Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00343-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00343-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00343-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y la Administradora
Colombiana de Pensiones
Temas: Reliquidación pensión de jubilación docente oficial, ingreso base
de liquidación (IBL)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1
contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Atlántico, Sala de decisión oral, Sección B, mediante la cual se accedió
parcialmente a lo pretendido en la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Yomaira Judith Sarmiento de Reales presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
1 En adelante Fomag.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto producto del silencio al recurso de
reposición presentado el 9 de enero de 2018 y de la Resolución 012425 del 14 de
noviembre de 2017, asimismo la nulidad parcial de la Resolución 05788 del 7 de
julio de 2014, a través de las cuales se reconoció y ordenó el pago de una pensión
de jubilación y se negó la reliquidación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento del tiempo laborado en la Asamblea Departamental del
Atlántico en el cargo de diputada de elección popular, así como en el empleo de
libre nombramiento y remoción exceptuado de la carrera administrativa, en calidad
de miembro de la Unidad de Apoyo del Concejo Distrital de Barranquilla, para
efectos de la pensión de jubilación según lo previsto en «los artículos 123 y 125 de la
C.N. (sic), en lo atinente a la naturaleza de los empleos en los órganos y entidades del
Estado y la identificación del concepto de servidor público, atribuyéndosele, como debe ser,
dicha condición»; ii) la liquidación de su pensión «teniéndose en cuenta, por lo menos,
los siguientes criterios: 1.6.1. la vida laboral […] no solo por su vinculación como docente
al servicio de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, sino, además por su
desempeño en otros organismos del Estado con anterioridad a la fecha del status (sic)
pensional […] 1.6.2. El último año laborado y los factores salariales pertinentes […] 1.6.3.
En tanto al momento de cumplir 20 años de servicio como tiempo requerido por la ley […]
se encontraba afiliada al Fomag y en aplicación del numeral 1 Artículo 75 del Decreto 1848
de 1969 y el Artículo 3 de la Ley 91 de 1989 […] le corresponde al Fomag asumir la
responsabilidad de reconocer, liquidar y pagar el derecho a la pensión y por ende el derecho
a su reliquidación. 1.6.4. El reconocimiento de la condiciones fácticas probadas por la actora
permiten establecer y aplicar la participación a prorrata en el aseguramiento por parte de
las AFP recaudadores de la cuota laboral para el aseguramiento de la pensión de jubilación,
establecido en el artículo 72 y numeral 3 artículo 75 del Decreto 1848 de 1969» (sic); iii) el
pago de la primera mesada en un monto no menor de $3’228.395 y de las mesadas
debidamente indexadas; iv) la condena en abstracto «para que responda por lo daños
materiales e inmateriales que su errada actuación ha ocasionado a mi asistida al establecer
una liquidación de su pensión por un monto mucho menos al que le corresponde en
derecho, provocando lucro cesante»; v) el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos «176 y 178 del CCA» y; vi) la condena en costas y agencias en derecho a la
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Yomaira Judith Sarmiento de Reales nació el 21 de octubre de 1954, fue
2 En lo que sigue CPACA.
2
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Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
vinculada como docente oficial mediante el Decreto 0130 del 21 de febrero de 1975,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 fue afiliada al Fomag.
3.2. Mediante la Resolución 05788 del 7 de julio de 2014 la Secretaría de Educación
Distrital de Barranquilla reconoció la pensión de jubilación en los términos previstos
en la Ley 33 de 1985 y en el Decreto 1848 de 1969, sin tener en cuenta la actividad
laboral en el servicio público cercana a la fecha del estatus ni los factores salariales
percibidos durante la última labor ejercida.
3.3. A través del escrito presentado en la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, con radicación 2017PQR26133
del 19 de julio de 2017, solicitó la reliquidación de la pensión con base en las
condiciones previstas en el último año antes de adquirir el estatus, esto es los 40
días laborados como diputada en la Asamblea Departamental comprendidos entre
febrero y marzo de 2003, asimismo los 230 días en el años 1999 y los 90 días
correspondientes al año 2000 laborados como miembro del Concejo Distrital de
Barranquilla.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 23, 29, 48, 53, 123 y 125 de la Constitución
Política; 176 de la Ley 1464 de 2012, en concordancia con el artículo 9 del CPACA,
187 del Código de Procedimiento Civil, 72, 75 del Decreto 1848 y el 1 de la Ley 33
de 1985.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. Con
la Resolución 05788 del 7 de julio de 2014 la demandada interpretó
erróneamente el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 «a partir de una incorrecta
representación de los criterios que identifican los factores salariales pertinentes y el último
año de servicio laboral de mi asistida, consignado en el artículo 1° de la Ley 33; así como
de la base de liquidación de su pensión; y como consecuencia de ello estable, por vía de
hecho, una modificación de la circunstancias de tiempo, modo y lugar que determinan tanto
el lapso a tener en cuenta para establecer dicha anualidad anterior a la fecha de exigibilidad
del derecho pensional, como los factores salariales que de manera cierta lo constituyen
incurriendo en error de hecho; así como en un error sustancial al imponer arbitrariamente
una modificación del núcleo esencial del derecho a la reliquidación a la pensión cuyo
reconocimiento ha solicitado mi asistida […] la correcta interpretación […] define a la
Administración el deber de reconocer los factores pertinentes, con los que debe construir la
3 Índice 6 de Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, expediente digital, actuación
denominada «17_PROCESOABONADO_PROCESOAB_010CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua
6».
3
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Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
base pensional, desde el momento de la exigibilidad de esta prestación» (sic).
1.2. Contestaciones de la demanda
1.2.1. Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
6. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, comoquiera que el
Fomag era el encargado de atender las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que estuvieran vinculados, en todo caso al no haberse
reconocido una pensión por aportes tampoco había lugar al reconocimiento de la
reliquidación de la prestación con inclusión de lo devengado después de 19974.
6.1. Además, desde la promulgación de la Ley 6 de 1945 han sido estipulados los
derroteros respecto de los aportes que los servidores deben efectuar en las
entidades previsionales para el reconocimiento de la mesada, en ese sentido «[l]os
factores salariales para pensión quedarán establecidos en el Decreto 1045 de 1978 y
mediante la Ley 33 de 1985 se determinó en su artículo 1 que el pago mensual de la pensión
de jubilación de estos servidores sería el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio».
6.2. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación a cargo del Distrito de Barranquilla; ii) inepta demanda; iii) caducidad; iv)
falta de legitimación en la causa por pasiva; v) prescripción y vi) genérica.
1.2.2. Fomag
6.3. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, toda vez que los
actos demandados fueron proferidos en el marco de la normatividad vigente, puesto
que la liquidación de la pensión de jubilación tuvo en cuenta los factores sobre los
cuales realizó aportes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 62 de
19855.
6.4. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad; ii) cobro de lo no debido; iii) inepta demanda
por carencia de fundamento jurídico; iv) prescripción y v) genérica.
4 Índice 6 de Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, expediente digital, actuación
denominada «14_PROCESOABONADO_PROCESOAB_007CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua
6».
5 Índice 6 de Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, expediente digital, actuación
denominada «17_PROCESOABONADO_PROCESOAB_010CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua
6».
4
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Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
1.2.3. Colpensiones
6.5. Se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que Yomaira
Sarmiento de Reales cotizó por 28 años en el Fomag, para el 1° de abril de 1994
contaba con 20 años de prestación de servicios con aportes realizados en ese
fondo, «podemos avizorar que a Colpensiones no le asiste legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que, la pretensión principal de la presente acción, no lo cobija como sujeto
de la relación jurídica sustancial que tiene la demandante con la entidad demandada, la
cual expidió los actos administrativos que hoy se demandan, por lo que para poder predicar
esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación, configurándose con ello
una falta de conexión entre lo reclamado y la situación fáctica constitutiva para el
reconocimiento pensional pretendido»6.
6.6. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) falta de legitimación en
la causa por pasiva; ii) buena fe y iii) cobro de lo no debido.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 28 de febrero de
20247, mediante la cual accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda, para
tal efecto i) declaró la nulidad de las resoluciones 012425 del 14 noviembre de 2017
y 02566 del 28 de febrero de 2018, mediante las cuales fue negada la reliquidación
de la pensión de jubilación; ii) declaró la nulidad parcial de la Resolución 05788 del
7 de julio de 2014, a través de la cual fue reconocida la prestación; iii) ordenó al
Fomag reliquidar la pensión de jubilación a la demandante a partir del 22 de octubre
de 2009 [fecha de adquisición del estatus], con el 75% de la asignación básica
devengada durante el último año de prestación del servicio, comprendido entre el
1° de abril de 1999 y el 30 de marzo de 2000, pero efectos desde el 13 de marzo de
2015 por prescripción trienal, además iv) ordenó al Fomag solicitar al Fondo de
Pensiones Colfondos S.A.8 el traslado de los aportes realizados por el demandante
desde el 5 de enero de 1998 hasta el 30 de marzo de 2000, de manera indexada;
iv) negó la condena en costas.
7.1. Lo anterior, en virtud de los siguientes argumentos:
7.2. Según el material probatorio obrante en el expediente la demandante fue
6
Índice 6 de Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, expediente digital, actuación
denominada «14_PROCESOABONADO_PROCESOAB_007CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua
6».
7 Índice 27 de Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, expediente digital, actuación
denominada «37SENTENCIA_ACCEDEPAR_0020180034300YOMAIRA(.pdf) NroActua 27».
8 En adelante Colfondos S.A.
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vinculada a la docencia antes del 31 de diciembre de 1989, de manera que para el
reconocimiento de la pensión de jubilación le resultaba aplicable la Ley 33 de 1985,
con el 75% del salario mensual promedio percibido el último año de servicio. Por tal
motivo, no era dable establecer la compatibilidad de pensiones, en virtud del periodo
cotizado en Colfondos S.A., puesto que sus aportes debieron realizarse en el
Fomag, así hubiera decidido voluntariamente trasladarse a un fondo privado, en
razón a lo pretendido en la Ley 91 de 1989 que indicaba que mientras tuviera la
titularidad del cargo de docente no le era posible cotizar en un fondo diferente al
Fomag.
7.3. Aunado a lo anterior, las cotizaciones realizadas a Colfondos S.A. no fueron en
virtud del ejercicio de una actividad independiente a la de la docencia, puesto que
fueron producto del desempeño de cargos de libre nombramiento y remoción en el
sector público, en virtud de una comisión de servicios, lo cual implicó que la docente
se separara temporalmente de su cargo para ejercer otro fuera de la sede, sin dejar
de ser docente ni de estar vinculada a la planta de personal con iguales derechos
prestacionales.
7.4. En consecuencia, a la demandante le fue otorgada una comisión de servicios,
para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción en la Unidad de Apoyo del
Concejo de Barranquilla y realizó aportes a Colfondos S.A., lo que no implicó su
desvinculación del Fomag, motivo por el cual sus aportes al sistema de pensiones
debieron continuar realizándose en ese último fondo, que a su vez era el encargado
de reconocer las prestaciones sociales de la docente, de manera que el fondo
privado deberá trasladar al Fomag los aportes actualizados realizados por la
docente desde el 5 de enero de 1998 y el 30 de marzo de 2000.
1.4. El recurso de apelación
6.1. El Fomag solicitó la revocatoria parcial de la sentencia9 al considerar que la
demandante no tenía derecho a la reliquidación de la pensión «pues no es posible
que le reconozca el factor salarial bonificación mensual, si se tiene en cuenta que no se
encuentran como factor enlistado en el art 1° de la Ley 62 de 1985».
6.2. Además, en la sentencia no se autorizó «el descuento de los aportes para pensión
que debieron realizarse por la actora y su empleadora, incluyendo como factores salariales
únicamente aquellos periódicamente reconocidos, de manera continua como
contraprestación directa del servicio, si es que se omitió la consideración de alguno. Así
mismo que se tenga en cuenta para aquellos pagos no continuos su reconocimiento debe
9 Índice 31 de Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, expediente digital, actuación
denominada «40AGREGARMEMORIA_RECURSODEAPELACIONMI(.pdf) NroActua 31».
6
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Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
efectuarse en 1/12 parte».
6.3. Finalmente, solicitó no condenar en costas y agencias en derecho.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
8. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA10.
1.6. El Ministerio Público
9. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado no emitió
pronunciamiento.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
9.1. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el
problema jurídico se contrae a determinar ¿si los argumentos de la apelación
expuestos por el Fomag guardan congruencia con lo decidido en la sentencia
recurrida, lo cual ameritaría un pronunciamiento de fondo sobre la decisión de
primera instancia?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Principio de la doble instancia y el marco del recurso de apelación fallida
10. El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el artículo 31
de la Carta Política11, prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo las
excepciones que estipula la ley; esta garantía del derecho de impugnación, como
posibilidad de controvertir una decisión judicial, exige la presencia de un superior
funcional, quien participa como autoridad independiente, imparcial y de distinta
categoría en la revisión de una actuación previa. En suma, el principio de la doble
instancia encierra una de las más altas garantías establecidas en la Carta Superior,
por ello, es deber del juez, salvo las excepciones expresamente consignadas por el
10 Según el auto admisorio proferido el 17 de mayo de 2024, índice 4 de Samai, actuación
denominada: 4Auto que admite_24492024Admiterecurs(.pdf) NroActua 4.
11 ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley.
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Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
legislador, procurar su realización y plena efectividad como garantía de los derechos
de impugnación y de contradicción que de ella subyacen.
11. No obstante, el acceso a dicho derecho no opera de manera deliberada; por ello,
el legislador ha establecido algunos requisitos de oportunidad y procedencia para
su efectividad que deben ser satisfechos a cabalidad, so pena de que el recurso de
apelación fracase, requisitos que dentro del proceso contencioso administrativo
quedaron preceptuados en los artículos 24312 y 24713 de la Ley 1437 de 2011. El
primero, prevé que serán apelables las sentencias de primera instancia dictadas por
los jueces y tribunales administrativos; el segundo establece, el trámite con el cual
ha de surtirse la apelación señalando el término para la sustentación.
12. Por su parte, la Ley 1564 de 2012 aplicable al proceso contencioso administrativo
por remisión del artículo 306 del CPACA, señala los fines y el alcance de la
apelación, como también el interés para interponerla, al precisar lo que a
continuación se transcribe:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia.
[…]
Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo
con las siguientes reglas:
12 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente: Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia».
13 «ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias
dictadas en audiencia.
[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el
superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en
segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de
apelación formulado por los demás intervinientes.
[…]
7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el
expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento».
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
[…]
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la
audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su
finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,
deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre
los cuales versará la sustentación que hará ante el superior».
13. Una lectura sistemática de las anteriores normas lleva a concluir que, al sustentar
la apelación, el recurrente debe señalar al ad quem las inconformidades frente a la
decisión del a quo para que el superior revise los posibles errores en que se haya
podido incurrir en la primera instancia. La jurisprudencia, en relación con la carga
procesal de indicar los motivos de inconformidad frente a la decisión de primera
instancia, ha precisado14:
«Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda
instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en
el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias funcionales del juez
de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas,
en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución
Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco
está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación
con la situación creada por el fallo de primera instancia.
Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el
legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación, comoquiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por
lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la
controversia» (sic).
14. Entonces, cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se
dirigen en contra del fondo de la decisión recurrida, esto es en cuanto a las materias
que fueron objeto de análisis por el a quo, al no existir correspondencia lógica ni
jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la apelación
fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en
primera instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la
decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia
con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual, los argumentos
que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar
a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso.
15. También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
establece la competencia del superior en los siguientes términos:
14 Expediente N° 08001-23-31-000-2006-00420-01(1832-15); C.P William Hernández Gómez.
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
16. Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita o
limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el apelante, de
ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió
el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo que
trae como consecuencia que la apelación sea fallida. Frente al punto, esta sección15
ha explicado lo siguiente:
«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de
congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de
Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por
consiguiente se tiene por no presentado.
Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de
segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son extraños
al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados por el a
quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo de Estado,
así: […] En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente
como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la
sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el fondo
desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar la
sentencia con una apelación de la misma que no lo es.
Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de
fondo el caso por la vía de la apelación […]».
2.3. Caso en concreto
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017,
radicado: 19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016).
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Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
2.3.1. Hechos probados
50. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
50.1. Yomaira Judith Sarmiento de Reales nació el 21 de octubre de 1954, según
consta en la cédula de ciudadanía16.
50.2. El 23 de abril de 1997 la demandante tomó posesión del cargo de «Secretario
de Educación Distrital», para el cual fue nombrada en propiedad mediante el Decreto
1063 del 18 de abril de 1997, suscrito por el alcalde distrital de Barranquilla.
50.3. El 12 de marzo de 2003, a través de la Resolución 00326, el secretario de
educación, cultura y deporte del Distrito de Barranquilla aceptó la renuncia
presentada por la docente, en los siguientes términos:
«Que la profesora SARMIENTO DE REALES YOMAIRA JUDITH […] mediante escritos
dirigidos al señor Alcalde del Distrito de Barranquilla, manifiesta su voluntad en forma
espontánea e inequívoca, de solicitar se d[é] por terminada la comisión que le fue
concedida para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, y renunciar
irrevocablemente al cargo de docente que desempeñaba en el Distrito de Barranquilla
desde el 10 de marzo de 1975» (sic).
50.4. El 26 de septiembre de 2005, el jefe de la división administrativa de la Secretaría
de Educación Distrital certificó el siguiente tiempo de servicio prestado por la
docente:
«Nombrada maestra de Escuela Primaria del Departamento, mediante Decreto No. 0130
del 21 de febrero de 1975, emanado de la Gobernación del Atlántico. Posesionada el 10
de marzo de 1975.
Concedida Comisión Sindical en la ADEA, mediante Resolución No. 0201 del 28 de julio
de 1992 emanada de la Alcaldía Mayor de Barranquilla.
Terminada la Comisión Sindical en la ADEA y autorizada Comisión no remunerada a
partir del 21 de abril de 1997 para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción,
según Resolución No. 0283 del 18 de abril del 1997, emanada de la Alcaldía Distrital de
Barranquilla.
Terminada la Comisión no remunerada y autorizado su reintegro a sus labores Docentes
en el C.E.B. No. 86, mediante Decreto No. 2967 del 30 de diciembre de 1997 emanado
16 Índice 6 de Samai del Tribunal Administrativo del Atlántico, actuación denominada
«22_PROCESOABONADO_PROCESOAB_015HISTORIALABORA(.pdf) NroActua 6».
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
Concedida Comisión no Remunerada para ocupar un cargo de libre nombramiento y
remoción a partir de la fecha del presente acto, mediante Decreto No. 2968 del 30 de
diciembre de 1997 emanado de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
Ascendida al Grado 13, del Escalafón Nacional Docente del Distrito de Barranquilla
mediante Resolución No. 0182 del 16 de marzo de 1998.
Terminada la Comisión para desempeñar cargo de libre nombramiento y remoción, y
aceptada la renuncia del cargo e Docente en el Centro de Educación Básica No. 86
mediante Resolución No. 00326 del 12 de marzo de 2003 emanada de la Secretaría de
Educación Cultura y Deporte
El nombramiento es de carácter NACIONALIZADO.
Nota: Los aportes de Seguridad Social para Pensión son girados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en cumplimiento de la Ley 91 de 1989».
50.5. El 23 de mayo de 2013 el jefe de oficina de gestión administrativa docente de
la Secretaría Distrital de Educación certificó que la docente devengó sueldo,
subsidio de vivienda y las primas de alimentación y de vacaciones entre enero de
1996 y abril de 1997. Asimismo, mediante el formato único para la expedición de
certificado de salarios, proferido el 31 de julio de 2017, el jefe de oficina de gestión
administrativa docente certificó que la docente devengó entre el 5 de junio de 1996
y el 18 de abril de 1997 sueldo, subsidio de vivienda y las primas de alimentación y
de navidad.
50.6. El 10 de julio de 2013 el secretario general de la Asamblea del Departamento
del Atlántico certificó que la demandante fue elegida diputada del departamento
para el periodo constitucional comprendido entre el 2 de enero de 2001 y el 31 de
diciembre de 2003. En el 2003 actuó en las sesiones extraordinarias del 9 al 19 de
febrero y del 1º al 30 de marzo, cuyo sueldo básico y gastos de representación
correspondiente a marzo [sesiones ordinarias] fueron de $8’632.000 y para 10 días
de febrero [sesiones extraordinarias] fueron de $2’877.333.
50.7. El
12 de julio de 2013, el gerente de gestión humana de la Alcaldía de
Barranquilla certificó que Yomaira Sarmiento de Reales prestó sus servicios como
secretaria de educación distrital [naturaleza del cargo: empleado público] desde el
23 de abril de 1997 hasta el 29 de diciembre de 1997, periodo en el cual devengó
asignación mensual y gastos de representación.
50.8. Mediante la Resolución 05788 de 2014 «Por la cual se reconoce y ordena el pago
12
Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
de una pensión vitalicia de jubilación de un docente con vinculación nacionalizado situado
fiscal», la prestación fue reconocida a partir del 21 de octubre de 2009, con
fundamento en 7.959 días [22 años, 1 mes, 9 días] laborados entre el 10 de marzo
de 1975 y el 18 de abril de 1997 y en la fecha de su nacimiento el 21 de octubre de
1954. Con el 75% del promedio de factores devengados durante el último año de
servicios anterior al estatus, comprendido entre 1996 y 1997.
50.9. El 18 de agosto de 2015 el secretario general de la Asamblea Departamental
del Atlántico mediante el certificado de información laboral indicó que Yomaira
Judith Sarmiento de Reales trabajó en el sector público departamental o distrital
desde el 9 de febrero hasta el 30 de marzo de 2003 en esa dependencia, en ejercicio
del cargo de diputado y realizó aportes a Colpensiones. Sin embargo, el 13 de marzo
de 2017 fue emitido el certificado de información en el cual se indicó que los aportes
fueron realizados en Colfondos.
50.10. El 20 de junio de 2017, el jefe de recursos humanos de Concejo Distrital de
Barranquilla mediante el certificado de información laboral indicó trabajó en el sector
público departamental o distrital desde el 5 de enero de 1998 hasta el 30 de marzo
de 2000 en esa dependencia, en ejercicio del cargo de «Unidad de Apoyo» y realizó
aportes entre el 5 de julio de 1998 y el 30 de marzo de 2000 a Colfondos. En esta
oportunidad, fue proferido el certificado de salarios mes a mes en el cual indicó que
en enero y febrero de 1998 laboró 25 y 28 días, respectivamente, entre marzo de
1998 y enero de 2000 laboró los 30 días de cada mes, en febrero y marzo de 2000
trabajó 28 y 5 días, respectivamente. Durante el anterior tiempo devengó asignación
básica.
50.11. El 31 de julio de 2017, el jefe de la Oficina Gestión Administrativa Docente,
mediante el formato único, certificó que la docente de primaria se encuentra inactiva
en el servicio y que además prestó sus servicios en los siguientes términos:
Novedad/plantel Acto Desde hasta Total Entidad a
administrativo la cual
aportó
Nombrada Decreto 0130 10/03/1975 27/07/1992 17 años, 4 F.N.P.S.M.
maestra/ del 21/02/1975 meses, 27
Escuela Primario días
del
Departamento
Concedida Resolución 28/07/1992 18/04/1997 4 años, 8 F.N.P.S.M.
comisión sindical 0201 del meses, 21
ADEA 28/07/1992 días
Terminada Resolución 18/04/1997 18/04/1997 1 día F.N.P.S.M.
comisión sindical 0283 del
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
18/04/1997
Autorizada Resolución 18/04/1997 18/04/1997 8 meses, 12 Sin aporte
comisión no 0283 del días
remunerada a 18/04/1997
partir del 21 de
abril para ejercer
el cargo de libre
nombramiento y
remoción
Terminada Decreto 2967 30/12/1997 30/12/1997 1 día Sin aporte
comisión no del 30/12/1997
remunerada y
autoriza su
reintegro de
labores docente
en el C.E.B. 86
Barranquilla
Concedida Decreto 2968 30/12/1997 12/03/2003 5 años, 2 Sin aporte
comisión no del 30/12/1997 meses, 13
remunerada días
para ocupar el
cargo de libre
nombramiento y
remoción
Terminada Resolución 12/03/2003 12/03/2003 1 días Sin aporte
comisión para 00326 del
desempeñar 12/03/2003
cargo de libre
nombramiento y
remoción y
aceptada la
renuncia del
cargo Docente
en el C.E.B. 86
Barranquilla
Tiempo total de 10/03/1975 18//04/1997 22 años, 1
servicio mes, 9 días
50.12. A través de la Resolución 012425 de 2017 «Por medio de la cual se niega una
solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de un docente de vinculación
nacionalizado del situado fiscal», negó la solicitud de reliquidación de la pensión de
jubilación con número 2017-PENS-428143 del 4 de abril 2017, con fundamento en
que la prestación fue liquidada en virtud del último año de servicio, esto es entre
1996 y 1997, con fechas de adquisición del estatus del 21 de octubre de 2009 y de
retiro del 18 de abril de 1997.
50.13. Mediante la Resolución 02566 del 28 de febrero de 2018 «Por la cual se resuelve
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
un recurso de reposición contra la Resolución 012425 del 14 de noviembre de 2017, la cual
negó una solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de un docente con vinculación
nacionalizado situado fiscal» fue confirmada la Resolución 01245 de 2017, por cuanto
la docente laboró hasta el 18 de abril de 1997, tiempo que fue tomado en cuenta
para el reconocimiento pensional previsto en la Resolución 05788 del 7 de julio de
2014, respecto del tiempo en el cual prestó sus servicios después de 1997, no podrá
tenerse en cuenta, toda vez que no fue concedida una pensión por aportes.
Además, el derecho a la reliquidación lo tenían los docentes pensionados que
continuaran en el servicio activo, al momento del retiro definitivo.
50.14. Colpensiones reportó 17 semanas cotizadas por la demandante entre el 1º de
agosto y el 31 de octubre y entre el 1º de diciembre y el 31 de diciembre de 1997,
mientras prestó sus servicios en el municipio de Barranquilla.
2.3.2. Análisis sustancial
51. El Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a lo pretendido en
la demanda, como consecuencia declaró la nulidad de las resoluciones 012425 del
14 noviembre de 2017 y 02566 del 28 de febrero de 2018, mediante las cuales fue
negada la reliquidación de la pensión de jubilación y la nulidad parcial de la
Resolución 05788 del 7 de julio de 2014, a través de la cual fue reconocida la
prestación a la demandante. Asimismo, a título de restablecimiento del derecho,
ordenó la reliquidación de la prestación «teniendo en cuenta el promedio del 75% de la
asignación básica devengada durante el último año de prestación del servicio, comprendido
entre el 1° de abril de 1999 al 30 de marzo de 2000».
52. El Fomag solicitó se revocara la sentencia proferida en la primera instancia al
considerar que la demandante no tenía derecho a la reliquidación de la pensión
«pues no es posible que le reconozca el factor salarial bonificación mensual, si se tiene en
cuenta que no se encuentran como factor enlistado en el art 1° de la Ley 62 de 1985».
Además, en la sentencia no se autorizó «el descuento de los aportes para pensión que
debieron realizarse por la actora y su empleadora, incluyendo como factores salariales
únicamente aquellos periódicamente reconocidos, de manera continua como
contraprestación directa del servicio, si es que se omitió la consideración de alguno. Así
mismo que se tenga en cuenta para aquellos pagos no continuos su reconocimiento debe
efectuarse en 1/12 parte».
53. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, la competencia del juez en segunda instancia se enmarca en los
«reparos concretos» formulados por el apelante. Es por esto que de acuerdo con las
reglas para la interposición del recurso de apelación el interesado ostenta la carga
procesal de «precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
decisión17». Lo anterior, en tanto, la competencia funcional de la Sala en casos como
el sub judice, cuando el apelante es único, se encuentra limitada por el principio de
la non reformatio in pejus y por los juicios de reproche planteados en el recurso.
54. En el asunto en estudio se advierte que la entidad apelante reprochó la decisión
adoptada por el tribunal de instancia al considerar que no era posible incluir el factor
bonificación mensual por cuanto no se encuentra «enlistado en el art 1° de la Ley 62
de 1985», sin embargo, no se advierte que dentro de las pretensiones de la
demandante se solicitara su inclusión en la reliquidación de la prestación y tampoco
que el Tribunal Administrativo del Atlántico hubiese efectuado pronunciamiento
alguno frente a este. Por lo que no es un planteamiento que pueda reprocharse a la
sentencia de primera instancia.
55. Lo anterior, por cuanto la decisión emitida por el a quo se limitó a ordenar al
Fomag la reliquidación de la prestación de la demandante «teniendo en cuenta el
promedio del 75% de la asignación básica devengada durante el último año de prestación
del servicio, comprendido entre el 1° de abril de 1999 al 30 de marzo de 2000» [se resalta].
Esto es, en esta no se ordenó incluir el factor bonificación mensual, frente al cual
la apelante estima que la pensionada no tiene derecho.
56. De otra parte, la pretensión de revocatoria de la entidad de previsión también se
sustentó en que el a quo no autorizó «el descuento de los aportes para pensión que
debieron realizarse por la actora y su empleadora, incluyendo como factores salariales
únicamente aquellos periódicamente reconocidos, de manera continua como
contraprestación directa del servicio, si es que se omitió la consideración de alguno. Así
mismo que se tenga en cuenta para aquellos pagos no continuos su reconocimiento debe
efectuarse en 1/12 parte».
57. En relación con lo anterior, como se explicó en líneas anteriores, el Tribunal
Administrativo del Atlántico a título de restablecimiento del derecho ordenó la
reliquidación de la pensión de Yomaira Judith Sarmiento de Reales solo con la
inclusión de «la asignación básica» devengada por la beneficiaria, único factor que
devengó y sobre el cual se efectuaron aportes durante el periodo a incluir, de
conformidad con las certificaciones expedidas por el jefe de recursos humanos de
Concejo Distrital de Barranquilla y Colfondos, como se explicó en la decisión de
primera instancia. Por lo que, esta Sala no encuentra que se haya ordenado incluir
un factor frente al que sea procedente emitir una orden de descuentos de los aportes
y, la apelante se limitó a efectuar una afirmación abstracta sin precisar cuáles eran
los supuestos emolumentos frente a los que se debía emitir una orden en ese
sentido.
17
Artículo 322 del código General del Proceso.
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
58. En esas condiciones, una confrontación del contenido del recurso de apelación
respecto de lo decidido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, permite
establecer la inexistencia de razones o manifestaciones que controviertan la
decisión adoptada por el a quo. Por lo que, esta Subsección carece de competencia
para pronunciarse frente a aspectos que no fueron objeto de discusión en el trámite
de primera instancia o de efectuar un pronunciamiento integral de la decisión, por
cuanto, son los argumentos del apelante único los que determinan la competencia
funcional.
59. En consecuencia, el medio de impugnación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, pero únicamente por los reparos formulados por la
parte recurrente, para que se modifique la decisión, y que sea congruente con la
decisión judicial, por lo tanto, se declarará fallida la apelación y se dejará incólume
la sentencia de primera instancia.
2.4. Costas
60. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
61. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
62. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma18.
18En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00343-01 (2449-2024)
Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
63. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
64. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandada.
3. Conclusión
65. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no es procedente
examinar los argumentos expuestos por el a quo en la primera instancia, en la
medida en que no existe congruencia entre los consignados en el recurso de
apelación presentado por el Fomag y aquellos señalados en la decisión
controvertida.
66. En esas condiciones, se dejará incólume la sentencia del 28 de febrero de 2024
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de decisión oral, Sección B,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fallida la apelación la apelación y, como consecuencia se deja
incólume la sentencia proferida el 28 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de decisión oral, Sección B, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido
por Yomaira Judith Sarmiento de Reales, según lo expuesto en esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: Yomaira Judith Sarmiento de Reales
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-
000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMTL
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