Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03787-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03787-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03787-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03787-00
Demandante: José Gregorio Pérez Valdés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03787-00
Demandante: José Gregorio Pérez Valdés
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del
derecho - requisitos generales de procedibilidad.
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor José
Gregorio Pérez Valdés contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de mayo de 2026, el señor José Gregorio Pérez Valdés, mediante apoderado,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la defensa, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA – AMPARO DE DERECHOS: Amparar los derechos fundamentales del
accionante al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TRABAJO DIGNO, FAVORABILIDAD
LABORAL, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, vulnerados por
la Sentencia No. 078 del 16 de abril de 2026.
SEGUNDA – DECLARACIÓN DE VÍA DE HECHO: Declarar que la Sentencia No. 078
del 16 de abril de 2026 constituye una vía de hecho judicial por configurar
simultáneamente: (i) defecto sustantivo, (ii) exceso ritual manifiesto, (iii) desconocimiento
del precedente constitucional y contencioso administrativo, (iv) violación directa de la
Constitución, y (v) omisión de pronunciamiento sobre la omisión normativa relativa que
afecta al Profesional Experto.
TERCERA – SIN EFECTOS: Dejar sin efectos la Sentencia No. 078 del 16 de abril de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
CUARTA – NUEVA DECISIÓN: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
proferir nueva decisión de fondo que valore: (a) el parágrafo del artículo 14 y el artículo
15 de la Ley 4 de 1992 y su mandato universal de nivelación; (b) el Acuerdo Sindical del
6 de noviembre de 2012 como fuente convencional vinculante; (c) la omisión normativa
relativa que afecta al Profesional Experto; (d) la naturaleza salarial plena de la
bonificación judicial; (e) los Convenios OIT 95, 100, 111 y 151; y (f) el principio de
favorabilidad, primacía de la realidad y progresividad.
QUINTA – INAPLICACIÓN: Ordenar que la nueva providencia aplique la excepción de
inconstitucionalidad respecto de: (i) la expresión restrictiva del artículo 1 del Decreto
382/2013 que limita la incidencia salarial de la bonificación, y (ii) la omisión del cargo de
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Profesional Experto del listado de beneficiarios, por ser ambas situaciones contrarias a
los artículos 13, 53, 55, 83 y 93 de la Constitución Política.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor José Gregorio Pérez Valdés se encuentra vinculado a la Fiscalía General de
la Nación en el cargo de Profesional Experto en la ciudad de Cali.
El parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 dispuso la nivelación salarial de los
servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación; en desarrollo de
dicho mandato, y con ocasión de acuerdos suscritos en el año 2012 con
organizaciones sindicales, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 382 de 2013,
mediante el cual se creó la bonificación judicial.
El artículo 1º del Decreto 382 de 2013 estableció que si bien la bonificación judicial se
reconoce de manera mensual, constituye únicamente factor salarial para efectos de
cotización al sistema de seguridad social en pensiones y salud.
Debido a lo anterior, el 11 de noviembre de 2022, el señor Pérez Valdés presentó
reclamación administrativa ante la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó la
inaplicación de la limitación contenida en el citado decreto y el reconocimiento de la
bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas sus prestaciones
sociales, así como la reliquidación de estas con el pago de las diferencias
correspondientes.
Mediante Oficio núm. STH-31010 del 5 de diciembre de 2022, la Fiscalía General de
la Nación negó las pretensiones formuladas en la reclamación administrativa; contra
dicha decisión, el actor interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación el 7
de diciembre de 2022 y en Resolución núm. 038 del 18 de enero de 2023 confirmó la
decisión inicial y rechazó por improcedente el recurso de apelación.
Contra los referidos actos administrativos el actor ejerció medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declararan nulos y en su
lugar se reconozca que la bonificación judicial percibida constituye factor salarial para
la liquidación de todas sus prestaciones sociales, tanto las causadas como las futuras,
y a pagar las diferencias resultantes debidamente indexadas desde el 1º de enero de
2013.
Mediante providencia del 18 de junio de 2025, el Juzgado 601 Administrativo
Transitorio de Cali negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el señor José Gregorio Pérez Valdés
contra la Fiscalía General de la Nación.
En primer lugar, reconoció que la restricción al carácter salarial de la bonificación
judicial, prevista en el Decreto 382 de 2013, podría vulnerar principios constitucionales
como la irrenunciabilidad a beneficios mínimos y la primacía de la realidad sobre las
formalidades.
A pesar de lo anterior, el juez determinó, tras el análisis probatorio, que el demandante
no es beneficiario de la prestación. Explicó que el cargo de Profesional Experto no se
encuentra incluido en la normativa respectiva, y los soportes de nómina confirmaron
la ausencia de pago por este concepto. Por otra parte, advirtió que la controversia se
limitó a la incidencia salarial del emolumento. De igual forma, se constató que el actor
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no agotó la vía administrativa para solicitar el reconocimiento inicial. En consecuencia,
ante la inexistencia de un acto administrativo de negativa frente a la concesión del
pago, dijo que carecía de competencia para pronunciarse sobre un derecho no
devengado. Por consiguiente, despachó desfavorablemente las pretensiones, ante la
imposibilidad de declarar la nulidad de los actos acusados o de ordenar la reliquidación
de prestaciones sociales con fundamento en un factor salarial inexistente.
Contra la referida decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación, con el
propósito de que se modificara la sentencia y se adoptara la decisión que en derecho
correspondiera, conforme a sus intereses.
De un lado, la entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia
al considerar que el juez inaplicó indebidamente el Decreto 382 de 2013, el cual se
encuentra vigente y goza de presunción de legalidad. Sostuvo que el Gobierno
Nacional tiene competencia para definir el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, incluida la determinación de los factores salariales, por lo que la
bonificación judicial solo tiene efectos salariales para la cotización al sistema de
seguridad social, conforme al acuerdo de negociación colectiva que le dio origen.
Agregó que extender sus efectos a la liquidación de otras prestaciones desconoce
dicho acuerdo y afecta la sostenibilidad fiscal, cuestionó la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad por el juez de primera instancia y concluyó que actuó conforme
a la ley, razón por la cual no procede la nulidad de los actos administrativos ni el
reconocimiento de las pretensiones de la demanda.
Por su parte, la parte actora manifestó que la autoridad de primera instancia incurrió
en un exceso de formalismo procesal frente a la negativa del reconocimiento de la
bonificación judicial. Al respecto, argumentó que la petición orientada a incluir el
emolumento como factor salarial implica, de manera inescindible, la solicitud de su
concesión principal, en virtud del principio procesal según el cual lo accesorio sigue la
suerte de lo principal.
De igual forma, sostuvo que dicha prestación ostenta una naturaleza salarial
intrínseca, toda vez que se causa con habitualidad y remunera de forma directa la
labor desempeñada.
En consecuencia, solicitó inaplicar la restricción contenida en el artículo primero del
Decreto 382 de 2013 mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
Adicionalmente, aseveró que la exclusión del cargo de Profesional Experto del
universo de beneficiarios carece de justificación objetiva, situación que vulnera el
derecho fundamental a la igualdad y desconoce los precedentes jurisprudenciales del
Consejo de Estado.
Finalmente, reprochó la falta de una valoración probatoria integral por parte del
juzgado, ante la omisión de un análisis material sobre la evidente desigualdad
derivada de la ausencia de pago de ese emolumento.
Mediante sentencia del 16 de abril de 2026, la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia.
En primer término, consideró que el señor Pérez Valdés no acreditó percibir la
bonificación judicial. Al respecto, precisó que la certificación laboral aportada
únicamente demostró su vinculación y sus condiciones salariales, sin que ello
constituyera prueba del reconocimiento de dicho emolumento.
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Sumado a lo anterior, advirtió que la controversia se planteó de manera exclusiva
sobre la incidencia del pago como factor salarial, con omisión de toda solicitud frente
a su reconocimiento autónomo. Además, este último aspecto tampoco fue objeto de
reclamación administrativa previa.
Por consiguiente, concluyó que la parte actora no logró desvirtuar los fundamentos
que sustentaron la providencia inicial.
De otra parte, frente a la impugnación formulada por la Fiscalía General de la Nación,
indicó que la entidad carecía de interés jurídico para recurrir la decisión. De igual
forma, señaló que el recurso omitió el cumplimiento de la carga argumentativa exigida
por la ley.
3. Argumentos de la tutela
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada le vulneró los derechos
fundamentales invocados en la medida en que en la decisión incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.
Afirmó que el Tribunal negó un pronunciamiento de fondo con base en un formalismo
injustificado al considerar que no había solicitado el reconocimiento de la bonificación
judicial, pese a que dicha petición se encontraba implícita y expresa en la reclamación
administrativa.
Asimismo, señaló que la bonificación tiene naturaleza salarial, que la exclusión del
cargo de Profesional Experto constituye una omisión normativa relativa e injustificada
que vulnera el derecho a la igualdad y que el juez debió inaplicar, por vía de excepción
de inconstitucionalidad, las disposiciones del Decreto 382 de 2013 que restringen el
reconocimiento de ese beneficio, conforme a la Constitución, la Ley 4 de 1992, la
jurisprudencia del Consejo de Estado y los Convenios de la OIT.
Respecto al defecto sustantivo, indicó que el Tribunal realizó una interpretación
irrazonable y contradictoria del ordenamiento jurídico, pues reconoció que la
bonificación judicial reúne las características de un factor salarial y que la limitación
prevista en el Decreto 382 de 2013 podría ser contraria a la Constitución, pero, pese
a ello, se abstuvo de resolver de fondo el litigio por considerar que el actor no había
solicitado expresamente el reconocimiento de la bonificación y que el cargo de
Profesional Experto no estaba incluido entre los beneficiarios del decreto.
Afirmó que el Tribunal dejó de aplicar el artículo 53 de la Constitución, la Ley 4 de
1992 y el principio de primacía de la realidad sobre las formas, así como la excepción
de inconstitucionalidad frente a una norma reglamentaria que estima incompatible con
la Constitución e insistió en que desconoció que la bonificación constituye salario por
su habitualidad, periodicidad y finalidad retributiva.
Al efecto citó como desconocidas las sentencias:
• Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, rad.
25000-23-25-000-2006-07509-01, sobre la naturaleza salarial de prestaciones
pese a que una norma reglamentaria les niegue ese carácter.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de abril de 2022, rad.
2018-041401, en la que afirma que la bonificación judicial tiene naturaleza
salarial.
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• Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 12 de febrero de 1993,
rad. 5481, según la cual ni siquiera el legislador puede desconocer la
naturaleza salarial de un pago que remunera directamente el trabajo.
• Sentencia SU-132 de 2013 de la Corte Constitucional, sobre excepción de
inconstitucionalidad.
• Sentencia del Consejo de Estado de 26 de enero de 2021, rad. 11001-03-15-
000-2020-02422-01, sobre la configuración del defecto sustantivo por omitir
aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
Frente al defecto procedimental1, sostuvo que el Tribunal convirtió el principio de
congruencia en una barrera para acceder a una decisión de fondo, al exigir que en la
reclamación administrativa se hubiera solicitado literalmente el «reconocimiento» de
la bonificación judicial. Señaló que esa exigencia carece de respaldo legal porque de
la solicitud de reconocer la bonificación como factor salarial y reliquidar las
prestaciones se desprendía necesariamente la pretensión de reconocimiento del
beneficio.
Añadió que el Tribunal interpretó de manera fragmentaria la demanda, ignoró el
principio pro actione, la prevalencia del derecho sustancial y el aforismo accessorium
sequitur principale, privilegiando las formas sobre la solución material del conflicto.
Además, invocó los artículos 187 y 216 del CPACA para sostener que el juez natural
de la causa podía pronunciarse sobre todos los aspectos necesarios para resolver el
litigio.
De igual forma, expuso que se incurrió en desconocimiento del precedente pues se
apartó de decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sin ofrecer
razones suficientes para hacerlo, afirmó que existían decisiones que reconocían la
obligación de interpretar integralmente las demandas; la naturaleza salarial de la
bonificación judicial y la necesidad de privilegiar el derecho sustancial sobre las
formalidades.
Indicó que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta precedentes propios en los que
anteriormente se había reconocido el carácter salarial de la bonificación judicial.
En este punto citó expresamente como desconocidas las sentencias:
• T-701 de 2004 de la Corte Constitucional.
• C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
• Sentencia del 6 de abril de 2022, rad. 2018-041401 Consejo de Estado,
Sección Segunda.
• Sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en los
radicados 2016-187, 2016-212, 2016-117, 2016-241, 2016-382, 2017-58,
2017-62 y 2016-00254.
De igual forma, explicó que se desconoció que de conformidad con el artículo 10 del
CPACA, existe el deber de aplicar de manera uniforme la jurisprudencia de unificación
del Consejo de Estado.
Finalmente, expresó que se incurrió en violación directa de la Constitución dado
que la providencia judicial desconoció directamente varios mandatos constitucionales,
1
Al efecto citó las siguientes providencias: Corte Constitucional, T-268 de 2010, sobre exceso ritual manifiesto; Corte
Constitucional, SU-573 de 2017, acerca del acceso efectivo a la justicia; Corte Constitucional, T-701 de 2004, sobre interpretación
integral de la demanda; Corte Constitucional, C-590 de 2005, respecto del principio iura novit curia; Consejo de Estado, sentencia
del 25 de abril de 2024, rad. 08001-23-33-000-2018-00557-01, sobre interpretación integral de la demanda.
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al privilegiar una interpretación formalista que impidió resolver el fondo de la
controversia, entre ellos los artículos 13 por la exclusión injustificada del cargo de
Profesional Experto; el 53 por desconocer la favorabilidad, la primacía de la realidad
y la naturaleza salarial de la bonificación; el 55 al desconocer el acuerdo de
negociación colectiva de 2012; el 83 por afectar la buena fe y la confianza legítima; el
93 al omitir aplicar los Convenios 95, 100, 111 y 151 de la OIT como parte del bloque
de constitucionalidad; y el 228 y 229 por sacrificar el derecho sustancial y el acceso
efectivo a la administración de justicia.
Asimismo, insistió en que el Tribunal debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto del Decreto 382 de 2013, por estimar que restringe indebidamente el alcance
salarial de la bonificación judicial y excluye injustificadamente a los profesionales
expertos.
4. Trámite previo
En auto del 22 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a las partes, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado 601
Administrativo Transitorio de Cali en condición de terceros con interés a quienes
remitió copia de la demanda.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela. Afirmó que la providencia cuestionada se adoptó en el estricto
marco de sus competencias constitucionales y legales, cuenta con la debida
motivación y carece de defectos específicos. Al respecto, explicó que la decisión se
fundamentó en la aplicación rigurosa del principio de congruencia procesal y del
requisito de procedibilidad relativo al agotamiento previo de la vía administrativa.
Advirtió que la controversia original se limitó de manera exclusiva a debatir la
incidencia salarial de la bonificación judicial, con omisión de cualquier solicitud frente
a su reconocimiento autónomo.
Por otra parte, precisó que la petición orientada a cuestionar la exclusión del actor
como beneficiario del Decreto 382 de 2013 constituyó un aspecto novedoso,
introducido apenas en la etapa de apelación. De ahí que, un pronunciamiento de fondo
sobre dicho asunto habría vulnerado el derecho de defensa de la entidad accionada y
desbordado los límites fijados para el litigio. En consecuencia, descartó de plano la
configuración de un exceso ritual manifiesto, tras sostener que su actuación no
obedeció a un formalismo irrazonable, sino a la observancia irrestricta de las garantías
del debido proceso y a las exigencias normativas consagradas en los artículos 281 del
Código General del Proceso y 187 del CPACA.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Transitorio Administrativo de Cali remitió el expediente digital y solicitó
la negativa de las pretensiones de la acción de tutela. Señaló la inexistencia de
fundamentos fácticos y jurídicos que acrediten la vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Al respecto, precisó que su actuación procesal se ajustó al
análisis riguroso de los hechos, las pretensiones, las pruebas y la normativa aplicable.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva dado que la acción de tutela sólo incumbe a aquellos que han tenido
parte en los hechos que motivaron la acción o quienes deban intervenir en ella, en
virtud de que los hechos se encuentran dentro de la órbita de su competencia y
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funciones. Dicho de otro modo, la legitimación en la causa de la parte demandada
viene dada porque de ella se predica la vulneración de los derechos en discusión o
porque ha omitido o hecho algo que contribuye a su violación y es menester que actúe
para cesar la vulneración de los derechos.
En el presente caso, no ostenta ninguna de las características mencionadas. Esto es,
de ella no se predica la vulneración de los derechos en pugna, pero tampoco ha hecho
u omitido algo, ni puede hacerlo, para que cese la violación de los derechos o se
refuerce la protección requerida por la parte accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1.º establece: « Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a esta Sala determinar si resulta procedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 16
de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
confirmó la decisión que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2023-00013-01 ejercido con la finalidad de
que se tuviera la bonificación judicial como factor salarial.
En síntesis, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al incurrir en defectos sustantivo, procedimental,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela por falta de
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, porque el actor insiste en los
mismos argumentos expuestos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo tanto, pretende configurar una tercera instancia.
Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y; (iii) el análisis del caso concreto.
De manera previa, se resolverá la solicitud de desvinculación solicitada por la Fiscalía
General de la Nación.
De la falta de legitimación en la causa por pasiva
La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación porque el demandante
cuestionaba la providencia que confirmó la sentencia que negó el reconocimiento de
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la bonificación judicial como factor salarial, y ello concernía a autoridades judiciales,
condición que no tenía.
Para la Sala la anterior aseveración no es de recibo, dado que a la Fiscalía General
de la Nación le asiste interés en este trámite constitucional por haber sido demandada
en el proceso objeto de debate y en razón a ello fue vinculada a este asunto
constitucional como tercera con interés y no como demandada, motivo por el cual se
denegará su solicitud de desvinculación.
i) Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, su procedencia es excepcional y se reconoce únicamente cuando se
advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
del 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
ii) Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
iii) Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción, la parte actora pretende que se deje sin
efecto la sentencia del 16 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en el marco de la segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2023-00013-01.
El tutelante sostiene que la autoridad judicial demandada debió aplicar la excepción
de inconstitucionalidad respecto del Decreto 382 de 2013, por estimar que restringe
indebidamente el alcance salarial de la bonificación judicial y excluye
injustificadamente a los profesionales expertos, explicó que a su juicio se incurrió en
un exceso de formalismo, al considerar que no se había solicitado el reconocimiento
de la bonificación judicial, pese a que la petición de incluirla como factor salarial
implicaba necesariamente su reconocimiento.
Señaló que la bonificación judicial tiene naturaleza salarial, por reunir los requisitos de
habitualidad, periodicidad y retribución directa del servicio, además adujo que la
exclusión del cargo de Profesional Experto del beneficio carece de justificación
objetiva y vulnera el derecho a la igualdad, así como desconoce la finalidad de
nivelación prevista en la Ley 4 de 1992. En este contexto, invocó la configuración de
los defectos sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución.
Al respecto, se encuentra que el demandante ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de que
se ordenara que la bonificación judicial percibida por el actor constituye factor salarial
para la liquidación de todas sus prestaciones sociales, tanto las causadas como las
futuras, y a pagar las diferencias restantes.
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Demandante: José Gregorio Pérez Valdés
En el trámite de primera instancia, el Juzgado Transitorio Administrativo de Cali,
en la sentencia del 18 de junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que si bien la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 tiene
naturaleza salarial por constituir un pago habitual y periódico que retribuye
directamente el servicio, y que la restricción de sus efectos salariales únicamente para
efectos de cotización al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensiones
resulta contraria a los principios de primacía de la realidad, irrenunciabilidad de
beneficios mínimos y remuneración proporcional consagrados en el artículo 53 de la
Constitución Política, en el caso concreto no se configuraban los supuestos fácticos
para acceder a las súplicas de la demanda.
En efecto, determinó que en el caso objeto de estudio no se acreditó que el
demandante fuera beneficiario de la bonificación judicial, pues de las pruebas
allegadas -en particular los desprendibles de nómina y certificaciones laborales- se
evidenció que dicho emolumento no fue reconocido ni percibido.
Asimismo, estableció que el cargo desempeñado por el actor no se encuentra dentro
de los previstos en la normativa que regula la bonificación judicial, ni en sus decretos
modificatorios, lo que impedía predicar la existencia de un derecho cierto a su
reconocimiento.
Además, precisó que la controversia planteada no versaba sobre el reconocimiento
de la bonificación judicial, sino sobre su incidencia como factor salarial; sin embargo,
respecto del eventual reconocimiento del emolumento no se agotó la vía
administrativa ni existía acto administrativo que lo negara, circunstancia que impedía
al juez pronunciarse sobre ese aspecto.
En ese contexto, concluyó que no era posible declarar la nulidad de los actos
administrativos acusados ni ordenar la reliquidación de prestaciones sociales con
fundamento en un factor que no ha sido devengado por el demandante, razón por la
cual negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la decisión proferida en primera instancia, la parte actora interpuso
recurso de apelación en el que argumentó que la providencia atacada incurrió en «una
interpretación excesivamente formalista de la demanda». Sobre el particular, precisó que
la negativa del juzgado, fundamentada en la omisión de una solicitud expresa frente a
la pretensión principal, desconoció el mandato de primacía del derecho sustancial
consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política.
Sobre este punto, el recurrente advirtió que la autoridad judicial dejó de lado el
principio pro actione, el cual «busca asegurar que los formalismos procesales no se
conviertan en barreras insuperables para el acceso a la justicia, permitiendo que los jueces
puedan resolver el fondo de la controversia». En virtud de lo anterior, aseveró que el
razonamiento del a quo «fragmenta artificialmente lo solicitado en la demanda y
desdibuja el núcleo de la pretensión, la cual sí incluye el reconocimiento de la
bonificación judicial como derecho salarial devengado por el suscrito en el ejercicio de
mis funciones en la Fiscalía, conforme a la normativa aplicable».
De igual forma, el apelante reprochó la falta de aplicación del aforismo jurídico
accessorium sequitur principale frente al alcance de la controversia. En tal sentido,
sostuvo que «el derecho no puede limitarse a una lectura fragmentaria de palabras
aisladas», toda vez que «al solicitar que la bonificación judicial sea tenida como factor
salarial, se comprende implícitamente que se pide su reconocimiento como emolumento».
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Demandante: José Gregorio Pérez Valdés
Para sustentar su postura, el impugnante recordó que la jurisprudencia del Consejo
de Estado obliga a interpretar las pretensiones de forma coherente con la totalidad del
expediente, razón por la cual «quien pide lo accesorio se entiende que pide también lo
principal, pues de lo contrario la pretensión carecería de sustento».
En consecuencia, advirtió que el apego irrestricto a la literalidad condujo a un exceso
ritual manifiesto proscrito por la jurisprudencia constitucional, en la medida en que la
juzgadora «hace mutis por el foro sobre la realidad y el proceso» al negarse a materializar
una comprensión integral del debate jurídico.
Por otra parte, el recurrente afirmó que el cargo de Profesional Experto ostenta el
derecho inalienable al cobro de esta prestación como consecuencia del mandato de
nivelación previsto en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Sobre este
aspecto normativo, precisó que dicho cargo «es derecho de las obligaciones salariales
que se han desligado» de la referida norma superior.
En concordancia con lo anterior, explicó que el Consejo de Estado definió que la
bonificación judicial sí constituye factor salarial de manera imperativa, directriz que
obliga a «cobijar de igualdad en el trato al pagar la bonificación, entre los empleados
“acogidos” y los “no acogidos”». Con base en precedentes, el actor censuró la actuación
de la administración tras cuestionar el motivo por el cual «si reconocen la bonificación
judicial como factor salarial a los no acogidos quienes no figuran en los decretos 382,
382 de 2013, pero si le niegan al profesional experto, quien es un empleado público
que cumple sus funciones, lo anterior hace notable el desequilibrio del principio de
igualdad».
Por su parte, en el escrito de tutela, la parte accionante afirmó que la autoridad judicial
demandada incurrió en defectos sustantivo y procedimental, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.
Para fundamentar sus argumentos, el actor sostuvo que el tribunal estructuró «una
interpretación manifiestamente irrazonable que creó una contradicción interna insalvable»,
toda vez que «reconoció la naturaleza salarial de la bonificación judicial y la posible
inconstitucionalidad de su restricción, pero negó todo pronunciamiento de fondo mediante una
exigencia formal inexistente». Al respecto, reprochó la imposición de un rigorismo
procesal frente al texto de la demanda, requisito que « no tiene respaldo en ninguna
norma procesal», «viola el aforismo accessorium sequitur principale» y desconoce por
completo que «la ontología jurídica impone reconocer que pedir la incidencia salarial de una
bonificación presupone necesariamente pedir su reconocimiento».
De igual forma, adujo que el juez colegiado omitió el deber de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad contra el Decreto 382 de 2013, sin atender a que la prestación
«remunera directamente el servicio, posee habitualidad y periodicidad mensual, constituye
contraprestación directa del trabajo, y tiene naturaleza materialmente salarial». En tal
sentido, precisó que la exclusión del cargo de Profesional Experto vulnera la igualdad,
pues resulta palmario que «la causa y finalidad de la bonificación judicial (...) es
especificar y/o concretar los lineamientos de la norma superior contenida en la Ley 4 de 1992»
con el propósito de materializar la nivelación salarial.
Finalmente, advirtió un desconocimiento del precedente al inaplicar providencias del
Consejo de Estado que obligan a interpretar las demandas de forma sistemática para
salvaguardar el principio pro actione. Adicionalmente, aseveró que el fallo omitió
valorar el Convenio 95 de la OIT, instrumento que «protege integralmente el salario e
impide restricciones arbitrarias».
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Demandante: José Gregorio Pérez Valdés
Concluyó que la decisión vulneró múltiples artículos de la Constitución Política, de
modo que «la interpretación restrictiva adoptada vació materialmente el contenido
protector del régimen salarial judicial en contravención del principio de progresividad».
A partir de los antecedentes expuestos, la Sala advierte que la parte actora reproduce
la controversia debatida al interior del medio de control, toda vez que fundamenta su
reproche en que el Tribunal incurrió en un exceso de formalismo al rechazar la
demanda por falta de solicitud expresa frente al reconocimiento material del derecho.
Sobre este aspecto, el señor Pérez Valdés insiste en la naturaleza salarial de la
prestación y en la obligación de inaplicar el Decreto 382 de 2013 mediante un
pronunciamiento de fondo que privilegie el derecho sustancial sobre las formas
procesales.
Sin embargo, el debate propuesto en la presente acción de amparo ya fue resuelto
por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la providencia del
16 de abril de 2026.
En dicha decisión, la autoridad judicial rechazó la tesis de la petición implícita
planteada por el actor. Al respecto, el juez plural puntualizó que en la reclamación
administrativa previa el demandante solicitó, de manera exclusiva, que el emolumento
fuera tenido como factor salarial para todos los efectos legales. En este sentido,
constató que en ningún momento se advirtió « la petición del reconocimiento de la
bonificación judicial como derecho autónomo, ni el cuestionamiento de su exclusión como
beneficiario del Decreto 382 de 2013».
En concordancia con lo anterior, el tribunal determinó que la controversia fijada desde
la vía gubernativa y plasmada en la demanda «se estructuró exclusivamente en torno al
carácter salarial del emolumento, y no sobre su reconocimiento o extensión a servidores no
beneficiarios».
Por consiguiente, concluyó la imposibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo
sobre la eventual calidad de beneficiario del demandante, al calificar esta exigencia
como «un aspecto nuevo, ajeno a la reclamación administrativa y a las pretensiones de la
demanda», introducido de forma tardía en el recurso de apelación.
Por ello, el tribunal advirtió que abordar el estudio de este planteamiento novedoso
implicaría, de manera ineludible, «desconocer el requisito de procedibilidad, vulnerar
el principio de congruencia y afectar el derecho de defensa de la entidad demandada».
Para arribar a esa conclusión de improcedencia, precisó la ausencia de material
probatorio idóneo para demostrar la percepción efectiva de la bonificación judicial por
parte del actor. Sobre este particular, destacó que del análisis de las certificaciones
laborales y de los desprendibles de nómina allegados al expediente «se evidenció que
dicho emolumento no le ha sido reconocido ni percibido». Ante esta omisión probatoria,
determinó la inviabilidad jurídica de ordenar una reliquidación de prestaciones sociales
con fundamento en un factor salarial inexistente en el patrimonio del demandante.
Finalmente, descartó los cargos por vulneración al derecho a la igualdad y por
deficiencia en la valoración de las pruebas. Sobre estos reproches específicos, la
autoridad judicial explicó que adelantar un análisis constitucional sobre la exclusión
del cargo de Profesional Experto suponía introducir un debate ajeno al objeto del litigio.
En consecuencia, se abstuvo de resolver estas pretensiones, con el propósito de
evitar el consecuente desconocimiento del requisito obligatorio de agotamiento previo
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Demandante: José Gregorio Pérez Valdés
de la actuación administrativa y, a su vez, salvaguardar los presupuestos fácticos
fijados por las partes desde el inicio de la contienda procesal.
En este punto, la Sala advierte que la simple discrepancia frente a las conclusiones a
las que arribó el juez natural, derivadas de su autonomía en la interpretación y
valoración probatoria, no configura per se una vulneración de los derechos
fundamentales de las partes, pues, como se vio con los argumentos de la tutela, el
actor pretende insistir en que existió vulneración de sus derechos fundamentales
cuando de lo evaluado no era pertinente fallar conforme a sus intereses.
En consecuencia, queda demostrado que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque el accionante reiteró los mismos
planteamientos debatidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la parte demandante, dado que la acción
de tutela no cumple los requisitos de procedencia de relevancia constitucional. En
consecuencia, se declarará improcedente el presente amparo constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José
Gregorio Pérez Valdés contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
acorde con las consideraciones expuestas.
2. Negar la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación
conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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