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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00557-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00557-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de agosto de 2020, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto no accedió al reconocimiento de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas, en la demanda formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la señora Mildred Carrillo Suárez en contra del municipio de Santa Lucía, pero por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden. Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, según lo 17 Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021) Demandante: Mildred Carrillo Suárez expuesto con antelación. Tercero. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00557-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez
Demandado: Municipio de Santa Lucía

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
demandante contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

Contencioso Administrativo, la señora Mildred Carrillo Suárez, por conducto de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo
que surgió ante la omisión de respuesta, por parte del municipio de Santa Lucía,
respecto de la petición formulada el 18 de octubre de 2017,1 a través de la cual
reclamó las cesantías, intereses sobre estas, primas de servicios, vacaciones e
indemnización moratoria.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) condenar a la entidad
demandada a pagar las cesantías, intereses sobre estas, primas de servicios y
vacaciones causadas a su favor por el servicio prestado durante el año 2015; (ii)
reconocer la sanción moratoria prevista en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995; (iii)
ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos del «artículo 176 del CCA»2;
y (iv) imponer costas y agencias en derecho a cargo de la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) La señora Mildred Carrillo Suárez laboró al servicio de la Alcaldía de Santa Lucía
en el cargo de «COORD.MAS FAMILIAS EN ACCIÓN»3.

(ii) El inicio de su vínculo laboral ocurrió el 2 de enero de 2015 y, a través del Decreto
0014 del 8 de enero de 2016, se declaró insubsistente su nombramiento.

1 Se precisa que, para resolver la controversia se tomará en cuenta la fecha en referencia, pues

aunque más adelante, en la relación del hecho (iii) de la demanda, se hace mención al 11 de
septiembre de 2017, como fecha de radicación de la petición, en el texto de recibido del correo
electrónico se dejó esta inscripción «marcado para seguimiento. Se inicia el miércoles, 18 de octubre
de 2017. Finaliza el miércoles, 18 de octubre de 2017» y fue esta última la que se demarcó, por la
parte actora, en su pretensión anulatoria, como aquella en que se radicó la petición que dio origen
al acto ficto negativo.
2 Así se indicó en la pretensión séptima de la demanda a pesar de que el proceso inició cuando ya

estaba en vigencia la Ley 1437 de 2011.
3 Así se indicó en el hecho segundo de la demanda.

2

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

(iii) A través de petición radicada vía correo electrónico el 11 de septiembre de
2017,4 ante la Alcaldía de la entidad territorial demandada, solicitó el reconocimiento
y pago de sus acreencias laborales; sin embargo, la entidad nunca dio respuesta y
con ello se configuró el silencio administrativo negativo que se acusa.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 53 y 150, numeral 19, literal f), de la
Constitución Política; y 2 de la Ley 244 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante manifestó lo
siguiente:

(i) La Ley 244 de 1995 dispone, en su artículo 1.º, que toda autoridad patronal está
en la obligación de emitir la decisión administrativa mediante la cual reconozca y
ordene el pago de las cesantías definitivas a los servidores públicos que hayan sido
desvinculados, en tal sentido debe proceder dentro de los 15 días siguientes a la
fecha en que el servidor público realice la respectiva reclamación; sin embargo,
como en el sub lite la entidad no dio respuesta, se originó el acto ficto o presunto
negativo.

(ii) Por su parte, el artículo 2.º de la ley antes mencionada dispone que, en el evento
de que el empleador exceda los 45 días hábiles siguientes a la fecha en que quede
en firme el acto administrativo que ordena la liquidación definitiva de las cesantías,
sin materializar el pago de la prestación, estará obligado a reconocer, de sus propios
recursos, a favor del empleado, el equivalente a un día de salario por cada día de
retardo hasta cuando se haga efectivo el pago, para lo cual solo es necesario
acreditar la omisión de cancelación en el término previsto en la norma.

1.2. Contestación de la demanda

4 Ver observación en el pie de página 1.

3

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

El ente territorial demandado contestó el libelo5 y se opuso a la prosperidad de sus
pretensiones. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

(i) En primer lugar, dio por ciertos todos los hechos de la demanda y además
corroboró lo relativo a la fecha de la radicación de la petición que dio origen al acto
ficto cuya anulación se pretende; sin embargo, expuso que «no tenía la Alcaldía
Municipal de Santa Lucía presupuesto para cumplir con las peticiones de la parte
demandante».

(ii) Aunado a lo anterior planteó la excepción previa de falta de requisitos formales
toda vez que no se explica, en forma clara, la razón por la cual se pretende la
anulación del acto ficto o presunto demandado.

(iii) Por su parte, en cuanto a las excepciones de mérito, planteó las siguientes: a.
imposibilidad del pago de la sanción moratoria, toda vez que no podía reconocer y
pagar una prestación que no estaba incluida en el presupuesto de la entidad; en ese
sentido, como el requisito de la disponibilidad presupuestal constituye parte esencial
del principio constitucional de gasto público, no era factible reconocer las acreencias
reclamadas; b. «solicitud de un derecho sin cumplir con los requisitos para
adquirirlos» en el sentido de que en la petición, además de las acreencias
reclamadas, la parte demandante también deprecó la sanción moratoria cuando aún
no se había causado, pues si en esa propia solicitud se estaban pidiendo las
cesantías, aún no se había vencido el término para cumplir con su pago y, por ende,
para que se causara la aludida penalidad; y c. prescripción, respecto de los
derechos laborales reclamados cuando habían transcurrido más de 3 años desde
su exigibilidad.

1.3. La sentencia apelada

5 Folios 34 a 41.

4

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 10 de
agosto de 2020,6 declaró no probada la excepción de prescripción planteada por el
municipio de Santa Lucía, declaró la nulidad del acto ficto o presunto negativo
acusado, ordenó el reconocimiento de las acreencias laborales reclamadas por la
demandante y dispuso la indexación de las sumas debidas. Como sustento de tal
decisión se expuso en lo siguiente:

(i) Según lo probado en el expediente y, en particular, la afirmación realizada por la
entidad demandada en la contestación de la demanda, acerca de la veracidad de
las afirmaciones de la parte actora, en cuanto no fueron reconocidas las acreencias
laborales reclamadas, para lo cual se arguye la falta de disponibilidad presupuestal,
se puede corroborar que dichos emolumentos aún no han sido reconocidos ni
pagados por parte de la autoridad demandada.

(ii) Ahora bien, en lo que respecta al argumento invocado por la entidad demandada,
relativo a la falta de disponibilidad presupuestal, se debe señalar que la Corte
Constitucional, en diversos pronunciamientos7 ha considerado que esta razón no
justifica la vulneración de los derechos constitucionales de los trabajadores, pues la
omisión de las apropiaciones presupuestales no puede constituir un obstáculo para
abstenerse de reconocer la contraprestación del servicio prestado por los
trabajadores.

(iii) Por su parte, en lo que respecta a la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías definitivas, cuyo sustento se invocó con base en el artículo 2 de la Ley
244 de 1995, se niega toda vez que «la parte actora omitió agotar la reclamación al
ente territorial en cuanto a tal penalidad».

1.4. El recurso de apelación

La señora Mildred Carrillo Suárez, por intermedio de su apoderado, interpuso

6 Folios 153 a 159.
7 Se citan las Sentencias T-260 de 1994 y SU 484 de 2008.

5

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

recurso de apelación,8 con base en los argumentos que se enuncian a continuación:

(i) En la contestación de la demanda, la entidad no manifestó inconformidad en lo
que respecta a la falta de reclamación administrativa respecto de la sanción
moratoria; además, la interpretación que hizo el a quo, en torno a la falta de ella es
bastante restrictiva, pues «mal estaría de parte del A-QUO interpretar de qué (sic) se
trata de la prestación contemplada en el artículo 65 del CST y no en la contemplada
en la ley 244 de 1995, y más un, al quedar demostrado en el plenario, que la
demandante […] ostenta la calidad de empleada pública».

(ii) La actitud de la entidad demandada, en cuanto no adujo que se había omitido
realizar la reclamación administrativa en torno a la pretensión de sanción moratoria,
debe llevar a afirmar que esta sí la hubo y, en ese sentido, resolver en forma
favorable la pretensión. En ese sentido, el tribunal no puede cambiar el objeto de la
demanda, considerando que lo que se deprecaba era la sanción de que trata el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues en momento alguno se invocó
ese fundamento de derecho y, por ende, en la sentencia recurrida no se podía
aplicar normas que no sirvieron de soporte a la pretensión.

(iii) En razón de lo anterior, se solicita aplicar lo previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, en cuanto garantiza la primacía de la realidad sobre las
formalidades y resolver en forma favorable, la pretensión de sanción moratoria
reclamada.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demandante descorrió el término para alegar e insistió en los argumentos
del recurso.9 El municipio de Santa Lucía no hizo ningún pronunciamiento.10

8 Folios 94 a 96.
9 Según memorial que obra en el índice 14 de la plataforma Samai.
10 De acuerdo con el informe secretarial visible en el folio 112 del expediente.

6

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público guardó silencio durante esta etapa procesal.11

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con los reparos concretos formulados en el recurso de apelación, 12 el
marco decisorio de esta instancia se circunscribe a establecer si en la reclamación
administrativa formulada por la demandante se incluyó la pretensión encaminada al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida en la demanda, o si no
hubo una petición concreta al respecto, como lo concluyó el a quo. En caso
afirmativo, se deberá examinar si procede el reconocimiento de la penalidad
reclamada por la parte actora.

2.2. Marco normativo

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que

11 Según informe secretarial visible en folio 112.
12 Se aclara que en el recurso no se planteó oposición en torno al reconocimiento de las demás

acreencias laborales reclamadas en la demanda y que fueron concedidas por el tribunal de instancia.

7

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»13, y «proteger dicho auxilio contra depreciación
monetaria»;14 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías
de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías15, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo16. Además, en los artículos 6 y

13 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
14 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
15 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
16 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

8

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días
para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas
de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

9

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador17.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales18 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

17 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
18 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».

10

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

(i) El 8 de enero de 2016,19 el secretario general del municipio de Santa Lucía
expidió el Decreto 0014, por medio del cual declaró la insubsistencia del
nombramiento de la señora Mildred Carrillo Suárez, del cargo de «COORD.MAS
FAMILIAS EN ACCIÓN»20.

(ii) El 18 de octubre de 2017,21 la demandante dirigió correo electrónico a la entidad
demandada con el objeto de formular la siguiente petición:

[…] por medio del presente memorial, solicito el pago de las prestaciones sociales
como lo son las primas de servicio, las vacaciones, las cesantías y los intereses sobre
cesantías, al igual que la sanción moratoria por el no pago oportuno de
prestaciones sociales al momento de la terminación del contrato en virtud al nexo
contractual de libre nombramiento y remoción […] [Se destaca]

En el expediente no obra prueba de que la entidad hubiera dado respuesta a dicha
petición.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El primer problema jurídico que se debe resolver consiste en establecer si hubo
reclamación administrativa, por parte de la demandante, en torno a la sanción
moratoria, establecida en el artículo 2.º de la Ley 244 de 1995, tal como se pretende
en la demanda y en el recurso de alzada.

Al respecto, es necesario señalar que el artículo 161 del CPACA estableció los
requisitos que deben cumplirse para la presentación de la demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. De manera específica, sobre el medio

19 Folio 6.
20 Así se mencionó en el acto mencionado.
21 Folios 7 a 9.

11

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Demandante: Mildred Carrillo Suárez

de control de nulidad y restablecimiento del derecho preceptuó:

Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
[…]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá
demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral
[…].
(Negritas por fuera del original)

La normativa citada consagró la denominada actuación administrativa como un
presupuesto procesal de carácter obligatorio para quien pretenda demandar la
legalidad de un acto de contenido particular y concreto ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

En virtud del mencionado precepto, el ciudadano, antes de instaurar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, debe dirigir su pretensión a la
administración o debatir la validez del respectivo acto ante aquella, según el caso;22
lo primero, cuando no haya existido pronunciamiento alguno mediante el cual se
deniegue o acceda al reconocimiento de una situación jurídica; lo segundo, a través
de la interposición de los recursos que la ley establece como obligatorios. De esta
manera se le da la oportunidad a la administración para que defina la situación
concreta del peticionario y revise los argumentos fácticos y jurídicos de su decisión,
a fin de determinar si debe revocarla, modificarla o aclararla.23

22 Dependiendo si ha existido pronunciamiento o no. De acuerdo con el artículo 4.º del CPACA la actuación

administrativa puede iniciarse «1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general. 2. Por
quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular. 3. Por quienes obren en cumplimiento de
una obligación o deber legal. 4. Por las autoridades, oficiosamente» (Negritas por fuera del original).
23 Por su parte, la doctrina ha entendido el procedimiento administrativo como «una garantía de la adecuación

de la actividad administrativo a criterios de objetividad y eficacia y, también, como una garantía del pleno respeto
de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública.» Luciano Parejo Alfonso.
Eficacia y administración. Madrid, 1995, Once – Gavitas, 2002, pp.793 y ss. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Compendio de Derecho Administrativo. Cit. p. 421.

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Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

Bajo tales supuestos, el agotamiento de la actuación administrativa constituye i) una
garantía de los derechos de defensa y debido proceso de los ciudadanos frente al
comportamiento de la administración, porque permite debatir sus decisiones, ii) una
oportunidad para que la administración emita pronunciamiento sobre la situación
puesta a su conocimiento o reevalúe sus actos y corrija los errores contenidos en
estos y, iii) un presupuesto procesal para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.24

En el anterior contexto, se debe decir que para que el juez de lo contencioso
administrativo se pronuncie en torno a las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, estas deben haber sido reclamadas
previamente ante la autoridad de la que se exige el reconocimiento del derecho
pretendido, pues, de lo contrario, se configura la excepción de falta de reclamación
administrativa.

En el caso sub examine, el a quo consideró que en la petición formulada el 18 de
octubre de 2017 por el apoderado de la señora Carrillo Suárez, no se pidió la
sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas. Para llegar
a tal conclusión hizo el siguiente análisis:

En lo concerniente a la segunda pretensión, una vez analizada la petición dirigida a
la Alcaldía de Santa Lucía – Atlántico, que generó el acto administrativo enjuiciado,
se pudo interpretar por esta Corporación que la misma versó sobre la indemnización
moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y no sobre
la contenida en la Ley 244 de 1995 (subrogada por la Ley 1071 de 2006), teniendo en
cuenta que lo que se solicitó en forma expresa fue: “(…) la sanción moratoria por el
no pago de las prestaciones sociales al momento de la terminación del contrato
(…)”25, es decir, no se agotó el trámite administrativo frente a la penalidad económica
establecida en la Ley 244 en mención.

En lo que a ello se refiere, cabe reiterar lo esbozado con precedencia, consistente en

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del

28 de febrero de 2018, expediente número 05001-23-33-000-2014-01730-01(3176-17), M.P. Dr. César
Palomino Cortés. «Esta exigencia legal implica entonces, salvo contadas excepciones, el ejercicio de los
recursos de Ley frente a los actos administrativos de carácter particular y concreto, fundamentalmente del
recurso de apelación cuando éste resulta procedente, en tanto las normas de procedimiento
administrativo han establecido su obligatoriedad a diferencia de los recursos de reposición y de queja
cuyo ejercicio es meramente facultativo, so pena de tornarse improcedente el acceso a la vía judicial en
aplicación de los preceptos legales anteriormente mencionados.». (Negritas por fuera del original).
25 Comillas inglesas y cursivas propias del texto transcrito.

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Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

que el reconocimiento y pago de la aludida sanción, no opera de manera automática
ya que no es accesoria a la prestación social –cesantías-, de manera que es menester
adelantar una actuación administrativa en interés particular frente a los salarios
moratorios, que provoqué (sic) el pronunciamiento de la administración pública
(expreso o ficto) susceptible de control de legalidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Por lo tanto, y como quiera (sic) que en el asunto de marras, la parte actora omitió
agotar la reclamación al ente territorial en cuanto a tal penalidad, mal podría esta
Corporación acceder a ella, pues se estaría desconociendo el debido proceso que le
asiste a la entidad pública demandada; en consecuencia, habrá de negarse esta
pretensión».

Pues bien, al analizar la anterior conclusión en contraste con el texto de la petición
que dio origen al acto ficto demandado —cuya transcripción se incluyó en el acápite
2.3. numeral (ii) de esta providencia— la Sala considera que el tribunal tenía
suficientes elementos para considerar que en tal reclamación no se solicitó, en
forma expresa, el reconocimiento de la sanción moratoria de que trata el artículo 2º
de la Ley 244 de 1995; no obstante, tampoco se podía descartar, de plano, que la
petición en referencia se hubiera contraído a reclamar la penalidad establecida en
la norma antes citada.

En ese orden de ideas, en una postura garante de los derechos reclamados por la
peticionaria —aún a pesar de la falta de indicación de la norma que sustentaba la
reclamación de la sanción moratoria pretendida—, el tribunal no solo debió
circunscribir su análisis a la indemnización de que trata el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, sino que también debió examinar si era viable, en el caso,
acceder al reconocimiento de la penalidad dispuesta por el artículo 2 de la Ley 244
de 1995, máxime cuando en las pretensiones del libelo, a pesar de una confusa
redacción inicial, sí se hizo referencia a tal normativa, en los siguientes términos:

Que como consecuencia de la nulidad y a titulo (sic) de restablecimiento del derecho
se ordene a la alcaldía municipal de santa lucia (sic) al pago de la sanción moratoria
o salarios caídos, tal como se determina en el acápite de estimación razonada de la
cuantía en virtud a lo establecido en LA LEY 244 DE 1995 en el parágrafo del artículo
2. [Negrilla fuera de texto]

Así las cosas, la Sala procederá a examinar el segundo problema jurídico y
estudiará si era viable conceder o no la penalidad que se reclamó en la demanda y

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Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

que es materia del recurso de apelación, en los siguientes términos:

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se pudo establecer que el
18 de octubre de 2017, la señora Mildred Carrillo Suárez formuló petición orientada
a obtener, entre otros emolumentos, el reconocimiento y pago de sus cesantías
definitivas, producto de la terminación de la relación laboral sostenida con el
municipio de Santa Lucía.

Ahora bien, según lo previsto en la Ley 1071 de 2006, una vez radicada la solicitud,
la entidad contaba con el término de 15 días para expedir el acto administrativo de
reconocimiento de la prestación, es decir, hasta el 9 de noviembre de 2017, el acto
debía ser notificado y cobrar ejecutoria, de manera que debían transcurrir diez días
más para tal efecto26, los cuales se deben contabilizar entre el 10 y el 24 de
noviembre, y la administración contaba con los 45 días siguientes para realizar el
pago, término que se cumplió el 1.º de febrero de 2018; siendo así, la mora en el
pago de las cesantías se causó a partir del 2 de febrero de 2018.

Según se demostró en el plenario, la sanción por el no reconocimiento, liquidación
y pago de las cesantías definitivas, que es el asunto materia de controversia, se
reclamó mediante petición radicada el 18 de octubre de 2017, es decir, cuando aún
no había vencido el término para que la administración realizara el pago y, por ende
sin que se hubiera configurado la mora.

Así las cosas, la Sala considera que el acto ficto que negó el derecho reclamado,
no tiene vicios que configuren su ilegalidad, comoquiera que al momento en que
se produjo la reclamación aún no se había causado el derecho a la sanción
moratoria, por lo que bien podía haberse resuelto desfavorable por parte de la
administración.

Lo anterior quiere decir que está demostrado que la petición dirigida a obtener el

26 De acuerdo con el artículo 76 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

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Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

reconocimiento de la sanción moratoria que se reclamó en la demanda se radicó
cuando aún no se había configurado la mora, situación que impone confirmar la
sentencia de primera instancia en cuanto denegó el reconocimiento de dicha
penalidad, pero por las razones expuestas en esta providencia. Valga aclarar, en
todo caso, que la negativa de dicha pretensión en la parte resolutiva de la
providencia apelada, fue implícita, toda vez que solo se accedió a las demás
pretensiones y no a la mencionada sanción, pero, en todo caso, en su parte motiva
se dejó claro que no se accedía a ella.

2.5. Condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,27 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

16

Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia que no accedió al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
inoportuno de las cesantías definitivas, reclamada por la demandante, pero por las
razones expuestas en las consideraciones que anteceden; y no se condenará en
costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 10 de agosto de 2020, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en cuanto no accedió al reconocimiento de la sanción
moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas, en la demanda
formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho por la señora Mildred Carrillo Suárez en contra del municipio de Santa
Lucía, pero por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden.

Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, según lo

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Radicado: 08001 23 33 000 2018 00557 01 (3654-2021)
Demandante: Mildred Carrillo Suárez

expuesto con antelación.

Tercero. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

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