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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00574-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00574-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Oralidad – Sección B, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Abimael Antonio Berdugo Escorcia, en contra de la UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - Reconocer personería jurídica a la abogada MAYRA ALEJANDRA PADILLA NIVIAYO para que actúe como apoderada de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, en los términos de la sustitución de poder otorgado por 15 Numero interno: 2222-2025 Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia Demandada: UGPP la representante legal de la organización jurídica Conde Abogados Asociados SAS que obra en el índice 14 de Samai. CUARTO.- Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00574-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá, D. C., Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado: 08001233300020180057401 (2222-2025)1.
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia.
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP.
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
control: de 2011.
Tema: Reconocimiento de pensión gracia.

Decisión: Sentencia segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Oralidad – Sección B, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

El señor Abimael Antonio Berdugo Escorcia, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA, para solicitar la nulidad de las Resoluciones RDP
013521 del Ocho (8) de Abril de Dos Mil Quince (2015); RDP 021388 del Veintisiete (27)
de Mayo de Dos Mil Quince (2015); y RDP 027057 del Dos (2) de Julio de Dos Mil Quince
(2015); por medio de las cuales, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la demandada a: i)
reconocer, liquidar y pagar una pensión gracia, a partir del Primero (1.o) de Septiembre

1
Expediente digital.
2
Expediente digital de primera instancia – índice 00039 de Samai – archivo PDF 36Recibememorial_003DEMANDA.

2

Numero interno: 2222-2025
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

de Dos Mil (2000), incluyendo en la liquidación todos los factores salariales devengados
en el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus, en particular: asignación
básica, prima exclusiva, horas cátedra, prima de vacaciones, prima de navidad y
cualquier otro factor salarial que el actor demuestre haber devengado en ese período, en
cuantía no inferior a Un Millón Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Catorce pesos con
Veintisiete Centavos ($1.048.714,27); ii) que se le paguen las mesadas pensionales
causadas desde el momento que causó estatus jurídico pensional, con el ajuste de valor
con base en el Índice de Precios al Consumidor.

1.1.2. Los hechos.

El señor Abimael Antonio Berdugo Escorcia prestó sus servicios como docente del
departamento del Atlántico, con vinculación territorial, desde el Veintidós (22) de Febrero
de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975) hasta el Primero (1. o) de Octubre de Dos Mil
Doce (2012).

El peticionario sostuvo que, adquirió el estatus pensional, el Primero (1.o) de Septiembre
de Dos Mil (2000).

Laboró como docente con vinculación territorial al departamento del Atlántico, por más
de 20 años, lo que lo hace merecedor de la pensión gracia.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Los artículos 2, 6, 25 y 58 de la Constitución Política de Colombia; el artículo 10 del
Código Civil; el artículo 5 de la Ley 57 de 1887; el artículo 4 de la Ley 4. a de 1966; el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985; el artículo 1 de la Ley 62 de 1985; los artículos 1 a 5 de
la Ley 114 de 1913; la Ley 116 de 1928; el artículo 3 de la Ley 37 de 1933; el artículo 5
del Decreto 1743 de 1966; y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

La parte demandante sostuvo que, la entidad demandada mediante los actos acusados
de nulos, desconoció que el actor acreditó la vinculación como docente territorial en fecha
anterior al Treinta y Uno de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980) y, hasta la
fecha, laborando en la institución técnica Ambrosio Plaza, es decir que, ha trabajado por
más de 37 años como educador con vinculación territorial, de ahí que, esté plenamente
demostrado que cumple los requisitos para que le sea reconocida y pagada la pensión
gracia.

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Numero interno: 2222-2025
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

Planteó que, acorde con el concepto de salario que ha construido históricamente esta
Corporación, se entiende que la liquidación de la pensión gracia debe incluir todos los
factores salariales devengados por el docente y, debe aplicarse una tasa de reemplazo
del 75%, conforme prevén la Ley 4.a de 1966 y el Decreto 1743 de 1966.

Finalmente expresó que, la pensión gracia es compatible con la pensión de vejez y los
docentes tienen derecho a percibir ambas, en tanto, pertenecen a un régimen especial.

1.2. Contestación de la demanda3.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que, la parte
demandante no logra desvirtuar la presunción de legalidad de los actos cuestionados,
puesto que, fueron expedidos por la autoridad competente, con la observancia de la
ritualidad que exige la ley para su creación y ejecutoria.

La entidad negó el derecho prestacional reclamado, porque el demandante no acreditó en
debida forma, la vinculación de carácter territorial, por el contrario, los documentos
aportados demuestran que su vinculación fue nacional, por tal motivo, no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

Sin embargo, solicitó que, de accederse a las pretensiones de la demanda, se declare que
ha operado el fenómeno de la prescripción, establecido en los artículos 448 del Código
Sustantivo del Trabajo, 41 del Decreto 3131 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969 y 151
del Código Procesal del Trabajo.

Como excepciones propuso las que denominó: «las resoluciones se encuentran revestidas de
legalidad». «inexistencia de la obligación», «imposibilidad de restablecer los derechos del demandante»,
«cobro de lo no debido», «prescripción», presunción de legalidad de los actos administrativos», «buena fe» y

la genérica.

1.3. La sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Oralidad – Sección B, mediante
sentencia proferida el Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), negó las

3
Expediente digital de primera instancia – índice 00039 de Samai – archivo PDF 35Recibememorial_011CONTESTACIONDELAD.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00025 de Samai – archivo PDF 26Sentencia_NIEGA_200020180057400ABIMA.

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Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

El A-quo consideró que, el señor Berdugo Escorcia acreditó con las certificaciones
aportadas que, su vinculación a la docencia oficial es de carácter nacional, lo cual, se
estableció con la Resolución No. 10203 de Dieciséis (16) de Diciembre de Mil
Novecientos Setenta y Cuatro (1974), expedida por el Ministerio de Educación y, la
comunicación de tal nombramiento, hecha mediante telegrama del Veinte (20) de
Diciembre de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974), suscrito por el jefe regicontrol del
Ministerio de Educación Nacional.

También advirtió que la vinculación del docente, a través del Resolución No. 12033 de
23 de julio de 1980, expedido por el Ministerio de Educación, es de carácter nacional, tal
como se desprende las copias de los nombramientos aportados por el departamento del
Atlántico y la Historia Laboral allegada por el FOMAG.

Adicionó que, las plazas docentes que ocupaba el demandante en la Escuela Normal
Nacional de Manatí y en el CASD, no pueden tenerse en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, por ser una vinculación de carácter nacional, en una
plaza de la misma naturaleza.

En este contexto, concluyó que, si bien el actor acumuló más de 20 años de servicio, las
vinculaciones son de carácter nacional, por lo que no tiene derecho al reconocimiento
pensional.

1.4. El recurso de apelación5.

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia, señalando que
se desestimaron las pruebas que demuestran la vinculación del señor Berdugo Escorcia
como educador, en la planta docente de la Institución Educativa Colegio de Sabanalarga
para varones, desde el Veintidós (22) de Febrero de Mil Novecientos Setenta y Cinco
(1975) hasta el Primero (1.o) de Octubre de Dos Mil Doce (2012).

Indicó que, la institución educativa está adscrita a la gobernación del Atlántico, con lo
cual, se demuestra la vinculación de carácter territorial, que lo hace merecedor de la

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Expediente digital de primera instancia – índice 00029 de Samai – archivo PDF 28_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAPELACION.

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Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

pensión gracia.

El recurrente planteó que, el Decreto de nombramiento No. 0098 de 1975, copia de la
aceptación del mismo y el acta de posesión, de Veinte (20) de Febrero de Mil Novecientos
Setenta y Cinco (1975) y el certificado de tiempos de servicios expedido por la Secretaría
de Educación del Atlántico, permiten verificar que, el actor prestó sus servicios como
docente de carácter territorial.

Adicionalmente manifestó que, aunque convergen tiempos de servicio de carácter
nacional y territorial, los mismos fueron prestados en momentos en que tal circunstancia
era admitida por la ley, por lo cual, los servidos al ente departamental, deben ser tenidos
en cuenta para la pensión gracia.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Mediante auto del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)6, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en
virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247
de la Ley 1437 de 2011, prescindió de la etapa de alegaciones.

1.5.1. Concepto del Ministerio Público7.

El Agente del Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al
considerar que, de conformidad con el material probatorio aportado al proceso, esto es,
el Decreto 0098 del Cinco (5) de Febrero de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975), el
acta de posesión de Veinte (20) de Febrero de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975) y
el Formato Único de Expedición de Certificado Laboral de Dos (2) de diciembre de Dos
Mil Catorce (2014), se encuentra acreditado que el demandante cumplió con todos los
requisitos que exige la ley, para acceder al reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente la vinculación de carácter territorial anterior al Treinta y Uno (31) de
Diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980).

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

6
Expediente digital – índice 00004 de Samai - archivo Word 4Autoqueadmite_2322222025Admiteapel.
7
Expediente digital – índice 00010 de Samai - archivo PDF Memorial_FLF_8Concepto.

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Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

La Subsección es competente para conocer, en Segunda Instancia, de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le
corresponde a la Sala establecer ¿si el señor Abimael Antonio Berdugo Escorcia, acreditó
en debida forma la vinculación a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980 y
cumplió los demás requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia consagrada en la
Ley 114 de 1913, en particular que tal vinculación fue de carácter territorial?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.5. Material probatorio; y
2.6. Caso concreto.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que, la pensión gracia se considera una prestación especial
otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo,
capacidad, dedicación y conocimientos, al servicio de la actividad educativa cumplida
durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se
condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19139 consagró por primera vez la pensión gracia a los
maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio, por un término
no menor de veinte años. El numeral 3° del artículo 4° de esta norma, determina que, para
gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «que no ha recibido
ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

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Posteriormente, la Ley 116 de 192810 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros
de escuelas normales e inspectores de instrucción, así: Artículo 6º. Los empleados y profesores
de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años
de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como
en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección 11.

La Ley 37 de 193312 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en
las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los
profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199813, con ocasión
de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4°(numeral 3°) de
la Ley 114 de 1913, expresó que, en cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley
114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no vulnera la Constitución Política, por las
facultades que la misma carta confirió al legislador para regularla.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 197514,
los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, porque, como
lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo
de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias

salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º), respecto de las
pensiones, dispuso que, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que,
por disposición de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y demás normas que
las hubiesen desarrollado o modificado; y tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
gracia, se les reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

Así mismo, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de

10
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para
poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de
recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual.
12
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
13
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
14
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Las normas trascritas permiten concluir que, el legislador acabó con el reconocimiento
de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar
todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la
sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 199715, en el sentido que el
artículo 15 (numeral 2°) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no
desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de
los docentes nacionalizados.

Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley
91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de
2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), en la que precisó que,
se puede acceder a la pensión gracia antes y después del veintinueve (29) de diciembre
de mil novecientos ochenta y nueve (1989), siempre que se acredite una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 198016.

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que, en criterio de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, resulta dable conceder la pensión gracia a
quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada
en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de
1980, umbral que precisamente previó el legislador, como plazo máximo para iniciar tales
labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente
en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta
(50) años de edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

15
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización; ii) la norma reguló una
situación transitoria porque su propósito fue colmar las expectativas de los docentes vínculos hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria; iii) para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión.
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
16
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición «(…) «solo tiene una
lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y
docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder
a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

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Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

2.4. Material probatorio.

A partir del expediente administrativo17 allegado por entidad demandada, se relacionan
los siguientes medios de convicción, relevantes para la resolución del asunto.

1. Copia del certificado de la Notaría Cuarta del Círculo de Notaría de Barranquilla, frente
al nacimiento del señor Abimael Antonio Berdugo Escorcia18.

2. Copia del folio del Registro Civil de nacimiento del señor Abimael Antonio Berdugo
Escorcia19.

3. Copia del formato único para la expedición de historia laboral de dos (2) de Diciembre
de Dos Mil Catorce (2014) 20.

4. Copia de la constancia de 21 de agosto de 199721, de la pagadora de la Escuela Normal
Superior de Manatí Atlántico, frente a los tiempos prestados por el docente a la institución
como profesor de secundaria, entre el 9 de octubre de 1974 y el 25 de agosto de 1980.

5.Copia de la Resolución No. 10203 de 16 de diciembre de 197422, por medio de la cual,
el ministerio de Educación Nacional, nombra al demandante, partir del 9 de octubre de
1974, como profesor de enseñanza secundaria, en la Normal Nacional de Señoritas de
Manatí, Atlántico.

6. Copia de la Resolución 0098 de 05 de febrero de 197523, por medio del cual, el
gobernador del departamento del Atlántico nombró al demandante profesor 60 horas, en
el colegio de Sabanalarga de Varones.

17
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP.
18
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, consecutivos 10 y 11.
19
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, consecutivo 70.
20
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, consecutivos 92 y 93.
21
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, consecutivo 448.
22
Expediente digital de primera instancia – Gestionar documentos – descargar archivos – carpeta
zip016Agregarmemoria_RESPUESTA_ABIMAELANTONIOBERDUG - archivo pdf “RES 10203 de 1974”.
23
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, consecutivos 116 a 120.

10

Numero interno: 2222-2025
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

7. Copia del acta de posesión de 20 de febrero de 197524.

8. Copia de la Resolución No. 12033 de 23 de julio de 1980, por medio de la cual, el
Ministro de Educación nombra al docente como profesor 8, tiempo completo y dedicación
exclusiva, en el área de ciencias, en el Centro Auxiliar de servicios docentes C.A.S.D25.

9. Acta de posesión de 25 de agosto de 198026.

2.5. Caso concreto.

La Sala entrará a revisar el cumplimiento de los requisitos por parte del señor Abimael
Antonio Berdugo Escorcia, para establecer si le asiste razón para reclamar la pensión
gracia.

Edad. Según el certificado de la Notaría Cuarta del Círculo de Notaría de Barranquilla, y
la cédula de ciudadanía, el demandante nació el Primero (1) de Septiembre de Mil
Novecientos Cuarenta y Siete (1947)27.

Buena conducta. El accionante acreditó que desempeñó el empleo con honradez y
consagración; por lo tanto, honró la exigencia prevista en el numeral 1° de la norma antes
referida.

Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980. Para acreditar el cumplimiento de este requisito la Sala observa que, el señor
Abimael Antonio Berdugo Escorcia, anexó el Decreto 0098 del Cinco (5) de febrero de
Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975)28, por medio del cual, el Gobernador del
departamento del Atlántico, lo nombró, como profesor 60 horas de clase, en el Colegio
Sabanalarga de varones, con el respectivo acto de posesión29.

Así mismo, allegó el Formato Único para la expedición de Certificado de Historia Laboral,

24
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, consecutivo 122.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, consecutivo 438.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, consecutivo 437.
27
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, folios 10 y 102.
28
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, folio 120.
29
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, folio 121.

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Numero interno: 2222-2025
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

del dos (2) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014)30, en el que se indica el carácter
nacionalizado de la vinculación docente, en el que se reporta el nombramiento del decreto
0098 del Cinco (5) de febrero de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975).

De acuerdo con la sentencia de 22 de enero de 2015, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en el expediente 25000-23-42-000-2012-02017-01(0775-14), el
tiempo de servicios docentes por horas cátedra, debe tenerse en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, así:

«(…)El Decreto 259 de 6 de febrero de 1981, “Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto
Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado con la inscripción y ascenso en el Escalafón”, con
relación al ascenso docente indicó que el educador debería – entre otras, certificar el tiempo de servicio
y en el b) indicó que si no fuere docente de tiempo completo, el certificado especificará el número de
horas cátedra, es decir, que era posible el cómputo del tiempo de servicio como docente hora cátedra.

Ahora bien, la Ley 33 de 1985 en el artículo 1º, parágrafo 1º, dispuso lo siguiente:

“Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, sólo se
computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de
trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando
las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como
el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la
ley.”

La precitada norma estableció que para determinar el tiempo de servicio que da derecho a la pensión
de jubilación:
• Se computará como jornada completa de trabajo docente, aquella compuesta por cuatro (4) horas
diarias.
• Indicó la fórmula que debía aplicarse para computar dicho tiempo.

Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte Constitucional en
sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:

“(…) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al docente quien,
sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo y, en
consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para
darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de
los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden
jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado. (…)”

Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24 de agosto de 20001
indicó que era posible tener en cuenta el para efectos del reconocimiento de la pensión gracia el tiempo
de servicio prestado como docente hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al
parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 20032 se ratificó el anterior criterio, para lo cual se
concluyó lo siguiente:

“(…) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar a la pensión de jubilación,
el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 señala que sólo se computaran como jornadas
completas de trabajo las de cuatro horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo
empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y

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Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, folios 92 y 93.

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Numero interno: 2222-2025
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

dividiéndolas por cuatro, el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.

En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes y los sábados y los
domingos corresponden a días de descanso remunerados, se deberán adicionar estos días, al igual que
los días de vacaciones escolares de semana santa (1 semana) y de vacaciones intermedias (4
semanas) de conformidad con el numeral 2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado por el
artículo 3° del Decreto 1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto Reglamentario 1860 de
1994.

Así las cosas deben entenderse que cuatro horas diarias de labor académica deberán computarse como
una jornada completa de trabajo, lo que significa que veinte horas semanales suman ochenta
mensuales. (…)”

Así las cosas , la Sala considera que no le asiste la razón al Tribunal que negó las súplicas de la
demanda porque a su juicio la vinculación como docente externa de hora catedra comprendido entre
los años 1985 y 1993, no tiene incidencia en el reconocimiento de la pensión gracia por cuanto no medió
una vinculación laboral con el Departamento de Sucre, en consecuencia se revocará la sentencia
apelada para en su lugar entrar a determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
del a pensión gracia.(…)»

De conformidad con el criterio expuesto, el nombramiento y posesión del demandante
por parte del gobernador del departamento del Atlántico, como docente en horas cátedra
en el colegio para varones de Sabanalarga, en el año 1975, le permite concretar el
requisito de la vinculación territorial, anterior al año 1980.

No obstante lo anterior, no pierde de vista esta instancia, que el Tribunal del Atlántico,
negó la vinculación anterior al Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos
Ochenta (1980), con base en la Resolución 10203 de 197431, por medio de la cual, se lo
nombró como docente de secundaria, por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Frente a esta posición, el demandante no niega la vinculación de carácter nacional, sino
que aduce la legalidad de la convergencia de estos tiempos, para la época en que fueron
prestados.

Para la Sala, el planteamiento del señor Berdugo Escorcia, tiene total asidero, en razón
a que, previo a la Constitución de 1991, la doble vinculación de tiempos parciales, era
admitida.

Así fue reconocido por esta Corporación, entre otras, en la sentencia de 30 de marzo de
2017, en el expediente 50001-23-31-000-2010-00085-01(4375-13), en la que se decantó:

«(…)Con todo, el legislador ha dotado al personal docente al servicio de entidades oficiales de algunos
beneficios especiales, entre estos: a) la pensión gracia prevista en leyes 114 de 1993, 116 de 1928 y

31
Expediente digital de primera instancia – Gestionar documentos – descargar archivos – carpeta
zip016Agregarmemoria_RESPUESTA_ABIMAELANTONIOBERDUG - archivo pdf “RES 10203 de 1974”.

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Numero interno: 2222-2025
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

37 de 1933, b) disfrutar simultáneamente de pensión gracia y pensión de ordinaria de jubilación 7c)
compatibilidad de éstas con el salario recibido por los servicios docentes que pueden continuar
prestando hasta la edad de retiro forzoso8,d) Antes de la Constitución de 1991 y Ley 4 de 19929, doble
vinculación no de tiempo completo; empero, esos privilegios no se extienden a que los docentes estén
facultados para percibir simultáneamente dos pensiones ordinarias de jubilación a cargo del tesoro
público, pues ninguna norma del ordenamiento jurídico lo prevé ese beneficio. (…)»

Vistas así las cosas, para la Sala es claro que, el docente cumple con la vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980, como requisito para acceder a la pensión gracia.

De los veinte años de servicio.

En la alzada se afirma que, la vinculación a las horas cátedra en el año 1975, perduró
hasta el año 2012, cumpliéndose cabalmente con la vinculación territorial. Se aduce que
el planteamiento se reafirma con el Certificado de Historia Laboral, que da cuenta del
carácter territorial del docente.

Al respecto, debe precisar la Sala que, si bien es cierto, obra en el proceso el certificado
expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que da cuenta
de la vinculación del docente con carácter de nacionalizado, tampoco es menos cierto
que, a partir de la Resolución 12033 de 23 de julio de 198032, el docente fue nombrado
en tiempo completo y con dedicación exclusiva, en el Centro Auxiliar de Servicios
Docentes, C.A.D.S. de Sabanalarga; por parte del Ministerio de Educación Nacional. De
tal nombramiento, tomó posesión, el Veinticinco de Agosto de Mil Novecientos Ochenta
(1980) 33.

Al respecto, resulta oportuno aclarar que por medio de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó
la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un término de 5 años, esto
es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de lo que se colige que con antelación a dicho
trámite, únicamente existían dos categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y
territoriales. Posterior a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron en
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó establecida en el
artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:

32
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, folio 42.
33
Expediente digital de primera instancia – índice 00009 de Samai – archivo PDF 9_AGREGAESCRITO_EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO-UGPP, folio 41.

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Numero interno: 2222-2025
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional. ii)
Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975. Y iii) Personal territorial. Son los vinculados por
nombramiento de entidad territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento
del requisito del artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos grandes
grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional [personal nacional] y
(ii) los nombrados por entidades territoriales [personal nacionalizado y territorial].

En consecuencia, la Sala de Decisión encuentra que, en el sub lite, el accionante no logró
acreditar 20 años de prestación del servicio docente territorial, porque a partir del 25 de
agosto de 1980, su vinculación fue nacional y de dedicación exclusiva, resultando
incompatible con las horas cátedra, que se impartían hasta la fecha; por lo tanto, se
confirmará la sentencia cuestionada.

2.6 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad o
mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de
Oralidad – Sección B, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor
Abimael Antonio Berdugo Escorcia, en contra de la UGPP, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - Reconocer personería jurídica a la abogada MAYRA ALEJANDRA PADILLA
NIVIAYO para que actúe como apoderada de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, en los términos de la sustitución de poder otorgado por

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Numero interno: 2222-2025
Demandante: Abimael Antonio Berdugo Escorcia
Demandada: UGPP

la representante legal de la organización jurídica Conde Abogados Asociados SAS que
obra en el índice 14 de Samai.

CUARTO.- Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclaración de voto.

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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