Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00314-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicado : 08001-23-33-000-2018-00314-01
N° Interno : 1809-2020
Demandante : Juan Ramón Molina González
Demandado : Departamento del Atlántico
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Reconocimiento de pensión sanción por no afiliación
al sistema general de pensiones por omisión del
empleador y por despido sin justa causa
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia del 23 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico (sección A), que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
El señor Juan Ramón Molina González, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad del oficio 90 de 4 de enero de 2002, de las
Resoluciones 85 de 21 de marzo siguiente y 108 de 5 de abril de 2010, del
oficio 20170510005673 de 11 de mayo de 2017 y del acto ficto suscitado por
la falta de respuesta a la petición de 17 de mayo de 2013, por los que la
secretaría general del Atlántico le negó la pensión «de jubilación».
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene al
demandado a: (i) reconocer la pensión sanción equivalente a un salario
mínimo legal mensual vigente, a partir del 22 de octubre de 1997; y (ii) sufragar
el retroactivo, los daños y perjuicios ocasionados, los intereses moratorios que
consagra el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 192 y 195 del
2
Nº Interno: 1809-2020
Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
CPACA, la indexación sobre las sumas adeudadas y las costas procesales.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El demandante nació el 22 de octubre de 1937, laboró para la gobernación del
Atlántico durante 11 años y 2 meses y fue despedido sin justa causa; período
en el cual no fue afiliado a ningún fondo de pensiones, por lo que reclamó de
la entidad la pensión sanción contemplada en los artículos 8 de la Ley 171 de
1961 y 133 de la Ley 100 de 1993, lo que le fue negado a través de los actos
acusados.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 58, 90
y 209.
De la Ley 171 de 1961, el artículo 8.
De la Ley 100 de 1993, los artículos 36, 133 y 141.
Del Decreto 1848 de 1969, el artículo 74.
El demandante arguyó que es beneficiario de la transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, puesto que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de
edad, por tanto, se le debe dar aplicación a lo contemplado en los artículos 8
de la Ley 171 de 1961 y 133 de la Ley 100 de 1993 y reconocerse la pensión
sanción, por haber trabajado más de 10 años al servicio de la entidad y ser
despedido sin justa causa.
2. Contestación de la demanda.
El accionado se opuso a las pretensiones de la demanda1. Aseveró que el
demandante no cumple los requisitos exigidos para acceder a la pensión que
depreca, toda vez que ostentó la calidad de empleado público y las normas que
pretende sean aplicadas rigen para los trabajadores del sector privado.
Como excepción propuso la que denominó inexistencia de la obligación.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico (sección A), mediante sentencia
proferida el 23 de agosto de 2019, negó las pretensiones de la demanda (sin
1
Folios 207 a 211.
3
Nº Interno: 1809-2020
Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
condena en costas)2.
Consideró que, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 de la Ley 171
de 1961 y 133 de la Ley 100 de 1993, la pensión sanción se otorga a los
empleados que pertenecen al sector privado y a los trabajadores oficiales que
no hayan sido afiliados al régimen general de pensiones por omisión del
empleador, cuando son despedidos sin justa causa después de haber
laborado para aquel durante 10 años o más y menos de 15, continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993.
Que, por consiguiente, al demandante no le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión sanción que reclama, puesto que «cuando se
vinculó al Departamento del Atlántico lo hizo como empleado público, bajo una
relación legal y reglamentaria. En efecto, el Art. 233 del Decreto 1222 de 1986
dispone que “Los servidores Departamentales son empleados públicos; sin
embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras son
trabajadores oficiales”. Y como el actor prestó sus servicios al Departamento
en actividades que no guardan relación directa e inmediata con la construcción
y sostenimiento de obras, es evidente que fungió como empleado público».
Sostuvo que, de haberse corroborado la calidad de trabajador oficial o
empleado del sector privado del actor, tampoco se demostró que hubiese sido
despedido sin justa causa, pues ni siquiera formuló reproche alguno sobre el
acto administrativo que lo declaró insubsistente.
Agregó que no se acreditó que el departamento del Atlántico omitiera el deber
de afiliar al demandante al régimen general de pensiones, lo que lleva a
concluir que los actos acusados se mantienen incólumes.
4. El recurso de apelación.
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia3.
Alegó que si bien es cierto que ostentó la calidad de empleado público, también
lo es que la entidad accionada no le efectuó los correspondientes aportes a
pensión durante su vinculación y fue despedido sin justa causa; por tanto, al
2
Folios 294 a 305.
3
Folios 309 a 323.
4
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Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
encontrarse su situación «en un vacío jurídico pues no existe normatividad que
predique la pensión sanción a los empleados públicos», se debe dar aplicación
a la norma más favorable, que para el caso serían los artículos 8 de la Ley 171
de 1961 y 133 de la Ley 100 de 1993 o el Decreto 1848 de 1969.
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 13 de diciembre de 2022, el despacho sustanciador corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera el concepto4.
5.1 Parte demandante.
El apoderado del actor reitera, en forma idéntica, los argumentos de
apelación5.
5.2 Parte demandada
El departamento del Atlántico insiste en lo expuesto en el escrito de
contestación de la demanda y pide se confirme el fallo impugnado.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 6, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
4
Folio 336.
5
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica Samai.
6
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»
5
Nº Interno: 1809-2020
Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico (sección A), que negó las pretensiones. Para el
efecto se analizará si al actor le asiste derecho o no a reclamar del
departamento del Atlántico el pago de la pensión sanción, con fundamento en
los artículos 8 de la Ley 171 de 1961, 74 del Decreto 1848 de 1969 o 133 de
la Ley 100 de 1993, por favorabilidad, por no haber sido afiliado a un fondo de
pensiones durante más de 10 años y ser despedido sin justa causa; o si, por
el contrario, dicha prestación está dirigida únicamente a trabajadores oficiales
y del sector privado, condición que no cumple el accionante, quien estuvo
vinculado como empleado público, tal como lo determinó el a quo.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1 Hechos probados; y 2.2 Caso concreto.
2.1. Hechos probados.
i) Según cédula de ciudadanía, el actor nació el 22 de octubre de 1937 (f. 28).
ii) Certificación elaborada por la secretaría general del departamento del
Atlántico (ff. 216 y 217), de acuerdo con la cual el accionante laboró de la
siguiente manera:
Nombrado en el cargo de Guardalínea de los Teléfonos del
Departamento, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del
Departamento mediante Resolución No. 1311 de diciembre 18 de
1.965.
[…] laboró hasta el 28 de junio de 1.968.
Nombrado en el cargo de Guarda del Resguardo de Rentas del
Atlántico, mediante Decreto No. 582 de diciembre 30 de 1.969.
Posesionado el 8 de enero de 1.970 […] Declarado insubsistente
[…] mediante Decreto No. 0024 de enero 13 de 1.971.
[…]
Nombrado en el cargo de Celador en el Colegio de Bachillerato
“Marco Fidel Suarez”, con retroactividad al 4 de agosto de 1.972,
mediante Decreto No. 0544 de agosto 11 de 1.972.
[…]
Declarado insubsistente […] mediante Decreto No. 0488 de
septiembre 19 de 1.973.
Nombrado en el cargo de Vacunador de la Sección Pecuaria,
dependiente de la Secretaría de Fomento, mediante Decreto No.
0580 de Octubre 25 de 1.978. Posesionado el 10 de noviembre de
1.978 […] Declarado insubsistente […] mediante Decreto No. 331
de julio 9 de 1.981.
Reintegrado […] mediante Decreto No. 433 de septiembre 16 de
1.981. Posesionado el 17 de noviembre de 1.981 […]. Declarado
6
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Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
insubsistente […] mediante Decreto No. 147 de julio 22 de 1.982.
Nombrado en el cargo de Guarda Resguardo de Rentas […]
mediante Decreto No. 026 de febrero 3 de 1.984. Posesionado el
28 de febrero de 1.984 […]. Declarado insubsistente […] mediante
Decreto No. 304 de noviembre 9 de 1.984.
Laboró hasta el 5 de diciembre de 1.984 […].
Que al mencionado funcionario se le efectuaron los descuentos del
5% correspondientes a la Caja de Previsión Social Departamental
[sic para toda la cita].
Actuación administrativa.
a) Escrito (fecha ilegible) por medio del cual el actor pidió del ente demandado
la pensión sanción, con fundamento en el artículo 74 del Decreto 1848 de
1969, al haber laborado por más de 10 años y «siendo desvinculado de sus
cargos por el despido de la administración […]» (sic) [ff. 29 a 31].
b) Oficio 90 de 4 de enero de 2002, mediante el cual el departamento
accionado negó el reconocimiento de la pensión «de jubilación» al
demandante, porque no colmó el requisito del tiempo de servicios establecido
en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 (20 años), ya que solo tiene 9 años, 7
meses y 11 días (ff. 32 y 33).
c) Contra la anterior determinación el actor interpuso recursos de reposición y
en subsidio de apelación, al estimar que la entidad no le tuvo en cuenta el
período trabajado del 15 de marzo de 1974 al 14 de enero de 1975 en la
asamblea departamental del Atlántico, el cual debe computarse «para así
completar el tiempo de once (11) años laborados y dos (2) meses […]» (sic), y
acceder a la pensión sanción, en los términos de los artículos 8 de la Ley 171
de 1961 y 133 de la Ley 100 de 1993 (ff. 34 y 35).
d) Resolución 85 de 21 de marzo de 2002 (ff. 36 a 39), con la que la entidad
resolvió en forma desfavorable el recurso de reposición formulado por el actor,
al considerar:
[…] verificados nuevamente los Certificados de Tiempo de Servicio
aportados, se pudo corroborar, que el Tiempo Total de Servicio […]
corresponde a nueve (9) años, siete (7) meses y once (11) días,
incluyendo el periodo laborado en la Honorable Asamblea
Departamental del Atlántico.
[…] el señor JUAN RAMON MOLINA GONZALEZ, se encontraba
afiliado a la Caja de Previsión Social del Departamento del
Atlántico, Sistema de Seguridad Social vigente antes de Ley 100
de 1993.
7
Nº Interno: 1809-2020
Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
[…] el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 133 de la Ley
100 de 1993, son normas que se aplican al Sector privado, estas
solo se podrán aplicar a los empleados públicos, cuando exista
vacío normativo, circunstancia que no se presenta en este caso,
toda vez, que la Ley 171 de 1961 y el Decreto 3135 de 1968,
establecen que el empleado oficial vinculado por contrato de
trabajo que sea despedido sin justa causa después de haber
laborado más de diez (10) años, tendrá derecho, al reconocimiento
y pago de la Pensión Sanción […]
[…] con los documentos aportados, se pudo constatar que […] no
fue Trabajador Oficial, toda vez, que su vinculación con El
Departamento del Atlántico, no era de tipo contractual, sino que se
desempeñó como Empleado Público, en virtud de una vinculación
legal y reglamentaria, por lo tanto, no goza de calidad de trabajador
que exige la norma anteriormente citada [sic para toda la cita].
e) Resolución 108 de 5 de abril de 2010, por cuyo conducto el accionado negó
la pensión sanción al actor, con ocasión de otra petición presentada en tal
sentido (ff. 40 a 42).
f) Memorial de 17 de mayo de 2013, a través del cual el actor reclamó
nuevamente del demandado la pensión sanción, de acuerdo con los artículos
8 de la Ley 171 de 1961 y 133 de la Ley 100 de 1993 (ff. 43 a 50).
g) Oficio 20170510005673 de 11 de mayo de 2017, con el que la secretaría
general de la gobernación del Atlántico le informa al demandante que «[…]
mediante Resolución No. 000108 de fecha 5 de abril de 2010, se definió de
fondo su solicitud, la cual fue debidamente notificada quedando en firme […] y
agotada en legal forma la vía gubernativa […]» (ff. 51 y 52).
2.2. Caso concreto.
El señor Juan Ramón Molina González acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la pensión sanción, con fundamento
en los artículos 8 de la Ley 171 de 1961 y 133 de la Ley 100 de 1993.
El Tribunal Administrativo del Atlántico (sección A) negó las pretensiones de
la demanda, por considerar que, de conformidad con lo previsto en los
precitados artículos, la pensión sanción se otorga a los empleados que
pertenecen al sector privado y a los trabajadores oficiales, por tanto, al
demandante no le asiste el derecho al reconocimiento de la prestación que
reclama, toda vez que «cuando se vinculó al Departamento del Atlántico lo
hizo como empleado público, bajo una relación legal y reglamentaria».
8
Nº Interno: 1809-2020
Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, al estimar que si bien es cierto que ostentó la calidad de empleado
público, también lo es que la entidad accionada no le efectuó los
correspondientes aportes a pensión durante su vinculación y fue despedido sin
justa causa, por lo que al encontrarse su situación «en un vacío jurídico pues
no existe normatividad que predique la pensión sanción a los empleados
públicos», se debe dar aplicación a la norma más favorable.
De las pruebas anteriormente relacionadas se colige que (i) el demandante
nació el 22 de octubre de 1937; (ii) trabajó interrumpidamente para el
departamento del Atlántico, en diferentes cargos, desde el 18 de diciembre de
1965 hasta el 5 de diciembre de 1984 (cuando fue declarado insubsistente),
afiliado a la Caja de Previsión Social de ese departamento7; y (iii) pidió del ente
territorial la pensión sanción, al haber laborado por más de 10 años y «siendo
desvinculado de sus cargos por el despido de la administración […]» (sic),
negada a través de los actos acusados.
En el asunto sub examine el demandante aduce que se le debe reconocer la
pensión sanción establecida en los artículos 8 de la Ley 171 de 1961, 74 del
Decreto 1848 de 1969 o 133 de la Ley 100 de 1993, ante la falta de afiliación
al sistema general de pensiones por parte del empleador y por haber sido
despedido sin justa causa.
Al respecto, se precisa que la Ley 171 de 19618 dispuso, en su artículo 8°.,
una pensión a favor de los trabajadores vinculados mediante contrato de
trabajo, en los siguientes términos:
El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una
empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos
($800.000.00), después de haber laborado para la misma o para
sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y
menos de quince (15) años, continuos o discontinuos anteriores o
posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que
la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para
entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la
fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de
quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a
7
De acuerdo con la certificación de tiempos de servicios que se relaciona en el anterior acápite y lo expresado en
Resolución 85 de 2002.
8
«Por la cual se reforma la Ley 77 de 1959 y se dictan otras disposiciones sobre pensiones».
9
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Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50)
años de edad o desde la fecha de despido, si ya los hubiere
cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando
cumpla sesenta (60) años de edad.
La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo
de servicios respecto de la que le habría correspondido al
trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para
gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de
los salarios devengados en el último año de servicio.
En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por
las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los
trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración
pública o con los establecimientos públicos descentralizados, en
los mismos casos allí previstos y con referencia a la respectiva
pensión plena de jubilación oficial.
Por su parte, el artículo 74 del Decreto 1848 de 19699, en lo que refiere a la
pensión de los referidos empleados, en caso de despido injusto, preceptuó:
1. El empleado oficial vinculado por contrato de trabajo que sea
despedido sin justa causa después de haber laborado durante más
de diez (10) años y menos de quince (15), continuos o discontinuos,
en una "o varias entidades", establecimientos públicos, empresas
del estado, o sociedades de economía mixta, de carácter nacional,
tendrá derecho a pensión de jubilación desde la fecha del despido
injusto, si para entonces tiene sesenta (60) años de edad, o desde
la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al
despido. (declarada nula la frase que dice: "... o varias entidades..."
entre comillas. Consejo de Estado, fallo del 12 de noviembre de
1981).
2. Si el despido injusto se produjere después de quince (15) años
de los mencionados servicios, el trabajador oficial tiene derecho a
la pensión al cumplir los cincuenta (50) años de edad o desde la
fecha del despido, si entonces tiene cumplida la expresada edad.
3. Si el trabajador oficial se retirare voluntariamente después de
quince (15) años de los supradichos servicios, tendrá derecho a la
pensión cuando cumpla sesenta (60) años de edad.
4. La cuantía de la pensión de jubilación, en todos los casos citados
en los incisos anteriores, será directamente proporcional al tiempo
de servicios, con relación a la que habría correspondido al
trabajador oficial en el evento de reunir los requisitos exigidos para
gozar de la pensión plena y se liquidará con base en el promedio
de los salarios devengados en el último año de servicios.
5. La pensión a que se refiere este artículo, así como los
pensionados en cuanto a sus deberes y derechos, se regirá, en
todo lo demás, por las disposiciones pertinentes de este Decreto y
del Decreto 3135 de 1968.
9
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
10
Nº Interno: 1809-2020
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Demandado: Departamento del Atlántico
Conforme a las citadas normas, las condiciones exigidas para otorgar una
pensión, eran las siguientes: (i) tener la calidad de trabajador de los sectores
privado o público, vinculado por contrato de trabajo; (ii) haber sido despedido
sin justa causa, para lo cual debería contar con a) más de 10 y menos de 15
años de servicios y 60 de edad, o b) más de 15 años de servicios y 50 de
edad; o, en su defecto, (iii) tener más de 15 años de servicio, cuando el retiro
fuere voluntario, evento en el cual el derecho se causaría cuando el trabajador
alcanzara los 60 de edad.
Por su parte, la Ley 50 de 1990, «[p]or la cual se introducen reformas al Código
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones», previó:
Artículo 37. El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 8o. de la ley 71 de 1961, quedará así:
Artículo 267. Pensión después de diez y de quince años
de servicio.
En aquellos casos en los cuales el trabajador no esté
afiliado al Instituto de Seguros Sociales, ya sea porque
dicha entidad no haya asumido el riesgo de vejez, o por
omisión del empleador, el trabajador que sin justa causa
sea despedido después de haber laborado para el mismo
empleador o para sus sucursales o subsidiarias durante
más de diez (10) años y menos de quince (15) años,
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que dicho
empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si
para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de
edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con
posterioridad al despido.
Si el retiro se produjere por despido sin justa causa
después de quince (15) años de dichos servicios, la
pensión principiará a pagarse cuando el trabajador
despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o
desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si
después del mismo tiempo el trabajador se retira
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero sólo
cuando cumpla sesenta (60) años de edad.
[…].
Posteriormente, la Ley 100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», determinó:
Artículo 133. Pensión sanción. El artículo 267 del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 50
de 1990, quedará así:
El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por
omisión del empleador, que sin justa causa sea despedido después
de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años
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Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
o más y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrá
derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su
despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de
edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) años de edad si es
mujer, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad
al despido.
Si el retiro se produce por despido sin justa causa después de
quince (15) años de dichos servicios, la pensión se pagará cuando
el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco (55) años de
edad si es hombre, o cincuenta (50) años de edad si es mujer, o
desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido.
[…]
Parágrafo 1o. Lo dispuesto en el presente artículo se
aplicará exclusivamente a los servidores públicos que tengan la
calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector
privado.
Parágrafo 2o. Las pensiones de que trata el presente artículo
podrán ser conmutadas con el Instituto de Seguros Sociales.
[…] (subrayas de la Sala).
Los apartes subrayados de la precitada norma fueron declarados exequibles
por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-372 de 21 de julio de 199810,
en la cual sostuvo:
Para declarar la exequibilidad de los apartes demandados, basta
remitirse a las consideraciones hechas por la Corte Constitucional,
en la sentencia No. C-664 de 1996:
"Empero, dado que la misma norma cuestionada versa sobre la
consecuencia que se genera con ocasión del despido de un
trabajador vinculado por contrato de trabajo, sin tener en cuenta la
situación de afiliación o no al Seguro Social, resulta procedente el
examen de fondo de la cuestión planteada, toda vez que el
demandante pretende que dicha disposición se haga extensiva
igualmente a todos los servidores públicos frente a la circunstancia
del retiro ilegal o sin justa causa y sin que se tenga en cuenta su
vinculación contractual o legal o reglamentaria con la administración
pública en todos los niveles, lo cual amerita el análisis material de
constitucionalidad.
"Nuestra Carta Política de 1991 estableció en forma meridiana que
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento
y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.
"Consecuente con lo anterior, es permisible que en la
administración pública, determinados trabajadores se vinculan a
ella a través de una relación legal o reglamentaria o en virtud de un
contrato de trabajo, en la misma forma, para este último caso, que
los trabajadores particulares.
"Los servidores públicos vinculados a través de la relación legal por
el sistema de mérito o considerados de libre nombramiento y
10
M. P. Fabio Morón Díaz.
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Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
remoción de acuerdo con la ley, tienen un régimen laboral
totalmente diferente al que existe para los trabajadores oficiales
vinculados por una situación contractual, y por consiguiente todo lo
relacionado con el sistema de ingresos, permanencia, retiro y
régimen prestacional no es el mismo. Ya se ha dicho por esta
Corporación cómo el principio de igualdad de que trata el artículo
13 de la Carta Política, no puede aplicarse sino a situaciones
idénticas (sentencia No. C-410 de 1994, MP. Dr. Carlos Gaviria
Díaz).
"En el presente asunto no siendo idéntica la situación de unos
trabajadores y otros, mal podría como se pretende en la demanda,
que se otorgue el mismo trato a los empleados públicos regidos por
relación legal y a los trabajadores oficiales vinculados por contrato
de trabajo, pues ello equivaldría a eliminar la forma de vinculación,
permanencia y retiro de los mismos, no obstante, que como se ha
dicho, el legislador puede establecer distintas clases de regímenes
respecto de los trabajadores del Estado. Por consiguiente, el cargo
no está llamado a prosperar.
"No obstante lo expresado, adicionalmente cabe advertir que
tampoco resultan acertadas las apreciaciones que se hacen en la
demanda, en el sentido de que la supresión de cargos y la remoción
de los empleados de carrera afecta derechos de los servidores del
Estado para los efectos del reconocimiento del tiempo servido, toda
vez que en el evento de que estos sean retirados con violación de
las normas superiores de derecho, pueden obtener a través de la
acción laboral correspondiente que el tiempo durante el cual
estuvieron cesantes a causa de la desvinculación ilegal se tenga en
cuenta para los efectos prestacionales como la pensión de
jubilación, la cesantía y los demás derechos inherentes de carácter
laboral".
Se concluye de la cita jurisprudencial que precede que los empleados públicos,
regidos por una relación legal y reglamentaria, tienen un trato diferente al de
los trabajadores oficiales vinculados por contrato laboral, porque los primeros
gozan de un régimen diferente, en el cual, en caso de violación de sus
derechos salariales o prestacionales, pueden acudir ante esta jurisdicción y,
por ejemplo, hacer valer el tiempo durante el cual estuvieron cesantes a causa
de su desvinculación, para efectos laborales.
En ese sentido, no existe duda de que la pensión sanción, contemplada,
incluso desde la Ley 171 de 1961, cuando la persona no es afiliada al sistema
general de pensiones por omisión del empleador, ha estado estatuida para
quienes tengan la calidad de trabajadores oficiales y del sector privado.
Ahora bien, pese a que las pruebas aportadas expresamente dan cuenta de que
el accionante tuvo la condición de empleado público, la Sala procede a efectuar
el correspondiente análisis normativo.
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Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
La Constitución Política de 1991 dispuso, en su artículo 123, que «[s]on
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados
y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y
por servicios». A su vez, el artículo 233 del Decreto 1222 de 198611 preceptuó
que «[l]os servidores departamentales son empleados públicos; sin embargo, los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos
departamentales se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por
personas vinculadas mediante contrato de trabajo», y quienes «[…] presten sus
servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de
economía mixta departamentales son trabajadores oficiales. No obstante, los
estatutos de dichas empresas precisaran qué actividades de dirección o
confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de
empleados públicos».
Así las cosas, comoquiera que de los actos acusados y de la certificación
aportada se desprende que el actor desempeñó funciones de «Guardalínea»,
«Guarda», «Celador» y «Vacunador», es decir, que no estaban destinadas a
la construcción o sostenimiento de obras públicas, no tuvo la calidad de
trabajador oficial, sino que se trataba de un empleado público, razón por la que
carecen de asidero jurídico sus argumentos de alzada, toda vez que, como se
dijo, tenía la potestad de acudir ante esta jurisdicción y si era el caso, censurar
el acto administrativo que lo declaró insubsistente, si lo que procuraba era
demostrar que su desvinculación se produjo de manera ilegal, con el propósito
de obtener el correspondiente restablecimiento de sus derechos (si a ello
hubiere lugar), pero no puede pretender que se apliquen normas que, se itera,
rigen para los trabajadores oficiales y del sector privado.
Por último, cabe precisar que tampoco es dable, como lo solicita el actor,
emplear las aludidas normativas, con fundamento en el principio de
favorabilidad, pues, de acuerdo con lo expuesto por la sección segunda de
esta Corporación12, el referido principio se utiliza «[…] en las situaciones en
las que se presenta duda sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al
momento de resolver un asunto concreto. La existencia de este conflicto se da
11
«Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental».
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, sentencia de 30 de mayo de 2019,
expediente 25000-23-42-000-2013-02235-01 (2602-16) CE-SUJ-016-19.
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Demandante: Juan Ramón Molina González
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cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento
de causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución […]»,
situación que no emerge en el presente asunto, comoquiera que los
empleados públicos se gobiernan por un régimen distinto al de los trabajadores
oficiales y del sector privado vinculados por contrato laboral, por tanto, cada
uno goza de prerrogativas diferentes para el caso en particular, por lo que
tampoco surge duda sobre qué norma se debe aplicar.
Como corolario de lo expuesto, al ser evidente que el actor no colma los
requisitos señalados en la normativa que estableció la pensión sanción
deprecada (que exige un vínculo laboral por contrato de trabajo), a la
Administración no le era posible reconocerla, por lo que los actos administrativos
acusados conservan su presunción de legalidad.
Pese a lo anterior, resulta procedente mencionar que en sentencia de
unificación13 de esta sección segunda del Consejo de Estado, en la que se
resolvió una controversia concerniente a un contrato realidad, se aclaró que no
es aplicable la prescripción extintiva «[…] frente a los aportes para pensión, en
atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época […]». En este orden, las reclamaciones de los
aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social, por su
carácter de imprescriptibles y por comportar prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la prescripción extintiva, sino de la caducidad del medio
de control; por ende, «[…] pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello
puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas
[…]», por lo que el actor está legitimado para pedir de la demandada, en
cualquier tiempo, el pago de los aportes a pensión que estime no se le han
efectuado e incluso aquellos que podrían estar incompletos.
2.3. Condena en costas.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
13
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-
000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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Demandante: Juan Ramón Molina González
Demandado: Departamento del Atlántico
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
[…]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se
hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará
en costas a la parte vencida.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico (sección A), que negó las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de agosto de 2019, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico (sección A) negó las súplicas de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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