desborda los límites de la razonabilidad y desvirtúa la urgencia y necesidad de que
se protejan los derechos fundamentales supuestamente vulnerados a la parte
accionante […]”.
[…]
“[…] Además, el asunto planteado en la acción de tutela carece de relevancia
constitucional y no puede utilizarse este mecanismo especial como una instancia
adicional del proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues
la acción de tutela está prevista para proteger derechos fundamentales y no para
5 Cfr. Índice núm. 4 de SAMAI. Documento denominado
“8AUTOQUEINADMIACANUR20240078900CISTORMGENERALTRADINGPETROLEUMSASINADMITEPDF(
.pdf) NroActua 4”. Archivo aportado en medio digital.
6 Cfr. Índice núm. 8 de SAMAI. Documento denominado
“12RECIBEMEMORIAL_MEMORIALES_PODERESPECIALPARATUT(.pdf) NroActua 8”. Archivo aportado en
medio digital.
7 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
8 T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, en concreto,
en lo atinente a la no condena en costas a quien fuera su contraparte en dicho trámite
[…]”.
[…]
“[…] Lo anterior, porque tal como consta en la sentencia censurada, la Sala advirtió
que «[c]onforme con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del
Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) en
esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas en el expediente», lo que
no guarda semejanza con lo analizado en la sentencia del 25 de agosto de 2022, exp.
26230, citada como precedente, en la que la Sección Cuarta decidió condenar en
costas en ambas instancias a la DIAN porque «se configuró el supuesto descrito en
el artículo 365 [1] del CGP, toda vez que la entidad demandada resultó vencida en el
proceso. Con la demanda, se aportó el contrato de prestación de servicios
profesionales suscrito entre la actora y los abogados que la representaron tanto en
sede administrativa como judicial, a fin de obtener la devolución que fue objeto de
discusión en este proceso, documento no controvertido por la Administración -quien
solo cuestionó las facturas emitidas y pagadas por la actuación adelantada en vía
administrativa-, el cual fue reconocido como prueba documental en el auto del 24 de
septiembre de 2020». Criterio de decisión que no se podía aplicar al asunto analizado,
debido a las diferencias -probatorias- entre ambos procesos, con lo cual, es claro que
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante […]”.
13. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó i) declarar la improcedencia de
la acción de tutela; y subsidiariamente ii) negar las pretensiones de la solicitud de
tutela. Para tal efecto manifestó:
“[…] Por tanto, no cabe duda que la libelista no agotó el recurso ordinario como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial,
pues esa inconformidad debió plantearla en el recurso de alzada.
Además, si la Sección Cuarta del Consejo de Estado tampoco condenó en costas ni
agencias en derecho, tal situación debió advertirse dentro del término de ejecutoria
de la sentencia dictada por el ad quem. Situación que, se advierte, no tendría vocación
de prosperar, en tanto dicha autoridad explicó en su decisión por qué no resultaba
procedente condenar por tales conceptos a la parte vencida en juicio […]”.
[…]
“[…] En tal sentido, debe relievarse (sic) que el petitorio busca discutir la negativa del
juez ordinario de condenar en costas y en agencias en derecho por las instancias
surtidas en primera y segunda instancia. Este tipo de asuntos, que se refieren a
aspectos procedimentales y de aplicación del derecho común, no están directamente
relacionados con la protección de derechos fundamentales consagrados en la
Constitución.
La acción de tutela, como mecanismo excepcional de protección de los derechos
constitucionales, tiene como finalidad principal salvaguardar los derechos
fundamentales cuando éstos han sido vulnerados o están en riesgo inminente de
serlo. En este caso, la pretensión de la parte demandante de que se reevalúen
aspectos procesales y decisiones judiciales de una instancia legal previamente
concluida no encaja dentro del ámbito de procedencia de la acción de tutela, ya que
esta no está diseñada para servir como una instancia adicional para rebatir decisiones
10
Núm. único de radicación: 110010315000202400789-00
Actora: C.I. Storm General Trading Petroleum S.A.S.
judiciales ordinarias proferidas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo
del Atlántico […]”.
[…]
“[…] se expuso de manera detallada y exhaustiva las razones por las cuales no
resultaba procedente atender la petición de la parte demandante, así como por qué
resultaba extemporáneo su recurso; empero, la parte demandante se afinca en su
dicho, sin indicar el fundamento normativo en que se basa para afirmar, por un lado,
que su solicitud de condena en costas y en agencias es procedente, y, del otro, por
qué su recurso es oportuno.
Ahora, aunque la parte demandante alega que su derecho a la igualdad ha sido
vulnerado, no ha proporcionado una explicación clara sobre cómo se estaría
produciendo esta vulneración. En otras palabras, no ha identificado la situación
específica de desigualdad que alega vulnerado, por lo que los reparos que hizo en
ese sentido carecen de transcendencia (sic).
A modo de colofón, itérese que las diversas decisiones emitidas por el Tribunal
Administrativo están respaldadas por un análisis detallado y fundamentado en el
marco legal aplicable, por lo que no están dados los presupuestos establecidos por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para que proceda la acción de tutela, ni
mucho menos existen fundamentos para considerar que el tribunal haya acudido de
manera díscola a una interpretación arbitraria, que fuera causante de afectación de
derechos constitucionales […]”.
14. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] Como se observa en el escrito de tutela, la parte accionante en ningún momento
cumple con la carga argumentativa necesaria para demostrar que con la sentencia
objeto de tutela se está generando una desproporcionada restricción a un derecho
fundamental, por el contrario, lo que se evidencia es que el actor pretende utilizar la
tutela para discutir asuntos meramente legales y económicos, lo cual genera que se
torne improcedente la acción de tutela al no cumplirse con este requisito y al no
encontrarse vulneración o restricción alguna sobre sus derechos fundamentales […]”.
[…]
“[…] Esta determinación evidencia que en ningún momento hubo un proceder
injustificado por parte de las autoridades judiciales, debido a que su actuación estuvo
fundamentada en la normativa aplicable, lo cual evidencia que la única intención del
actor es reabrir una discusión que ya fue dirimida en sede ordinaria […] Las
autoridades judiciales accionadas no vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso del accionante debido a que el simple hecho de proferir una sentencia
contraria a los intereses de este no materializa por sí solo una vulneración a este
derecho fundamental. Es imprescindible demostrar que el administrador de justicia
actuó sin ningún fundamento jurídico o probatorio al momento de tomar la decisión,
además de impedir el derecho de defensa y contradicción, para acreditar la violación
al debido proceso y demás garantías fundamentales […]”.
15. El Tribunal Administrativo del Atlántico allegó copia digital del expediente del
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
11
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del derecho identificado con el número único de radicación
080012333000201800299-01.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19919, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202110 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 11, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las
autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados.
Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplieron
con los requisitos generales de procedencia de la inmediatez y de relevancia
constitucional.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política''
10 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente a v) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
21. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200514, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
14 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
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la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de inmediatez y de
relevancia constitucional como requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional17.
15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
17 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela
27. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199118 estableció
que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no
deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la
sentencia SU-961 de 199919 consideró:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
28. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]20.
29. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
18 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
19 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.
30. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho 21:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200822, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”. (Resaltado del texto original)
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
31. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201423, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [24]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[25].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [26].
21 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
23 Ut supra página 6.
[24] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[25] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[26] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
16
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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [27].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [28]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [29].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [30]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
[27] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[28] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[29] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[30] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
32. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha considerado31:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”32
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales dla actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”33
31 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
32Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
33 Ibidem.
18
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En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
33. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y
esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal,
económico o probatorio, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con
satisfacer una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por
las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii)
cuando se demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia
procesal adicional.
34. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202234 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
34
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
35. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional35 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
37. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
35 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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38. Atendiendo a que la Corte Constitucional36 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
39. La Sala estudia si en el presente caso se cumplen con los requisitos
generales de procedencia de inmediatez y de relevancia constitucional.
40. La actora, a través de apoderada37, presentó solicitud de tutela contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico,
porque, a su juicio: i) el Consejo de Estado, al proferir, la sentencia de 8 de
septiembre de 2022; y ii) el Tribunal, al proferir, la sentencia de 2 de agosto de 2019,
el auto de 13 de septiembre de 2023 y el auto de 15 de enero de 2024, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 080012333000201800299-01:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
41. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
36 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
37 Cfr. Índice núm. 8 de SAMAI. Documento denominado
“12RECIBEMEMORIAL_MEMORIALES_PODERESPECIALPARATUT(.pdf) NroActua 8”. Archivo aportado en
medio digital.
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42. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
43. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
44. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 080012333000201800299-01.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez
45. En el expediente está plenamente acreditado que i) la Sección Cuarta del
Consejo de Estado profirió la sentencia el 8 de septiembre de 2022, la cual quedó
notificada el 27 de septiembre de 202238; y ii) la actora presentó la acción de tutela
el 16 de febrero de 202439, es decir que, desde el 28 de septiembre de 2022 (día en
el que empezaron a correr los términos una vez surtida la notificación personal) a la
fecha de presentación de la acción de tutela, la actora presentó la acción de tutela
por fuera del plazo razonable.
46. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
38 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 23 de septiembre de 2022, se entiende notificada personalmente el 27 de
septiembre de 2022 y los términos comenzaron a correr a partir del 28 de septiembre de 2022.
39 Cfr. Índice 2 de SAMAI, documento denominado “2ED_1CORREOELECTRONICOPDF(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
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protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de
la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.
47. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201740, reiteró la importancia del requisito general de procedencia de inmediatez en
la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso
hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general
como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que
consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses
después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de
tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia
que no se observa en el presente caso.
48. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable,
teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
49. Para la Sala, el presente asunto tampoco se encuentra comprendido dentro
de los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, según lo expuesto en el escrito de tutela, lo que la
actora controvierte es que las autoridades judiciales no condenaron en costas, pese
a que, a su juicio, “[…] tiene derecho a percibir por haber vencido en juicio a la
entidad demandada […]”.
40 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
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50. Para la Sala, la actora plantea una afectación de derechos fundamentales
que tienen su origen en un asunto de contenido económico, como lo es la condena
en costas, el cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
51. Al respecto, es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los artículos 361, 365 y
366 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201241, que regulan el tema de las costas
procesales, por cuanto se trata de un asunto de carácter legal y económico que no
le corresponde decidir al juez de tutela, sino al juez natural del proceso.
52. Asimismo, se resalta que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de esta
Corporación, en reiterados pronunciamientos42, y en especial, en la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 202043 consideró lo siguiente:
“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió condenar en costas al actor teniendo en cuenta la referida normativa , por cuanto
si bien se revocó parcialmente la decisión de primer grado, la parte accionada dentro del
proceso ordinario actuó en el trámite de la segunda instancia, por lo que para la Sala no
es viable que el señor ECHEVARRÍA PARRA pretenda usar este mecanismo
constitucional para controvertir un asunto de contenido económico, como lo es la
condena en costas procesales, en el que no se vislumbra una vulneración que
amerite la intervención del juez constitucional, en los términos del artículo 86
Superior.
Bajo esas premisas, se concluye que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para cuestionar asuntos ya resueltos por el juez de conocimiento o plantear una
discusión sobre la aplicación de los artículos 365 y 366 del CGP, que regulan el
tema de costas procesales, pues constituyen un asunto de carácter legal que no
41 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de diciembre
de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-04214-01 (AC). Actor: Carlos Enrique Echevarría Parra. C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón.
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le compete al juez de tutela, sino al operador natural, ello, en aras de evitar que se
convierta en una tercera instancia, conforme lo manifestó el a quo.
Cabe señalar que en el mismo sentido la Sala se pronunció en sentencia de 5 de
diciembre de 2019, en la que el demandante pretendía a través del mecanismo de
amparo controvertir una decisión proferida dentro de una acción popular en la que no se
condenó en costas a la parte vencida. En dicha oportunidad se dijo:
“[…] Para resolver es necesario realizar un análisis de los requisitos generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, con el fin
de verificar si se cumplieron a cabalidad, en especial con el de relevancia constitucional.
Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2015, definió los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en particular, al
referirse al de relevancia constitucional, señaló lo siguiente […]”.
[…]
“[…] Luego de revisar la jurisprudencia en torno a la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad, es menester recordar que las costas procesales
constituyen aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte
vencida en un proceso judicial, conformada por las expensas, que corresponden
a los gastos necesarios para tramitar el proceso y las agencias en derecho que
obedecen a la suma que el juez debe condenar en beneficio de la parte favorecida
con la condena en costas, con el fin de reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como
contraprestación por el tiempo y el esfuerzo dedicados a la causa […]”.
[…]
“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende
cuestionarse resolvió no condenar en costas o agencias en derecho, al no
evidenciarse temeridad en la actuación procesal, por lo que, para la Sala, no es
viable que el actor pretenda usar este mecanismo constitucional para controvertir
un asunto de contenido económico, como lo es la no condena en costas
procesales, en el que no se vislumbra una vulneración que amerite la intervención
del juez constitucional, en los términos del artículo 86 Superior […]”.
De lo precedente, la Sala concluye que en el caso bajo examen no se cumple con
el requisito de procedibilidad de la acción de tutela, cuando se erige contra
providencias judiciales, como lo es el de relevancia constitucional, lo que da lugar
a confirmar la decisión adoptada por la Sección Quinta en el fallo de 5 de
noviembre de 2020, mediante el cual declaró improcedente el trámite
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia. […]”. (Resaltado por la Sala).
53. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
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entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y
(iii) que en el escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
54. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
55. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal, probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y
goce de los derechos fundamentales indicados supra.
56. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la acción
de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia
la trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación tiene su origen
en un asunto de contenido económico que tiene como fundamento para su
reconocimiento un debate estrictamente normativo y de interpretación judicial.
Conclusiones de la Sala
57. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela que presentó la actora contra las autoridades judiciales accionadas.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la
actora contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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